lunes, 9 de noviembre de 2009

Gobierno usa Fondo de Tierras para pagos a 'testigos protegidos' -09-11-09

9 November, 2009


Gobierno usa Fondo de Tierras para pagos a 'testigos protegidos'


La Asociación de Funcionarios de CONADI ha hecho público lo que era un secreto a voces: el Gobierno chileno ha usado el Fondo de Tierras para pagar a "testigos protegidos" que han testificado contra comuneros mapuches en juicios.

Es el caso de cinco integrantes de comunidades de la zona en conflicto (y envueltos en la investigación del incendio al fundo Poluco Pidenco) que recibieron $12 millones cada uno en la asignación de casos especiales entre 2005 y 2006.

ENTREVISTA EN EL DIARIO AUSTRAL

Lohengri Ascencio, abogado de la Conadi y secretario de la Asociación Nacional de Funcionarios.

"Sentimos que se están riendo de la transparencia que debe primar en la gestión pública y de la intención de nosotros, que fue transparentar Conadi, porque al final los responsables no tienen sanción alguna", se lamenta Lohengri Ascencio, abogado de la Conadi y secretario de la Asociación Nacional de Funcionarios.
El dirigente menciona que el despido de ocho trabajadores (uno de Temuco, dos de Iquique y cinco del programa Orígenes) no resuelve el problema de las irregularidades en el concurso de asignación de tierras.

La falla está en que quienes toman las decisiones ocupan cargos políticos y por ende, los fondos públicos que manejan pueden ser usados para esos fines.
LOS PRINCIPALES RESPONSABLES SON LOS REPRESENTANTES DEL GOBIERNO

"El gobierno no ha querido asumir que los principales responsables son los que aprobaron esto, que son los representantes del gobierno y no los funcionarios", sostiene. Por ello, cree que quienes deberían dejar sus cargos o recibir una sanción son Álvaro Marifil, director nacional de la Conadi, la ministra y el subsecretario de Planificación, más los directivos de los ministerios de Agricultura y Educación que forman parte del Consejo Nacional y que dieron su venia para la entrega de tierras.

Añade que la responsabilidad es doble, ya que a través de cartas informaron a todos ellos de que algo irregular estaba ocurriendo, pero nadie les hizo caso.

- ¿Por qué cree que se empiezan a dar estas prácticas?
- Porque hubo un abuso de poder de algunos consejeros y, por otro lado, el Gobierno de turno, creyendo que mientras el tema indígena no tuviera conflicto y la Conadi les mantuviera la fiesta en paz, ellos no se metían.

- Durante todo este proceso alguien tiene que haberse dado cuenta de esto.

- El fiscal de la Conadi en particular, en ese entonces Arturo Huenchullán y sus asesores.

Ascencio va más allá y añade que el abuso de la asignación no sólo fue de los acusados consejeros Hilario Huirilef y José Santos Millao.

"Nos llegó la información de que habrían testigos protegidos a quienes se les hizo asignación de tierras", dice.

Es el caso de cinco integrantes de comunidades de la zona en conflicto (y envueltos en la investigación del incendio al fundo Poluco Pidenco) que recibieron $12 millones cada uno en la asignación de casos especiales entre 2005 y 2006.

"Se transformó en una práctica de la Conadi el entregar subsidios de tierra en forma irregular", comenta. Esto lo avala el manual de procedimiento del concurso de 2005, que indica que se pueden entregar hasta diez fondos a personas que vivan fuera de Chile.
"Para que esto no ocurra los funcionarios tienen que ser de carrera, no de confianza política. Esa debería ser una de las reformas de la Conadi, porque si no están sujetos al pauteo de 'tantos subsidios de tierra para los testigos protegidos' o 'tantos subsidios para los retornados'", opina.

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Publicado en

Diario Austral edición del Domingo 8 de noviembre 2009
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Ominami respalda a Bachelet por nombramiento de Fuente-Alba--07 de Noviembre de 2009

07 de Noviembre de 2009


Ominami respalda a Bachelet por nombramiento de Fuente-Alba

El díscolo diputado salió en defensa ante las críticas que se han realizado a la decisión presidencial ante el nuevo nombramiento de quien estará a cargo del Ejército.

El candidato presidencial independiente Marco Enríquez respaldó la decisión de la Presidenta Bachelet para designar al general Juan Miguel Fuente-Alba como nuevo comandante en jefe del Ejército.Fuente-Alba es uno de los últimos oficiales que estaban en servicio en 1973 y para el golpe militar era subteniente y estaba destinado en Calama, por lo que ha tenido que declarar dos veces en el caso Caravana de la Muerte ante el juez Víctor Montiglio."La Presidenta Bachelet encarna para muchos chilenos la reconciliación y haber superado un conjunto de dolores (...) Confío en que la Presidenta, a la hora de elegir a este comandante en jefe, lo hizo considerando todo lo otro", sostuvo MEO."Yo confío en ella, confío en su criterio y estoy seguro que si ella lo eligió así es porque hizo bien la pega, chequeó las cosas y no hay ninguna vinculación con violaciones a los derechos humanos", añadió.

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07 de Noviembre de 2009


Abogado Hugo Gutiérrez cuestiona a Fuente-Alba como nuevo jefe del Ejército

"Nosotros tenemos la certeza de que Fuente-Alba está mintiendo, que está engañando, y no solo son los dichos de (el brigadier Pedro) Espinoza, sino que también hay otros testimonios", indicó.

El abogado de derechos humanos, Hugo Gutiérrez, cuestionó el nombramiento del general Juan Miguel Fuente-Alba como comandante en jefe del Ejército, quien fue sindicado como participante del caso Caravana de la Muerte en Calama."Creo que lo que se impone acá es solicitar al ministro que de una vez por todas se tomen las medidas necesarias para citar a una serie de generales del ejército que han declarado que Fuente-Alba estaba en Calama y no en Chuquicamata, como él dice, cuando ocurrieron los crímenes de Calama", indicó a radio Cooperativa."Nosotros tenemos la certeza de que Fuente-Alba está mintiendo, que está engañando, y no solo son los dichos de (el brigadier Pedro) Espinoza, sino que también hay otros testimonios", indicó.Agregó que la designación de Fuente-Alba por parte del Gobierno "de una u otra forma es limpiarle la imagen y eso no parece ser correcto", por lo que "se hace necesario un esclarecimiento de cuál fue la real participación de Fuente-Alba" en la Caravana de la Muerte.
"Hay muchos casos de personas que han sido procesados después de 10, 15 ó 20 años y muchas personas que ni siquiera aparecían mencionadas. Lo claro y esto es importante que lo sepa la opinión pública, es que el general Fuente-Alba estaba acantonado como oficial en Calama cuando ocurrieron los hechos y por lo que sabemos todos los oficiales supieron bien lo que hizo en su oportunidad Arellano Stark con su comitiva de la muerte", sostuvo"
En consecuencia, aquí no hay ningún oficial a quien no le llegue un reproche ético o moral", enfatizó.Gutiérrez, junto a su colega Hiram Villagra pidieron al ministro del caso Víctor Montiglio el procesamiento de Fuente-Alba, pero el juez aseguró que por el momento el trámite no era aceptado por falta de antecedentes, pero que quizás se podría realizar en el futuro.


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06 de Noviembre de 2009

Asume el 9 de marzo


Juan Miguel Fuente-Alba será el nuevo comandante en jefe del Ejército

El actual jefe de Estado Mayor de la institución dejó en el camino al general Alfredo Ewing, contra quien pesó el hecho de haber integrado durante la dictadura la disuelta Central Nacional de Informaciones (CNI). Y aunque Fuente-Alba fue mencionado en el caso "Caravana de la muerte", la propia justicia lo liberó de toda responsabilidad hace ocho años.

Por El Mostrador

La Presidenta Michelle Bachelet resolvió este viernes nombrar al general Juan Miguel Fuente-Alba como nuevo comandante en jefe del Ejército, en reemplazo del general Oscar Izurieta Ferrer, al cumplir este último el período de cuatro años al frente de la institución.
Fuente-Alba, quien se desempeñaba como jefe del Estado Mayor del Ejército, desplazó de este modo la opción del actual jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, general Alfredo Ewing Pinochet, quien para muchos era el más seguro sucesor de Izurieta, considerando además que era el brazo derecho de este último.

Sin embargo, en la discusión que se llevó a cabo durante la presente jornada en el Palacio de La Moneda -y que se extendió hasta pocos minutos antes del anuncio oficial-, pesó políticamente contra Ewing el hecho de haber pasado por la disuelta Central Nacional de Inteligencia (CNI).

Para Fuente-Alba jugaba en contra el aparecer mencionado en el caso de la denominada "Caravana de la Muerte", comitiva que tras el golpe militar de 1973 encabezó el general Sergio Arellano Stark para acelerar procesos de guerra y ejecuciones en distintos recintos militares del país usados como centros de detención.

De hecho, Fuente-Alba fue mencionado como uno de los oficiales que estuvo en el Regimiento Calama el 18 de octubre de 1973, día en que el Arellano llegó al recinto con un pelotón que fusiló a 26 prisioneros políticos. Sin embargo, el oficial, que en ese entonces tenía el grado de subteniente, declaró que ese día estuvo ausente, ya que se encontraba en Chuquicamata cuidando las instalaciones de la mina de cobre.

La versión de Fuente Alba, entregada el 11 de enero de 2001 -como testigo- y el 27 de octubre de 2004 -en calidad de inculpado-, finalmente hizo que la Justicia lo liberara de responsabilidad.
ELMOSTRADOR.
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09 de Noviembre de 2009

Juez Montiglio desvincula a Fuente-Alba de la “Caravana de la Muerte”

"Lo que concretamente puedo sostener es que en el proceso no hay antecedentes para dirigir acciones contra el general mencionado . Si lo hubiera, ya habríamos adoptado otro tipo de medidas. Como eso no es así, su citación es que no tiene mayor responsabilidad en los hechos", dijo el magistrado.

El ministro Víctor Montiglio, quien instruye el caso "Caravana de la Muerte", aseguró este lunes que no existen antecedentes que vinculen en la investigación al recientemente designado nuevo comandante en jefe del Ejército, general Juan Miguel Fuente-Alba, tal y como han denunciado algunos abogados."
Lo que concretamente puedo sostener es que en el proceso no hay antecedentes para dirigir acciones contra el general mencionado (Fuente-Alba). Si lo hubiera, ya habríamos adoptado otro tipo de medidas, (pero) como eso no es así, su citación es que no tiene mayor responsabilidad en los hechos", dijo a Radio Cooperativa.El nombramiento del nuevo jefe militar ha sido cuestionado por algunos abogados de derechos humanos, que le acusan de haber estado presente en el regimiento de la norteña ciudad de Calama cuando, el 19 de octubre de 1973, la citada caravana sacó a 26 prisioneros políticos de la cárcel y los masacró en el desierto.
En tanto, el Ministerio de Defensa difundió hoy una carta del citado juez en la que exculpa al general de cualquier responsabilidad en la "Caravana de la Muerte", pese a que fue citado a declarar en dos ocasiones.
"Que del mérito de los antecedentes hasta ahora reunidos, no aparecen presunciones fundadas para estimar que el inculpado Juan Miguel Fuente-Alba haya tenido participación como autor, cómplice o encubridor en los hechos investigados en el sector de Topater de Calama, el día 19 de octubre de 1973", señala el texto.
Fuente-Alba fue involucrado en el caso por el ex brigadier Pedro Espinoza, miembro de la plana mayor de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina), policía política del régimen militar (1973-1990).

EFE

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Lonkos solicitan a la Corte Suprema que investigue violencia policial en País Mapuche 08-11-09

Lonkos solicitan a la Corte Suprema que investigue violencia policial en País Mapuche

por Raúl Martínez (Santiago, Chile)

domingo, 08 de noviembre de 2009

Tres lonkos de la Alianza Territorial Mapuche llegaron hasta La Moneda luego de presentar un recurso en la Corte Suprema para que se investigue el uso excesivo de la violencia utilizada por la policía en los allanamientos a las comunidades. Mientras, en la sede de gobierno entregaron una carta dirigida a la Presidenta Michelle Bachelet, a quien le piden, en el marco de la ley de acceso a la información pública, conocer si ella o uno de sus ministros o subalternos ordenaron los violentos registros, el uso indiscriminado de bombas lacrimógenas, así como el secuestro de un menor de 12 años el 5 de octubre a quien amenazaron con lanzar desde un helicóptero institucional.
Jorge Calfuqueo indicó además que preocupa el adelanto en la prensa de nuevas medidas por parte del Ejecutivo para aumentar el contingente policial con la llegada del verano y el flujo de turistas en la zona. “Para nosotros eso se traduce en detenciones ilegales encubiertas, en un uso fraudulento y pervertido de las facultades otorgadas a la fuerza pública por el artículo 85 del Código Procesal Penal chileno. Esto es grave si se considera que en la comisaría de Carabineros no está la información de los jueces de garantía de turno, ante quienes podemos ejercer los amparos establecidos en el artículo 95 del mismo código para velar por la integridad de los afectados y la legalidad de las condiciones de detención”, indicó Calfuqueo.
El lonko Calfuqueo solicitó a la Corte Suprema la designación de un ministro civil para que investigue las denuncias de abusos y violencia cometidos por Carabineros en contra niños en el País Mapuche. Calfuqueo afirmó que la policía militarizada ha maltratado a menores e, incluso, disparando perdigones contra una escuela de Temucuicui, en un operativo realizado el 16 de octubre mientras los niños estaban en clases. Esa oportunidad fue detenido el lonko de Temucuicui, Juan Catrillanca, por quien fue a preguntar el lonko de la comunidad Hueñaco Millao, Juan Carlos Curinao, quien también terminó envuelto en esa violenta jornada. Entre las peticiones que le hacen a la mandataria, los lonkos solicitaron que se informe sobre la responsabilidad en dicho ataque.
Según el líder mapuche, los policías en sus operativos “llegan, rompen y hacen lo que ellos quieren con el pueblo mapuche, disparando bombas, disparando balines, disparando armas de las que utilizan para allanar la comunidad, sin preguntar a nadie, y ni siquiera muestran la orden del fiscal”. Por su lado, Rubén Jerez, abogado de los comuneros, afirmó que en al menos un caso, a un niño se le subió a un helicóptero y se le conminó a entregar información, amenazándolo que de negarse sería arrojado al vacío. Jorge Calfuqueo manifestó que acude a la Corte pues la Justicia Militar no le da garantías. Además rechazó los dichos del subsecretario del Interior, Patricio Rosende, respecto de que los niños son ocupados como escudo humano en los enfrentamientos.
El lonko Juan Carlos Curinao, cuyo hijo Carlos Curinao apareció en un video cuando es golpeado por carabineros, desmintió categóricamente que “nosotros los mapuche estemos usando a nuestros niños como escudo, eso no es verdad, nosotros somos padres de familia, por lo tanto luchamos por nuestros hijos y somos gentes sabia, la gente sabia no hace eso, nosotros no hemos provocado a Carabineros, Carabineros ha provocado a nuestro pueblo”. “Si a usted lo tienen amarrado y le están pegando a un hijo suyo justo al lado ¿Cómo queda usted? Yo estoy traumado en ese sentido, porque no pude defender a mi hijo mientras estaba esposado y acusado de nada. A mi me tomaron preso justamente porque fui a preguntar por el lonko Juan Catrillanca para saber dónde estaba y me arrestaron”, dijo Curinao.
Según el representante, si bien no se saben cuáles son las órdenes que se imparten a la policía, lo cierto es que en la zona hay un uso desproporcionado de la fuerza que genera serios problemas a los comuneros, especialmente a los niños. Juan Catrillanca señaló, en ese sentido, que es impresentable la denuncia que se les imputa de utilizar a sus hijos como escudos, los que finalmente reciben todas las consecuencias de la violencia de la que son objeto.
“No sé si el caballero presente tiene hijos. Si tuviera alguno ¿acaso lo pondría delante de él en una manifestación para salvarse él? Yo creo que lo primero que haría sería salvaguardar a su retoño y ponerse él como escudo”, insistió Catrillanca. La misiva presentada en La Moneda por los lonkos de la Alianza Territorial Mapuche fue acompañada por un set de fotografías que muestra a menores heridos producto de balines y perdigones disparados por la policía, como el menor de nueve meses de la comunidad Juan Catrillanca 2 por quien ya se colocó una denuncia en los tribunales de Temuko.
Finalmente, en Valparaíso, los líderes tradicionales entregaron también a la Comisión de DD.HH. de la Cámara los antecedentes de alrededor de 15 a 20 niños lesionados por impactos de perdigones y balines, disparados por uniformados durante los allanamientos y desalojos de las recuperaciones de predios.
05 / 11 / 09

* Fuente: Azkintuwe
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Corte de Apelaciones rechaza recurso por niños mapuches

/ La Nación

Lunes 9 de noviembre de 2009 País

La Corte de Apelaciones de Concepción rechazó el recurso judicial presentado por familias mapuches de la zona de Arauco contra Carabineros, acción en la que acusaban a la institución de maltrato de menores durante allanamientos ocurridos en agosto pasado.
Las comunidades de Cañete, Pascual de Coña y Venancio Ñeguey, denunciaron a los funcionarios por intimidar de manera innecesaria y realizar amenazas a menores de edad durante diversos operativos.
Las madres de los niños afirman que durante procedimientos los efectivos de Carabineros apuntaron con armas a sus hijos provocándoles un temor que se mantiene hasta hoy y que además detuvieron un bus escolar obligando a los menores a caminar un largo trecho a pie durante un fuerte temporal.
En un informe enviado al tribunal, Carabineros indicó que los operativos en las comunidades habrían sido ordenados por los fiscales a cargo de las investigaciones.
El abogado de las comunidades Pascual Coña y Venancio Ñeguey de Cañete anunció que apelará a la Corte Suprema.
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Denuncian la ofensiva para crear una imagen negativa de los pueblos originarios-05-11-09


Participantes de la XII Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia
Denuncian la ofensiva para crear una imagen negativa de los pueblos originarios

Investigadores, docentes y estudiantes universitarios repudiaron la continuidad ideológica expresada a lo largo del proceso de sometimiento e incorporación estatal de los pueblos originarios.

5 de noviembre de 2009

DesdeBuenos Aires (Argentina)


El pronunciamiento fue hecho público a través de un documento firmado por los participantes de la mesa “Etnogenésis, sometimiento e incorporación estatal/nacional de pueblos originarios”, que sesionó el 29 y 30 de octubre pasado en el marco de las XII Jornadas Interescuelas / Departamentos de Historia organizadas por Universidad Nacional del Comahue en la ciudad de San Carlos de Bariloche.
El documento señala que la ideología dominante “se ha manifestado a través de distintos mecanismos que han procurado generar en la opinión pública una imagen negativa con respecto a los pueblos originarios, identificándolos como una amenaza a los intereses de la sociedad, al ser calificados como grupos irracionales, altamente peligrosos, violentos y atribuyéndoseles un origen extranjero”.
El texto remarca que esta descripción de los pueblos originarios como una amenaza a la sociedad en su conjunto “ha recurrido una y otra vez a viejos argumentos pseudocientíficos”, y que los mismos poseen su origen “en el discurso e ideología política de los sectores de poder que han llevado a cabo las sucesivas expropiaciones a los pueblos originarios a lo largo del proceso histórico referido, desde las campañas militares de conquista de fines del siglo XIX”.
“En el presente observamos y denunciamos una nueva oleada de expresiones mediáticas que califican a los pueblos originarios como sectores peligrosos y como amenaza extranjera. La misma no puede entenderse sino en relación con intereses de sectores concretos en un contexto de redefinición y profundización de los procesos de expropiación”, agrega.
Finalmente, denuncia que esos intereses “hoy responden a la expansión del frente sojero y de las empresas extractivas (petroleras y minería a cielo abierto), forestales y turísticas. Al mismo tiempo dichas expresiones intentan legitimar –como en el pasado- los procedimientos de represión y violencia sobre las comunidades y familias originarias y la judicialización / criminalización de sus demandas”.
VOLTAIRE
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Facultado de Filosofía de U. de Bs. Aires repudia publicaciones de diario La Nación en Argentina- 04-11-09

4 November, 2009

Facultado de Filosofía de U. de Bs. Aires repudia publicaciones de diario La Nación en Argentina

Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, repudio la aparición de numerosos artículos periodísticos que agravian al pueblo mapuche en Argentina, "estas notas no son ajenas a estos intereses, dado que tergiversan los contenidos de las reivindicaciones mapuches reproduciendo una perspectiva racista... desacreditan la pre-existencia del pueblo originario mapuche, desconociendo las legislaciones vigentes" expresaron...


FUENTE: Facultad de Filosofía y Letras Universidad de Buenos Aires

COMUNICADO DE PRENSA

La Facultad de Filosofía y Letras repudia la aparición de artículos periodísticos que desacreditan la pre-existencia del pueblo originario mapuche, desconociendo las legislaciones vigentes y la producción científica de las últimas décadas.

El Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, en su sesión del 13 de octubre, aprobó la siguiente declaración de repudio, ante la aparición de numerosos artículos periodísticos que agravian al pueblo mapuche en diferentes diarios de circulación nacional, regionales y locales del norte de la Patagonia. Estas notas desacreditan la pre-existencia del pueblo originario mapuche, desconociendo las legislaciones vigentes y la producción científica de las últimas décadas.

Declaración del Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras – Universidad de Buenos Aires

Visto la declaración de la Junta Departamental de la Carrera de Ciencias Antropológicas del día 6 de octubre del corriente, que repudia la nota publicada por Rolando Hanglin en el diario “La Nación” titulada “Pensamientos incorrectos. La cuestión mapuche”, así como diferentes artículos periodísticos que vienen publicándose con el mismo tenor, y considerando:

- Que estas notas periodísticas tienen como punto en común desacreditar la pre- existencia del pueblo originario mapuche desconociendo sus reivindicaciones, las legislaciones vigentes y la producción científica de las últimas décadas.

- Que los medios de comunicación contribuyen a la formación de la opinión pública respecto de los motivos por los cuales luchan estos pueblos.

- Que la lucha del pueblo mapuche por la tierra viene siendo silenciada y reprimida por la presión que ejercen los intereses de grandes corporaciones inmobiliarias en la región.

- Que estas notas no son ajenas a estos intereses, dado que tergiversan los contenidos de las reivindicaciones mapuches reproduciendo una perspectiva racista y esencialista acerca de los procesos identitarios.

- Que en ellas se emplea la perimida denominación de “araucanos” (en lugar de mapuche), siendo ésta rechazada por los integrantes de este pueblo por su carga peyorativa, y por ser una denominación impuesta por los españoles.

- Que la Constitución Nacional del año 1994, con la sanción del artículo 75, inciso 17, ha incorporado el reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los Pueblos Indígenas con rango constitucional.

- Que desconocer el derecho de cualquier grupo humano a construir su propia identidad, no sólo implica la negación del criterio válido en términos científicos de la auto-adscripción, sino también el jurídico, ya que el artículo mencionado de nuestra Constitución Nacional obliga a “Garantizar el respeto a la identidad” de los pueblos indígenas.

El Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras declara:


ARTÍCULO 1º.- Repudiar estas notas periodísticas y demandar a los medios masivos de comunicación a abordar la temática con la complejidad y responsabilidad correspondiente.

ARTÍCULO 2º.- Exigir a los legisladores y a funcionarios involucrados el cumplimiento de lo estipulado en la Constitución Nacional, las provinciales, así como en las demás legislaciones vigentes.

ARTÍCULO 3º.- Adherir, en todos sus términos, a la declaración de la Junta Departamental de la Carrera de Ciencias Antropológicas del día 6 de Octubre de 2009 que repudia estas notas periodísticas.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, comuníquese a todas las Secretarías de la Facultad, a la Universidad de Buenos Aires, al Diario “La Nación”, al INAI, al INADI, a la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil, a la Dirección de Consejo Directivo, y cumplido, archívese.


* Karina Micheletto, Area de Prensa - Secretaría General Facultad de Filosofía y Letras - UBA areaprensa@filo.uba.ar


Mapuexpress
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Fuerza Aérea de EEUU revela las verdaderas intenciones detrás del Acuerdo Militar con Colombia -08-11-09

Fuerza Aérea de EEUU revela las verdaderas intenciones detrás del Acuerdo Militar con Colombia

por Eva Golinger (EE.UU.)

domingo, 08 de noviembre de 2009

Un documento oficial del Departamento de la Fuerza Aérea del Departamento de Defensa de Estados Unidos revela que la base militar de Palanquero, Colombia “garantiza la oportunidad para conducir operaciones de espectro completo por toda América del Sur”. Esta afirmación contradice las explicaciones del presidente Álvaro Uribe y el Departamento de Estado de EEUU sobre el acuerdo militar firmada el pasado 30 de octubre entre Washington y Colombia. Los gobiernos de Colombia y EEUU han mantenido públicamente que el acuerdo militar se trata solamente de operaciones y actividades dentro del territorio colombiano para combatir el narcotráfico y el terrorismo interno. El presidente Uribe ha reiterado múltiples veces –incluso en la reunión de la UNASUR en Bariloche, Argentina– que su acuerdo militar con Washington no afectará a sus vecinos. No obstante, el documento de la Fuerza Aérea de EEUU confirma lo contrario e indica que las verdaderas intenciones y objetivos detrás del acuerdo son poder realizar operaciones militares a nivel regional para combatir la “amenaza constante…de los gobiernos anti-estadounidenses”.

El acuerdo militar entre Washington y Colombia autoriza el acceso y uso de siete instalaciones militares en Palanquero, Malambo, Tolemaida, Larandia, Apíay, Cartagena y Málaga. Adicionalmente, el acuerdo permite “el acceso y uso de las demás instalaciones y ubicaciones” por todo el territorio colombiano, sin restricciones. Junto con la inmunidad plena que este acuerdo otorga a los militares, civiles y contratistas estadounidenses que entrarán a territorio colombiano en el marco del convenio, la autorización para que EEUU utilice cualquier instalación en el país, incluidos los aeropuertos comerciales, significa una entrega total de la soberanía colombiana.

El documento de la Fuerza Aérea destaca la importancia de la base militar de Palanquero y habla de la necesidad de invertir 46 millones de dólares para acondicionar la pista aérea, las rampas y varias otras instalaciones de la base para convertirla en una Localidad de Cooperación en Seguridad (CSL) de EEUU. “Estableciendo una Localidad de Cooperación en Seguridad (CSL) en Palanquero apoyará la Estrategia de Postura del Teatro del Comando Combatiente (COCOM) y demostrará nuestro compromiso con la relación con Colombia. El desarrollo de este CSL nos da una oportunidad única para las operaciones de espectro completo en una subregión crítica en nuestro hemisferio, donde la seguridad y establidad están bajo amenaza constante de las insurgencias terroristas financiadas por el narcotráfico, los gobiernos antiestadounidenses, la pobreza endémica y los frecuentes desastres naturales…”

No es dificil imaginar qué gobiernos en Suramérica son considerados por Washington como “antiestadounidenses”. Sus constantes declaraciones agresivas contra Venezuela y Bolivia, e incluso Ecuador, demuestran que son los países del ALBA que son percibidos por Washington como una “amenaza constante”. Clasificar un país “antiestadounidense” es considerarlo un enemigo de Estados Unidos. Bajo este contexto, es lógico pensar que EEUU reaccionaría frente a una región llena de “enemigos” con una agresión militar.

La lucha contra el narcotráfico es secundariaSegún el documento, “El acceso a Colombia profundizará la relación estratégica con Estados Unidos. La fuerte relación de cooperación en seguridad también ofrece una oportunidad para conducir operaciones de espectro completo por toda Suramérica, incluyendo el apoyo para las capacidades de combatir el narcotráfico.” Aquí es evidente que la lucha contra el narcotráfico es un asunto secundario. Este hecho contradice las explicaciones de los gobiernos de Colombia y Washington que han intentado aparentar que el objetivo principal del acuerdo militar es combatir el narcotráfico. El documento de la Fuerza Aérea prioritiza a las operaciones militares continentales necesarias para combatir “amenazas constantes”, como los gobiernos “antiestadounidenses” en la región.

Palanquero es la mejor opción para el alcance continental
El documento de la Fuerza Aérea explica que “Palanquero es sin duda el mejor lugar para invertir en el desarrollo de la infrastructura dentro de Colombia. Su ubicación central está dentro del alcance de las áreas de operaciones…en la región…y su ubicación aislada ayudará…minimizar el perfil de la presencia militar estadounidense. La intención es utilizar la infrastructura existente... mejorar la capacidad de EEUU para responder rápidamente a una crisis y asegurar el acceso regional y la presencia estadounidense… Palanquero ayuda con la misión de movilidad porque garantiza el acceso a todo el continente de Suramérica con la excepción de Cabo de Hornos…”

Espionaje y guerraAdicionalmente, el documento de la Fuerza Aérea confirma que la presencia militar estadounidense en Palanquero, Colombia aumentará las capacidades de espionaje e inteligencia, y permitirá a las fuerzas armadas estadounidenses aumentar sus capacidades para ejecutar una guerra en Suramérica. “El desarrollo de [la base en Palanquero] profundizará la relación estratégica entre EEUU y Colombia y está en el interés de las dos naciones… [La] presencia también incrementará nuestra capacidad para conducir operaciones de Inteligencia, Espionaje y Reconocimiento (ISR), mejorará el alcance global, apoyará los requisitos de logística, mejorará las relaciones con socios, mejorará la cooperación de teatros de seguridad y aumentará nuestras capacidades de realizar una guerra expedita.”

El lenguaje de guerra de este documento evidencia las verdaderas intenciones detrás del acuerdo militar entre Washington y Colombia: están preparándose para una guerra en América Latina. Los últimos días han estado llenos de conflictos y tensiones entre Colombia y Venezuela. Hace días, el gobierno venezolano capturó tres espías del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia –su agencia de inteligencia y espionaje– y descubrió varias operaciones activas dirigidas a la desestabilización y el espionaje contra Cuba, Ecuador y Venezuela. Las operaciones Fénix, Salomón y Falcón, respectivamente, fueron reveladas por documentos que encontraron junto a los funcionarios capturados del DAS. Hace dos semanas, también se hallaron 10 cadáveres en el estado Táchira por la frontera con Colombia. Luego de realizar las investigaciones pertinentes, el gobierno venezolano descubrió que los cuerpos pertenecían a un grupo de paramilitares colombianos que se habían infiltrado en territorio venezolano. Esta peligrosa infiltración paramilitar desde Colombia forma parte de un plan de desestabilización contra Venezuela que busca crear un para-estado dentro del territorio venezolano y asi debilitar al gobierno del Presidente Chávez.
El acuerdo militar entre Washington y Colombia sólo aumentará esta tensión y violencia regional. Ahora, con la información revelada en el documento de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se hace evidente –sin duda ninguna– que Washington está buscando promover una guerra en Suramérica, utilizando a Colombia como base de operaciones. Frente a esta declaración de guerra, los pueblos de América Latina tienen que mostrar unidad y fuerza. La integración latinoamericana es la mejor defensa contra la agresión imperial.
*El documento del Departamento de la Fuerza Aérea de Estados Unidos fue redactado en mayo 2009 como parte de la justificación del presupuesto para 2010 enviado por el Pentágono al Congreso estadounidense. Es un documento oficial de la Fuerza Aérea y reafirma la veracidad del Libro Blanco: La Estratégia de Movilidad Global del Comando Aéreo de la Fuerza Aérea de EEUU que fue denunciado por el Presidente Chávez durante la reunión de la UNASUR en Bariloche el 28 de agosto pasado. He puesto el documento y la traducción no-oficial de los segmentos sobre la base de Palanquero en la página web del Centro de Alerta para la Defensa de los pueblos, un espacio que estamos construyendo para asegurar que las denuncias e información estratégica esten disponibles para que los pueblos puedan defenderse con contundencia frente a la constante agresión imperial.

Documento original en inglés: Documento de la Fuerza Aérea de EE.UU.

Traducción no oficial al español: Documento de la Fuerza Aérea de EE.UU. en castellano
e-mail de la autora:

evagolinger@hotmail.com

Fuente: Aporrea
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LA UNIVERSIDAD DE TEXAS DENUNCIA CONTAMINACION EN YACIMIENTOS JUJEÑOS (PLOMO) -(Abra Pampa)09-11-09

LA UNIVERSIDAD DE TEXAS DENUNCIA CONTAMINACION EN YACIMIENTOS JUJEñOS

Un pueblo con cinturón de plomo



La fundidora Metal Huasi dejó una montaña de plomo, puro veneno.
Un informe de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas denuncia la contaminación de Abra Pampa y sostiene que la Argentina corre el riesgo de desarrollar 400 casos semejantes. Recomienda remediar y organizar un plan sanitario integral.


Por Darío Aranda


“La negligencia gubernamental resultó en violaciones a los derechos humanos.” Es una de las afirmaciones del informe “Abra Pampa. Pueblo contaminado, pueblo olvidado”, realizado por la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas, que investigó la situación de la localidad jujeña contaminada desde hace dos décadas por la actividad minera, y al que tuvo acceso Página/12. La universidad estadounidense alerta sobre fallas en los organismos de control, denuncia que la remediación continúa siendo ineficiente y advierte sobre los peligros de la oleada minera: “La Argentina tiene riesgo de padecer 400 Abra Pampa”. Recomienda implementar un plan sanitario integral, remediar la contaminación, juzgar a los responsables (privados y estatales) y resarcir económicamente a las familias perjudicadas. Entre otros males, el plomo produce retraso en la pubertad, alteraciones de la visión, problemas de aprendizaje y daños a la función motora.


Abra Pampa es una localidad de 13 mil habitantes, en el Norte provincial, a 3500 metros sobre el nivel del mar. Allí funcionó durante tres décadas la fundidora de plomo Metal Huasi, que cerró en la década del ‘80. Al retirarse dejó en pleno casco urbano 15 mil toneladas de residuos, un “cerro de plomo”, como lo llaman en el lugar. Las organizaciones sociales y comunidades indígenas de la zona siempre denunciaron la contaminación, pero nunca tuvieron respuesta.
En 2007, el Grupo de Investigación de Química Aplica (INQA) de la Universidad de Jujuy demostró que el 81 por ciento de la población infantil analizada contenía valores de plomo en cantidades perjudiciales para la salud. A fines del mismo año, el Ministerio de Salud de Jujuy admitió que al menos el 10 por ciento de la población adulta tenía “niveles críticos” de plomo en sangre.
“La única medida tomada para ‘contener’ a los residuos tóxicos fue la instalación de cercas alambradas para mantener a los residentes alejados”, denuncia el informe de la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho, de la Universidad de Texas. El trabajo, realizado entre 2008 y abril de 2009, fue presentado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina Panamericana de la Salud. El próximo miércoles será entregado a relatores especiales de Naciones Unidas. “Tanto funcionarios locales como nacionales han minimizado sistemáticamente la gravedad de la situación sanitaria y ambiental”, denuncia.
El director de la Clínica de Derechos Humanos, Ariel Dulitzky, aseguró que “el gobierno argentino ha sido lento en reconocer los problemas en Abra Pampa. Y cuando finalmente lo hizo (en los últimos meses retiró gran parte de la montaña de plomo), respondió de forma inadecuada, con prácticas de saneamiento ambiental pobres, asignando recursos insuficientes para supervisar y resolver los problemas de salud”.
Advierte que los funcionarios aún no han proporcionado “tratamiento médico adecuado”, se violó reiteradamente legislación nacional e internacional sobre salud y medio ambiente, y también fue violada la legislación sobre derechos indígenas (que exige consulta y acuerdo con las comunidades).
En el apartado de recomendaciones, que se dirige tanto a la Nación como la provincia, la Clínica de Derechos Humanos insta a implementar un plan de salud integral, que se indemnice a los afectados y que se realice la remediación completa. Y aborda un aspecto poco común en este tipo de investigaciones. “Ni a los individuos ni a las empresas privadas ni a las instituciones del Estado se les ha declarado responsables de manera civil, administrativa o criminal por la contaminación de gran parte de la población”, sentencia y pide a los fiscales que actúen contra los responsables de la contaminación en Abra Pampa.
A lo largo de sus 56 carillas el informe también aborda la acción global de las actividades contaminantes. “Las relaciones problemáticas entre las industrias extractivas y las comunidades pobres han sido documentadas y discutidas desde hace mucho tiempo, contando innumerables relatos de exclusión social, violencia y daños ambientales”, explica el trabajo.
El plomo es considerado por la comunidad científica y ambiental como uno de los metales más contaminantes y altamente tóxico. Estados Unidos prohibió, en 1978, el uso de plomo en las pinturas y, en 1996, su empleo como aditivo para combustibles. Y existe una creciente presión para evitar su uso: la Unión Europea prohibió la venta de naftas con plomo a partir de enero de 2000 y en España se vedó el uso de plomo en los accesorios de los autos a partir de 2005. A pesar de todas las políticas para evitar el uso de plomo, en la Argentina se impulsa un gigantesco yacimiento (Proyecto Navidad) en la meseta de Chubut para extraer el perjudicial metal. En junio de 2008, un numeroso colectivo de organizaciones de la Patagonia difundió una carta pública donde alertó sobre el rol negativo del plomo. “Nos preguntamos por qué, mientras la comunidad internacional multiplica los esfuerzos para restringir su utilización y circulación, en Chubut se propone como un éxito empresarial la extracción de millones de kilos de plomo”, denunciaron los Autoconvocados de Esquel, la Asamblea Coordinadora Patagónica y Endepa, entre otras.
Dulitzky, director de la investigación y ex secretario ejecutivo adjunto de la CIDH, afirma que lo sucedido en Jujuy es “una muestra de la industria minera en general, que une la irresponsabilidad empresarial y la falta de control estatal”. Precisa que en la Argentina existen 400 proyectos mineros (entre los planeados y ya puesto en marcha) y advierte: “En los próximos años, la Argentina podrá contar con 400 comunidades como Abra Pampa, abandonadas por la minería y envenenadas”.
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La anexión de Colombia a Estados Unidos-Fidel Castro Ruz- 06-11-09

La anexión de Colombia a Estados Unidos
Cualquier persona medianamente informada comprende de inmediato que el edulcorado “Acuerdo complementario para la Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos”, firmado el 30 de octubre y publicado en la tarde del 2 de noviembre, equivale a la anexión de Colombia a Estados Unidos.

El acuerdo pone en aprietos a teóricos y políticos. No es honesto guardar silencio ahora y hablar después sobre soberanía, democracia, derechos humanos, libertad de opinión y otras delicias, cuando un país es devorado por el imperio con la misma facilidad con que un lagarto captura una mosca. Se trata del pueblo colombiano, abnegado, trabajador y luchador. Busqué en el largo mamotreto una justificación digerible, y no vi razón alguna.

En 48 páginas de 21 líneas, cinco se dedican a filosofar sobre los antecedentes de la vergonzosa absorción que convierte a Colombia en territorio de ultramar. Todas se basan en los acuerdos suscritos con Estados Unidos después del asesinato del prestigioso líder progresista Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948, y la creación de la Organización de Estados Americanos, el 30 de abril de 1948, discutida por los Cancilleres del hemisferio, reunidos en Bogotá bajo la batuta de Estados Unidos los días trágicos en que la oligarquía colombiana tronchó la vida de aquel dirigente y desató la lucha armada en ese país.

El Acuerdo de Asistencia Militar entre la República de Colombia y los Estados Unidos, en abril de 1952; el relacionado con “una Misión del Ejército, una Misión Naval y una Misión Aérea de las Fuerzas Militares de los Estados Unidos”, suscrito el 7 de octubre de 1974; la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, de 1988; la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, de 2000; la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad, de 2001, y la Carta Democrática Interamericana; la de Política de Defensa y Seguridad Democrática, y otras que se invocan en el citado documento. Ninguna justifica convertir un país de 1 141 748 kilómetros cuadrados, ubicado en el corazón de Suramérica, en base militar de Estados Unidos. Colombia posee 1,6 veces el territorio de Texas, segundo Estado de la Unión en extensión territorial, arrebatado a México, que después sirvió de base para conquistar a sangre y fuego más de la mitad de ese hermano país.
Por otro lado, han transcurrido ya 59 años desde que soldados colombianos fueron enviados a la distante Asia para combatir junto a las tropas yankis contra chinos y coreanos en octubre de 1950. Lo que el imperio pretende ahora es enviarlos a luchar contra sus hermanos venezolanos, ecuatorianos y otros pueblos bolivarianos y del ALBA, para aplastar la Revolución Venezolana, como trataron de hacer con la Revolución Cubana en abril de 1961.

Durante más de un año y medio, antes de la invasión, el gobierno yanki promovió, armó y utilizó las bandas contrarrevolucionarias del Escambray, como hoy utiliza a los paramilitares colombianos contra Venezuela.

Cuando el ataque de Girón, los B-26 yankis tripulados por mercenarios operaron desde Nicaragua, sus aviones de combate eran transportados hacia la zona de operaciones en un portaaviones, y los invasores de origen cubano que desembarcaron en aquel punto venían escoltados por buques de guerra y la infantería de marina de Estados Unidos. Hoy sus medios de guerra y sus tropas estarán en Colombia, no sólo como una amenaza para Venezuela sino para todos los Estados de Centro y Suramérica.

Es realmente cínico proclamar que el infame acuerdo es una necesidad de la lucha contra el tráfico de drogas y el terrorismo internacional. Cuba ha demostrado que no se necesitan tropas extranjeras para evitar el cultivo y el tráfico de drogas y mantener el orden interno, a pesar de que Estados Unidos, la potencia más poderosa de la tierra, promovió, financió y armó durante decenas de años las acciones terroristas contra la Revolución Cubana.

La paz interna es prerrogativa elemental de cada Estado; la presencia de tropas yankis en cualquier país de América Latina con ese propósito es una descarada intervención extranjera en sus asuntos internos, que inevitablemente provocará el rechazo de su población.
La lectura del documento demuestra que no sólo las bases aéreas colombianas se ponen en manos de los yankis, sino también los aeropuertos civiles y en definitiva cualquier instalación útil a sus fuerzas armadas. El espacio radioeléctrico queda también a disposición de ese país portador de otra cultura y otros intereses que nada tienen que ver con los de la población colombiana.

Las Fuerzas Armadas norteamericanas disfrutarán de prerrogativas excepcionales.

En cualquier parte de Colombia los ocupantes pueden cometer delitos contra las familias, los bienes y las leyes colombianas, sin tener que responder ante las autoridades del país; a no pocos lugares llevaron los escándalos y las enfermedades, como hicieron con la base militar de Palmerola, en Honduras. En Cuba, cuando visitaban la neocolonia, se sentaron a horcajadas sobre el cuello de la estatua de José Martí, en el Parque Central de la Capital. La limitación relacionada con el número total de soldados puede ser modificada por solicitud de Estados Unidos, sin restricción alguna. Los portaaviones y barcos de guerra que visiten las bases navales concedidas llevarán cuantos tripulantes requieran, y pueden ser miles en uno solo de sus grandes portaaviones.

El Acuerdo se extenderá por períodos sucesivos de 10 años, y nadie puede modificarlo sino al final de cada período, advirtiéndolo un año antes. ¿Qué hará Estados Unidos si un gobierno como el de Johnson, Nixon, Reagan, Bush padre o Bush hijo y otros similares, recibe la solicitud de abandonar Colombia? Los yankis fueron capaces de derrocar decenas de gobiernos en nuestro hemisferio. ¿Cuánto duraría un gobierno en Colombia si anunciara tales propósitos?

Los políticos de América Latina tienen ahora ante sí un delicado problema: el deber elemental de explicar sus puntos de vista sobre el documento de anexión. Comprendo que lo que ocurre en este instante decisivo de Honduras ocupe la atención de los medios de divulgación y los Ministros de Relaciones Exteriores de este hemisferio, pero el gravísimo y trascendente problema que tiene lugar en Colombia no puede pasar inadvertido por los gobiernos latinoamericanos.

No albergo la menor duda sobre la reacción de los pueblos; sentirán el puñal que se clava en lo más profundo de sus sentimientos, en especial el de Colombia: ¡se opondrán, jamás se resignarán a tal infamia!

El mundo enfrenta hoy graves y urgentes problemas. El cambio climático amenaza a toda la humanidad. Líderes de Europa casi imploran de rodillas algún acuerdo en Copenhague que evite la catástrofe. Presentan como realidad que en la Cumbre no se alcanzará el objetivo de un convenio que reduzca drásticamente la emisión de gases de efecto invernadero. Prometen proseguir la lucha por alcanzarlo antes de 2012; existe riesgo real de que no pueda lograrse antes de que sea demasiado tarde.Los países del Tercer Mundo reclaman con razón a los más desarrollados y ricos cientos de miles de millones de dólares anuales para costear los gastos de la batalla climática.

¿Tiene algún sentido que el gobierno de Estados Unidos invierta tiempo y dinero en construir bases militares en Colombia para imponer a nuestros pueblos su odiosa tiranía? Por ese camino, si un desastre amenaza al mundo, un desastre mayor y más rápido amenaza al imperio, y todo sería consecuencia del mismo sistema de explotación y saqueo del planeta.
Fidel Castro Ruz
Noviembre 6 de 2009
10 y 39 a.m.
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CHAVEZ ALERTA SOBRE UN ATAQUE DE EE.UU. DESDE COLOMBIA -09-11-09

CHAVEZ ALERTA SOBRE UN ATAQUE DE EE.UU. DESDE COLOMBIA

Pidió prepararse para la guerra

Cada vez más enfrentado con el gobierno vecino de Colombia, el presidente venezolano Hugo Chávez llamó ayer a prepararse para la guerra. “No perdamos un día en nuestra principal misión: Prepararnos para la guerra y ayudar al pueblo a prepararse para la guerra, porque es responsabilidad de todos”, arengó el mandatario en su programa semanal Aló Presidente. Dedicó la emisión a criticar el acuerdo militar firmado entre Colombia y Estados Unidos la semana pasada y advirtió que podría abrir la puerta a un eventual ataque norteamericano a Venezuela. Sin redundar en sutilezas y frases políticamente correctas le reclamó cautela al mandatario estadounidense.
“Señor presidente Obama, no se vaya a equivocar y vaya a ordenar usted una agresión abierta contra Venezuela usando a Colombia. Porque nosotros estamos dispuestos a todo, pero Venezuela no va a ser nunca jamás una colonia yanqui ni de nadie”, sentenció.

Las relaciones entre Venezuela y Colombia sufrieron varios altibajos en la última década, pero desde julio pasado la ruptura parece inminente. A mitad de año Chávez cortó relaciones con el gobierno de su par, Alvaro Uribe, y desde entonces la crisis no ha logrado ser superada. La raíz, el acuerdo militar que autoriza a las fuerzas armadas norteamericanas utilizar siete bases colombianas, algunas de ellas muy cerca de la frontera con Venezuela. La tensión se convirtió en el clima normal en los dos mil kilómetros de frontera, por lo que el comercio bilateral se desplomó. La semana pasada el asesinato de dos guardias nacionales venezolanos en la frontera reavivó las broncas y prendió de nuevo las alarmas.

Del lado venezolano, el gobierno ordenó el despliegue de más de 15 mil militares en los estados fronterizos con Brasil y Colombia. Oficialmente su misión es intensificar su combate contra paramilitares, narcotraficantes y minería ilícita. Sin embargo, del otro lado de la frontera la interpretación parece ser otra. En una declaración provocadora, Uribe aseguró que los dos países jamás podrán ser separados. “Jamás construiré un muro de Berlín”, dijo el mandatario, aprovechando la actualidad del aniversario de la caída del muro más famoso de la historia. Pero esas palabras no amedrentaron a Chávez, quien continuó denunciando el mayor número de soldados estadounidense que llegarán a Colombia en los próximos tiempos. “El imperio se está colocando en nuestras narices”, aseguró, en referencia a la base de Guajira que cederán los colombianos. “Estarán a 20 minutos de Caracas”, agregó.

Para el líder bolivariano ya existe vuelta atrás y la única alternativa que les queda es prepararse, entrenar a todos los militantes, sean trabajadores, mujeres o estudiantes. “Que nadie crea que una guerra contra Venezuela va a ser solo una guerra contra Venezuela. No estamos solos, tenemos un grupo grande de amigos en este mundo”, advirtió el mandatario venezolano. Según su análisis, un ataque desde territorio colombiano provocaría una guerra interminable y que, en sus propias palabras, se extendería por todo el continente.
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LOS TAPADOS- 28 represores ESMA condecorados por Massera secuestradores, torturadores, médicos que atendían partos en cautiverio.09-11-09

LOS TAPADOS


Por Diego Martínez


DOCUMENTO EXCLUSIVO








Facsímiles de la primera y la última hoja de la orden secreta firmada por Emilio Massera.




Los 28 represores de la ESMA condecorados por Massera que eludieron cualquier requerimiento de la Justicia. Integran una lista secreta de 81 personas que incluye secuestradores, torturadores, médicos que atendían partos en cautiverio e inyectaban a las víctimas de los vuelos y hasta al electricista que arreglaba las picanas


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DOCUMENTO EXCLUSIVO QUE REVELA LOS NOMBRES DE 81 PERSONAS QUE INTEGRABAN EL GT 3.3

Los 28 de los que nunca se habló


La orden firmada por Massera para condecorar a 81 integrantes o colaboradores del Grupo de Tareas de la ESMA reveló la existencia de 28 personas que no fueron denunciadas. Más pruebas para el juicio que comienza la próxima semana.

Por Diego Martínez

El 12 de septiembre de 1978, cuando la mayor parte de los secuestrados de la ESMA ya habían sido “trasladados” en vuelos de la muerte, el almirante Emilio Massera condecoró a ochenta y un hombres por su actuación “en el Grupo de Tareas 3.3, en operaciones reales de combate”. La lista incluye secuestradores, torturadores, mecánicos que reparaban autos robados, médicos que atendían partos en cautiverio e inyectaban a las víctimas de los vuelos, aviadores, técnicos aeronáuticos y hasta el electricista que reparaba las picanas. Alfredo Astiz, Jorge Acosta y otros once combatientes serán juzgados desde la próxima semana en Comodoro Py. Ocho están procesados con prisión preventiva. Cinco continúan prófugos. Murieron como mínimo 27: los menos como imputados –incluido el prefecto Héctor Febres, envenenado antes de escuchar su sentencia–, la mayoría en el anonimato. Página/12 investigó y buscó al resto: 28 desconocidos, libres e impunes. Cinco son dueños o directores técnicos de empresas de seguridad privada. Varios hicieron carrera en la Armada y supieron merodear altas esferas de gobierno. Uno fue director de Inteligencia Naval hace apenas cinco años. Otro presidió el Foro de Almirantes Retirados, bastión de lucha a favor de la impunidad de sus miembros.

La resolución secreta lleva el número 745/78. Se titula “Otorgar distinciones a personal componente del Grupo de Tareas 3.3” (GT 3.3). Invoca como fundamento la resolución 736/78, que instituyó premios a protagonistas de “hechos heroicos y acciones de méritos extraordinarios, individuales o de conjunto”, y la firma Massera, comandante en jefe de la Armada. La lista incluye sesenta marinos, ocho miembros de la Policía Federal, tres del Ejército, tres del Servicio Penitenciario Federal, dos de Prefectura y cinco civiles, divididos en cuatro categorías: heroico valor en combate, honor al valor en combate, operaciones de combate a secas, y premio al esfuerzo y la abnegación. Sólo cuatro figuran además como heridos en combate. Excepto los suboficiales, todos son realzados con el rango de Don. La orden escrita firmada por Massera fue incorporada a la causa a cargo del juez federal Sergio Torres hace casi seis meses.

Un operador Florido

La resolución de la Armada, que niega conservar información sobre la guerra sucia, fue incorporada a la causa “a título de colaboración” por el capitán de fragata médico Carlos Octavio Capdevila, procesado con prisión preventiva por atender a mujeres embarazadas en la ESMA a partir de 1979. La condecoración incluye a los colegas que lo precedieron: Carmelo Spatoco, Héctor Reinaldo Ricciardi y el comisario Francisco Antonio Diez, todos fallecidos. El 18 de mayo, preso en el penal de Ezeiza, “Tommy” Capdevila solicitó ampliar su declaración. Explicó que llevaba seis años detenido y consideró injusto que le prorrogaran su prisión preventiva. “Mi colaboración no ha sido tenida en cuenta”, afirmó, y le recordó al juez que varios miembros del GT 3.3 que mencionó en 2007 “no han sido llamados a prestar declaración indagatoria”.

Citó como ejemplo al capitán de navío auditor Pedro Carlos Florido. Reiteró que supo “por comentarios del capitán Acosta que en 1977 y 1978 cumplió funciones” en la ESMA, que lo vio “salir numerosas veces del despacho del capitán (Horacio) Estrada” en 1980, y manifestó su sorpresa de que, lejos de estar detenido, “hasta no hace mucho tiempo siguió manejando nuestras causas como integrante del Servicio de Inteligencia Naval, por tener relación personal con varios jueces federales, entre los que se encuentra Su Señoría y (María) Servini de Cubría”, declaró.

En base al Plan de Capacidades de la Armada y a las directivas del Consejo de Defensa 1/75 “Lucha contra la subversión”, ambos de 1975, Capdevila calculó que la suma de oficiales superiores y jefes que participaron de la guerra sucia asciende a 1200 marinos, “que indudablemente tenían capacidad de decisión”. “Sólo resta a Su Señoría ordenar a la Armada que suministre los datos de quiénes cubrían esos cargos e indagarlos”, propuso.

“En mi modesta opinión todos aquellos que hasta la fecha no aparecieron deben estar muertos”, arriesgó, y para dar con los responsables de los vuelos consideró “imprescindible investigar a la Fuerza Aeronaval 3 de Ezeiza”, dato que coincide con las declaraciones de ex mecánicos del área militar de Ezeiza citados el mes pasado por Páginal12.

Tiburones y panteras

Varios condecorados tuvieron una larga carrera naval. La mayoría pasó a retiro en la década del ’90. Seis siguieron en actividad en el siglo XXI. Héctor Julio Alvarez alcanzó el grado de vicealmirante. En 1998 participó como comandante del Area Naval Austral del primer ejercicio combinado con la Armada de Chile. En la foto que publicó La Nación aparece tomando un café, en Puerto Williams, con el contraalmirante chileno Jorge Arancibia Clavel. En 1999 el presidente Fernando de la Rúa lo nombró director de Personal Naval. Entre 2003 y 2006 presidió el Foro de Almirantes Retirados.

Cinco llegaron a ser contraalmirantes: Gerardo Enrique Ferrer, Jorge Daniel Marquardt, Jorge Horacio Fuertes, Mario José Bilesio y Horacio Luis Ferrari. En septiembre de 2003 el ex presidente Néstor Kirchner designó a Ferrari como Director de Inteligencia Naval, cabeza de la estructura que sería denunciada por el espionaje ilegal en la base Zar. El ex ESMA es también vicepresidente del Centro Naval y “capitán general de rugby” en el club Centro Naval. Un sobreviviente denunció en 2007 que Ferrari era el apellido de “Pantera”, jefe de operaciones del GT 3.3 que reemplazó a Enrique Yon. Otro mencionó al “teniente Ferrari” a secas. El fiscal Eduardo Taiano precisó en su dictamen de 2005 que “Pantera” era en 1977 teniente de navío. El condecorado era en 1978 teniente de fragata. Vive en un departamento de la avenida Libertador.

Entre los distinguidos hay al menos dos sobre quienes obran en la causa datos contundentes. Un “suboficial Mazola” aparece en distintas declaraciones como “ayudante de Acosta y Radice”. En 2005 Taiano incluyó en su dictamen a “Aníbal José Mazola” y apuntó que actuó entre 1977 y 1979 en el sector de logística del GT 3.3. La Armada respondió que ningún suboficial tenía ambos nombres y envió el certificado de defunción de un tal Julio Mazola. Hasta allí llegó la búsqueda de la Justicia. La condecoración precisa el nombre: “Suboficial mayor Domingo Aníbal Mazola”, que hoy tiene 78 años.

Los sobrevivientes recuerdan a tres miembros del Servicio Penitenciario Federal en la ESMA. “Fragote” es Carlos Generoso, preso en Ezeiza. “Paco” es Roberto Naya, prófugo. El tercero se apodaba “Yoli”, “presumiblemente apellidado Guerra”, apuntó el fiscal Taiano. Massera condecoró a tres penitenciarios: Generoso, Naya y el “oficial adjutor Arturo José Guerra”, que hoy tiene 59 años, vive en Ezeiza y llegó a ser alcaide mayor.

Un razonamiento similar se aplica a los miembros de la Policía Federal. Massera condecoró a siete. Ernesto Weber, maestro en el arte de la picana, goza de arresto domiciliario. Juan Carlos Fotea Dineri, alias “Lobo”, está preso en Marcos Paz. Siguen prófugos Roberto González, alias “Federico”, el “Gordo Juan Carlos” Linares y Pedro Salvia, alias “Angosto”. Carlos Pérez, alias “Bicho”, está muerto. El último es el agente Raúl Cabral, cuyo apellido nadie conocía y “tiene que ser Tiburón porque es el único que falta del grupo de la Federal”, apunta un sobreviviente. Taiano incluye a “Tiburón” en 1977 y 1978 en el sector operaciones del GT 3.3.

Abnegados

Las condecoraciones “al esfuerzo y la abnegación” son las únicas que incluyen a civiles. Oscar Hermelo intervenía en la preparación de los autos no identificables que se usaban en los secuestros. “En 1977 era mi subordinado en el Taller de Automotores, hombre de confianza del grupo de tareas”, escribió el capitán Adolfo Scilingo en 1995, cuando el menemismo designó a Hermelo como fiscal de ejecución. El artículo que ese año publicó Horacio Verbitsky incluye una foto en el taller de la ESMA donde Scilingo le entrega una maqueta de un auto en reconocimiento por su labor. Hermelo sobrevivió en el Ministerio Público hasta el mes pasado. Renunció tras una investigación ordenada por el procurador Esteban Righi a partir de una denuncia del legislador Juan Cabandié, nacido en la ESMA. El fiscal Alejandro Alagia consideró probada su actuación en la ESMA.

Gonzalo Torres de Tolosa, también abogado, ex defensor de varios de sus compañeros, está denunciado como asiduo visitante a la ESMA, miembro del sector “automotores”, y pariente lejano del Tigre Acosta. Scilingo declaró que el “Teniente Vaca”, a quien identificó como Torres de Tolosa, lo acompañó en uno de sus dos vuelos de la muerte. Estuvo apenas un día preso, por orden del juez español Baltasar Garzón. Taiano solicitó su detención hace ya cuatro años.

El mérito del “instructor de práctica” Carlos Héctor Gattoni sería el buen mantenimiento de las picanas. “Gattoni era el apellido de un profesor de la ESMA a quien apodaban ‘Gato electrónico’”, recordó un sobreviviente. “Era profesor de electricidad o de física. Había quedado mal de la cabeza después de tirarse un clavado a una pileta vacía. Tenía entre 30 y 35 años, usaba bigotito”, agregó.

Entre los abnegados figura también el suboficial mayor del Ejército Juan Alberto Brezzo, mencionado por Scilingo en “automotores” con “un sueldo espectacular”, y el “instructor de práctica” José Cotelo. El capitán de navío Oscar José Cabrera murió en 1981. El capitán Osvaldo Agustín Garutti, fallecido hace una década, era íntimo del almirante Chamorro, director de la ESMA. El agente civil Luis Antonio Corvini falleció a los 84 años hace menos de un año. Su esposa no recuerda la condecoración aunque sí que “trabajó toda la vida en la ESMA, enseñaba mecánica”. El médico Francisco Antonio Diez, comisario inspector de la Policía Federal y vecino de Palermo nacido en 1920, habría muerto dos años atrás.

SUBNOTAS


Nadie estuvo, nadie vioPor Diego Martínez


De la milicia a los negociosPor Diego Martínez

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Comision Etica Contra la Tortura se entrevista con General de Carabineros de Chile-06-11-09

Comision Etica Contra la Tortura se entrevista con General de Carabineros de Chile
por CECT (Chile)


viernes, 06 de noviembre de 2009

El jueves 29 de octubre, a las 16 horas, una delegación de la Comisión Ética contra la Tortura (CECT) fue recibida por el general Aquiles Blu de la Dirección General de Orden y Seguridad Pública de Carabineros de Chile, junto a su asesor jurídico, capitán Barros. Dicha reunión se acordó tras la solicitud presentada por la CECT luego de que diversos medios de comunicación, incluida Televisión Nacional de Chile (TVN) exhibieran las imágenes de un aspirante del GOPE de Carabineros, amarrado de pies y manos a su espalda, encapuchado y colgando de los pies desde un cordel tirado por otros “alumnos del GOPE”, para sumergirlo en un recipiente con agua, técnica de tortura e interrogatorio que se conoció durante la dictadura de Pinochet como “el submarino”.

Al mismo tiempo que la Comisión Ética contra la Tortura manifestara su preocupación por el hecho de que tales enseñanzas tendrían como objetivo preparar a los policías en el uso de la tortura en sus actividades represivas, se hizo entrega al general de un dossier con más de 60 páginas de lo que ha sido en el último tiempo el accionar policial en la Región de la Araucanía en el marco del conflicto mapuche. También se le explicó que nuestra presencia en la Dirección General de Carabineros se enmarcaba en el rol que juega la sociedad civil en las acciones de prevención de la tortura, tal como lo exige el Protocolo Facultativo de la Convención Internacional Contra la Tortura y Otros Penas o Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes del que Chile es signatario. Por ello, también se le hizo entrega del documento “Rol de la Sociedad Civil” publicado por la Asociación para la Prevención de la Tortura, entidad consultora del Subcomité Contra la Tortura de Naciones Unidas, material que el general agradeció.

El representante de Carabineros de Chile manifestó que Por tanto, aquel casu institución se opone a la tortura "por doctrina" y que en los planteles educacionales y mallas curriculares de formación del personal se contempla el estudio de los derechos humanos y del derecho constitucional.Por tanto, aquel carabinero que efectuase una práctica del tipo del denunciado por la CECT, es inmediatamente expulsado, tal como ha acontecido con el carabinero que golpeó con sus pies en la cara a un miembro de la etnia mapuche, estando éste ya estaba reducido, y que también fue mostrado por la televisión. Agregó el general que la imagen del “aspirante del GOPE” cuestionada por la CECT, se habría debido a una difusión fortuita, ajena a la institución, publicada por una persona extraña, tal como lo hacen los jóvenes que publican sus fotos. Según el General Blu, la formación del GOPE exige entrenar y poner a prueba a sus integrantes en el autocontrol, dadas las situaciones imprevistas y difíciles que deberán enfrentar, puesto que el GOPE es una fuerza de élite, lo que graficó con el ejemplo de un integrante del GOPE que habría rescatado desde un río a 19 cuerpos, lanzándose igual número de veces a sus aguas frías desde una determinada altura. Ese hombre del GOPE –dijo- estaba entrenado para controlar la apnea y hacer un ejercicio que cualquier persona no puede realizar sin entrar en pánico. Es, justamente, este “ejercicio” publicado, el que posibilitaría tal reacción, ya que colocado en una situación similar, este sujeto podrá actuar eficazmente. En ningún caso se le estaría preparando para aplicar tormentos a otras personas, según nos señaló. Además, estas personas también contarían con apoyo psicológico y médico, como parte de su formación y desarrollo profesional.

La Comisión Etica contra la Tortura (CECT) manifestó que, aún cuando estos “entrenamientos” se encuentren planificados y científicamente controlados, atentan contra el artículo 5º de la Declaración Universal de Derechos Humanos y que no comparte que la formación de los integrantes de Carabineros sea con el uso de prácticas de tortura.

También se expresó que desde hace varios años, la Comisión Etica Contra la Tortura ha recibido denuncias de tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de Carabineros en las manifestaciones públicas hacia estudiantes, trabajadores y particularmente hacia el pueblo mapuche, afectando especialmente a sus niños. Por de pronto, se recordó que el 7 de agosto de 2008, la CECT efectuó una conferencia de prensa pidiendo el fin de la represión a las manifestaciones de las organizaciones sociales.

La CECT indicó que todas las denuncias por represión policial las reporta al Secretariado Europeo de la Comisión Etica contra la Tortura, al Secretariado Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina (SICSAL) y al Subcomité contra la Tortura de ONU, cuestión que se hará con el contenido de la reunión en curso, además de publicar y entregar cada 26 de junio, Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, un Informe sobre la represión y la práctica de la tortura a La Moneda y a la Dirección Nacional de Carabineros de Chile, (del que no se ha recibido ninguna respuesta por parte de la institución policial), así como su distribución a las organizaciones internacionales de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Le explicamos que nuestro objetivo como organización es ERRADICAR LA TORTURA de nuestro país.
La CECT pidió formalmente a Carabineros de Chile el establecimiento de una instancia de denuncias sobre abuso policial, a lo cual se nos respondió que toda denuncia se debe llevar a cabo a través de la Secretaría General de Carabineros y, “por último” –dijo el general-, “están los Tribunales de Justicia”.
También el General señaló que personas de la etnia mapuche han sido heridas por sus propios compañeros (caso del joven de 17 años con 100 perdigones en sus piernas); que se exhiben mentiras a través de los medios de comunicación (caso del niño de 14 años que fue amenazado con ser lanzado desde un helicóptero); que muchos casos de niños heridos lo padecen por responsabilidad de sus padres (nos informó que hay mapuche que “usan” a los niños como si fueran escudos, caminan con ellos, estando armados!). Se le explicó que de las 9 etnias que sobreviven en Chile, ninguna tiene como “costumbre” usar a sus niños y que, muy por el contrario, los niños son altamente protegidos por estos pueblos.

Finalmente, es necesario señalar que la Comisión Ética Contra la Tortura escribió cartas a la Presidenta de la República solicitando audiencias ante las imágenes que mostraban el entrenamiento a los integrantes del GOPE; al Sub Secretario del Interior, Sr. Patricio Rosende y al Director Nacional de Carabineros de Chile. De la entrevista con Carabineros damos cuenta en esta nota. De las solicitudes de entrevistas a La Moneda, se adjunta archivos de sus insólitas respuestas, escaneadas.

COMISIÓN ETICA CONTRA LA TORTURA
Santiago de Chile, 2 de noviembre de 2009.

Comentarios (3)

merced

el 08-11-2009 12:37 Señores “comisión Ética y tortura” no se extrañen ¿Uds. saben que el día 5 de noviembre, la cámara de diputados ha probado una ampliación de planta y modifica ley orgánica de gendarmería de Chile.? En esta, se vuelve a militarizar la estructura de gendarmería, se le devuelve sus grados militares, que por convención internacional, incluso Pinochet les quito. Se crea la subdirección operativa, y se elimina las técnica, la que realiza los programas de tratamiento. En la ampliación de planta se excluye al personal civil. miren lo que dicen Normas Internacionales de Derechos Humanos para Funcionarios de Instituciones Penitenciarias” Sección 11 relativa a Administración de Prisiones y Personal Penitenciario. código S:11_2 la administración de prisiones estará en manos de civiles, no debe ser parte de una estructura militar. Esto se ha hecho en democracia..les insto a informarse al respecto, ha sucedido algo muy grave.

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el 08-11-2009 08:43 ojo con esto."Por tanto, aquel carabinero que efectuase una práctica del tipo del denunciado por la CECT, es inmediatamente expulsado, tal como ha acontecido con el carabinero que golpeó con sus pies en la cara a un miembro de la etnia mapuche, estando éste ya estaba reducido, y que también fue mostrado por la televisión." quien fiscaliza la expulsion,¿se cumple realmente?.la propia intitucion no da garantías,cuando las policias hacen montajes pierden credibilidad.
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Lito Barraza

, el 07-11-2009 11:26 Escuchar estupideces de los uniformados es un lugar comun,pero esta explicacion que han dado para preparar al personal del GOPE es demencial.Porque todas las personas que trabajan en instituciones de salvatajes,como los bomberos,en sus entrenamientos deberian ser sometidos a estas practicas bejatorias y no existen estos entrenamientos en ninguna institucion.Lo unico que las instituciones armadas nos han mostrado a los chilenos es su accion represiva y criminal hacia los civiles.Los responsables de estos entrenamientos en la policia deberia ser llevados a los tribunales por promover y fomentar la tortura.Esto es un acto ilegal y criminal en todo el planeta y debe ser sancionado ,no olvidemos que Chile ha firmado con organismos internacionales su oposicion y condena a estas practicas...
piensachile.
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