miércoles, 6 de enero de 2010

Congreso dio luz verde a la píldora del día después 06-01-10


Congreso dio luz verde a la píldora del día después

/ Lanacion.cl

Diputados aprobaron los cambios hechos por el Senado a la iniciativa que fue despachada del congreso, asegurando la distribución gratuita del mecanismo de anticoncepción de emergencia.

Miércoles 6 de enero de 2010 Actualizada 13:32 País

Pese a los cuestionamientos a la modificación del Senado que hace referencia a la prohibición del aborto, salió adelante en su último trámite el proyecto que garantiza la distribución gratuita de la píldora del día después.
La Cámara aprobó por 54 votos a favor, 37 en contra y 2 abstenciones la polémica indicación que sentencia que “no se considerarán anticonceptivos aquellos métodos cuyo objetivo o efecto directo sea provocar un aborto”.
Por 59 votos a favor y 29 en contra se aprobó que el medicamento sea entregado a las niñas menores de 14 años con el posterior aviso a un adulto responsable que ellas indiquen.
La ministra del Sernam, Carmen Andrade, destacó que esta ley “permite la distribución de la píldora en todos los consultorios del país, lo que hoy estaba restringido porque solamente era posible adquirirlo en las farmacias, es decir que las personas que tenían recursos podían adquirirla y no así las mujeres de sectores pobres”.
Marco Antonio Núñez (PPD) apuntó que con esta aprobación “hemos dejado atrás definitivamente una intentona que duró muchos años, encabezada por los parlamentarios de la UDI, que hizo que la píldora del día después haya estado vedada de los consultorios y prohibido su uso en la práctica para la gran mayoría de chilenas”.
Recalcó que una vez que la Presidenta Michelle Bachelet promulgue el proyecto, luego que pase la revisión constitucional, “todas las familias van a poder elegir el método anticonceptivo que más les convenga sin que ningún Tribunal Constitucional por minoría quiera decidir por ellos de manera dogmática”.
Este proyecto viene a corregir la situación generada a partir del fallo del TC que, a petición de un grupo de diputados mayoritariamente de derecha, frenó la distribución de la píldora en los consultorios.
Uno de los principales detractores de la píldora, José Antonio Kast (UDI), dijo que “un fallo del TC no se enmienda a través de una ley posterior, por lo tanto esta ley opera sobre lo que dice el fallo”, apuntando que no es contrario a los anticonceptivos, sino que “lo único que discutimos es el uso de pastillas como esta que tienen eventualmente efectos abortivos”.
Reclamos de personas como Kast que pudieran producirse contra la píldora del día después, insistiendo en que sería abortiva, no generarían problemas en la distribución, ya que sería el reclamante quien debiera probar en ese caso que hay efecto abortivo, cuestión que científicamente no se ha hecho.
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POLICIA BRAVA- VIOLENCIA DE LA POLICIA FEDERAL EN LOS ULTIMOS MESES-06-01-10

POLICIA BRAVA





Por Horacio Cecchi


Un informe de la Defensoría del Pueblo porteña alerta sobre el aumento de la violencia desplegada en la Capital por la Policía Federal en los últimos dos años. Los veinte casos graves seleccionados incluyen cuatro homicidios, desalojos y represión


UN INFORME DE LA DEFENSORIA PORTEñA ALERTA SOBRE EL AUMENTO DE LA VIOLENCIA DE LA POLICIA FEDERAL EN LOS ULTIMOS MESES


Volvió el palito de abollar ideologías





El Informe de la Defensoría porteña fue realizado sobre un centenar de denuncias recibidas en los últimos dos años. De ellas seleccionaron los veinte casos más violentos de intervención de la Federal. Entre ellos, cuatro homicidios, desalojos y represión.

Por Horacio Cecchi


Veinte casos de extrema gravedad –entre los que se cuentan cuatro homicidios–, sobre un centenar de denuncias recibidas por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dan cuenta del grado de violencia de la Federal entre 2008 y 2009. Todos los casos fueron llevados a la Justicia penal, pero en buena parte los denunciados fueron sobreseídos o las causas archivadas rápidamente si se tiene en cuenta lo reciente de las denuncias. Los veinte casos forman parte de un informe desarrollado por la ombudsman porteña Alicia Pierini, a partir de la creación en 2007 de la Oficina de Seguridad Urbana. El informe sostiene que la violencia policial se agravó en estos dos últimos años y, especialmente, en los últimos meses de 2009. El documento cubre las denuncias recibidas por la Defensoría hasta el 31 de octubre pasado y no llegó a incluir la represión en el recital de Viejas Locas (14 de noviembre pasado) en Vélez Sársfield, del que resultó la muerte del adolescente Rubén Carballo, o el violento desalojo de la Plaza de Mayo en oportunidad de la marcha de la Mutual Sentimiento (9 de noviembre). “Hace mucho tiempo que en la Capital no se desataban represiones como éstas, sin que hubiera una provocación previa. Es preocupante porque va en contra de la política del gobierno nacional, que no es represiva”, señaló Pierini a Página/12. “Todo lo que es un exceso una vez probado se sanciona –aseguró a este diario el secretario de Seguridad, Sergio Lorusso–. Los que ocurren son excesos individuales. Ellos (por los federales) saben que todos los excesos van a ser llevados por particulares o por la misma institución a la Justicia.”
El informe, de 65 páginas, consta de diez capítulos y tres anexos sobre causas abiertas por represión policial en marchas, desalojos, y sobre casos de víctimas individuales. Bajo el título de “Informe especial sobre violencia policial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, el documento describe y trabaja sobre “los patrones comunes de irregularidades” policiales. En su Introducción, el informe sostiene que “el nivel de violencia institucional en general, y en particular de violencia policial, también había mostrado un descenso hasta el año 2007 (...). Sin embargo, eso no significaba que muchas de las prácticas policiales ilegales se hubieran eliminado. Por el contrario –subraya el documento–, en varios de los casos que llegaban a conocimiento de esta Defensoría del Pueblo, así como en otros que tomaron conocimiento público o fueron trabajados por otros organismos, se pudo observar que estas prácticas persistían”.
El argumento central del documento es que el abuso, la corrupción y la violación de los derechos humanos, con índices diferentes según los años, constituyen prácticas policiales que la Federal pareciera arrastrar después de veintiséis años del fin de la dictadura militar, especialmente el funcionamiento de un “modelo tradicional que supone el predominio de rutinas y hábitos caracterizados por un sesgo autoconservativo, orientado a desarrollar acciones inscritas en una perspectiva bélica del control delictivo”. Agrega que dicho modelo tradicional está dirigido a controlar “todo tipo de conducta, incluso de acciones no delictivas, inscritas en conceptos primitivos de salubridad y moralidad pública”, y que en general dicho control se realiza sobre “personas en general socialmente vulnerables, consideradas y estigmatizadas por la propia policía como peligrosas, según una visión asentada, casi siempre, en una perspectiva discriminatoria”. A tales efectos, podría hablarse de jóvenes, marginales, desempleados, piqueteros y protestas sociales.
“No es toda la Capital –dijo Alicia Pierini–. Son comisarías. La mayoría del sur y del centro de la ciudad, las que tienen relación con el fútbol, roce con las barrabravas. Lo que hacemos es poner un alerta para que se tome en cuenta, sobre todo porque esta violencia no le hace ningún favor a la política del gobierno nacional, que no es represiva. ¿Cómo puede ser que un chico esté en la morgue 65 días y sea enterrado como NN? No pasó jamás en la democracia.”
El análisis de las situaciones de violencia policial fue realizado sobre desalojos, marchas o víctimas individuales. Entre los veinte casos seleccionados figuran el del desalojo de la cooperativa de cartoneros El Alamo, del Centro cultural Almagro, el 12 de agosto pasado (donde se registraron heridos y nueve detenidos), el desalojo de la Huerta Orgázmika, en Caballito, el 18 de mayo pasado, y la represión el día posterior por una protesta ante el CGP 6, en reclamo por el violento desalojo policial.
En los casos de violencia policial en desalojos, el informe diferencia entre los que se produjeron con orden judicial y los que no la tuvieron, y entre estos últimos, los que se sostienen en “una resolución administrativa” y los que se producen alegando “facultades propias de la policía”.
“Lejos de respetar los principios de razonabilidad y proporcionalidad, los han transgredido incumpliendo con las normas vigentes.” El documento agrega que “se ha podido apreciar en la mayoría de los procedimientos de desalojos la presencia de niños, lo cual es un agravante visto y considerando la normativa de protección preferencial de este grupo”.
Otro capítulo lo constituye la “actuación policial en casos individuales”. En ellos, la violencia parece sostenerse en el hecho de que las víctimas fueron descriptas como “supuestos delincuentes”, lo que según el discurso policial habilitaría a la acción de “abatirlos (...) como una práctica aceptada dentro de las rutinas cotidianas” policiales. Como explicación de la acción aparece el objetivo de “control de ‘ilegalismos’, (que) es lo que permite –sostiene el informe– que la cuestión de la brutalidad policial entre y salga del debate público, sin mayores modificaciones del número de víctimas sobre las cuales año a año se ejerce este abusivo accionar policial”.
El eje de esta práctica se sostiene por la “deficiente formación en derechos humanos de la policía, que no percibe que la vida es el derecho de mayor jerarquía, y en consecuencia no puede ser violado en defensa del derecho de propiedad”.
Que el informe se traduzca en una crítica severa si no en una denuncia salta a la vista cuando sostiene que “abatir a un supuesto ladrón, sin que medie la legítima defensa, es lisa y llanamente un homicidio, aunque luego el subterfugio de ‘plantar’ un arma y aducir enfrentamientos otorgue impunidad”. Del mismo modo, tampoco parece medirse la vida del propio policía como un valor, “y no debería arriesgarse sin medir cabalmente el derecho que se defiende y cómo se lo hace”. Vidas policiales que, por otro lado, al perderse son levantadas públicamente por la institución como mártires, con lo que se logra un doble objetivo: encubrir el error de no valorar la vida del policía y sostener en alza la rueda de violencia policial supuestamente justificada.
El informe agrega que “en los casos aquí analizados se advierte una brecha entre el ‘accionar real’ desplegado por los efectivos policiales en el procedimiento y el ‘deber ser’ jurídico al que están legalmente sujetos. El uso de la fuerza resultó excesivo, desproporcionado o irracional; y llevado a cabo generalmente contra personas y sectores de la población social y económicamente más vulnerables de la ciudad”.
El motivo de la “mala imagen” de la Federal, como destaca el Informe, se sostiene no sólo en sus actos violentos, sino que también “en muchas oportunidades la versión policial dista notablemente de la versión de las víctimas y, en algunas de ellas, se ha constatado que inclusive difieren de los hechos comprobados en causas judiciales”. En pocas palabras, el escaso ajuste de la versión policial a la realidad.
Para analizar los patrones comunes de la actuación policial, el Informe plantea encontrar respuestas a “la legitimación social que los agentes encargados de hacer cumplir la ley creen estar cumpliendo”. Y agrega que “falsamente se presupone de antemano que ante mayor protección de los derechos individuales, menos seguridad y viceversa. Visto de esta manera el hecho de que los agentes del orden violen los derechos humanos estaría justificado a los fines de la seguridad pública general. Esta tensión entre la protección del derecho a la integridad física de los ciudadanos y el uso real de la fuerza para prevenir el crimen y la delincuencia naturaliza la violencia y los abusos. Pareciera que algunas prácticas indebidas han quedado legitimadas al interior de la propia fuerza como consecuencia de su reiteración e impunidad”.
Entre las prácticas recurrentes aparecen “la utilización de estereotipos de la ‘sospecha’ sobre grupos sociales vulnerables ya sea por portación de tatuajes, rostro, vestimenta, edad en el caso de los jóvenes, características étnicas y también orientaciones sexuales, estableciéndose por parte de la policía juicios de peligro a priori sobre eventuales conductas de algunas personas, contrariando la tarea que les asigna la ley”. Estos estereotipos, finalmente, funcionan a modo de control social y se los intenta legitimar con la denominación de “conductas predelictuales”.
La justificación del accionar policial se sostiene en supuestas circunstancias previas que recomiendan la intervención policial, y lo hacen a partir del “grado de sospecha” que esas circunstancias provocan, lo que permite la “detención o la requisa de la posterior víctima. Sin embargo, los ‘indicios vehementes’ –tal como citan los partes policiales–, las ‘circunstancias debidamente fundadas’ o los ‘motivos para presumir’”, requieren de descripciones precisas que fundamenten las “sospechas”. “Dicha fundamentación por lo general es inexistente y por ello se la ‘crea’ presumiblemente ‘a posteriori’ en varias ocasiones.”
hcecchi@pagina12.com.ar



SUBNOTAS


La autoridad como un abusoPor Horacio Cecchi




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Juica defiende mea culpa por rol de Justicia en dictadura--06-01-10

Juica defiende mea culpa por rol de Justicia en dictadura


/ Lanacion.cl / Agencias


El ex juez de la Primera Sala civil del máximo tribunal asumió esta mañana como nuevo presidente de la Corte Suprema, afirmó que las causas de derechos humanos tendrán una preocupación preferente durante su administración.


Miércoles 6 de enero de 2010 Actualizada 11:45 País


Milton Juica asumió esta mañana como nuevo presidente de la Corte Suprema en una ceremonia en donde defendió el mea culpa realizado el pasado 18 de diciembre sobre la actuación de la Justicia durante la dictadura de Augusto Pinochet.


“Creo que no provocó tanta discusión y controversia, no siento que haya sido una expresión que causara impacto en la sociedad, la cual la asimiló sin trauma”, manifestó Juica.


Dichas expresiones fueron defendidas por el ministro de Justicia, Carlos Maldonado, quien declaró que lo que el ex juez de la Primera Sala civil del máximo tribunal dijo es “lo que todos los chilenos pensábamos. Me parece bien que lo haya dicho, era necesario que la máxima autoridad del Poder Judicial dijera lo que muchos chilenos pensábamos, que el Poder Judicial durante la dictadura no cauteló los derechos de las personas”.


También Enrique Cury, ex magistrado de la sala penal de la Corte Suprema, se refirió al tema y aseveró que las declaraciones de Juica “me parecen extraordinariamente relevantes, hubo una oportunidad en que se discutió el asunto en la corte y se censuró a un muchacho que escribió una tesis en que decía que debería haber pasado eso y yo fui el único que voté que no se podía sancionar a un niño que decía lo que yo pensaba sobre lo que la Corte debía haber hecho”.


El nuevo presidente del máximo tribunal agregó que el tema de los derechos humanos tendrá una preocupación preferente durante su administración, siendo partidario que los procesos pendientes avancen lo más rápido posible y concluyan en el próximo bienio.


“Esa aspiración depende de otros factores ajenos a nuestras voluntades. Tengo la conciencia que nuestros jueces están trabajando duramente para poner término a esos procesos y dar a la ciudadanía una respuesta, lo que servirá para apaciguar los espíritus de los sucesos que dieron lugar a los procesos”, afirmó.


A la ceremonia concurrieron, además del ministro Maldonado; el vicepresidente del Senado, Carlos Bianchi; el fiscal nacional, Sabas Chahuán, y el contralor general de la República, Ramiro Mendoza.

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Brasil crisis militar renuncia masiva FF.AA:Lula propone la creación de una Comisión Nacional de la Verdad--06-01-10

Miércoles, 6 de Enero

Lula propone la creación de una Comisión Nacional de la VerdadCúpula militar brasileña presiona para que no se investiguen los crímenes de la dictadura

En ningún país resulta fácil afrontar el pasado y depurar responsabilidades: de eso saben mucho en Latinoamérica, especialmente allá donde se sufrieron dictaduras militares en los setenta. Pero mientras en los últimos años países como Argentina y Chile han comenzado a procesar a quienes fueran sus tiranos, en Brasil, un cuarto de siglo después del fin de la dictadura que gobernó la nación entre 1964 y 1985, sigue pendiente la cita con la historia.

Consciente de ello, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva proponía el pasado 21 de diciembre la creación de una Comisión Nacional de la Verdad para investigar los delitos que se cometieron al amparo de aquel régimen. Al día siguiente, se desataba la que muchos califican como la peor crisis político-militar en los siete años de presidencia de Lula.

La Comisión, propuesta dentro de un Programa de Derechos Humanos, pretendía identificar a los responsables de 475 muertes o desapariciones y de las torturas a 20.000 personas durante ese periodo. En cambio, los militares lo interpretaron como un intento de derogar la Ley de Amnistía de 1979, una ley de punto y final sobre esa etapa de Brasil.

Dimisiones

El proyecto que fue tildado de “provocador y revanchista” por los militares, también contemplaba el cambio de nombres y edificios que fueron bautizados en homenaje a los dirigentes de la la dictadura.

El ministro de Defensa, Nelson Jobim, y los tres comandantes de las Fuerzas Armadas el general Enzo Peri, del Ejército, el general Juniti Saito, de la Fuerza Aérea, y el almirante Julio Moura Neto, el comandante de la Marina pusieron la semana pasada sus cargos a disposición del presidente, quien no aceptó las dimisiones y acabó cediendo a sus presiones: Lula se comprometió a “revisar” los aspectos más delicados del proyecto y retrasó hasta abril una definición del plan.
Una vez más, la cúpula uniformada hizo valer su fuerza. “La presión militar es fortísima”, confesó un miembro del Gobierno al diario Folha de Sao Paulo.

Lucha armada

Cuando la crisis saltó a las páginas de los diarios, el ministro de Justicia y uno de los precursores del proyecto, Tarso Genro, minimizó lo ocurrido y aseguró que Lula “lo resolverá todo cuando regrese” de vacaciones el 11 de enero. Sin esperar a esa fecha, los militares siguieron haciendo ruido: el parlamentario responsable de Defensa, Raul Jungmann, aseguró que “la crisis está solucionada, pero va a dejar secuelas porque se ha quebrado la confianza” de los mandos del Ejército.
Uno de los aspectos que más les ha molestado es la ausencia de referencias en el texto del proyecto al otro lado, el de los militantes de izquierdas que utilizaron la lucha armada para combatir la dictadura. Un general lo expresó con contundencia en declaraciones al diario O Estado de Sao Paulo: “Si quieren colocar a coroneles y generales en el banco de los acusados, también vamos a poner a Dilma [Rousseff, candidata de Lula a las presidenciales de este año]“, dijo en alusión al pasado guerrillero de la ministra.

Polémica amnistía

Lo cierto es que la ley de 1979 protege a unos y a otros; pero no se trató de una amnistía consensuada por las dos partes, sino de una ley impuesta por los dictadores antes de su disolución para garantizarse la impunidad.
El proyecto presentado por Lula no hablaba de derogar la Ley de Amnistía, pero sí de identificar a víctimas y verdugos, lo que podría abrir una vía para la depuración de responsabilidades. Máxime cuando el Supremo Tribunal Federal, la máxima corte del país, está analizando desde hace más de un año una demanda de familiares de asesinados y torturados para acabar con la impunidad.
La Corte Suprema está debatiendo si los casos de tortura y homicidio deben ser incluidos entre los “crímenes políticos” de que habla la ley. La cuestión llegó al alto tribunal después de que un juez de São Paulo rechazase que el ex coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, después condenado por torturas, se acogiese a la amnistía para evitar el proceso.

Heridas por cicatrizar

Al contrario que en Argentina, Chile o Uruguay, en Brasil todavía queda un largo camino por recorrer para que cicatricen las heridas que dejó el oscuro capítulo de la dictadura. La polémica sobre la amnistía surge de tanto en tanto, pero la indulgencia de Lula hacia los militares dista mucho de la firmeza de Néstor Kirchner y Michelle Bachelet.

No lo ha tenido fácil: cada vez que se ha avanzado un mínimo hacia el fin de la impunidad, las Fuerzas Armadas brasileñas han reaccionado en bloque y con rapidez, hasta conseguir que se entierre el debate. Una capacidad de influencia que lleva a preguntarse hasta qué punto la cúpula militar sigue controlada por la misma elite que gobernó el país durante el régimen militar.

Público / LibreRed

Fecha: 06/01/2010

abrebrecha.com
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Brasil-DDHH: Militares amenazan con renunciar

/ ANSA

Miércoles 30 de diciembre de 2009 Actualizada 08:25 Internacional

Los comandantes del Ejército, Enzo Martins Pieri, la Aeronáutica, Juniti Saito, y el ministro de Defensa Nelson Jobim amenazaron renunciar si el Presidente brasileño Luiz Lula da Silva crea la Comisión de la Verdad sobre los crímenes durante la dictadura militar, revelaron hoy medios locales.
Los altos jefes militares expresaron su disposición a dejar sus cargos luego que el Gobierno aprobó un proyecto para crear una Comisión de la Verdad sobre los crímenes contra disidentes políticos durante la dictadura (1964-1985), informó hoy Folha de Sao Paulo.
Ese proyecto, presentado en un acto el 21 de diciembre, encabezado por el Mandatario Lula y el secretario de Derechos Humanos Paulo Vannucci es “excesivamente insultante, agresivo y revanchista” hacia las Fuerzas Armadas, dijeron los militares el pasado 23 de diciembre, reveló Folha.
“La presión (militar) es fortísima”, afirmó una fuente del Gobierno a ese diario.
Se estima que el Presidente no adoptará una posición definitiva sobre el tema en los próximos días, pero se espera que lo haga a su regreso de las vacaciones el 11 de enero.
De acuerdo con Folha, el Mandatario dialogó con el secretario Vannucci a quien sugirió reelaborar el proyecto y buscar una fórmula de 2conciliación”.
Vannucci, ex preso político, también analiza renunciar al cargo en caso que la propuesta sea vetada por la presión militar.
En tanto, el diario Estado de Sao Paulo indica que el ministro de Defensa, Nelson Jobim, también habría expresado su intención de dejar el cargo ante el tenor “revanchista” de la iniciativa respaldada por la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Justicia.
El Plan Nacional de Derechos Humanos lanzado por Lula y Vannucci incluye varios ejes sobre temas como minorías sexuales, discapacitados y derechos sociales.
El punto que causó incomodidad entre los uniformados fue el “Eje Orientador 6: Derecho a la Memoria y la Verdad” que entre sus objetivos consigna el de “identificar y tornar públicas las estructuras” que el régimen montó para secuestrar, torturar y matar.
Ese ítem obligaría a las Fuerzas Armadas a entregar supuestos archivos con documentación sobre la represión.
El diario Estado publicó que los militares no aceptarán la revisión de la ley de Amnistía, sancionada en 1979, la cual prohíbe investigar y abrir procesos contra los uniformados.
Según ese diario, un general en actividad dijo que si los militares son procesados también deberían serlo la ministra y pre candidata presidencial Dilma Rousseff, ex presa política tras haber integrado una organización armada que enfrentó al gobierno de facto.
lanación
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Crisis militar en Brasil por la puesta en marcha de una Comisión de la Verdad

La cúpula de la Fuerzas Armadas amenazó con una renuncia masiva, en repudio a la iniciativa.
El organismo busca investigar delitos cometidos por el régimen militar entre 1964 y 1985. Y podría generar la reapertura de los juicios contra represores, congelados por una ley de 1979.

El proyecto del gobierno brasileño de crear una Comisión de la Verdad que investigue los crímenes de la dictadura (1964-85) desencadenó una inesperada reacción del cúpula militar, que amenazó con una dimisión generalizada.
La disputa se originó en vísperas de Navidad, con el lanzamiento del Programa Nacional de Derechos Humanos, una iniciativa del oficialismo que prevé la puesta en marcha de una Comisión de la Verdad para investigar crímenes cometidos por el régimen militar.
"Se trata de la mayor crisis político-militar del gobierno de Lula Da Silva", expresó Nelson During, editor de un sitio especializado de defensa.
Contrariamente a otros países de la región, en Brasil sigue en vigor una ley de Amnistía de 1979, que garantiza que no haya procesos contra los represores. "Existía un acuerdo de que cualquier modificación que afecte la amnistía obligaría a investigar los delitos de los dos lados (represores y resistencia), pero el Programa del gobierno mencionó sólo a los militares", dijo el titular de la comisión parlamentaria de Defensa, Raúl Jungmann.
El legislador confirmó que, roto el acuerdo, el ministro de Defensa, Nelson Jobim, secundado por los comandantes de las tres Fuerzas, pusieron su cargo a disposición, y sólo retrocedieron ante el compromiso del presidente Lula de revisar los puntos sensibles del Programa de Derechos Humanos.
"Desde el punto de vista militar, la crisis está solucionada, pero dejará secuelas porque se quebró la confianza", dijo Jungmann, quien advirtió que la resistencia ahora es del ministro de Derechos Humanos, Paulo Vanucci.
No existe "ninguna controversia insanable entre el ministerio de Defensa y la Secretaría de Derechos Humanos. (Lula) lo va a resolver con su capacidad de mediación cuando vuelva de vacaciones", declaró a la prensa este miércoles el ministro de Justicia, Tarso Genro.
El colegio de abogados brasileño criticó las "presiones" del comando militar: "Amnistía no es amnesia", replicó Cesar Britto, presidente de la entidad, que reclama con una acción en la Corte Suprema una reinterpretación de la ley de amnistía que permita conocer la verdad y procesar a los torturadores.
Los militares se han resistido a toda iniciativa que amenace revisar la amnistía en Brasil, país que reconoce 400 víctimas entre muertos y desaparecidos. "Si quieren poner a coroneles y generales en el banco de los acusados, también vamos a poner a Dilma (Rousseff, ministra jefe de Gobierno, ex guerrillera, y posible candidata de Lula a sucederlo en 2010)", desafío un general en estricto anonimato.
clarin.com
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Atacante contra CIA en Afganistán era doble agente-06-01-10


La Habana, 6 de enero de 2010

Atacante contra CIA en Afganistán era doble agente

AMMÁN .
— El autor de un reciente ataque contra la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense en Afganistán trabajaba como agente de los servicios de inteligencia jordanos y de Al-Qaeda, informaron hoy varias fuentes.

Según PL, la agencia de noticias Petra identificó al suicida que atentó el pasado 30 de diciembre contra la base de la CIA Chapman, en la provincia afgana de Khost, como Hammam Khalil Abu Mulal al-Balawi, médico de profesión, quien tenía la misión de cooperar con la inteli­gencia norteamericana.

Petra y el canal qatarí Al Jazeera citaron fuentes de Jordania, según las cuales Al-Balawi —también conocido como Abu Dujana Al-Khorasani— era un doble agente que igualmente trabajaba para la red Al-Qaeda.

La misma fuente aseguró que Al­Bawali fue invitado a la base, porque declaró tener información útil para capturar a la mano derecha de Osama bin Laden, el egipcio Ayman al Zawahri.

Como resultado del ataque, murieron cuatro agentes y tres guardias de la CIA, así como el agente secreto jordano Ali bin Zaid, en lo que se considera el atentado más grave contra la seguridad estadounidense desde abril de 1983.

Un informe revelado este martes por tanques pensantes de Washington califica a los oficiales y analistas de inteligencia norteamericanos de ignorantes, enfocados demasiado en los enemigos, y no en los pobladores civiles que pueden ser reclutados.
granma.cu
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Miércoles, 6 de Enero
Hammam Khalil Abu Mulal al-Balawi, de profesión médico Atacante contra CIA en Afganistán era doble agente

Ammán, 5 ene (PL) El autor de un reciente ataque contra la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense en Afganistán trabajaba como agente de los servicios de inteligencia jordanos y de Al-Qaeda, informaron hoy varias fuentes. La agencia de noticias Petra identificó al suicida que atentó el pasado 30 de diciembre contra la base de la CIA en la localidad afgana de Khost como Hammam Khalil Abu Mulal al-Balawi, de profesión médico y que tenía la misión de cooperar con la inteligencia norteamericana.

Petra y el canal qatarí Al Jazeera citaron fuentes de Jordania, según las cuales, Al-Balawi -también conocido como Abu Dujana Al-Khorasani-, era un doble agente que también trabajaba para la red Al-Qaeda, que lidera Osama Bin Laden.

El sujeto trabajaba para la inteligencia jordana y apoyaba a la CIA en los esfuerzos por recabar información sobre el paradero del segundo hombre de Al-Qaeda, el egipcio Ayman Al-Zawahiri, y entrevistarse con él, apuntaron las fuentes.

Supuestamente proporcionó esos datos antes de llegar a la base de Khost y detonar los explosivos que el pasado miércoles causaron la muerte de ocho personas, de ellos cuatro oficiales de la CIA y tres guardias de seguridad contratados.

En el ataque también se reportó entonces la muerte de un oficial de inteligencia jordano que la agencia Petra identificó como capitán Sharif Ali Bin Zeid, cuya pertenencia a la familia real hashemita justificaron la presencia de los reyes en su funeral.

Las autoridades jordanas expresaron su malestar por las revelaciones de que Al-Balawi haya trabajado al servicio de Al-Qaeda y que, de acuerdo con algunas hipótesis, haya sido enviado por el propio Al-Zawahiri para perpetrar el ataque.

ocs/ucl
Fecha: 06/01/2010
gacetaoficial.abrebrecha
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Jefe de servicios de inteligencia estadounidenses critica papel del espionaje en Afganistán

El representante de servicios de inteligencia en Afganistán señala que las actividades han sido confusas.
Michael Flynn, critica que su país se haya dedicado a "capturar o matar a insurgentes de medio y alto nivel".

En el ataque suicida donde murieron siete agentes de la CIA tambien falleció el capitán jordano Sharif Ali Bin Zeid.

Tras el ataque suicida que mató a siete agentes de la CIA en Afganistán, el responsable de los servicios de inteligencia estadounidense en territorio afgano criticó la labor de espionaje de Estados Unidos tras ocho años de guerra en esa nación centroasiática.

TeleSUR _ Hace: 13 horas

El responsable de los servicios de inteligencia del Ejército de Estados Unidos (EE.UU.) en Afganistán, el general Michael Flynn, ha criticado el trabajo de las agencias de espionaje de su país en territorio afgano y lo considera "confuso".
En un informe de la organización Center for New American Security, Flynn, afirma que en ocho años de guerra, la actividad de los servicios secretos ha sido marginalmente importante en la estrategia global en Afganistán. El jefe de los servicios de inteligencia estadounidense en Afganistán critica que los agentes de su país se hayan centrado casi exclusivamente en "capturar o matar a los insurgentes de medio y alto nivel".
"Es necesario para ganar una guerra", asegura el general, pero pasa a segundo plano si se compara con la importancia de obtener información "sobre el contexto de las operaciones" y de "distinguir entre los talibanes y el resto de la población afgana" con el fin de tomar las "decisiones importantes".
Según un informe que muestra las tensiones entre el Ejército y las agencias de espionaje estadounidenses, Flynn cree que los agentes son "desconocedores de la economía local y de los terratenientes, están confusos sobre las personas próximas al poder y cómo pueden influir en ellas".
Asegura además que no se interesan en los proyectos de desarrollo y en la forma en que los campesinos podrían ayudar, asimismo no se comprometen con "la gente en la mejor posición para encontrar respuestas, como cooperantes o soldados afganos".Flynn exhortó también a realizar "importantes cambios culturales" a la hora de obtener una información más amplia en mayor número de capas sociales.
El informe se publicó días después de que un suicida matase a siete miembros de la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus siglas en inglés) en una base estadounidense al este de Afganistán. El hecho es considerado uno de los ataques más sangrientos en la historia de la CIA.
Suicida: agente doble
El suicida que atacó a los siete agentes de la CIA la semana pasada en Afganistán era un "agente doble": trabajaba en la agencia estadounidense y para la Inteligencia jordana, según informó este martes el sitio web de la cadena qatarí Al Yazira.
Por su parte, la corresponsal de Al Yazira en Ammán (capital de Jordania), Nesrin al Shamyleh, explicó que, en el pasado, el atacante Humam Khalil Abu-Mulal al-Balawi había sido detenido y torturado en prisiones jordanas por participar en reuniones de la red Al Qaeda.
"Tras su liberación, fue convocado varias veces por la Inteligencia de Jordania y se cree que, durante ese período, y por los valiosos conocimientos de Al Balawi sobre Al Qaeda, él podría haber sido reclutado por la Inteligencia jordana", agregó Shamyleh.
Agentes y ex funcionarios de inteligencia dijeron que la CIA inició una profunda investigación sobre esa falla de seguridad sin precedentes.
Las investigaciones revisarán cómo el supuesto atacante suicida fue reclutado por la inteligencia jordana y si otros agentes que trabajan con EE.UU. pueden ser espías.
Ex funcionarios de la agencia afirmaron que los investigadores exploran un amplio margen de pistas, que incluye posibles vínculos entre el atacante y la red del comandante talibán afgano Jalaluddin Haqqani, uno de los objetivos prioritarios de la CIA.
El ataque, ocurrido el pasado miércoles 30 de diciembre, se cobró las vidas de siete trabajadores de la agencia estadounidense y de un agente de la Inteligencia jordana, identificado por la agencia de noticias estatal de Jordania, Petra, como capitán Sharif Ali bin Zeid, capitán del Ejército y familiar lejano del rey de Jordania, y que era el contacto del espía doble dentro de la base.
Según Al Yazira, el kamikaze se trasladó en coche desde Pakistán a la base Chapman de la CIA, donde ocurrió el atentado, situada en la provincia oriental afgana de Jost.A su llegada a la base de Chapman no fue registrado y se le facilitó el paso, pues se esperaba su visita con una información que podía conducir a las fuerzas estadounidenses hasta los líderes de Al Qaeda. La cadena de noticias qatarí señaló que se cree que Al Balawi, también conocido como Abu Duyana al Jurasani, ofreció a la agencia estadounidense de inteligencia nuevas informaciones sobre el paradero del "número 2" de Al Qaeda, Ayman Al Zawahiri.

teleSUR-El país-Efe-Reuters/yi-MFD
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El terrorismo islamista

El agente doble que eligió la ‘yihad’

El suicida que mató a siete miembros de la CIA en Afganistán se llamaba Human al Balawi, era jordano y trabajaba para Ammán y para Al Qaeda

YOLANDA MONGE - Washington - 06/01/2010
Su misión oficial era infiltrarse en las filas de Al Qaeda como un yihadista extranjero y obtener información para los estadounidenses sobre el paradero de la mano derecha de Osama Bin Laden, el médico egipcio Ayman Al Zawahiri. Pero el terrorista suicida que la semana pasada se inmoló en una base de la CIA en Afganistán matando a siete agentes tenía su propia agenda oculta.


Considerado un informante del espionaje jordano al servicio de los intereses de Washington en Afganistán, el espía trabajaba como agente doble al servicio de Al Qaeda, y habría sido enviado por el propio Al Zawahiri para cometer el atentado, uno de los más mortíferos —al menos conocido— en la historia de los servicios secretos de EE UU.

La CIA reconoce haber perdido “sólo” a 90 agentes en sus más de 60 años de polémica existencia. En su sede de Langley (Virginia), 90 estrellas de color negro sobre mármol blanco representan de forma anónima cada una de las bajas sufridas. El tributo a los caídos se completa con una inscripción en grandes letras doradas que dice: “En honor de aquellos miembros de la Agencia Central de Inteligencia que dieron su vida al servicio de su país”.

El autor del atentado ha sido identificado por la cadena de televisión NBC como Human Jalil Abu Mulal al Balawi, de 36 años. Era médico de profesión y provenía de Zarqa (Jordania), casualmente el mismo lugar donde había nacido el líder de Al Qaeda en Irak, Abu Musab Al Zarqawi, muerto en 2006 durante un ataque aéreo estadounidense.

Según los relatos de los medios de comunicación norteamericanos —que citan una fuente occidental conocedora de la investigación del caso—, el suicida habría sido arrestado en Jordania hace más de un año por las autoridades de Ammán, y convencido para que apoyase los esfuerzos de EE UU y Jordania en Afganistán para derrotar a Al Qaeda. Los servicios de espionaje jordanos estaban convencidos de que habían ganado al doctor para su causa y le enviaron a Afganistán, presumiblemente —y siempre según la misma fuente citada anteriormente— bajo las órdenes de un agente jordano, el capitán Sharif Ali Bin Zeid, cercano colaborador de la CIA en su base afgana.

Siguiendo un argumento digno de John Le Carré, la muerte de este auténtico agente jordano fue hecha pública la semana pasada, pero no se detalló el lugar exacto de su fallecimiento ni cuál era su misión en Afganistán. La agencia estatal de noticias jordana, Petra, sólo se limitó a decir que el capitán Zeid había sido asesinado en Afganistán “mientras llevaba a cabo labores humanitarias junto al contingente jordano de las fuerzas de paz de Naciones Unidas”. Al entierro de Zaid asistió el rey de Jordania, familiar lejano del capitán fallecido.

Human Jalil Abu Mulal al Balawi, el doble agente, no fue registrado a su llegada a la base de la CIA en la provincia afgana de Khost (al sureste del país). Franqueó todos los controles de acceso a la base Chapman porque era conocido y se esperaba su visita portando “importante” información. Una de las preguntas sin respuesta hasta el momento era por qué había tantas personas —tantos agentes— en la reunión con el atacante. Según relataba ayer la cadena MSC-NBC, la respuesta está en el plan diseñado por el suicida, que, conocedor de lo mucho que se esperaba de él, fue reclamando la presencia de más y más personal de la CIA hasta que logró que estuviera la propia jefa de la base. Entonces se voló en pedazos.

Según personas familiarizadas con el modus operandi de la Agencia, tan sólo uno, como máximo dos agentes, están presentes con los informantes en el momento de recibir los testimonios. Se llevan a cabo encuentros muy reducidos para minimizar riesgos y para no exponer las identidades, tanto del espía como del colaborador.

Lo sucedido en Afganistán pone de relieve y eleva a titular de periódico la estrecha relación existente entre los servicios de espionaje jordanos y la CIA en la lucha contra el terrorismo. Tanto EE UU como la CIA son muy impopulares en Jordania, donde casi la mitad de la población es de origen palestino y donde se condena duramente el apoyo de Washington a Israel.

A pesar de que el reino hachemí colabora como el más fiel aliado de EE UU en la zona a la hora de apoyar operaciones contraterroristas y dar soporte estratégico para las operaciones del Pentágono en Irak, siempre ha intentado lucir un perfil bajo y mantener las misiones en secreto. No por más tiempo.

Los cuerpos de los siete miembros asesinados de la CIA llegaron el lunes por la noche a la base aérea militar de Dover (Delaware), donde fueron recibidos por el director de la Agencia, Leon Panetta, y familiares y amigos. Como es preceptivo en la CIA, no se han revelado los nombres de los fallecidos. Sólo se sabe que la jefa de la base atacada era una mujer, madre de tres hijos y considerada una experta veterana en estas misiones. Otros seis agentes resultaron heridos durante el ataque del pasado miércoles.

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Sede:Washington (Estados Unidos)
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