lunes, 29 de junio de 2009

Un golpe de Estado cívico-militar jaquea a Honduras - 29 de Junio de 2009


CON EL AVAL DE LA CORTE SUPREMA Y EL CONGRESO, MANUEL ZELAYA FUE DERROCADO Y LLEVADO EN UN AVION A COSTA RICA

Un golpe de Estado cívico-militar jaquea a Honduras

El mandatario, que había convocado a una consulta electoral, fue sorprendido por militares que lo sacaron literalmente del poder. Asumió en su lugar el presidente del Congreso. La OEA, la ONU, Estados Unidos y toda la región pidieron la restitución de Zelaya.

En Honduras, los militares salieron ayer a la calle y consumaron un golpe de Estado. Con el aval de la Corte Suprema, el presidente constitucional, Manuel Zelaya, fue secuestrado y enviado en avión a Costa Rica, desde donde responsabilizó a sectores de la elite económica local por su deseo de poder y reafirmó que sigue siendo el único jefe de Estado hondureño. “Sólo el pueblo me puede quitar o poner. No va a ser un grupo de gorilas el que me va a arrebatar el poder moral que me dio el pueblo de mi país”, afirmó Zelaya, respaldado por su homólogo local, el presidente costarricense Oscar Arias. Sin embargo, en Tegucigalpa, los golpistas avanzaron con sus planes y ya nombraron como nuevo presidente al jefe del Congreso, Roberto Micheletti. El sistema interamericano y su capacidad para salir en defensa de la democracia se puso a prueba una vez más y la OEA ya condenó el golpe y exigió la restitución inmediata de Zelaya; lo propio hizo la ONU y, al cierre de esta edición, el repudio hemisférico y mundial era unánime.
Washington también les negó legitimidad a los golpistas. “Zelaya es el único presidente que reconozco y quiero dejarlo muy en claro”, señaló Barack Obama desde la Casa Blanca. “Honduras no está sola”, lanzó a su vez Hugo Chávez desde Caracas, tras lo cual anunció una batalla continental para reponer al mandatario en su puesto y convocó a una reunión de emergencia a los países del ALBA para hoy en Nicaragua. La canciller hondureña, Patricia Rodas, seguía ayer secuestrada en la base de la Fuerza Aérea de la capital y los militares impusieron el toque de queda.
El conflicto se desencadenó a propósito de una consulta electoral. Zelaya intentaba ayer consultar a los hondureños acerca de si estaban o no de acuerdo en votar, junto a las elecciones presidenciales de noviembre próximo, la convocatoria a una asamblea constituyente para reformar la Constitución y, de ese modo, incluir, entre otras cosas, la posibilidad de una reelección presidencial, inexistente en la Carta Magna de ese país. Sin embargo, en Honduras el único organismo con facultades para llamar a una consulta popular es el Congreso y, por eso, la Corte Suprema y el Poder Legislativo habían dictaminado que la medida era ilegal.
El jueves pasado la tensión se derramó por las calles por primera vez cuando el mandatario le ordenó al jefe del Comando Conjunto del Ejército, el general Romeo Vázquez, que se encargara de la logística de la consulta y éste se negó bajo el argumento de que las fuerzas armadas no cumplirían con una tarea que la Justicia había declarado ilegal. Zelaya echó a Vázquez, fue personalmente en busca de las urnas y comenzó a distribuirlas por todo el país. Los militares, en respuesta, salieron a la calle en defensa de su jefe y la Corte Suprema restituyó a Vázquez en su cargo.
Hubo negociaciones secretas, el viernes Zelaya declaró que “perdonaba” a Vázquez por su acto de insubordinación y, durante 48 horas, la calma pareció volver al país centroamericano. Pero en medio de todo esto, la movilización para realizar la consulta popular continuó y ayer la Corte Suprema les ordenó a los militares remover al presidente democráticamente electo, confiscar las urnas y llevar a cabo un golpe de Estado.
Danilo Izaguirre, vocero del Poder Judicial, fue el encargado de encontrar las palabras necesarias para evitar hablar de un golpe. “El Poder Judicial deja constancia de que el origen de las acciones del día de hoy está basado en una orden judicial emitida por juez competente, y por ello su ejecución está enmarcada dentro de los preceptos legales”, arguyó el comunicado leído por el vocero.
Pero más allá de la jerga jurídica, la movida fue como en tiempos de la Guerra Fría o, más recientemente, como durante el intento fallido de golpe en Venezuela en abril de 2002. Hacia las cinco de la madrugada hora local, un grupo de militares encapuchados entró en la residencia del mandatario a punta de fusil y lo removió de su cargo. Varios tanques rodearon la Casa de Gobierno y diversos helicópteros coparon el cielo de Tegucigalpa.
Los golpistas, incluso, secuestraron y golpearon durante un par de horas a los embajadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela, lo que provocó la reacción del mandatario bolivariano, que amenazó con acciones militares si volvían a tocar a su representante.
A partir de ese momento, y a pesar de las condenas que comenzaban a llegar desde todos los países de la región anunciando que no reconocerían al nuevo gobierno de facto, los militares y civiles prosiguieron con sus planes de manera implacable.
El pleno del Congreso se reunió en la Cámara. El secretario legislativo, Alfredo Saavedra, leyó una supuesta carta de renuncia del mandatario que Zelaya se encargó de desmentir inmediatamente desde Costa Rica y, acto seguido, a mano alzada y en menos de un minuto, los legisladores aceptaron la falsa renuncia y aprobaron una moción de censura e inhabilitación en contra del legítimo presidente por supuestas desviaciones del marco constitucional. Una hora después, la ilegalidad llegó a su punto más alto y los legisladores, sin más, nombraron como nuevo presidente de facto a Roberto Micheletti.
Micheletti, hasta ese momento presidente del Parlamento, negó que hubiera habido un golpe, afirmó que gobernará como manda la Constitución y anunció un gobierno de unidad nacional. “Lo que hemos hecho aquí es un acto democrático. Les aseguro que llevaré adelante un gobierno de conciliación y diálogo nacional”, precisó el presidente de facto.
Mientras tanto, desde Costa Rica, Zelaya fue claro. “Este secuestro es un retroceso de 50 años a la época de las dictaduras. Yo quiero retornar al país, jamás renuncié y soy el presidente legítimo de los hondureños. Espero el apoyo de todos los demócratas de la América entera”, afirmó.
Ayer, a última hora de la tarde, y a pesar del toque de queda impuesto por los militares, miles de hondureños continuaron copando las calles de la capital para reclamar por la restitución de su presidente, al que llaman “el presidente de los pobres”. “Queremos que nos entreguen a Mel”, se escuchaba ayer entre la multitud. “El pueblo se atrincheró y no acepta lo que está pasando”, expresó Amable Hernández, un dirigente social.


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Con la indeleble marca de la CIA


Por Atilio A. Boron


La historia se repite, y muy probablemente concluya de la misma manera. El golpe de Estado en Honduras es una reedición del que se perpetrara en abril de 2002 en Venezuela y del que fuera abortado ante la fulminante reacción de varios gobiernos de la región en Bolivia el año pasado. Un presidente violentamente secuestrado en horas de la madrugada por militares encapuchados, siguiendo al pie de la letra lo indicado por el Manual de Operaciones de la CIA y la Escuela de las Américas para los escuadrones de la muerte; una carta de renuncia apócrifa que se dio a conocer con el propósito de engañar y desmovilizar a la población y que fue de inmediato retransmitida a todo el mundo por la CNN sin antes confirmar la veracidad de la noticia; la reacción del pueblo que consciente de la maniobra sale a la calle a detener los tanques y los vehículos del ejército a mano limpia y a exigir el retorno de Zelaya a la presidencia; el corte de la energía eléctrica para impedir el funcionamiento de la radio y la televisión y sembrar la confusión y el desánimo. Como en Venezuela, no bien encarcelaron a Hugo Chávez, los golpistas instalaron un nuevo presidente: Pedro Francisco Carmona, a quien la inventiva popular lo rebautizó como “el efímero”. Quien desempeña su rol en Honduras es el presidente del Congreso unicameral de ese país, Roberto Micheletti, quien juró ayer como mandatario provisional y sólo un milagro le impediría correr la misma suerte que su predecesor venezolano.
Lo ocurrido en Honduras pone de manifiesto la resistencia que provoca en las estructuras tradicionales de poder cualquier tentativa de profundizar la vida democrática. Bastó que el presidente Zelaya decidiera llamar a una consulta popular –apoyada con la firma de más de 400.000 ciudadanos– sobre una futura convocatoria a una Asamblea Constitucional para que los distintos dispositivos institucionales del Estado se movilizaran para impedirlo, desmintiendo de ese modo su supuesto carácter democrático: el Congreso ordenó la destitución del presidente y un fallo de la Corte Suprema convalidó el golpe de Estado. Fue nada menos que este tribunal quien emitió la orden de secuestro y expulsión del país del presidente, prohijando como lo hizo a lo largo de toda la semana la conducta sediciosa de las Fuerzas Armadas.
Zelaya no ha renunciado ni ha solicitado asilo político en Costa Rica. Fue secuestrado y expatriado, y el pueblo ha salido a la calle a defender a su gobierno. Las declaraciones que logran salir de Honduras son clarísimas en ese sentido, especialmente la del líder mundial de Vía Campesina, Rafael Alegría. Los gobiernos de la región han repudiado al golpismo y en el mismo sentido se ha manifestado Barack Obama al decir que Zelaya “es el único presidente de Honduras que reconozco y quiero dejarlo muy claro”. La OEA se expresó en los mismos términos y desde la Argentina la presidenta Cristina Fernández declaró: “Vamos a impulsar una reunión de Unasur, aunque Honduras no forma parte de ese organismo, y vamos a exigir a la OEA el respeto de la institucionalidad y la reposición de Zelaya, además garantías para su vida, su integridad física y la de su familia, porque eso es fundamental, porque es un acto de respeto a la democracia y a todos los ciudadanos”.
La brutalidad de todo el operativo lleva la marca indeleble de la CIA y la Escuela de las Américas: desde el secuestro del presidente, enviado en pijama a Costa Rica, y el insólito secuestro y la golpiza propinada a tres embajadores de países amigos: Nicaragua, Cuba y Venezuela, que se habían acercado hasta la residencia de la ministra de Relaciones Exteriores de Honduras, Patricia Rodas, para expresarle la solidaridad de sus países, pasando por el ostentoso despliegue de fuerza hecho por los militares en las principales ciudades del país con el claro propósito de aterrorizar a la población. A última hora de la tarde impusieron el toque de queda y existe una estricta censura de prensa, pese a lo cual no se conoce declaración alguna de la Sociedad Interamericana de Prensa (siempre tan atenta ante la situación de los medios en Venezuela, Bolivia y Ecuador) condenando este atentado contra la libertad de prensa.
No está demás recordar que las Fuerzas Armadas de Honduras fueron completamente reestructuradas y “reeducadas” durante los años ’80, cuando el embajador de EE.UU. en Honduras era nada menos que John Negroponte, cuya carrera “diplomática” lo llevó a cubrir destinos tan distintos como Vietnam, Honduras, México, Irak para, posteriormente, hacerse cargo del superorganismo de inteligencia llamado Consejo Nacional de Inteligencia de su país. Desde Tegucigalpa monitoreó personalmente las operaciones terroristas realizadas contra el gobierno sandinista y promovió la creación del escuadrón de la muerte mejor conocido como el Batallón 316 que secuestró, torturó y asesinó a centenares de personas dentro de Honduras, mientras en sus informes a Washington negaba que hubiera violaciones de los derechos humanos en ese país. En su momento, el senador estadounidense John Kerry demostró que el Departamento de Estado había pagado 800 mil dólares a cuatro compañías de aviones de carga pertenecientes a grandes narcos colombianos para que transportasen armas para los grupos que Negroponte organizaba y apoyaba en Honduras. Estos pilotos testificaron bajo juramento confirmando las declaraciones de Kerry.
La propia prensa estadounidense informó que Negroponte estuvo ligado al tráfico de armas y de drogas entre 1981 a 1985 con el objeto de armar a los escuadrones de la muerte, pero nada interrumpió su carrera. Esas fuerzas armadas son las que depusieron a Zelaya. Pero la correlación de fuerzas en el plano interno e internacional es tan desfavorable que la derrota de los golpistas es sólo cuestión de (muy poco) tiempo.

* Politólogo.

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Los parásitos del pueblo

Por Jorge Majfud *

Ayer domingo 28 de junio por la mañana, los militares de Honduras rodearon al presidente y, mientras lo apuntaban con sus armas, le preguntaron por qué no había obedecido las órdenes del general Romeo Vásquez. Como el presidente pensaba que él debía dar las órdenes a sus subordinados, éstos lo invitaron a retirarse de la Casa de Gobierno. De ahí a un auto y luego a un avión de la fuerza aérea hasta Costa Rica.
Al mismo tiempo, todos los medios de comunicación del país fueron copados y se les sugirió por la fuerza no transmitir información que no fuera controlada directamente por el proceso democrático que se estaba llevando a cabo. Apenas pudimos escuchar las declaraciones del presidente depuesto al arribar a Costa Rica unos pocos periodistas que “ilegalmente” informaron al mundo de lo que estaba pasando y unos cuantos hondureños que nos mantuvieron informados vía electrónica.
Según las Fuerzas Armadas de Honduras, todo este proceso fue en defensa de la legalidad y la Constitución. Los militares se justificaron diciendo que recibían órdenes de la Corte Suprema. A pesar de que la Constitución hondureña no prevé este mecanismo para saltearse la autoridad de un presidente legal y legítimo, era necesaria una excusa para tontos. La declaración sólo demuestra que en Honduras se llevó a cabo un golpe de Estado con todas sus letras; en nombre de la “legalidad”, militares y jueces se pasaron por encima la misma Constitución.
Si en el pasado este trabajo de gorilas era propio de los altos jefes militares, ahora vemos que la misma ilegalidad está apoyada, promovida y justificada por el Poder Judicial de un país. La complicidad del Parlamento confirma esta práctica: las leyes se respetan siempre y cuando sirvan a los intereses de los sectores más poderosos de una sociedad.
Cualquier Constitución de cualquier país decente y democrático prevé la destitución de un presidente. Pero este proceso tiene determinadas condiciones y un número específico de etapas legales que garantizan su validez. Que yo recuerde, en ninguna Constitución democrática se prevé que el presidente puede ser tomado por la fuerza militar, secuestrado y expulsado de su propio país. Menos en nombre de la legalidad. Menos por orden de un puñado de jueces. Menos con la complicidad del jefe de un Parlamento que además es el opositor político del mandatario.
Todo lo cual demuestra hasta qué profundidad la cultura golpista sobrevive aún en las clases dirigentes de Honduras. Y no sólo de Honduras, lo que de paso sirve para estar alertas ante las viejas sobras de la historia latinoamericana.
Hoy defender al presidente Zelaya no es defender sus políticas ni mucho menos a su persona. Hoy, defenderlo, aun contra las instituciones (secuestradas) de Honduras, significa defender la democracia y cualquier estado de derecho en cualquier parte del mundo basado en el respeto a las leyes y la Constitución no sólo cuando conviene. Porque en una democracia las leyes y la Constitución no se corrigen rompiéndolas, sino cambiándolas. Algo que precisamente pretendía hacer el presidente secuestrado.
Lamentablemente, debo terminar esta breve nota de profundo repudio con las últimas líneas con que terminé la nota anterior al golpe: hoy Honduras se debate ante el desafío latinoamericano de enfrentar cualquier cambio político hacia la igual-libertad, hacia su destino de independencia y dignidad, o volver a los miserables tiempos en que nuestros países eran definidos como republiquetas o repúblicas bananeras.


* Escritor uruguayo. Escuela de Humanidades de Lincoln University.


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