viernes, 21 de noviembre de 2008

Entregan osamentas de detenido desaparecido asesinado en Lautaro 21.11.2008

21 de Noviembre de 2008

Entregan osamentas de detenido desaparecido asesinado en Lautaro

Después de ser asesinado, el supuesto cuerpo de Hadad fue entregado a su familia en una urna sellada siendo sepultado hasta que se ordenó su exhumación para comprobar si se trataba del comerciante la osamenta que se encontraba en la tumba.
Luego de tres años de pericias forenses la justicia entregó en Temuco a la familia de Julio Hadad los restos de este dirigente del Partido Comunista ejecutado por oficiales del regimiento La Concepción de Lautaro en septiembre de1973.El comerciante lautarino fue detenido el 26 de septiembre de 1973 por personal del citado regimiento y de Carabineros, acusado de estar implicado en el Plan Z, que después se demostró que era falso, y el intento de asesinato contra altos mandos de las FF.AA. y de Carabineros.En la época se informó que estando detenido por parte del personal militar, Julio Hadad habría intentado escapar de sus captores, siendo dado de baja por centinelas tras esta acción.Luego de se ser asesinado, el supuesto cuerpo de Hadad fue entregado a su familia en una urna sellada siendo sepultado hasta que se ordenó su exhumación para comprobar si se trataba del comerciante la osamenta que se encontraba en la tumba.Peritajes del Servicio Médico Legal comprobaron en un 99% que los restos correspondían a Julio Haddad, siendo éstos entregados este viernes a su hija Teresa en una urna sellada.El cuerpo de Haddad será llevado hasta la iglesia Corazón de María y este sábado será trasladado hasta Lautaro, donde descansará para siempre.En la época el hecho fue informado a la ciudadanía mediante el Bando Nº 52 del Jefe de Zona en Estado de Sitio de la Provincia de Cautín, que señalaba “...con fecha 26 de septiembre de 1973 fueron detenidos los ciudadanos Aníbal Burgos González (sic) y Julio Haddad Riquelme por personal del Regimiento La Concepción de Lautaro y Carabineros, en atención a que se encontraban implicados en la realización del "Plan Z" en Lautaro y en connivencia con el ex gobernador de ese Departamento Fernando Teillier para proceder a la eliminación de los Jefes Militares y de Carabineros de la localidad.Que con fecha 27 de septiembre de 1973 y en circunstancias que se buscaba la pista del fugado Fernando Teillier, dichos individuos trataron de agredir a los centinelas que los custodiaban a fin de escapar hacia los cerros. La agresión fue repelida por la patrulla militar y dados de baja”.

http://www.elmostrador.cl/index.php?/noticias/articulo/entregan_osamentas_de_detenido_desaparecido_asesinado_en_lautaro/


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EE.UU. declaró culpable a Al Kassar 21-11-08

POR TRAFICO DE ARMAS A LA GUERRILLA DE LAS FARC
EE.UU. declaró culpable a Al Kassar

Un jurado estadounidense declaró culpable ayer al traficante de armas sirio Monzer al Kassar, extraditado desde España, así como a un asociado colombiano, Luis Felipe Moreno Godoy, acusados entre otros cargos de haber comprado y exportado misiles antiaéreos para la guerrilla colombiana de las FARC, informó un comunicado oficial.
Se trata de la primera condena en Estados Unidos por tráfico de misiles antiaéreos, destacó el comunicado de la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA en inglés) y la fiscalía del distrito sur de Nueva York.
La pena para Al Kassar y Moreno Godoy será determinada posteriormente por una Corte, pero en ambos casos no podrán cumplir menos de 25 años en la cárcel por la gravedad de los hechos, destacó el comunicado.
Moreno Godoy, de 60 años de edad, podría ser condenado a cadena perpetua, mientras que Al Kassar evitará esa pena en virtud del tratado de extradición con España.
La Corte consideró a Al Kassar culpable de los delitos de conspiración para cometer homicidio de norteamericanos, conspiración para cometer homicidio de autoridades o funcionarios públicos, conspiración para adquirir misiles antiaéreos, suministrar apoyo a una organización terrorista y lavado de dinero.
Al Kassar vivía en España desde hacía unos diez años y fue detenido en junio de 2007 en el aeropuerto de Madrid. Según las autoridades estadounidenses, el sirio aceptó vender a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ametralladoras, misiles tierra-aire y millones de municiones entre 2006 y mayo de 2007.
“Desde principios de los años ’70, Al Kassar fue una fuente de armas y equipo militar para las facciones armadas involucradas en conflictos violentos en todo el mundo. Algunas de esas facciones incluyeron organizaciones terroristas, como el Frente de Liberación Palestino (PLF)”, aseguró el texto.
Entre febrero de 2006 y junio de 2007, Al Kassar y Moreno acordaron vender armas por valor de millones de dólares al grupo rebelde, incluidos lanzacohetes y sistemas de misiles tierra-aire (SAMs), según el acta de acusación. La operación de compra fue en realidad organizada por fuentes confidenciales de la DEA, que llevaron a la detención de ambos traficantes, según el comunicado.
Durante el juicio en España, Al Kassar alegó que no había cometido delito alguno y que su intermediación se refería sólo a la venta de armas de Rumania a Nicaragua y no a la principal guerrilla colombiana. Sostuvo que tenía un certificado que demostraba que el destinatario final de las armas era Nicaragua, por lo que la operación era perfectamente legal. Según entonces explicó su abogado, el viejo aliado de Menem habría sido víctima de un complot de agentes de la DEA, quienes lo engañaron y se hicieron pasar por funcionarios nicaragüenses. Con esta defensa, el sirio pidió que se lo juzgara en España y no en Estados Unidos.



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Los informes que se omiten sobre la contaminación de transgénicos 21-11-08

21 de Noviembre de 2008

Documentos indican contaminación en cultivos agrícolas Los informes que se omiten sobre la contaminación de transgénicos

El viaje a Europa de la titular de Agricultura, Marigen Hornkohl, para reforzar las ventajas de Chile como potencia alimentaria y forestal, dejó fuera dos estudios avalados por la Universidad de Chile que señalan que existe contaminación de transgénicos en predios agrícolas. Hasta el momento no se ha transparentado el mapa de los cultivos con semillas modificadas genéticamente. Un tema que podría afectar las exportaciones chilenas a la Unión Europea.
Por Claudia Urquieta
A fines de octubre el director del Laboratorio de Biotecnología del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (Inta), de la Universidad de Chile, Romilio Espejo, recibió una llamada telefónica de la Brigada Investigadora de Delitos Medioambientales de la Policía de Investigaciones. Al principio pensó que era una broma. Pero luego le explicaron que estaban buscando información sobre un análisis que ese mismo mes el equipo que lidera realizó en muestras de granos de maíz provenientes de 30 predios contiguos a semilleros de Organismos Modificados Genéticamente (OMG) en la Región de O'Higgins, a petición de la Fundación Sociedades Sustentables.El bioquímico no se preocupó mayormente, ya que pensó que la reunión realizada entre la ministra de Agricultura, Marigen Hornkohl y las representantes de la ONG, Sara Larraín y María Isabel Manzur, el 23 de octubre pasado, para entregarle un informe con estos resultados, estaba dando frutos. Pero en realidad y como constató El Mostrador.cl, la llamada sólo se enmarcó en la necesidad de manejar la información sobre el estudio en cuestión que había sido publicada en la prensa. Pero no hay ninguna investigación en curso sobre estas contaminaciones, que en palabras simples significa que muchos de los granos "normales" han integrado propiedades de sus símiles transgénicos.Tampoco hay una respuesta sobre la solicitud hecha a la Secretaria de Estado en dicho encuentro para que, entre otros puntos, se evaluara la extensión de la contaminación y se adoptaran medidas para erradicarla. Los silencios del MinagriNo es el primer estudio que constata que existe contaminación de granos de maíz por OMG en el país. En 2005 la ONG Greenpeace encargó un análisis similar al Inta. La diferencia, es que en esa ocasión se analizaron semillas de la empresa nacional Anasac que se vendían como convencionales a los agricultores, pero en realidad estaban contaminadas.No se sabe a ciencia cierta si fueron importadas o cultivadas aquí, pero lo grave del asunto es que no hubo control por parte de las autoridades, ya que se estaban comercializando sin que lo supieran ni ellos ni los distribuidores. A pesar de que la normativa chilena no permite el uso de semillas transgénicas, salvo para exportación y previa evaluación de riesgo. En ese entonces y al igual que ahora, desde el Minagri hubo un profundo "silencio administrativo", según explica el director ejecutivo de Greenpeace Rodrigo Herrera. Porque se hicieron las presentaciones del caso, e incluso se habló con el entonces ministro de la cartera, Álvaro Rojas. Pero a la larga no se tomaron cartas en el asunto. A juicio de Herrera y Espejo, el problema es que no hay una certificación, registro y ni siquiera información que pueda servir a entes fiscalizadores ni a la ciudadanía para saber dónde están los cultivos transgénicos.Porque según un decreto del SAG, la información de la ubicación de estos cultivos es confidencial. Inútiles han sido las conversaciones, peticiones y reclamos al respecto. Hasta hoy no es información pública.Aunque el SAG tiene fichadas 24.464 hectáreas de cultivos de transgénicos a nivel nacional "no hay fiscalización. Y en ningún caso han especificado cuales son las medidas de mitigación frente a la expansión y contaminación de sitios aledaños. Es como lo del SIDA: el gobierno no tiene información completa de cuántas hectáreas están contaminadas", señala el líder de Greenpeace.Según Espejo, el problema mayor radica en que "no tenemos cómo saber el destino que tenía el transgénico que contaminó a otros cultivos, ya que puede ser para alimentos, productos nuevos o fines químicos. Porque mientras el Minagri no informe con claridad los fines y sitios dónde están no podemos saberlo". Al respecto, el científico del Inta explica que su equipo no es "anti transgénicos". Al contrario, lo enmarcan como una nueva tecnología que podría servir para el desarrollo. Lo que rechazan, es que "si no hay una regulación clara se pueden generar grandes perjuicios. Porque es fácil dictar normas pero si no existen los fondos ni la gente necesaria para hacer un control real es letra muerta".Lo que además podría atentar seriamente con las pretensiones de relevar el potencial alimentario y forestal en la Unión Europea, asociación de países con la cual existe un Tratado de Libre Comercio. De hecho, Hornkohl viajó esta semana a Bruselas y Roma con este fin. Pero existen regulaciones estrictas en relación a las exportaciones, por lo que es necesario saber con certeza qué productos se están enviando. El miembro de la Academia de Microbiología de EEUU, considera que lo peor que puede pasar es que "reaccionen cuando llegue una crisis y pase algo grave. Es como si importáramos autos y no tuviéramos reglamentos de tránsito".A pesar de que este medio intentó tener la visión del Minagri, en la repartición pública explicaron que al no estar la ministra en el país no se referirían al tema.

http://www.elmostrador.cl/index.php?/noticias/articulo/los_informes_que_la_ministra_hornkhol_omite_sobre_contaminacion_de_transgen/

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26 de Agosto de 2008

Gobierno allana el caminoEl silencioso aterrizaje de los transgénicos en Chile

Aunque en 2005 la entonces candidata presidencial Michelle Bachelet se comprometió con organizaciones ecologistas a no abrir la reglamentación para el cultivo de transgénicos, las señales gubernamentales apuntan en otra dirección. A las reuniones mensuales del Ministerio de Agricultura con expertos en el tema, como el científico Pablo Valenzuela, se suma el reciente encuentro del embajador en Estados Unidos, Mariano Fernández, con el director de Monsanto en Chile.

Al menos una vez al mes la ministra de Agricultura, Marigen Hornkohl, se reúne con una comisión asesora de expertos en genética, profesores universitarios y agricultores a discutir sobre el proyecto de ley "bioseguridad de vegetales genéticamente modificados", que pretende regular la producción y comercialización de los cultivos transgénicos -organismos genéticamente modificados (OGM)- en el país. Y a pesar de que en la agenda de trabajo el tema "transgénico" brilla por su ausencia, los ojos de la cartera mantienen el asunto en la mira. Siguiendo así los lineamientos del anterior titular, Álvaro Rojas, que introdujo fuerte el tema y que incluso en marzo de 2007 se ganó la crítica de movimientos ecologistas tras anunciar junto a la transnacional Monsanto -líder en la producción de transgénicos a nivel mundial- un plan conjunto para extender la superficie de reproducción de semillas transgénicas de 5 mil hectáreas a 20 mil hectáreas en 2010. Sin ir más lejos, la comisión de la que forma parte el Premio Nacional de Ciencias Aplicadas, Pablo Valenzuela, se formó bajo el alero del ex ministro. Y en vista de la aparición del proyecto de ley sobre bioseguridad en 2006, y de la aprobación de la idea de legislarlo a principios de este año, el grupo se ha concentrado estos últimos meses en su análisis. A dichas reuniones también asisten el subsecretario del área, Reinaldo Ruiz, y el director del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (Inia), Leopoldo Sánchez, que según fuentes cercanas, no comulga para nada con el tema. Y aunque se le ha bajado el perfil y desde el mismo Minagri se negaron a responder una serie de interrogantes planteadas por este medio aduciendo que "no es un tema prioritario", la inminente entrada de los cultivos transgénicos al país se ha ido abriendo espacio imperceptiblemente. Transgénicos y diplomáticos La propia academia diplomática fue protagonista en junio pasado del sexto de los afamados "Talleres de Ingeniería Genética para Líderes de Opinión" organizados a partir de 2004 por la Fundación Ciencia para la Vida, cuyo director es Valenzuela. El académico, recuerda que la idea original contó con el entusiasta apoyo del senador Fernando Flores (IND), uno de los cinco autores del proyecto de ley sobre bioseguridad, junto a Andrés Allamand (RN), Juan Antonio Coloma (UDI), Alberto Espina (RN) y Eduardo Frei (DC). Hasta la fecha, han pasado diversas personalidades por dichas aulas, entre las que se cuentan el ex presidente Ricardo Lagos, el economista Hernán Büchi, el ex prorector de la Universidad Andrés Bello, Luis Cordero, el sociólogo Eugenio Tironi, el ministro de energía Marcelo Tokman, el ministro de Transportes René Cortázar, así como los políticos Hernán Larraín (UDI) y Jorge Insunza (PPD), sólo por nombrar algunos. El objetivo de la instancia es que personeros VIP entiendan lo que es la ingeniería genética, las posibles aplicaciones en el mundo y en Chile en forma práctica, haciendo experimentos in situ. "Es un curso para dar un conocimiento práctico y la gente termina haciendo ingeniería genética: se hacen transferencias de un programa genético de una especia a otra", explica el doctor en química. Y detalla que la propia Cancillería solicitó hacer una capacitación para los futuros embajadores y cónsules, ya que están tratando que "la gente que habita las embajadas chilenas tengan mayor conocimiento científico. Antes siempre había algún artista, hoy la idea es meterse más en la ciencia y los negocios". Incluso se estaba planteando la idea de hacer un taller dirigido específicamente a la biotecnología vegetal y los alimentos transgénicos, pero por motivos que el otrora miembro del comando político de Joaquín Lavín no especificó, se optó por postergarlo. En esta misma línea, el pasado 25 de julio el embajador en Estados Unidos, Mariano Fernández, se reunió con el presidente de Monsanto Chile, Alfredo Villaseca, para dialogar sobre las intenciones de la transnacional y los potenciales beneficios que veía en el país. En la conversación también se discutió la factibilidad de posibles capacitaciones en biotecnología a estudiantes chilenos en los centros de investigación de la empresa, que posee enormes instalaciones y tecnología de punta. Según Villaseca, la opinión del diplomático apunta a que debería formarse un grupo con trabajadores del Minagri y parlamentarios para que visiten los centros de investigación de Monsanto en el país del norte, ya que "considera que Chile llegó al tope del crecimiento económico en función de commodities y que ahora debe crecer en función de nuevas tecnologías". Postura que va de la mano con el "Pacto de Cooperación Chile-California: una Asociación para el siglo XXI", firmado por la Presidenta Michelle Bachelet en junio pasado con el gobernador Arnold Schwarzenegger, y que consiste en un relación de intercambio principalmente en áreas como educación, biotecnología y energía. Acompañando a la Mandataria estuvo Valenzuela, que explica que "California es el reino de la transgenia", y detalla que paralelamente se firmó un acuerdo entre el Inia y la Universidad de California-Davis, para desarrollar proyectos de mejoramiento de semillas mediante ingeniería genética, además de la formación de investigadores. "El primer plan Chile-California fue en los sesenta y fue decisivo para Chile. A partir de eso tenemos hoy gran actividad en agricultura, que fue lanzada en base al trabajo de una serie de estudiantes chilenos que fueron a obtener post grados en la Universidad de Davis", señala el científico. Los "misteriosos" cultivos de semillas transgénicas Actualmente en Chile sólo se permite importar semillas transgénicas para su multiplicación en el país y su posterior exportación. Lo curioso, es que es un completo misterio la ubicación exacta de las 24.464,14 hectáreas registradas, ya que según una resolución del Servicio Agrícola Ganadero (SAG) de 2001, la información es confidencial y no puede ser entregada a terceros sin la autorización "expresa de las empresas que han solicitado la importación del material genéticamente modificado". Lo único que sí es de conocimiento público, es que casi 50 por ciento de estos cultivos, que incluyen maíz y soya, se encuentran en la Región del Maule, seguida por la Región de O'Higgins que concentra el 35 por ciento. El restante 25 por ciento se reparte entre las regiones de Arica Parinacota, del Bío Bío, de Coquimbo, de la Araucanía, de Los Ríos, Metropolitana y de Valparaíso. El secretismo que envuelve a las semillas transgénicas, se debería a la necesidad de proteger a los productores de eventuales robos u ataques contra su propiedad. Pero lo que no queda claro, es si el proyecto de ley sobre biotecnología que busca abrir las puertas a la producción y comercialización interna de transgénicos mantendrá esta política. Al respecto, desde el SAG, adelantan que "es prematuro que el servicio pueda manifestarse al respecto". En tanto, desde el ministerio de Agricultura ni siquiera hubo respuesta.
http://www.elmostrador.cl/index.php?/noticias/articulo/el_silencioso_aterrizaje_de_los_transg/

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CDE se hace parte de caso de falso detenido desaparecido 21-11-08

21 de Noviembre de 2008

CDE se hace parte de caso de falso detenido desaparecido

El presidente de la instancia, Carlos Mackenney, hizo este anuncio tras sostener una reunión con dirigentes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.

El Consejo de Defensa del Estado se hará parte en la investigación por el presunto fraude al fisco que pudiese haber cometido la familia de Germán Cofré Martínez, el presunto detenido desaparecido que residía en Argentina, informó radio Cooperativa.

El presidente de la instancia, Carlos Mackenney, hizo este anuncio tras sostener una reunión con dirigentes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.

Los familiares del "falso detenido desaparecido" habrían obtenido beneficios debido a la calificación de desaparecido que tenía el hombre desde 1995, según la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación.

Según la agrupación, vecinos y testigos de la familia de Cofré han señalado que este, tanto en Chile como en Argentina, sabía perfectamente de su condición de desaparecido en nuestro país.

El caso está en manos del ministro Carlos Guajardo, y se espera un informe pendiente que está en manos de la PDI, además de los resultados de las pericias realizadas este jueves por el Servicio Médico Legal.

http://www.elmostrador.cl/index.php?/noticias/articulo/cde_se_hace_parte_de_caso_de_falso_detenido_desaparecido

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Viernes 21 de noviembre de 2008 11:51

/ Agencias

CDE estudia caso del "detenido aparecido"

AFDD cuestionó a la familia de Germán Cofré Martínez "por su irresponsabilidad, falta de ética e inescrupulosa actitud".

Tras reunirse con dirigentes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), el presidente del Consejo de Defensa del Estado, Carlos Mackenney, anunció que la entidad fiscal estudia los antecedentes para hacerse parte por el presunto fraude al fisco que habría cometido la familia de Germán Cofré Martínez, el "detenido aparecido" que volvió de Mendoza luego de 35 años fuera del país.

"Estoy esperando obtener antecedentes adicionales. Alguna información he recibido de la Agrupación y naturalmente voy a reservarme para dársela a conocer al Consejo, y un eventual requerimiento de la autoridad pertinente para proceder a iniciar las acciones (legales) que correspondan", manifestó Mackenney.

Agregó que "hay que revisar con mayor atención todos los antecedentes, (ya que) podría estarse frente a una figura de fraude a la ley por la vía de simular una acción que nunca existió".

Por su parte, la presidenta de la AFDD, Lorena Pizarro, aseveró que con el caso de Cofre no se puede "enlodar" ni poner en tela de juicio la condición de los cientos de detenidos desaparecidos que se registraron en el país.

"Le queremos decir a la familia de Cofré Martínez que por su irresponsabilidad, que por su falta de ética, por su inescrupulosa actitud, hoy algunos están señalando que debieran revisarse todos los casos de desaparecidos. No vamos a permitir que nadie enlode esta condición", adujo la dirigenta.

http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20081121/pags/20081121115109.html

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EL INFORME DE UNASUR CONFIRMA LA MASACRE DE AL MENOS VEINTE CAMPESINOS EN BOLIVIA 21-11-08


EL INFORME DE UNASUR CONFIRMA LA MASACRE DE AL MENOS VEINTE CAMPESINOS EN BOLIVIA

Un video muestra el horror en Pando


Los testimonios no dejan lugar a la duda para Rodolfo Mattarollo, de la misión Unasur. “No fue un enfrentamiento, porque la asimetría de fuerzas era evidente”, dijo a este diario el abogado argentino.

El ex presidente del Senado boliviano, el opositor José Villavicencio, se pasea ante la cámara a los gritos. “Si Evo quiere sangre, va a haber sangre”, arengaba, mientras de fondo una turba corría a tiros a un grupo de indígenas. Las imágenes se suceden como si fuera un documental, mientras el auditorio en la Cancillería argentina observa en el silencio más absoluto. Una mujer indígena relata la masacre de Pando mirando directamente a la cámara.

Con los ojos nublados por las lágrimas recordó cómo un grupo de “hombres de la ciudad” quemó viva a una de sus compañeras el 11 de septiembre pasado. Al lado del cuerpo calcinado, el bebé de la mujer lloraba histérico –relató–. Envalentonados por los gritos y el descontrol, lo agarraron de las piernitas, lo sacudieron y, como no podían callarlo, le dispararon en la cabeza. “Esto ha sido una masacre. No aceptamos la tesis de un enfrentamiento”, concluyó horas después en diálogo con este diario Rodolfo Mattarollo, el abogado y ex funcionario argentino que encabeza la comisión del Unasur que investiga la masacre, en la que murieron al menos 20 indígenas. Aún se desconoce el número de desaparecidos.

Mattarollo presentó ayer ante el secretario de Derechos Humanos Eduardo Luis Duhalde y el ministro de Defensa boliviano Walker San Miguel un adelanto del informe final de la comisión que presentarán formalmente el próximo martes a las 9 de la mañana en el Palacio La Moneda ante la presidenta chilena Michelle Bachelet, quien ejerce la presidencia temporaria del Unasur. La comisión está terminando de redactar el informe final aquí, en Buenos Aires, antes de partir hoy a Santiago.

Hace dos meses los mandatarios de la región le ordenaron investigar qué fue lo que pasó el 11 de septiembre último en el departamento boliviano de Pando. El ex secretario de Derechos Humanos reunió un equipo con profesionales sudamericanos, peritos en balística y el Equipo Argentino de Antropología Forense, y partió hacia el país andino.

Entrevistaron a las decenas de indígenas que sobrevivieron a la masacre, hablaron con los médicos que los atendieron, conversaron durante tres horas y media con el ex prefecto Leopoldo Fernández en su celda de la cárcel San Pedro en La Paz, cruzaron del otro lado de la frontera con Brasil para reunirse con los cívicos opositores que se escaparon después de la matanza y escucharon al gobierno de Evo Morales y a los líderes de la oposición.

Los testimonios no dejan lugar a la duda para Mattarollo. “No fue un enfrentamiento porque la asimetría de fuerzas era evidente”, concluyó. Los indígenas que habían salido a defender el proyecto de Evo Morales tenían piedras y palos para defenderse; los cívicos armas de fuego. “Las fuerzas de seguridad no cumplieron con su tarea. Hay imágenes que muestran a la policía cruzándose de brazos mientras los indígenas son masacrados –dijo Mattarollo y pensó un segundo cómo traducirlo a la experiencia argentina–. Fue sencillamente una zona liberada.”

El ex funcionario argentino no pudo adelantar aún las conclusiones del informe, pero no puede evitar adelantar una de las recomendaciones que le leerá a Bachelet la semana próxima. “Es una contradicción porque, por un lado, pedimos que la Justicia boliviana investigue los crímenes y condene a los responsables; pero, por otro lado, reconocemos que el Poder Judicial allá es débil, no tiene voluntad política ni independencia de los poderes económicos locales –señaló, preparando la mesa para el gran final–. Por eso, recomendamos una reforma judicial de las cortes superiores.”

El video de 20 minutos que se vio ayer en el Palacio San Martín mostraba también el Pando después de la masacre. “Las víctimas todavía están muy conmocionadas, con mucho temor. Esa es una región en donde la presencia del Estado central es casi inexistente. Muchos nos pedían que el estado de sitio se prolongara”, recordó. El gobierno de Morales anunció la semana pasada que levantará el estado de emergencia que impuso el 12 de septiembre este fin de semana. Lo necesita para poder realizar el referéndum constitucional en enero próximo.


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EQUIPO DE ANTROPOLOGOS RECUPERA INFORMACION Y DOCUMENTOS SOBRE DESAPARECIDOS EN LA UBA 21-11-08

UN EQUIPO DE ANTROPOLOGOS RECUPERA INFORMACION Y DOCUMENTOS SOBRE DESAPARECIDOS EN LA UBA

Los rastros de la memoria en Filo

A través del estudio de fichas académicas y archivos de la facultad, un grupo de investigadores rastrea las huellas que la dictadura dejó en la universidad. La documentación hallada ya fue digitalizada y se entregaron copias a familiares de las víctimas.


Por Julián Bruschtein

“Construyendo memorias.” Ese es el eje del proyecto presentado por tres antropólogos investigadores de la Facultad de Filosofía y Letras que, a través del análisis de los poco explorados archivos universitarios y la elaboración de una lista de desaparecidos en la facultad, permite iluminar desde el paso de la primavera camporista por la UBA hasta las consecuencias del terrorismo de Estado. “Encontramos parciales con notas de puño y letra, legajos, fotos y el recorrido académico de los compañeros desaparecidos”, cuenta Cecilia Varela, integrante del equipo de investigadores.

El proyecto surgió como parte de las actividades vinculadas con el 50º aniversario de la creación de la carrera de Antropología en la UBA. Un grupo de tres antropólogos se propuso un trabajo de reconstrucción, partiendo del clima de cursada que imperaba en la etapa en la que la UBA fue la Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires, un período que la propia casa de estudios casi no ha estudiado. “A partir de los legajos, cruzándolos con las fichas de departamento y con la información de los organismos de derechos humanos, pudimos ir reconstruyendo el clima de época y recuperar la historia de los estudiantes y docentes de la facultad”, dice Pablo Perazzi, otro miembro del equipo.

Los investigadores partieron de una lista de 14 desaparecidos en la carrera de Antropología y llegaron a otra más abultada: los casos que pudieron documentar hasta el momento son 26. “Allí se incluyen todos los que en algún momento pasaron por la facultad, incluso los que antes de que los secuestraran habían pedido el pase de carrera”, explica Eugenia Morey, la antropóloga que completa el grupo.

La investigación funcionó como un disparador cuando advirtieron que los datos y la información que iban acopiando contenía “notas manuscritas, parciales y exámenes de puño y letra de los compañeros desaparecidos. Es un registro de su paso por la facultad. Trabajamos sobre el archivo histórico de la Facultad de Filosofía y Letras, también un poco en el rectorado, en la oficina de personal, porque algunos eran docentes, y en el archivo histórico del Departamento de Antropología”, detalla Morey. Así, tomaron la decisión de digitalizar la documentación encontrada para formalizar un registro más práctico de acceso a la información y también entregaron copias del material a los familiares de los desaparecidos.

Un caso emblemático que hallaron los investigadores fue el de Carlos Augusto Cortés. En su ficha figuran las materias que fue rindiendo año a año y también el inicio del trámite para obtener el título de graduado. Pero cuando desde el departamento de la carrera intentaron comunicarse con él, nunca pudieron encontrarlo. Quedó, sin embargo, un registro, otra anotación en lápiz sobre el margen superior de su ficha, una valiosa huella histórica: “4/8/76. Atendió la mamá, grave problema”. El estudiante se encontraba desaparecido desde hacía dos meses, había sido secuestrado el 1º de junio de 1976. “El caso de Cortés se pudo armar en base al entrecruzamiento de las distintas fuentes que teníamos. Fue el único legajo que no encontramos”, explica Cecilia Varela.

Durante la gestión como decano de Filosofía y Letras del sacerdote Justino O’Farrell –sociólogo y mentor de las cátedras nacionales nombrado en 1973 por el rector Rodolfo Puiggrós– se profundizaron los cambios de currícula en la facultad y surgieron los seminarios de verano. Pero la validez de esos cursos fue anulada durante la intervención del fascista Alberto Ottalagano en la UBA y su delfín en Filo, el presbítero Raúl Sánchez Abelenda –a partir de septiembre de 1974–. “Buscando datos sobre Cortés observamos que no había rastros de los programas de los seminarios. Los encontramos en el Departamento de Antropología y así pudimos documentar lo que la intervención también quiso ocultar”, dijo Morey. En la ficha de Cortés figura la cursada de la materia Historia de las luchas populares de liberación. A su lado, una inscripción: “Ojo, no corresponde Historia de las luchas populares”.

El equipo de Construyendo Memorias se puso ahora un nuevo objetivo: “Vamos a pedir que se le otorgue el título a Cortés”, dicen los tres investigadores. Todavía no han podido comunicarse con ningún familiar. La búsqueda sigue abierta y quien quiera acercar información –o pedirla– puede escribir a
construyendomemorias@yahoo.com.ar.


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En Lleu Lleu se esconde complice de torturas en Dictadura y Colaborador actual contra el pueblo Mapuche 20-11-08


En Lleu Lleu se esconde complice de torturas en la Dictadura y Colaborador contra el pueblo Mapuche


jueves, 20 de noviembre de 2008

Por Lewfüche ÑelaiMapu


Al parecer a este CHANCHO no le basto con la funa que le hicimos el 2007 (ver nota ). En dictadura facilitó su recinto para torturar hermanos mapuches, y hoy en esta seudodemocracia continua prestando su recinto a los trogloditas del GOPE Y DE LA SIP, los que se pasean como Pedro por su casa. Aqui tienen su centro de operciones los organismos represivos apoyados por la ANI, y por el gobierno social democrata de la Concertación.

Como recomendaciòn, a aquellos que hoy estan preocupados de mezquindades electoralistas y de desprestigiar a los luchadores que hemos dado la cara durante todo este tiempo, sin vendernos y sin esperar nada a cambio.. que se preocupen de individuos como JORQUERA , que si han hecho reral daño y lo continuan haciendo inpunemente.

Por estos dias he recibido amenazas de todo tipo de personajes que piensan que tuve algo que ver con la derrota de un CAUDILLO en las pasadas elecciones (sin ver sus propios errores), el que no a dudado en promover eL desprestigio, para tratar de desligitimarme como sujeto social comprometido con este sector del pueblo, como lo son los hermanos mapuches. A este CAUDILLO no le basto con excluir laboralmente a mi compañera, de negarnos la sal ,el agua y toda posibilidad de desaarrollo profesional.
A ese caudillo le digo que sus enemigos son personajes siniestros como este JORQUERA, y no aquellas personas que consecuentemente nos hemos mantenido siempre al lado del mas debil.

SANTOS JORQUERA YA NO ES SOLAMENTE UN ENEMIGO DE LOS MAPUCHES, ES UN ENEMIGO DEL PUEBLO, DEL MOVIMIENTO POPULAR Y DE LA HUMANIDAD TODA.....HAY MUCHOS SANTOS JORQUERAS QUE DERROTAR..

SANTOS JORQUERA DUEÑO DEL CAMPING LOS CASTAÑOS FUERA DEL TERRITORIO MAPUCHE !!!

LOS SAPOS Y TORTURADORES NO TIENEN CABIDA EN LA ÑUKE MAPU QUE ES DE LA GENTE DE LA TIERRA !!!

A SACAR A SANTOS JORQUERA DEL LLEU LLEU AHORA !!!!!

hago un llamado a todas las organizaciones populares y de clase a denunciar y condenar públicamente a SANTOS JORQUERA,.promoviendo las acciones que sean necesarias para sacar a este ser siniestro del lago lleu lleu, como tambien a las fuerzas represivas que se cobijan en el lugar.

JAIME DEL RIO F.
Militancia Popular

Tirua Noviembre, 2008

http://funachile.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=855&Itemid=27

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El negocio de la represión Un jurado de Texas procesa a Dick Cheney, vicepresidente USA, y Alberto Gonzalez, ex-fiscal general USA, por abuso a prisio

El negocio de la represión

Enviado el Viernes, 21 noviembre a las 11:19:14 por nico


Un jurado de Texas procesa a Dick Cheney, vicepresidente USA, y Alberto Gonzalez, ex-fiscal general USA, por abuso a prisioneros

Por: Notimex (20 de noviembre 2008)/ Aporrea/ inSurGente.-.
- Un gran jurado del condado de Willacy, en el extremo sureste de Texas, emitió hoy una acusación contra el vicepresidente estadunidense Dick Cheney y el ex procurador general Alberto Gonzales por presunto abuso a prisioneros. La acusación critica las inversiones de Cheney en la firma Vanguard Group, que mantiene intereses en compañías privadas operadoras de cárceles federales. La imputación acusa a Cheney de conflicto de intereses y “de al menos, asaltos ofensivos” a reos que realizan labores para las compañías de prisiones.

La acusación responsabiliza a Cheney, a Gonzales y a otros funcionarios federales y estatales de haberse enrolado en una actividad criminal organizada, que cometió abusos en los centros de detención federal de ese condado.

El gran jurado emitió la acusación luego que el procurador del condado de Willacy, Juan Angel Guerra, lo convocara para evaluar las evidencias que tenia contra los funcionarios.

La acusación critica las inversiones de Cheney en la firma Vanguard Group, que mantiene intereses en compañías privadas operadoras de cárceles federales.

La imputación acusa a Cheney de conflicto de intereses y “de al menos, asaltos ofensivos” a reos que realizan labores para las compañías de prisiones.

El ex procurador Gonzales está acusado de utilizar su cargo, cuando estaba en funciones, para frenar una investigación de abuso en los centros de detención federal.

La acusación también nombra como responsables a la juez estatal Janet Leal, a la también juez estatal Migdalia López y al senador estatal Eddie Lucio Jr.

Además aparecen acusados, la compañía de manejo de prisiones, GEO Group (conocida antes como Wackenhut Corporation) y a los ex procuradores federales Mervyn Mosbacher, Gus Garza y Gilberto Lozano.

Todos ellos enfrentan una serie de cargos que incluyen abuso de poder público y obtención de utilidades al ejercer un cargo público.


http://www.insurgente.org/modules.php?name=News&file=article&sid=15244


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CIA ocultó detalles acerca de avioneta derribada en Perú en 2001 (21-11-08)

21 de Noviembre de 2008

CIA ocultó detalles acerca de avioneta derribada en Perú en 2001

En el curso de la campaña contra las drogas en Perú, según el diario The Washington Post, otras 10 aeronaves han sido derribadas "sin aviso previo".

La Agencia Central de Inteligencia engañó deliberadamente al Congreso y a la Casa Blanca acerca de una avioneta derribada en 2001 en Perú y que transportaba misioneros estadounidenses, afirmó hoy el diario The Washington Post.El Inspector General de la CIA señaló en un informe que los oficiales de la agencia dejaron a un lado repetidas veces las reglas de combate en una campaña peruanoestadounidense para detener a los contrabandistas de drogas que usan aviones."El programa ya había derribado numerosas aeronaves sospechosas cuando el 20 de abril de 2001 un piloto militar peruano disparó, por error, contra una pequeña avioneta que transportaba una familia de misioneros bautistas de Michigan", añadió el Post.Una bala mató a una de las misioneras, Veronica Bowers y a su pequeña hija Charity. El piloto resultó herido pero se las arregló para aterrizar la avioneta.En el curso de la campaña contra las drogas, según el diario, otras 10 aeronaves han sido derribadas "sin aviso previo". "Los oficiales de la CIA ocultaron los problemas a los legisladores y al Departamento de Justicia", añadió el artículo."Múltiples investigaciones (tras el incidente abril de 2001) encontraron que la CIA había sido descuidada en su supervisión del programa y no se había asegurado de que se cumplieran reglas estrictas para identificar la avioneta antes de que se llamara al piloto militar", indicó el diario.
EFE
http://www.elmostrador.cl/index.php?/noticias/articulo/cia_oculto_detalles_acerca_de_avioneta_derribada_en_peru_en_2001/
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CUESTION DE ESTADO El Congreso puso fin al negocio de la jubilacion privada




EL PAIS › Nota de tapa



Por Miguel Jorquera
“Estamos ante un cambio de trascendencia histórica, tal vez después se pueda mejorar”, dijo el jefe del bloque K, Miguel Angel Pichetto

El Congreso puso fin al negocio de la jubilacion privada:Por una abrumadora mayoría de 46 votos a favor y 18 en contra, el Senado aprobó anoche el proyecto de ley que declara el fin de las AFJP y unifica las jubilaciones en el sistema de reparto.


EL SENADO APROBO EL PROYECTO OFICIAL Y CREO EL SISTEMA INTEGRADO DE PREVISION ARGENTINO


Las AFJP ya son otro recuerdo de los ’90


Con 46 votos a favor y 18 en contra, el kirchnerismo sancionó la ley que devuelve al Estado la administración de las jubilaciones. Además de los senadores oficialistas, el Gobierno sumó el apoyo de legisladores socialistas, del MPN y del ARI fueguino.

Por Miguel Jorquera


Era un final anunciado, pero no por eso menos importante. El Senado selló ayer el fin de las AFJP. Sin sorpresas ni sobresaltos, con 46 votos a favor, 18 en contra y una abstención, el oficialismo consiguió convertir en ley el proyecto que devuelve a manos del Estado el manejo sobre todo el sistema previsional. A los votos oficialistas se sumaron los de varios opositores. Los aristas fueguinos, el socialismo y el Movimiento Popular Neuquino respaldaron la eliminación del régimen de jubilaciones privadas. En cambio, el radicalismo, la Coalición Cívica, el peronismo anti K y algunos partidos provinciales rechazaron de plano el proyecto del Gobierno.
Tras casi un mes de trámite parlamentario, el Congreso transformó en ley el proyecto que la Presidenta anunció públicamente el 20 de octubre en un acto en la Anses. A los senadores les llevó ayer casi doce horas de debate en el recinto fijar posiciones que ya se conocían y definir en la votación el destino final del sistema privado de capitalización –creado por Carlos Menem y Domingo Cavallo–, que convivió durante catorce años con el estatal de reparto. Ahora, a partir de la promulgación de la ley, la Anses manejará el Sistema Integrado de Previsión Argentino (SIPA) y todos sus recursos económicos.
“Estamos ante un cambio de trascendencia histórica, tal vez después se pueda mejorar. Pero acá estamos defendiendo el núcleo duro del tema: que el Estado maneje los recursos del sistema previsional. El sector privado ha fracasado”, dijo el jefe del bloque k en el Senado, Miguel Angel Pichetto. Hacia el cierre del debate, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y el titular de la Anses, Amado Boudou, seguían la sesión en el recinto junto al presidente de la comisión de Previsión de la Cámara baja, el formoseño Juan Carlos Díaz Roig. “No estamos violando el derecho de propiedad”, sentenció el senador rionegrino para ahuyentar los fantasmas sobre la litigiosidad que, según empresarios y opositores, los aportantes al sistema privado desatarán contra el Estado.
Nadie, ni defensores ni detractores del proyecto oficial, arrojó un salvavidas a las administradoras privadas. La mayoría de los 39 oradores arremetieron contra el “saqueo” que las AFJP ejercieron sobre los aportes de los trabajadores. Toda la discusión giró alrededor de la “necesidad” de otorgar más tiempo a la discusión sobre una “reforma integral” del sistema previsional y los controles que, de ahora en más, deberían ejercerse sobre el manejo de los recursos por parte de la Anses: un fondo de entre 80 y 90 mil millones de pesos que recibirá del sistema privado, más un flujo anual de entre 12 y 14 mil millones de pesos entre aportes de los trabajadores y contribuciones patronales.
Así, el oficialismo logró alinear al grueso de su tropa detrás del proyecto oficial, que llegó con algunas modificaciones desde Diputados, y dejó a la oposición sin aliados. Sólo quedaron afuera los rebeldes salteños Juan Carlos Romero –que presidió la Comisión de Presupuesto del Senado cuando se aprobó la creación del sistema privado– y su compañera Sonia Escudero. El cordobés Roberto Urquía, que tampoco avalaba la iniciativa, faltó a la cita. En cambio, los díscolos santafesinos Carlos Reutemann y Roxana Latorre acompañaron en general, pero prefirieron no expresar sus disidencias en particular durante el debate. La chaqueña Elena Corregido se plegó en general, pero expresó sus “observaciones”.
Algunos bloques opositores también respaldaron en general el proyecto: el MPN, el socialismo y el ARI de Tierra del Fuego. “Para los socialistas es volver a la Constitución. El artículo 1º determina la vuelta al sistema de reparto, aunque vamos a plantear serios reparos en particular. Los socialistas estamos votando con la misma convicción que en ’93, cuando dijimos que la privatización del sistema previsional iba a ser una gran estafa”, dijo el santafesino Rubén Giustiniani.
Desde la oposición, el arista José Martínez fue uno de los más acérrimos defensores del regreso del sistema previsional al Estado. “Coincidimos con el Gobierno, a pesar de todas nuestras críticas, en que el Estado es el que debe manejar los recursos jubilatorios”, dijo. El senador fueguino recordó que su provincia se enfrentó a Menem y Cavallo y se negó a privatizar el sistema previsional. El ex radical k Pablo Verani –que planea su regreso al redil radical opositor– pidió “permiso para abstenerse”.
El resto de la oposición mantuvo su rechazo al proyecto. “La Anses va a manejar el Fondo Monetario Nacional, con el 40 por ciento del PBI y sin ningún tipo de control”, arrancó el radical Gerardo Morales para luego pedir que el Banco Nación maneje los fondos que la Anses heredará del sistema de capitalización. Aunque admitió que “las AFJP saquearon y ralearon los bolsillos de los trabajadores”. Por la CC, María Eugenia Estenssoro rechazó de plano el proyecto oficial. “Proponemos un plazo de siete meses para discutir un sistema único de reparto, porque la precariedad institucional de este proyecto es gravísima”. Y advirtió sobre la catarata de juicios que afrontará el Estado.
Adolfo Rodríguez Saá fue la voz del peronismo anti k, con citas a Perón y críticas a un proyecto que “afecta la propiedad privada” y “la seguridad jurídica”. Chiche Duhalde prefirió no hablar en el recinto, pero también votó en contra. Sin representantes en la cámara, el macrismo recurrió al clamor desesperado para sostener con vida a las AFJP: los diputados Federico Pinedo y Julián Obiglio se ganaron un espacio en los medios al pedirle a Julio Cobos que, en su calidad de vicepresidente a cargo del Ejecutivo, vetara la ley (ver página 4). Nadie en el kirchnerismo le prestó seriamente atención al pedido. Ya habían pasado casi trece horas de debate y ni el tratamiento en particular había logrado alterar los 46 votos oficialistas. El funeral de las AFJP ya estaba en marcha.


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OPINION


La irritación del poder

Por Alfredo Zaiat


La culminación de la etapa de las AFJP que se extendió por catorce años significa la medida más trascendental del reordenamiento del sistema previsional público. A esta altura, la abrumadora mayoría en uno de los poderes de la República, aspecto que tanto inquieta a los gendarmes de los buenos modales democráticos, no deja margen de duda sobre el respaldo que reunió el proyecto para poner fin a ese negocio financiero con el dinero previsional de los trabajadores. También cualquier evaluación técnica que tenga un mínimo de honestidad intelectual revelará la inconsistencia fiscal y la desestructuración de la seguridad social que significaba el régimen de AFJP. Frente a esa contundencia, la reacción destemplada de economistas de la city se entiende porque pierden uno de sus clientes favoritos. Las administradoras no se fijaban en gastos por informes y asesoramientos de esos gurúes debido a que el dinero no salía de bolsillos de gerentes de sueldos elevados, sino del aporte de los trabajadores. Como a ese grupo de brujos de la economía el destino de los jubilados les resulta totalmente indiferente, los análisis de catástrofes inminentes que no se cansan de pronosticar sin éxito se deben traducir en el lamento por la pérdida de contratos que merecerían conocerse para transparentar el debate, del mismo modo que sirvió en ese sentido la revelación de PáginaI12 sobre los abultados salarios del cuerpo ejecutivo de las AFJP.


Más relevante aún es profundizar por qué el fin de las AFJP ha instalado un estado de cólera permanente en los ámbitos del poder. Las cámaras empresarias, los voceros mediáticos y la secta de economistas amplificaron esas quejas con fervor militante. Por cierto, éstas no tiene su origen en la preocupación por la solvencia intertemporal de las cajas previsionales. Tampoco por la eliminación de las cuentas individuales, por el proceso de recuperación del régimen de reparto o por el mejoramiento de las cuentas fiscales, que con una particular contabilidad creativa los cruzados del neoliberalismo lo traducen en debilitamiento para pagar la deuda. La profunda irritación del poder tiene su razón en el inesperado avance del Estado en espacios que estaban vedados: en el capital de empresas privadas. El cientista político e historiador Natalio R. Botana ha sido el primero que lo expresó con claridad en un artículo publicado ayer en La Nación: “Esta política expansiva sobre la sociedad civil, con la captura por parte del Gobierno de un paquete significativo de acciones pertenecientes a empresas privadas...”.


Con el fin de las AFJP pasarán a manos del Estado paquetes de acciones de unas cuarenta empresas líderes, petroleras, metalúrgicas, bancos, grupos multimedios, telefónicas, cerealeras, que antes de la debacle de los mercados sumaban unos 10 mil millones de pesos. La exasperación del poder no es sólo por ese porcentaje de acciones, que no supera el 25 por ciento en cada una de esas compañías, sino por la incertidumbre sobre cuál puede ser el próximo paso de un gobierno al que consideran imprevisible o por el temor a la venta futura de esas acciones a otros inversores privados que no sean ellos.


Si se transparentaran los motivos de la batalla, el debate sería menos confuso para una mayoría inocente atrapada en una batería de amenazas de cataclismos próximos que afecta las expectativas sociales y, en consecuencia, las perspectivas de los sectores más vulnerables.


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OPINION


Entre el ayer y la crisis

Por Mario Wainfeld
El temario de este año ha sido inesperado, por doquiera. La Argentina agregó su cuota de color local a una agenda que nadie podía intuir cuando asumió la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Sin ir más lejos: la reforma del sistema previsional, el retorno al pleno sistema de reparto estaba en las previsiones de nadie. Su magnitud la ranquea entre las medidas más potentes del kirchnerismo, en rango similar a los cambios en la Corte Suprema, la política de derechos humanos y la refinanciación de la deuda externa. Es un legado institucional interesante, de sesgo estabilizador, estatista y progresista. Se redondea en medio de una colosal crisis económica mundial y del más arduo trance político que atravesaron los dos últimos gobiernos.
En la Casa Rosada, Olivos y zonas de influencia están convencidos de que este paso gigantesco configura el real comienzo del actual mandato presidencial. Así dicho, el análisis subestima cuánto se debilitó el oficialismo en un puñado de meses, cuánto dejó agrandar a la oposición, cuánto caudal propio dilapidó en buena medida por errores no forzados. Si se computan esos retrocesos, puede coincidirse: la coyuntura económica y la reconfiguración de la política doméstica le abren a la Presidenta una ventana de oportunidad que nadie hubiera considerado necesaria hace un año, que casi ninguno estimaba factible a mediados de 2008.
Para llegar a este contragolpe, el Gobierno tomó nota de condicionantes impuestos por el escenario ulterior a la derrota en el conflicto por las retenciones móviles. Para capturar su nueva oportunidad deberá sopesar asimismo las restricciones y condiciones incubadas por el colapso del paradigma económico de la era Bush, cuya traducción, hasta ahora, es recesión en el centro del mundo y desaceleración del crecimiento en los países emergentes.
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La república y las derrotas. Para sepultar a las nefastas AFJP, el Frente para la Victoria (FpV) capitalizó lecciones aprendidas con el rechazo de la resolución 125: la nueva centralidad del Congreso, la necesidad de articular mayorías amplias, allende la fuerza propia. Conseguir ambos objetivos lo compele a una gimnasia que subestimó (o hasta despreció) antaño: abrir los debates y los proyectos. Sumar opositores sólo es accesible si se les reconoce protagonismo, escucha y se habilita que metan cuchara en los proyectos que vienen del Ejecutivo. En la aciaga hora de las retenciones, tanto como cuando las modificaciones en el Consejo de la Magistratura, el oficialismo se jugó a ganar con lo justo. Es un estilo arriesgado, que crispa en exceso y que mitiga las proyecciones sociales de las leyes. Una normativa acompañada por consensos extendidos tiene otro peso, que el oficialismo pudo paladear en sus reformas educativas durante el gobierno de Néstor Kirchner. Claro que eso exige trabajo, muñeca, tolerancia y firmeza, virtudes que el diputado Agustín Rossi ha demostrado en todo este tiempo. La lógica parlamentaria en un esquema pluralista no debe ser, como regla, el juego de suma cero. Congregar a otros es redituable, el camino es que los demás participen y mejoren su posición relativa.
La oposición parlamentaria que se sitúa a la izquierda del FpV fue constructiva, coherente con su pasado y su discurso. El socialista Rubén Giustiniani, por caso, pudo evocar un dictamen firmado hace 15 años por sus compañeros Alfredo Bravo, Estévez Boero y Luciano Molinas. Eso le permite interpelar mejor a sectores progresistas críticos del kirchnerismo, a quienes no les hablan el PRO, la Coalición Cívica, el neoduhaldismo y el radicalismo, arraigados en el enfrentamiento automático a todo lo que provenga del Gobierno.
Ese sector de la oposición, que clamaba por enviar la 125 al Congreso como artículo de fe republicana, desmerece el veredicto legislativo cuando les es adverso. La fe republicana, medida en la cancha, sólo se activa si se logra un score favorable. Cuando se es vencido, se rompe el compromiso sistémico, al modo del “dueño de la pelota”, que se la lleva si el partido viene mal.
La lógica rupturista opera aún con una ley aprobada por diferencias aplastantes en ambas Cámaras, votada por un amplio arco político, que incluye a los socialistas, eventuales (y valorados) integrantes de la virtual coalición antikirchnerista para 2009 y 2011.
Las reacciones intolerantes y el volumen de los discursos fueron directamente proporcionales a esa (por llamarla de modo compasivo) mezquindad. La diputada Patricia Bullrich (itinerante, ahora en la Coalición Cívica) acusó a una colega de haber promovido juicios contra el Estado. El embate fue falso. El tono, de fiscal de la Inquisición. Pero, en paralelo, la misma Bullrich y sus aliados en esta votación compitieron en augurar y justificar futuros juicios contra el Estado. La palabra del legislador en el recinto, según la jerga jurídica, es “interpretación auténtica”, la de la oposición es un borrador prefigurado para litigantes futuros. Si hasta se puede imaginar a un abogado de fondos buitre (llamémoslo Doctor John Crow) cortando y pegando en su compu las arengas opositoras para presentarlas ante el honorable juez Griesa.
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Miles de millones de razones. El sistema solidario tiene un sustrato ideológico-valorativo digno de rescate. La capitalización individual fue un emergente del pensamiento conservador de los ’90, ligado a la hipótesis de la salvación individual y a la ruptura de lazos sociales. El reparto restaura la solidaridad en la clase trabajadora y entre generaciones. El régimen individualista fracasó, si es que así puede llamarse a su éxito, que fue forrar a las empresas y a sus gerentes y dejar a gamba a los jubilados para que los rescatara la eterna (y traqueteada) ambulancia estatal.
El oficialismo fue parco para hablar del otro núcleo de la medida, el de fondear al Estado, ampliando la solvencia fiscal en una etapa que impone activismo estatal. La oposición y los adalides mediáticos de las AFJP equiparan la “caja” con el pecado, mientras las empresas en que revistan piden créditos y subsidios con manga ancha.
Relegado del centro del debate por un equívoco pacto tácito, el ángulo fiscal es más que importante. Y, al paladar de este cronista, encomiable en su rumbo, que es fortalecer las arcas fiscales, un afán que aúna a todos los gobiernos del mundo.
Claro que el oficialismo no sostiene bien su causa, callando lo evidente y comunicando tan mal como de costumbre. El dinámico Sergio Massa ha entrado en una etapa apagada, ningún miembro del equipo económico toma el micrófono. El vacío de información resuena estruendoso, en circunstancias que claman por liderazgo y autoridad pública.
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¿Te acordás, hermano? Las cadenas noticiosas de TV por cable no se conciernen cuando hay leyes importantes sin suspenso en la resolución ni gritos en el recinto. El compromiso republicano no es para tanto, se prefiere dedicar la cadena privada a transmitir el sorteo de la Copa Davis.
Sin el asedio de micrófonos y cámaras, José Pampuro presidió en calma la sesión. Julio Cobos se ausentó con aviso: ejerce la primera magistratura y ya protagonizó dos hechos históricos en un año, desde la cima de las decisiones. Miguel Pichetto tuvo una sesión relajada, yendo en auto a la mayoría de 46 votos contra 18.
Malas noticias para él: no tendrá oportunidad para distenderse. Se avecinan otros proyectos que pintan más peliagudos para el oficialismo, con emblocamientos más obvios, menos estimulantes. En Diputados confían sacar con holgura la ley del cheque y la de emergencia. “La salida de Felipe Solá no nos quita votos, los que se fueron no acompañaron ni las AFJP. Al contrario, nos ordena internamente. Con los propios y los aliados juntaremos cerca de 140 a favor”, porotean muy cerca del Chivo Rossi. Los aliados principales son el Movimiento Popular Neuquino, los radicales–concertadores santiagueños de Zamora, el bloque de Ariel Basteiro-Vilma Ibarra y varios monobloques. La pretensión oficialista se angostará en el Senado, que le viene costando más. Es menos plural en su composición, tienen un peso alto de peronistas díscolos como los Rodríguez Saá, Chiche Duhalde y Carlos Menem, los senadores tributan más a sus gobernadores.
Ni los números ni la razón terminan de asistir al Gobierno en el debate en ciernes. La angustia financiera de las provincias es palpable e inspira amagues de aumento de impuestos en Santa Fe, en Buenos Aires, en Capital, por mentar a distritos renombrados. Por ahora, los intentos se retractan, pero ese minué no durará si no mejora el flujo de recursos. Suena excesiva la insistencia del gobierno nacional en no mejorar la coparticipación, cuando el horizonte compartido tiende a la baja.
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La gesta y la calma. La retórica oficialista se complace en confrontar con sus adversarios más brutales y en enaltecer cada una de sus acciones como una gesta, sin percatarse de que las dos tribunas ululantes (la afín y la hostil) son minoritarias. Subsiste una tendencia, o hasta una obstinación, en mantener en vilo a la sociedad que, seguramente, anhela otras señales.
La aceptación del Gobierno ha caído bastante este año... y el mundo cambió. En ese marco, con mejor sustento fiscal, llega el momento de propagar serenidad, emitiendo informaciones precisas para el corto y mediano plazo. Los argentinos, curtidos en tantas crisis, son presa fácil de la desolación o de los rumores que se contrarrestarían mejor si se detallara un programa financiero para el año entrante y una lista de las principales medidas económicas proactivas. Más allá de elogiar los valores de la medida, explicar para qué van a servir el flujo y el stock de dinero de la Anses. Bien usados, pueden trasfundir crédito a la economía local y al Gobierno.
La obra pública, la intervención estatal, el desendeudamiento externo, la respuesta cotidiana a los problemas, están en el ADN del oficialismo, tanto como aspirar al centro de la escena. Infundir calma y predecibilidad, definir objetivos e instrumentos futuros les place (les cabe) menos a los Kirchner. Pero la necesidad tiene cara de hereje: las chances de reconstruir la autoridad o hasta el liderazgo de la Presidenta (pocas, pero no nimias) dependen de que ejercite el rol de piloto de crisis, mucho menos lineal que la pura confrontación o el sobresalto cotidiano.
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mwainfeld@pagina.12.com.ar


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EL SISTEMA PRIVADO DE CAPITALIZACION DESDE SU ORIGEN HASTA LA ACTUALIDAD

Una historia de promesas incumplidas


Se consolidaron debido a la crisis del régimen público, la propaganda oficial, las presiones empresarias, la complicidad de algunos sindicatos y una intensa campaña publicitaria que prometía el paraíso. Sin embargo, el resultado fue ruinoso.

La campaña a favor de las AFJP fue abrumadora y obtuvo resultados contundentes. En menos de un año, casi cuatro millones de personas optaron por el sistema de capitalización, incentivadas por la crisis del régimen público, la propaganda oficial, las presiones empresarias, la complicidad de algunos sindicatos y la publicidad de las propias administradoras que les prometían el paraíso a quienes les cedieran sus aportes. Fueron pocos los que a mediados de los ’90 resistieron los cantos de sirenas y se opusieron a un cambio que a la larga terminó siendo ruinoso para los trabajadores.

La Argentina tuvo hasta 1994 un Sistema Nacional de Previsión Social que, sustentado en un pacto de solidaridad intergeneracional, financiaba las jubilaciones con el aporte de los trabajadores en actividad. A medida que la política de previsión social fue quedando su-bordinada a las necesidades coyunturales de los distintos gobiernos, el sistema se fue desfinanciando y comenzaron a cobrar fuerza los pedidos de reforma inspirados en la Nueva Ortodoxia Previsional, que propagandizó el Banco Mundial. Según esa concepción, los sistemas de reparto son económicamente ineficientes y socialmente injustos. Por lo tanto, se propuso reemplazarlos por un esquema de acumulación de ahorro en cuentas individuales.

En Argentina, lo que se terminó implementando fue un sistema mixto, pero al régimen de reparto se le asignó un papel residual, pues se le quitó su principal base de financiamiento: el aporte de los trabajadores en actividad. Luego la ley de Solidaridad Previsional, ideada por el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, terminó de consumar la estafa al su-bordinar los haberes jubilatorios a la recaudación poniendo fin al principio de movilidad.

El gobierno de Carlos Menem además hizo todo lo posible para convencer a los trabajadores de que derivaran sus aportes a las AFJP. A fines de 1993, el Ministerio de Trabajo, entonces comandado por Enrique Rodríguez, editó una historieta de doce páginas, a todo color, destinada a explicar los puntos más importantes del nuevo régimen jubilatorio. En los hechos, este comic protagonizado por tres oficinistas y guionado por dos periodistas era una apología del sistema de capitalización.

En una parte de la historia, uno de los personajes afirmaba que un trabajador, que ganaba 1000 pesos y tenía 10 años de aporte al viejo régimen, al momento de jubilarse iba a percibir 138 pesos por la Prestación Básica Universal (PBU) y 150 pesos por la Prestación Compensatoria (PC), lo que sumaba 288 pesos, pero si se jubilaba por el sistema estatal tendría que sumar 170 pesos por la Prestación Adicional por Permanencia (PAP), lo que le daba un haber de 458 pesos. Mientras que si lo hacía por una AFJP, tendría que agregar 209 pesos, pudiendo llegar a cobrar 497. El cálculo estaba claramente manipulado a favor del sistema de capitalización, pues la única forma de proyectar el ingreso futuro siempre fue a partir de supuestos y los supuestos utilizados en ese caso favorecían al régimen privado, sin que ello fuera aclarado en ningún momento.

Por si ese tipo de maniobras no bastaran, mientras estuvo abierta la posibilidad de elección entre ambos sistemas, Menem denostó públicamente el régimen de reparto y exaltó las bondades de la capitalización individual. “Vamos a tener que elegir entre el viejo sistema, que ha llevado a la destrucción de los ahorros, o el nuevo, que tan excelente resultado da en Chile”, aseguró el 29 de abril de 1994 durante una jornada de capacitación sobre la jubilación privada, luego de aclarar que por su cargo de presidente no le correspondía decir qué opción era más conveniente. Tres meses después llegó a decir, incluso, que había optado por una administradora “porque voy a poder controlar mis depósitos”.

Domingo Cavallo también hizo campaña a favor de los bancos, recomendando varias veces el sistema privado. Incluso siendo él ministro de Economía llegó a poner en duda la posibilidad del Estado de cumplir con los compromisos. “El que se queda en la jubilación estatal va a tener que seguir creyendo, como creyeron los jubilados de hoy, en que los funcionarios van a tomar las medidas para poder cumplir con promesas que sólo están escritas en las leyes”, afirmó el 23 de mayo de 1994.

Reconocidos miembros del establishment también desplegaron un fuerte lobby a favor de las AFJP, adjudicando al sistema privado propiedades sanatorias. “Esto da tranquilidad a las nuevas generaciones, que saben que, cuando lleguen a viejos, no necesitarán seguir trabajando y tampoco deberán apelar a hijos u otros para su sostenimiento. Desaparecerá el drama de los que de hecho no pueden jubilarse, porque ello implica un brusco descenso en sus ingresos y su nivel de vida, que frecuentemente no pueden soportar”, afirmó por entonces Juan Alemann, ex secretario de Hacienda del dictador Jorge Videla.

También hubo sindicalistas que no sólo consintieron la reform, sino que participaron del negocio. La Unión Obrera de la Construcción, encabezada por Gerardo Martínez, y la Federación de Trabajadores de la Sanidad, liderada por Carlos West Ocampo, se asociaron en la AFJP Claridad. Los gastronómicos participaron de la AFJP San José y Luz y Fuerza fundó la administradora Futura, entre otros. “Todas las AFJP ofrecen seguridad y solvencia”, aseguró West Ocampo al diario Crónica el 23 de abril de 1994.

Pese al rosario de promesas de prosperidad, la realidad que enfrentaron los trabajadores terminó siendo muy diferente. Un informe elaborado a fines del año pasado por el Instituto de Estudios y Formación de la CTA destacó que desde la instauración del régimen privado de capitalización, las AFJP habían recibido 93.870 millones de pesos (valuados a precios de 2006) y se quedaron con 30.789 millones en concepto de comisión (32,8 por ciento). Con el resto del dinero se dedicaron a especular financieramente, con resultados catastróficos para el trabajador, y cuando la crisis económica de fines de los ’90 se agudizó se convirtieron en prestamistas del Gobierno a tasas usurarias. La reciente crisis financiera internacional los encontró con el 75 por ciento de su cartera invertido en bonos, acciones locales y extranjeras que se derrumbaron estrepitosamente.


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