miércoles, 18 de diciembre de 2013

Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad del decreto 1184/02 de la provincia del Neuquén, que pretendía regular la personería jurídica de las comunidades mapuches "sin respetar las pautas constitucionales, de los tratados de derechos humanos y de la ley 23.302" ---18-12-2013

Judiciales

Corte falla en favor de comunidades mapuches de Neuquén

16:47
 
Según informó el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas, el máximo tribunal declaró inconstitucional un decreto que pretendía regular la personería jurídica de las comunidades mapuches "sin respetar las pautas constitucionales, de los tratados de derechos humanos y de la ley 23.302".
 
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad del decreto 1184/02 de la provincia del Neuquén, que pretendía regular la personería jurídica de las comunidades mapuches "sin respetar las pautas constitucionales, de los tratados de derechos humanos y de la ley 23.302", informó el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas.
El Director de la entidad, Juan Manuel Salgado, explicó en un comunicado que "después de doce años de litigio judicial, el máximo tribunal le ha dado la razón a la Confederación Mapuche, que desde un primer momento cuestionó ese decreto de Sobisch (por el ex gobernador de Neuquén, Jorge Sobisch) luego sostenido también por Jorge Sapag (actual mandatario provincial)".
"La simplicidad de los términos de la sentencia demuestra que sólo la presión política puede haber hecho que el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia decidiera, como lo hizo en su momento, dándole la razón al gobierno", asegura.
Jorge Nahuel, Werken (vocero) de la Confederación Mapuche, dijo a Télam que "el decreto del gobierno desconocía la forma de organización de cada comunidad sin respetar sus pautas culturales, tradicionales y sociales".
"Lo que querían era que las comunidades para tener personería jurídica se organizaran como cualquier entidad civil y que la Dirección Provincial de Personería Jurídica las controlara bajo esas mismas pautas", explicó.
La Corte, en el fallo, señala que "el adecuado respeto al régimen federal de gobierno impone a los estados locales a la hora de ejercer su potestad legisferante y reglamentaria reconocer y aceptar los respectivos estándares de referencia fijados a nivel normativo federal cuyas disposiciones constituyen una guía de contenidos mínimos a tener en cuenta por todas las provincias que integran el Estado argentino".
"Dichos estándares federales -agrega- se encuentran contenidos y especificados tanto en el marco constitucional sub examine y el Convenio 169 de la OIT, como así también en la ley nacional de política indígena y su decreto reglamentario".Télam

http://www.rionegro.com.ar/diario/corte-falla-en-favor-de-comunidades-mapuches-de-neuquen-1433456-9521-nota.aspx

Fallo judicial reconoce derechos mapuches frente a terrateniente

nov 18th, 2012 |   

La Justicia de Neuquén rechazó el desalojo de una comunidad mapuche al reconocer que se trataba de posesión tradicional indígena y remarcó la supremacía de la legislación indígena sobre el derecho privado. La demanda había sido presentada por un ex juez de la dictadura militar.
(18/11/12 – ODHPI) – La Justicia de Neuquén falló a favor de la Comunidad Mapuche Tuwun Kupalmeo Maliqueo, que había sido denunciada en 2009 por “usurpar” un territorio donde produce y vive desde tiempos inmemoriales. La sentencia es inédita en cuanto reconoce derechos sobre tierras de veranada (se utilizan sólo una parte del año) y porque aplica el derecho indígena, de mayor jerarquía, por sobre el Código Civil. La sentencia marca un antecedente importante para decenas de casos en el que empresarios cierran las veranadas de las comunidades indígenas. El terrateniente demandante es un ex juez de la dictadura militar señalado de colaboracionista.
Las tierras de veranada son las parcelas donde indígenas y campesinos llegan cada temporada de calor para que sus animales se alimenten. Es una práctica milenaria el permanecer en invierno en tierras bajas (campos de “invernada”) y migrar en primavera hacia la “veranada”, donde los animales aprovechan buenas pasturas y recobran fuerzas. Estos campos, y los caminos de arreos, son alambrados por empresarios que atentan contra la vida indígena y campesina.
En enero de 2009, la comunidad Tuwun Kupalmeo Maliqueo abrió la tranquera con la que un estanciero había cerrado el campo de veranada mapuche, 829 hectáreas en el departamento de Aluminé (paraje Litrán). Y se instaló en el lugar con sus animales, como todos los veranos. El estanciero, Pedro Duarte, demandó a la comunidad y solicitó como medida cautelar el desalojo. Exhibió un título de propiedad y negó la existencia de la comunidad. Automáticamente, desoyendo los derechos humanos de los pueblos indígenas, la entonces Jueza Ivonne San Martín hizo lugar a la medida cautelar y procedió al desalojo.
Pedro Laurentino Duarte asumió como juez federal de Neuquén en marzo de 1976. En la zona es conocido por sus sistemáticos rechazos a los habeas corpus presentados por familiares de desaparecidos. Los organismos de derechos humanos lo sindican como “colaborador” de la dictadura militar. Gracias a esas influencias, se hizo de las tierras mapuches. Duarte renunció en 1984 luego de una denuncia de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) de Neuquén.
El 9 de noviembre pasado, la jueza de 1° Instancia de Zapala, Gloria Martina, rechazó el interdicto de recobrar la posesión interpuesto por Duarte y dio un paso más al remarcar la prevalencia del derecho indígena (Convenio 169 de la OIT, Constitución Nacional, Constitución de Neuquén -artículo 53-) y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Concluyo en que la posesión ejercida por los demandados (la comunidad mapuche) merece la protección supralegalmente otorgada a la ocupación de territorios por las comunidades indígenas (…) Debiendo considerarse la ocupación tradicional indígena es preexistente al Estado (…) Confrontado el título exhibido por el actor (Duarte) con el ostentado por los demandados, surge demostrado que el de éstos últimos (la comunidad) posee relevancia superior por resultar anterior en el tiempo y por ende preferido en derecho”, explica la sentencia.
También afirma que no es necesario personería jurídica o estar inscripto en algún ámbito estatal para ser reconocida como comunidad, recuerda la vigencia de la Ley 26160 (suspende los desalojos) y –declarando inoponible frente a la Comunidad la tardanza del Estado en su aplicación– reconoció la legitimidad de la posesión indígena de esas tierras, los derechos mapuches sobre el inmueble y llamó “a la reflexión” a Duarte “respecto a las desafortunadas expresiones -francamente hostiles- vertidas contra la comunidad y especialmente al juicio de disvalor efectuado por su parte en torno al modo de actuación y costumbres de los mismos”. Duarte incluso había cuestionado la instalación de “una bandera extranjera (mapuche)” en el territorio. La jueza le recuerda que “más del 60 por ciento de la población argentina es descendiente de algún pueblo indígena” y lo insta a Duarte a “internalizar el nuevo paradigma de inclusión y respeto a la diversidad étnica y cultural”.
“No cabe sino concluir en la legitimidad de la posesión ejercida por la comunidad mapuche sostenida en el reconocimiento ínsito en las normas internacionales y en el mandato operativo, categórico e inequívoco de la Constitución Nacional que establece que toda ocupación tradicional de una comunidad indígena debe juzgarse como posesión comunitaria, mereciendo recalcarse que la posesión comunitaria no es la individual del Código Civil enarbolada por el denunciante (Duarte), sino la común -de rango constitucional, supremo- derivada de la sencilla razón de preexistir al Estado”, sentencia la jueza de Zapala.
 
 
 
 
 

miércoles, 4 de diciembre de 2013

ARGENTINA:Otorga una pensión vitalicia a supervivientes ex prisioneros sociopoliticosculturalesmilitares de la resistencia a la última dictadura militar genocida Argentina.

 
 
 
 
 
 
ARGENTINA:Otorga una pensión vitalicia a supervivientes ex prisioneros sociopoliticos en la última dictadura militar genocida Argentina.
 
 
 
 
 
 
 
VOTARON LA LEY QUE FIJA UNA PENSION A LOS DETENIDOS EN LA DICTADURA
 
 
 




Resarcimiento para ex presos

La ley fue aprobada por una abrumadora mayoría de 176 votos a 2. Establece una pensión mensual para ex presos por razones políticas, gremiales o estudiantiles antes de la vuelta democrática. Fue debatida durante más de cuatro años.
 
La Cámara de Diputados convirtió ayer en ley el proyecto que otorga un resarcimiento mensual de entre 5 mil y 6 mil pesos a los ex presos por razones políticas, gremiales o estudiantiles que estuvieron privados de la libertad antes de la restauración democrática del 10 de diciembre de 1983. Los diputados aceptaron los cambios introducidos por los senadores, que eliminaron la fecha de inicio del período que comprendía el otorgamiento de la pensión graciable para hacerla más abarcativa. La sanción fue celebrada por un grupo de ex presos políticos presentes en el Congreso.
El proyecto, debatido durante más de cuatro años y presentado en dos oportunidades por el diputado formoseño Juan Carlos Díaz Roig, había obtenido media sanción en noviembre del año pasado. Luego, el Senado lo aprobó, pero con una modificación: eliminó el requisito que acotaba el beneficio a las detenciones posteriores al 6 de noviembre de 1974, con lo cual amplió el margen de reparación histórica, aunque mantuvo el 10 de diciembre de 1983 como límite. El proyecto volvió a Diputados, donde la semana pasada obtuvo dictamen favorable de las comisiones de Previsión y Seguridad, de Derechos Humanos y de Presupuesto.
La iniciativa no estaba contemplada inicialmente en el plan de labor parlamentaria que se abordaría ayer, pero fue incorporada a sugerencia de la jefa del bloque kirchnerista, Juliana Di Tullio, con lo cual se generó un festejo de decenas de militantes políticos que colmaron los palcos del recinto de sesiones. La ley fue aprobada por 176 votos a favor, 2 en contra y una abstención.
La ley abarca a todos los “civiles y/o militares condenados por un Consejo de Guerra, puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y/o privados de su libertad como consecuencia del accionar de las Fuerzas Armadas, de Seguridad o de cualquier otro grupo, por causas políticas, gremiales o estudiantiles”. Serán “beneficiarios indiscutiblemente por situación probada quienes hayan sido alcanzados por las leyes 25.915 y 24.043”, es decir quienes cobraron indemnizaciones por ser nacidos durante el cautiverio de sus madres o porque siendo menores de edad estuvieron detenidos junto con sus padres, y quienes cobraron indemnizaciones por haber quedado a disposición del PEN durante la vigencia del estado de sitio, o bien fueron detenidos por actos emanados de tribunales militares.
En el segundo inciso del punto que detalla los beneficiarios, se incluye a quienes fueron privados de la libertad, ya sean civiles o militares, “por actos emanados de unidades o tribunales militares especiales o consejos de guerra, haya habido o no sentencia condenatoria en este fuero, bajo la vigencia de la Doctrina de la Seguridad Nacional”.
Finalmente incluye a quienes fueron detenidos “por tribunales civiles en virtud de la aplicación de la Ley 20.840” de septiembre de 1974, conocida como “ley de seguridad nacional”, que incluyó tipos penales imprecisos con el fin de abarcar “las actividades subversivas en todas sus manifestaciones”, y quienes fueron detenidos en base a “cualquier otra ley, decreto o resolución de esa índole, habiendo permanecido detenido bajo el régimen de ‘detenidos especiales’, violatorio de los derechos humanos amparados constitucionalmente”. En caso de fallecimiento del ex preso político, podrán ser beneficiarios sus “derechohabientes”, léase cónyuge o concubina que pruebe la relación de convivencia, o bien los hijos. El órgano de aplicación de las pensiones será la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.




29/11/2013 | Info. General

Califican como “reconocimiento histórico” la ley que otorgará pensiones a ex presos

 

 

El vicepresidente de la Asociación de Expresos Políticos de La Rioja, Aníbal de la Vega, celebró la ley aprobada el último miércoles por el Congreso de la Nación que otorga una pensión vitalicia a quienes estuvieron presos en la última dictadura militar.

 

De la Vega, en diálogo con EL INDEPENDIENTE, dijo que la aprobación del proyecto es “un reconocimiento histórico a la lucha que venimos teniendo a nivel nacional”. Agregó que “la pensión es necesaria para muchos de los compañeros del país, pero no tanto en el caso de La Rioja.

Yo siempre digo que acá nosotros pudimos reinsertarnos en la sociedad y comenzar nuestras vidas de nuevo”, sin embargo, aclaró que la provincia fue la que más presos políticos tuvo, en proporción a la población total.

El miércoles último fue aprobada en la Cámara de Diputados de la Nación, una ley que fija una pensión a los detenidos en la dictadura. Abarca a presos políticos, sociales y gremiales. El proyecto había sido debatido por cuatro años.

La ley fija un resarcimiento mensual de entre 5 mil y 6 mil pesos a los ex presos por razones políticas, gremiales o estudiantiles, que estuvieron privados de la libertad antes de la restauración democrática, del 10 de diciembre de 1983.

El proyecto, debatido durante más de cuatro años y presentado en dos oportunidades por el diputado formoseño Juan Carlos Díaz Roig, había obtenido media sanción en noviembre del año próximo pasado. Luego, el Senado lo aprobó, pero con una modificación: eliminó el requisito que acotaba el beneficio a las detenciones posteriores al 6 de noviembre de 1974, con lo cual amplió el margen de reparación histórica, aunque mantuvo el 10 de diciembre de 1983 como límite.

La senadora nacional Hilda Aguirre de Soria, expresó su alegría por la sanción de la ley, “siento la inmensa satisfacción de haber podido aportar mi granito de arena, en cumplimiento de la palabra empeñada”, ante el fallecido presidente de la Asociación Nacional de Expresos Políticos, Ricardo Scalet.

En su última visita a La Rioja, el chileciteño participó en la inauguración de la Casa de la Memoria ‘Justino Vergara’, sede de la Asociación de Expresos Políticos de La Rioja. Aquella fue su última presencia pública, puesto que 4 días después falleció.

“REPARACIÓN POLÍTICA”

Miguel Godoy, manifestó que “es una ley de reparación política y social. No cambia mucho en cuanto a lo individual, pero sí en lo general, en el reconocimiento para todos mis compañeros. Muchos de ellos sufrieron demasiado estos años”.

Remarcó que el Gobierno nacional, a través de las políticas de defensa de los derechos humanos, fue cambiando la mentalidad de la sociedad toda y ‘desestigmatizar’ la militancia”.

Los beneficiarios de la pensión serán quienes hayan sido alcanzados por las leyes 25.915 y 24.043, es decir quienes cobraron indemnizaciones por ser nacidos durante el cautiverio de sus madres o porque siendo menores de edad, estuvieron detenidos junto con ellos. Los que cobraron indemnizaciones por haber quedado a disposición del PEN durante la vigencia del Estado de Sitio, o bien fueron detenidos por actos emanados de tribunales militares.

Finalmente incluye a quienes fueron detenidos por tribunales civiles bajo la ley 20.840 de septiembre de 1974, conocida como “Ley de Seguridad Nacional”, creada con el fin de abarcar las actividades “subversivas” en todas sus manifestaciones, y quienes fueron detenidos en base a “cualquier otra ley, decreto o resolución de esa índole, habiendo permanecido detenido bajo el régimen de ‘detenidos especiales’, violatorio de los derechos humanos amparados constitucionalmente”.

Aclara que en el caso de fallecimiento del expreso político, podrán ser beneficiarios sus “derechohabientes”, ya sean su pareja o sus hijos. El órgano de aplicación de las pensiones será la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación

domingo, 1 de diciembre de 2013

URUGUAY:legalizacion del Autocultivo y compraventa de marihuana sera votada el 10 de diciembre 2013, contra el Narco basura.

URUGUAY:legalizacion del Autocultivo y compraventa de marihuana sera votada el 10 de diciembre 2013, contra el Narco basura.
 
 
Publicado el domingo, 12.01.13





Mujica pide que ‘el mundo ayude a Uruguay’ en su ‘experimento’ con marihuana


 
El presidente uruguayo, José Mujica, dijo en una entrevista que publica este domingo el diario brasileño Folha de Sao Paulo que espera que “el mundo ayude” a su país en el “experimento” que supondrá legalizar la compraventa y el cultivo de marihuana.
 
“No defiendo la marihuana y quisiera que no exista” pues “ningún vicio es bueno”, pero “vamos a regular un mercado que ya existe” y frente al cual “no se puede cerrar los ojos”, sobre todo porque “la vía represiva” contra las drogas “fracasó”, declaró el gobernante.
 
El proyecto para legalizar la compraventa y el cultivo de la marihuana, que propone la creación de un ente estatal regulador que emitirá licencias y controlará la producción y la distribución, será votado en el Senado uruguayo el próximo 10 de diciembre y Mujica dijo confiar en su aprobación. 
   
En la entrevista, insistió en que “el efecto del narcotráfico es peor que el de la propia droga” y en que el proyecto propuesto por su gobierno apunta a minimizar el poder de las mafias.
También admitió que esa iniciativa puede tener un “coste político alto”, e indicó que ex presidentes como el brasileño Fernando Henrique Cardoso o el chileno Ricardo Lagos defienden ahora la liberación de la marihuana.
 
“Lo más curioso es que hacen eso cuando ya no son presidentes. ¿Por qué no lo hicieron cuando eran presidentes”, preguntó.
Mujica reconoció, además, que existen “presiones” de algunos países vecinos, entre los que citó a Brasil, que temen que la marihuana uruguaya penetre en sus territorios.
 
“Siempre va a haber presiones” pues “hay un aparato en el mundo que vive de reprimir y cuesta mucho”, aseguró.
En ese marco, pidió que “el mundo ayude a hacer esta experiencia, que nos permita adoptar un experimento sociopolítico frente a un problema tan grave como es el narcotráfico”, y garantizó que, si el proyecto es aprobado, Uruguay “no será un país de ‘fumo’ (marihuana) libre”.

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