martes, 4 de noviembre de 2014

TERRORISMO MEDIATICO EN EDITORIAL DEL DIARIO lanacion.com.ar ; EN CONTRA DE LA PREEXISTENCIA DE LA NACIÓN MAPUCHE-Miércoles 22 de octubre de 2014 | Publicado en edición impresa

Los argumentos falaces sobre el pueblo mapuche

Por Juan Carlos Radovich(1),
Alejandro Balazote(2),
Mónica Berón(3),
Sebastián Valverde(4)
y Gabriel Stecher(5)

En los últimos días nos hemos vuelto a sorprender ante discursos vertidos en diversos medios de comunicación que tienden a negar la preexistencia –y por consiguiente los derechos– del pueblo originario mapuche. Nos alarma que argumentos largamente refutados por una multiplicidad de investigaciones y producciones desde diversas disciplinas (como la antropología social, la historia, la arqueología y la etnohistoria), tanto en nuestro país como en el extranjero, vuelvan a emplearse para llegar a la errónea conclusión de que “Villa La Angostura nunca fue una zona indígena”, fundamentada en una explicación igualmente insólita: que “los mapuche no andaban en los bosques”.
Precisamente los avances científicos de las últimas décadas revelan el grado de dinamismo que poseían los pasos cordilleranos en Norpatagonia –caracterizados por ser zonas boscosas– a partir de la articulación y complementariedad entre los diversos pueblos indígenas entre sí, y a ambos lados de la Cordillera de los Andes.
A la vez, debemos remarcar los vastos testimonios orales de las diferentes familias mapuche asentadas en la zona con anterioridad a la consolidación del Estado en la región y a la “efectiva frontera” con el actual país de Chile.
En plena coherencia con estos relatos de diversas familias, existe una contundente evidencia histórica que da cuenta de la presencia de población mapuche en la zona cordillerana del Departamento Los Lagos.
En este sentido, en el libro Antigüedades en la Región de los Lagos Nahuel Huapi y Traful, autoría de Milcíades Vignati –uno de los primeros etnógrafos de los pueblos indígenas de la Patagonia– (Instituto del Museo de la Universidad Nacional de La Plata. La Plata, Argentina, 1944), se presenta un croquis realizado por el comandante Bejarano en 1872 de la margen norte del lago Nahuel Huapi, el área de la península Huemul y zona cordillerana (de paisaje boscoso). En dicho croquis se puede observar claramente la presencia de tolderías, e incluso figuran los nombres de lonkos mapuche como Saihueque, Ñancucheo y Quenquemtreu (Quintriqueo), este último antepasado de la actual comunidad homónima. Este dato posee gran relevancia, ya que permite demostrar con respaldo documental la presencia ancestral de estas familias con anterioridad a la denominada Conquista del Desierto.
Cabe recordar que cuando se conformó la Colonia Agrícola Pastoril Nahuel Huapi, en el año 1902, les fue otorgado el lote Nº 9 (donde actualmente se asienta el ejido de la localidad de Villa La Angostura) a los pobladores mapuche Ignacio Antriau y José María Paisil. Pero, además, estos pobladores indígenas colaboraron con la “comisión de límites” que trabajó en la zona por aquellos años y que concluyó precisamente con la delimitación de la frontera con Chile en 1902, después del fallo del laudo arbitral británico. Este beneficio a los antepasados que dan origen a la actual comunidad Paichil Antriao les fue otorgado justamente como reconocimiento por su colaboración con la comisión de límites.
El hecho de que Antriau y Paichil colaboraran con los responsables de trazar la delimitación fronteriza es la muestra más elocuente, no solo del grado de conocimiento y uso que efectuaban del territorio –donde en la actualidad se asienta Villa La Angostura–, sino también del hecho de que su asentamiento en la zona era previo a la constitución de los límites entre ambos Estados.
Muchas otras familias mapuche también se encontraban asentadas en la zona cordillerana en las proximidades del lago Nahuel Huapi. Un ejemplo de ello son los Quintupuray del lago Correntoso (que actualmente conforman la comunidad del mismo nombre). Los relatos orales de estas familias revelan la presencia ancestral en su área actual de asentamiento, pero lo mismo afirma el emblemático libro de Curruhuinca Roux Las matanzas del Neuquén. Crónicas mapuches (Buenos Aires, Editorial Plus Ultra, 1993), que sostiene: “Los Quinto [por los Quintupuray] se hallaban en Correntoso desde antes que naciera Parques, en el ’34. Desde mucho antes. Se mentaba que vivían allí cuando Roca entró a Neuquén, en el ’79 [por 1879]” (Curruhuinca Roux; 1993:264). Los antecedentes que aquí exponemos (y sobre los cuales no nos explayamos por motivos de espacio) son sólo una breve muestra de los sólidos y vastos antecedentes que desde ya es factible consultar en diversas investigaciones, publicaciones y documentos.
Por otro lado, cabe señalar que la disciplina histórica en las últimas décadas ha asumido visiones mucho más dinámicas y que conciben la sociedad en términos más complejos –que lo considerado tradicionalmente–, donde no puede construirse la historia de la región o localidad recuperando exclusivamente los testimonios de un sector social (en este caso los denominados “pioneros”). Por el contrario, es necesario atender a múltiples grupos sociales (como los pueblos indígenas, criollos de escasos recursos muchas veces también con ascendencia indígena, etc.), de los cuales se han empezado a conocer sus vivencias en años recientes.
Por cierto, dejar afuera a estos grupos sociales sería no considerar a la mayor parte de la población de aquel entonces, que tal como lo revelan los propios censos de la época, estaba constituida –en orden de importancia demográfica– por migrantes chilenos, argentinos de escasos recursos, en tanto los pobladores europeos representaban un porcentaje mínimo.
Según el Segundo Censo de la República Argentina de 1895 (primero efectuado en la región) para el Departamento IV (actualmente Aluminé, Huiliches, Lácar y Los Lagos) la población de nacionalidad europea era de tan solo 34 habitantes (lo que representaba el 1,2% del total) mientras los registrados como chilenos ascendían a 1401 habitantes (51,0%), 1301 argentinos (47,4%) y 10 censados como de “otras nacionalidades” (0,4%) (Segundo Censo de la República Argentina; 1898).
En el tercer censo, de 1914, esta proporción no había variado demasiado, ya que en el Departamento Lagos (actual distrito del mismo nombre junto a Lacar) los argentinos eran 1519 (46,7%), los chilenos 1531 (47,0), los europeos 141 (4,3%) y otros orígenes (1,9%) (Tercer Censo Nacional, 1916).
Como miembros de la comunidad científica deseamos expresar nuestra preocupación por estos mensajes vertidos en diferentes medios de comunicación por autores no especializados que, desconociendo los aportes académicos de varias décadas en relación con el tema (y que son compartidos por vastos sectores de la sociedad), terminan siendo empleados para deslegitimar al pueblo mapuche, creando confusión y despertando sentimientos discriminatorios en la sociedad nacional.
Instamos a la opinión pública en general, a los medios masivos de comunicación y a los funcionarios involucrados a abordar la temática con la complejidad y responsabilidad que se merece, acorde con los avances científicos de las últimas décadas y con lo estipulado en la Constitución nacional, las provinciales, así como las demás legislaciones vigentes –que establecen la autoridad de organismos públicos responsables de este tema– que ya han reconocido al pueblo originario mapuche y a diversas comunidades de la zona.
1. UBA, Conicet, Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (Inapl).
2. Facultad de Filosofía y Letras (UBA).
3. UBA, Conicet, Presidenta de la Sociedad Argentina de Antropología (SAA).
4. UBA, Conicet.
5. Cátedra de Extensión Rural - Asentamiento Universitario San Martín de los Andes, Universidad Nacional del Comahue.




lanacion.com

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Miércoles 22 de octubre de 2014 | Publicado en edición impresa



Editorial

Propiedad indígena y usurpaciones

Es necesario distinguir entre la existencia de un posible conflicto social y la actitud de aprovechadores de los reclamos de pueblos aborígenes
La conmemoración del quinto centenario del descubrimiento de América activó movimientos indígenas en todo el continente, así como estudios acerca de la situación de los pueblos originarios en varios países latinoamericanos. Sin embargo, la persistencia de abusos y atropellos en otros países de la región no puede dar derechos en naciones ajenas a aquellos conflictos, como es el caso de la Argentina.
Son muy preocupantes las tendencias anárquicas que se vienen produciendo desde hace algunos años en el sur de nuestro país y que se manifiestan en ocupaciones de campos y otras usurpaciones a la propiedad privada, a veces violentas, como ha ocurrido en diversos casos en que fueron removidos cementerios familiares e instalaciones de viviendas o establecimientos destinados a beneficiarse con actividades turísticas.
En efecto, la usurpación de tierras en las provincias de Neuquén y Río Negro ha constituido desde hace ya demasiado tiempo una violación de los legítimos derechos de decenas de propietarios que han visto menoscabado su derecho de propiedad.
La persistencia de las irregularidades y abusos que hoy en día se cometen fueron gatillados por activistas de dudosa o nula legitimidad, y no tendrían otro fin que profundizar un conflicto. Se trata de un cóctel explosivo en el que se combinan reivindicaciones de inexistentes pueblos originarios sobre territorios que consideran tradicionales, por una parte, con acciones clientelistas a cargo de intendentes e incluso de gobernadores que facilitan esas ocupaciones con fines políticos, generando, a su vez, muy serios problemas jurídicos sobre los datos catastrales y los registros de tierras.
Tal como informó recientemente este diario, hay unas 140 causas de reclamos territoriales de mapuches en la Patagonia (60, en Río Negro, y 80, en Neuquén), mientras que 347 representantes de esa comunidad están imputados por el delito de usurpación.
El último hecho grave conocido fue el incendio del refugio Neumeyer, en el Club Andino Bariloche, en tierras del Parque Nacional Nahuel Huapi. Un supuesto sector de esa agrupación aborigen se adjudicó la autoría del ataque. Sin embargo, todas las comunidades y organizaciones regionales indígenas desconocieron al grupo que se identificó como Movimiento Mapuche Autóctono Puel Mapu.
Quienes han estudiado seriamente el origen y destino de los pueblos originarios parecen coincidir en señalar que los mapuches recién habrían llegado a nuestra Patagonia en los últimos cien años y aún hoy continúan migrando hacia la Argentina.
Asimismo, esos estudiosos tienden a coincidir claramente en que son originarios de lo que es hoy el sur de Chile. Y, ciertamente, si no son oriundos de nuestro país, no tienen mayor derecho sobre territorio argentino, como tampoco los tendrían los galeses, hoy legítimamente instalados en Chubut, como los irlandeses y holandeses afincados en la provincia de Buenos Aires, o los checos, croatas e italianos a lo largo del país, por haberse radicado y adquirido nuestra nacionalidad.
Somos nación por haber nacido en un contexto histórico determinado, que abarca el ?descubrimiento, la conquista, la colonización y la organización interna, hasta la conformación institucional como república soberana. Ese proceso político nos constituyó en una Nación-Estado la que, a su vez, nos otorgó legalidad institucional dentro de un ámbito jurídico-político determinado.
Pero, a no engañarse, en el caso de los mapuches, la posesión de la tierra es el fondo de la cuestión. Muy curiosamente, el acento se encuentra puesto en los campos y fincas con mayor valor inmobiliario, aunque también en la inmensa estepa patagónica. Los pequeños pobladores con tenencia precaria son frecuentemente acosados por grupos dirigidos y organizados.
Cuando la reforma constitucional de 1994 consagró el artículo 75 inciso 17 y dispuso que corresponde al Congreso "reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, así como la propiedad y posesión comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan.", estaba dando cumplimiento al artículo 3 de la ley 24.309, que se refería únicamente al reconocimiento étnico y cultural de tales poblaciones, pero sin habilitar la modificación del derecho de propiedad, establecido en la parte dogmática de la Constitución, cuya reforma fue expresamente prohibida.
La consecuencia de esa reforma no ha sido menor, toda vez que, como lo reconocen muchos constitucionalistas, debe ahora armonizarse el tradicional sistema de propiedad privada con esta nueva modalidad de propiedad comunitaria sin que, hasta la fecha, y a veinte años de la reforma constitucional, se haya sancionado una nueva ley de tierras y que no se haya reglamentado acabadamente la cuestión. Es sorprendente, asimismo, que el tema fuera excluido del Código Civil y Comercial de la Nación recientemente sancionado y promulgado.
Nos encontramos frente a otro tema vinculado con el manifiesto deterioro cultural e institucional del que sacan provecho algunos activistas en ambos lados de la Cordillera. Por el momento, la única barrera que el Gobierno ha puesto al avance de estas llamadas comunidades es el consabido populismo instrumentado a través de planes sociales, del acceso a la televisión pública y al dinero de fácil adquisición.
Resulta menester que el Congreso legisle responsablemente sobre esta delicada cuestión a los efectos de establecer límites precisos al ejercicio pleno de los derechos consagrados en la Constitución.
Debe definirse, por ejemplo, qué pueblos son o no originarios, debiendo precisarse en qué condiciones se adquiere el derecho a la propiedad comunitaria de tierras cuya posesión tradicionalmente ocupó otra comunidad, entendiéndose por tales a los que efectivamente mantenían territorios y culturas anteriores a la ocupación de esas tierras, como los guaraníes y los diaguitas, pero evitando que se agazapen los saqueadores detrás de legitimidades inexistentes, como las tribus nómades que cruzaban la Cordillera para, en malones, robar ganado y asolar poblaciones como si ello comportara una práctica comercial legítima.
El reconocimiento claro y preciso de los límites expuestos no excluye que los organismos pertinentes puedan avanzar en una agenda de desarrollo con programas sobre emprendimientos y educación, entre otros, para mejorar la calidad de vida de sectores postergados de la población.
La Patagonia ofrece así un lamentable contexto de abandono y deudas internas, donde se entremezclan pobladores sin papeles con referentes políticos inescrupulosos, con inversionistas con escaso apego productivo y mucho interés especulativo.
A todo eso se agrega la carga histórica de una pretendida guerra no asumida, en la que los colonos de origen criollo y europeo llegaban a esas tierras contemporáneamente al exterminio de los tehuelches en manos de los mapuches o araucanos arribados desde lo que hoy es la República de Chile.
Hay también cierto romanticismo por parte de capitales filantrópicos de origen europeo que suelen apoyar a estos movimientos, siendo que tales fondos son muchas veces captados por oportunistas dedicados a convencer a supuestos descendientes de "recuperar lo que les corresponde" cuando, en realidad, muchas veces se trata de sectores "transculturados", tergiversadores de la verdadera realidad de los hechos, de extracción urbana, lo que termina generando grupos sociales dependientes del Estado.
Es menester distinguir la inexistencia de un pretendido conflicto social de la manifiesta actitud de algunos ventajistas.
La imagen lamentable de la estatua del general Julio Argentino Roca -de cuya muerte se cumplieron cien años el último domingo-, cubierta de pintadas y de leyendas tildando de genocida -un delito inexistente en su tiempo- a quien incorporó importantísimas extensiones a nuestro territorio, no es más que una nueva tergiversación de un relato que sólo pretende esconder la verdad bajo la alfombra para sacar réditos mezquinos.
Resulta necesario poner paz y orden en esta importante cuestión, ejerciendo la ley y la autoridad para que no volvamos a internarnos en un estado de naturaleza preestatal, en el que los hombres libres y justos no tengan ante sus manos otra alternativa más que la defensa propia de sus derechos.