jueves, 9 de octubre de 2008

Garantizan a los mapuches la gestión de los recursos naturales

Garantizan a los mapuches la gestión de los recursos naturales


Sábado 11 de febrero de 2006

El artículo de reconocimiento a las comunidades aborígenes es innovador en el país y se incorpora en el capítulo de declaraciones y derechos.

Hubo pocos despachos votados por unanimidad. El de los mapuches, aprobado ayer, fue producto de una extensa negociación.

NEUQUEN (AN).- Fue como un doloroso parto de nalgas, pero finalmente salió. Los convencionales aprobaron anoche por unanimidad un artículo que se incorpora a la Constitución y que reconoce a los mapuches como pueblos preexistentes. También se les asegura participación en la gestión de sus recursos naturales y se les reconoce la personería jurídica, respeto a su identidad y derecho a una educación bilingüe.

El texto no menciona la palabra mapuches, aunque es la única comunidad aborigen que existe en esta provincia. El reconocimiento es a los pueblos indígenas neuquinos y la palabra pueblo no deberá ser interpretada en el sentido que lo determina el derecho internacional, según lo aclaró en el plenario el convencional radical Hugo Prieto, miembro informante del despacho aprobado en la sesión de anoche, la antepenúltima de esta Convención Constituyente.

Neuquén tiene 50 comunidades mapuches en las que vive una población estimada en 10.000 personas. Hay un cálculo no oficial de los mapuches que indica que el 40% de la población de Neuquén tiene, asumida o no, descendencia aborigen.

El artículo de reconocimiento a las comunidades indígenas es innovador en la Argentina y se incorpora en el capítulo de declaraciones y derechos. Supera lo estipulado en la Constitución Nacional y al reconocimiento que se hizo en otras constituciones provinciales. Se encargó de recalcarlo ayer en su discurso el jefe del bloque del MPN, Pedro Salvatori.

Para aprobar este despacho, el que retrocedió sobre sus pasos fue el MPN. El que definió llegar hasta la redacción que finalmente se aprobó fue Sobisch. Anoche circulaba una pregunta: por qué Sobisch aceptó prácticamente el proyecto de la oposición. "Esta en campaña y lo va a utilizar", dijeron algunos voceros de la oposición. "Se peleó con las petroleras en serio", dijeron otros.

Salvatori, cuando comenzó a discutirse este tema en la Convención, fue uno de los que más reparos puso a reconocer algún aspecto vinculado a los recursos naturales. El proyecto que sostenía el oficialismo era el de un artículo similar al de la Constitución Nacional que sólo reconoce la preexistencia de los pueblos originarios y delega el tema en el Congreso de la Nación.

Sin embargo ayer Salvatori reescribió su discurso y dijo: "Nosotros habíamos presentado un proyecto que prácticamente es el que se aprobó".

Para aplicar el nuevo artículo de la Constitución se tendrán que reformar algunas leyes, entre ellas la de Tierras.

El capítulo de los mapuches se comenzó a escribir desde el inicio de esta Constituyente y estuvo a punto d naufragar. El tema no ingresó en el orden del día y se llevó al plenario a fuerza de presión de la oposición y de los mapuches. Todos, incluido el oficialismo, querían incorporarlo pero el tema se empantanó y se transformó, con el correr de los días, en prenda de negociación. Incluso el sobischismo intentó canjearlo por otros temas que no se incorporaron, como la reforma económica que quedó afuera, de exclusivo interés del oficialismo.

El plenario de ayer transcurrió en medio de un clima de festejo. De la oposición todos se anotaron para hablar. En el MPN ahorraron palabras y el que marcó la política acordada fue Salvatori, que pronunció un discurso más moderado respecto de los mapuches que el pronunciado en ocasiones anteriores.

El cambio fue notable, aunque el MPN intentó disimularlo. Sobisch dijo "este es el proyecto" y todos se encolumnaron.

La oposición lo vivió como un triunfo propio, los mapuches, que presenciaron la sesión, quedaron conformes. Y la Constitución, que ya había incorporado derechos a los niños y jóvenes, de igualdad de genero, entre otros, sumó con los mapuches, la frutilla del postre.

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Las comunidades marcharon para pedir su incorporación
Respaldo de organismos políticos, sociales y de derechos humanos

Viernes 10 de febrero de 2006

El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel estuvo para dar su respaldo y otro tanto hizo el cineasta Fernando Solanas.

NEUQUEN (AN).- La Confederación Mapuche redobló la apuesta para torcerle el brazo al MPN en la pulseada por el reconocimiento de las comunidades en el texto constitucional. Con el apoyo del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, del obispo Marcelo Melani, del ex diputado nacional y cineasta Pino Solanas y del presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai) Jorge Rodríguez, y de representantes de numerosas organizaciones mapuches y de otros pueblos originarios de cuatro provincias, y de distintas expresiones sociales, de derechos humanos, universitarias y políticas se concentraron anoche en el Deliberante para esperar una señal, la que llegó antes de la medianoche.

Fue una jornada extensa para los representantes de las comunidades mapuches. Comenzó con el espaldarazo de organizaciones políticas, sociales, de la Iglesia, y de otros pueblos originarios del resto del país en el Plenario por los Derechos Excluídos, que sesionó en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Comahue, bajo el lema "Sin Justicia la reforma es una mentira y la convención un fraude". El repudio a Sobisch fue unánime. También la represión policial contra representantes mapuches que ocurrió el pasado 26 de enero, cuando el tema mapuche naufragó en comisión. Ayer, las exposiciones se sucedieron hasta las 18, pero con un oído puesto en los acontecimientos que trascurrían en la Convención que deliberaba a 4 cuadras. Melani leyó un documento titulado "Iglesia y comunidad social". Luego planteó la necesidad de que hay que "propiciar la igualdad de oportunidades". Subrayó que "una Nación como una provincia para ser más justa debe favorecer la integración social".

Pero a las 18 las noticias que llegaban desde la Convención no eran muy alentadoras para las comunidades. El MPN avanzaba a toda máquina para terminar de tratar los despachos pendientes antes de la medianoche y el reconocimiento del pueblo mapuche quedaba sin tratamiento.

A esa misma hora, Rodríguez y Solanas, que llegó con su equipo de filmación, habían descargado una lluvia de críticas contra la administración de Sobisch. Y Pérez Esquivel se disponía a cerrar el plenario. Luego, las comunidades elaborarían un documento con las conclusiones para entregarle hoy por la mañana a Sobisch. Por eso, los organizadores resolvieron acelerar el paso y movilizarse hasta el Deliberante para exigir el tratamiento del reconocimiento del pueblo mapuche en la Constitución provincial.

La movilización salió de la UNC con Melani, Pérez Esquivel, Solanas y los dirigentes mapuches a la cabeza de una columna de unas 400 personas. La marcha se detuvo frente al vallado que mantiene cercado el acceso al Deliberante, que está custodiado por numerosos efectivos policiales. Allí hubo algunos forcejeos porque la Policía tenía orden de dejar pasar a sólo 7 personas.

Melani, Pérez Esquivel, Solanas y algunos representantes de la Confederación pasaron. Luego salió a dialogar Jorge Nahuel y el convencional del Frente Cívico para la Victoria, Oscar Nahuel, que advirtieron que el MPN se mantenía firme y no quería tratar el tema. Y revelaron que la oposición metería presión. Después, llegó la información que Sobisch recibiría a los mapuches.

TC analiza si tribunales militares deben juzgar a civiles ( 9-10- 2008)

Jueves 9 de octubre de 2008

Por L. Ayala / La Nación

TC analiza si tribunales militares deben juzgar a civiles
Para resolver la pugna Urrutia recurrió al TC para que señale si las normas del código castrense aplicadas a ciudadanos comunes vulneran garantías protegidas por la Carta Fundamental.


El pleno del Tribunal Constitucional (TC) escuchará hoy los alegatos a favor y en contra de que juzgados militares indaguen, procesen y juzguen a civiles.

La vista de la causa se debe a un requerimiento presentado por el juez de garantía Daniel Urrutia, quien se declaró competente para conocer una investigación por el delito de obstrucción a la justicia en la que están formalizados civiles y los carabineros Anthony Crespo y John Vera. La defensa de estos últimos solicitó que el magistrado se inhabilite pues, a juicio de ellos, el caso debe ser indagado por la justicia castrense.

Para resolver la pugna Urrutia recurrió al TC para que señale si las normas del código castrense aplicadas a ciudadanos comunes vulneran garantías protegidas por la Carta Fundamental.

El requerimiento dice que las causas penales que involucren a civiles no deben caer en la jurisdicción militar porque no existiría garantía de imparcialidad pues los sentenciadores visten uniforme y poseen rangos al interior de las FFAA, lo que no asegura que tengan un mismo criterio ante a uno que integra sus filas como para el que no.

El requerimiento será relatado, alegado y analizado en el TC a las 15:30 horas. En representación del magistrado expondrá el abogado Francisco Cox del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales (UDP). Asimismo, se presentará la Defensoría Penal Pública y el Ministerio Público Militar. Esta última entidad ya respondió por oficio que no existe violación de garantías en estos casos armándose como contraparte de esta pugna.

La causa

El hecho que motivó el recurso es una investigación que surgió tras quedar al descubierto un asalto inventado por el cual Mauricio Orellana estuvo nueve meses en prisión pese a ser inocente. A juicio del Ministerio Público una cajera del supermercado Santa Isabel, junto a dos guardias y los carabineros se pusieron de acuerdo para obstruir la justicia y acusar falsamente a Orellana de un robo con intimidación al mencionado local. Urrutia señala que la justicia ordinaria debe ver el caso, mientras que la defensa de los uniformados involucrados quiere radicar la causa en un juzgado militar. Hoy se define el futuro de esta investigación.

http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20081008/pags/20081008204757.html

Lago en la Patagonia desaparece por segunda vez (9-10-2008)

Jueves 9 de octubre de 2008

Por Ricardo Ahumada / La Nación

Lago en la Patagonia desaparece por segunda vez

El Cachet 2, vaciado en abril pasado y vuelto a llenar dos meses después, descargó en esa oportunidad 200 mil millones de litros de agua al Río Baker en doce horas.

El Cachet 2, vaciado en abril pasado y vuelto a llenar dos meses después, descargó en esa oportunidad 200 mil millones de litros de agua al Río Baker en doce horas.

Nuevamente el lago Cachet 2, que desapareció en abril pasado y reapareció dos meses después, sufrió una baja brusca en su temperatura y se vació en un menos de un día.

La Dirección General de Aguas detectó ayer una importante crecida en el río Baker, en Colonia, que aumentó en un lapso de 20 horas de 2.426 metros cúbicos, subiendo 4,7 metros de altura en el nivel de agua, lo que en términos de caudal, corresponde a 3007 metros cúbicos por segundo en vez de los 573 metros cúbicos normales.

Además, la temperatura del agua del río, en el mismo período, ha descendido de 7,3 a 4,8 lo que indica que este fenómeno se debe a un vaciamiento rápido de aguas glaciares.

Los índices son muy similares a los de abril pasado cuando un fenómeno conocido como GLOF (Glacial Lake Outburst Flood) dejó seco al lago patagónico.

El director General de Aguas, Rodrigo Weisner, declaró que “como entidad encargada del monitoreo del agua y de glaciares, nos llama la atención la recurrencia del fenómeno en tan poco tiempo, lo que nos motiva a realizar más estudios en la zona”, expresó preocupado.


http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20081008/pags/20081008222704.html

El discurso suicida LA ATENCION DE LA PERSONA EN RIESGO DE QUITARSE LA VIDA

LA ATENCION DE LA PERSONA EN RIESGO DE QUITARSE LA VIDA

El discurso suicida

El autor examina la atención de las personas bajo riesgo de suicidio, tomando en cuenta las perspectivas individual, familiar, comunitaria y social.


Por Carlos Martínez *

Voy a dar por supuesta la existencia de un “discurso suicida”, en los términos del estudio exploratorio desarrollado en mi Introducción a la suicidología. Teoría, investigación e intervenciones (Lugar Editorial). Allí se intenta averiguar si existe algún tipo de estructura lingüística singular que avale la pertinencia de tal título, apelando a la aplicación de modelos matemáticos. Una de las provisorias conclusiones del mencionado estudio es la masividad de la comunicación suicida, directamente proporcional a su nivel de conflictividad y a la proximidad afectiva de los destinatarios del mensaje.
Primera conclusión, aunque obvia: para saber lo que verdaderamente le pasa a un suicida o qué comunica cuando dice, hay que estar cerca afectivamente. Algunos lo han definido y sistematizado en el constructo “empatía”. ¿Es sólo eso? Por ahora se podría afirmar: no hay comprensión del evento suicida si no nos adentramos en los meandros de su mundo afectivo, en el ánimus, en la psiqué.
Dicha tarea no es posible sin una estrategia, sin una dirección preestablecida –aunque flexible, no blanda–; no se puede dimensionar la magnitud del sufrimiento humano sin verificar algún modelo de valoración y/o cálculo. Eric Laurent y Françoise Leguile, hablando del trabajo en urgencias, manifiestan: “A estos seres hay que calcularlos”. En otros términos, se trata de la herramienta que denominamos análisis de la implicación. El análisis de implicación posibilita que, a través de la disociación instrumental, se produzca en terapeuta y paciente un constructo cognitivo singular y situacional que ayude a posicionarse a uno y otro frente al problema en curso y a los problemas en el futuro, a la manera de un indicador simbólico, un ordenador.
Este planteo transversaliza toda la sistematización sobre intervención en crisis que desarrollan Caplan (Principios de psiquiatría preventiva, Paidós, 1966) y Slaikeu (Intervención en crisis. Manual para práctica e investigación, México, ed. El Manual Moderno, 1996). También está presente en la obra de Estruch y Cardús (Los suicidios, Barcelona, ed. Herder, 1982), cuando, en los dos primeros capítulos dan cuenta de las diferentes teorías sobre los suicidios y se preguntan: si el suicidio es un problema (etimológicamente, lo que está por delante), ¿para quién lo es?
Esta operación permite dar cuenta de lo que se incluye en la intervención y conocer y justificar lo que se deja por fuera, aunque sea transitoriamente. El análisis de implicación posibilita que la intervención, aunque se nutra de firmeza, no se vuelva amenazante; otorga dirección y gradualidad en la tarea para disipar la masividad del discurso; genera un espacio comunicacional para el posicionamiento de la honestidad intelectual del profesional que cumple la función de ordenar y apaciguar la impulsividad, aunque el dolor y el enojo sigan drenando.
Hasta aquí se ha hablado de suicidio, de la atención del discurso suicida, pero no mencionamos la enfermedad ni la muerte. ¿Será verdaderamente el suicidio, el discurso suicida, un producto referido a la muerte?
Si escuchamos a Borges cuando dice que “la vida es muerte que viene viniendo”, se puede inferir que la vida es una dispersión de componentes mortales y mortíferos diseminados a lo largo de nuestros días por vivir, cuya resolución hace a la esencia de nuestra existencia. De eso está confeccionada nuestra naturaleza contingente. Hasta aquí no muy lejos del planteo pulsional freudiano de Eros y Tánatos o del “ser-para-la-muerte” de los existencialistas. Desde la filosofía, Ciorán (En las cimas de la desesperación, Barcelona, ed. Tusquets, 1991) proclama que lo importante en el suicidio lo constituye el hecho no poder vivir más –así– debido al desencadenamiento de una terrible tragedia interior. También les adjudica a los que viven en esta condición la creencia de que detentan el monopolio del sufrimiento, certeros de la percepción de lo absoluto de su tormento.
Para este autor allí reside la explicación de su alienación, de lo singular de su destrucción y su desagregación. Para él sí existe en estas personas una predisposición patológica hacia la muerte, a la cual terminan resistiendo sin poder suprimirla. También es pertinente preguntarse si tal disposición patológica, en este contexto, alude a una clasificación sanitaria o más bien a una descripción ontológica de lo que común y vagamente designamos coloquialmente como locura.
Un intento de respuesta y propuesta lo puede constituir el planteo que hace Nasio (El libro del dolor y del amor, Barcelona, Gedisa, 1998) sobre el dolor, cuando sostiene que atribuir un valor simbólico al dolor, que es pura emoción brutal, hostil y extraña, es el único gesto terapéutico que posibilita que se convierta en soportable para quien lo padece. En este interjuego coloquial y estratégico, no es forzando una explicación sobre las causas como vamos a poder producir tal translaboración.
El dolor mental no es necesariamente patológico, manifiesta. El tránsito por las crisis produce dolor; las separaciones, las exclusiones, las pérdidas son pruebas para nuestros recursos vitales que, a la vez que vulnerabilizan la cotidianidad y sus escenarios, permiten asegurar la fortaleza y la continuidad de la estructura, al menos por un tiempo. Hasta la próxima crisis, hasta el próximo dolor.
El abandono, la humillación, la mutilación, por ejemplo, se significan en dolor, y ese dolor se expresa en un corpus discursivo. Lo que amamos y sus manifestaciones son los propulsores de la emergencia del dolor. Es por esto que el posicionamiento terapéutico frente al discurso suicida (el ethos de quien interviene) se torna eficaz en la distancia corta, casi en el cuerpo a cuerpo, casi en la equivalente simbólica de la ecuación Eros-Tánatos. Algo de la ética/clínica con este tipo de pacientes marca recurrentemente que, aunque la escena se despliegue en el marco de una excitación psicomotriz y revoleando objetos, lo que tiene para decir –el texto– se torna casi inaudible, hay que arrimarse, introducirse en el discurso para poder escucharlo. Es como aquellos gritos de las pesadillas que no logran convertirse en palabra y que no dejan de emanar angustia hasta que nos son interpretados en y por el lenguaje, verbal y/o paraverbal.
En este punto Nasio, un psicoanalista, es muy preciso: otorgar sentido al dolor es entrar en concordancia con él, tratar de vibrar con él y, en ese estado de resonancia, marcar la presencia disuasoria del tiempo y la palabra que activamente vayan erosionando ese bloque de dolor.
¿Por qué llamo “ético” a este posicionamiento? Fundamental y conceptualmente porque no es neutro: si se sostiene, cura; si no se puede establecer, daña.
Desde ese lugar, ¿cuál es la implicación de un terapeuta, de un operador de salud mental, que ve, que entiende, pero que siente que por cuestiones personales, contextuales o de la otra persona, no puede intervenir? No tenemos por qué tener que poder con todo. Existen las derivaciones, los sistemas de alta complejidad, la conformación de equipos de emergencia. En este caso, cuando se habla de atención del discurso suicida se está abarcando toda una gama de operaciones que implican diversas acciones dentro de la asistencia: evaluación, prevención, posvención, orientación, psicoeducación, autopsia psicológica, investigación, y toda otra acción que favorezca el drenaje de ese dolor en el marco más favorable de elaboración para la persona, su familia, una institución o una comunidad.
Una dificultad frecuentemente presente en la instrumentación de los tratamientos es la identificación en los mecanismos de defensa fallidos entre terapeuta y paciente; por ejemplo, en la limitación de las estrategias de afrontamiento. Esta variable está recurrentemente presente en la ideación suicida a la cual el profesional –posiblemente sobrepasado– aplica la regla del lecho de Procusto: lo que no coincide con el esquema conceptual, especialidad o marco referencial, se corta, no se considera. Se puede observar aquí uno de los avatares de que lo que no cura, daña. Por si se necesita una verificación empírica, es bastante generalizado el conocimiento de que un intento inadecuadamente atendido suele reincidir en los próximos noventa días (el mismo tiempo que lleva disminuir un nivel de riesgo suicida alto o moderado medido por ISO 30). También se sabe, autopsia psicológica mediante, que muchos suicidas han concurrido a su profesional de cabecera en el último mes antes de consumar su acto.
En estos casos se da una relación especular donde el paciente manifiesta su estrechez simbólica achicando el mundo real a la medida de un mundo interno diezmado y fragmentado, creyendo que en esta operación produce un efecto de dominación sobre la realidad. El terapeuta, por su parte, hace una traducción del problema del paciente acorde con el alcance de su amplitud epistemológica, clínica y procedimental, acorde con su ideología terapéutica. La pregunta necesaria en cada una de estas intervenciones es si esa interlocución consiste y deviene verdaderamente en un acto terapéutico.
Reiteradas veces se presentan, por ejemplo en el marco de una supervisión, profesionales que reciben pacientes con este tipo de eventos autodestructivos, que se encuentran desbordados por la situación –sabiéndolo o no– debido a creencias, sentimientos o prejuicios, originados en episodios personales o familiares dolorosos que vuelven intolerable la escucha de este dolor del paciente.
El profesional que se enfrenta a la tarea de aliviar, acotar o revertir el dolor de un paciente, una familia o una comunidad, producido por la emergencia de una ideación autodestructiva, se verá fortalecido y posicionado en su intervención, cuando haya analizado su capacidad para, la pertinencia de y su implicación en, dicho acto terapéutico.
También tenemos comprobado que quien intenta suicidarse o padece una persistente ideación suicida no es necesariamente quien resulta evaluado con el mayor riesgo suicida en una familia (Martínez, ob. cit.). Por otra parte la Organización Mundial de la Salud (Prevención del suicidio: Un instrumento para docentes y demás personal institucional, Ginebra, Departamento de Salud Mental y Toxicomanías, 2001) sugiere que el abordaje suicidológico preventivo en instituciones educativas, por ejemplo, se centre tanto en el educando como en su familia y en el contexto educativo. Indicación coherente con la importancia que la misma OMS adjudica a la constitución y consolidación de las redes sociales en la enunciación de los factores protectores.
Si se eludiera tal amplitud de campo –en el sentido de Kurt Lewin–, se estaría reduciendo el planteo del problema, se estaría frente a otro riesgo de especularización identificatoria, ya que la intervención estaría fundada en una conceptualización que excluye la mirada micro y macrosocial del origen y desarrollo de tal sufrimiento. Así como acertadamente se afirma que el suicidio es un evento complejo multideterminado, su abordaje requiere un posicionamiento epistemológico interdisciplinario que habilite la multiplicidad creativa de recursos. Hasta podríamos extendernos, sin riesgo de caer en la temeridad, afirmando que la dimensión social del suicidio no está esencialmente en el escenario de producción de los eventos, lo cual podría tomarse como una consecuencia, sino más bien en la génesis representacional de ese dolor que transforma en intolerables, masivas y absolutas las condiciones indispensables para el sostenimiento de una vida. Abusos, maltratos, exclusiones, desamor, torturas y olvidos son modalidades vinculares micro y macrosociales que van tejiendo el entramado de ese dolor inolvidable, y a veces irrecordable, que cobra cuerpo en las heridas de las lesiones, cobra palabra en las modulaciones del discurso y manifiesta su potencia destructiva en la reproducción ad infinitum de relaciones asentadas en la crueldad y el odio. Terapeutizar los conectores de estos sentimientos requiere una capacidad, pertinencia e implicación adecuadamente analizadas y evaluadas en y por el terapeuta, conducentes al cuidado propio, del paciente y de los contextos vitales de ambos.
Muerte invisible
La eficacia de las intervenciones poblacionales y las programáticas de variado alcance –local, institucional, municipales y/o provinciales– ratifica que el modelo debe articular una multiplicidad de miradas y abordajes para resolver eficientemente la complejidad que plantea la multideterminación causal del evento autodestructivo. J. Bertolote (“Prevención del suicidio en el mundo”. Barcelona, World Psychiatry (ed. esp., 2004), desde la OMS y la Asociación Mundial de Psiquiatría, afirma que no se puede pensar que una intervención exitosa en un marco cultural, lo vaya a ser necesariamente en otra; ni siquiera que una intervención eficaz en un momento de una determinada comunidad, también lo vaya a ser en otro momento de esa misma formación colectiva.
Para reflexionar sobre la pregnancia de los mandatos establecidos acerca de los procedimientos determinados culturalmente, vamos a tomar el planteo de Baudouin y Blondeau (La ética ante la muerte y el derecho a morir, Barcelona, ed. Herder, 1995). Contrariamente al aserto borgeano, ellos describen e intentan explicar la disociación de la muerte en la sociedad actual a partir de cuatro factores.
- La pérdida de alteridad del morir se traduce en una negación del proceso y su desarrollo, aislando y expropiando su sentido del mundo de los vivos.
- El antagonismo de los valores socioculturales de la vida y de la muerte desintegra un evento crucial de la vida humana, marginando sus concomitantes. La muerte es vista como el fracaso de la tecnociencia, ubicando al paciente, su dolor y su contexto en un borde de semiinvisibilidad.
- La desacralización modifica la ritualidad, extirpando la idea de continuidad, aunque es generalizado el conocimiento de un paso inevitable para todos. La implicación que este precepto cultural impone al trabajo de duelo, a la vez que patologiza la tristeza, aísla a quien la porta, institucionalizando y medicalizando un tiempo que podría ser conceptualizado y vivido socialmente, como la síntesis de un eslabonamiento vital que concluye, en la intimidad de los seres queridos.
- La negación de la muerte organiza una particular disposición escenográfica de los protagonistas, donde paciente, familiares, allegados y profesionales juegan por lo general un rol preestablecido al servicio de una supuesta lucha por la vida, en contra de la implacabilidad de lo inevitable. Quizá la mascarada más burda de nuestra cultura al respecto la represente el ocultamiento, cuando no la mentira respecto del diagnóstico, dejando entrever las hilachas de un proceso donde se trata de llenar con poder la ausencia de saber.
Las ambigüedades y contradicciones de nuestra cultura respecto del padecimiento y la muerte, además de dejar solo a quien atraviesa esa crisis y a su entorno, por lo general obstaculizan las condiciones para afrontarla dignamente.
Como ya se dijo, estos constructos son dinámicos y variables tanto en su dimensión territorial como histórica. Los mismos autores, además de vincular la evolución de estas culturalidades con un concepto de humanidad, describen tres pasos que connotan el recorrido de la transformación. Antes de entrar en la citada enumeración, es importante destacar que bajo el nombre de eutanasia ellos ubican los actos voluntarios e involuntarios, tanto como los activos y pasivos, que desembocan en la muerte propia.
1. De la prohibición a la tolerancia: de la humanidad expropiada a la humanidad tolerada. Este pasaje está determinado por la aparición del cristianismo y el concepto de que la vida es un don de Dios; por lo tanto atentar contra ese don, en cualquiera de sus formas, constituye un pecado. Entre los siglos XIX y XX, aludiendo al suicidio como un error y un acto inexplicable e irracional por definición, se lo considera perdonable en tanto alienación o aberración de la mente. Allí junto con la inimputabilidad se instaura la idea de enfermedad. El que ejecuta dicho acto está loco, es un enfermo y debe ser tratado como tal, no castigado –al menos jurídicamente–.
2. De la tolerancia a la libertad: de la humanidad perdonada a la humanidad liberada. Con el advenimiento de las democracias y su consecuente reducción de las desigualdades, el sufrimiento deja de ser visto como algo inherente a la condición humana, y por lo tanto pierde vigencia aquella idea del cristianismo acerca de la sublimación del sufrimiento y su consecuente glorificación como vía de acceso a una vida superior. Se instaura una diferenciación más clara entre lo público y lo privado. Si bien el suicidio no deja de ser considerado jurídicamente un homicidio, queda dentro del ámbito de las libertades individuales, excluido del marco de las sanciones civiles y religiosas. Si bien se mantiene la condición de ejemplaridad, se considera que el hombre es libre de poner fin a su sufrimiento, tomando las riendas de su destino. No se legitima moralmente al suicidio, no se lo incluye como un acto conforme al orden público, y se ubica al saber sanitario, con sus procedimientos, en el lugar que antes ocupaba el precepto moral con sus sanciones.
3. De la libertad al derecho: de la humanidad liberada a la humanidad reivindicatoria. Al derecho de la persona a escaparle al dolor y al sufrimiento, el saber sanitario le ofrece una lucha constante contra el padecer y la muerte, intentando disuadirlo y ofreciéndole otras soluciones válidas. Tan reciente como la proliferación de cuidados paliativos es el reconocimiento del principio filosófico de autonomía y su correlato jurídico, el derecho de autodeterminación; por lo tanto, al mismo tiempo que el profesional está obligado civilmente a intervenir, el paciente tiene derecho a consentir las condiciones de tal intervención.
Consentimiento informado
Los resguardos éticos en estos casos son los mismos que los de cualquier intervención en salud mental, con la salvedad de que en este tipo de atención el profesional está obligado jurídicamente a resguardar la vida de quien consulta. Esto no requiere torcer la voluntad de quien decidió dar fin a su vida, pero sí responsabiliza en el conocimiento y la instrumentación de todos aquellos recursos científicos disponibles, al servicio de la construcción del bienestar y la dignidad de quien consulta.
El consentimiento informado aparece como un requisito, a la vez moral y legal, a ser cumplimentado con el objeto de dejar constancia expresa de que tanto uno como otro polo de la relación profesional emprenderán juntos una acción sobre su psiquismo, de común acuerdo, esto es, estando el paciente moralmente capacitado para decidir, sin que medie coacción, y contando con toda la información relevante del caso antes de tomar una decisión.
- Un paciente que es evaluado en su riesgo suicida deberá ser informado, en primer lugar, del resultado de dicha evaluación.
- El profesional debería continuar explicando, en un lenguaje adecuado, comprensible para el paciente, la severidad del cuadro y su curso probable, con y sin tratamiento.
- Los pacientes también deben ser informados sobre las alternativas terapéuticas disponibles, es decir, sobre los tratamientos que hayan demostrado su eficacia, de acuerdo con el estado del arte.
Se considera legítimo que el paciente pueda ejercer su derecho a optar por el tipo de tratamiento que prefiera, siempre y cuando conozca los potenciales riesgos y beneficios. El consentimiento informado en psicoterapia reconoce el derecho del paciente adulto, como un ser autónomo y libre, a decidir sobre su propia vida, pero existe una excepción a esta situación que debe ser tenida en cuenta con sumo cuidado.
En las situaciones de urgencia, en las que la demora del tratamiento pudiera poner en riesgo la integridad física del paciente o de terceros, tal como lo consagra la legislación contemporánea sobre salud mental, la decisión de internación/intervención recae, en caso de no estar capacitado para tomar decisiones, en la persona que esté a cargo de la tutela de los derechos del paciente, por lo tanto el consentimiento informado deberá ser solicitado a quien tiene la tutela.
Dar información a los pacientes, sobre su trastorno y sobre la terapia, aumenta la adhesión al tratamiento, aumenta la efectividad terapéutica y reduce la tasa de abandono. Buscar el consentimiento del paciente incrementa su participación, lo hace agente del tratamiento, lo compromete con él, a la vez que hace más simétrica la relación con su terapeuta. La información hace que el paciente pueda controlar mejor el desempeño del profesional que lo trata. Además, la psicoeducación de los pacientes y de sus familiares y cónyuges ha demostrado ser sumamente útil en el plano sintomatológico y en el de la relación.
Cuando no se da información al paciente, se favorece un modelo que hace más probable el abuso de poder.

* Profesor de Suicidología en la Universidad de Palermo. Titular de la Asociación Argentina de Prevención del Suicidio.



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Von Wernich y la “oportunidad” de la Iglesia (09-10-2008)


Von Wernich y la “oportunidad” de la Iglesia


Por Washington Uranga


Hoy, 9 de octubre, se cumple un año desde que el Tribunal de La Plata decidió de manera unánime condenar al sacerdote católico Christian von Wernich por delitos de lesa humanidad. Fue luego de un juicio prolongado, ajustado a derecho y con todas las garantías para el acusado, más allá de las afirmaciones que, en sentido contrario, hacen sus incondicionales. Frente al repudio de gran parte de la sociedad, la institución eclesiástica católica a través de la Conferencia Episcopal dio a conocer un más que tibio comunicado insistiendo en su línea argumental en la materia: dijeron que el cura actuó “bajo su responsabilidad personal”.
Traducido: no hay responsabilidad institucional. El superior inmediato de Von Wernich es el obispo de Nueve de Julio, Martín de Elizalde. El pidió “perdón” en nombre de la Iglesia por los delitos de Von Wernich, pero pateó la pelota para adelante respecto de las sanciones al cura violador de los derechos humanos.
“Oportunamente se habrá de resolver, conforme a las disposiciones del Derecho Canónico (la ley eclesiástica), acerca de la situación de Christian von Wernich”, afirmó entonces el obispo.

Hace ya un año de tales afirmaciones y no se conoce que el proceso eclesiástico contra Christian von Wernich haya avanzado. No se conoce sanción canónica (ajustada al derecho eclesiástico) contra el cura. Eso hace pensar o que todo ha quedado congelado y la “oportunidad” de la sanción no llegará nunca o bien que cualquier medida en este sentido ha quedado en secreto. Esto último es improbable porque, de acuerdo con las informaciones que trascienden desde el lugar donde se encuentra recluido el cura condenado por delitos de lesa humanidad, el sacerdote sigue ejerciendo sus funciones religiosas y ni siquiera se le han retirado las licencias (autorizaciones) eclesiásticas para actuar como ministro de la Iglesia Católica.


Está claro que para las autoridades eclesiásticas de Von Wernich las pruebas de la Justicia civil no son suficientes, por más categóricas que éstas hayan resultado para los jueces. Quizás hasta pueda decirse que, aunque nunca lo haya manifestado públicamente de esa manera, para su obispo el cura es inocente, lo cual lo convertiría en presunta “víctima” de alguna “conspiración contra la Iglesia”. Si no fuera así es difícil explicar por qué la Iglesia “experta en humanidad”, como lo sostiene la doctrina social católica, sigue sosteniendo a alguien que con sus prácticas ha demostrado exactamente lo contrario. “Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón (el de la Iglesia)”, se dice en el documento conciliar Gaudium et Spes (Nº 1).


Un año después de su condena, el cura torturador está preso y en su lugar de reclusión sigue gozando de todas las atribuciones y consideraciones de su condición sacerdotal. Para el obispo de Nueve de Julio y para la jerarquía de la Iglesia Católica todavía no ha llegado la oportunidad para aplicarle las sanciones eclesiásticas que podrían corresponderle a Von Wernich por los cargos de violación de los derechos humanos que se le probaron en la Justicia civil.


Los obispos de la Conferencia Episcopal Argentina pueden decir, en términos estrictos, que sólo al superior de Von Wernich, en este caso el obispo de Nueve de Julio, le corresponde adoptar las eventuales sanciones. Pero más allá de las cuestiones formales existe también una responsabilidad ética y moral que les cabe a todas las autoridades eclesiásticas, que deben responder ante toda la sociedad y ante su propia feligresía. La pregunta entonces es:
¿hasta cuándo la institución eclesiástica seguirá actuando de una manera que sólo puede entenderse como complicidad con uno de los suyos que es claramente un violador de los derechos humanos?
El problema ya no es ni siquiera Von Wernich, sino una vez más la Iglesia misma y la credibilidad de sus autoridades frente a la sociedad.


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“Frei e Insulza se habrían elevado moralmente si no defienden a Pinochet” (9-10-2008)

9 de Octubre de 2008

Roberto Garretón, a diez años de la detención del ex dictador en Londres

“Frei e Insulza se habrían elevado moralmente si no defienden a Pinochet”

En el marco de su participación en un seminario organizado por la Universidad Diego Portales sobre los efectos que produjo en el mundo judicial y político el arresto del general, el abogado de Derechos Humanos analiza el comportamiento de la clase política ante el caso y critica la actuación del entonces Presidente y su ministro de Relaciones Exteriores. Además, tiene duras palabras para los jueces chilenos y lo que el denomina la ‘’alianza pinochetista’’.
Miguel Paz

Una década después de la detención de Augusto Pinochet en Londres, el impacto del caso es sujeto de revisión y análisis en el seminario “El Efecto Pinochet”, organizado por el Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la UDP, donde el ex abogado de la Vicaría de la Solidaridad Roberto Garretón, hizo un crudo balance respecto al comportamiento de los tribunales de Justicia chilenos y los argumentos que tuvo el gobierno de Eduardo Frei para insistir ante las cortes británicas y españolas de la necesidad de juzgar al general en nuestro país. Garretón, quien en la actualidad integra el comité asesor del secretario general de Naciones Unidas sobre prevención de Genocidios, asegura que Frei tuvo “todas las posibilidades” de haber dejado “que se haga justicia” fuera de Chile y declara que jamás imaginó que “un gobierno democrático hubiese salido a defender al dictador”. -En su presentación del seminario de ayer usted hizo una aseveración:
“La clase política no ha cambiado nada desde el 11 de septiembre de 1973”
¿No le parece muy fuerte esa declaración?
-Me refería al pinochetismo. Los pinochetistas siguieron exactamente igual el 11, el 12, el 13 de septiembre y siguen igual. Usted lo ve en el vocabulario del almirante Arancibia y en lo que dice la alianza pinochetista. Como reclaman e injurian a los jueces que ejercen sus cargos. La campaña que montaron contra Carlos Cerda. Son los mismos que fueron ministros, subsecretarios, alcaldes, rectores universitarios militares, miembros de las comisiones legislativas, gobernadores, intendentes, embajadores.
-¿Cuándo firmó la orden de detención de Pinochet el juez español García Castellón tenía la convicción de que en Chile no se podía juzgar a Pinochet?
-Yo estuve en España y declaré ante el juez García Castellón. Cuando la causa estaba en una apelación de la sentencia de la Corte Suprema de Londres, hice un informe dirigido a los lores donde sostenía que Pinochet podía perfectamente ser juzgado en Chile conforme a derecho pero que por el comportamiento de los tribunales chilenos en 25 años –los 17 de la dictadura y los ocho de la Transición-, que habían sido absolutamente complacientes con la dictadura y sus atrocidades, no había condiciones políticas para que Pinochet fuese juzgado en Chile.
-¿Alguna vez pudo conversar de este tema con el juez Baltasar Garzón?
-Con Garzón no lo conversé entonces. Lo conocí el año 2002 y lo conversé después con él, pero no entramos en detalles.
-Cuando se inició la investigación de García Castellón, en Chile nadie daba crédito a que Pinochet pudiese ser juzgado en España.
-Efectivamente el gobierno no le daba mucho crédito, no tenía mucha importancia.
-Pero luego vino el arresto en Londres y la cosa fue en serio.
¿Alguna vez se imaginó que nuestro gobierno pudiese salir a defender a Pinochet, bajo la lógica de la defensa de "principios, no personas", como lo manifestaron repetidas veces el presidente Frei y José Miguel Insulza?
-¡Cómo me iba a imaginar una cosa de esa naturaleza!
Fue y es una cosa impensable que un gobierno democrático que nace de la deslegitimación de la dictadura por las violaciones de los Derechos Humanos ordenadas por Pinochet, hubiese salido a defender al dictador.
-¿Usted cree que Frei e Insulza pudieron haber hecho otra cosa?
-Tenían todas las posibilidades. Frei e Insulza no tenían porque salir a defender a Pinochet. Lo que tenían que decir es “nos da vergüenza que fueran los jueces ingleses y españoles los que detuvieron a Pinochet y como los jueces chilenos no quisieron, porque no quisieron, esperamos que se haga justicia”. Eso debieron decir. Y las figuras de Frei e Insulza se habrían elevado moralmente. No habría habido ningún golpe ni asonada militar.
“El efecto Garzón”
-Para usted, jurídicamente hablando, ¿la tesis de la soberanía tenía validez?
-Pueden inventarse cualquier cosa. Imagínese que ellos hablaban de la no colonización de España en Chile. Cuando en realidad España estaba cumpliendo con sus propias leyes y los juristas que asesoraron al gobierno debiesen haber dicho eso.
-Pero el tema era más político que jurídico.
¿Habló con José Miguel Insulza sobre este punto alguna vez?
-Lo hablé a raíz de unas declaraciones muy desafortunadas de él. Insulza y el presidente Frei estuvieron pésimamente mal asesorados.
-¿Quiénes los asesoraron?
-No tengo idea quienes eran los que asesoraban. Pero lo concreto es que se produjo el “efecto Pinochet” que cambió todo. Esto viene de un artículo en que yo hablé de que la detención produjo efectos a nivel mundial: primero el “efecto Garzón”, que significó que los jueces de todo el mundo, incluidos los chilenos, aprendieron una lección muy importante: que hacer justicia es posible. Y segundo, el “efecto Pinochet”: los dictadores y violadores de derechos humanos más les conviene no moverse que salir a viajar. Eso no lo entendieron ni Alberto Fujimori ni el fiscal militar Alfonso Podlech.
-La Constitución del 80 es otro “efecto Pinochet” y perdura con reformas firmadas por Ricardo Lagos, que no es pinochetista que digamos.
-Yo esa reforma constitucional no la he entendido nunca. Creo que los gobiernos y la gente de la Concertación han querido cambiar la constitución y que los amarres y los altos quórum lo hacen imposible y eso ha provocado una resignación de las aspiraciones democráticas. Hay gente que cree que todos los miembros de la Concertación están contentos con la actual constitución y por eso no la cambian.
Yo sigo creyendo aún, no sé hasta cuando, que han querido y no han podido.
-A la vuelta de los años personeros como Enrique Correa reconocieron haber pactado muchas cosas con Pinochet por miedo.
¿Usted está de acuerdo con esa versión?
-La transición fue mucho más pactada o definitivamente pactada que lo que supimos nosotros los ciudadanos de a pie. Pero las leyes de amarre no las hicieron los Correa ni los Mapu. Sino Pinochet. Y la Concertación no las ha tocado. En parte porque necesita el apoyo de los ex funcionarios de Pinochet reconvertidos en parlamentarios. Esto que usted me está preguntando es causa directa y casi única de las razones de por qué los jóvenes no se inscriben en los registros electorales. Para votar por los pinochetistas o por los que quisieron proteger a Pinochet mejor no votar.
http://www.elmostrador.cl/modulos/noticias/constructor/noticia_nueva.asp?id_noticia=260331