miércoles, 10 de diciembre de 2008

VENÍ A LA 28º MARCHA DE LA ®ESISTENCIA 10-12-08



VENÍ A LA 28º MARCHA DE LA ®ESISTENCIA



¡Sobre la Impunidad y la Injusticia no podemos construir el país que soñaron!30.000 detenidos-desaparecidos ¡presentes!






Miércoles 10 de diciembre: 28° Marcha de la Resistencia



A las 12:00 hs. saldremos desde Av. de Mayo y Piedras, llevando la bandera de los compañeros detenidos-desaparecidos hacia la Plaza de Mayo.A la medianoche culminará la Marcha con la lectura de un documento, una marcha de antorchas y un recital de Iven (Venezuela) y Liliana Felipe.



Durante la Marcha se expondrá sobre diversos temas.




Entre otros:





• Conflictos sociales (Educación, Salud, Cultura)





• La justicia y los juicios





• Baja de la edad de imputabilidad de menores de edad





• Justicia transicional





• Organización y libertad sindical



• Juicio y reclusión perpetua en cárceles comunes a los genocidas, cómplices e ideólogos.





• Restitución de la identidad de los más de 400 jóvenes apropiados.





• Verdad sobre lo que pasó con todos y cada uno de los detenidos-desaparecidos.





• Aparición con vida de Jorge Julio López ¡Ya!

Abuelas de Plaza de Mayo





Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora





Familiares de Detenidos-Desaparecidos por Razones PolíticasH.I.J.O.S.- Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio- Regional CapitalHerman@s de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia



http://www.hijos.org.ar/



hijos@hijos-capital.org.ar4-953-5646








RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOS





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PROPUESTA PARA CREAR UN NUEVO PROGRAMA PARA PROTEGER A LOS PROTAGONISTAS DE PROCESOS COMPLEJOS - 10-12-08

PROPUESTA PARA CREAR UN NUEVO PROGRAMA PARA PROTEGER A LOS PROTAGONISTAS DE PROCESOS COMPLEJOS

Para que no dé miedo ir a tribunales

La iniciativa tiene el apoyo de organismos de derechos humanos. El cuidado no se referiría sólo a los testigos, sino a cualquier persona involucrada en causas por delitos graves.



Por Adriana Meyer

Dicen los expertos que los países reaccionan después de que les pasó algo grave. Hace más de dos años desapareció Jorge Julio López y, más allá del impacto, los demás testigos siguieron acudiendo a declarar en los procesos por delitos de lesa humanidad. Pero los programas estatales para protegerlos empezaron a mostrar limitaciones. Con la intención de mejorarlos, la diputada Victoria Donda (Encuentro Popular y Social) y Marcelo Saín, ex director del programa Verdad y Justicia, presentaron un proyecto de ley para crear el Programa Nacional de Protección de Personas en Situación de Peligro en Procesos Penales, que además de los casos referidos al terrorismo de Estado abarca los de trata de personas y otros delitos vinculados con la criminalidad organizada. La propuesta cuenta con el apoyo del CELS, las Abuelas de Plaza de Mayo y el Serpaj.

“Vamos a hacer lo posible para que sea sancionado, pero la única forma de lograrlo será con mucha presión de los sectores que nos nucleamos en torno de estos temas”, dijo Donda a este diario, anticipando un difícil escenario parlamentario. Tras la renuncia de Saín al programa Verdad y Justicia, Donda se pregunta si habrá voluntad política para que la iniciativa se transforme en ley. Con la firma de los diputados Juan Carlos Dante Gullo, Marcela Rodríguez, Ariel Basteiro, Emilio García Méndez, Hugo Perié, Remo Carlotto, Viviana Damilano Grivarello, Jerónimo Vargas Aignasse y Cecilia Merchan, el proyecto propone derogar la ley 25.764, que había creado en 2004 el programa de protección a testigos e imputados, al calor de una supuesta ola de secuestros extorsivos.

A diferencia de ese plan, este proyecto incorpora la posibilidad de dar protección a fiscales, abogados u otros actores de los procesos penales, y, a su vez, la extiende a los miembros de la familia o cualquier persona cuya integridad física esté en riesgo por su relación con la persona protegida.

La otra innovación consiste en la creación de una Unidad Especial de Protección que, si bien estará integrada por policías, éstos responderán a un superintendente que dependerá del director del programa. Los asesores de Donda explican que apuntan a un cuerpo con “policías nuevos y especializados”, aunque reconocen que los primeros miembros serán uniformados en actividad, seleccionados con criterios estrictos. De todos modos, saben que las víctimas de la dictadura mantienen firmes reservas respecto de cualquier fuerza uniformada. El programa se regirá por los principios de consentimiento de la persona a proteger, temporalidad de la protección y celeridad para evitar trabas burocráticas.

En principio, el proyecto fue resistido por todos los organismos de derechos humanos, que pretendían una ley específica para los casos de delitos de lesa humanidad. Pero con esta nueva redacción consiguió el apoyo de diversas entidades. La matriz del proyecto tiene amplia relación con la Ley Modelo de Protección de Testigos de Naciones Unidas. “El proyecto apunta a realizar un aporte a la resolución de una problemática tristemente conocida: las amenazas, secuestros y todo tipo de conductas intimidatorias contra testigos, querellantes y demás actores involucrados en causas penales donde se investigan delitos complejos, los cuales han evidenciado el máximo poder persecutorio escondido tras las sombras con la desaparición de un testigo en el caso en el que se condenó a Miguel Etchecolatz”, señalan los fundamentos del proyecto, donde se destaca que el secuestro de López puso de manifiesto “crudamente cuál es la responsabilidad del Estado en proteger a los ciudadanos comprometidos con la búsqueda de justicia”.

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HABLAN LOS TESTIGOS QUE SE RETIRARON DEL SISTEMA VIGENTE

“No queremos ser una estadística más”

Por Adriana Meyer

Después de la anulación de las leyes de impunidad se pusieron en marcha procesos contra los responsables del terrorismo de Estado y, en la actualidad, hay 300 causas abiertas con la participación de más de cuatro mil testigos. En este marco, el Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados vigente “no ha logrado dar una solución oportuna y eficaz a los nuevos problemas que se suscitan en el marco de las investigaciones judiciales por delitos complejos”, dice el proyecto de Donda y Saín.

Página/12 consultó a tres testigos que, por diferentes razones, renunciaron a ese programa. María Cristina Guerra, sobreviviente del centro clandestino Mansión Seré, aceptó la protección que propuso el Tribunal Oral Federal (TOF) 5. Con la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos Mansión Seré y zona Oeste acordaron con el programa nacional que dirige Darío Díaz una cobertura con telefonía celular y rechazaron la custodia policial. Llegó el inicio del juicio y horas antes de la primera audiencia recibió una amenaza telefónica y encontró una cadena en el piso frente a su puerta, con la forma de un círculo. “Ni la Justicia ni el programa hicieron nada, nunca nos dieron los celulares, así que junto a otros tres compañeros decidimos renunciar al convenio de protección porque nos negamos a ser una estadística más”, dijo Guerra. Cuando lo comunicó –recordó–, alguien del programa le dijo que “no tenía códigos”. Por insistencia del TOF 5 le pusieron un sistema electrónico a distancia que depende del programa provincial. “Funciona, no es lo que quiero ni lo mejor, pero ante hechos así una piensa en la gente que quiere y si ellos se sienten seguros, sirve”, evaluó. Pero afirmó que “la debida protección que nos tienen que dar es desmantelar el aparato represivo”.

Carlos Muñoz sobrevivió luego de pasar por la ESMA y hasta hace pocos días tenía el mismo dispositivo que Guerra, pero lo devolvió y también renunció al programa. “Me cambiaron cuatro veces el aparato, se quedaba sin batería, luego la señal era débil, otra vez me lo olvidé en una oficina céntrica y el monitoreo marcaba que estaba en Palermo”, describió. Muñoz había entrado al programa cuando comenzó el juicio contra el represor Héctor Febres, pero renunció porque “la burocratización es enorme”. Además, el personal policial que lo controlaba por teléfono solía interrogarlo. “Que a qué marcha voy, que a qué hora voy a estar en Plaza de Mayo, preguntas que no corresponden”, recordó. “Nos hacen sentir como pesados y paranoicos si planteamos algo, pero tampoco nos dan apoyo psicológico, son funcionarios que no entienden las secuelas que podemos tener los sobrevivientes”, lamentó Muñoz.

Norberto Urso estuvo en Mansión Seré, es testigo y querellante, y fue amenazado. Ya contaba con la protección del programa provincial, pero el TOF 5 les ofreció el de Nación. “Lo único que nos podían ofrecer eran unos celulares, pasaron los días y nadie los vio”, afirmó Urso, que se enoja cuando recuerda lo sucedido y afirma que los pusieron en peligro a ellos y a sus familias. Dice que el control a distancia que le provee la provincia “no es lo ideal, porque aunque los que nos cuidan tienen buena predisposición, no deberían ser los mismos que estamos denunciando”.

Página/12 trasladó estas inquietudes al director del programa nacional. “El mejor programa es el que no se ve”, fue la respuesta de Darío Díaz, que se excusó de confirmar o desmentir nada, invocando la confidencialidad del programa. La cantidad de personas que ingresaron a este programa a partir de la mayor difusión que le dieron las nuevas autoridades aumentó notoriamente, pero la protección no alcanzó –porque la ley no lo prevé– a los miembros de un tribunal platense, que la habían solicitado. Algo que no ocurrirá si prospera el proyecto de Donda y Saín.


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Acto en Santa Fe

El gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, encabezará hoy a las 18 el acto durante el cual será señalizada la comisaría cuarta de la ciudad de Santa Fe, donde funcionó un centro clandestino de detención y tortura en la época del terrorismo de Estado. La señalización se ubicará a pocos metros de la cochera del edificio, debido a que por ese lugar entraban y salían vehículos que llevaban ciudadanos escondidos y encapuchados para ser sometidos a interrogatorios, apremios ilegales y tormentos.


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ENCONTRARON ALREDEDOR DE DIEZ MIL FRAGMENTOS OSEOS CALCINADOS EN EL POZO DE ARANA - Un hallazgo que confirma el horror 10-12-08


ENCONTRARON ALREDEDOR DE DIEZ MIL FRAGMENTOS OSEOS CALCINADOS EN EL POZO DE ARANA

Un hallazgo que confirma el horror

Fueron descubiertos por el Equipo Argentino de Antropología Forense. Es la primera vez que aparecen restos en el mismo sitio donde funcionó un centro clandestino. También se hallaron centenares de impactos de bala en un paredón del predio.

Funcionarios judiciales durante una inspección ocular en el predio donde funcionó el Pozo de Arana.
Imagen: Télam

Por Diego Martínez

“Los huesos no mienten ni olvidan”, explicaba el antropólogo Clyde Snow en 1984, cuando llegó al país a pedido de la Conadep para exhumar cuerpos enterrados como NN. Ayer, casi un cuarto de siglo después, sus discípulos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) confirmaron el hallazgo de alrededor de diez mil fragmentos de restos óseos pequeñísimos, producto de la calcinación a la que fueron sometidos, enterrados en un patio del ex centro clandestino de detención que funcionó durante la dictadura en el Destacamento de Arana, aún en poder de la policía de la provincia de Buenos Aires. El EAAF también confirmó la existencia de un paredón de diez metros de largo con dos centenares de impactos de bala, aunque destacó que no pueden asociarse directamente con los restos encontrados. Así como los cuerpos de las Madres secuestradas en la iglesia de la Santa Cruz confirmaron el relato de los sobrevivientes de la ESMA sobre los vuelos de la muerte, el hallazo en Arana confirma el testimonio de las víctimas de Etchecolatz, Von Wernich & Cía. sobre las quemas con cubiertas y combustible como método de desaparición de personas.

“Es la primera vez que se encuentra enterramientos en un centro clandestino de detención”, destacó en conferencia de prensa la secretaria de Derechos Humanos bonaerense, Sara Derotier de Cobacho, quien anticipó que impulsará la conversión del sitio “en un Museo de la Memoria, porque allí están las cenizas de los militantes populares que pasaron por ese lugar”. La funcionaria recomendó “que nadie aliente esperanzas de que pueda ser identificado algún familiar desaparecido” y pidió “perdón por el dolor que puedo causar con esta noticia, porque quien tiene un hijo desaparecido lo primero que hace es pensar que algunos de los fragmentos de huesos encontrados les puede pertenecer”.

El EAAF empezó a trabajar en febrero a pedido del juez federal Arnaldo Corazza, luego de que el fiscal federal Félix Crous denunciara posibles enterramientos en base a testimonios brindados en el Juicio por la Verdad de La Plata. Las tareas en el destacamento, ubicado en la calle 640 a la altura de la 131, comenzaron a fines de febrero con la limpieza del predio, repleto de autos siniestrados y bicicletas. “Luego se cuadriculó el terreno, se registró cada fragmento encontrado en un espacio tridimensional, se fotografió y registró cada hallazgo, y se le sugirió al juez preservar los pozos de las quemazones”, explicó a Página/12 el antropólogo Daniel Bustamante.

En primer lugar se vació y analizó sin suerte el contenido de cuatro profundos pozos sépticos en el patio interno del destacamento. “En cuanto hicimos la prospección de un pozo cerca del muro norte aparecieron los primeros restos. Eso fue el 16 de abril”, recordó el especialista del EAAF. “Después se pasó a hacer la prospección en el patio trasero, al fondo, que estaba lleno de vehículos. Tuvimos que limpiarlo y, cuando empezamos a hacer los sondeos más cercanos al muro, apareció la mayor concentración de restos quemados. Entonces nos dimos cuenta de que hubo una fosa para quemar cuerpos. Suponemos que el muro fue construido después, y cuando hicieron la trinchera removieron un poco el sedimento”, explicó.

–¿Qué posibilidades reales hay de identificar los restos?

–El grado de calcinación es importante, no queremos alentar falsas expectativas. No sabemos si se va a poder recuperar material genético hasta que no se envíe al laboratorio, pero por la experiencia en otras circunstancias va a ser difícil.

“Primero hay que clasificar cada segmento encontrado para determinar el número mínimo de individuos. Para eso hay que trabajar con los restos óseos y con elementos asociados, como vainas, proyectiles, monedas, los plomos encontrados en la pared, evidencias que se están limpiando”, describió Bustamante. Recién cuando concluya la etapa de trabajo en el EAAF se analizará la posibilidad de enviar restos a un laboratorio de Estados Unidos para tratar de recuperar material genético.

Por consejo del EAAF el juez Corazza ordenó proteger el sitio del hallazgo con una capa de nylon resistente. El próximo paso es garantizar su preservación, que implica no sólo proteger el terreno de las inclemencias del tiempo sino también mantenerlo intacto para su uso futuro como espacio de la memoria. “De los lugares que conozco, es el que más se merece el reconocimiento de espacio para la memoria, ya que recuperamos parte de los restos pero las cenizas quedan allí”, concluyó Bustamante.

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EL MINISTRO DE LA CORTE CARLOS FAYT, EN LA POLEMICA POR LOS JOVENES - “Primero, que baje la pobreza”

EL MINISTRO DE LA CORTE CARLOS FAYT, EN LA POLEMICA POR LOS JOVENES
“Primero, que baje la pobreza”

Durante una entrevista, el juez Fayt dijo que antes que bajar la edad de imputabilidad hay que bajar “el desamparo, la exclusión social, el hambre, el desempleo y la miseria”. El ministro pidió que “dejen tranquilos a los jueces” e hizo causa común con Argibay.


El ministro de la Corte Suprema Carlos Fayt respondió a la prensa, cuando le preguntaron su opinión sobre la baja de la edad de imputabilidad: “¿Puede usted bajar el desamparo, la exclusión social, el hambre, el desempleo, la miseria? Baje eso y después le voy a contestar yo sobre la baja de la edad”. Fayt se sumó de ese modo a la polémica que tiene como eje la edad de imputabilidad y la ley penal juvenil. reclamó que “dejen a los jueces tranquilos” y pidió al Congreso que vote leyes que permitan una política de Estado sobre los más chicos.

“Es necesario que el Congreso se ocupe profundamente como una política de Estado de la situación de los menores. Visiten ustedes, los medios –dijo dirigiéndose a los periodistas–, los establecimientos de detención de menores. Tendrán vergüenza, pero háganlo. Dejen a los jueces tranquilos”, dijo Fayt durante una entrevista televisiva.

También lo consultaron sobre el reclamo de la baja de la edad de imputabilidad. Cabe recordar que la Corte Suprema que integra Fayt revocó en forma unánime el fallo de Casación que ordenaba la libertad progresiva de los chicos y adolescentes menores de 16 años detenidos en el instituto San Martín, tras una presentación judicial de la Fundación Sur. “¿Puede usted bajar el desamparo, la exclusión social, el hambre, el desempleo, la miseria? Baje eso y después le voy a contestar yo sobre la baja de la edad”, dijo Fayt a la prensa.

El ministro también pidió respeto para su colega del tribunal Carmen Argibay, quien la semana pasada señaló que los jóvenes son blanco del gatillo fácil policial. “Se trata de una magnífica jueza. Respeten las opiniones de ella porque lo merece, tiene sensatez, tiene inteligencia, tiene talento y ama la Justicia y ha sido jueza en la Corte Internacional (de La Haya). Respétenla”, dijo Fayt.

Sobre la situación de los jóvenes, el magistrado dijo: “Ya señalé oportunamente que los estoicos griegos habían puesto hace 2500 años en su templete una máxima: ‘Que el hombre sea sagrado para el hombre’. Nunca lo fue. Ahora, para nosotros, la máxima debe ser que los niños son sagrados para la sociedad argentina”.

En el fallo de la Corte referido a la causa iniciada por Emilio García Méndez (diputado por el SI y titular de la Fundación Sur), los ministros requirieron al Poder Legislativo que adecuara las leyes nacionales sobre niñez y adolescencia a los tratados internacionales, y a los jueces que analicen la situación de cada joven a su cargo. El fallo de la Corte desató críticas especialmente de García Méndez, quien sostuvo que la Corte había avalado un decreto de la dictadura, el 22.278, que se aplica para mantener tras las rejas a menores de 16 años, pese a ser inimputables para la ley. La jueza Argibay respondió a esas críticas diciendo que el decreto dictatorial fue avalado por el Congreso, con lo que pasaba a ser una ley de la democracia. Y que los jóvenes son encerrados para protegerlos del gatillo fácil de la policía.

Las declaraciones de la jueza y la decisión de la Corte de revocar el fallo de Casación continuaron con la polémica que unos días antes había lanzado el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, respondiendo a las urgencias de seguridad de parte de la sociedad.


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DEBATE SOBRE POLITICAS DE SEGURIDAD

Críticas a la mano dura


El presidente de la Comisión por la Memoria, Hugo Cañón, se mostró contrario a la iniciativa para bajar la edad de imputabilidad y advirtió que “encerrar” a niños y adolescentes en institutos “implica meter a los pibes en campos de concentración”. El titular de la Comisión que recorre casi a diario los ámbitos del subterráneo carcelario expresó su opinión durante unas jornadas realizadas en la Legislatura bonaerense sobre “Políticas de Seguridad y Niñez. Reforma del Sistema Procesal Penal y Violaciones a los Derechos Humanos”.

Cañón describió que en las unidades carcelarias “la perversión y la crueldad no son métodos medievales, están acá y ahora” y sostuvo que “reformar el sistema procesal penal implica más enjaulamiento para pobres y excluidos”. También sostuvo que la sociedad es empujada por los gobernantes a partirse en enemigos, en lugar de buscar un pacto social que haga posible la vida para todos.

Las jornadas tuvieron un fuerte corte de crítica a las medidas urgentes de gobierno por resolver las cuestiones de seguridad, eludiendo las responsabilidades del Estado y sin prever políticas a largo plazo. La reunión convocó una numerosa cantidad de asistentes, participó un importante abanico de legisladores, jueces y especialistas, fue convocada por más de una veintena de organismos dedicados defender los derechos humanos y que trabajan en el ámbito carcelario.


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