domingo, 9 de noviembre de 2008

La desconocida información que ocultaron los alemanes de la colonia (09-11-08)

Domingo 9 de noviembre de 2008

Por Luis Narvaez / La Nación
La desconocida información que ocultaron los alemanes de la colonia

El secreto que esconden las fichas de Dignidad

La Presidenta y su familia fueron fichados por los jerarcas alemanes. Lo mismo políticos de la DC, socialistas y de la derecha, como Jaime Guzmán, Hernán Larraín, Andrés Chadwick y Mónica Madariaga. También hay material de embajadores extranjeros. Pero los papeles incautados en 2005 aún son secreto de Estado y su contenido está vedado para los chilenos.

¿Qué se esconde?


La humedad y las esporas que se levantaban en el lugar se incrustaban en las fosas nasales de los policías que esa noche del 14 de junio de 2005, revisaban los cuatro cajones de madera repletos de papeles amarillentos y malolientes. Eran las fichas que la Colonia Dignidad ocultó durante más de 35 años y que cuyo contenido hoy sigue siendo un secreto de Estado.

Desde que se asestara el más duro golpe al enclave alemán, con la captura de Paul Schäfer, ni las armas descubiertas ni los dineros que se ocultan en paraísos fiscales son considerados un peligro para la seguridad nacional. Sí lo son las 36 mil fichas que se ocultaron celosamente.

El ministro Jorge Zepeda, que investiga las violaciones de los derechos humanos cometidas al interior del recinto germano, les impuso la Ley de Inteligencia Nacional por lo que su contenido no puede ser revelado ni hecho público.

¿Pero, qué tan relevante para la integridad del país pueden esconder los papeles mohosos que fueron rescatados casi como en una operación de espionaje? El sistema procesal antiguo permitía al juez mantener en reserva la información durante un juicio incluso para los abogados que litigaban allí. Y si el celo era aun mayor, era posible acumular toda la información sensible en un "cuaderno secreto".

El juez Zepeda hizo todo eso, pero agregó el blindaje más severo que otorga la legislación chilena y de allí no se ha movido hasta ahora y nada parece hacer cambiar el criterio del juez. Se suma a esto que cerrada la investigación en un futuro próximo, si el juez así lo estima podría mantener clasificada la información, pese a que después de terminado un sumario, toda la documentación es pública.

Verdades y mitos se ocultan allí. Conductas sexuales desviadas, vicios, deudas, amantes, amistades, parte de la vida pública y privada de actuales autoridades del país, tanto del Gobierno como del Congreso o del Poder Judicial, de derecha o izquierda. Dicen que nadie se salva.

LND intentó tener acceso a las fichas que se encuentran actualmente en la Jefatura de Inteligencia Policial de Investigaciones. Para ello se solicitó formalmente acceso al material mediante un escrito, el miércoles 5 de este mes. En el documento también se pedía al magistrado que si negaba el acceso, explicara las razones. Pero el juez guardó silencio sin responder.

Los únicos que han tenido acceso a dicha información clasificada con Ley de Inteligencia incluida es el Consejo de Defensa del Estado (CDE). El organismo, que es querellante en este proceso y ha tenido una activa participación solicitando diligencias, procesamientos y oponiéndose a la libertad de los jerarcas que estaban en prisión preventiva pudo leer la documentación.

Sin referirse al contenido del proceso, a través de la oficina de comunicaciones del CDE, el presidente de la entidad, Carlos Mackenney, indicó a LND que "según consta en el expediente de la causa, el ministro Jorge Zepeda, mediante resolución dictada el año pasado, puso en su conocimiento la documentación encontrada al interior de la Colonia Dignidad, por lo que él tiene conocimiento directo de ella".

Tal vez eso explique por qué el CDE no ha solicitado que se levante esa prohibición para que sea conocida por todas las partes del proceso incluidos los abogados, el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior (también querellante) o Hernán Fernández, abogado querellante por los delitos sexuales cometidos contra niños por Paul Schäfer.

Cualquier persona que revele antecedentes que están a cogidos a la Ley de Inteligencia pueden recibir penas de hasta cinco años de cárcel. Por eso no extraña el silencio que rodea el material.

Sui Generis

En 1968, Schäfer veía una amenaza en la continuidad de su secta y hasta ese momento sus secretas perversiones con niños alemanes y chilenos abusados reiteradamente por él. Desde ese año que se tienen datos de la confección de fichas de personas que pudieran resultar una amenaza o utilidad para el enclave.

Según las declaraciones de los máximos jerarcas detenidos y procesados antes y después de la captura de Schäfer en Argentina el sistema de registro de personas estuvo a cargo del colono Gerd Sewald Lefevre (85 años), un alemán que trabajó en la Universidad de Hamburgo, en el norte de Alemania.

"Desde el año 1974 clasifiqué la información, trabajo que me encomendó Paul Schäfer. Puede que antes se hayan manejado antecedentes que luego se estamparon en las tarjetas; antes no estaban clasificadas", asegura el alemán.

El anciano dice que la información la obtenía de fuentes abiertas (medios de comunicación, guías telefónicas) y de informantes que aportaban información referente a vecinos que ellos consideraban importantes que pudieran afectar a la colonia.

En la declaración que prestó en agosto de 2005, Sewald sostuvo que hubo especial interés en "gente de izquierda". Asimismo, reconoce que después del golpe de Estado de 1973, se incrementaron los lazos con los representantes de las Fuerzas Armadas, especialmente con el Ejército y Carabineros. Por eso no demoró en describir el vínculo que se creó a partir de ese momento con la DINA, con visitas del jefe del organismo, Manuel Contreras. Al respecto, señala que los datos sobre prisioneros políticos le fueron entregados tanto por la institución castrense como, posteriormente, por la misma DINA a través de su agente en Parral, Fernando Gómez Segovia.

Para la década de 1980, con la dictadura consolidada y los negocios de armas fluyendo, Sewald dijo que "existía interés por saber más de las personas que nos visitaban. Esto no obedecía a una acción planificada, como ocurrió después con la confección de fichas. Si la persona adquiría relevancia con posterioridad, se incluían las notas en las fichas clasificadas".

En esta categoría sorprende la cantidad de fichas que fueron confeccionadas en torno a la Presidenta Michelle Bachelet. Cuando aún era una estudiante y fue detenida por la dictadura fue fichada de inmediato por la colonia. Su tarjeta tuvo origen en la relevancia que en esos días tenía su padre, el general de la FACh, Alberto Bachelet, quien fue detenido dentro del grupo de oficiales de la institución que decidieron renunciar ante la violación de la constitución.

Como si un exhaustivo análisis de la prensa les hubieras dado un indicio de lo que sucedería en 2006, 15 años antes en los cajones se acumulaban ya fichas de su madre Ángela Jeria y de su hermano, Alberto, con datos acerca de sus estudios, militancia, lugares de detención, agentes de la DINA que los detuvieron, países de exilio y actividades en el extranjero.

Las fichas se confeccionaban a partir de una tarjeta de cartulina amarilla. En la parte superior se indicaba el nombre de la persona, una sigla que indicaba el origen de la información y, en el caso de ser personas integrantes de alguna institución, se coloreaba para identificarla (negro, Ejército; azul, Armada; rojo, FACh; verde, Carabineros; lila, sacerdotes).

Se complementaba con datos personales, de familia, direcciones, teléfonos, estudios y trabajos. Más abajo se consignaba un apartado donde se agregaban comentarios.

A medida que se adjuntaba información como declaraciones o recortes de prensa, estos se adjuntaban en hojas tamaño oficio y se pegaban con corchetes (ver copia).

A medida que pasaron los años, los documentos se acumularon en cajas tipo Kardex, de los cuales sólo se recuperaron cuatro, en cuyo interior se encontraban las 36 mil fichas. Pero testigos aseguran que las fichas eran varias miles más y que la mayoría fueron destruidas al fuego.

El material fue encontrado durante los mismos operativos en que se localizaron las armas de Dignidad. Uno de los bunkers subterráneos donde se acopió el material bélico tenía en sus rincones las cajoneras donde estaban las fichas.

La versión oficial indica que una vez desenterrado, todo fue trasladado al Regimiento de Los Ángeles y de allí hasta Santiago, supervisado por el tribunal y detectives de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE): las armas a los Arsenales de Guerra y las fichas a la Jefatura de Inteligencia Policial (Jipol).

Pero existe otra versión. Después que se supone todo había sido trasladado a Los Ángeles, detectives de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI se percataron que en lugar de acopio (un viejo hangar) habían quedado los cajones con las fichas. Para subsanar el olvido, se consignó un acta al administrador del recinto, Hernán Briones, y se trasladó a Santiago en camioneta, hasta la Jefatura de DDHH, en el cuartel Independencia de la PDI, donde quedaron hasta el día siguiente. El hecho fue informado al ministro Jorge Zepeda, quien montó en cólera y ordenó retener al detective a cargo del traslado hasta aclarar las circunstancias.

Finalmente, tras seis meses de trabajo, la Jipol entregó un informe con el resumen del contenido de las fichas, que ha servido de guía para extraer información con la cual se han logrado comprobar, fundamentalmente, el paso de prisioneros políticos por ese lugar antes de desaparecer.

Es más, gracias las fichas se logró establecer que la doble agente Marcia Merino conocida como la "Flaca Alejandra" había mentido respecto a la suerte que corrieron algunos de sus compañeros del MIR, una vez que ella los delató a la DINA.

Tarjetas

Una vez que las fichas fueron halladas en junio de 2005, un equipo especial de la Jipol se abocó a la tarea de recuperar el material. Las tarjetas y papeles estaban húmedos, con hongos. Mediante un proceso de secado se logró rescatar el material y clasificarlo. Seis meses le tomó a este equipo elaborar el informe para el juez Zepeda.

En el documento se consigna la cantidad, naturaleza y lista de personas que allí aparecen, con datos respecto a las fechas más relevantes.

Fue ahí como se descubrió que existían fichas tanto de prisioneros políticos como personeros de la dictadura, de la izquierda, empresarios y parlamentarios.

En este sentido, diversa fuentes consultadas tanto en el ámbito policial como judicial, señalan que existirían fichas de amigos y visitantes del enclave. Entre ellos estarían los senadores Hernán Larraín y Andrés Chadwick, además del asesinado Jaime Guzmán. También figura el ex senador UDI Carlos Bombal. Respecto de todos ellos, figuran sus respectivas tarjetas y recortes de prensa y comentarios escritos por Gerd Sewald para Schäfer.

De las autoridades políticas de la dictadura, destacan el ex ministro del Interior, Sergio Onofre Jarpa, a quien se consignaba además su calidad de terrateniente de extensos fundos en la Región del Maule, y la ex ministra de Justicia, Mónica Madariaga.

De la Concertación destaca la presencia de información profuza sobre los senadores DC Andrés Zaldívar y Hosaín Sabag (legislador por la zona) y del ex canciller Gabriel Valdés.

Capítulo especial merecía la Iglesia Católica. Hay decenas de fichas de religiosos como el obispo Carlos Camus.

Nombres Clasificados

Algunas de las razones por las que se estima se determinó dar estatus de "clasificado" al material fue por personas muy determinadas que allí aparecen y los cargos que hoy ostentan. Sin embargo, todo indica que el contenido de dichas fichas no revela información relativa a aspectos comprometedores de personas. "Paul Schäfer hizo del chantaje uno de los mecanismos de defensa que ellos tenían para mantenerse impunes, pero ese material no fue dejado en esas fichas, sino que en cintas magnéticas y videos que fueron sacados de la colonia", sostuvo a LND desde Alemania un ex colono que conoció dicho material.

De hecho, muchos de los colonos que huyeron de Dignidad coinciden en que el que mantiene en su poder ese material comprometedor es Erwin Fage, jefe de seguridad del recinto, quien también huyó y no fue capturado.

Un chileno que tuvo acceso a las fichas de Dignidad dijo que "en estas no se hace mención a cuestiones personales o íntimas de la gente, salvo algunas relaciones que se hace entre personas de diversa índole".

Lo delicado de la información que aparece en esas fichas, coinciden varias fuentes, está en que existen muchas personas que tenían fichas y que mantuvieron negocios o, más importante aún, eran informantes de la Colonia Dignidad.

Dichas personas, cuyos nombres manejan sólo el juez, detectives y eventualmente el CDE, hoy figuran en cargos públicos. Hasta donde LND pudo averiguar, esta categoría de personas estarían trabajando en el Gobierno, en el parlamento y en el servicio diplomático.

Las dificultades que existen en la actualidad son que el juez Zepeda tiene a su cargo investigaciones por delitos puntuales como el secuestro y desaparición forzada de personas, además de delitos por infracción a la ley de Control de Armas y Explosivos.

Respecto a los dineros que tienen su origen en negocios ilícitos, hace varios años que el juez despachó exhortos a Alemania solicitando información relativa a cuentas, sin embargo no han recibido ninguna clase de respuestas.

Sin ir más lejos, el Gobierno de Alemania aún no notifica oficialmente al magistrado de la muerte del jerarca y número dos de la Colonia, Albert Schreiber, quien huyó de Chile evadiendo una orden de captura internacional. La justicia germana negó su extradición de ese país. Según trascendidos, éste habría muerto entre julio y agosto.

Pese a las dificultades con que se ha encontrado el juez y la excesiva carga de trabajo de los casos que originaron la investigación contra Dignidad, la información respecto de personas que tendrían la calidad de "doble agentes" está en manos de la Agencia Nacional de Inteligencia. Sin embargo, se desconoce si este organismo ha realizado indagaciones, contempladas en la ley, con la autorización judicial correspondiente.

Esta sería una de las ya conocidas razones que explicaría el fracaso de los allanamientos registrados en la década de 1990 o las dificultades que hubo para localizar a Schäfer en el extranjero.

La relevancia sobre el contenido de las fichas y los nombres también está determinada por la preocupación de que las fichas también revelan mayores antecedentes sobre las personas con las que la colonia realizó negocios de armas durante 25 años.

Trascendió que el ministro Jorge Zepeda, en la actualidad, persigue pistas relativas a la existencia de un nuevo arsenal fuera de la Villa Baviera. //LND

http://www.lnd.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20081108/pags/20081108210751.html

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Diputados Jiménez y Farías solicitarán derogación de la Ley Antiterrorista (9-11-08)

Domingo 9 de noviembre de 2008 12:49

/ UPI

Diputados Jiménez y Farías solicitarán derogación de la Ley Antiterrorista

El diputado independiente pro PPD Tucapel Jiménez y el legislador del Partido por la Democracia (PPD), Ramón Farías, anunciaron que presentarán un proyecto de ley con el fin de derogar la actual Ley Antiterrorista, porque a su juicio "es una de las manchas oscuras que todavía queda de la época de la dictadura".

La iniciativa, que se presentará el martes, busca derogar definitivamente esta ley redactada y promulgada en 1984 por la Junta Militar.

En esta línea, Jiménez sostuvo que la idea surge porque la normativa no respeta el debido proceso y para Chile hoy representa "un tremendo retroceso en materia de derechos humanos, sobre todo cuando estamos ocupando en las Naciones Unidas un puesto importante" en la materia.

El parlamentario precisó además que le parece una "inconsecuencia" que exista esta ley, cuando el Gobierno ha reconocido que en el país no se cometen actos terroristas y en algunos casos se esté aplicando la normativa.

Por lo mismo dijo que "lo que pretendemos nosotros es presentar este proyecto, que se discuta en la Cámara de Diputados" y lograr la derogación del mismo.

De acuerdo con los anterior, el diputado Farias explicó que para evitar que haya voces que se levanten para defender la ley antiterrorista, la propuesta es que "después de la derogación, que el Gobierno proponga otra ley que diga relación con el tema del terrorismo y sea discutida ahora en el Parlamento".

Al tiempo que sostuvo que para lograr una nueva legalidad, es necesario apegarse a los tratados internacionales firmados por Chile y a lo que los grupos relacionados y la ciudadanía puedan aportar a ella.


http://www.lnd.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20081109/pags/20081109121941.html

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Torturado en la dictadura argentina: “Nos cagaron el derecho a la felicidad” (09-11-08)

09 de Noviembre de 2008


Torturado en la dictadura argentina: “Nos cagaron el derecho a la felicidad”

Schulman es ahora el secretario de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, una organización fundada en 1937 con el fin de defender los derechos de los presos políticos y que trabaja además en otros campos como la reivindicación de la memoria o del derecho a la vivienda.

José Ernesto Schulman, uno de los miles de secuestrados y torturados durante la dictadura argentina, reconoce que no, "racionalmente no", guarda rencor a sus verdugos, aunque "hace unos años me di cuenta de que nos habían cagado el derecho a la felicidad".

Schulman aseguró a Efe sentir "rabia" al pensar que durante mucho tiempo le han arrebatado "el deseo", su "única cuenta personal", aunque señaló que si pudiera regresar en el tiempo haría "exactamente" lo mismo.

El argentino visitó esta semana la ciudad española de Granada para participar en las Jornadas Internacionales sobre Derechos Humanos y Terrorismo de Estado, que culminaron el viernes con la elaboración de un texto promulgado por nueve organizaciones de tres continentes.

Hace seis años escribió "Los laberintos de la memoria", un libro que recoge su historia como militante de una organización de izquierdas en la Argentina de la década de los setenta, así como los hechos que le sucedieron después.

Como la bomba que en 1975 explotó en su casa y estuvo a punto de quitarle la vida a él y a su familia, después de que hubiese mostrado interés sobre la predisposición democrática entre el tejido militar pregolpista argentino.

Tras la llegada al poder de la Junta de Comandantes fue secuestrado y torturado en la seccional Cuarta de la policía provincial, ubicada en la Ochava de Boulevard Zavalla y Tucumán, donde, entre otros tormentos, le aplicaron en el pecho y los genitales la 'picana', empleada para castigar a los presos con descargas eléctricas.
Schulman es ahora el secretario de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, una organización fundada en 1937 con el fin de defender los derechos de los presos políticos y que trabaja además en otros campos como la reivindicación de la memoria o del derecho a la vivienda.

La asociación es también una de las principales querellantes en los procesos judiciales actuales contra antiguos verdugos de la dictadura, uno de los cuales, el juez Víctor Brusa, fue destituido y permanece preso tras la denuncia de Schulman por "formar parte del engranaje del terrorismo de Estado" que ocasionó las torturas de la seccional Cuarta.

"Que Brusa quede preso o no me importa un carajo. Lo importante era demostrar que era un torturador, y esa batalla se ganó", manifestó el argentino, quien se muestra convencido de que "se lograrán nuevas condenas".

Sin embargo consideró que "para limpiar totalmente el aparato represivo de gente vinculada al terrorismo de Estado en Argentina se requeriría de toda una revolución".

EFE

http://www.elmostrador.cl/index.php?/noticias/articulo/torturado_en_la_dictadura_argentina_nos_cagaron_el_derecho_a_la_felicidad/

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“Los actores económicos ayudan a violar los DDHH” (09-11-08)

Domingo 9 de noviembre de 2008

Por Jorge Escalante / La Nación

Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional en Chile

“Los actores económicos ayudan a violar los DDHH”

Pidió a Barack Obama que bajo su gobierno se investiguen los crímenes cometidos por militares estadounidenses en Irak. También demandó a la Presidenta Bachelet que Chile cree una institución que proteja los derechos humanos, y constató el alto nivel de violencia contra las mujeres chilenas.

Es la primera mujer musulmana y asiática que dirige Amnistía Internacional (AI). La organización tiene sede en Londres, pero ella viaja incansablemente por el mundo para algún día desalambrar las velas encendidas, símbolo de la organización humanitaria.

Irene Khan, secretaria general de AI, originaria de Bangladesh, estudió derecho en las universidades de Manchester y Harvard, en Estados Unidos. El destino quiso que el primer día que se instaló en su oficina fuera el 11 de septiembre de 2001, fecha de los atentados a las Torres Gemelas en Nueva York. En viaje de trabajo por Santiago, conversó con LND.

-¿Cuál es el desafío actual en materia de DDHH para América Latina?

-El principal desafío hoy para los derechos humanos en América Latina, cuando ya no hay dictaduras militares, es cómo los gobiernos democráticos van a respetar los derechos de todos los ciudadanos, que en algunos aspectos se siguen violando.

-¿Cómo se siguen violando?

-Con los pueblos indígenas, los inmigrantes, los derechos de las mujeres. Todavía está pendiente este terreno. Es cierto que hoy en América Latina existe mayor respeto a los derechos civiles y políticos, pero todavía las policías ejercen una represión desmedida, sobre todo con los más pobres.

-¿Cuál es la responsabilidad que, especialmente en los países subdesarrollados, tienen los centros de poder económico en las violaciones de los DDHH?

-En la actual globalización los actores económicos internacionales son muy poderosos: bancos, multinacionales, etc. Y ellos pueden llevar a los gobiernos democráticos hacia una posición muy difícil. A través de acuerdos comerciales, inversiones o desinversiones, afectan directamente la economía de un país, pero no se hacen responsables de esto.

-¿Cómo inciden esos actores económicos en la transgresión de los derechos esenciales de las personas?

-Son ellos los que determinan las desigualdades económicas, donde una minoría se hace más rica y la mayoría se empobrece o es marginada. Y eso genera tensiones y conflictos en las sociedades y afecta la seguridad de los estados. Los actores económicos ayudan a violar los derechos humanos. Los gobiernos dicen que no pueden hacer nada porque se trata del ámbito privado donde no pueden intervenir. O sea, ni los gobiernos se hacen responsables ni los actores económicos tampoco, y entonces es la mayoría de la gente la que sufre estas desigualdades.

-¿Cuál es la solución?

-La solución es el control, la fiscalización, que existan leyes que obliguen a los actores económicos a hacerse responsables de lo que ellos generan y que, al fin de cuentas, conduce a que se violen distintos derechos de las personas. Los estados tienen que actuar para regular y obligar a estos actores a hacerse responsables.

-¿Cómo evalúa la situación de los DDHH en Chile bajo la democracia?

-Los distintos gobiernos, después de la dictadura, han tenido fuertes compromisos para respetar los derechos humanos, y éstos no son sólo los que se violan por los crímenes en una dictadura militar. Pero esos compromisos deben ser traducidos en una institución que proteja estos derechos. Mi recomendación clave para la Presidenta Bachelet fue que desarrolle rápido esa institución y un plan de protección de estos derechos.

-¿A qué tipo de institución se refiere?

-A un organismo nacional que se preocupe de esta materia. Chile es uno de los pocos países en América Latina que no cuenta con esa institución ni un plan a desarrollar para proteger los derechos humanos. Incluso ese plan debe ser monitoreado para ver si realmente se cumple.

-Además de la carencia de esa institución, ¿cómo aprecia la situación actual del respeto a los derechos en Chile?

-Estamos preocupados por lo que ocurre con los derechos económicos y sociales. Chile ha mostrado un rápido crecimiento, pero también existe marginalidad y desigualdad y hay una brecha grande entre ricos y pobres. También estamos preocupados por la situación de los derechos de los pueblos indígenas, los mapuches y los del norte del país. Además hay conflictos en el respeto del derecho a vivir en un ambiente sin contaminación y para ello hay que proteger el medioambiente.

-¿Y en cuánto a las mujeres?

-Sabemos que la violencia contra las mujeres es muy alta en Chile, una de cada dos mujeres son víctimas de la violencia intrafamiliar, y eso es el 50% de ellas. Ese es otro desafío para los gobiernos democráticos.

-¿Cómo evalúa lo que Chile ha hecho para lograr verdad, justicia y reparación de los crímenes cometidos bajo la dictadura?

-Creo que se ha hecho algo, pero todavía no es suficiente. Familiares de víctimas me han dicho que todavía no han obtenido verdad, justicia y reparación. La Ley de Amnistía a los militares todavía está vigente. Creo que Chile ha tenido de alguna manera una forma de conveniencia política para enfrentar este conflicto.

-¿Cómo cree que se ha resuelto en Chile el conocimiento de la verdad y la plena identidad de todos quienes cometieron los crímenes bajo el régimen de opresión?

-En esto creo que en Chile aún existe denegación de la verdad porque se han clasificado archivos que no se abrirán hasta en 50 años más. Por ejemplo, en los archivos de Comisión Valech sabemos que hay muchos nombres de militares hasta ahora no conocidos públicamente que cometieron tortura u otros delitos, y eso es denegación de verdad porque no se conocerán hasta en 50 años.

-¿Qué le parece que Chile aún no ratifique el tratado que creó el Tribunal Penal Internacional y otras convenciones que protegen los DDHH?

-Esa es otra muestra de la ambivalencia que todavía existe en el Estado chileno en esta materia.

-¿Cuál cree que es la causa de esta ambivalencia?

-Por un lado hay quienes quieren olvidar para seguir adelante negando ese pasado. Por otro lado, no ha habido la debida decisión del Estado para enfrentar todo este pasado. Y si ese pasado se niega o se olvida, se compromete el futuro de una sociedad.

-¿Qué va a pedir AI en materia de DDHH al nuevo Presidente de Estados Unidos?

-Ya le hemos pedido que cree una comisión independiente que investigue las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares estadounidenses en Irak y la lucha contra el terrorismo, para que se haga justicia. Le pedimos que cierre la prisión militar de Guantánamo, y que Estados Unidos se comprometa a respetar los estándares internacionales que protegen los derechos humanos y que su gobierno ratifique finalmente la Corte Penal Internacional. //LND


http://www.lnd.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20081108/pags/20081108200539.html

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Atahualpa presente: La Palabra dialogó con Julieta Vinaya, a cuatro meses y medio del crimen (26-11-08)


Atahualpa presente: La Palabra dialogó con Julieta Vinaya, a cuatro meses y medio del crimen


domingo, 26 de octubre de 2008
(La Palabra) Atahualpa es un nombre que representa el hijo, el hermano, el compañero, el amigo, el joven solidario cuyo cuerpo apareció sin vida el 15 de junio a la madrugada a las afueras de Viedma. No se sabe aún el motivo por el cuál fue victima del homicidio: si estaba en el lugar equivocado o si vio lo que no tenía que ver, pero lo cierto es que a partir de allí renació y se instaló con mas fuerza el trabajo que junto a sus amigos realizaba por los mas necesitados.
Atahualpa era un joven con inquietudes solidarias y de fuerte vocación, de hecho estaba cursando el quinto año y tramitaba una beca para estudiar medicina en la Habana, Cuba.
Su mamá Julieta Vinaya, junto a sus seres queridos, amigos, comenzaron un trabajo constante y permanente para esclarecer el asesinato. Marchas, recursos legales, reclamos varios, entrevistas con autoridades competentes hasta hace el compromiso de la propia presidenta Cristina Fernández en disponer de los medios del ejecutivo para esclarecer el hecho.
LP: Acompaña verdaderamente a sociedad en estas circunstancias?
Julieta Vinaya: A veces es difícil, son situaciones complejas. Hay gente que no puede venir a las marchas y bueno me acompañará desde otro sitio, desde otro lugar de lucha, uno percibe cuando el abrazo es sincero y cuando es oportuno o "falso". Pero lo que quiero rescatar el trabajo de los jóvenes, pibes que vienen a laborar, donde Ata estuvo, eso para mi es como si me acompañaran en as marchas. Algunos llegan con una bolsa de cemento, con un poco de hierro, con unas horas de su tiempo, ahí es, por medio de ellos veo a mi hijo. Nosotros, seguiremos con las marchas, porque es una promesa de lucha, pero buscaremos alternativas de participación, festivales, muestras, recitales y demás.
LP:. Los afiches que se ven en las calles, en los domicilios de Viedma, con la sonrisa de Atahualpa, puede llegar a generar una especie de mala conciencia para los autores de hecho?
Julieta Vinaya: no sé si tienen conciencia?.Porque uno si piensa, pero verdaderamente ellos no sé...Su familia, su entorno, la mirada de sus hijos, cuando comparten a diario con ellos. Esto seguramente tiene que ver con los valores que uno construye en su casa. Yo siempre le hablé a mis hijos y les mencionaba el valor del esfuerzo, me crié en una villa miseria del Gran Buenos Aires, con las condiciones de precariedad que eso implica, en ocasiones faltaba para comer, teníamos lo indispensable y asumimos desde muy pequeños el valor de compartir y el costo de conseguir hasta lo esencial. Eso intenté y creo haberlo logrado transmitir a mis hijos esos valores, con ello crecieron compartieron en el caso de Ata, con sus amigos la trascendencia de la solidaridad.
LP:. A medida que pasa el tiempo como, se va materializando en Ud. la memoria de Atahualpa?
Julieta Vinaya: Obviamente que al principio el dolor es desgarrador, no se puede comprender lo sucedido, pero la fuerza me a da mi propio hijo. Además hay un entramado en la noche de Viedma, que a gente desconoce y en cualquier momento puede desencadenarse. Mi hijo, está presente permanentemente y me debo en esta lucha hasta esclarecer y saber que pasó.
LP: Hay 100.000 pesos de recompensa, lo mas concreto y ninguna aproximación. Su intuición de madre que le hace inferir?
Julieta Vinaya: Que hay gente que vio algo, inclusive apareció en algún momento una testigo, que luego se desdijo, e inclusive su amigo, que esa noche estaba con él y nunca más nos relacionamos. Es decir que hay detrás de esto? Acciones oscuras que tienen que ver con lo ilegal?.Porque nadie se aproxima a declarar, evidentemente hay mucho, mucho miedo.
LP:. El poder entendido en todo su concepto, ejecutivo, judicial, legislativo, considerada que instrumenta los mecanismos necesarios para enfrentar estas situaciones?
Julieta Vinaya: Están, quizás no como una quisiera, desde la justicia están investigando y si fuese un caso mas seguramente ya estaría archivado. Hay sesenta casos en la provincia desde la apertura democrática y se suman. Entonces la sociedad tiene que estar movilizada. Hoy me pasó a mí, mañana puede pasarle a mi vecino. Desde la legislatura nos acompañan con los afiches, volantes, quizás me hubiese interesado trascender mas a niveles provincial y nacional.
LP:. Forma parte de las madres del dolor. Cómo se comunican entre si?
Julieta Vinaya: Mucho, no sólo por el común denominador de la ausencia injusta de un ser querido, sino acompañando en las marchas y las distintas actividades que somos convocadas y podemos asistir. Ellas estuvieron conmigo cuando me sucedió lo de Atahualpa y las escuchaba en su experiencia, que esto recién comienza, que el dolor que uno siente no se si se apacigua, pero es distinto. Recuerdo que una mamá me decía "nosotras siempre, vamos a tenerlos a ellos", y sólo en ese momento quería tenerlo Ata, quedarme con él, abrazarlo. Yo le pido Ata que me dé fuerzas para seguir con su imagen sonriente, en su trabajo permanente.
LP:. Se aprende a convivir con el dolor? Los asesinos de Atahualpa pensaran en que el tiempo transcurra y que todo se diluya en el olvido y en la impunidad?
Julieta Vinaya: Va pasar el tiempo y una va a continuar con más fuerza. No me siento sola, hay muchas personas que me están acompañando. Además, Atahualpa era de un pueblo originario y lo van acompañar otros abuelos y ya se hicieron ceremonias en distintos puntos del país para despedirlo y recibirlo a Atahualpa. Tal es así que para el 1 y 2 de noviembre se realizan eventos especiales en Bolivia, Perú y se preparan con objetos de sus preferencias a las personas para homenajearlos, preparar una mesa gigante en forma de escalera y poner fotos, objetos, comestibles, las bebidas, las personas se reúnen en derredor y se reza. Y esta es la manera en que el día de los santos queremos recordar Ata, como nuestro pueblo lo hace, seguramente vendrá gente, que le parecerá extraño, pero esa será a forma de recordarlo y también una continuidad de decir presente.

Uno de los retratos de Atahualpa que permanece a la vista de quienes concurren a su casa

http://www.diariolapalabra.com.ar/index.php/Ultimas-noticias/Atahualpa-presente-La-Palabra-dialogo-con-Julieta-Vinaya-a-cuatro-meses-y-medio-del-crimen.html

http://www.azkintuwe.org/
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RECOMENDACIONES DE AMNISTIA INTERNACIONAL AL GOBIERNO DE CHILE (07-11-08)



MATERIAL DE PRENSA

7 Noviembre 2008

Para más información contacte con la oficina de prensa de Amnistía Internacional en Santiago de Chile, al Tel. 02-235-5945 info@amnistia.cl

RECOMENDACIONES DE AMNISTIA INTERNACIONAL AL GOBIERNO DE CHILE

El siguiente texto es el memorándum completo que la Secretaria General de AI, Sra. Irene Khan
entregó en mano a SE la Presidenta de la República, Michelle Bachelet en una audiencia donde fue recibida ayer junto con la delegación que la acompaña. La presidenta Bachelet estaba acompañada por el Ministro Secretario General de Gobierno, José Antonio Viera-Gallo; su asesora María Luisa Sepulveda y el Director de Derechos Humanos de la Cancillería, embajador Juan Aníbal Barría.

(Cita)
Excelencia, Chile ocupa una posición cada vez más destacada en la esfera internacional. Los sucesivos gobiernos del país, incluido el que usted preside, han impulsado numerosas cuestiones de derechos humanos en los foros intergubernamentales.

El aspecto que presenta Chile en 2008 difiere radicalmente del que tenía hace 30 años, en la primera visita de un secretario general de Amnistía Internacional al país. Los 17 años de dictadura interrumpieron el proceso de construcción nacional que llevaba en marcha desde la constitución de Chile como república, en 1810, y empañaron la imagen del país ante la comunidad internacional. El régimen de Augusto Pinochet dejó estructuras profundamente arraigadas y heridas que no sólo han afectado y siguen afectando a las víctimas directas de tortura, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, detenciones ilegales y otras violaciones atroces de los derechos civiles y políticos, sino que también se han dejado sentir hasta hoy en el tejido social
chileno.

Amnistía Internacional reconoce que romper con un pasado de violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos supone un reto enorme para cualquier gobierno. Desde 1990, y especialmente desde la detención de Augusto Pinochet hace 10 años, se ha avanzado mucho, pero es legítimo pedir un mayor progreso, lo que debería ser una prioridad para su gobierno.

La última vez que Amnistía Internacional presentó sus motivos de preocupación a un presidente de Chile fue en el año 2000. En aquel momento, su antecesor, Ricardo Lagos, y el gobierno que éste presidía se comprometieron a abordar las cuestiones planteadas por el entonces secretario general de la organización, Pierre Sané. Ocho años más tarde, al preparar esta visita, Amnistía Internacional ha analizado hasta qué punto Chile ha cumplido sus promesas.

Han habido algunos avances, pero también se ha acumulado un extenso legado de “asuntos por resolver” de la era del gobierno militar, arraigados en la influencia de las leyes y la cultura institucional que persiste en algunos sectores de los órganos del Estado, y que pone serias trabas al cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos al que Chile aspira. Además, las acciones y omisiones del gobierno han dado pie a nuevas formas de violación y negación de derechos que no sólo afectan a las víctimas de la dictadura, sino que generan nuevas víctimas en otros sectores de la sociedad chilena.

Amnistía Internacional observa otras muchas contribuciones significativas de Chile al desarrollo de un marco internacional de derechos humanos sólido y de las instituciones que vigilan su cumplimiento: el país ha promovido la elaboración de principios jurídicos internacionales relativos a los remedios y a las reparaciones para las víctimas de violaciones graves de derechos humanos reconocidos internacionalmente; ha apoyado la incorporación de la perspectiva de género en todo el engranaje de las Naciones Unidas, y ha respaldado otros procesos de reforma estructural, como el establecimiento del Consejo de Derechos Humanos y del mecanismo
de examen periódico universal y la racionalización y mejora de los mandatos de los procedimientos Especiales.

Chile también ha liderado iniciativas regionales e internacionales encaminadas a mantener la paz y la democracia, prestando apoyo a la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) y, recientemente, ejerciendo la presidencia pro tempore de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), reforzando la adhesión política al compromiso internacional de alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y destacando nuevas vías para la cooperación internacional “sur-sur” sobre asuntos específicos, como la mortalidad materna.

Sin embargo, Amnistía Internacional ha detectado con preocupación varios ejemplos de incoherencia entre las normas internacionales preconizadas por Chile y su aplicación en el ámbito nacional. En abril de 2009, Chile, que actualmente es miembro del Consejo de Derechos Humanos, se someterá al examen periódico universal, en el que se tendrán en cuenta sus acciones. En este contexto, resulta fundamental que Chile adopte un enfoque coherente y demuestre de forma inequívoca la misma disposición a rendir cuentas ante su propia ciudadanía que ante la comunidad internacional por sus compromisos con los derechos humanos.

En 2007, usted hizo un llamamiento ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en favor de un desarrollo sostenible en el que hubiera más justicia y equidad, y en numerosas ocasiones ha prometido adoptar políticas basadas en estos principios, respondiendo al clamor que pide que se emprendan verdaderas reformas y se aborden las cuestiones aún pendientes de la era de Pinochet. Amnistía Internacional insta a su gobierno a cumplir las promesas que contrajo cuando se constituyó y a aprovechar el último año de su mandato para sentar unas bases firmes que permitan a las generaciones venideras seguir encarando el pasado y garantizando el respeto por los derechos humanos en el futuro. Mostrar a la ciudadanía y al mundo su determinación por respetar los valores y derechos consagrados en su Constitución y contraídos ante la comunidad internacional sería un buen modo de celebrar el bicentenario de su independencia. También
honraría el compromiso de Chile a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, documento que debe mucho a las contribuciones de su país en el momento de su conceptualización, cuando cumple sus 60 años.

Teniendo en cuenta este contexto y convencida de la indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos humanos, Amnistía Internacional expone a continuación sus principales motivos de preocupación con respecto a cuatro áreas:

I. Institucionalidad nacional e internacional de derechos humanos

En 2005, Amnistía Internacional pidió a todos los candidatos y candidatas presidenciales que se
comprometieran a elaborar un Plan Integral de Acción nacional sobre Derechos Humanos, tal como recomiendan la Declaración y el Programa de Acción de Viena aprobado en 1993. Su antecesor, Ricardo Lagos, se comprometió a trabajar en un plan de esta índole. Algunos de los vecinos latinoamericanos de Chile ya han dado este importante paso hacia la adopción de un programa general de derechos humanos, por ejemplo, Ecuador (1998) y Brasil (1996). El actual gobierno de Chile contrajo este compromiso en su Programa de Gobierno 2006-2010, pero todavía no se ha iniciado el proceso.

Chile es uno de los pocos países latinoamericanos que no tienen una institución nacional de derechos humanos. La existencia de una institución, cuando cumpla con los criterios establecidos en los Principios de Paris, como ha sido comprobado en varios otros países latinoamericanos, podría desempeñar un papel importante en institucionalizar el respeto hacia los derechos humanos en Chile. A pesar de las campañas de organizaciones de la sociedad civil y de que en varias ocasiones se presentaron iniciativas legislativas para su aprobación en el Parlamento, este asunto se ha demostrado problemático. Amnistía Internacional no cree que la propuesta de establecer un Defensor de las Personas, que la Cámara de Diputados aprobó recientemente,
cumpla con los criterios de los Principios de París.

Amnistía Internacional es consciente del espíritu constructivo que subyace a la participación de Chile en las actividades de los organismos intergubernamentales regionales e internacionales, tanto respecto a cuestiones concretas de derechos humanos como a la reforma estructural de estas entidades. Su país fue beneficiario de la primera Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre un país, y en la inauguración de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, su gobierno aludió al papel decisivo que desempeñó éste y otros Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas en ayudar a que Chile superara un periodo oscuro en
su historia. Es fundamental mantener el papel de apoyo a los Procedimientos Especiales que desempeña Chile, así como su liderazgo y apoyo a nuevas iniciativas sobre asuntos de derechos humanos presentes y futuros, para que la comunidad internacional pueda seguir abordando los problemas comunes de derechos humanos.

Amnistía Internacional cree que, si el Estado chileno desea demostrar su compromiso de respetar todos los derechos humanos, que son universales, indivisibles e interdependientes y que están firmemente arraigados en el derecho internacional, debe ratificar y aplicar los principales tratados internacionales y regionales de derechos humanos. También tiene que dar prueba de su compromiso de respetar plenamente y sin demora las sentencias vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si no emprende estas acciones, las promesas políticas de respeto por los derechos de los habitantes de Chile serán promesas vacías.

La ratificación y la implementación de estos tratados, como por ejemplo los tratados sobre desapariciones forzadas, son el medio de que dispone el Estado para romper nítidamente con sus nefastas acciones del pasado, para reconocer que no ha dado respuesta al sufrimiento de numerosas víctimas y para demostrar su futuro compromiso de resarcir tales daños. De este modo, Chile podrá contribuir a los esfuerzos de la comunidad internacional por erradicar estas prácticas en el futuro.

Recomendaciones:

En el ámbito nacional

 Dar prioridad a la elaboración de un Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos mediante un amplio proceso de consulta, de conformidad con las recomendaciones recogidas en la Declaración y el Programa de Acción de Viena.

 Tomar todas las medidas posibles para agilizar el proceso legislativo para aprobar la creación de una institución de derechos humanos autónoma conforme con los Principios de París.
En las Naciones Unidas
 Cursar una invitación abierta a los diferentes mandatos y responder positivamente a las solicitudes de visita pendientes realizadas por los Relatores y Relatoras Especiales sobre el derecho a la educación, sobre la libertad de religión y sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía.

 Seguir desempeñando una función positiva en la revisión, racionalización y mejora del sistema de Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas, liderando debates e iniciativas tanto en el Grupo de Estados de América Latina y el Caribe (GRULAC) del Consejo de Derechos Humanos como en un entorno más amplio, incluyendo el fortalecimiento de Procedimientos sobre países;
 Ratificar y aplicar la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

 Ratificar la Convención sobre la no Aplicabilidad de las Limitaciones Legales a los Crímenes de
Guerra y a los Crímenes contra la Humanidad, adoptada en 1968 por las Naciones Unidas.

En el ámbito regional

 Ratificar y aplicar la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

 Cumplir plenamente y sin demora con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos.

 Seguir promoviendo iniciativas encaminadas a la solidaridad regional mediante la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), asegurando que las iniciativas den prioridad a las cuestiones de derechos humanos.

II. Justicia e impunidad

Amnistía Internacional reconoce que, en los mandatos de los cuatro gobiernos elegidos democráticamente que han sucedido a Augusto Pinochet, se han logrado avances significativos a la hora de abordar el legado de violaciones graves y sistemáticas cometidas durante el régimen militar. Cabe mencionar el trabajo de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Comisión Rettig) y de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Comisión Valech), así como investigaciones penales y procesamientos, y asistencia médica, educativa y psicoterapéutica a las víctimas.
Sin embargo, la organización observa decepcionada que el gobierno todavía tiene que emprender muchas de las tareas fundamentales para el proceso de transición posterior a la dictadura, tareas estas que ya le había planteado durante su visita en el año 2000 y en otras ocasiones. El mero reconocimiento público de las violaciones cometidas en el pasado es insuficiente si no va acompañado de un esfuerzo concertado por poner fin a la impunidad que hoy sigue vigente, por proporcionar la justicia debida a las víctimas, tantos individuales como colectivos, y por emprender reformas políticas que sienten las bases para garantizar que no se volverán a cometer violaciones similares en el futuro.

A) Investigación, enjuiciamiento y reparación de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado Amnistía Internacional considera que, si Chile desea demostrar un compromiso serio de respuesta a su legado de violaciones de derechos humanos, es vital que solucione las deficiencias e incompatibilidades que existen entre su marco jurídico y el derecho internacional.
Resulta muy preocupante que la Ley de Amnistía (Decreto Ley 2191), promulgada bajo el régimen del general Augusto Pinochet en 1978, y que abarca el periodo comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978, todavía esté en vigor. Aunque algunas decisiones judiciales han autorizado la investigación de casos de desaparición con arreglo a la figura del “secuestro permanente”, que permite eludir la aplicación de la Ley de Amnistía, y han establecido que la Ley no es aplicable a los delitos cometidos en el extranjero ni a los crímenes de lesa humanidad, el hecho de que siga la Ley de Amnistía en vigor en el ordenamiento chileno es incompatible con las obligaciones jurídicas internacionales de Chile. Además, proyecta una sombra peligrosa en todo procedimiento legal que se inicie en relación a las violaciones de
derechos humanos cometidas antes de 1978. Mientras siga rigiendo la Ley de Amnistía, siempre existirá la posibilidad de que estos juicios sean cerrados por una decisión judicial basada en esta ley.
También es crucial que los delitos de derecho internacional también estén tipificados en la legislación chilena, para que los tribunales puedan investigar y enjuiciar los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y otras violaciones de derechos humanos sin tener que establecer una analogía o identificarlos con delitos comunes que puedan estar sujetos a normas de prescripción.

Los crímenes contra el derecho internacional son imprescriptibles. Por eso, Amnistía Internacional considera preocupante que se hayan aplicado estas normas a casos de violaciones graves de derechos humanos (como desapariciones forzadas y homicidios ilegítimos) y que algunos jueces insistan en justificar su aplicación a demandas civiles presentadas en procesos penales. Esta aplicación de las normas sobre prescripción contraviene varios principios establecidos por el derecho internacional.
Las víctimas (presos y presas políticos/as y personas torturadas) reconocidas como tales en el informe de la Comisión Valech pueden optar a una pensión de reparación y beneficiarse de diversas medidas destinadas a proporcionarles resarcimiento en virtud de la Ley 19.992, que “establece pensión de reparación y otorga otros beneficios a favor de las personas que indica”, de 24 de diciembre de 2004. Sin embargo, Amnistía Internacional comparte la preocupación expresada por el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura: el limitado mandato de
la Comisión Valech, la brevedad del plazo que tuvieron las presuntas víctimas para registrarse y otra serie de obstáculos, sumados al enfoque “austero y simbólico” del Estado, hacen que la política de reparaciones sea inadecuada. Además, se debe abordar las dificultades que tienen las víctimas de tortura al tratar de traspasar los beneficios a sus hijos/as y herederos/as. Amnistía Internacional cree que la política real de Chile en este ámbito no se ajusta a los principios relativos al derecho de las víctimas de violaciones graves de derechos humanos y del derecho
humanitario a obtener remedio y reparación, promovidos en las Naciones Unidas por el propio Estado chileno. Llevar a la justicia a los autores de los abusos de derechos humanos es un elemento clave de las reparaciones. Por lo tanto, el Estado chileno debe afrontar su responsabilidad con las víctimas, tratando todos los obstáculos que siguen en el camino hacia la justicia.
Además de tales procedimientos legales, Amnistía Internacional cree que una reunión personal con los grupos de víctimas, dado la experiencia personal que tiene, les daría un fuerte apoyo moral a las víctimas, y una oportunidad de compartir sus propias experiencias, y sus reclamos para un proceso de justicia que ponga punto final a la continua impunidad del pasado.

Recomendaciones:

 Anular la Ley de Amnistía (Decreto Ley 2191) de 1978 y cualquier otra disposición similar que
conceda una amnistía a presuntos autores de violaciones graves de derechos humanos.

 Reconocer la imprescriptibilidad de los crímenes contra el derecho internacional y de las demandas civiles que deriven de esos delitos, con independencia de cuándo se hayan cometido.

 Proporcionar reparaciones plenas a las víctimas de violaciones de derechos humanos y a sus
familiares, incluyendo quienes viven fuera del país.

B) Reforma del Código de Justicia Militar

Amnistía Internacional tiene entendido que su gobierno está desarrollando una propuesta para reformar el Código de Justicia Militar. Esta iniciativa se acoge con satisfacción, pero llega con mucho retraso, por lo que debería agilizarse. La incompatibilidad entre la actual aplicación del Código de Justicia Militar a casos sobre civiles y las normas internacionales de derechos humanos se ha expuesto en numerosos foros, por ejemplo, recientemente en una decisión vinculante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (caso Iribarne Palamara vs. Chile). La imposición del Código de Justicia Militar en respuesta a supuestos actos de violencia en el contexto de las protestas Mapuche contribuye a una situación en la que se debilita el derecho al debido
proceso.

Recomendaciones:

 Armonizar el Código de Justicia Militar con las normas internacionales, y con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Iribarne Palamara vs. Chile.

 Eliminar la aplicación de la jurisdicción militar a civiles.

 Juzgar en tribunales civiles los casos de violaciones de derechos humanos en los que haya implicado personal militar.

 Eliminar del Código Militar las disposiciones sobre la pena de muerte.

C) Cooperación con la Corte Penal Internacional y con otros tribunales penales internacionales
Chile se encuentra en la poco envidiable situación de ser el único Estado de Sudamérica que no ha ratificado el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, pues los sucesivos gobiernos del país no han dado el paso de ratificarlo tras su firma, el 11 de septiembre de 1998. Las recientes muestras de que su gobierno está a favor de la ratificación son bienvenidas, y Amnistía Internacional espera que el proceso de ratificación prospere sin necesidad de medidas adicionales – como la reforma constitucional y la potencial declaración unilateral propuestas en 2003 – que pudieran socavar el objeto o propósito del Estatuto. Asimismo, para que la ratificación del Estatuto de Roma sea satisfactoria, es esencial promulgar la legislación necesaria para su aplicación y cooperar posteriormente con la propia Corte Penal Internacional.
Recomendaciones:

 Ratificar sin demora y aplicar plenamente el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

 Ratificar y aplicar plenamente el Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional.

 Promulgar legislación que implemente la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, los Convenios de Ginebra y sus Protocoles Adicionales I y II, y la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, y que prohíba las conductas determinadas en éstos tratados, respetando plenamente el derecho internacional.

 Promulgar legislación sobre cooperación con otros tribunales penales internacionales, en particular sobre la entrega de personas presuntamente responsables de crímenes contra el derecho internacional.

III. Violencia contra las mujeres

La continua prevalencia de la violencia contra las mujeres en Chile es un motivo de grave preocupación para Amnistía Internacional, que lleva a cabo una labor de campaña en todo el mundo para fortalecer los derechos de las mujeres y las niñas, que sufren violencia de forma desproporcionada. La organización está sumamente preocupada por el elevado índice de femicidios registrados en Chile y por la probabilidad de que, al ritmo actual, el número de mujeres muertas en 2008 supere el de 2007. También considera preocupante el aumento de casos en los que se han utilizado armas de fuego para amenazar o matar a mujeres en el contexto
de la violencia intrafamiliar. Tanto estas cifras alarmantes, como los datos sobre las dificultades que encuentran las mujeres para denunciar los actos de violencia ante las autoridades, y el hecho de que no se investiguen los casos y no se procese a los responsables, ponen de manifiesto que las iniciativas que ha emprendido el gobierno para llamar la atención sobre el problema y abordar sus causas y efectos son insuficientes. Amnistía Internacional pide al gobierno de Chile demostrar su compromiso con la erradicación de la violencia contra las mujeres tomando medidas positivas destinadas a empoderar a las mujeres, a condenar públicamente la violencia y a ejercer la diligencia debida para prevenir, investigar y castigar los actos de violencia contra las mujeres, perpetrados por el Estado, o por particulares.

Recomendaciones:

 Ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

 Promulgar y hacer cumplir legislación específica en materia de violencia contra las mujeres.

 Respetar las normas sobre la realización de exámenes periciales a las víctimas de la violencia, de conformidad con las directrices de la Organización Mundial de la Salud sobre la atención médicoforense de víctimas de violencia sexual (Guidelines for medico-legal care for victims of sexual violence).

 Establecer un sistema efectivo para el registro de casos de violencia contra las mujeres que active tanto los mecanismos para tratar y proteger a las víctimas como la investigación pronta e imparcial de todas las denuncias.

 Garantizar que la recolección cualitativa y cuantitativa de datos está estandarizada y desglosada por género y otros factores, tales como la relación entre la víctima y su agresor, y que esté abierta a comprobaciones. Todos los departamentos gubernamentales correspondientes deben recabar, compartir y publicar los datos, que posteriormente utilizarán las personas responsables de la adopción de políticas para concebir políticas y programas eficaces destinados a erradicar el problema.

IV. Pueblos Indígenas

Los pueblos indígenas de Chile, al igual que los de otros países americanos, sufren marginación y
discriminación desde hace mucho tiempo. Aunque en el periodo posterior a la dictadura se han emprendido algunas reformas institucionales oportunas, y pese a que la Ley Indígena de 1993 reconoce algunos de los derechos de estos pueblos, las alrededor de 700.000 personas indígenas que viven en Chile no disfrutan de reconocimiento constitucional como tales y la pobreza les sigue afectando de forma desproporcionada. El hecho de que Chile haya votado a favor de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y de que participe en el Grupo de Trabajo Encargado de Elaborar el Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas son signos positivos de su compromiso con estas cuestiones. Chile ha ratificado recientemente el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales
(Convenio 169) de la Organización Internacional del Trabajo, lo cual es un paso significativo pero, para aplicar el Convenio de forma efectiva, será necesario un esfuerzo concertado del gobierno chileno. De lo contrario, no supondrá un cambio real en la vida de las personas indígenas del país.
Amnistía Internacional siente preocupación por la situación generalizada de pobreza y discriminación en la que viven los pueblos indígenas de Chile y por el efecto que esto tiene en su capacidad de ejercer sus derechos económicos, sociales y culturales. El impacto de las industrias extractivas a gran escala y proyectos de silvicultura en las vidas de los pueblos indígenas se siente en todo Chile. Afecta su acceso a la tierra y al agua, y causa la degradación y contaminación del medioambiente, migración a las ciudades y tensiones entre las propias comunidades.
Los indicadores de salud y educación sugieren que los Pueblos Indígenas tienen una desventaja seria en comparación con la población no-indígena de Chile. No obstante, el hecho de que el Estado no desagregue de manera sistemática la información de desarrollo social que reúne tiende a ocultar los problemas específicos que se presentan a los pueblos indígenas, y dificulta el diseño de políticas a la medida de sus verdaderas necesidades.
La resolución inadecuada de reivindicaciones sobre tierras ancestrales y el impacto de proyectos actuales y futuros de industria extractiva e ingeniería forestal han ocasionado tensiones que muy a menudo han desembocado en violencia. Amnistía Internacional ha recibido noticias de la aparente “militarización” de las comunidades a causa de actividades desproporcionadas de orden público, y el uso de fuerza excesiva en respuesta a las protestas de algunos Mapuche. Amnistía Internacional reconoce el deber del Estado de hacer frente a los actos delictivos y de mantener el orden público, pero enfatiza que estas tareas deben desempeñarse respetando los derechos humanos y sin recurrir a legislación inapropiada. Si no se resuelven los reclamos sobre las tierras de una manera justa y con el consentimiento previo, libre e informado de los propios pueblos indígenas, estas tensiones no desaparecerán.
Concretamente, Amnistía Internacional ha manifestado en repetidas ocasiones su preocupación por la aplicación de la “Ley Antiterrorista” (promulgada durante el régimen del general Pinochet) contra personas de etnia mapuche que han participado en reclamos a los derechos de los pueblos indígenas sobre las tierras. El que recientemente esta ley sólo se haya aplicado a tales casos pone de manifiesto la existencia de un enfoque discriminatorio. Pese a que el ex presidente Ricardo Lagos negó que la aplicación de la “Ley Antiterrorista” respondiera a una política de Estado o a una práctica discriminatoria, y pese a que usted misma declaró posteriormente que el gobierno no solicitaría su aplicación, sigue habiendo cargos presentados contra personas en virtud de esta ley. A Amnistía Internacional le decepciona especialmente saber que esta ley haya sido aplicada nuevamente, esta vez por un fiscal regional en Temuco el 4 de noviembre.
Amnistía Internacional pide a su gobierno que se comprometa categóricamente a derogar la “Ley
Antiterrorista”; dado que si no desaparece de la legislación, seguirá siendo posible aplicarla.
El uso de la legislación inapropiada y de la jurisdicción militar, así como el presunto uso de la fuerza excesiva y actividad policial desproporcionada en algunas comunidades, ha generado una aparente penalización de la protesta, lo que preocupa gravemente a Amnistía Internacional.
Durante su estancia en Chile, la delegación de Amnistía Internacional se reunió con pueblos indígenas Mapuche, Atacameño y Diaguita Huascoaltino en Temuco, Collipulli, Calama y Chiu Chiu, con el fin de evaluar por sí misma la situación en la que viven. De este modo ha podido confirmar de primera mano la vigencia de muchas de las recomendaciones hechas en 2004 al Estado chileno por el Relator Especial de la Naciones Unidas sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas.
Amnistía Internacional está decepcionada por el escaso grado de cumplimiento de estas recomendaciones cuatro años después de formuladas.

Recomendaciones:

 Revisar la legislación sectorial sobre tierras, agua, minas y otros sectores cuyo contenido pueda entrar en contradicción con lo dispuesto en la Ley Indígena, teniendo en cuenta que deberá primar el principio de protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas por encima de intereses comerciales y económicos particulares.

 Derogar la Ley 18.314, también conocida como “Ley Antiterrorista”, para que no pueda ser aplicada a actos relacionados con la lucha social por la tierra, y las quejas legítimas de los pueblos indígenas.

 Asegurar la desagregación de la información reunida para demostrar los problemas específicos de los pueblos originarios, y asegurar también que esta información contribuya al diseño de políticas a la medida de sus necesidades y de manera precisa.

 Asegurar que las actividades policiales en las comunidades indígenas se atengan a los estándares internacionales de derechos humanos, sobre todo los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley de las Naciones Unidas, y también que mecanismos eficaces sean aplicados para investigar quejas sobre el uso de fuerza excesiva.

 Implementar las recomendaciones pendientes del Relator Especial de la Naciones Unidas sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas, incluyendo:
o Modificar la legislatura sectorial sobre la tierra, el agua, las minas, y otros sectores que
pueden estar en conflicto con las disposiciones de la Ley Indígena.
o Ampliar y agilizar el trabajo del Fondo de Tierras gestionado por la Corporación Nacional de
Desarrollo Indígena (CONADI) para la adquisición de tierras por parte de los pueblos
indígenas.
o Desistir de criminalizar o penalizar las legítimas actividades de protesta o demanda social de
las organizaciones y los pueblos indígenas.

 Trabajar de forma constructiva con los pueblos indígenas para avanzar en la elaboración de una declaración que respete y refuerce las normas internacionales existentes para la protección de sus derechos, como la declaración adoptada recientemente por las Naciones Unidas.

 Participar activamente en las negociaciones sobre el Anteproyecto de Convención Interamericana contra el Racismo y toda forma de Discriminación e Intolerancia, apoyando la adopción de un tratado vinculante y sólido que no se quede atrás respecto a las normas existentes.

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En vísperas del bicentenario de la independencia de Chile, es evidente que la transición del país de la dictadura a la democracia ha supuesto muchos avances en el disfrute de los derechos humanos de sus habitantes. Los cambios propulsados por el gobierno que usted preside se han basado en el proceso iniciado con el regreso a la democracia en 1990. En tanto que miembro de la comunidad internacional, Chile ha recuperado credibilidad a nivel regional, bilateral y en su participación en las organizaciones intergubernamentales. Amnistía Internacional la insta encarecidamente a continuar este proceso durante el último año completo de su mandato, dando prioridad a las tareas pendientes que se han expuesto supra para dejar unos cimientos sólidos sobre los cuales puedan seguir avanzando sus sucesores. Sólo respetando los derechos de todos sus habitantes y demostrando que lo hace para honrar sus obligaciones internacionales
podrá Chile demostrar su verdadero compromiso con este nuevo paradigma basado en los derechos y con su plena aplicación.

6 Noviembre 2008
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INFORME DE SECRETARIA GENERAL, IRENE KHAN

Amnistía demanda a Bachelet no aplicar Ley Antiterrorista

En la reunión con la Presidenta Bachelet el pasado jueves, Amnistía Internacional presentó un memorando conteniendo una serie de recomendaciones para mejorar los derechos humanos en Chile. Entre otras, las principales recomendaciones que se presentan en el memorando para el gobierno son terminar con la marginalización y la discriminación de los Pueblos Indígenas. Demanda AI que no se continue aplicando la Ley Antiterrorista a los miembros del movimiento mapuche.

Por Azkintuwe / Sábado 8 de Noviembre de 2008

Irene Khan, Amnesty International.

SANTIAGO / Concluyendo una visita de una semana a Chile, la Secretaria General de Amnistía Internacional, Irene Khan, emitió una evaluación de la situación de los derechos humanos en el país y una serie de recomendaciones para el gobierno de Chile. "A pesar de algunas medidas positivas adoptadas por los sucesivos gobiernos democráticos en los últimos 18 años, el historial de Chile en materia de derechos humanos deja mucho margen de mejora," dijo Irene Khan.
"Pedimos a la Presidenta Bachelet utilizar los 17 meses restantes de su mandato para crear un decisivo y perdurable legado de los derechos humanos". Irene Khan y su delegación se reunieron con sobrevivientes y familiares de las víctimas de tortura, asesinatos y desapariciones cometidas durante el régimen de Augusto Pinochet y con representantes de comunidades y organizaciones mapuches en Santiago, Temuko, Collipulli, Calama y Chiu Chiu. La delegación también discutió sus preocupaciones con funcionarios locales, ministerios nacionales y parlamentarios.
Describiendo su visita a Temuko y Calama para conocer a los pueblos Mapuches, Atacameños y Diaguita, Irene Khan dijo: "Los pueblos indígenas son muy discriminados y marginados en Chile, y se ven a sí mismos como víctimas de una estrategia económica que está destruyendo su vida y su sustento". Amnistía Internacional acoge con satisfacción la ratificación por Chile del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y llama al Gobierno a garantizar que la legislación sea aprobada por el Congreso para aplicar la Convención y hacer frente a las anomalías jurídicas que están privando a los pueblos indígenas de sus derechos humanos. Amnistía Internacional pidió a las autoridades judiciales no aplicar la “Ley Antiterrorista” a actos relacionados a la lucha por tierra de los pueblos indígenas y a la policía que respete las normas internacionales de seguridad en las comunidades. Amnistía Internacional dio la bienvenida al compromiso constructivo de Chile en las Naciones Unidas y en las cuestiones regionales, y llamó al Gobierno a ratificar el Estatuto de la Corte Penal Internacional y las convenciones internacionales de Naciones Unidas y del nivel Inter-Americano sobre Desaparición Forzada de Personas. "Chile desempeñó un papel importante en la elaboración de estos instrumentos y, por tanto, es muy decepcionante que su ratificación esté estancada en el Congreso".

Los pueblos indígenas son muy discriminados y marginados en Chile, y se ven a sí mismos como víctimas de una estrategia económica que está destruyendo su vida y su sustento". Amnistía Internacional acogió con satisfacción la ratificación por Chile del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y llamó al Gobierno a garantizar que la legislación sea aprobada por el Congreso.
Memorando
En la reunión con la Presidenta Bachelet, Amnistía Internacional presentó un memorando conteniendo una serie de recomendaciones para mejorar los derechos humanos en Chile. Las principales recomendaciones que se presentan en el memorando para el gobierno son: Eliminar los obstáculos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas y sobrevivientes de violaciones de los derechos humanos cometidas durante el régimen de Pinochet. Terminar con la marginalización y la discriminación de los Pueblos Indígenas. Ratificar los principales tratados internacionales de derechos humanos. Cumplir con la obligación de elaborar un Plan Nacional de Derechos Humanos y establecer una institución nacional de derechos humanos de acuerdo a las normas internacionales. "Mientras la Presidenta Bachelet nos aseguró de su compromiso, el Congreso sigue siendo ambivalente y, en algunos casos ha sido un gran obstáculo en la ratificación de instrumentos internacionales y adopción de cambios legales para hacer de los Derechos Humanos una realidad para todas las personas en Chile". "Grandes cambios culturales e institucionales se necesitan con urgencia si Chile va a romper con su pasado y afrontar con éxito los problemas de Derechos Humanos de hoy. Todos los dirigentes políticos y sectores de la sociedad comparten esta responsabilidad y deben mostrar mayor voluntad y compromiso".
La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, se mostró de acuerdo en términos generales con las recomendaciones de Amnistía Internacional (AI) sobre derechos humanos y reafirmó su compromiso por implementarlas. La máxima responsable de AI señaló que el encuentro había resultado "muy constructivo", ya que encontraron "mucho en común", si bien estimó que quedan "muchos retos" por alcanzar. Khan añadió que entre los deseos de la presidenta y los resultados que se obtengan interfieren otras instituciones del país, como el Congreso, al que emplazó a ratificar los proyectos legislativos propuestos por el Ejecutivo.
Justicia e impunidad Aún con cambios positivos, sigue habiendo un gran legado de "asuntos pendientes" para poner final a la impunidad y lograr verdad, justicia y reparación para los crímenes humanos cometidos en el pasado. Amnistía Internacional pidió a Chile anular la Ley de Amnistía del 1978, e introducir la legislación sobre delitos de derechos humanos, sin limitaciones, y extender la reparación a todas las víctimas de violaciones de los Derechos Humanos, incluidos quienes viven fuera del país.
"Si Chile quiere espantar los fantasmas del pasado, el gobierno debe tomar, y el Congreso debe apoyar, medidas concretas e inmediatas para eliminar las leyes de la época militar y cambiar la cultura institucional en algunos sectores de las instituciones del Estado que están obstaculizando el proceso de la verdad, la justicia y la reparación." "La impunidad de los delitos de Derechos Humanos no sólo es una cuestión del pasado, sino también, desafortunadamente, persiste hoy en día," añadió Khan, y pidió al Gobierno reformar el Código Militar de Justicia y que Chile cumpla con las normas internacionales asegurando que todas las violaciones de los Derechos Humanos sean procesadas en tribunales ordinarios. "Para mantener su credibilidad como un actor importante en la escena internacional, Chile debe cerrar la brecha entre su contribución constructiva a nivel internacional para los Derechos Humanos y su lenta e inadecuada aplicación de éstos derechos a nivel nacional".
La delegación de Amnistía Internacional fue encabezada por Irene Khan, Secretaria General, e incluyó a Javier Zúñiga, su Asesor Senior, Judit Arenas, Jefa de Gabinete de la Secretaria General, Louise Finer, Investigadora: y Karl Böhmer y Sergio Laurenti, Presidente y Director Ejecutivo, respectivamente, de Amnistía Internacional - Chile / AZ
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Concertacionistas ®esistencia ciudadana presentan decálogo para candidato presidencial (08-11-08)





GULU MAPU: EN DEFENSA DEL ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO

PETU MONGUELEYIN

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08 de Noviembre de 2008

Concertacionistas “ ®ebeldes” presentan decálogo para candidato presidencial

El documento busca establecer un modelo de gobierno socialista y progresista, revitalizar la democracia, la transparencia al gobernar y protección de los derechos humanos.

Un grupo de dirigentes políticos de distintos partidos de la Concertación, autodenominados “rebeldes”, dieron a conocer un decálogo ideológico el cual presentarán al candidato presidencial que represente a la coalición de gobierno.Entre los “ ®ebeldes” figuran el senador Nelson Avila y los diputados Marco Enríquez Ominami y Ramón Farias, entre otros.El documento dado a conocer este sábado establece las bases para un modelo de gobierno socialista y progresista, revitalizar la democracia, la transparencia al gobernar y protección de los derechos humanos.Uno de los impulsores de este documento, Ramón Farías, dijo que este decálogo será mostrado a los precandidatos de la Concertación y según la respuesta que obtengan por parte de estos, es que el grupo definirá a quien proclamará, señalando que "no queremos apoyar candidatos solo por un nombre".En tanto, el Partido Regionalista Independiente (PRI) se reunió en un consejo general ampliado, encabezado por el presidente de la colectividad, el diputado Jaime Mulet.A la cita asistió el presidente del Senado, Adolfo Zaldívar, quien aunque no descartó competir en 2009 en la presidencial, dijo que "las cosas no se arreglan con opciones presidenciales".



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Oficialistas ®ebeldes preparan "decálogo" con exigencias para los presidenciables


Por El Mapocho.cl
domingo 2 de noviembre de 2008

Los llamados "díscolos" del oficialismo exponen sus condiciones para apoyar a un futuro candidato de la Concertación, tirando las cartas sobre la mesa y ordenando el naipe para las futuras elecciones presidenciales y parlamentarias del 2009.

El PS y el PPD se reunirán el 8 de noviembre en el Café Torres para definir sus estrategias de cara a las presidenciales del próximo año, aquí pondrán sobre la mesa un documento, el que vienen preparando por mas de dos meses, y llamado "El Decálogo para el Futuro", según fue bautizado por sus creadores.


El texto compuesto de 12 carillas, reúne una serie de condiciones de tipo político, económico y valórico que plantearán a los postulantes a La Moneda a la hora de entregar sus apoyos con miras a los comicios presidenciales de 2009.

Entre los creadores del llamado "Decálogo para el Futuro", se encuentran los senadores Carlos Ominami (PS) y Nelson Ávila (PRSD); Pablo Lorenzini, diputado DC; los diputados del PPD Guido Girardi, Tucapel Jiménez, Ramón Farías y René
Alinco, y los diputados socialistas Marco Enríquez-Ominami y Sergio Aguiló.

He aqui los puntos mas destacados de la propuesta "díscola".

CAMBIO DE RÉGIMEN POLÍTICO

Sistema semipresidencial regulado con consulta directa a los ciudadanos; inscripción automática, voto chileno en el exterior; ciudadanos podrán proponer proyectos de ley; límite a los cargos de elección popular y elección directa de intendentes, gobernadores y consejeros regionales. Plebiscito donde se vote una nueva constitución. Cambiar el sistema
electoral por uno proporcional.

PROBIDAD, TRANSPARENCIA Y CALIDAD POLÍTICA

Regulación del lobby; prohibición a los ex funcionarios públicos ocupar cargos en empresas privadas que hayan fiscalizado durante un año a partir de dejar el cargo; el defensor del pueblo o cualquier ciudadano podrá denunciar
malos tratos; modernización de la Contraloría; límite a cargos de confianza del Presidente; primarias para designar candidatos por ley.

DERECHOS HUMANOS Y DERECHOS CIVILES

Despenalización de la interrupción del embarazo en caso de violación y de riesgo de la salud de la madre; pacto de unión civil para homosexuales; reforma a la ley de adopciones; aprobación de todos los tratados internacionales relacionados con derechos humanos; adhesión de Chile al TPI e indemnizaciones a las víctimas de la dictadura y derogación de la Ley de Amnistía.

EDUCACIÓN, CULTURA Y SALUD

Sistema nacional de Educación, orientado a la calidad y a la equidad; rebaja del IVA a los libros; reforzamiento del gasto en Salud, mejoramiento de la salud familiar.

RIQUEZAS BÁSICAS

Nuevo catálogo de delitos medioambientales; término con concesiones indefinidas en minería y pesca; renacionalización del cobre.

http://elmapocho.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=697&Itemid=51

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Batallón de Ingenieros de Construcciones 161 - “La Escuelita” (09-11-08)

De Neuquén a Comodoro Py

El Tribunal Oral Federal de Neuquén se constituirá el lunes en los Tribunales de Comodoro Py, en la Capital Federal, para escuchar a dos testigos del juicio a ocho represores acusados de graves violaciones a los derechos humanos cometidas en esta provincia durante la última dictadura. Los testigos residen en Buenos Aires y están imposibilitados de viajar a Neuquén por problemas de salud. Uno de ellos es el médico Jorge Estévez, quien será interrogado acerca del fotógrafo de Inteligencia Miguel Suñer, ya fallecido. Suñer tomó imágenes de prisioneros del centro clandestino de detención “La Escuelita”, que funcionó en el Batallón de Ingenieros de Construcciones 161 de aquella provincia. Arrepentido, declaró en varias oportunidades aportando a la causa datos muy relevantes acerca de las características de “La Escuelita”, los roles que oficiales de Inteligencia cumplían en el lugar y la responsabilidad de los ex jefes militares, todos los cuales son juzgados en la actualidad. Las defensas de los imputados han intentado desacreditar al fotógrafo por supuestos problemas psicológicos que padecía en aquel entonces, lo cual no ha sido probado hasta el momento. El segundo testigo es el general retirado Heriberto Auel, ofrecido por uno de los defensores como testigo de concepto, no vinculado directamente a esta causa. Además de los ocho represores imputados, en la causa están prófugos el ex oficial de Inteligencia Jorge Di Pasquale y el ex comisario de la policía de Neuquén, Héctor Mendoza.


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EL EX AGENTE JULIO CIRINO INTEGRA UNA FUNDACION VINCULADA AL MACRISMO - Fundación PensAR (09-11-08)

EL EX AGENTE JULIO CIRINO INTEGRA UNA FUNDACION VINCULADA AL MACRISMO

Un represor en círculos PRO

Se trata de la Fundación PensAR. Entre sus miembros figuran los diputados macristas Eugenio Burzaco, Esteban Bullrich y Federico Pinedo. También, el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el rabino Sergio Bergman.


Por Diego Martínez

Veinte años después de haber encabezado un grupo de tareas del Batallón de Inteligencia 601, cargo desde el que visitaba centros clandestinos con misiones que podrá explicar ante la Justicia, Julio Alberto Cirino se convirtió en un prolífico disertante sobre los temas que lo obsesionan: seguridad y terrorismo. Su pericia lo llevó a integrar centros de estudios y fundaciones de dudosa existencia. La más conocida, por haber nutrido de cuadros al PRO del jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri, es la Fundación PensAR, que dirige Jorge Triaca (h). A excepción de los diputados nacionales Eugenio Burzaco y Esteban Bullrich, vicepresidente y vocal, el resto de los funcionarios y legisladores PRO que integran PensAR dijeron no conocer al represor que se presenta como director del área de Relaciones Internacionales y Seguridad Regional.

PensAR trabaja en pro de “una Argentina próspera, republicana e integrada al mundo”, representa en el país a la española Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales y se autodefine como “aliada indiscutible de la democracia y el estado de derecho”. En la portada de su sitio aparecen sonrientes Mauricio Macri y el ex jefe de gobierno español José María Aznar, durante el seminario “Nuevas generaciones de líderes de América latina” que coorganizaron en marzo pasado. Su presidente es Gerardo Bongiovanni, que al mismo tiempo preside la Fundación Libertad, que en marzo reunió en Rosario a próceres del liberalismo mundial con la esperanza blanca Macri.

Según los anuarios de PensAR, Cirino recibió en su nombre al embajador de Colombia, participó de un seminario sobre “Delincuencia, minoridad y violencia en Mar del Plata”, de un panel de “seguridad” junto a Burzaco y Juan Carlos Blumberg, y otro sobre “Areas urbanas fuera de control: la experiencia de Río de Janeiro” junto al fiscal general porteño Germán Garavano. Los informes del área que dirige pueden leerse en pensar-internacional1-blogspot.com, en el que figuran como responsables “JC” (ayer figuraban sólo sus iniciales) y María Benedicta Giaquinto. La última nota firmada por Cirino como director data del 17 de enero y se titula “Colombia: el drama de los que siguen secuestrados”, tema que aún lo obsesiona, ahora al costado del mostrador.

En otra nota se pregunta “Quién controla la calle en la Argentina”. Y responde: grupos piqueteros, cartoneros y criminales. El gobierno “perdió el control de la calle”, aunque gracias a un “excelente manejo de prensa” sólo trascienden hechos “imposibles de ocultar a la opinión pública”. “El Estado no puede o no quiere defenderlo, y si usted se defiende por su cuenta le pondremos preso y tiraremos la llave”, lamenta. “La actividad criminal genera aumentos directos e indirectos en los niveles de pobreza a indigencia”, nunca lo contrario. La misma nota con otro título, “¿Por qué represión no es una mala palabra?”, figura en el sitio de la Fundación Atlas, que publica varios de sus artículos. En 2005 compara “una Argentina que vaga por el mundo sin rumbo cierto, sin valores claros que valga la pena defender”, con palabras de George Bush, “un estadista para un mundo que aspira a la libertad”. Ese mismo año se pregunta indignado: “¿Cómo es posible que un gobierno que hace desastre tras desastre, que avanza sin sutilezas sobre la libertad individual, que anula el Parlamento y la Justicia, no genere un movimiento de rechazo?”.

“PensAR no depende de ninguna estructura política partidaria”, según su sitio, aunque ha hecho aportes significativos al PRO. Su vicepresidente Eugenio Burzaco y sus vocales Cynthia Hotton, Esteban Bullrich, Julián Obiglio y Federico Pinedo son diputados nacionales. Son vocales el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, los ministros de Hacienda, Néstor Grindetti, y de Desarrollo Económico, Francisco Cabrera. También son vocales el rabino Sergio Bergman, que reemplazó el “libertad” del himno por “seguridad” durante un acto de Blumberg, y el presidente del grupo Pampa Sur, Miguel Saredi. El director ejecutivo es Jorge Triaca, hijo del sindicalista y ministro menemista socio del Jockey Club.

Sólo dos miembros de FundAR admitieron haber conocido a Cirino y aseguraron ignorar su pasado. La mayoría admitió que la relación con la fundación es esporádica. “La noticia me deja helado”, reconoció Burzaco. “Lo vi en algunos seminarios, sé que se dedica a temas internacionales y tiene un programa de radio, pero en la Fundación no tiene un rol operativo”, explicó. Bullrich lo recordaba de dos charlas, “una sobre terrorismo en Colombia, que dio con una persona de la embajada de Estados Unidos”. Sabía de su paso por Washington pero se sorprendió al conocer su pasado. “No conozco el caso pero soy partidario de que la Justicia actúe. La gente que mató o torturó tiene que estar en una cárcel”, afirmó. Rodríguez Larreta y Grindetti dijeron no haber escuchado nunca su nombre. Por el shabat fue imposible consultar ayer a Bergman. Triaca está en México en un evento organizado por el ex presidente Vicente Fox. Saredi admitió tener “amigos” en FundAR, aunque dijo ignorar que figuraba como vocal. Agradeció la información sobre Cirino. “Lindo muchacho”, resumió.

En 1979, con el nombre de cobertura Jorge Contreras, Cirino se explayó ante en la embajada de Estados Unidos sobre los engranajes del Estado terrorista. Advirtió que los desaparecidos no iban a aparecer y admitió que habían matado a personas sin vínculos con organizaciones armadas sólo para evitar que pudieran reconocer a personas como él. La verdadera identidad de Contreras, denunciada por la Secretaría de Derechos Humanos, derivó el viernes en la detención del Gordo Cirino, que se entregó sin chistar, se negó a declarar ante el juez federal Ariel Lijo y fue trasladado al penal de Marcos Paz junto a Etchecolatz, Von Wernich & Cía.

Luego de cinco años como hombre de la SIDE en la embajada argentina en Washington, Cirino machacó sobre sus especialidades con los rótulos de periodista, historiador, analista, cientista político y docente, entre otros pergaminos. Habló como director de la agencia Notiar y presidente del “Centro de Estudios Hemisféricos Alexis de Tocqueville”. Del “centro de estudios” no existen más rastros que la chapa. En 2005 Cirino la utilizó para hablar en la Universidad de Belgrano sobre “la situación interna en Cuba y los desafíos de la comunidad democrática internacional”. En septiembre compartió con el ex canciller Adalberto Rodríguez Giavarini y el secretario de redacción del diario La Nación, Jorge Elías, un panel en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) sobre las elecciones en Estados Unidos, coordinado por la señora Malú Kikuchi.


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