sábado, 20 de diciembre de 2008

"La memoria no se negocia" 16-12-08

martes 16 de diciembre de 2008

"La memoria no se negocia"


Katy García (PRENSA RED)

La Comisión de Homenaje a los presos políticos fusilados en la penitenciaría de Barrio San Martín, realizó en la tarde del sábado un homenaje a los 30 militantes asesinados entre 1976 y 1978. Familiares, amigos y vecinos se congregaron en la plaza del barrio, plantaron tres árboles y luego marcharon hasta la cárcel donde se realizó un emotivo acto y se leyó un documento.

El barrio San Martín vivió una tarde diferente. El paso de la propaladora de Meco y la presencia colorida y ruidosa de la murga de Parche en Parche, anunciaban que algo pasaba. Así, algunos vecinos de la zona salieron a la puerta de sus casas y otros se acercaron a compartir con los presentes un pequeño acto realizado en la plaza de los Burros donde se plantaron tres árboles que simbolizan: compromiso, solidaridad y lucha.

"Hay quienes vilipendian este esfuerzo de memoria. Dicen que no hay que remover el pasado, que no hay que tener ojos en la nuca, que hay que mirar hacia adelante y no encarnizarse en reabrir viejas heridas. Están perfectamente equivocados. Las heridas aún no están cerradas. Laten en el subsuelo de la sociedad como un cáncer sin sosiego. Su único tratamiento es la verdad. Y luego, la justicia. Sólo así es posible el olvido verdadero". Con este fragmento de Juan Gelman se inició la lectura de un texto que reivindica la lucha de las víctimas y reconoce a los familiares la larga lucha llevada a cabo a lo largo de 32 años. (Ver nota relacionada)

Tras descubrir una placa recordatoria, marcharon hasta la cárcel al ritmo de la murga. Durante el recorrido los vecinos miraban y tal vez comentaban entre sí lo ocurrido hace más de 30 años. En ese lugar sombrío donde la impunidad perdura se realizó un emotivo encuentro. Los jóvenes hijos de los 30 fusilados pusieron en común experiencias dolorosas, vividas en la niñez y en la adolescencia.

El documento leído expresa los horrores que experimentaron los 29 compañeros fusilados. Reivindica su pertenencia política y sostiene que "la memoria no se negocia". Asimismo, sienta posición sobre el futuro del predio que el actual gobierno se apresta a vender. En ese sentido expresaron su oposición a la venta de la cárcel en el marco de la emergencia carcelaria. "Respetamos todas las posturas. (...) No ovidamos que detrás de estas paredes, además de los presos políticos que la dictadura asesinó y de los más de 800 que pasaron por aquí, han sufrido y sufren miles de presos sociales, condenados por las políticas de hambre, marginación y exclusión social". Más adelante argumentaron que "hay razones históricas, urbanísticas y políticas para oponernos a la venta y destrucción del edificio de la penitenciaría". La Comisión impulsa un proyecto que contempla no solo la preservación de la memoria sino que propone la implementación de "centros de formación y capacitación de oficios para los sectores más desprotegidos de la sociedad".

El texto recuerda con profundo dolor "la agonía interminable de René Moukarzel y el cobarde asesinato de Paco Bauducco que siguen grabados en las paredes descascaradas de esta cárcel".

Luego, evocaron una forma de comunicación que les permitía romper el cerco con el afuera, durante los años previos a 1976 y que prosiguió hasta que se vino la noche. Mensajes en forma de caramelos salían de las tumbas para entrar a la boca de la visita. El aporte de los sobrevivientes permitió reconstruir frases que fueron prolijamente envasados y volaron por aire hasta llegar a las manos de los presentes. Finalmente un globo por cada uno de los presos asesinados se elevó a un cielo que esa hora de la noche se tornaba amenazante. (Ver relacionada)

El juicio que viene

La mayoría coincide en que el juicio comenzará a mediados del próximo año. Una de las abogadas presentes, María Elba Martínez del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) manifestó que en este momento hay "apelaciones en la cámara pero no creo que prosperen por que son repetitivas. He pedido la imputación a otros médicos y esperábamos que se nos diera la posibilidad de recibir la notificación y presentar la acusación a fin de año".

Luego analizó que esta causa es un ejemplo de cómo actuaba el General Juan Bautista Sassiaiñ. "Utilizó una metodología que lo describe completamente. Porque estaba relacionado directamente con la aerotransportada y con José de la Quintana. Lamentablemente, no está vivo, pero esto ha tenido su sello. Una sistemática que se repitió en La Plata –donde también estuvo- y luego con otras características se repitió en Margarita Belen", sostuvo.

En esa línea explicó que "no solamente se trataba de falsos enfrentamientos sino que en algunos casos –las víctimas- han muerto por torturas y después les han dado el tiro. Muchos han muerto en el Hospital Militar como es el caso de Hubert al que se inscribió tres años después y nunca se entregó el cuerpo".

Reflexionó luego sobre la "falsedad profunda de los discursos e informes oficiales sobre la modalidad de cómo ocurrieron los hechos. La sociedad debería revisar su postura cuando escucha hablar de la teoría de los dos demonios, porque los enfrentamientos eran falaces".

Consultada por la decisión de la Cámara de Apelaciones de dejar en libertad a represores respondió que "la responsabilidad de que salgan son las demoras en los tribunales porque pasado un término considerado por ley no pueden seguir detenidos. Si esto se hubiera hecho en 2005 como estaba planteado, con todos los elementos como estaba previsto esto no hubiera pasado", concluyó.

Para Miguel Ceballos, hijo de una de las víctimas y abogado querellante en la causa, para el próximo homenaje espera que "haya una sentencia y que todos los culpables vayan presos a Bower". Valora que durante todos estos años en la espera del juicio "se construyeron estos espacios, hemos compartido, nos hemos conocido. Entre nosotros hicimos cosas, hemos crecido y lo rescato como positivo".

Mientras que Olga, cuñada de Diana Fidelman afirma que "siento la misma emoción y cada día tengo más esperanzas de que llegue el juicio para aliviar el dolor que tenemos todos. Cada acto nos remueve todo, aunque toda la vida sentimos la ausencia y la pena de no tenerlos a nuestro lado". En tanto Constanza De Breuil espera ver a los culpables en una "cárcel común y efectiva".

Con respecto a la venta del predio Mariana Baronetto manifestó que " al igual que mis compañeros estamos en contra de la venta. Somos un grupo chico, somos todos distintos, tenemos nuestra forma de ser y nuestra vida, pero tenemos algo en común que es nuestro pasado. Compartimos la historia de nuestros padres y familiares y esto se nota. La gente que lee el proyecto se da cuenta que es verdadero, legítimo y justo lo que pedimos. Lo último que se pierde la esperanza. Nos une el afecto y eso es lo que nos motiva a seguir hasta las últimas consecuencias".

Para Martín - hijo del "Chicato" Miguel Mozé-, la venta "no debe realizarse. Cree que se debe dialogar entre todos los sectores involucrados y "definir qué queremos hacer con este espacio". Agregó que había escuchado de boca de algunos ex presos les gustaría que "sea destruido porque fue un laboratorio de terror. Me parece que en estas visiones distintas debemos conversarlas y ver qué podemos construir juntos. Estamos de acuerdo en que no debe venderse hay que construir un espacio de diálogo y discusión para conversar entre todos no solo los Organismos y el Archivo de la Memoria sino también los que viven en el barrio".

Para Hernán Vaca Narvaja, "estos espacios tan emblemáticos, tan significativos y que aglutinan tanta historia deberían reconvertirse y convertirse en espacios de la memoria. Como decían mis compañeros antes: que se genere vida desde adentro, donde antes hubo muerte. Que esas paredes cambien de sentido. Pero destruirlo para hacer un shopping, o para parquizarlo no contribuye a preservar la memoria colectiva, porque aquí pasaron cosas muy graves".

Con vistas al juicio refiere que alberga "todas las expectativas porque hay una condena previa. Hay un contexto político favorable para que la justicia actúe con independencia y por que además, en este caso, hay una acumulación de pruebas de la aplicación del Terrorismo de Estado tales como traslados, testigos y sobrevivientes". "Me gustaría que a esa gente que torturó y asesinó cumpla su pena en esta cárcel. Sería un acto de desagravio a los mártires de la penitenciaría", aventuró.

Foto: Un grupo de hijos, hijas y familiares de las víctimas esperan por justicia para sus seres queridos. / Autora: María Godoy - PRENSA RED

http://www.argenpress.info/2008/12/la-memoria-no-se-negocia.html

más de doscientas colonias israelí, se niegan a abandonar territorios palestinos. 20-12-08

LOS EXTREMISTAS RELIGIOSOS SE NIEGAN A DEJAR LOS ASENTAMIENTOS

La rebelión de los colonos

Son más de doscientas colonias que se niegan a abandonar territorios palestinos. Los más duros son jóvenes radicalizados dispuestos a la violencia y confiados en que tienen apoyo en el ejército y la policía.

Por Juan Miguel Muñoz *

“Pueden tener armas y aviones, pero sin Dios, nada se logra. No tenemos miedo. Cualquier cosa que pueda sucedernos aquí ya se decidió arriba. Toda esta gente rezando, esa es nuestra fuerza.” Era la una de la madrugada del 3 de diciembre. Pearl, un veinteañero estadounidense nacido en Ucrania, hablaba en la planta baja de la casa de Hebrón allanada por la policía israelí al día siguiente. Las torahs, los murmullos de los rezos, los vaivenes del torso de los creyentes judíos, los platos de sopa y los pasteles, el polvo, los globos de colores colgando de cuerdas, algunas miradas y preguntas inquisitorias al extranjero componían un ambiente caótico en una sala transformada en sinagoga y dormitorio. Atestada de jóvenes pendientes siempre de una palabra clave, “pinui”, desalojo en hebreo.

La Corte Suprema israelí había dictado sentencia tres semanas antes: el inmueble de cuatro plantas tenía que ser desalojado a la espera de que otro tribunal decidiera sobre su titularidad, en disputa entre un potentado norteamericano y su antiguo dueño, un palestino de la ciudad donde según la tradición reposan los restos de Abraham, Isaac, Jacob y sus esposas. Cientos de jóvenes habían acudido al edificio para impedir el cumplimiento de la resolución judicial. En la azotea, su arsenal: cascotes, botellas vacías y papas erizadas de clavos. Dos soldados charlan con los rebeldes. Hace frío y bailan en corro mientras entonan melodías: “Simón y Levi matarán a los gentiles”. “No creemos en el gobierno de los herejes.” Eretz Israel, dicen, es sagrado: la tierra que abarca desde el Jordán hasta el Mediterráneo les pertenece por designio divino.

Sabían que sería inútil resistir el despliegue de la policía, pero prometían una resistencia violenta. “En Gush Katif (Gaza, 2005), los colonos creyeron que ganarían con amor. Nosotros lucharemos. Esto será mucho peor”, advertía Bela Goren, colona de Kiryat Arba, el asentamiento fundado en 1968 en las inmediaciones de Hebrón. Finalmente sólo hubo llantos, chillidos –“nazis”, gritaba una niña a los antidisturbios– y algún puñetazo aislado. La violencia no se dirigió contra soldados y policías que vigilaban las casas adyacentes de los palestinos, acorralados en sus salones tras semanas de padecer el vandalismo en una ciudad de 180.000 habitantes en la que 600 colonos disponen del 20 por ciento del espacio, sin árabes.

Es la norma en los últimos tres meses. En los alrededores de Nablus, Kalkilia, Ramala, a lo largo de toda la Cisjordania ocupada (Judea y Samaria, en terminología bíblica, hoy oficial), los colonos han lanzado ataques contra civiles casi a diario. Los más radicales entre el medio millón que pueblan los asentamientos en este territorio y en Jerusalén Este se desbocaron siguiendo al rabino Shalom Dov Wolpe, que dijo que “el Estado de Israel es el enemigo del pueblo judío y Tzipi Livni (la ministra de Exteriores y aspirante a la jefatura del Gobierno) es la segunda Isabel”. La primera es la reina católica que expulsó a los judíos de España. La sola mención de que Livni ha prometido negociaciones con los palestinos desata exabruptos. “Ni un tribunal ni el gobierno tienen derecho a abandonar un pedazo de la tierra de Israel. El primer ministro Ehud Olmert merece ser ahorcado”, brama un joven con barba incipiente. Justo encima, una pancarta: “Esta tierra es nuestra tierra”.

No todos los rabinos sionistas expresan opiniones tan feroces como las de Wolpe, que ofreció dinero a los soldados que desobedezcan a sus mandos a la hora de los desalojos. Pero los “jóvenes de las colinas” –aquellos de los asentamientos que el Ejecutivo de Ariel Sharon prometió desmantelar al presidente Bush, cosa que no cumplió– sólo siguen los consejos de un grupo de líderes fanáticos. A las puertas de lo que los colonos llaman la Casa de la Paz de Hebrón, Baruch Marzel, heredero espiritual y político del radical rabino Meir Kahane, deambulaba charlando con sus acólitos. Suben y bajan por las escaleras Daniela Weiss, Noam Arnon y David Wilder. Son jefes mesiánicos de la banda que organizaba la resistencia al asalto policial, a sólo 20 metros de la mezquita y el cementerio profanados por sus huestes, que escribieron por las lápidas “Mahoma es un cerdo”.

Después del tardío desalojo, decenas de colonos se dieron al vandalismo. Apedrearon a palestinos, quemaron casas y vehículos, intentaron linchar a una familia de 20 personas recluida en su vivienda. Un grupo de periodistas israelíes impidió el crimen, no sin indignarse, porque la policía y el Ejército miraron para otro lado.

Uno de los extremistas, de avanzada edad, disparó a quemarropa contra dos árabes. El juzgado que ahora lo imputa ha dictaminado que no hubo provocación, que él es el agresor. La prueba es concluyente: un video de la ONG israelí Betselem. “Somos los hijos de un pueblo cuya ética está construida sobre la memoria de los pogroms. La imagen de judíos disparando a palestinos inocentes no tiene otro nombre que pogrom”, lamentó Olmert. Son decenas de miles los israelíes que no toleran estas persecuciones. Muchos se dicen avergonzados. Y decenas de intelectuales se rebelan contra lo visto las semanas precedentes. Fania OzSalzberger –profesora en la Universidad de Haifa e hija del novelista Amos Oz– afirma que “si el apoyo de Occidente a Israel se fundamenta en la islamofobia o la arabofobia, mejor que no nos apoyen’.

Muchos de los asaltos violentos de los colonos están motivados por conflictos entre el gobierno y los fanáticos judíos. A mediados de agosto, un oficial del Shin Bet, el espionaje interno israelí, explicaba a otros mandos policiales y militares que “la violencia de los colonos es intencionada, planeada y viene acompañada del pago de un precio”. Lo pagan civiles palestinos de Cisjordania. Los colonos lo dicen sin tapujos: si el ejército, como ha sucedido, desmantela casas prefabricadas o rodantes asentadas sin permiso del gobierno, los palestinos sufrirán las consecuencias. Sólo en la primera mitad de este año se registraron 429 ataques contra árabes en territorio ocupado. En 2007 fueron 551. Y desde agosto se agravan las agresiones. La cosecha de la aceituna, como es habitual, está jalonada de asaltos contra los campesinos árabes de las cercanías de los asentamientos.

Los fundamentalistas judíos invadieron pueblos palestinos, destrozaron casas y calcinaron decenas de coches ante la mirada indolente de soldados que los acompañaban. Cuando los soldados israelíes cumplen su misión, les pinchan las ruedas de sus vehículos, los atacan con perros y hasta le rompieron el brazo a algún militar. Los colonos le pusieron precio a la cabeza de líderes pacifistas israelíes, quemaron casas árabes en Acre, Tel Aviv y Jerusalén, apuñalaron a transeúntes palestinos y pusieron una bomba en la puerta de Zeev Sternhell, prestigioso intelectual que resultó herido.

El gobierno, si es sincero en que no permitirá desmanes, afronta una tarea titánica. Entre otros motivos, porque en el ejército los simpatizantes de los radicales abundan. Sólo hace quince años resultaba difícil ver a un militar de kipá. Hoy son casi la mitad. Defensores israelíes de los derechos humanos están convencidos de la connivencia entre colonos y soldados. ¿Qué hacer? Desde que arrancó la colonización se construyeron unos 120 asentamientos en Cisjordania. Otro centenar salpica las colinas del territorio palestino. Ya en 1979, el Tribunal Supremo falló que la apropiación de propiedades privadas palestinas era ilegal. Pero los gobiernos hacen oídos sordos a sus veredictos. “El gobierno no cumple las sentencias, ni siquiera cumple sus propias decisiones”, arremetió la semana pasada Dorit Beinish, presidenta de la más alta instancia judicial.“En Hebrón se ha generado una situación que es una desgracia nacional, un pecado genuino y un crimen. El apartheid ya está aquí. Pero no sólo en Hebrón... El robo de las propiedades palestinas es testimonio de la quiebra del Estado cuando se enfrenta al atrevimiento de los colonos y a su determinación para no retroceder ante ninguna consideración ética o legal”, le dijo al diario Haaretz Zeev Sternhell.

Los diplomáticos tienen clara una cosa: el acuerdo con los palestinos parece muy, muy improbable. Y las exigencias de dirigentes como la jefa de la diplomacia, Tzipi Livni, dejan escaso margen: “Mientras los palestinos no se olviden de la palabra nakba, no habrá entrega de territorios”. Nakba significa catástrofe y alude a la expulsión de los palestinos tras la fundación del Estado de Israel. A juicio de Livni, los palestinos deben olvidar. Mientras, las casas de algunos de ellos son derribadas en Jerusalén porque los arqueólogos israelíes buscan restos de la dinastía del rey David.

“Ya vimos lo que ocurrió en Gaza. Ahora entregan la casa de Hebrón, después el Golán a Siria. Esto es una bola de nieve, y el gobierno se ha puesto la venda en los ojos”, explica David Wilder, residente en Hebrón desde 1981 y cuya hija vivía en una de las dependencias del edificio bajo litigio, todavía con ventanas sin vidrio. A su juicio, las sentencias del Supremo son decisiones de una banda de izquierdistas impulsados por intereses políticos. Y las resoluciones de las Naciones Unidas que exigen la retirada de Cisjordania son algo digno de desprecio. “Esto –dice tajante– no es territorio ocupado. Los judíos han vivido aquí durante 2000 años. La ley internacional no me concierne.”

Avi, estudiante de una yeshiva (escuela talmúdica) en Jerusalén, explicaba una visión compartida por sus correligionarios. “Los musulmanes quieren conquistar todo el mundo y matar a quienes no lo son. Y te advierto que odian más a los cristianos. Los palestinos son pacíficos porque son pobres. Pero Hamás, la Yihad Islámica y Al Fatah les obligan a luchar contra los judíos. Nosotros somos un pueblo pacífico, pero cuando el gobierno quiso hacer la paz durante el proceso de Oslo, estalló la guerra. Cada vez que les damos tierra, nos matan. Este es nuestro país.”

Sternhell destaca el gravísimo riesgo que supone la empresa de los asentamientos: “La colonización es un desastre histórico... Si Israel es incapaz de reunir el coraje necesario para ponerle fin, la colonización podrá punto final al Estado de los judíos y dará paso a un Estado binacional”. Un país en el que la demografía, favorable siempre a los palestinos, desempeñaría un papel crucial en la eliminación del carácter judío del Estado. A Baruch Marzel ni le va ni le viene. ¿Qué haría con los palestinos que viven en Hebrón?, se le preguntó horas antes de la evacuación de la Casa de la Paz. “¿Palestinos? Eso es irrelevante”.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.

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http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-117063-2008-12-20.html
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HAMAS DISPARO COHETES DESDE GAZA A ISRAEL

El fin de la tregua

El fin de la tregua entre Israel y el movimiento islamista Hamas provocó que anoche se reanudaran los disparos de cohetes palestinos contra territorio israelí y desencadenó la preocupación internacional ante el temor de una escalada de violencia en la franja de Gaza.
El viernes por la noche cayeron dos cohetes en el sur de Israel, lo que fue confirmado por el ejército israelí horas después de que Hamas anunciara el final de la tregua, acordada el 19 de junio por mediación egipcia. Según un portavoz del ejército israelí, los disparos no causaron víctimas ni daños materiales. El viernes por la mañana, otros dos cohetes habían caído en Israel, también sin provocar víctimas ni daños.
Todos los disparos fueron reivindicados por las Brigadas Al Qods, el brazo armado del grupo radical palestino de la Yihad Islámica, que indicó haberlos realizado en represalia por la muerte de uno de sus miembros, el martes en Yenín, Cisjordania, en una acción militar israelí.
“Esos tiros son una respuesta a los crímenes de Israel en Cisjordania y la Franja de Gaza”, señaló un comunicado de las Brigadas al Qods.
Los disparos se produjeron tras el anuncio, poco después de las seis de la mañana hora local del viernes, por parte del brazo armado de Hamas, las Brigadas Ezedin Al Qasam, del final oficial de los seis meses de tregua que trajeron una calma relativa en torno a la franja de Gaza.
El anuncio hizo planear el espectro de una nueva escalada de violencia. La comunidad internacional expresó su preocupación y reiteró sus llamamientos a la moderación a ambas partes. “Es necesario que Israel muestre una mayor flexibilidad y abra los pasos fronterizos y procure a Gaza sus necesidades esenciales”, declaró en un comunicado el portavoz del ministerio egipcio de Relaciones Exteriores, Hossan Zaki. El portavoz subrayó que Egipto sigue esperando una señal de ambas partes que muestre que aún quieren la tregua. Zaki pidió a las facciones palestinas que no hagan la situación más difícil “para que la población de Gaza no pague, una vez más, el precio de una confrontación que no ha buscado”. Previamente al comunicado de Zaki, la cancillería egipcia responsabilizó a Israel de la situación en la franja de Gaza recordando que, según su estatus legal, “es una parte del territorio palestino que sigue bajo ocupación israelí”.
La Unión Europea expresó su “profunda preocupación” y exhortó a mostrar moderación, mientras Rusia pidió a Hamas que reconsidere su decisión de poner fin a la tregua con Israel. Miles de personas se manifestaron en el sur de Beirut, en una protesta convocada por el movimiento chiíta Hezbolá contra el bloqueo israelí sobre Gaza.
Israel afirma haber cerrado Gaza por los disparos de cohetes palestinos, que se multiplicaron desde principios de noviembre tras una operación israelí para destruir un túnel subterráneo clandestino entre Gaza y Egipto. Hamas ya había anunciado el jueves que la tregua no seguiría porque Israel “no respetó su compromiso de levantar el bloqueo de la franja de Gaza, que mantiene a los 1,5 millones de palestinos que viven en ese territorio aislados del resto del mundo”. El grupo islamista tomó el control de la franja de Gaza en junio de 2007; a raíz de esto, Israel impuso el bloqueo de Gaza. Pese al fin de la tregua, israelíes y palestinos declararon que no darán el primer paso en el lanzamiento de hostilidades de gran envergadura, dejando la puerta abierta a una tregua oficiosa a partir de ahora.
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Escoltas de Schäfer interrogados por juez Zepeda 20-12-08

Sábado 20 de diciembre de 2008

Por Leslie Ayala castro / La Nación

Matthias Gerlach, Friedhelm Zeitner y Renate Freitag llegaron ayer a enfrentar la justicia

Escoltas de Schäfer interrogados por juez Zepeda

Tras allanarse a un proceso de extradición, los ex miembros de Colonia Dignidad llegaron hasta el Palacio de Tribunales para notificarse de procesamientos por asociación ilícita y encubrimiento de abusos sexuales cometidos en el enclave alemán.

Saludando y con una gran sonrisa en el rostro llegaron hasta el Palacio de Tribunales, Matthias Gerlach y Friedhelm Zeitner, escoltas de Paul Schäfer, quienes junto a la enfermera Renate Freitag, pisaron territorio chileno pasado el medio día de ayer luego de allanarse a un proceso voluntario de extradición desde Argentina.

En un operativo encabezado por la Policía de Investigaciones (PDI) los sujetos, que ayudaron al ex jerarca de Colonia Dignidad a fugarse del país, fueron trasladados hasta el recinto judicial donde la prosecretaria de la Corte Suprema, Carolina Herrera, los notificó sobre los procesamientos que la justicia chilena dictó en su contra.

Por una parte, Gerlach, Zeitner y Freitag están encausados como encubridores de abusos sexuales cometidos al interior del enclave alemán, proceso que dirige el magistrado de la Corte de Apelaciones de Talca Hernán González.

Asimismo, Herrera les notificó sobre el procesamiento en su contra dictado por el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Jorge Zepeda, en el cual se les inculpa ser partícipes de la asociación ilícita para el secuestro calificado al interior de Villa Baviera.

Mientras la prosecretaria junto al encargado de extradiciones del palacio les informaban a los ex colonos de los cargos en su contra, la enfermera habría hecho gestos de no entender el idioma, situación que, según fuentes policiales, es ficticia pues los tres manejan el español a la perfección.

Minutos antes fueron inspeccionados en una sala del primer piso del palacio para que se presentaran ante Zepeda sólo con su vestimenta y ningún otro accesorio. En ese momento, se le quitó la botella de agua de plástico que tenía Freitag, quien al contrario de sus compañeros se mostró muy agotada por el viaje y la situación.

Tras este protocolo judicial, personal de Gendarmería los trasladó hasta el tercer piso del lugar, en el cual se encuentra el despacho del juez Zepeda, quien los estaba esperando para interrogarlos.

Entre los curiosos que revisaban las causas que se verán en el tribunal de alzada capitalino, causó curiosidad la tranquilidad de los ex colonos que incluso hicieron gestos de saludos y hasta dijeron "buenas tardes".

Asimismo, llamó la atención el polerón con la bandera argentina con la que llegó Zeitner. Este último es yerno del ex jerarca de la Colonia pues está casado con la hija de éste, Rebeca Schäfer, quien regresó a Chile hace dos años atrás.

Hace algunas semanas estos escoltas habían manifestado en Argentina su decisión de volver voluntariamente a Chile. Gestiones del Gobierno enmendadas por el Ministerio del Interior.

Esto se materializó con el viaje que realizó un abogado hasta el territorio argentino, lo que finalmente agilizó este trámite. Tras el interrogatorio frente al ministro Zepeda, los escoltas de Schäfer tienen cinco días para apelar a los procesamientos que la justicia chilena lleva en su contra.

Respecto a este traslado el subsecretario del Interior, Patricio Rosende, se manifestó muy satisfecho y confirmó que los ex custodios "fueron puestos a disposición del ministro instructor de la causa" y acto seguido, reflexionó "fueron muchos años de impunidad en Colonia Dignidad". LN


http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20081219/pags/20081219201340.html
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Francisco Aleuy nombrado en subsecretaría de regiones 20-12-08

Sábado 20 de diciembre de 2008

/ La Nación

La Presidenta Michelle Bachelet lo nombró en reemplazo de Claudia Serrano

Francisco Aleuy nombrado en subsecretaría de regiones

Se desempeñaba como Presidente del Directorio del diario La Nación y tendrá en sus manos una dependencia clave en los planes de desarrollo del gobierno.

La misma oficina que hasta hace algunos días ocupaba la actual ministra del Trabajo, Claudia Serrano (PS), como subsecretaria de Desarrollo Regional, habitará a partir del próximo lunes el ex asesor del Ministerio del Interior y miembro de la directiva socialista, Mahmud Aleuy Peña y Lillo, conocido en el mundo político como Francisco Aleuy.

Según informó ayer el Ministerio del Interior, la Presidenta Michelle Bachelet decidió designar a Aleuy como nuevo subsecretario del área, culminando así los cambios que se producirían en el Gobierno durante este año.

Aleuy llega al cupo que dejó vacante Serrano, quien pasó a la cartera de Trabajo tras la renuncia de Osvaldo Andrade, quien buscará ganar un escaño parlamentario en las elecciones del próximo año.

Francisco Aleuy, de acuerdo al comunicado de Interior, estudia ingeniería comercial en la Uniacc y realizó estudios de ingeniería civil en la Universidad de Chile.

Fue asesor del Ministerio del Interior entre 2003 y 2006.

También se desempeñó como asesor en el Ministerio de Planificación y Cooperación durante el período 1995 a 1997.

Realizó similares funciones en el Ministerio de Obras Públicas.

Directorio de La Nación

El recientemente designado subsecretario de Desarrollo Regional se ha desempeñado también como presidente del directorio del diario La Nación, desde el año 1998.

Actualmente, ostenta el cargo de vicepresidente del Partido Socialista, puesto al que llegó luego de que la lista de "Nueva Izquierda", liderada por el actual timonel de la tienda, Camilo Escalona, triunfara en las internas de esa colectividad en abril de este año.

Aleuy inició su militancia política en la Izquierda Cristiana y fue un acérrimo opositor al régimen militar, tiempo en que usó el seudónimo de "Pancho".

Anteriormente, la Presidenta Michelle Bachelet había considerado para un cargo público a Aleuy. Propuso su nombre al Senado a mediados de 2007 para ocupar uno de los lugares en el directorio de Televisión Nacional, pero la oposición y algunos parlamentarios oficialistas vetaron su nombramiento.

El nuevo subsecretario de Desarrollo Regional asumirá el próximo lunes 22 de diciembre. Dicha entidad tiene entre sus objetivos contribuir al desarrollo de los territorios, fortaleciendo sus capacidades de gobierno descentralizados. LN

http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20081219/pags/20081219212122.html
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Azahares y fuegos Por Osvaldo Bayer - 20-12-08

Azahares y fuegos

Por Osvaldo Bayer

Las últimas dos semanas se cubrieron de azahares y fuegos. Esos pequeños hechos de la vida que lo llevan a uno de la mano y que todavía le enseñan, le van marcando el camino hasta el final. El perfume del azahar, que lleva a la poesía y al ánimo, y el fuego, no el que quema, sino el que impulsa. Sí, todo comenzó en La Toma, ese supermercado rosarino tomado por sus empleados que es hoy, además de supermercado, un centro de cultura. Allí, donde antes sólo se vendían mercancías, hoy se debate, se enseña y se aprende, se abren los ojos al arte, a la literatura, a la política, al futuro. De allí a Mar del Plata. En la presentación del libro Biblioclastía, sobre la prohibición y quemas de libros durante la última dictadura militar. Un hecho aberrante y cobarde, pero por el cual jamás se indemnizó a las editoriales, a los autores ni a los libreros perjudicados. Ocurrió y ya está.

De allí a El Calafate, donde todos los 8 de diciembre, frente a la estancia “La Anita”, recordamos a las decenas de peones rurales fusilados por el ejército argentino en las huelgas de 1921. Ahí se levanta el cenotafio. Se lo cubre de flores y los oradores recuerdan el crimen nunca saldado. Luego, una obra teatral del conjunto formado por vecinos de El Calafate. En el bello paisaje se oyen los gritos de furia y dolor de los que cayeron. Algo que no se podrá olvidar jamás, pero de lo que no aprendimos nada los argentinos. Medio siglo después ya no se fusilaba, se desaparecía. Un día antes, en la sala cultural de El Calafate, el ballet local representaba las esperanzas de la peonada y cómo murieron bajo los fusiles oficiales. Todo hecho con una melancolía magistral. El arte, la mejor manera de escribir nuestra historia.

De regreso a Buenos Aires, el recuerdo de aquella legendaria Nueva Presencia, el primer periódico que se atrevió a criticar a la dictadura de los generales y el homenaje a Herman Schiller, quien ofreció su rostro para enfrentar a la picana y la desaparición. Una placa ha quedado allí para siempre, en la calle Castelli, para definir lo que es el coraje civil. Sí, y después, en Luján, en su Universidad, el mejor recuerdo para el herrero poeta, Dardo Dorronzoro, víctima de la misma dictadura. Un concurso de poesía. Leí las mismas, un tejido increíble de sueños jóvenes, de figuras de la fantasía, de la bondad extrema frente al horror cobarde de las bestias uniformadas. Dardo se asomó allí y nos aconsejó quién sería el premiado: todos, nos dijo. Todos los que escribieron sus ilusiones. Pero en ese momento nos interrumpió la realidad. Un ajero mendocino había llegado desde tierras cuyanas para describirnos su realidad. Curtidas manos, curtido rostro. Trabajo esclavo en las tierras del sol y de la vida, de mujeres y niños, como en la Edad Media. Leo los versos de una poetisa mendocina: las ristras de ajo se han convertido en las cadenas de la esclavitud. Se simulan cooperativas. La Justicia ordenó la reincorporación de despedidos, pero nadie se da por aludido. Los dueños de la tierra son los únicos magnates. Lo deciden todo. Los demás, los del sistema, obedecen. Los poetas de Luján escuchan en silencio. Hay tristeza. Por algo lo desaparecieron a Dardo, a los Dardos.

Al día siguiente estamos en Córdoba. Con la diputada Cecilia Merchán. Para tirar abajo un símbolo. Cambiar la figura del genocida Julio Argentino Roca por la figura de la increíble luchadora gaucha Juana Azurduy en los billetes de cien pesos, los de más valor. De uno que mató por más tierras para los poderosos a una mujer que luchó por la libertad americana. Un problema profundo que hace a la ética de los argentinos. No hay que mirar sólo para adelante. Hay que mirar para atrás para investigar por qué en estas llanuras de las espigas de oro hay hambre y hubo catorce dictaduras militares y represiones que alcanzaron al máximo de crueldad y perversión.

En la misma Córdoba presentamos un libro de tal valor ético que no encontramos adjetivo para calificarlo porque a ello se adjunta lo emocional: Los arquitectos que no fueron, la vida y fotos de estudiantes y egresados de Arquitectura de la Universidad de Córdoba asesinados y desaparecidos durante el terrorismo militar de Videla y consortes. Nos miran. Pienso, cuántas viviendas hubieran construido ellos y ellas. De haber vivido esa generación, por su lucha, ya no habría villas miseria en nuestras ciudades. Todas las universidades argentinas tendrían que publicar libros similares con los retratos y las biografías de sus estudiantes desaparecidos. Y sus retratos colgar en las aulas. Un recuerdo que no debe borrarse jamás de la memoria.

Allí, en la misma Córdoba, ofrecemos la cantata “La Patagonia de Fuego”, de Sergio Castro, basada en La Patagonia Rebelde. El público acompaña las bellas canciones. Se pone de pie para recordar a esos pobres gauchos fusilados por los máusers oficiales. Aprendimos, pienso. De los libros quemados en 1976 al tema vivo en las salas del país. El perfume del azahar y el fuego de la memoria.

Y justo, al día siguiente, doy una clase en el Instituto Espacio para la Memoria a los guías del museo de la ESMA, acerca de los crímenes del Estado en la Argentina. Los crímenes militares y el colaboracionismo civil.

Un país que no aprendió de sus tragedias. Un país sin autocríticas. Autocrítica, el fundamento de la democracia. Aquí, ese término, es desconocido. Hay que mirar para adelante.

Luego, en el festival del cine documental científico, presentamos escenas de nuestro nuevo film Awka Liwen, acerca de los pueblos originarios y discutimos sobre los conceptos de racismo en nuestra sociedad. Que los hay, los hay. De ahí a La Plata, en “Voces de la cultura”, que promueve la intendencia de esa ciudad. Y como todo encuentro cultural, es siempre necesario, positivo y sirve para encontrar las huellas hacia una sociedad más democrática, que no es otra cosa que una sociedad más justa e igualitaria. Y todo culminaría con el acto en la ESMA, en el Día de los Derechos Humanos.

Me sentí como en una nube de ilusiones. Estar allí, en un acto donde recordamos a nuestros desaparecidos en el lugar mismo del horror del sistema. Recibir un premio Azucena Villaflor allí donde tuvieron prisionera a esa mujer de increíble lucha, junto a sus dos compañeras iniciadoras del movimiento de Madres –Julia Ballestrino de Careaga y Mary Ponce de Bianco, no olvidarlas–, en un calabozo que era una cucha de perro, tiradas en el suelo para después asesinarlas, sí, recibir un premio en ese edificio de la Mayor Perversidad Humana, me pareció el producto de una imaginación sin límites. Pero sí, fue así. Quiere decir que el ser humano no se rinde nunca, que la Etica triunfa finalmente, aunque a veces tarda mucho en vencer sobre el crimen y la codicia. Dije, al agradecer el premio, que yo no lo merecía, que los únicos que habían ganado ese premio a los Derechos Humanos, eran los treinta mil desaparecidos. Y nombré a tres, cuya amistad me sigue desbordando todos los días: Rodolfo Walsh, el Paco Urondo y Haroldo Conti. Por eso, comprendía que hay que seguir con la búsqueda que iniciaron ellos. Hasta que logremos, por lo menos, que en nuestro país no haya más niños con hambre. Siempre hay azahares y fuego, pero aquel que no quema, que impulsa.

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Prohibido grabar

Domingo 13 de julio de 2008

Por Marcos Moraga L. / La Nación Domingo
Por qué no se puede filmar sobre el conflicto mapuche

Prohibido grabar

La detención de Elena Varela tiene a los audiovisualistas movilizados. Pero su caso es sólo la punta del iceberg. La tierra mapuche, las protestas forestales y las audiencias de juicios permanecen cerradas a las cámaras, mientras la vigilancia policial dice “corte”. Acá los testimonios de lentes cerrados, problemas en TVN y algunas teorías sobre el silencio.


El miércoles 2 de julio llegó al despacho de la Corte Interamericana de Derechos Humanos una carta, pidiendo medidas cautelares contra el Estado de Chile por la detención de documentalistas en el sur.

Elena Varela, en la cárcel, se convirtió en símbolo de una práctica que tiene preocupados a las agrupaciones audiovisuales. ¿Qué pasa en el sur que las cámaras tienen que viajar casi como de contrabando?

El documento presentado ante la Corte Interamericana pone la voz de alerta ante otros casos de vigilancia o rodajes interrumpidos: Sergio Bravo fue detenido en 1999 junto a Jeannette Paillán mientras filmaba un nguillatún en la comuna de Tirúa.

A su vez, a Paillán le quitó su cámara un individuo en 1998 en presencia de Carabineros, mientras filmaba un conflicto entre la Forestal Arauco y la comunidad mapuche Fren Mariqueo de Cuyinco.

En marzo de este año, dos periodistas franceses, Christopher Cyril Harrison y Joffrey Paul Rossj, fueron detenidos por cerca de diez horas por Carabineros, se les requisó el material, los acusaron de integrar la ETA, y una vez libres, huyeron del país tras recibir una golpiza (según relatan los afectados en su blog: lookinforasmile.skyrock.com); en mayo, los documentalistas italianos Giuseppe Gabriele y Dario Ioseffi filmaban una movilización mapuche en la Comunidad Chupilko, hoy terrenos de la Forestal Mininco, cuando fueron detenidos por Carabineros, imputados por usurpación de tierras y expulsados del país por la intendenta de la Araucanía Gloria Barrientos.

Pero no son los únicos que han pisado el territorio mapuche y han visto el lente trizado.


PIEL DE GATO

"¡Renuncio a la defensa del Estado!", alega el werken (o "mensajero") José Cariqueo. Se levanta sobre el estrado, mira al juez y desafía: en vez de atenerse a una defensa a cargo del Ministerio Público, prefiere ir directamente a la cárcel.

La parálisis está suspendida en el aire y el director y camarógrafo Gonzalo Vergara, presente en la sala para filmar un capítulo del programa "Piel de jaguar" de TVN, apunta su cámara. Es una escena clave para su documental, dedicado a registrar la aplicación de la Ley Antiterrorista contra cuatro comuneros mapuches en abril de 2006.

Pero Vergara ya tiene encima a un gendarme y el uniformado se queda con la cámara tras un forcejeo. Lo próximo que saben es que el grupo de trabajo de la productora Nueva Imagen -contratada por TVN para realizar el ciclo de documentales- ya no puede entrar a la sala y el equipo quedó retenido durante diez días.

"Como es un juicio bajo la ley antiterrorista no existe claridad sobre las atribuciones que tienen los jueces", cuenta Vergara. Porque según el realizador, lo peor no estuvo en el sur, sino al regreso a Santiago.

Vergara relata: "TVN quería hacer unos documentales onda Michael Moore. Pero a la hora de los quiubos, la censura fue implacable, sobre todo blanqueando y ablandando la crítica a las forestales. La empresa Mininco actuó tan ‘heavy’ que exigió al canal que volviera un equipo de producción a grabar cómo hacen programas de cooperación con algunas comunidades mapuches.

Lo pagaron de su bolsillo y en el documental hay incrustado algo que yo llamo ‘el video corporativo’". ¿Y qué es lo que no podía aparecer?

"Cuesta demasiado poner al aire la crítica dura a las forestales. Pero el problema ecológico tiene directa relación con el conflicto, le da sentido de urgencia y así puedes entender la lucha mapuche. Nos censuraban alegando razones editoriales y de contenido. Llegó al punto que Gonzalo García, como vocero de Forestal Mininco, fue a golpear la mesa del director de TVN, Daniel Fernández, y la cuestión casi no sale al aire.

Lo que se ve es un documental que perdió todo sentido de autor: donde el enemigo principal de la causa mapuche quedó en segundo plano". El programa fue emitido en diciembre de 2006.


EL ÚLTIMO JUICIO

El año 2003, María Teresa Larraín comenzó el rodaje de "El juicio de Pascual Pichún". La película muestra las audiencias que llevaron a su protagonista, el lonco Pascual Pichún, a la cárcel, su entorno familiar, y también el de la vida doméstica del demandante, el terrateniente Agustín Figueroa.

"Ese fue un juicio paradigmático. Fue el primer juicio oral contra los loncos de la comunidad mapuche, y por ser la primera vez, dejaron entrar. Fue una apertura que no creo vuelva a ocurrir: Figueroa se sentía con tanto poder, que nunca sintió que su actuación sería cuestionable", dice Larraín.

Así entraron en el corte final las acusaciones del Ministerio Público sobre Pichún y hasta los testimonios de testigos encubiertos, personas con protección de identidad que expusieron detrás de un biombo "me dio vergüenza que con esos testigos rascas se resolviera un caso", cuenta la realizadora, quien estudió leyes. Y también Larraín pudo recorrer la zona con su cámara.

"En mi caso el problema fue más con los mapuches, porque no creían en mí; y cómo iba a ser de otra forma: estaban cansados que gente venga de afuera a tomarles ‘monos’. Un joven mapuche se me acercó, tirando peñascazos para romper la cámara. Sólo porque respetaba a las mujeres no me rompió la cámara. ‘No soy ningún mono de nadie’, dijo. Y me encantó esa actitud".

Por esa misma imposibilidad de filmar juicios fue que Elena Varela acudió a Larraín, durante una exhibición de "El juicio de Pascual Pichún". "La detención me produjo mucho dolor, rebeldía e ira en un contexto mal llamado democrático. Nos están cortando la libertad de expresión. ¿Con qué cara ahora voy yo a entrevistar una persona? Se destruye la confianza, de un lado y otro", cuenta.

Y después, la vigilancia. En mayo de este año, Larraín exhibía su documental en Chillán, durante una muestra itinerante en que compartió espacio con el Jufkenmapu (Centro de comunicación mapuche) y el padre de Patricia Troncoso, "La Chepa". "Andaba viajando con un indígena canadiense, un blackfoot", recuerda la directora, "y luego él me preguntó por qué nos estaban filmando. Y nadie tenía idea quién era el tipo que filmó. Estamos siendo vigilados".


La detención

El 7 de mayo, Elena Varela López y otros cuatro individuos fueron detenidos por su presunta participación en dos asaltos, cometidos en 2005 en Loncoche y Machalí; en esta última ciudad, murieron cuatro personas.

Durante la detención, Policía de Investigaciones requisó todo el material de “Newen mapuche”, el documental que Varela estaba filmando hace cuatro años.

El jueves, el Juzgado de Garantía de Rancagua rechazó su solicitud de libertad, con lo que Varela continúa cumpliendo sus seis meses de prisión preventiva previa al juicio.



“Escapa de las capacidades del Gobierno”

“Que le hayan aplicado una ley antiterrorista es un crimen”, dice el documentalista Patricio Guzmán. Y hasta La Moneda han llegado más de una vez las agrupaciones audiovisuales a pedir explicaciones.

El subsecretario del Interior, Felipe Harboe, responde a los reclamos: “Es muy legítimo que la gente que ha trabajado con ella le manifieste su apoyo desde el punto de vista de su categoría de documentalista. Pero como gobierno en realidad no hay mucho que podamos decir, porque está en el marco de la investigación judicial”.

Y sobre la denuncia que este es un trato reiterado a las filmaciones en territorio mapuche, explica: “Me junté con los documentalistas, me manifestaron sus problemas y ellos quieren una reivindicación mayor: que los documentales o los documentos filmográficos no puedan ser incautados por las policías, en el marco de procedimientos policiales. Para eso se requiere de una modificación legal. Así es que es un tema que escapa en este momento a las capacidades del gobierno”.



Director de "El pejesapo" fue testigo

José Luis Sepúlveda, director de la celebrada película “El pejesapo”, ofició como director de fotografía durante un período de filmación de “Newen Mapuche” y rodó “Los sueños del Comandante” junto a Elena Varela.

Desde el comienzo, recuerda, sintió la presencia policial: “Elena tenía una investigación que cuestionaba la Ley de Seguridad del Estado. A cada rato sentíamos que nos estaban investigando. Estábamos haciendo un documental y lo que más escuchábamos era una ofuscación ante la gente que se inmiscuía en lo que pasaba. Esos dos meses nos acordábamos de otras detenciones. Y cuando íbamos a las comunidades teníamos que hacerlo con cuidado: sabíamos que nos iban a quitar las cámaras”.

“Como a los franceses les había pasado, ya no bastaba con ser rubio para estar libre. Pero era extraño, no estábamos investigando algo tan revolucionario, íbamos a entrevistar a la gente”, explica el cineasta, quien se alejó de las filmaciones sólo un mes antes de la detención por diferencias estéticas.

“Sabíamos que nos estaban vigilando, porque Elena era directora de la Orquesta de Niños de Panguipulli, que luego pasa a ser de los Amigos de Panguipulli. Entre unos de sus directores está Fernando Léniz, ex ministro de Pinochet. Y en esa fundación están todos los latifundistas de la novena región y la sacan porque ella está filmando ‘Newen’. Ella me decía que había mucho acoso, porque estaba contando la verdad. Y estábamos derechamente en el fundo de Léniz. Hubo problemas y al tiempo la echaron de la Orquesta, siendo que ella es una de las fundadoras”, cuenta Sepúlveda quien se enteró de la detención de Varela en Santiago.

Para más adelantos o acercamientos a “Newen mapuche”, en el portal Youtube (www.youtube.com/watch?v=B6TqIs3YCZ4) hay un extracto con más de cinco minutos del documental truncado.


http://www.lnd.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20080712/pags/20080712171854.html

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EL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS FINALMENTE ACCEDIO A UN PLAN DE SOCORRO DE LAS AUTOMOTRICES 20-12-08

EL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS FINALMENTE ACCEDIO A UN PLAN DE SOCORRO DE LAS AUTOMOTRICES

En medio de la noche apareció la grúa

Después de advertir que analizaba llevar a General Motors, Chrysler y Ford a una quiebra ordenada, el gobierno de Bush aceptó otorgar 17.400 millones de dólares para salvar a las dos primeras empresas. Ford por ahora no pidió ayuda. Las condiciones son duras.

En el último minuto llegó el salvavidas para las automotrices. Cuando ya las terminales analizaban la manera ordenada de presentar la quiebra, la administración Bush apareció en tiempo de descuento con un paquete navideño de 17.400 millones de dólares. El plan evitará la desaparición de General Motors y Chrysler, dos de las tres compañías emblemáticas en el mundo. El mandatario puso de esta manera punto final al suspenso de las últimas dos semanas sobre el futuro de los tres grandes de Detroit, contando también a Ford. Los fondos tendrán duras condiciones para las empresas rescatadas, que incluyen hasta demostrar la “viabilidad” de sus planes de producción en apenas tres meses. El sindicato de trabajadores del sector adelantó que buscará a partir de la asunción de Obama a la presidencia quitar esas “injustas condiciones”.
Las automotrices Chrysler y General Motors recibirán el 29 de diciembre 9400 y 4000 millones de dólares respectivamente, mientras que en febrero este última accederá a otros 4000 millones. Ford, el segundo fabricante de automóviles estadounidense, no ha solicitado por el momento ayuda financiera a Washington. Los recursos procederán del plan de rescate de la industria financiera que el Congreso aprobó en octubre por 700.000 millones de dólares; y del que el secretario del Tesoro, Henry Paulson, ya solicitó la segunda partida.
Las ayudas financieras para las automotrices mantienen las mismas condiciones que contenía el proyecto de ley pactado por la Casa Blanca y la Cámara de Representantes para otorgar 14.400 millones de dólares a GM y Chrysler, pero que finalmente fue bloqueado por los republicanos en el Senado. El principal requisito es que esas empresas deberán presentar antes del 31 de marzo planes detallados de la viabilidad de sus empresas. Si el gobierno considera que no reúnen las condiciones necesarias, los dos fabricantes tendrán que devolver el dinero prestado.
El presidente de GM, Rick Wagoner, dijo estar confiado en que su compañía cumplirá en término con los requisitos impuestos por Washington y que la cantidad de dinero proporcionada “será suficiente” para efectuar los profundos cambios estructurales necesarios. El ejecutivo también indicó que está “ansioso” de iniciar conversaciones con el sindicato United Auto Workers (UAW) para reabrir el convenio colectivo.
Durante su discurso, Bush mencionó de forma expresa a los sindicatos. Una de las principales razones de la oposición de los senadores republicanos al fallido proyecto de ley fue la necesidad de extraer más concesiones a los representantes de los trabajadores. El jefe de la Casa Blanca advirtió que las firmas tendrán que “poner sus planes de pensión en el camino de la sustentabilidad” y, especialmente, “hacer sus salarios competitivos con los de los fabricantes extranjeros que operan en Estados Unidos”. Es decir, una buena parte del ajuste recaerá sobre las espaldas de los trabajadores.
“Las empresas y los sindicatos deben entender lo que está en juego y tomar las decisiones difíciles necesarias para la reforma”, apuntó Bush.
“Estas condiciones envían un claro mensaje a todos los que están implicados en el futuro de los fabricantes: es el momento de tomar decisiones difíciles para ser viables”, insistió el Presidente, quien repitió que si no es así, “la única opción será la quiebra”. De hecho, para que quede claro el mensaje, el propio gobierno había dejado trascender el día anterior que analizaba promover una “bancarrota ordenada” de las automotrices. Finalmente, postergó esa decisión y accedió a un plan de rescate por un monto mayor al previsto en el proyecto de ley, pero con las mismas duras condiciones.
El titular de GM afirmó que la opción de la quiebra tendría “un costo elevado” y consideró que lo mejor es “continuar con este proceso (de salvataje) y poner en marcha un plan que no requiera” la suspensión de pagos. Chrysler también emitió un comunicado prometiendo cumplir con los requisitos. Le quedan tres meses para demostrarlo.
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Si es lenta, no es majestuosa 20-12-08

Si es lenta, no es majestuosa

Por Mario Wainfeld

El fallo que ordena la liberación de una horda de represores, con el Tigre Acosta y Alfredo Astiz a la cabeza, pone en llaga la excesiva prolongación de las causas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. El juez Carlos Fayt hizo una verónica respecto de la responsabilidad del poder judicial, cargando toda la falta en la mochila del Congreso. Suena chocante al sentido común que la dilación de trámites en tribunales no involucre al Poder Judicial... si se analiza el tema con detalle, esa intuición se confirma.

Fayt reitera una costumbre de los cortesanos en los últimos tiempos: justificar sus errores o su desidia reclamando tareas hercúleas a otros poderes del Estado. La jueza Carmen Argibay justificó un fallo del Tribunal que avala la detención de menores inocentes so pretexto de protección (prohibida por la Constitución) haciendo profecías sobre su suerte futura si se acataba la Carta Magna. El propio Fayt supeditó la posibilidad de fallos acordes a la supresión de la pobreza.

Ese pensamiento, antipolítico si se raspa un poco, es un factor de unidad al interior de la Corte. También en sus extramuros, entre jueces de distintas vertientes ideológicas. El Judicial es el único poder del Estado cuyos cargos son, en principio, vitalicios y no están sujetos al voto ni a ningún otro mecanismo de participación popular. Elitista por su modo de unción y nobiliaria por una cultura largamente implantada (hasta se los nombra como “Su Señoría”), la corporación judicial se autorranquea por encima de los otros estamentos estatales. La Corte actual, señera en otros tantos aspectos, poco ha hecho en este carril. Entre lo omitido está bregar para que cese la inmunidad fiscal de los magistrados y que paguen impuestos como los demás mortales.

Tampoco ha actuado como cabeza del Poder Judicial para garantizar el servicio de justicia en los pleitos que venimos mencionando, lo que es mucho más grave.

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Casadores de utopías: La Cámara de Casación, que fue un retén formidable para los juicios, estableció anteayer que vencieron todos los plazos admisibles de prisión preventiva de los genocidas. Fue una decisión dividida, los dos jueces que hicieron mayoría son subrogantes, ocupan sus cargos de modo transitorio.

Mayoría y minoría desarrollaron fundamentos extensos, con buenas citas de derecho, lo que comprueba una vieja verdad: las sentencias no son un silogismo del que la ley sería la premisa mayor y el caso la menor sino que contienen ingredientes de voluntad. Por algo se elige una mitad de la consabida biblioteca. Sin ir más lejos: uno de los subrogantes que pasará a la historia por su interinato, Guillermo Yacobucci, es miembro del Opus Dei y profesor de la correlativa Universidad Austral. Es presumible que la liberación le haya caído simpática en su fuero interno. Pudo prolongar la tradición del fascista casador Bisordi que cajoneó expedientes a lo loco, renunció a su cargo y se sinceró, saltando al otro lado del mostrador, para defender represores. Pudo hacerlo simbólicamente gratis, sin recibir un mínimo reproche de sus ex colegas, tan puntillosos cuando hacen de telebeam de funcionarios o legisladores.

Claro que las responsabilidades son múltiples e interpelan al Ejecutivo y al Legislativo. Eso no dispensa al Judicial de las que le son propias ni lo faculta a postergarlas.

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Rompecabezas: Las peripecias históricas de la lucha por la verdad y justicia transformaron en una madeja los juicios ahora reabiertos. No arrancan desde cero, como sucedió a partir de 1983. Primero se puso en el banquillo a las Juntas Militares, luego se habilitaron procedimientos contra otros represores. Después se obturó el paso con el Punto Final, la Obediencia Debida y los indultos. La coraza de impunidad se fue horadando merced a la tenacidad de las víctimas sobrevivientes, de los organismos de derechos humanos y de abogados tan valientes como creativos. También hubo dirigentes políticos a la altura. La frontera de las excepciones a la regla de impunidad se fue corriendo: a la persecución a los apropiadores de bebés, se sumaron los juicios por la verdad, algunas inconstitucionalidades. Cuando se repuso la justicia a pleno, coexistieron cientos de situaciones particulares, intrincadas, difíciles de regular de un plumazo.

Trajinar ese rompecabezas es una proeza democrática que impone condignos esfuerzos. Muchos jueces no cooperan, por obvias razones ideológicas. El 29 de agosto de 2007 este diario informó acerca de un informe de la Unidad fiscal de coordinación y seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos, dependiente de la Procuración General, que se elevó a la Corte. Era un minucioso (aunque parcial) inventario de las trabas impuestas por los tribunales al progreso de los juicios. Exceso de formalismo, las más livianas. Excusaciones sin basamento legal, alguna de las más graves. Cajoneo liso y llano, en múltiples casos. Impotencia por falta de recursos técnicos o humanos.

La Corte Suprema podía, entonces, no disponer de ese cúmulo de información, porque el Judicial no es un poder verticalizado. Pero lo recibió hace más de un año y no obró en consecuencia.

El Tribunal es la cabeza del Poder Judicial y le cabe garantizar el normal servicio de Justicia. La justicia tardía no es justicia, se reconoce siempre, pero no se cargan las pilas necesarias para evitar esa frustración. Una oficina ad-hoc se ha abierto, la dirige un letrado reconocido por sus calidades personales y técnicas, no tiene dotación de personal ni de recursos para cumplir con su cometido.

La facultad de Superintendencia es bien mirada, un deber. A la Corte le concierne un monitoreo del estado de los trámites, de la dedicación de los jueces. Y también podría aplicarse a pensar una ingeniería judicial que evitara el dispendio de trámites, su superposición y el calvario de testigos-víctimas que deben declarar “n” veces en cada caso y peregrinar por cien tribunales donde no abundan baños decorosos ni sillas para quienes no sean magistrados ni funcionarios.

Algún cortesano, por ejemplo Argibay, opina informalmente que esas acciones serían una injerencia indebida en las incumbencias de los jueces de rango inferior. No hay tal: la Corte incurriría en excesos si quisiera incidir en el contenido de las sentencias. Pero no si cumple con su obligación: garantizar que las causas concluyan en plazos sensatos.

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Bien arriba: La libertad de Astiz y Acosta conmociona a la sociedad. Son criminales poderosos, con redes sociales que los bancan. Es altamente factible que, sueltos, puedan entorpecer el avance de las causas o profugarse. Esas razones, las sospechas fundadas de que cometieron los delitos por lo que están acusados habilitan, según la jurisprudencia internacional más avanzada, a prolongar la prisión preventiva durante el proceso. La gravedad institucional fuerza a que sea la Corte Suprema la que dirima el entuerto.

Dos fiscales interpusieron sendos recursos extraordinarios en los expedientes que, en consonancia con lo que se viene diciendo, son un desperdigado montón. El Tribunal, que ha dictado fallos encomiables ampliando los márgenes de su competencia convencional (jubilaciones, Riachuelo, delegados gremiales) afronta un doble desafío: el primero es sentenciar con serena justicia los casos. El segundo, sólo por orden de enumeración, es encarnar su rol de autoridad del Estado, conducción de uno de sus poderes. Ser tan exigente puertas adentro como lo es con el Ejecutivo y el Parlamento. Poner manos a la obra, en vez de señalar para otro lado cuando de privación de justicia (por vía de dilación negligente o dolosa) se trata.

mwainfeld@pagina12.com.ar

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Dejan poderosa bomba con el nombre de un juez Faggionato Márquez, quien investiga la "ruta de la efedrina". 20-12-08


Edicion impresa pag. 42 » Policiales y Judiciales


Dejan poderosa bomba con el nombre de un juez

Fue contra Faggionato Márquez, quien investiga la "ruta de la efedrina". El explosivo quedo frente a la casa de una fiscal. El aparato destruyó la tolva.


BUENOS AIRES (DyN).
- El juez federal de Zárate-Campana, Federico Faggionato Márquez, a cargo de la causa que investiga una red de narcos mexicanos, recibió ayer una nueva intimidación, ya que dejaron un paquete a su nombre que contenía una bomba de trotyl frente a la casa de una fiscal del fuero. Faggionato Márquez dijo que no tiene miedo y que seguirá trabajando con todas sus causas como hasta ahora, y afirmó que "cuando uno tiene un nivel de eficiencia muy alto, empieza a molestar gente".
La colocación del artefacto fue alertada por una voz femenina que llamó al 911, por lo que expertos de la Brigada de Explosivos de la Policía Bonaerense la hicieron detonar y el estallido provocó daños en el frente de la vivienda. "Esto no es nuevo, evidentemente nuestro trabajo está perturbando a mucha gente", dijo a la prensa el magistrado, quien debe comparecer ante el Consejo de la Magistratura, donde fue denunciado por presunto mal desempeño.
El hecho se produjo el jueves, cuando dejaron un paquete a nombre de Faggionato Márquez frente a una casa de la calle Belgrano 220 y Donizetti, en la localidad de Campana, donde reside la fiscal federal Marisa de Virgilio, quien hasta hace dos años actuó como subrogante en el juzgado del magistrado.

"Una persona con voz femenina hace una llamada al 911 alertando que en una determinada ubicación de la ciudad de Campana había una bolsa para el juez Faggionato Márquez", refirió el magistrado que sigue la denominada ´ruta de la efedrina´. "La policía de la comisaría de Campana avisa al juzgado de este detalle y el juzgado ordena concurrir con la precauciones del caso" y la participación de personal de la Brigada de Explosivos, indicó el magistrado.

Explicó que se trataba de una "bolsa negra que no tenía mayor tamaño que el de una hamburguesa".

El explosivo fue colocado mediante un brazo mecánico dentro de una tolva en medio de la calle y los policías lo hicieron detonar. La explosión fue de tal magnitud que estalló la tolva, lo que provocó daños en los frentes de algunas casas, entre ellas la de la fiscal, y la caída de mampostería. Según los expertos, el paquete contenía aparentemente 100 gramos de trotyl.

El juez dijo que no podía sacar conclusiones de que la intimidación esté vinculada con la causa que lleva adelante por el desmantelamiento de un laboratorio donde se elaboraban metanfetaminas en base a efedrina, descubierto el 18 de julio pasado en una casaquinta de Ingeniero Maschwitz, por la cual hay más de una veintena de detenidos, varios de ellos mexicanos.

"Tengo tantas cuestiones investigando en el juzgado que cualquiera puede estar ofendido por lo que yo hago, más si lo hago bien", expresó.

Faggionato Márquez indicó que "no es la primera vez que recibimos amenazas", y recordó el intento de secuestro sufrido por su hijo mayor, de 17 años, ocurrido a mediados de año. "Todos tuvieron características criminales", dijo.

Insistió con que las intimidaciones podrían provenir de distintas causas que lleva adelante, no sólo por narcotráfico sino también por casos de contrabandos por cifras millonarias, entre ellos de plasmas y combustible. Al evaluar el por qué de la amenaza, el magistrado dijo a la prensa que "cuando uno tiene un nivel de eficiencia muy alto empieza a molestar gente". Y dijo que no estar atemorizado porque "el miedo lo tienen que tener los delincuentes que cometen el delito".

"Me vienen persiguiendo desde hace cuatro años por lo menos y estas persecuciones se han manifestado de todas formas", reveló el magistrado. Incluyó entre las intimidaciones a las "falsas denuncias que me hicieron en el Consejo de la Magistratura", en relación a cuestionamientos recibidos por varias causas en base a lo que llamó "calumnias e injurias" e "inventos".

"Corresponde a los organismos del Estado que se encarguen de esto, que tomen la debida atención porque no voy a dejar trabajar ni dejar de hacer lo que tengo que hacer", advirtió.
http://www.rionegro.com.ar/diario/2008/12/20/1229742193153.php

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Argentina: Bibiloni quiere que las mineras cuenten con fondos especiales ante los riesgos que causan 16-12-08


PRIMERA FUENTE

Pretende que las explotaciones mineras dispongan dinero para resolver los problemas que lleguen a causar. Aseguró que proteger a los recursos naturales "como si fuese en una caja de vidrio" causará problemas de subsistencia. Se avanzaría en la reglamentación de la Ley de Bosques. En tanto, el nuevo secretario de Medio Ambiente defendió el repudiado veto presidencial a la ley que protegía a los glaciares.El flamante secretario de Medio Ambiente de la Nación, Homero Bibiloni, expresó su deseo de que las empresas mineras cuenten con fondos de contingencias ante los riesgos que causa esta actividad productiva. En una nota otorgada al diario porteño Página 12, el titular de la cartera ambiental defendió la existencia de un capital por parte de las mineras "por si pasa algo. El dinero debe estar dispuesto para resolver el problema", afirmó.Para Bibiloni, mantener los recursos naturales "como si fuese en una caja de vidrio", representará un "gravísimo problema de subsistencia". "La Argentina necesita crecer en términos económicos, con inclusión social e incorporando la variable ambiental. Es un problema complejo, tanto a nivel de la minería como de la industria o de la frontera agropecuaria, y debemos encararlo en el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) y el Consejo Federal Agropecuario", añadió. Además, propuso la concreción de auditorías externas creíbles, ligadas al sistema científico.En la entrevista publicada ayer por Página 12, Bibiloni defendió el veto presidencial a la ley de protección de los glaciares debido a que esta "invadía una cuestión internacional con Chile". También sostuvo que la Constitución Nacional, en su artículo 41, y la Ley General de Ambiente, ya tipifican instrumentos de medición de impacto para evitar daños al ambiente, lo cual, a su criterio plantea una superposición de normativas.En cuanto a la demorada Ley de Bosques, el secretario de Medio Ambiente aseguró que este tema será abordado en la próxima reunión del Cofema y criticó la gestión de Picolotti por no haber impulsado la reglamentación de esta ley. "Su criterio (en referencia a la ex secretaria) era excesivamente centralizado: la intromisión federal en la gestión de los recursos naturales provinciales es inconstitucional, y alguna provincia podría haber obtenido una medida cautelar por tal motivo. Y la Ley de Bosques pone a las provincias prerrequisitos, como el reordenamiento de territorio y el inventario de fauna, que requieren reorganizar las áreas ambientales. Por lo demás hay una falsa creencia de que cuidar el ambiente es gratis. En rigor, los bosques, en las provincias, absorben el carbono generado por los grandes centros urbanos.
¿Quién les paga este servicio a las provincias? Tomemos el caso de Formosa, donde yo asesoré a la gobernación: tiene casi el 95 por ciento de su territorio virgen; si quieren preservarlo, ¿quién va a hacerse cargo?"En cuanto a las diferencias que habrá entre su gestión con la de Picolotti, el funcionario nacional sostuvo a Página 12 que se buscará recuperar el diálogo político institucional con las provincias, los municipios y dentro de su secretaría a la vez que se ejecutará en forma más activa el presupuesto asignado a su área. "Menos discurso y más acción: menos consultoría, menos viajes. Tenemos que revertir esto con gestión diaria, con solidaridad hacia el interior federal, con los municipios.Sobre situación en Gualeguaychú, donde continúa el corte de la ruta internacional en protesta por la contaminación atribuida a la empresa Botnia, Bibiloni aseguró que se acatará el fallo del Tribunal de La Haya y que piensa recibir en los próximos días a integrantes de la asamblea ambiental que mantienen la medida de fuerza contra la pastera.

http://www.argenpress.info/2008/12/argentina-bibiloni-quiere-que-las.html

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ABOGADAS QUERELLANTES EN EL JUICIO A REPRESORES DE LA ESCUELITA, DENUNCIADAS POR “VIOLACION DE SECRETO” 20-12-08



ABOGADAS QUERELLANTES EN EL JUICIO A REPRESORES DE LA ESCUELITA, DENUNCIADAS POR “VIOLACION DE SECRETO”


“Un ataque a todos los que luchamos”
El primer día del juicio, la Gendarmería le impidió el ingreso al padre del desaparecido Oscar Ragni.
Imagen: Télam
Ivana Dal Bianco y Romina Sckmunck están acusadas de “violar secretos de Estado”. “Lo que nosotros hicimos fue denunciar que los servicios de inteligencia del Estado siguieron investigando en gobiernos institucionales”, explicaron.

Desde Neuquén

Las abogadas neuquinas Ivana Dal Bianco y Romina Sckmunck están siendo investigadas por la Justicia de su provincia por haber revelado a la prensa información que tenía el rótulo de “secreto de Estado” y que se conoció como prueba en el juicio que, por delitos de lesa humanidad, condenó esta semana a ocho represores militares que actuaron en el campo de concentración La Escuelita de Neuquén. La documentación que hicieron conocer las querellantes, en representación del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), tiene información de los archivos que envió el propio Estado nacional sobre los seguimientos que hizo Inteligencia del Ejército y otros organismos estatales a estudiantes, políticos y militantes sociales de la región de Neuquén y Río Negro vinculados con el proceso que terminó esta semana. La causa contra Dal Bianco y Sckmunck está siendo investigada “de oficio” por el fiscal de primera instancia José María Darquier.

“Nosotras tomamos esto no solamente como un ataque en particular sino a todos los que luchamos contra la impunidad, ya que en realidad lo que nosotros hicimos fue denunciar que los servicios de Inteligencia del Estado siguieron investigando en gobiernos institucionales a las víctimas del genocidio. Además, decimos claramente que lejos de aportar datos y pruebas que permitan seguir investigando la responsabilidad de cientos de represores durante la dictadura militar que comenzó en marzo del ’76, quedó evidenciado que se continuó investigando a las víctimas hasta 1997, a casi 15 años de la vuelta de los gobiernos constitucionales al país”, dijo a Página/12 Ivana Dal Bianco. “En el juicio nos opusimos a que esa información fuera considerada de carácter reservada y secreta. Nos opusimos a ello y se lo dijimos al tribunal, porque en realidad lo que se está ocultando es una actividad ilegal del Estado”, agregó la abogada.

–¿Qué es lo que dice ese informe tan reservado y secreto que ustedes pidieron al Ministerio del Interior?

–El informe en concreto devela datos de persecución a diferentes compañeros y compañeras que fueron víctimas y cuyos casos fueron investigados en el juicio por La Escuelita. Esas informaciones comprenden el período del ‘83 al ‘97, las carreras políticas de cada uno de ellos y reuniones en las que han participado. Y estos datos son tanto con medios de inteligencia propios como por operaciones de prensa, que es lo que se hacía en la dictadura militar. Es decir que actuaron igual que en la época más negra de la historia argentina.

–¿Es verdad que en ese informe hay datos de Oscar Ragni, dirigente histórico por los Derechos Humanos de Neuquén y padre de Oscar Alfredo, quien fue el único de los 17 casos que se juzgaron en el juicio que aún está desaparecido?

–Es así. Allí se puede ver todo el historial de este militante actual de la Corriente por los Derechos Humanos de Neuquén y Río Negro y también un seguimiento de las Madres de Plaza de Mayo en cada una de las manifestaciones. Incluso están las consignas de las Marchas por la Resistencia que se llevaron a cabo en Neuquén. Si bien todo eso ha sido y es de público conocimiento, ellos lo han obtenido por medios que trabajan para la Secretaría de Inteligencia del Estado.

–¿Cómo toman el estar siendo investigadas por la Justicia a la cual pertenecen?

–Esto surge a partir del pedido de una de las defensas (de José O’ Reilly), el cual se hizo eco el fiscal Manuel Reyes Balboa, quien informó que ya el fiscal adjunto Darquier estaba investigando esta situación. Lo preocupante es que el tribunal (Orlando Coscia, Eugenio Krom y Oscar Albrieu), lejos de rechazar como lo hizo con decenas de pedidos que hemos hecho en el juicio por testigos que fueron partícipes de secuestros en tiempos de la dictadura, incluso cuando los propios abogados defensores, en sus alegatos, hicieron apología de la dictadura militar y del accionar del Ejército y otras fuerzas, nos mandan investigar a nosotras a través de un acta donde supuestamente nos notifican que esa información era sumamente reservada.

–¿Tienen algún temor por la investigación?

–El intento fue y es que tanto yo como Romina (Szcmunck) no sigamos denunciando la política de impunidad del gobierno e incluso el carácter de estos juicios, ya que nosotras consideramos que son totalmente desmembrados, donde se juzga solamente a algunos genocidas por algunos casos y no todos. Esto conforma causas que van en tramos, dilatando la cárcel común y la condena a todos los genocidas. Si tomamos un caso emblemático, el del represor (Raúl) Guglielminetti, él va a ser juzgado por tres casos nada más. Entonces, cuando uno ve estas cosas y las denuncia es evidente que alguna respuesta viene. Pero no van a lograr amedrentarnos.

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Cuba y la deuda 20-12-08


PANORAMA POLITICO

Cuba y la deuda

Por Luis Bruschtein

El Grupo de Río es un organismo de consulta de alto nivel cuya característica más destacada es que la integran los países de América latina y el Caribe y no está incluido Estados Unidos. Con la única, y por ello ominosa, ausencia de Cuba, el Grupo de Río no lograba desprenderse de una herencia de años de preponderancia de la diplomacia norteamericana sobre las decisiones de los demás países de la región. La famosa imagen del patio trasero de Washington. La incorporación de Cuba, esta semana, puso las cosas en el lugar que debían haber estado desde hace mucho y constituye un paso importante para terminar con el aislamiento impuesto a Cuba por Estados Unidos.

Cuando Cuba fue expulsada de la OEA en 1962, el único país latinoamericano que sostuvo relaciones diplomáticas normales fue México. En los últimos quince o veinte años esa situación se fue revirtiendo lentamente. Al punto que en la actualidad, Cuba tiene relaciones con todos los países, y sin embargo se la mantenía excluida del concierto institucional de la región. El presidente de Brasil fue el promotor de su incorporación al Grupo de Río y en su viaje a Cuba, Lula se había ofrecido también como mediador ante el gobierno norteamericano.

La integración de Cuba, una acción lógica, necesaria y natural, se convirtió en una especie de bomba por el grado de ridiculez y anacronismo que tiene la política norteamericana con relación a la isla.

Pero también es cierto que esta inclusión que aparece como una bofetada a Washington sucede cuando el país del Norte solamente tiene capacidad de respuesta para atender los monumentales líos en que lo metió el presidente George Bush, con una de las mayores crisis de la historia y dos guerras que no tienen salida.

Porque prácticamente en la misma semana que se proclamaba esta incorporación, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, anunciaba la moratoria de una parte importante de su deuda externa a la que declaraba “ilegal, ilegítima y corrupta”. En esa semana, el ministro de Política ecuatoriano, Ricardo Patiño, visitó la Casa Rosada en busca de apoyo para la decisión de su gobierno. El caso argentino era el antecedente más cercano de esa moratoria. No fue casualidad que las primeras condenas que surgieron en Estados Unidos contra Ecuador partieron del lobby de bonistas que no se incorporaron a la quita realizada por el gobierno de Néstor Kirchner.

La Task Force, o Grupo de Tareas, un nombre que se dieron estos lobbistas y que para los argentinos despierta recuerdos poco gratos, condenó duramente la moratoria de la deuda ecuatoriana en un comunicado que firmaron Robert Shapiro y Nancy Soderberg, los copresidentes del Grupo de Tareas, pronosticando consecuencias apocalípticas para la economía ecuatoriana y el cierre del crédito externo. La andanada contra los ecuatorianos no fue la única tarea del grupo esa semana, ya que ellos fueron los que fogonearon la decisión del juez Thomas Griessa, de la Corte del distrito Sur de Manhattan, que congeló 553 millones de dólares de las AFJP argentinas.

Shapiro y Soderberg son dos personajes del jet set político y económico de Estados Unidos. El primero fue alto directivo de Monsanto y un conocido inversionista de Wall Street, en tanto que la ex embajadora Shapiro fue parte de la misión norteamericana ante las Naciones Unidas durante la última estapa del gobierno de Bill Clinton. Sobre todo Soderberg, por sus relaciones con el Partido Demócrata, ha tratado de interferir los contactos, primero de Hillary Clinton, cuando parecía que iba a ser la ganadora de las elecciones, y luego del presidente electo Barak Obama, con el gobiero argentino.

Shapiro y Soderberg aspiran ahora a representar a los tenedores de bonos ecuatorianos, aunque todavía falta la última parte de la historia, anunciada por el mismo Correa, quien dijo que en los próximos días presentará un “plan de reestructuración para que, en lugar de ir a complicados, engorrosos y tal vez dolorosos litigios, se busque una salida rápida a este tema.”

Un sector de la izquierda criticó a Néstor Kirchner por no haber elegido este mismo camino. La deuda externa local tiene la misma historia plagada de ilegalidades y corrupción que la deuda ecuatoriana, como lo demostró la investigación de Alejandro Olmos, cuyo hijo fue uno de los técnicos que auditó la deuda en Ecuador. Pero la situación era diferente, porque Argentina salía de un default por incapacidad de pago. Ecuador estaba en otra situación, no defolteó su deuda y no salía de una crisis tan profunda como la de Argentina, por lo que le hubiera resultado más difícil defender su no capacidad de pago.

Entre las dos opciones, resulta más justo declarar ilegal y corrupta a la deuda, porque de esa manera se pone de manifiesto que el que está en falta es el acreedor y no el pagador, que ha sido esquilmado a lo largo de años, durante los cuales ha llegado a pagar varias veces el monto adeudado. No pagar por incapacidad de pago, como se resolvió con la deuda argentina, pone la falta del lado del que fue esquilmado.

Los bonos Global 2012, cuyos pagos suspendió Correa, involucran unos tres mil millones de dólares y el total de la deuda ecuatoriana pasa un poco los diez mil millones. O sea que esta moratoria suma un 30 por ciento del total. Hay un cálculo de que esta medida podría llegar al 40 por ciento del total. En Argentina nunca se calculó el porcentaje de la deuda que se hubiera podido declarar ilegal, pero las historias de las deudas de ambos países son bastante similares y tienen los mismos horrores. Lo paradójico es que en Argentina, la quita fue del 67 por ciento, mucho mayor que la planteada por Ecuador. Hay otros cálculos, pero incluso los más críticos no bajan del 50 por ciento del total, sobre valores nominales, descontando intereses acumulados desde el default, que igual hubieran tenido que ser pagados. O sea que con esa estrategia, Argentina pagó mucho menos de lo que hubiera pagado con la otra. Además, el mismo Correa aclaró la dificultad que deberá afrontar para probar en tribunales internacionales esa ilegalidad, y para sortearla ofreció una reestructuración negociada a los acreedores.

Esa problemática con la deuda aproximó a los gobiernos de los dos países, al punto que Correa, que ya prevé una fuerte ofensiva en su contra, viene proponiendo al ex presidente Néstor Kirchner –que ganó fama de ser un negociador difícil– como titular de Unasur. En el marco de los gobiernos progresistas surgidos en América latina se han ido definiendo dos grupos. Un ala más moderada o “neodesarrollista”, como la califican algunos, que integran los gobiernos de Brasil, Uruguay y Chile. Y otro grupo, integrado por Venezuela, Bolivia y, en menor medida, Ecuador, que plantean un tipo de socialismo en democracia, con participación importante del capital privado y tiene un discurso más confrontativo con Estados Unidos. Para el contexto internacional, el gobierno argentino forma parte de ese conglomerado progresista, aunque se lo juzga más heterodoxo que el ala moderada, tampoco se lo embloca con el ala más radical. La propuesta de Ecuador buscaba también un candidato en Unasur que funcionara como articulador entre los dos grupos, una posición intermedia. El gobierno argentino ha mediado más de una vez entre Bolivia y Brasil y Venezuela y Brasil. En ese punto, el gobierno de Tabaré Vázquez, al que dos años atrás se le negó la posibilidad de seguir perteneciendo al Mercosur si firmaba un Tratado de Libre Comercio con Washington, bloqueó la propuesta ecuatoriana con el argumento del conflicto por Botnia. Los gobiernos de Colombia y Perú, de Alvaro Uribe y Alan García (ausentes esta semana en las Cumbres en Brasil), coinciden por lo bajo con Tabaré, pero sin levantar la voz, ya que su situación no es muy favorable porque son reconocidos como los más influenciables por Washington.

La decisión de Correa desató el debate sobre la deuda. Los presidentes Evo Morales, Fernando Lugo y Chávez declararon que había que auditar todas las deudas. La consigna más dura del no pago, que hasta ahora nunca ha sido practicada por ningún gobierno, ha quedado en desuso, pero Evo afirmó que todas las deudas contraídas por dictaduras o gobiernos neoliberales tendrían que ser auditadas, menos las deudas bilaterales con fines sociales. Chávez que, al igual que Argentina, pagó toda su deuda con el FMI para terminar con los controles, apoyó la idea de la auditoría junto con Lugo.

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La lucha por la memoria en la experiencia peruana post conflicto 29-10-08

Francisco Soberón G.*
La lucha por la memoria en la experiencia peruana post conflicto


Miércoles 29 de octubre de 2008, por Revista Pueblos


En el Perú vivimos un conflicto de veinte años con miles de víctimas que sufrieron violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos (desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas, masacres colectivas). El Informe de la Comisión de la Verdad, cuya publicación de conclusiones y recomendaciones recordamos este 28 de agosto en su V Aniversario, significó un punto de quiebre frente a la "historia oficial" del fujimorismo y su balance de veinte años de la violencia política. La teoría de los excesos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, que pretendió imponernos, fue desvirtuada por la Comisión de la Verdad, que sostuvo que se produjeron en determinados períodos de tiempo y en diversas zonas geográficas violaciones sistemáticas y generalizadas de Derechos Humanos, como sostuvimos desde un comienzo las organizaciones.
Los procesos de justicia transicional como el que vivimos en Perú se caracterizan por cuatro elementos fundamentales:
En primer lugar, la verdad, que permite reconstruir los hechos del pasado. Esta es una tarea permanente, que va más allá de las valiosas contribuciones de la Comisión de la Verdad y sus dos años de trabajo. Hay víctimas sobrevivientes, familiares y testigos que por temor no contaron su verdad y recién empiezan a sacudirse de sus miedos.
En segundo término la justicia, negada durante veinte años, con mecanismos de impunidad, como la justicia militar, la inacción de la justicia común y las leyes de amnistía que se dieron durante el régimen dictatorial de Fujimori. En los últimos años se ha revertido con limitaciones esta tendencia, se han logrado importantes sentencias en el sistema interamericano (Barrios Altos, La Cantuta, Gómez Palomino, Bernabé Baldeón, Saúl Cantoral y Consuelo García) por mencionar algunos casos. En la justicia interna, sentencias confirmadas por la Corte Suprema como la de los comuneros de Chuschi y recientemente el caso de la desaparición de Ernesto Castillo Páez…
En tercer lugar, la reparación integral del daño producido por la violencia política. En este aspecto se ha avanzado parcialmente al iniciarse un proceso de reparaciones colectivas a algunas comunidades campesinas de los Andes y centros poblados y comunidades nativas de la selva central. Son cerca de 900 comunidades las que deben ser reparadas hasta este 2008, pero el proceso tiene limitaciones y dificultades en establecer el carácter reparador de los proyectos aprobados a estas comunidades. Para iniciar las reparaciones individuales, el Consejo de Reparaciones, encargado de establecer el Registro Único de Víctimas, ha avanzado en certificar 9.000 víctimas, quedando pendiente establecer los montos de la reparación económica y mejorar las modalidades de reparaciones en salud y educación.
La memoria colectiva e histórica es el cuarto elemento fundamental de este proceso. Significa establecer la forma en que una comunidad o grupo recuerda su pasado y busca proporcionar una explicación al presente. Debe buscar proyectarse al futuro, para evitar que hechos que se produjeron en el pasado y causaron daño no se repitan más. Debe ser una oportunidad para que el Estado y la sociedad dignifiquen a las víctimas. Debe ser un proceso en el que confluyan la historia y la memoria de las personas, debemos garantizar que las diferentes memorias dialoguen entre sí.
Avances
Los conceptos de memoria histórica y colectiva empezaron a ser usados por el Movimiento de Derechos Humanos en el Perú desde mediados de 1980, en el marco del desarrollo en la región de estos temas, principalmente en Argentina y Chile. A partir de 1996, en el marco de la presentación de la publicación De la tierra brotó la Verdad, crimen e impunidad en el caso de La Cantuta, Aprodeh da a conocer las experiencias de las Comisiones de la Verdad existentes en otros países y empezamos a exigir la creación de una para el país. El movimiento de Derechos Humanos y las organizaciones de familiares empiezan a introducirlas en sus demandas.
Estos debates sobre la memoria histórica y colectiva han involucrado a diversos actores de la sociedad, no sólo a los activistas de DDHH y ex miembros de la CVR, también intelectuales, artistas plásticos, líderes sociales representantes de las iglesias, defendiendo todos una posición a favor de la verdad, justicia, reparación y memoria. Durante los trabajos de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, las audiencias públicas, que permitieron escuchar a los que no tuvieron voz, fueron un importante instrumento de verdad y memoria. Las celebraciones anuales de la entrega del Informe Final de la CVR son una oportunidad para hacer un balance del estado de implementación del conjunto de las recomendaciones. La muestra fotográfica Yuyanapaq, actualmente expuesta en el Museo de la Nación y esperamos en un futuro próximo ubicada definitivamente en la Alameda de la Memoria, junto con el Ojo que Llora, el primer gran sitio de Memoria en Lima, deben convertirse en referentes fundamentales de este proceso.
Otra referencia emblemática son los museos de la memoria, construidos por los familiares de desaparecidos de Ayacucho y su organización ANFASEP (Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados Desaparecidos). También está el Memorial de La Cantuta, ubicado en la Universidad Enrique Guzmán y Valle, en honor de los estudiantes y el profesor de dicha casa de estudios, asesinados en 1992.
A los memoriales y sitios de memoria hay que añadir nuevas iniciativas que surgen desde las organizaciones de familiares. A raíz de las investigaciones de la Fiscalía de Ayacucho a partir del año 2005 se inician las exhumaciones en el sector de La Hoyada adyacente al Cuartel de Los Cabitos en Huamanga, como resultado se hallaron inicialmente 15 cuerpos completos y restos de otras víctimas. En los años siguientes hasta 2008 se hallaron 19 nuevos restos óseos completos y restos de otras 47 personas. Así, en conjunto, tendríamos a la fecha 81 restos humanos. Los trabajos de exhumación, laboratorio, exhibición de prendas y pruebas de ADN deben continuar. Estos restos corresponderían a desaparecidos de los años 1983 a 1985; esta situación ha llevado a los familiares de desaparecidos de Ayacucho a demandar que el Cuartel Los Cabitos y zonas adyacentes se conviertan en Santuario por la Memoria. Similar pedido acaba de surgir en las últimas semanas ante el hallazgo de las fosas de Putis en el distrito de Santillana, provincia de Huanta en Ayacucho, donde a la fecha se han encontrado restos humanos de 64 personas. Estos espacios deben invitar a la población a reflexionar sobre lo sucedido en los 20 años de violencia política en el país, a tomar conciencia sobre lo ocurrido, a fin de evitar que la historia se repita y alentar la forja de una sociedad y cultura de Paz con pleno respeto a los Derechos Humanos Integrales. Para los familiares de las víctimas estos lugares se convierten en lugares sagrados, de peregrinación, de homenaje a sus seres queridos. Acuden a estos memoriales en fechas especiales, como el aniversario de su nacimiento, el día de los muertos, etc.
Debemos destacar que estas iniciativas provienen por ahora de la sociedad civil, con el apoyo limitado de algunos gobiernos locales y regionales. Una experiencia reciente que debemos alentar es la creación hace pocas semanas de la Asociación Caminos de la Memoria, constituida por artistas, intelectuales y activistas de Derechos Humanos, cuyos objetivos principales son:
• Promover la apropiación por los familiares del Ojo que Llora y desarrollar el Proyecto de la Alameda de la Memoria, impulsando el reconocimiento por parte de los vecinos del distrito de Jesús María.
• Desarrollar la visibilización del Memorial mediante estrategias de comunicación y publicaciones especializadas, promoviendo actividades culturales dirigidas a adultos, niños y jóvenes.
• Promover espacios de capacitación y reflexión sobre el conflicto interno y una cultura de Derechos Humanos.
• Promover la investigación sobre temas de memoria, sobre la situación actual de los sitios de memoria existentes en el país y sus necesidades a fin de establecer mecanismos de apoyo. Esperamos que la cooperación internacional también pueda asumir un compromiso con estos esfuerzos.
*Francisco Soberón G. es director de APRODEH (Asociación Pro Derechos Humanos del Perú). Este artículo ha sido publicado originalmente en la versión impresa de la
Revista Pueblos número 34, Septiembre de 2008.

http://www.revistapueblos.org/spip.php?article1270

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FAYT RESPONSABILIZO AL CONGRESO, LA OPOSICION AL OFICIALISMO Y LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS A LA JUSTICIA 20-12-08

FAYT RESPONSABILIZO AL CONGRESO, LA OPOSICION AL OFICIALISMO Y LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS A LA JUSTICIA

Los tiempos lentos para juzgar genocidas
El fallo que decretó la libertad de los represores levantó una dura polémica, en la que intervinieron desde la Presidenta hasta el magistrado de la Corte Carlos Fayt, así como legisladores y organismos de derechos humanos.

La decisión de la Cámara de Casación de liberar a veinte represores y las duras críticas a la Justicia por parte de la presidenta Cristina Kirchner provocaron una fuerte polémica, en la que intervino el magistrado de la Corte Carlos Fayt, quien responsabilizó al Congreso por no haber legislado formas procesales más rápidas. Asimismo, legisladores, oficialistas y opositores, juristas, funcionarios y organismos de derechos humanos cruzaron responsabilidades y culpas, pero todos pusieron de manifiesto los problemas concretos para juzgar a los represores de la dictadura aún después de treinta años. En el marco de esta polémica, el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Duhalde, anunció que pedirá el juicio político de los jueces de la Cámara de Casación y que planteará un jury a integrantes del Tribunal Oral 5 por mal desempeño en sus funciones (ver aparte).

En declaraciones radiales, Fayt aseveró que “no es culpa de la Justicia” la excarcelación de los represores, “es culpa del Congreso, que no ha dictado las normas procesales que permitan avanzar con los 800 juicios que hay parados, ese es el problema, vayan y ocúpense de eso”. Molesto por las declaraciones de la Presidenta, Fayt advirtió también que “el país no puede intranquilizarse, porque lo único seguro es que esta gente está detenida y sigue detenida”.

Desde el Congreso, el titular de la bancada oficialista de Diputados, Agustín Rossi, rechazó los reclamos de Fayt y recordó que “este año se dio sanción a cinco proyectos que fueron enviados por el Poder Ejecutivo cuyo objetivo es agilizar la totalidad de los juicios penales y, fundamentalmente, las causas en trámite por violaciones a los derechos humanos y terrorismo de Estado”.

Rossi señaló que el Poder Ejecutivo envió estas iniciativas al comprobarse que de las 922 personas implicadas por los denominados juicios de la verdad, sólo 14 fueron condenadas (9 después de la declaración de nulidad e inconstitucionalidad de las leyes de impunidad), 281 se encuentran procesadas con prisión preventiva, 77 procesadas sin prisión preventiva. Agregó que 44 están prófugos, 51 han obtenido el dictado de falta de mérito, 9 han sido sobreseídos, 140 han fallecido y 5 se encuentran incapacitados.

El legislador hizo una reseña de los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo sobre este tema, que incluyen desde puntos concretos para acelerar las causas y disminuir los tiempos de instrucción, evitando demoras por falta de recursos o lentitud en el reemplazo de jueces, así como el ofrecimiento de recompensas.

Desde el radicalismo, el ex camarista Ricardo Gil Lavedra, que condenó a las juntas militares en 1985, defendió la decisión del tribunal de Casación “por estar ajustada a derecho y en sintonía con las convenciones internacionales”. Gil Lavedra acusó al Gobierno de “no tomar en serio” los juicios al no tener una política para concretarlos. También recordó que el oficialismo rechazó los proyectos que había presentado para acelerar los juicios. La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, coincidió con Gil Lavedra y acusó al kirchnerismo de “oponerse siempre a cambiar los pasos procesales para agilizar las causas penales”.

Un documento firmado por el CELS, Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. y la Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, que este diario citó ayer, advirtió que “ni los jueces de instrucción ni los fiscales, salvando contadas excepciones, han mostrado pericia y agilidad en las investigaciones de los casos, por lo que éstas se han prolongado en forma irrazonable”. Los organismos de derechos humanos aseguran que el fallo de Casación “es posible porque las distintas instancias de la Justicia han demorado en forma injustificada los procesos, dilatando la posibilidad de alcanzar la instancia de los juicios orales y públicos”.

En ese sentido fustigaron que el fallo se conociera “el mismo día en el que la Iglesia de la Santa Cruz fue declarada monumento histórico y la ex Plaza de Armas de la ex ESMA cambia su nombre por el de Declaración Universal de los Derechos Humanos”.

El abogado argentino Carlos Slepoy, que tramita causas de derechos humanos ante los tribunales españoles, coincidió en las críticas al Congreso, pero también incluyó a la Corte, comparando lo realizado por su igual chilena. “Debería haber una reforma ah hoc para este tipo de situación por parte del Congreso –planteó–, pero no obsta para que la Corte Suprema pueda dictar directivas para aligerar los procedimientos.”

Por su parte, el presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Jorge Rizzo, coincidió en que la libertad de los represores es “una vergüenza para los argentinos”, pero Rizzo señaló que en torno de las excarcelaciones hay “responsabilidades compartidas tanto de la Justicia como de los legisladores y también de los abogados que utilizamos todas las tácticas para ir demorando los pleitos”.

La diputada kirchnerista Patricia Vaca Narvaja reivindicó lo legislado en el Congreso, pero también apuntó a un ámbito muy cuestionado: “Es evidente –afirmó– que en el sistema judicial perviven estructuras que se resisten a la demanda, avalada por una explícita mayoría social, de escrutar nuestro pasado con verdad y justicia”.

El saldo de este cruce de posiciones muestra a una situación con responsabilidades compartidas, aunque hay responsabilidades mayores que otras y sólo basta comparar los tiempos que demoraron los juicios a represores argentinos en el exterior, ajustados a la ley y a los convenios internacionales, que fueron rápidos y expeditivos.

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Entregaron el premio Mignone

El canciller Jorge Taiana distinguió ayer a la Comisión Colombiana de Juristas, encabezada por su director Gustavo Gallón, con el Premio Internacional de Derechos Humanos Emilio F. Mignone. Este premio se instituyó en 2007 por impulso de la Cancillería argentina y tiene como objetivo manifestar el reconocimiento del país a instituciones que se han destacado en la promoción y protección de los derechos humanos. Emilio Mignone fue uno de los fundadores del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en 1979. Taiana dijo que Mignone y Gallón tienen como cualidades en común, “la labor y el compromiso, la firmeza por los principios y la capacidad práctica para enfrentar los problemas”. Gallón agradeció el premio, realizó un repaso de la labor del organismo que encabeza y elogió la política de Argentina en materia de derechos humanos. La Comisión Colombiana de Juristas es una destacada ONG con estatus consultivo ante la ONU y es filial de la Comisión Internacional de Juristas, con sede en Ginebra.
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DUHALDE PEDIRA EL JUICIO POLITICO DE LOS JUECES

La Cámara de Casación en la picota

En conferencia de prensa y acompañado por organismos de derechos humanos, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Duhalde, anunció que solicitará el juicio político para los magistrados que dictaron la libertad de 17 represores que actuaron en la ESMA, que planteará un recurso extraordinario ante la Corte y que pedirá a la Magistratura que realice un jury a los integrantes del Tribunal Oral 5 de esta ciudad.
La decisión involucra a los jueces subrogantes de la Sala II de la Cámara de Casación, Guillermo Yacobucci y Luis María García, quienes dictaron la libertad para 17 ex marinos, entre ellos Alfredo Astiz y Jorge “El Tigre” Acosta, en una causa en la que el juez Sergio Torres investiga delitos cometidos en la ESMA y en la que la Secretaría es parte querellante.”Los magistrados no fueron conmovidos por el hecho de que esos 17 individuos están imputados de ser autores fundamentales de los homicidios agravados y detención y desapariciones masivas llevadas adelante por el grupo de tareas de la ESMA”, declaró Duhalde.
También, la Secretaría pedirá al Consejo de la Magistratura el jury de enjuiciamiento a los miembros del Tribunal Oral 5, Guillermo Gordo, Daniel Obligado y Ricardo Farías “por mal desempeño de sus funciones”. Duhalde responsabilizó a ese tribunal por el “retardo de justicia” que llevó a que todavía no se hayan realizado los juicios, y, como ejemplo, mencionó que uno de los tramos de la causa ESMA se elevó a proceso oral en noviembre del 2007, pero no se fijó fecha de audiencia.
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