domingo, 26 de julio de 2009

Fallo contra Celco Valdivia reactiva querellas criminales-23-07-09


Jueves 23 de julio de 2009

Por Antonio Valencia / La Nación


Fallo contra Celco Valdivia reactiva querellas criminales



La Planta Valdivia de Celulosa Arauco, tras cuatro años de litigio, deberá pagar por contaminar las aguas del río Cruces.

El fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, que tras cuatro años de litigio confirmóFallo contra Celco Valdivia reactiva querellas criminales" las multas por más de 250 millones de pesos aplicadas por la Superintendencia de Servicios Sanitarios a la Planta Valdivia de Celulosa Arauco permitirá "reactivar las querellas criminales contra ejecutivos de la empresa por su responsabilidad en la contaminación de las aguas del río Cruces y la muerte de los cisnes de cuello negro", sostuvo ayer José Araya, vocero del movimiento Acción por los Cisnes.
Añadió que la resolución judicial de segunda instancia establece un relevante antecedente jurídico que establece la causalidad entre los residuos industriales vertidos por encima de la norma y la responsabilidad en la contaminación de las aguas.
"Este fallo es una contribución muy concreta que restablece la relación causal y temporal que nos permitirá pedir nuevas diligencias, permitiendo continuar el juicio por daño ambiental que sigue el CDE", afirmó.
En tanto, la ONG ambientalista Terram valoró el fallo pues, acota Paola Vasconi, "es muy claro al pronunciarse sobre el rol de los organismos fiscalizadores. Nos parece bien que, en este reciente fallo y en el caso Campiche, las cortes revisen más el fondo que las formas, sin quedarse en asuntos administrativos", dijo.
Sara Larraín, de Chile Sustentable, sostuvo que el fallo "es un importante espaldarazo a los servicios públicos en el resguardo de la normativa sectorial de relevancia ambiental, que muchas veces ha sido puesta en riesgo, debido a la ‘influencia política’ de los intendentes y las coremas", dijo. Añadió que se "reafirma la relevancia de la nornativa ambiental vigente, y distingue su diferencia y autonomía con respecto a las resoluciones administrativas particulares, estableciendo su jerarquía jurídica", dijo.



EL MINISTRO DE MACRI:LOS NEXOS MONTENEGRO-PALACIOS-KANOORE EDUL 26-07-09


LOS NEXOS MONTENEGRO-PALACIOS-KANOORE EDUL

Hilando fino

El ministro de Macri, Guillermo Montenegro, contrató con Kanoore Edul la provisión de uniformes para las Fuerzas de Seguridad. Montenegro es el principal defensor del comisario Palacios, quien está al borde del procesamiento por haber avisado de un allanamiento a Kanoore Edul en la causa AMIA, anulada por la sucesión de irregularidades. Una de ellas: en el despacho de Montenegro se filmaba en forma clandestina a los testigos.


Por Horacio Verbitsky

Por dos resoluciones del ministro de Justicia y Seguridad Guillermo Montenegro, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adquirió uniformes para sus fuerzas de seguridad a dos empresas de los hermanos Alicia y Alberto Kanoore Edul. Montenegro es el principal sostenedor del comisario Jorge “Fino” Palacios como jefe de la policía metropolitana, a pesar de los reclamos de familiares de las víctimas del atentado a la asociación mutual judía de Buenos Aires y de organismos defensores de los derechos humanos. Palacios trabajó junto con Montenegro en algunas partes de la investigación por la voladura del edificio de la DAIA y la AMIA de la calle Pasteur al 600, en julio de 1994, que fueron señaladas como irregulares por la Corte Suprema de Justicia, como el maltrato y la coacción a algunos testigos y sus filmaciones clandestinas. Palacios estaba a cargo de la Unidad Antiterrorista de la Policía Federal y Montenegro era fiscal. Los Kanoore Edul son empresarios textiles y las contrataciones de Montenegro se realizaron sin seguir los procedimientos legales. ¿Para cuándo el regreso de Carlos, Munir, Emir y Amira?
Teléfonos
En la causa AMIA el fiscal Alberto Nisman solicitó que Palacios fuera procesado por encubrimiento dado que los policías a sus órdenes que debían allanar el domicilio de Kanoore Edul se estacionaron allí a las 8 de la mañana, tres horas después hubo dos llamadas de un teléfono de Palacios a dos de Kanoore Edul y el allanamiento recién se inició después de las cinco de la tarde. Luego de esos llamados, las escuchas judiciales mostraron que los ocupantes de la casa sabían que se preparaba el allanamiento y que recurrieron al gobierno del entonces presidente Carlos Menem para impedirlo. Palacios dijo que el llamado de un oficial de su unidad sólo buscaba confirmar que Kanoore estuviera en la casa. También se lo acusa por la desaparición de 66 casetes y sus transcripciones, entre ellos los que corresponden a las escuchas a Kanoore Edul. El abuelo de Kanoore Edul es originario del mismo pueblo sirio de los padres del ex presidente Carlos Menem. En cuanto se produjo el atentado fueron objeto de investigación, pero según el fiscal Nisman todo se detuvo cuando el hermano presidencial Munir Menem solicitó que no fueran molestados. La fuente de esa información es un ex colaborador del destituido juez Juan José Galeano. Carlos Menem negó esa intervención al ser indagado por el juez Ariel Lijo este año. Esta es la denominada “pista siria” de la investigación, aunque tanto Alberto como Alicia son argentinos nativos de segunda generación. De acuerdo con Lijo, esa línea se abandonó a partir del 1 de agosto de 1994, cuando el padre de Kanoore Edul visitó la casa de gobierno.
Los uniformes
El Boletín Oficial Nº 2955 incluye la resolución 352 sobre compra de uniformes para el personal del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, firmada por Montenegro el 30 de abril de 2008. Invocando el carácter de imprescindible y urgente de esa adquisición, el ministro dispuso omitir los procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del Estado. Así dispuso en forma directa la compra de uniformes por 97.104 pesos a Texticorp, empresa en la que figura como titular Alicia Z. K. Edul. Al mes siguiente, la resolución 432, del 30 de mayo de 2008, le adjudicó otros 800 sweaters por 61.600 pesos, ya que otra empresa que había cotizado mejor precio que Texticorp informó que no podía proveer la mercadería. La K de Alicia Edul corresponde al apellido Kanoore, que con suma prudencia fue omitido en la resolución ministerial. Alicia es una de las hermanas de Alberto Jacinto Kanoore Edul. Pocos días antes Nisman había pedido la detención de Carlos y Munir Menem, de los ex jefes de la SIDE, Hugo Anzorreguy y Juan Carlos Anchezar, del ex juez Galeano y de Palacios por obstaculizar la investigación sobre Kanoore Edul. El Boletín Oficial 3092, del 9 de enero de este año, incluye la Resolución 1039, del 20 de noviembre de 2008, sobre la adquisición de uniformes para el personal de las direcciones generales de Guardia de Auxilio y Emergencias, de Logística y Defensa Civil y del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte. En este caso se adjudicó la contratación por 417.754,95 pesos a la firma Kanoore Edul Alberto. Más de medio millón de pesos por contratación directa y en un caso ocultando el apellido.
La defensa
Hace cinco años, en un extenso trabajo de impugnación a los cargos contra Kanoore Edul, Alejandro Olmos Gaona, hijo del fallecido Alejandro Olmos, el militante nacionalista que denunció la ilegalidad de la deuda externa, recapituló los datos en contra del comerciante, porque los hijos de ambos fueron compañeros en el Colegio del Salvador. Salvo paréntesis, aquí se sigue su relato. Los domicilios de Kanoore Edul en la calle Constitución 2745, 2633 y 2695 fueron allanados el 31 de julio de 1994 por el Departamento Protección del Orden Constitucional, que también detuvo a Alberto. El procedimiento fue ordenado porque desde un teléfono celular de la firma Aliantex SRL, con domicilio legal en Constitución 2695 y cuyo socio gerente era Kanoore, se hizo un llamado a Carlos Telleldin. Además Aliantex estaba a 70 metros del terreno de la calle Constitución 2657, en el cual la empresa Volquetes Santa Rita dejó un contenedor similar al que acababa de descargar en la sede de la AMIA, momentos antes de la explosión. En la agenda telefónica secuestrada en el allanamiento figuraba la anotación “Youseff Surami-Mezquita/Rabbani”. En su declaración indagatoria del 16 de febrero de 2000, Kanoore Edul dijo que no conocía al diplomático iraní Rabbani ni había estado nunca en la mezquita de la calle San Nicolás. También negó toda vinculación con la empresa de volquetes. Tres funcionarios municipales declararon que ellos habían pedido el servicio de volquetes para la limpieza de ese terreno. Kanoore Edul reconoció que había efectuado numerosas llamadas, una de ellas al domicilio de Telleldin, porque estaba buscando una camioneta Trafic para su empresa y había visto una en oferta en el diario Clarín. Pero negó conocer a Telleldin y haber visitado su domicilio. (Antes había declarado que la llamada la hizo su chofer, quien citado por la justicia lo negó y demostró que la comunicación se produjo un día feriado en el que no trabajó.)
Nada por aquí
De acuerdo con el relato de Olmos Gaona, Palacios informó al juez que según el sistema Fulcrund Find “del entrecruzamiento de los abonados Alberto J. Kanoore Edul, con Carlos A. Telleldin y Eduardo Telleldin, no surgía la existencia de ningún otro llamado, a excepción del registrado el día 10 de julio”. Palacios tampoco encontró nada llamativo en las conversaciones telefónicas de Kanoore con su primo, el policía bonaerense Víctor Chabán. Galeano volvió a indagar a Kanoore como imputado pero le dictó la falta de mérito, confirmada por la Cámara Federal. Olmos Gaona dice que el padre de Kanoore contribuyó para comprar el departamento que Menem ocupaba en la calle Cochabamba, como pied à terre en Buenos Aires cuando era gobernador de La Rioja, que la familia fue a saludarlo cuando asumió la presidencia y que le pidieron que agilizara un crédito que habían solicitado en el Banco Nación. Pero atribuye la sospecha de encubrimiento por parte de Menem a las afirmaciones de un arrepentido de la inteligencia iraní, cuya seriedad pone en duda. Añade que a raíz de la publicidad negativa recibida los Kanoore quebraron y perdieron todos sus bienes, lo cual sería prueba de su falta de vinculación con millonarios grupos fundamentalistas. También consigna que Alicia Kanoore Edul está casada con un primo de Monzer Al Kassar (hoy condenado a 30 años de cárcel en Estados Unidos por conspirar para matar a ciudadanos y militares estadounidenses) pero afirma que sólo hubo un contacto fugaz entre ambos. (Otro primo de Al Kassar, Mnawar Tarbuch, se casó con la prima de Menem, Amira Akil). La conclusión de Olmos Gaona es que el estallido se produjo por explosivos colocados dentro del edificio y que pudo ser parte de la misma lucha interna entre facciones israelíes que condujo al asesinato del ex premier Yitzhak Rabin. La misma línea de defensa-acusación sigue el abogado de Kanoore Edul en la causa, Juan Gabriel Labaké. El trabajo de Olmos Gaona es especialmente crítico con el responsable de contrainteligencia de la SIDE, Jaime Stiuso, a quien atribuye haber instalado la pista siria en torno de Kanoore Edul, sin elementos consistentes. Ese es también el argumento que esgrime en su defensa el comisario Palacios, cuya unidad antiterrorista compitió con el sector de la SIDE que conducía Stiusso, como se hizo evidente durante el juicio oral del Tribunal Federal 5.
Oscuros intereses
Alejandro Rúa tuvo a su cargo la oficina del ministerio de Justicia que revisó en forma crítica el expediente de la causa AMIA. A su juicio, tanto Palacios como el ministro Montenegro tuvieron su parte en las irregularidades para “satisfacer oscuros intereses de gobernantes inescrupulosos”, lo cual condujo a la confirmada nulidad de lo actuado. La Corte Suprema dijo que el juicio oral y público dejó en evidencia que los funcionarios policiales comandados por Palacios actuaron contra “las mínimas exigencias de seriedad que la actividad les impone guardar como representantes del Estado a cargo de la investigación de tan graves hechos”. Según el fallo del tribunal oral confirmado por la Cámara de Casación y por la Corte Suprema, el trato a los testigos contravino las disposiciones legales, mediante “el allanamiento de sus viviendas, detenciones y comparecencia esposados a la sede del juzgado”, luego de pasar por la Unidad Antiterrorista de Palacios.
Una mujer contó que la sacaron de su casa y la llevaron a declarar “como si yo fuera una presidiario”. Le tomaron las huellas digitales y le leyeron los derechos de los imputados, pese a que sólo era testigo, y luego de un largo aislamiento la llevaron a presencia de Palacios, quien la intimidó. Le dijo “depende de usted irse o quedarse, según lo que usted diga”. La mujer insistió en que no sabía nada y Palacios la derivó a dos oficiales interrogadores, antes de llevarla al juzgado, previo paso por un médico forense, completamente desnuda. “Me dieron trato de preso. Subo por las escaleritas esposada”. También le sacaron los cordones y aritos. “Yo no entendía por qué y me decían que era porque me podía ahorcar.” Todo eso “me llamó la atención” y “no me sentí como una testigo, porque creo que los testigos no van esposados a declarar”. Otra persona contó en el juicio oral que un testigo analfabeto “volvió aterrado” del juzgado de Galeano. Para intimidarlo, antes de declarar le dijeron que lo enviarían a la cárcel de Olmos. También le pegaron: “quise agarrar el sanguche y me pegaron un cachetazo”.
El Gulag
Para la Corte Suprema esas vejaciones sufridas por meros testigos pusieron en evidencia “el empleo abusivo de las herramientas que la ley establece para investigar delitos”, y que las escenas reseñadas “recuerdan a las vívidamente relatadas por Alexander Solzhenitsyn en su libro El Archipiélago de Gulag”. A ello se suma, concluye la sentencia, “la intimidación del comisario Palacios antes de su declaración”. La sentencia también menciona la “actividad indebida” de Palacios al interrogar a uno de los policías bonaerenses detenidos. Para la Cámara de Casación “el fin no puede justificar los medios empleados para llegar a un resultado en una investigación, por más dificultosa que ésta se presente”. Pese a ello, Guillermo Montenegro sostuvo en la legislatura porteña que Palacios era “el mejor jefe de Policía que puede tener la ciudad”. También reconoció su amistad con el ex fiscal José Barbaccia, quien está procesado por las irregularidades que llevaron a la nulidad del caso AMIA. Podría haberlo estado el propio Montenegro quien, en cambio, fue promovido a juez federal, cargo del que pidió licencia para asumir como ministro de Maurizio Macri. Rúa menciona el tramo de la sentencia del tribunal oral sobre el caso de Miriam Salinas, a quien Galeano amenazó con “graves imputaciones, incluso la participación por el atentado, para obtener declaraciones testimoniales incriminantes hacia otros encausados”. Luego de intimidarla, Galeano le propuso una “espuria negociación”: la desvincularía del proceso si incriminaba a otra persona. En otros casos, “la moneda de cambio ofrecida por el juez consistió en omitir, mediante el ocultamiento de pruebas de cargo que comprometían a quien negociaba, alguna evidente imputación”, y que “en todos los casos el magistrado instructor otorgaba, a quien aceptara ese oscuro pacto, la reserva de su identidad en la declaración que luego se utilizaría como prueba de cargo. De esta forma se excluía, fácilmente, el eventual contralor de las partes”.
Sonría
La Cámara de Apelaciones confirmó el procesamiento de Galeano, de Barbaccia y del también ex fiscal Eamon Mullen al acreditar “objetivamente la existencia de una clara presión” sobre Salinas, que en una semana pasó de imputada sobreseída a “testigo de identidad protegida en el mismo caso”. El tribunal afirmó que la mujer “fue coaccionada por Galeano” para que declarara como él quería. Estuvo tres días detenida, pero no en una unidad penitenciaria o de detención “sino sobre un colchón en el piso de la oficina judicial”. A la mañana declaró ante Barbaccia. El tribunal del juicio consignó que “las irregularidades evidenciadas no deben ser exclusivamente atribuidas al magistrado instructor y a los funcionarios intervinientes”, y que “la declaración de Miriam Salinas se recepcionó y filmó en la fiscalía del doctor Montenegro”, donde se encontraba instalado uno de los equipos permanentes de la SIDE para las filmaciones clandestinas. El 23 de octubre de 2008, Lijo careó a Galeano con su ex prosecretario Claudio Lifschitz. Acerca de las filmaciones que utilizaban para extorsionar, Galeano intentó rebatir que en su despacho hubiera una cámara fija. Lifschitz replicó que “las cámaras que estaban instaladas en la fiscalía del doctor Montenegro eran fijas” (foja 13.798 del expediente), es decir que no fueron colocadas para la ocasión. La Ciudad de Buenos Aires ya sabe lo que le espera con tal ministro y cual jefe de policía.


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Si hablamos de archivos

Por Horacio Verbitsky



Esta semana llegó al país el archivo del Arzobispado de San Pablo sobre los detenidos-desaparecidos en la Argentina. A través de uno de sus voceros extraoficiales, el presidente del Episcopado católico argentino, Jorge Mario Bergoglio, se atribuyó el mérito por la transferencia al Archivo Nacional de la Memoria de ese material que tres décadas después sigue señalando las omisiones de la Iglesia argentina. Para el vocero de Bergoglio “se trata de un aporte inédito de la Iglesia” a los derechos humanos. También participó la defensora del pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Alicia Pierini, quien en 2000 colaboró con Bergoglio en el intento de sustraer de la justicia los crímenes de la dictadura y diluirlos en una mesa de diálogo que también incluyera los atentados de las organizaciones guerrilleras clandestinas. El ex jefe del Ejército Ricardo Brinzoni reveló que Bergoglio había denominado a ese proyecto compartido Memoria Completa. El vocero episcopal insistió ahora que “el actual Episcopado cree que la memoria debe incluir una revisión de las acciones cometidas por las organizaciones terroristas”, la misma denominación que usó la dictadura.
Fue por la repugnancia del Episcopado argentino a comprometerse con los perseguidos que las denuncias derivaron a la principal diócesis brasileña, donde grupos de exiliados se habían puesto en contacto con el cardenal Paulo Evaristo Arns. En colaboración con el pastor presbiteriano Jaime Wright, el franciscano Arns realizó y publicó la más completa investigación sobre las torturas en su país, “Brasil: Nunca Mais”. En 1975 Arns organizó el mayor acto de oposición al gobierno de facto en ocasión del funeral que concelebró con Wright y con un rabino por el asesinato en la mesa de torturas del periodista Wladimir Herzog, por quien antes había intercedido ante el gobierno y el Ejército. En 1978, Arns aprovechó la visita del presidente de los Estados Unidos James Carter para publicar una solicitada de una página en la que detalló el historial militar de torturas y desapariciones. La presión de Arns contribuyó a que la dictadura dictara en 1979 una ley de amnistía. Una de sus cláusulas permitía que los abogados de los presos o exiliados retiraran los respectivos expedientes por 24 horas. Wright y Arns organizaron entonces un fantástico operativo en el que fotocopiaron el archivo entero, más de un millón de páginas, que guardaban en sedes rotativas que les proveía Arns. El cardenal le pidió ayuda a dos periodistas para redactar el informe y gestionó su publicación con la editorial católica más importante de Brasil, “Vozes”, que aceptó mantener la impresión en secreto. “Brasil: Nunca Mais” apareció de sorpresa en las librerías en julio de 1985 y se mantuvo en el primer puesto de la lista de best sellers durante 25 semanas. El trabajo incluyó los nombres de más de cuatro centenares de torturadores. En sus últimos años al frente del Arzobispado, Paulo Evaristo defendió a los teólogos de la liberación perseguidos por el Santo Oficio y junto con el presidente de la Conferencia Episcopal, Ivo Aloisio Lorscheider, acompañó al sacerdote Leonardo Boff a las audiencias del proceso incoado por el entonces cardenal Joseph Ratzinger. Bergoglio todavía sigue dando explicaciones sobre su rol en el secuestro de los jesuitas Orlando Yorio y Francisco Jalics, a quienes Emilio Mignone afirma que entregó.
Ante la indiferencia y aun la hostilidad del Episcopado argentino, que nunca recibió a los familiares de los detenidos-desaparecidos y llegó a cerrar las puertas de la Catedral en la cara de las Madres de Plaza de Mayo cuando la policía trataba de correrlas de la plaza, Arns recibió sus denuncias. La Conferencia Episcopal Argentina se negó a crear una Vicaría de la Solidaridad al estilo chileno y su presidente, Raúl Primatesta, contestaba las cartas que llegaban de todo el mundo con denuncias sobre la represión minimizando su gravedad y haciendo responsable de la situación a la guerrilla.
Venga conmigo a Roma y hable el asunto con el Papa, le sugirió Arns a Gabriel García Márquez, uno de quienes pidieron ayuda para los desaparecidos en la Argentina.
El propio cardenal solicitó la audiencia especial para el autor de Cien años de soledad. “En el aire inmóvil [del Vaticano] no se sentía Dios, como yo lo hubiera deseado, pero sí se sentía el poder de sus ministros”, escribió Gabo en sus memorias.
“El cardenal Arns me había dado una copia de la carta con que había solicitado la audiencia, y yo le rogué al Papa que la leyera, no sólo para acreditar mis títulos, sino porque allí había una síntesis compacta y convincente de mis propósitos en relación con unos diez mil desaparecidos en la Argentina. Aunque era una lectura dramática, no perdió ni un instante su buena sonrisa, y al final me devolvió la carta como si regresara de un viaje que conocía de sobra, y me dijo en un francés fluido:
Esto es idéntico a la Europa oriental.”
Cuando se proponía retomar su argumentación, García Márquez sintió que un botón metálico de su saco rodaba por el piso. “Me apresuré a recogerlo por temor de que él se me anticipara”. Nada de eso. “En ese mismo instante sonó el carillón de oro, y la audiencia terminó sin que yo tuviera ocasión de dar siquiera una réplica.” García Márquez recuerda que, “como lo decía la carta del cardenal Arns, lo único que le pedíamos al Papa era su bendición para la campaña. Pero las normas del Vaticano son inapelables, y la audiencia terminó sin una respuesta”.
La reverencia que aún concita la Iglesia Católica explica que el Archivo Nacional de la Memoria no haya solicitado en forma oficial al Episcopado que además del archivo paulista entregue una copia del propio, que el CELS le pidió en 2000 para recibir la inverosímil respuesta de que el Episcopado no tenía archivos, cuya falsedad pude comprobar cuando logré acceso subrepticio a ellos. El Archivo Nacional de la Memoria sólo hizo una gestión indirecta, que fue respondida con el mismo silencio que obtuvieron los pedidos desesperados de ayuda de las víctimas de la dictadura.


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EL DOCUMENTO SOBRE OPERACIONES SICOLOGICAS DEL EJERCITO OCCIDENTAL FASCISTA ARGENTINO - 26-07-09

EL DOCUMENTO SOBRE OPERACIONES SICOLOGICAS DEL EJERCITO


Un manual para represores


El texto establece como medios “ocultos” de acción psicológica la “tortura, el secuestro y el terrorismo”. La Cámara Federal ordenó reabrir una causa para investigar el contenido del reglamento, al que tuvo acceso Página/12.


Por Adriana Meyer

La dictadura en retirada barrió con todo tipo de pruebas del plan criminal que había ejecutado, pero en ciertos reglamentos militares dejó escrito parte de su sustento doctrinario y su metodología del terror. Uno de ellos, referido a las “operaciones psicológicas”, establece como medios “ocultos” de acción psicológica la “tortura, el secuestro y el terrorismo”. Documentos similares son parte de las causas por delitos de lesa humanidad cometidos por los sicarios del Estado, como el “Plan del Ejército, operaciones contra elementos subversivos”, que describe las acciones concretas para la toma del poder y habla de “aniquilar la subversión”. Pero hasta ahora no había aparecido una admisión tan clara de directivas basadas en acciones ilegales. Por eso la Justicia acaba de ordenar la reapertura de una causa para investigar el contenido “explícitamente delictivo” de este manual, que estuvo vigente hasta 1997.

Aunque parezca una paradoja, fue el defensor de un genocida quien puso el foco en el reglamento RC-5-1 del Ejército Argentino sobre Operaciones Sicológicas, dictado por el general Alejandro Lanusse el 8 de noviembre de 1968. Hace cuatro años, el abogado Florencio Varela, en representación del general retirado Santiago Riveros, quiso mostrar que su contenido daría legitimidad institucional al accionar de su defendido, con el absurdo argumento de que un simple reglamento militar es superior a la Constitución y a la legislación. A contramano de todas las herramientas legales que hicieron posible el juzgamiento de las violaciones a los derechos humanos, desde el Juicio a las Juntas hasta la anulación de los leyes de impunidad pasando por la incorporación de los tratados internacionales a la Constitución, Varela pretendió justificar aquellos crímenes en el marco de la aplicación de la denominada Doctrina de Seguridad Nacional. Dijo el letrado que “el secuestro, el terrorismo, la tortura, el sabotaje y la muerte eran, entre otras similares, acciones de guerra expresamente previstas en los reglamentos militares”. La línea de pensamiento es que las “acciones contra la subversión no fueron delitos de lesa humanidad sino que estaban en las tácticas militares de la contraguerrilla”.

El abogado Alberto Pedroncini, querellante en la causa sobre el Plan Cóndor en la que está imputado Riveros junto a otros represores, tomó contacto con la presentación de Varela y consideró que los reglamentos citados contenían la descripción de delitos de manera “explícita”. Por eso hizo una denuncia ante la Procuración que fue impulsada por el fiscal federal Federico Delgado y que recayó en el juzgado de Daniel Rafecas. Así, mediante un oficio al Ministerio de Defensa, obtuvo el texto autenticado y completo de los manuales en cuestión, en los que abundan instrucciones entre banales y terroríficas. Rafecas avanzó al principio con entusiasmo pero luego de tres años mandó el expediente al archivo porque no encontró conexión entre el manual y algún suceso que materializara sus directivas. Para el magistrado, la creación misma del reglamento no constituía delito penal. El fiscal Gerardo Pollicita apeló y el mismo criterio mantuvo el fiscal de Cámara Germán Moldes. A principios de julio, la sala I de la Cámara Federal porteña ordenó reabrir el caso.

Página/12 tuvo acceso al RC-5-1 sobre “Operaciones Sicológicas”, que en uno de sus párrafos describe el “método de acción compulsiva” como “toda acción que tienda a motivar conductas y actitudes por apelaciones instintivas, actuará sobre el instinto de conservación y demás tendencias básicas del hombre, lo inconsciente (sic). La presión insta por acción compulsiva apelando casi siempre al factor miedo. La presión sicológica engendrará angustia, la angustia masiva y generalizada podrá derivar en terror, y eso basta para tener al público (blanco) a merced de cualquier influencia posterior. La fuerza implicará la coacción y hasta la violencia mental (...) la fuerza y el vigor reemplazarán a los instrumentos de la razón. La técnica de los hechos físicos y los medios ocultos de acción sicológica transitarán por este método de acción compulsiva”.

Las 170 páginas del reglamento RC-5-1 reflejan la estructura de la cadena de mando prevista para las OS (Operaciones Sicológicas), divide las OS de las fuerzas terrestres en “operaciones de represión militar, de inteligencia y de asuntos civiles”, y establece que “las OS se dirigirán directamente contra el insurgente armado, contra los elementos que apoyen a los insurgentes y hacia la población civil”. En cuanto a la ejecución de las OS, sostiene que sus planes y programas “tratarán de crear la imagen de que el movimiento guerrillero ha penetrado en todos los niveles de la sociedad y del gobierno”. En cuanto a los “blancos” de las OS enumera: “elementos irregulares enemigos, elementos clandestinos, civiles que simpaticen con el movimiento subversivo, civiles que simpaticen con el gobierno legal, civiles no comprometidos, fuerzas militares legales y naciones que apoyen a las fuerzas irregulares”. Y en uno de los párrafos en que describe los medios y técnicas de las OS, señala que “las fuerzas militares legales podrán contribuir a aislar a las fuerzas irregulares enemigas, apelando a su función de protectores y guardianes de la paz. Las demostraciones en masa, el contacto personal entre soldados y pobladores civiles, la participación en deportes comunes y las reuniones de todo tipo contribuirán a crear fe en el gobierno legal y evitar el apoyo a los elementos irregulares. La tropa deberá estar perfectamente instruida a efectos de lograr un impacto sicológico positivo en la población”.

Los medios “ocultos”

En la última página del articulado el reglamento RC-5-1 divide los medios previstos y autorizados de acción psicológica en tres campos: naturales, técnicos y ocultos. Entre los dos primeros menciona el “cara a cara, agentes visuales y orales, actos públicos, altavoces, la radio y la televisión”, y en “ocultos” incluye “compulsión física: torturas de tercer grado. Compulsión síquica: anónimos, amenaza, chantaje, seguimiento físico, persecución, secuestros, calumnias, terrorismo, desmanes, sabotaje, toxicomanía, alcoholismo y drogas. Lavado de cerebro”.

Para Pedroncini, este reglamento “revela el perfil más perverso” de las instrucciones para la represión ilegal. Página/12 le preguntó en qué se diferencia de los manuales militares que ya se conocen, como las “Instrucciones para operaciones de seguridad” que establecía separar a los detenidos entre “hombres, mujeres y niños luego de su captura”, documento que integra el expediente sobre el plan sistemático de apropiación de menores. “Lo que hacen esas normas tramposas es legalizar el comienzo del procedimiento, darle una forma que permita cometer el delito sin decirlo, como la que habla de esos allanamientos en casas particulares y marcaba que había que separar a hombres, mujeres y niños, luego en el resto del reglamento aparecía como si esos grupos fueran tratados de acuerdo a la ley. En cambio acá no hay máscara”, respondió el letrado, y remarcó que por esa razón lo eligieron para hacer una denuncia específica que investigue el contenido explícitamente delictivo de este tipo de manuales. “Cuando Florencio Varela presentó su escrito en el expediente hizo una referencia más categórica a ese reglamento, era el que les justificaba más cosas, por eso decidimos zambullirnos en ése. Con el doctor (David) Baigún nunca antes habíamos visto nada tan explícito en cuanto a describir por su nombre a los delitos, como torturas de tercer grado, o una serie de acciones que derivan en delito, como la descripción del método de la acción compulsiva, que menciona que ‘la fuerza implicará coacción y hasta la violencia mental’”, agregó Pedroncini.

Reglamentar las atrocidades

La sentencia del Juicio a las Juntas Militares de 1984 mencionó la falta de constancias escritas de las órdenes criminales, al expresar que “no es de extrañar que del análisis de normas escritas que efectuara el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas resultaran todas formalmente inobjetables”. Sin embargo, militares de todas las épocas pusieron en blanco sobre negro muchas de las prácticas habituales que constituyen delito. “En la Escuela de las Américas enseñaban directamente cómo quebrar la voluntad del oponente con la tortura. Estos métodos están escritos. Estaquear al soldado está por escrito, le llaman calabozo de campaña”, dijo el coronel retirado Horacio Ballester, presidente del Centro de Militares para la Democracia (Cemida). “El plan del genocidio está estipulado en la Doctrina de Seguridad Nacional, bajo la tutela de Estados Unidos, y la prueba es que todas las dictaduras de la región hicieron lo mismo. Hoy mismo la acción psicológica sigue rigiendo en Honduras”, completó. Página/12 le preguntó sobre la tortura “de tercer grado” que menciona el reglamento RC–5-1. “Sería la más leve, si es que puede haber grados en esta atrocidad, como cuando (George) Bush decía que el submarino estaba permitido, o algunos países que avalan la tortura hablan de ‘leve descarga eléctrica’”, respondió Ballester. Y reveló una experiencia personal: “Yo estaba en el candelero y todavía estaba Lanusse en el poder, entonces hicieron circular que yo me había ido con una guerrillera, la llamaban a mi señora para decirle eso, estaban usando la calumnia”.

El abogado Pedroncini cree ver la impronta de la llamada Escuela Francesa en materia represiva, pero al coronel Ballester le parece que el reglamento en cuestión puede ser una traducción de algún manual norteamericano de la Escuela de las Américas. “Cuando me recibí, los oficiales no podían usar bigote y los solteros tenían que vivir en el cuartel. Hay reglas que fueron quedando a través de los siglos, que trajo San Martín, como los tribunales de honor; unas absurdas y otras atroces.” Con el objetivo de dar una respuesta concreta a las continuas demandas de la justicia sobre documentación referida a la represión ilegal, en marzo de 2000 el Ejército ordenó una intensa búsqueda que culminó con el hallazgo de varios manuales. Encontraron reglamentos sobre la “lucha contrainsurgente” que los propios militares definieron como “viejos manuales del terrorismo de Estado que son copias de los elaborados por Estados Unidos para combatir en Vietnam”. El hallazgo puso los pelos de punta a más de uno, por lo cual el entonces ministro de Defensa, Ricardo López Murphy, se apresuró a ponerlos en manos de la Justicia. El ex jefe del Ejército Martín Balza había acusado al represor Cristino Nicolaides de haber incinerado toda la documentación referida a la represión ilegal. El ex general replicó exigiendo que mostrara las actas de incineración, de modo que en enero de 2000 Balza comunicó en forma oficial que no existían más instructivos de los sicarios del Estado. Sin embargo, reglamentos cada vez más comprometedores siguen apareciendo.


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Grecia:honor mínimo- En memoria del WEYCHAFE chileno Mauricio Morales Duarte. 24-07-09- ¡¡MARICHI WEU!!


Mauricio Morales


"Armati e sii violento, meravigliosamente violento, fino a che tutto esploda. Ricorda che qualsiasi azione violenta contro questi promotori della disuguaglianza è pienamente giustificata da secoli d'infinita violenza alla quale siamo stati sottoposti... Armati e combatti il terrorismo, brucia, cospira, sabota e sii violento, meravigliosamente violento, naturalmente violento, liberamente violento"
"Trasformiamo il nostro dolore in rabbia e la nostra rabbia in polvere nera"


"Armate y sé violento, hermosamente violento, hasta que todo reviente. Porque recuerda que cualquier acción violenta contra estos promotores de la desigualdad, está plenamente justificada por los siglos de infinita violencia a la que nos han sometido. …Armate y combate el terrorismo, quema, conspira, sabotea y sé violento, hermosamente violento, naturalmente violento, libremente violento."
“Transformemos nuestro dolor en rabia y nuestra rabia en Pólvora”





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25 de Julio de 2009


En memoria de Mauricio Morales Duarte



El grupo radical con vínculos chilenos se adjudica atentado a embajada chilena en Grecia


El Gobierno solicitó información sobre este tema por medio de los canales formales a la embajada chilena en ese país, a pesar que los antecedentes son manejados con discreción por las autoridades. Además del atentado contra el consulado nacional en Grecia, otro a un banco y a la residencia de un almirante en retiro también fueron hechos en recuerdo al anarquista al que le explotó una bomba frente a la escuela de Gendarmería el 23 de mayo pasado.


Por EFE/El Mostrador


El grupo de radicales "Conspiración de Núcleos de Fuego" se responsabilizó del atentado con un artefacto explosivo contra el consulado honorario de Chile, en la ciudad norteña de Salónica, hace dos días.A través de un comunicado publicado en un ciberespacio del "blog indy.gr", el grupo, que se proclama de una postura "antipoder radical", justifican el atentado "como un gesto de honor mínimo..." en memoria del chileno Mauricio Morales Duarte.Morales pereció el 23 de mayo cuando la bomba que portaba en una mochila que presuntamente iba a colocar en la escuela de Gendarmería detonó antes de tiempo.El pasado miércoles, aparentemente miembros de "Conspiración de Núcleos de Fuego" llamaron por teléfono a un cuartel de la policía en Salónica con 20 minutos de anticipación y avisaron sobre una bomba en el consulado.Funcionarios expertos en explosivos desactivaron el artefacto casero compuesto por un tubo con explosivos y un temporizador colocado en la puerta de las oficinas del consulado en un octavo piso.Los redactores del comunicado advierten de futuros atentados incluso contra "los policías que están fuera de turno" y declaran que "ahora cambian las condiciones de la batalla y muy pronto se darán cuenta de ello".Explican que en el atentado contra el consulado chileno del miércoles avisaron a las autoridades para darles tiempo para desactivar la bomba, con el fin de "evitar víctimas".Sin embargo, alertan de que conocen "las técnicas de desorientación para que (los policías) resulten heridos en el próximo ataque".La organización fue responsable hace una semana de una explosión en las afueras de la residencia del almirante retirado Panos Jinofotis, ex viceministro de Orden Público, en Atenas, que causó sólo daños materiales.Otro bombazo ocurrió en contra de una sucursal del banco Eurobank en Tesalónica, el cual también fue adjudicado al grupo radical con vínculos chilenos.También se ha atribuido con comunicados a la prensa ateniense de decenas de atentados con explosivos en Atenas y Salónica.Gobierno investiga con discreciónEn tanto, el Gobierno pidió información a través de los canales formales, es decir, por medio de la embajada de Chile en Grecia, pero con una completa discreción sobre el tema."El Gobierno está al tanto a tal punto que hemos solicitado a nuestra embajada en Grecia una información lo más completa posible, se han solicitado también diligencias a nuestro embajador a través de la policía griega para dilucidar cada uno de los hechos que confirman la realización de este atentado", detalló el vocero (S) Neftalí Carabantes.


EFE



Gobierno solicita a embajada de Grecia información sobre atentado ‘en memoria’ de anarquista


"Se han solicitado diligencias a nuestro embajador a través de la policía griega para dilucidar cada uno de los hechos que confirman la realización de este atentado", detalló el vocero (s) Neftalí Carabantes.
El ministro vocero (s) de Gobierno, Neftalí Carabantes, dijo este viernes que se solicitó a la embajada en Grecia que recabe información sobre el atentado realizado frente al consulado de Chile en Salónica, que habría sido en memoria del anarquista Mauricio Morales, que murió a fines de mayo tras explotar una bomba que portaba en inmediaciones de la Escuela de Gendarmería.
"El Gobierno está al tanto a tal punto que hemos solicitado a nuestra embajada en Grecia una información lo más completa posible, se han solicitado también diligencias a nuestro embajador a través de la policía griega para dilu cidar cada uno de los hechos que confirman la realización de este atentado", detalló Carabantes.
El grupo de radicales 'Conspiración de Núcleos de Fuego' se adjudicó el atentado explosivo que se realizó contra el consulado chileno el pasado miércoles, ubicado en la ciudad de Salónica.
En tanto, el ministro de la secretaría general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, reiteró que el Gobierno y las policías chilenas "prestan toda su colaboración para combatir cualquier forma de terrorismo, en este caso de terrorismo internacional".
UPI


Órdenes superiores- Lemebel Pedro- 26-07-09


Domingo 26 de julio de 2009

Por Pedro Lemebel / La Nación Domingo


Ojo de loca no se equivoca


Órdenes superiores


En tiempo de elecciones se dice que el tema de incorporar a la amnistía a los violadores de derechos humanos es conversable, tratable. Es decir, negociar la metáfora cobarde de “fueron órdenes superiores”. Nuevamente transar una cosa por otra, el crimen histórico por la tranquilidad social.

Asi un puñado de años, los verdugos estuvieron tranquilos en sus casas, luego recluidos en sus regimientos con vista a la cordillera, abanicándose el ocio con el Informe Rettig.

Incluso con permiso para salir a comprar cigarros por la avenida Larraín, en La Reina. Después veraneando en Punta Peuco, entre cómodas rejas, con más privilegios que el perro de la duquesa.
Así han pasado la condena los coyotes autores y responsables del genocidio. Ni siquiera tan públicos en el reconocimiento de sus rostros, semiprivados, semiencubiertos por bufandas de angora, cuando son trasladados de suite carcelaria.

El Chacal Mayor, hace unos años, daba entrevistas para Canal 7 desde el living de su casa, muy prisco, muy caradura, apelaba a la protección de los derechos humanos para soslayar su proceso.

Hasta hace no mucho, la gente lo confundía con un político con problemas judiciales. Exceptuando a unos pocos, el país finge no reconocer las facciones responsables del crimen de lesa humanidad, casi no identifica al masacrador con cara de abuelo, declarando que fueron "órdenes superiores".

Que aun así, no se arrepiente de aquellos servicios prestados a la patria. Todo ha pasado así, retumbando la frase: "Fueron órdenes superiores". Ni arrepentimiento de coroneles ni tropa con vergüenza. En su parquedad marcial, ni siquiera bajan la vista, ni siquiera se duelen, y cierta prensa los trata con pudor cuando declaran hipócritas excusas empujando la marea turbia de la impugnada reconciliación.

Fueron "órdenes superiores", la frase parece rebotar en la Catedral junto a la Vicaría de otro tiempo. Los tiempos cambian, y la Iglesia de ahora, recomienda, un perdonazo para las pascuas prósperas del bicentenario.

Aconseja un apretón de manos, un proyecto de amnistía que pastoree las conciencias. Como si aquí no hubiera pasado nada, ejerce su influencia como aval de sotanas, bendiciones y ocultamiento de cruces sin nombre.
De pronto, a sólo treinta años, un sector de la bula eclesiástica parpadea hacia la impunidad tratando de hermanar al lobo y la oveja.
Como si no bastara el apoyo fiscal que se le dio al tirano para que no fuera juzgado. Y así se marchó, homenajeado, con su risa macabra, silbando su marcha favorita.

Como si no fueran años, vidas, calles de protesta, duelos y más duelos de los familiares de detenidos desaparecidos, actualmente casi ninguneados por esta agria jalea patria.

Frente a esta propuesta eclesial de hermanar víctimas y victimarios, algunos titubean, otros que vivieron la represión ponen los ojos blancos y repiensan cristianamente su agredida memoria.

La derecha exalta el gesto enarbolando el punto final: Por fin el chacal ya no tendrá susto, por fin el torturador podrá dormir en su cama y verse en las noticias, dignificado por el plasma.
Por fin el victimario podrá ir al supermercado con sus nietos y arrendar una película de sangre.
Al fin, al coyote, la democracia le parece justa, no más interrogatorios ni funas de estudiantes comunistas,ni insultos de esas mujeres con fotos en el pecho a la salida de tribunales.
Por fin el asesino es un ciudadano sin mácula, sin que nadie pueda apuntarlo con el dedo por tener las manos manchadas.

En tiempo de elecciones se dice que el tema de incorporar a la amnistía a los violadores de derechos humanos es conversable, tratable.
Es decir, negociar la metáfora cobarde de "fueron órdenes superiores". Nuevamente transar una cosa por otra, el crimen histórico por la tranquilidad social.
Aunque los juicios sigan su curso burocrático y aparezcan desde las sombras de la dictadura otros uniformes sometidos a proceso, esta última recomendación de la Iglesia, dirigida en primera instancia a mujeres con hijos, presos de edad avanzada, jóvenes delincuentes primerizos, podría ser un gesto de generosidad frente a casos especiales.
Pero la intuición del borroneo militar, tantas veces ocurrida, parece ser un punto donde las candidaturas negociaran su rating pacifista de unidad nacional.

Mientras tanto, la consigna de justicia en este país se convierte en un karaoke grotesco donde muchos cantarán sin asco la cueca de la impunidad.



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Organizaciones piden aprobar ley que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos -26-07-09

26 de Julio de 2009


Organizaciones piden aprobar ley que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos




La idea de este organismo es “formar a las nuevas generaciones en valores de respeto a los derechos económicos, sociales, culturales y políticos de las grandes mayorías nacionales y de los pueblos originarios”.

Las diversas agrupaciones de ExPresos Políticos y de Derechos Humanos pidieron a los diputados aprobar el proyecto de ley que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el cual se vota el próximo martes 28.Las agrupaciones destacan que en sus organizaciones están los presos políticos y torturados de la dictadura militar que han sido reconocidos por la “Ley Valech” y aquellos que aun no han sido reconocidos por el Estado. Además, relevan su representación de los individuos que siendo menores de edad sufrieron algún tipo de prisión o apremio en el pasado gobierno militar.En la declaración expresan su deseo de que
“Chile avance decididamente en el establecimiento de una institucionalidad en derechos humanos. Consideramos necesario y urgente que el Congreso sin más dilaciones apruebe el Proyecto de ley que crea el INDH”.La posición de las organizaciones se fundamenta, entre otros, en los siguientes puntos:
“La necesidad de contar con mecanismos básicos de protección, ante la indefensión en que se encontrarían los miles de chilenos y mapuche que luchan por sus derechos, ante un escenario de criminalización de la lucha social, ambiental y territorial”.El historial de violaciones a los Derechos Humanos cometidas por los “agentes estatales durante el régimen militar, y la impunidad que conllevaría lo que ellos denominan una transición pactada. El INDH vendría a ser, a consideración de las agrupaciones, un instrumento para no olvidar este capítulo de su historia, de manera de aprender de ella y así preservar la memoria histórica”.Explican que con la creación del mencionado Instituto, aspiran a “contener los desbordes represivos y la excesiva militarización de la fuerza pública, a resguardar a niños y jóvenes marginales de la estigmatización, lograr que el tema de los DD.HH. esté presente en la Educación Pública y Privada y a la construcción de espacios públicos tipo “museos de la memoria”.Con el INDH se podrá “formar a las nuevas generaciones en valores de respeto a los derechos económicos, sociales, culturales y políticos de las grandes mayorías nacionales y de los pueblos originarios.”, destacan las agrupaciones.Agregan que a pesar que el proyecto tiene serias deficiencias -como los mecanismos de designación de los consejeros y la mínima cobertura territorial que tendrá- lo apoyan decididamente.Respecto a la posición contraria que otras agrupaciones y dirigentes han enarbolado en este debate, afirman en la declaración que es “ilusorio pretender que esta organización reemplace a los Tribunales de Justicia en el procesamiento de los responsables de crímenes de lesa humanidad.”Se manifiesta además el desacuerdo de las organizaciones con “aquellos que por defender pequeños intereses corporativos, intentan torpedear la creación de una institucionalidad que nos servirá para generar un proceso de reconstrucción histórica y promoción de los DD.HH.”“Estos dirigentes no están pensando en las graves carencias éticas y políticas, que permiten que miles de compatriotas –básicamente los pobres, los mapuche y los jóvenes- estén siendo sometidos hoy a tratos crueles, inhumanos y degradantes”, afirman.Las diversas agrupaciones declaran su desconcierto ante los “que denunciaban destempladamente la falta de autonomía del INDH, en una voltereta táctica, aparezcan pidiendo una “Subsecretaría de Derechos Humanos”; es decir, sin pudor abren la posibilidad de que en un eventual Gobierno de Piñera, tengamos a Cardemil o al Almirante Arancibia a cargo de esta subsecretaría. Argumentos como este nos hablan de la seriedad de los detractores”.En la declaración, las organizaciones precisan que “miles sobrevivimos a la prisión y a la tortura; y aún no somos debidamente reparados, a diferencia de algunos “casos emblemáticos”, que han obtenido millonarias compensaciones, o los beneficiarios de la Ley Rettig, que gozan de beneficios no restrictivos. Por ello es una nueva afrenta a las y los luchadores sociales -que le pusieron el cuerpo a la Dictadura-, el que nos traten de invisibilizar otorgándole una sobre representatividad a un grupo de familiares, por muy respetables y simbólicos que sean”.La declaración es firmada por la Agrupación de Ex Menores Víctimas de Prisión y Tortura, Agrupación Nacional de Ex PP, Brigada de Ex PP Socialista, Coordinadora Ex PP – PRSD y Agrupación de Familiares de Ex PP Fallecidos, entre otros.



http://www.elmostrador.cl/index.php?/noticias/articulo/organizaciones-piden-aprobar-ley-que-crea-el-instituto-nacional-de-derechos/

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Comentarios para "Organizaciones piden aprobar ley que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos"Volver al texto principal

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LORENZO LONCON MELLADO LORENZO26/07/2009 22:19

BICENTENARIO DD.HH: PREPARACIÓN TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS KUPAL LONCÓN MELLADO, TEMUKO TERRITORIO ANCESTRAL NACIÓN MAPUCHE, 2008.

DEMANDAMOS DE LOS ESTADOS COLONIALISTAS GENOCIDA ECOCIDA OCCIDENTALES EL ESTABLECIMIENTO DE:

TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL- TPI

TRIBUNAL CIVIL INTERNACIONAL - TCI

LORENZO LONCON MELLADO LORENZO26/07/2009 22:10


GULU MAPU:KUPAL LONCÓN MELLADO LORENZO - PREPARACIÓN TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS TEMUKO- 08
GULU MAPU:KUPAL LONCÓN MELLADO LORENZO -
PREPARACIÓN TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS TEMUKO- 08
CRIMENES DE LESA HUMANIDAD = TERRORISMO ESTADO= INAMNISTIABLE E IMPRESCRIPTIBLE - PETU MONGUELEYIN - ¡¡MARICHI WEU-

http://memoriaoralancestralautobiog.blogspot.com/search/label/GULUMAPU:PREPARACIÓNTRIBUNALPERMANENTEDELOSPUEBLOSTEMUKO

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Hoy se vota informe de comisión mixta sobre proyecto que crea Instituto de Derechos Humanos (INDH)
Publicado el 29 de julio del 2009

El Gobierno le asignó urgencia de "discusión inmediata" (3 días para su despacho) a esta iniciativa legal, por lo que será discutida hoy en la sesión de Sala que se inicia a las 10:30 horas. Por acuerdo de la Mesa y los Jefes de Comités Parlamentarios, cada Bancada dispondrá de cinco minutos para intervenir durante el debate.

El
informe de mixta sobre el proyecto de ley (Boletín 3878) propone un acuerdo para superar las diferencias suscitadas entre ambas cámaras en la tramitación de la iniciativa legal.La comisión mixta se constituyó en marzo de 2008, después de que en octubre de 2007 la Cámara rechazara las enmiendas propuestas por el Senado en el segundo trámite constitucional, que aprobó una indicación sustitutiva del Ejecutivo.
Discrepancias
La primera discrepancia entre ambas cámaras dice relación con la naturaleza jurídica del Instituto Nacional de Derechos Humanos, una corporación autónoma de derecho público que se crea por ley, pero a la que el Senado le agregó la frase “y que se relacionará con el Presidente de la República a través del Ministerio de Justicia”, lo que fue rechazado por los diputados.
Querellas
Otra discrepancia fue la eliminación que hizo el Senado de la facultad aprobada por los diputados para que el Instituto pudiera deducir querellas y ejercer acciones legales respecto de crímenes de genocidio, de lesa humanidad y de guerra, y los crímenes y delitos investigados y sancionados en virtud de tratados internacionales.
Martes 29 de julio de 2009
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