martes, 26 de enero de 2010

DESDE ALEMANIA LIBRARON UNA ORDEN DE CAPTURA INTERNACIONAL CONTRA JORGE RAFAEL VIDELA-También lo quieren juzgar en Nuremberg-23-01-10

DESDE ALEMANIA LIBRARON UNA ORDEN DE CAPTURA INTERNACIONAL CONTRA JORGE RAFAEL VIDELA

El dictador Videla, de 84 años, está detenido en la Unidad Penal 34 de Campo de Mayo.

También lo quieren juzgar en Nuremberg


Es por el secuestro y muerte de Rolf Stawowiok, un joven que tenía doble nacionalidad. Videla cumple prisión preventiva.

Un tribunal de la ciudad alemana de Nuremberg, donde se juzgó y condenó a los jerarcas nazis luego de la Segunda Guerra Mundial, libró ayer orden de captura internacional contra el dictador Jorge Rafael Videla por su responsabilidad en el secuestro y el asesinato de un joven con doble ciudadanía. El ex presidente de facto, de 84 años, está procesado en varias causas en la Argentina, cumple su prisión preventiva en la Unidad Penal 34 de Campo de Mayo, pero no fue juzgado desde el proceso a los ex comandantes en 1985. Su primer juicio tras la anulación de las leyes de impunidad tendría lugar este año en Córdoba, donde compartiría el banquillo de los acusados con el condenado Luciano Benjamín Menéndez, los grupos de tareas del Destacamento de Inteligencia 141 y del Departamento de Informaciones (D2) de la policía provincial, en el que será el mayor juicio por crímenes de lesa humanidad de la historia argentina.

La orden de detención internacional es para que Videla rinda cuentas en Nuremberg por los delitos de privación ilegal de la libertad y homicidio de Rolf Nasim Stawowiok, un joven argentino-alemán de 20 años, egresado del colegio industrial porteño Otto Krause y militante de la Juventud Peronista. Stawowiok fue secuestrado el 21 de febrero de 1978 cuando salía de la fábrica donde trabajaba como técnico químico. Fue fusilado y enterrado como NN (no name, sin nombre) junto con otras cuatro personas jóvenes, el 14 de marzo del mismo año, en el cementerio de Lomas de Zamora.

Recién en el año 2004 el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) pudo exhumar los cinco cadáveres, previa orden judicial. El año pasado los antropólogos confirmaron científicamente mediante el cotejo de ADN que entre las víctimas se encontraba Stawowiok, a quien sus compañeros de la JP conocían como “El Alemán”. Para el examen se tomaron muestras del octogenario padre de la víctima, Desiderius Stawowiok, quien viajó a la Argentina a recibir los restos de su hijo. Ante las evidencias de que el joven había sido asesinado a tiros, que surgían del examen de sus huesos, en diciembre la Justicia alemana reactivó la causa contra Videla, según explicó Thomas Koch, vocero de las autoridades judiciales de Nuremberg.

A fines de la década del ’90 el tribunal de Nuremberg abrió una investigación sobre la responsabilidad de la primera Junta Militar, pero las causas se paralizaron a medida que los tribunales argentinos comenzaron a reabrir las investigaciones y a rechazar los pedidos de extradición del dictador. Elizabeth Kesseman y Klaus Zieschank son dos de las víctimas de origen alemán cuyos secuestros y desapariciones investiga la Justicia.

Como ex presidente de facto y cabeza de la estructura represiva que comandó el Ejército, Videla está procesado por centenares de secuestros, torturas y desapariciones en todo el país. Cuatro de las causas judiciales que lo tienen como imputado ya fueron elevadas a juicio oral y público: Plan Cóndor (radicada en el Tribunal Oral Federal 1 porteño), el plan sistemático de apropiaciones de los hijos de los detenidos-desaparecidos nacidos en cautiverio o secuestrados junto a sus padres (TOF6), la causa “Kamenetzky” en Santiago del Estero, y la citada causa en Córdoba. El dictador gozó de arresto domiciliario durante años, hasta que el juez federal Norberto Oyarbide, que instruye “Plan Cóndor”, le revocó el privilegio y ordenó su traslado a Campo de Mayo, decisión que luego confirmó la Cámara Federal porteña.

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POR PRIMERA VEZ, LA JUSTICIA TIENE LOS NOMBRES DE QUIENES ACTUARON EN INTELIGENCIA DURANTE LA DICTADURA--Batallón 601---------24-01-10

POR PRIMERA VEZ, LA JUSTICIA TIENE LOS NOMBRES DE QUIENES ACTUARON EN INTELIGENCIA DURANTE LA DICTADURA


El fin del secreto en el Batallón 601

El coronel Alberto Tepedino, el primer ex jefe del Batallón 601 en llegar a juicio.
El Gobierno entregó al Poder Judicial información sobre los militares y civiles que integraron la estructura de inteligencia del Ejército durante la dictadura. Aún no existe una causa judicial que investigue al Batallón 601.

Por Diego Martínez


Por primera vez desde el retorno de la democracia, fiscales y jueces que instruyen causas por delitos de lesa humanidad disponen de los nombres y responsabilidades específicas de oficiales, suboficiales y también civiles que prestaron servicios durante la dictadura en organismos de inteligencia del Ejército. Se trata del porteño Batallón 601 y de los destacamentos y secciones de las principales ciudades del país, unidades siempre camufladas y por lo general alejadas de los cuarteles donde trabajaron quienes interrogaban a los secuestrados en los centros clandestinos, quienes procesaban la información arrancada en las mesas de torturas, y en donde rendían cuentas centenares de aún ignotos civiles infiltrados en fábricas, sindicatos, universidades y organizaciones sociales en busca de potenciales “subversivos”.
La información fue aportada durante el último año por el programa Verdad y Justicia, y por el Archivo Nacional de la Memoria (ANM), que dependen del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. El primero elaboró y entregó a magistrados de cada jurisdicción informes de los respectivos destacamentos y sus integrantes, con detalle de cursos realizados (interrogadores, entre otros) y tareas asignadas según categoría y cargo. El ANM le acaba de entregar al juez federal Ariel Lijo un listado con los nombres y categorías (producción de información, analista, asesor universitario, etcétera) en las que revistaban 1599 civiles del Batallón 601, otros 2353 repartidos en destacamentos y secciones de todo el país, más 345 oficiales del Ejército que prestaron servicios en un destino u otro.
Los datos sobre el “personal civil de inteligencia”, PCI en la jerga castrense, son accesibles al Poder Judicial y a cualquier ciudadano que manifieste un interés legítimo gracias al decreto presidencial 4/2010, impulsado por la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, que en base al “derecho de la sociedad a conocer su pasado” y ante el cúmulo de requerimientos judiciales eliminó las restricciones al acceso a la información calificada como “secreto de Estado” entre 1976 y 1983.
Los informes abarcan por el momento a la estructura del Ejército, que tuvo el “control territorial” tras el golpe de Estado, y que además de civiles contó en sus filas con personal policial, de Gendarmería, Prefectura y SIDE, incluidos ex miembros de bandas de ultraderecha ligadas a la Triple A. El próximo paso del Ejecutivo será profundizar en el conocimiento de los miles de hombres y mujeres que cumplieron idénticas tareas para la Armada y la Fuerza Aérea, y que tampoco rindieron cuentas por sus acciones al amparo del terrorismo de Estado.
La impunidad del 601
“El 601 estaba integrado por representantes de todos los servicios de inteligencia importantes del país, al cual todos los organismos debían apoyar”, explicó en 1986 quien fuera su jefe en 1976 y 1977, general Alberto Valín, que murió impune. “Eran los especialistas en interrogatorios, los únicos que sabían hacerlo. Operaban en todo el país, con vestimentas de civil. Gracias a ellos se ganó la guerra”, destacó durante su declaración indagatoria el condenado general Santiago Riveros, ex comandante de Institutos Militares de Campo de Mayo.
“La desaparición es trabajo del 601”, asentaron oficiales de la embajada de los Estados Unidos en un memo de abril de 1980, luego de apuntar que los militantes montoneros capturados cuando reingresaban a la Argentina estaban secuestrados en “la prisión secreta de Campo de Mayo” y que serían “interrogados y desaparecidos permanentemente” (sic). Según ese documento desclasificado del Departamento de Estado, los norteamericanos llegaron a pensar que la junta era “prisionera” de las decisiones del batallón de Callao y Viamonte.
A pesar de su rol central en la represión, no existe aún ningún juez o fiscal abocado a investigar el complejo entramado del Batallón 601. El primer ex jefe que llega a juicio es el coronel Alberto Tepedino, juzgado en San Martín junto con el dictador Reynaldo Bignone y un grupo de ex jerarcas de Campo de Mayo. El juez Lijo investiga sólo la actuación de sus miembros en la desaparición de los militantes que volvieron al país en el marco de la “contraofensiva” de Montoneros, en 1980.
Lijo condenó en 2007 al coronel Jorge Arias Duval, jefe de la Central de Reunión del 601, y a siete de sus subordinados, incluido el PCI Santiago Hoya, que murió tres días después. Desde entonces fueron procesados apenas seis represores. El civil Julio Cirino, ex miembro de la Fundación PensAR vinculada al PRO, se ufanó ante la embajada de haber estado en tres “centros de detención e interrogación” y advirtió que los desaparecidos “no van a aparecer”. Jorge Oscar Baca, otro civil, cuyo nombre de cobertura era Juan Omar Boyé, fue el secretario de Arias Duval. También están presos el sargento Alfredo “Cacho” Feito y el ex gendarme Carlos Somoza, sindicado como interrogador en Campo de Mayo en los primeros años de la dictadura. Procesados pero libres están el coronel Julián Marina y el teniente coronel José Ramón Pereiro.
El epicentro de los interrogadores del 601 admirados por Riveros era justamente Campo de Mayo. La causa radicada en San Martín que debería investigarlos sólo alcanza por el momento a ex jefes como Fernando Verplaetsen o el propio Riveros. Somoza ni siquiera fue citado a prestar declaración indagatoria. El otro interrogador identificado, el prefecto Néstor León López, alias El Alemán, que se especializó en militantes del PRT, murió impune y en el anonimato.
También son escasos los ex miembros de unidades del interior del país que llegaron a juicio. En Córdoba fueron condenados siete integrantes del Destacamento 141 que operaron en La Perla, y se suicidó su ex jefe, coronel César Anadón. En Neuquén fue condenado el coronel Mario Gómez Arenas, ex jefe del Destacamento 182, y sus ex subordinados Sergio San Martín y Jorge Molina Ezcurra, en tanto sigue prófugo el capitán Jorge Di Pascuale. También está prófugo el coronel Nedo Otto Cardarelli, ex jefe del Destacamento 201 que en 1978 comenzó a operar en Campo de Mayo, y varios ex miembros del Destacamento 181 de Bahía Blanca.
dmartinez@pagina12.com.ar

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UNA INVESTIGACION REVELA QUE UNAS CUATRO MIL MUJERES SON EXPLOTADAS SEXUALMENTE EN 400 PROSTIBULOS-25-01-10

UNA INVESTIGACION REVELA QUE UNAS CUATRO MIL MUJERES SON EXPLOTADAS SEXUALMENTE EN 400 PROSTIBULOS

El lado de Mar del Plata que no es feliz

Un video elaborado con cámara oculta por la organización La Alameda muestra cómo funciona la red de trata y las situaciones de explotación sexual y esclavitud. Hoy llevarán la investigación a la Justicia. Piden que se investigue a la policía.


Por Nahuel Lag

Desde esta mañana la Procuración General de la Nación y la Fiscalía General de Mar del Plata tendrán en su poder una investigación que denuncia que esa ciudad no sólo está repleta de hoteles sino también de prostíbulos. Que no sólo se ven miles de mujeres descansando en bikini y ojotas sino que unas cuatro mil –algunas menores de edad y provenientes de otros países–, en portaligas y tacos altos, son explotadas sexualmente, muchas durante las 24 horas. Y que no sólo los restaurantes ofrecen “atención personalizada” y “nivel vip” sino que hay “clubes nocturnos” que también lo hacen con “nuevo staff”, como lo anuncian con volantes en la calle y en los clasificados de algunos diarios. La denuncia presentada por la organización La Alameda evidencia el modus operandi de los prostíbulos (unos 400 en total) a través de un video hecho con cámara oculta –al que Página/12 tuvo acceso exclusivo– donde presenta testimonios de las mujeres explotadas y de los mismos proxenetas. La presentación judicial pide que se investigue si existe complicidad de la policía y de autoridades locales para no detener “el funcionamiento público y notorio” de la red de trata.
La denuncia que hoy será presentada ante el procurador de la Nación, Esteban Righi, y el fiscal general marplatense, Daniel Adler, detalla 94 direcciones en las que se ubican varios prostíbulos, especifica si es un local a la calle o un departamento y ofrece teléfonos de contacto. El video realizado con cámara oculta aporta pruebas sobre la situación de encierro y esclavitud de las mujeres, la presencia de chicas menores de edad y extranjeras y sobre el modus operandi de los proxenetas.
Según se desprende de la investigación realizada por dos voluntarios de La Alameda que entre noviembre y enero recorrieron la zona del barrio La Perla –donde se concentra la mayor cantidad de locales– con una cámara oculta, la primera diferencia que se puede hacer es la de “wisquería” o “privado”, nombres detrás de los que se ocultan dos tipos de prostíbulos.
Las wisquerías aparentan una actividad comercial lícita donde los clientes pueden entrar a tomar tragos y allí dialogar con las mujeres antes de acceder a algún servicio sexual. Mientras que los “privados” son locales que funcionan en casas o departamentos y a los que se llega por los volantes que se reparten en la calle y los avisos en los diarios. En cualquiera de ellos, los precios de los servicios sexuales son similares, “lo que muestra la articulación de una red de prostíbulos”, resaltó Gustavo Vera, representante de La Alameda.
Luces flourescentes rojas, amarillas, verdes, son una característica en la mayoría de los lugares y hasta les dan nombre, como “La casita verde”. El modus operandi también se repite: el proxeneta ordena a las chicas que se “alisten” y ellas aparecen en ropa interior a desfilar frente a los clientes. “Ella no, ella. Es como cuando vas al supermercado”, grafica una de las mujeres que es explotada en una wisquería. Luego el cliente que desea tener relaciones sexuales “acuerda con el encargado del local el precio y lo abona a dicha persona, nunca a la mujer”, resalta la denuncia.
Sin embargo, los testimonios prueban que en los “privados” las mujeres esperan a los clientes en las piezas y pocas veces pueden realizar “salidas”, es decir que un cliente se lleve a una de las mujeres fuera del local.
–¿Trece, 14 horas trabajás? –se oye preguntar en el video a uno de los hombres que hizo la investigación de La Alameda.
–Yo trabajo 13 horas, las chicas están las 24 horas –responde una de las chicas.
–¿Cómo 24 horas?
–Viven acá adentro.
–¿Viven acá adentro? ¿Qué chicas, las que vienen de afuera?
–Claro, ellas dos son paraguayas.
–Si se quedan las 24 horas, ¿hay gente todo el tiempo?
–Sí, y más en temporada.
–¿Las chicas no duermen?
-Claro, duermen. Se despiertan cuando viene gente.
Como surge de otro de los diálogos del video, las chicas son una “plaza” no estable y rotan entre los locales de la red de prostíbulos, en la que varios locales pueden pertenecer a un mismo dueño. “Mar del Plata es un lugar de tránsito. Llegan chicas del norte del país, de Paraguay, de República Dominicana. Las explotan una temporada y después siguen hacia el sur del país o las venden”, advirtió Vera.
Y no sólo de mujeres extranjeras están nutridos los prostíbulos marplatenses: “Menores de 14, 16 y 17 años trabajando encerradas con retención de documentos hay en Mar del Plata y en todos lados”, afirma la mujer de la wisquería “La casita verde”.
A partir de los testimonios obtenidos, La Alameda apunta a que se investigue la supuesta responsabilidad de las autoridades policiales que actúan en Mar del Plata. Los dueños y encargados de los prostíbulos, señala la denuncia, “habrían contado con la aquiescencia de las autoridades policiales”.
En un tramo del video, un diálogo con otra chica en un local evidencia esa presunta relación:
–¿Pasó que cayó la cana? –quiere saber el investigador que tiene la cámara oculta.
–Acá vení las veces que quieras. Nunca pasó nada, la dueña atiende a los comisarios de todos lados.
Pero la denuncia no sólo se detiene en la complicidad sino que avanza sobre las leyes que la policía incumpliría “teniendo conocimiento de la existencia del fenómeno de la trata de personas” y por lo que podría investigarse a los uniformados “por omisión”. Entre esas leyes incumplidas estarían la de profilaxis, la de migraciones, la de reducción a la servidumbre y la ley contra la trata, sancionada en 2008.
Por ejemplo, la ley 12.331 de profilaxis prohíbe las “casas de tolerancia” y prevé multas o condenas penales contra los proxenetas. En la denuncia de La Alameda se señala, por ejemplo, que el prostíbulo “La Casita Azul” “continúa funcionando a pesar de los procesos penales” sobre su responsable.
Además, la denuncia adjunta un listado de 240 acciones policiales –entregados a Gustavo Vera por el jefe de la Distrital Centro, Gustavo Salvá– en las que se repiten acciones contravencionales contra las meretrices. “La ley establece la impunidad de la mujer que ejerce la prostitución y castiga el proxenestismo. Sin embargo, hay una suerte de distorsión por parte de la policía que lo que hace es imputar a las mujeres y no lleva adelante la clausura de los locales conforme a la ley”, explicó el abogado de La Alameda, Mario Ganora.
Con la denuncia también se solicita la investigación de las autoridades municipales y en particular al personal de la Inspección General por “las obligaciones que les caben en virtud del deber de tutelar la seguridad, la moralidad y la higiene de los locales”.
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Peter Kornbluh, experto en los archivos de la CIA sobre Chile: ¡Bachelet debe desclasificar todos documentos de DDHH, ahora ya!










Peter Kornbluh, experto en los archivos de la CIA sobre Chile: ¡Bachelet debe desclasificar todos documentos de DDHH, ahora ya!






Por Juan Pablo Barros


*El profesor Kornbluh llama a salvar los documentos que podrían echar luz sobre la historia reciente de Chile, antes de que sea demasiado tarde.






*Los último avances sobre la desaparición del matemático Boris Weisfeiler en Colonia Dignidad y la necesidad de desclasificar archivos para terminar de aclarar el caso.

___Son días de vorágine y caretas que ruedan por el suelo. Por ejemplo, el senador UDI Jovino Novoa inició recién ayer una cruzada que se había abstenido de agitar mientras duró la campaña presidencial: “Después de 30 años, mantener procesos abiertos sin un resultado, al final no satisface ni el interés de la justicia ni el interés de las víctimas y, de alguna forma, también perjudica la imagen de las instituciones”, declaró Novoa a la prensa.


En tanto, cuando era candidato, el presidente electo Piñera se reunió con militares en retiro del movimiento Chile Mi Patria. Y aunque hubo una versión inocua de los temas tratados en la cita, una circular interna de los ex uniformados mostró otra cara de las negociaciones:


“Un sexto punto del compromiso, expresamente comunicado “off de record” por el candidato, se refiere a la aplicación durante su gobierno, de la justicia cabal de un Estado de Derecho (derecho a un juicio justo e imparcial, amnistía, prescripción, etc.) a nuestros prisioneros encarcelados y a los cientos de encausados de la Defensa Nacional, en retiro, arrastrados a interminables juicios de derechos humanos, situación que él reconoce como arbitraria, ilegal e injusta y motivo que atenta contra la necesaria paz y reconciliación nacional”.


El documento fue publicado en la web oficial de Chile Mi Patria, firmado por el general Sergio Contardo Flores. Pero luego de que fuera reproducida la circular en nuestra página, y de tranformarse en una pregunta del periodista Fernando Paulsen, durante del debate presidencial televisivo de mediados de noviembre, el documento fue retirado del sitio del movimiento. Frente a las cámaras Piñera negó enfáticamente los acuerdos, pero no esbozó explicación alguna sobre el por qué la existencia del documento.


Coincidiendo con este clima de dudas y olor a perdonazo en materia de DDHH, nos habíamos comunicado (antes de la segunda vuelta) con el mayor experto sobre archivos desclasificados en Estados Unidos acerca de nuestro país, el profesor Peter Kornbluh, del Archivo de Seguridad Nacional que mantiene la Universidad George Washington. La razón original era la campaña que lidera Kornbluh para aclarar un caso puntual, la desaparición de Boris Weisfeiler en 1985. Pero sus respuestas resuenan como una campanada de alerta sobre el futuro de los papeles y archivos que podrían dar luz sobre buena parte del pasado oscuro del país, relativo a las violaciones masivas de los DDHH.


EL CASO WEISFEILER





Lo primero que Kornbluh quiere lograr es que las autoridades chilenas desclasifiquen toda la información disponible acerca del caso de Boris Weisfeiler; un matemático y montañista ruso –avecindado en EE.UU- que se encuentra desaparecido desde 1985, cuando habría sido secuestrado en la inmediaciones de Colonia Dignidad.


Desde entonces todo tipo de conjeturas han circulado en torno a su desaparición, incluyendo una historia apta para una novela de espías, que afirma que Weisfeiler era agente secreto soviético o judío, dependido su ligación con la KGB o el Mossad de las diferentes versiones. Pero lo que si es seguro es que se trataba de un gran matemático, conocido en el ambiente científico por trabajos como el algoritmo Weisfeiler-Leman, las conjetura Kac-Weisfeiler, la filtración Weisfeiler, y otros trabajos de alta ciencia.


Pero el trabajo del equipo de investigadores de Peter Kornbluh, ya comienza a arrojar algunas certezas sobre las circunstancias de la desaparición de Weisfeiler.
¿Qué se desprende hasta el momento de los diversos archivos de EE.UU. -relativos a Weisfeiler- que han sido desclasificados?



-El gobierno de EE.UU ha declasificado más que 400 documentos secretos sobre el caso Weisfeiler -responde Kornbluh- Se tratan de cables, memorandos, informes investigativos, transcripciones de entrevistas, memos de conversaciones. Incluso hay dos o tres documentos de la CIA sobre el caso. Estos documentos cuentan de una historia muy siniestra. La del secuestro de un ciudadano norteamericano -quien no estaba haciendo nada más que andar en los bosques de Chile-, de un interrogatorio salvaje, detencion ilegal y desaparación sin dejar rastro. Y da cuenta de un esfuerzo por encubrir todo la evidencia de lo que paso con Boris Weisfeiler. Ya es el tiempo terminar con ese encubrimiento y dejar que en Chile vean la luz todos los documentos sobre el caso.


¿Cuáles son los archivos chilenos que son de especial interés en esta investigación?-Hay dos categorías de documentos chilenos que estamos buscando: documentos que relatan al crimen cuando era actual, en 1985, y los documentos creado durante los últimos 25 años, realtivos a las acciones del gobierno chileno -especialmente después de la caída de Pinochet- para investigar y resolver qué fue le que le pasó a Boris Weisfeiler. Sobre el crimen estamos muy interesados en documentos de Carabineros, y de la CNI (Central Nacional de Informaciones, la policía secreta de Pinochet), que obviamente son difíciles de conseguir. Pero hay muchos otros documentos más reciente, que esperamos ver. Por ejemplo, documentos del Consejo de Defensa del Estado sobre su propia investigación del caso Weisfeiler. Y aun, las acciones de la presidenta Bachelet, cuando ella era ministra de Defensa y llego la hermana, Olga Weisfeiler, a pedirle ayuda. ¿Qué hizo ministra Bachelet en este momento? ¿Cuáles fueron sus instrucciones a los militares? ¿Qué información fue generada entonces? Estas son algunas de las preguntas que se podrían contestar con una declasificación de documentos chilenos sobre el caso Weisfeiler.


¿AHORA O NUNCA?


Frente a los antecedentes que indican que mucha documentación fue destruida entre finales del gobierno de Pinochet y el segundo gobierno de la Concertación ¿Hay perspectivas o esperanza de encontrar algo en Chile? ¿Qué es lo que podría haber?-Si el segundo gobierno de la Concertación destruyó documentos, a mí me gustaría ver todos, repito, todos, los documentos sobre esta destrucción. ¿Quién lo ordenó? ¿Por qué? Las comunicaciones que hubo con los militares, etc.… No es tan fácil desaparecer la historia como fue desaparecer a un individuo como Boris Weisfeiler, o los otros 1100 chilenos que todavía no se han podido encontrar. La historia -y los documentos- son difíciles de destruir del todo. Por eso, no creo en el mito que todo el registro de la represión está destruido, quemado etc. Creo que vamos a encontrar documentos sobre el caso Weisfeiler, y eventualmente sobre los otros casos de violaciones de Derechos Humanos en Chile. El lunes 11 de enero la presidenta va a inauguró un museo de memoria y derechos humanos. Para avanzar estos dos temas, sin embargo, lo que ella debe hacer es un decreto que todos los documentos que se trata de violaciones de derechos humanos durante la dictadura deben ser centralizados, y desclasificados; una desclasificacion especial como la que hizo el gobierno de Clinton sobre chile. Estos documentos pueden ser puestos en el museo, para que victimas, abogados, y estudiantes pueden saber la verdad de una historia que no se puede conocer totalmente mientras que los documentos permanezcan secretos.

theclinic
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LA CIDH PIDIO EXPLICACIONES SOBRE LA AGRESION A UNA COMUNIDAD MAPUCHE--25-01-10

LA CIDH PIDIO EXPLICACIONES SOBRE LA AGRESION A UNA COMUNIDAD MAPUCHE



Las fuerzas de ocupación, la policía neuquina, en pleno proceso de proteger intereses.


Cómo explicar lo inexplicable


La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al Estado argentino un informe sobre la violenta represión contra los mapuches de Villa La Angostura, que fueron desplazados de sus tierras a la fuerza, para entregárselas a un inversor estadounidense.

Una porción del territorio que pertenece a la comunidad mapuche Paichil Antriao, instalada la mayor parte en el cerro Belvedere, en la ciudad neuquina de Villa La Angostura, se encuentra con presencia policial y, el último lunes, volvió a ser centro de un violento operativo de represión, esta vez en uno de sus lugares sagrados. El pasado 2 de diciembre, los habitantes de la comunidad sufrieron un violento desalojo, tal como lo informó Página/12. Desde ese momento, la presencia de la policía en tierra mapuche y sus intimidaciones se hicieron una constante. No obstante, hace unos diez días, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aceptó involucrarse en el asunto y pidió un informe al Estado argentino en el que se detalle la situación territorial y los actos de agresión denunciados. El Gobierno tenía plazo hasta el viernes para presentar la documentación, afirmó el abogado de la comunidad.

Las 625 hectáreas originarias de la comunidad Paichil Antriao, otorgadas a sus primeros pobladores a principios del siglo XX por el Gobierno nacional, fueron reducidas hasta llegar a 222. Sin embargo, hoy la comunidad mapuche pelea por conservar esa porción de tierra, ubicada la mayor parte en el cerro Belverede. El crecimiento de Villa La Angostura, especialmente el centro de su casco urbano, se hizo a expensas del territorio propiedad de los Paichil Antriao.



Una parte de esas 222 hectáreas mapuches que les pertenecen por escritura gubernamental, sin embargo, fue destinada por la Justicia al norteamericano William Fisher, “en un juicio en el que no se permitió la participación de la comunidad mapuche”, explicó a Página/12 su abogado, Juan Manuel Salgado. Desde ese momento, y ante el incumplimiento de la ley nacional 26.160 –que prohíbe el desalojo de las comunidades indígenas– y de los tratados internacionales, el Lof y la Confederación Mapuche de Neuquén efectuaron las denuncias en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La Comisión se expidió el 12 de enero pasado, otorgando 10 días al gobierno nacional para que enviara un informe que especifique, según la notificación, “las medidas que se han tomado respecto de los actos de agresión denunciados (...)”. Otro punto es si se ha cumplido o no con la ley nacional 26.160. Y por último, se solicita “el estado de la revisión territorial para formalizar la titulación de la Comunidad (...)”. Sin embargo, “el relevamiento del territorio que corresponde a los indígenas –a cargo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)– debería haberse terminado a fines de 2009, pero aún no se empezó”, aseguró Salgado. “Esto sucede porque el gobierno provincial pone todos los obstáculos legales y políticos”, ya que el relevamiento “implicaría hacer una historia de cómo se fueron entregando las tierras”, aseguró.

Tal como lo publicó este diario, alrededor de 70 efectivos policiales, el 2 de diciembre, se hicieron presentes en el cerro Belvedere para hacer cumplir la orden de desalojo, dictada por el juez Jorge Videla, del Juzgado Multifueros. Este episodio –y más que el episodio, los propios mapuches– quedó marcado por la violencia policial, que arrasó con viviendas y mapuches. Desde ese momento, la comunidad convive con una presencia policial constante en el lugar, que desató “dos ataques más”, según informó Amandina Gutiérrez, una de las integrantes de la comunidad.

El cuarto y último episodio sucedió el pasado lunes, cuando la comunidad fue a defender uno de sus lugares sagrados, el Rewe, donde los antiguos pobladores hacían sus ceremonias. Cuando se enteraron de que Fisher había instalado en él maquinarias para la remoción del suelo y la apertura de caminos, los pobladores decidieron protegerlo. Presentaron un hábeas corpus en el Juzgado Multifuero, que posteriormente fue rechazado. “Luego –explicó Gutiérrez–, nos dirigimos al lugar para dialogar y explicarles la importancia de ese espacio, que no debe ser tocado de ninguna forma.” Pero “nos dieron cinco minutos para dejar el lugar y después fuimos sacados por la policía local y efectivos de Grupos Especiales, utilizando balas de goma”. Al día siguiente, las máquinas de Fisher siguieron trabajando durante todo la jornada en “la destrucción de ese sitio histórico”, aseguró María Isabel Huala, otra mujer de la comunidad.

En medio de estos continuos atropellos, la comunidad Paichil Antriao exige la efectiva intervención del Estado, al que exige el inmediato cese de la criminalización, hostigamiento, represión y despojo de sus tierras.


Informe: Rocío Ilama.


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Aparece una fosa común con 2.000 cadáveres acumulados desde 2005 en Colombia-26-01-10

Martes 26 Enero 2010 15:55

Aparece una fosa común con 2.000 cadáveres acumulados desde 2005 en Colombia


Publicado por Gabriela Ulloa • La información es de Comunicado de Prensa

En el pequeño pueblo de La Macarena al sur de Bogotá, una de las zonas más calientes del conflicto colombiano, se está descubriendo la mayor fosa común de la historia reciente de Latinoamérica, con una cifra de cadáveres “NN”, enterrados sin identificar, que podría llegar a los 2.000. Esto, según diversas fuentes y los propios residentes.
Según indicó Amnistía Internacional, desde 2005 el Ejército, cuyas fuerzas de élite están desplegadas en los alrededores, ha estado depositando detrás del cementerio local cientos de cadáveres con la orden de que fueran inhumados sin nombre.
El jurista Jairo Ramírez es el secretario del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia y acompañó a una delegación de parlamentarios ingleses al lugar hace algunas semanas, cuando empezó a descubrirse la magnitud de la fosa de La Macarena.
“Lo que vimos fue escalofriante”, declaró a Público. “Infinidad de cuerpos, y en la superficie cientos de placas de madera de color blanco con la inscripción NN y con fechas desde 2005 hasta hoy”.
Ramírez agregó que “El comandante del Ejército nos dijo que eran guerrilleros dados de baja en combate, pero la gente de la región nos habla de multitud de líderes sociales, campesinos y defensores comunitarios que desaparecieron sin dejar rastro”.
El horror de La Macarena ha puesto de actualidad la existencia de más de mil fosas comunes con cadáveres sin identificar en Colombia. Hasta finales del pasado año, los forenses habían censado unos 2.500 cadáveres, de los que habían logrado identificar a cerca de 600 y entregar los cuerpos a sus familiares.


La localización de estos cementerios clandestinos ha sido posible gracias a las declaraciones en versión libre de los mandos medios presuntamente desmovilizados del paramilitarismo y acogidos a la controvertida Ley de Justicia y Paz que les garantiza una pena simbólica a cambio de la confesión de sus crímenes.


La última de estas declaraciones ha sido la de John Jairo Rentería, alias Betún, quien acaba de revelar ante el fiscal y los familiares de las víctimas que él y sus secuaces enterraron “al menos a 800 personas” en la finca Villa Sandra, en Puerto Asís, región del Putumayo. “Había que desmembrar a la gente.


Todos en las Autodefensas tenían que aprender eso y muchas veces se hizo con gente viva”, ha confesado el jefe paramilitar a la fiscal de Justicia y Paz.


radiobiobio


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YVKE Mundial :: Internacionales

Autoridades colombianas

Investigan fosa común con dos mil cadáveres en La Macarena


Representantes del comité colombiano para la defensa de los derechos humanos informaron que los cuerpos estarían enterrados en la parte trasera del cementerio de La Macarena (unos 200 km al sur de Bogotá), una de las regiones más afectadas por el conflicto


Prensa YVKE Mundial/ Agencias


Lunes, 14 de Dic de 2009. 1:52 am

De acuerdo con la información los cuerpos son llevados a este lugar por el ejército


Las autoridades colombianas investigan actualmente una fosa común donde podrían estar enterrados hasta 2 mil cuerpos, la cual está ubicada en La Macarena (provincia de Meta, centro), una de las regiones más afectadas por el conflicto.


La información la dieron a conocer representantes del comité permanente colombiano para la defensa de los derechos humanos, quienes indicaron que los cuerpos estarían enterrados en la parte trasera del cementerio de la referida provincian, y algunos se pueden ubicar por placas de madera en las cuales figura un número.


"Las fechas que figuran en las placas van de 2005 a 2009", aseguró Jairo Ramírez, secretario ejecutivo de este comité, añadiendo que su organización no gubernamental estuvo a principios de diciembre visitando el lugar en compañía de una delegación de políticos, sindicalistas y periodistas británicos.


"Supimos que había fosas, sin embargo no sabemos su dimensión", declaró, al tiempo que añadió que, según habitantes de La Macarena, "podrían llegar a 2.000" los cuerpos sin identificar y que la fiscalía del departamento (provincia) de Meta está investigando el asunto.


Según Ramírez, los cuerpos son llevados a este lugar por el ejército, cuyas fuerzas de elite (Fudra, fuerza de despliege rápido) están desplegadas en la zona para luchar contra la guerrilla de las Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia (Farc, marxistas).


"Pero la población tiene la sospecha de que hay familiares suyos desaparecidos que pueden estar enterrados como NN (anónimos) tras ser dados de baja en combate", aseguró el defensor de derechos humanos.


Según un oficial de la municipalidad que pidió no ser identificado, la guerrilla de las Farc enterraba en ese lugar los cuerpos de combatientes, cuando La Macarena formaba parte de la zona desmilitarizada de 40.000 km2 cedida por el gobierno para facilitar un diálogo, entre 1998 y 2002.


El informante añadió que aún siguen llegando muchos cuerpos de guerrilleros muertos en combates en la zona, porque " aquí hay Fiscalía y juzgado", todo lo necesario para los trámites asociados al entierro.


Las fuerzas militares por su parte transmitieron un comunicado de su comandante, el general Freddy Padilla de León, en el que indica que éstas están haciendo todo por "facilitar las labores de las autoridades competentes" en la región de La Macarena.

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Piñera emula “consejos ciudadanos” de Uribe

Por Lorena Ferraro L. / La Nación

El primero de los quince encuentros con la población -uno en cada región antes del 11 de marzo- busca acercar al empresario con la gente y establecer en terreno algunas de las prioridades de la futura administración.

Martes 26 de enero de 2010 Política
Fotos

El Presidente electo, Sebastián Piñera, se reunió ayer con líderes de opinión de Valparaíso. Foto: UPI

Hace seis años, cuando Sebastián Piñera iniciaba la primera de sus dos aventuras para llegar a La Moneda -y enfrentó a Michelle Bachelet-, dejó entrever cuál era el modelo que pretendía seguir entre los jefes de Estado de la región: el del gobernante de Colombia, Álvaro Uribe.

Por aquellos días, el empresario -que ha dado cuenta de su cercanía con el Presidente colombiano al visitarlo en más de una oportunidad- desplegó como modelo de campaña un diseño que había patentado el líder de la derecha del país cafetero para llegar a Palacio Nariño: la realización de cabildos abiertos para dialogar directamente con la ciudadanía sobre sus problemas más apremiantes.
Hoy, a menos de dos meses de convertirse en el Presidente 48 de Chile, Piñera ratificó que el estilo de su futura administración estará ligado a la senda construida por Uribe y que le ha reportado altos niveles de popularidad en la región.

Siguiendo fielmente el modelo “uribista” de los cabildos abiertos, Piñera comenzó a desplegar desde ayer, en Valparaíso, sus propios “consejos ciudadanos”, encuentros que se efectuarán en todas las regiones antes del 11 de marzo para escuchar los requerimientos de los habitantes y establecer así las prioridades de su administración.

La pretensión del empresario, además de conocer más a fondo las preocupaciones de la población, es generar un contacto real con la ciudadanía, que lo caratule como un Presidente en terreno.

Con esta premisa ayer llegó al Museo Lord Cochrane en Valparaíso para reunirse -según fue promovida la cita por los equipos de trabajo d
el empresario- como un encuentro con “líderes de opinión” de la Quinta Región.

A él asistieron -como parte del centenar de invitados- el senador Jorge Arancibia; el electo representante de la Cámara Alta por la zona, Francisco Chahuán (RN); los diputados Edmundo Eluchans, María José Hoffman (electa) y el alcalde gremialista de la ciudad, Jorge Castro.

MEMO PARA PIÑERA

El modelo de los consejos ciudadanos es, en todo caso, una de las tantas lecciones que Piñera podría replicar de Uribe.

Por su estilo, el electo Mandatario buscaría afinidad con otras políticas de Uribe, como ya lo hizo al respetar durante la campaña la consigna del líder de la derecha colombiana de apuntar a la necesidad de seguridad de la ciudadanía.
No en vano, durante meses Piñera no se desvió ni por un minuto de reforzar su compromiso de acabar con la delincuencia y “poner un candado a la puerta giratoria”.

Esa premisa, al igual como lo hace el Jefe de Estado colombiano Uribe, vendría aparejada del contacto ciudadano que otorgan, precisamente, los “consejos ciudadanos”, que busca potenciar la sensación de seguridad a través de la presencia del Presidente electo.

Con la Asociación de municipalidades

La Asociación Chilena de Municipalidades -encabezada por Claudio Arriagada- recibió ayer al Presidente electo, Sebastián Piñera, para “materializar” los compromisos que el empresario presentó a los jefes comunales. De ahí que el encuentro no se puede entender como un respaldo político. El empresario afirmó que potenciará la administración municipal, inyectando recursos, pero que también habrá más exigencias y evaluaciones a la gestión. Asimismo, buscará incorporar la alta dirección pública a los municipios y crear mecanismos de capacitación para preparar a los municipios a las nueva funciones que cumplirán en materia de educación.

En este contexto, Arriagada expresó que les “interesa saber cómo el gobierno va ir planteando su programa y los (proyectos) que son de más urgencia para el sector municipal”. Por ello, se implementará una mesa de trabajo que tendrá un plazo de 60 días para ver el estado de avance de los compromisos que Piñera planteó cuando era candidato.

Los por qué de Larraín para repostular a presidencia RN

“Ganas de mantenerme en la directiva (de Renovación Nacional) no tengo ninguna, pero creo que tengo una cierta obligación de tratar de concluir un esfuerzo que se inició hace tres años y que remató, entre otras cosas, en que tenemos parlamentarios jóvenes a quienes logré reanimar para que se presentaran a las elecciones y a quienes me gustaría ayudar en su proceso de incorporación a la política”.
Ése es el principal argumento que esgrimió ayer el presidente RN, Carlos Larraín, para justificar su determinación de continuar a la cabeza del partido una vez que concluya el período de trabajo de la mesa actual.
Según el también concejal por Las Condes, el segundo punto que alimenta su decisión es que “quisiéramos fortalecer el trabajo interno del partido en muchos lugares, aprovechando que entre los candidatos (al Parlamento) perdedores tenemos un grupo de gente de muy buen nivel y disposición a quienes no quisiéramos dejar atrás”.

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GBI: Habrían presionado a imputado de robo en cárcel de Santiago para inculpar a Kenny Sánchez y a la cineasta Elena Varela 19-01-10

Martes 19 Enero 2010 17:47

Habrían presionado a imputado de robo en cárcel de Santiago para inculpar a Kenny Sánchez y a la cineasta Elena Varela

Publicado por Gerson Guzmán • La información es de Luis Vergara

En información exclusiva de Radio Bío-Bío, una carta presuntamente enviada desde la cárcel de alta seguridad por un imputado de robo con homicidio, robo con violencia y asociación ilícita, indica que el fiscal de Rancagua le habría presionado para inculpar a la cineasta Elena Varela de haber participado en dichos delitos, a cambio de solicitar una pena inferior para los ilicitos. El abogado defensor de la documentalista señaló que lo anterior confirma su tesis sobre la inocencia de su cliente.

Imagen: http://laotravoz.files.wordpress.com

Sergio Reyes Matus, permanece en la Cárcel de Máxima Seguridad de Santiago, donde ha estado recluido los últimos 17 meses, confinado a un aislamiento total durante 22 horas al día, comiendo solo, viviendo solo, teniendo derecho a tener cigarros pero no fuego, lo que para alguien que fuma es una tortura, señaló en carta enviada a la radio.

El recluido hombre señala textual en su relato:

para mi sorpresa, en una oportunidad fui avisado que tenía visita, estaba el abogado de la defensoría en compañía del Fiscal Servando Pérez quien me dice: “Reyes, le vengo a ofrecer un trato; le doy una condena de 7 años si se inculpa como cómplice e inculpa a Kenny Sánchez y Elena Varela”…

Reyes Matus en la misiva enviada a Radio Bío-Bío, además señala:

Alrededor de 20 días después, y para mi sorpresa, nuevamente el defensor público y el Fiscal Servando Pérez, me visitaron pero esta vez el trato fue distinto, fue directo: “Sr. Reyes, Yo necesito de usted y usted de mí; le ofrezco 5 años firmando en su casa, le ofrezco acusarlo como encubridor, pero usted tiene que declarar en contra de Kenny y Elena”.

Al respecto Jaime Madariaga, abogado que defiende a la cineasta Elena Varela, dijo que lo señalado, es algo conocido y que la presión sobre Reyes Matus lo confirma.


De acuerdo a lo señalado en la carta enviada al correo de Radio Bío-Bío por el imputado Sergio Reyes, el fiscal le habría dado tiempo hasta la preparación del juicio que se realizará en marzo para que tenga en cuenta que al final, puede ser el único que sea condenado y sus amigos saldrán en libertad.

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Rito fascista de “totemización” en Carabineros GOPE, termina con funcionario quemado con ácido-“La respuesta de Carabineros es penosa”-26-01-10

26 de Enero de 2010

Abogado Alfredo Morgado: “La respuesta de Carabineros es penosa”

El abogado del cabo segundo Blas Herrera, quien resultó con lesiones tras rito de “iniciación”, lamentó la tesis de Fuerzas Especiales que atribuye el hecho a la piel sensible del funcionario.

El abogado Alfredo Morgado quien representa al cabo segundo Blas Herrera quien acusó graves quemaduras de ácido durante un rito de iniciación de Carabineros, calificó de “penosa” la respuesta que dio al respecto la institución.

“Por decirlo menos, sobre todo viniendo de una institución como Carabineros de Chile, tan respetada, tan querida, a cargo de la seguridad pública, la respuesta penosa”, sostuvo el jurista en radio Cooperativa.

En ese sentido, lamentó la tesis de Fuerzas Especiales que atribuye las lesiones a la piel sensible del funcionario, pues “otros iniciados no resultaron afectados”.

De todas formas, el abogado aseguró que cuentan “con las propias grabaciones que han aparecido, cuando están todos los funcionarios en estado calamitoso y ahí el jefe que lidera el procedimiento, después de haber sido rociados (los iniciados) con lo que se decía era ‘agüita’, les dice en forma tan altanera y gallarda que esto era parte de la tradición de las Fuerzas Especiales”.

“No puede ser que un funcionario de Carabineros, un cabo segundo, termine con lesiones, son desprendimiento de piel, con ampollas; no puede ser que con los ojos absolutamente irritados pocos momentos después se le obligue a manejar un bus institucional con más de 20 pasajeros bajo riesgo de su integridad”, concluyó Morgado.

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