martes, 13 de septiembre de 2011

Veintiséis represores frente a sus atrocidades -MEGAJUICIO POR EL SECUESTRO Y DESAPARICION DE 281 VICTIMAS-13-09-11



EMPEZO EL MEGAJUICIO POR EL SECUESTRO Y DESAPARICION DE 281 VICTIMAS EN EL CIRCUITO REPRESIVO DE RAMON CAMPS




Veintiséis represores frente a sus atrocidades

En el centro, el médico Bergés, uno de los represores que empezaron a ser juzgados por la represión ilegal ordenada por el fallecido Ramón Camps.
Imagen: Rafael Yohai


Durante un año y medio, más de 500 testigos contarán cómo fue el operativo en el que se secuestró a la hija de Chicha Mariani, cómo se torturó a los chicos de la Noche de los Lápices, qué le hicieron a Jacobo Timerman, entre otras causas emblemáticas.


Por Alejandra Dandan



Esas palabras que podían llegar a perforarles los oídos a medida que bajaban esposados de los móviles del Servicio Penitenciario Federal se potenciaron, abrumadoras, dentro de la sala, acaso acentuadas por las escenográficas formas del Teatro platense de la AMIA. Víctimas y sus victimarios se juntaron cuando todo estaba listo para comenzar un juicio histórico: el primero oral por los crímenes cometidos durante la dictadura en los centros clandestinos que integraron el llamado Circuito Camps. Pese a eso, a que todo estaba listo, algo pasó. Durante veinte minutos la sala estuvo sin los jueces del Tribunal Oral Criminal Federal 1. Como en un ritual en el que de pronto se alteran todas las rutinas, las víctimas, solas, frente a las espaldas de los acusados, soltaron lo único que tenían a mano: sus palabras. ¡Cobardessss!, gritó alguien. ¡Asesino! ¡Hijos de putaaaa!, decía la sala convertida en una única voz. ¡Abusadores! ¡Violadores! ¡Pervertidos!, seguían. Y empezaron a pronunciar el nombre mántrico de los caídos: Jorge Julio López, Adriana Calvo. “¡Pónganle esposas al segundo que se hace el rengooo!”, dijeron. “¡Contestá dónde está López!”, se oyó. Dijeron y cantaron “Como a los nazis...”. Dijeron presente por los 30 mil desaparecidos. Volvieron a cantar hasta que entonces sí, dos horas después del comienzo previsto, y mucho después de que cada uno haya ocupado su lugar, el presidente del TOCF 1 Carlos Rozanski entró a empezar con el juicio.


El proceso que comenzó en La Plata tiene las dimensiones de una megacausa. Varios tramos de seis centros clandestinos que integraron el circuito de la Jefatura de Policía bonaerense a cargo del brutal Ramón Camps confluyeron en este juicio que reunirá durante un año y medio el tránsito de más de 500 testigos, por 281 víctimas, entre las que hay menores de edad y embarazadas, en contra de 26 represores, entre los cuales están las figuras negras de la represión de la provincia.


El jefe de la Brigada de Inteligencia de la Policía Bonaerense –el primer lugar al que llegaban las víctimas secuestradas y espacio de distribución de los prisioneros–, el policía Miguel Etchecolatz todavía no había llegado a la sala cuando empezó la audiencia. En ese comienzo, en cambio, se habían sentado los otros acusados, tres de los cuales subieron al escenario arrastrados en sillas de ruedas. Entre ellos, dos de los tres militares juzgados: Ibérico Saint Jean, ex gobernador bonaerense que llegó al juicio defendido por su hijo. Agustín Arias Duval, el ex jefe del Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército y entre los dos se sentó el médico de policía Jorge Bergés, también reducido a la silla de ruedas. El resto ocupó otras tres tumultuosas hileras. En un extremo, se sentó el primer civil con rango de ministro que llega a ser juzgado por delitos de lesa humanidad: Jaime Lamont Smart, ex ministro de Gobierno de Saint Jean, pero además abogado que consiguió poco más tarde la autorización del Tribunal para asumir su propia defensa. La decisión, complicada, criticada en otras jurisdicciones porque de ese modo puede preguntar a los testigos y convertir el interrogatorio en una suerte de careo, le permitió rápidamente desplazarse, maletín en mano, de la silla de acusado a la mesa de los abogados. Los otros acusados son mayoritariamente los ex policías de la Bonaerense que libraron la batalla en nombre de la represión. Entre ellos, Norberto Cozzani, mano derecha de Etchecolatz, y Hugo Alberto Gullana, su chofer, acusado de robarse a Clara Anahí, la nieta de María Isabel “Chicha” Chorobick de Mariani.



Chicha también estaba ahí. Pese a sus ojos casi ciegos, a su bastón, se sentó a la espera, como en cada comienzo de juicio, de que, a lo mejor, alguno de ellos, esta vez, diga algo. “Para mí es muy distinto este juicio de los otros porque se va a juzgar el caso de Clara Anahí”, dijo Chicha. “No tengo muchas esperanzas porque los veo tan crueles, tan duros, pero uno siempre espera en un rincón del corazón que uno de ellos diga la verdad, es cierto que ya se murieron muchos, pero tengo la esperanza de que alguno hable.”


El hijo de Saint Jean en calidad de abogado dijo que su padre de 89 años tiene problemas de salud avalados por informes de tres peritos forenses: “¡Es estéril e ilegal que esté presenciando el debate en esta sala!”, clamó. La abogada de Arias Duval pidió lo mismo e invocó un cuadro de cáncer terminal. Se sumó el abogado de Rodolfo Campos, el tercer militar juzgado, subjefe de policía de Camps.


Rozanski reprendió al Servicio Penitenciario por las demoras. Y el más demorado fue Etchecolatz, que llegó después de la una de la tarde. Ante la ausencia, el juicio empezó con la lectura de los dos únicos tramos que no lo tienen de acusado. Uno, contra Bergés por falsificación de documentos en la apropiación de Pedro Luis Nadal García, y el otro contra el policía retirado Santiago Antonini por el secuestro de Chicha Mariani el 10 de diciembre de 1976, en su casa, durante media hora, pero cuando la patota que integraba buscaba a su hijo, a días del ataque a la casa de la calle 30. Ese comienzo azaroso por la ausencia de Etchecolatz se convirtió sin embargo en una entrada simbólica porque plantó en medio de la sala el ataque a la imprenta de Montoneros y el asesinato de los militantes de la calle 30.


Antonini estuvo en la casa de Chicha Mariani después del ataque. Ella lo reconoció en una audiencia de los Juicios por la Verdad, pero él participó a su vez del ataque a la casa de la calle 30, como surge de sus fojas de servicio. La Jefatura lo felicitó después del ataque “por haber participado” y abatir a quienes mantenían ocultas armas y hacer un hallazgo que calificaron de “sorprendente”, por la imprenta de Montoneros. El ataque, se recordó en la sala, buscó “anular el funcionamiento de una imprenta oculta ingeniosamente en la pared, donde se imprimía material de Montoneros”. Y “el objetivo principal fue exterminar a los ocupantes de la casa”. Recordaron el impresionante despliegue de fuerzas militares y policiales, la presencia anticipada de morgueros: “Esta es una muestra de la brutalidad que tenía quien comandó ese ataque, que fue Miguel Etchecolatz”, recordó la elevación. Hubo despliegue de todo tipo de armamentos, explosivos, lanzacohetes. “De allí que no hubo un enfrentamiento, sino una verdadera masacre planificada que cumplió con su objetivo de eliminar a los ocupantes para hacer tronar el escarmiento a implantar en La Plata y en el país y llevarse como trofeo a la pequeña hija de dos militantes de Montoneros.”
Ese será un eje al que volverá el debate en los primeros tiempos. De acuerdo con el cronograma, el debate comenzará con los casos que rodearon el ataque de la calle 30, el robo de Clara Anahí y el secuestro de Chicha. Esa escala permitirá ingresar a uno de los microcircuitos integrado por la Brigada de Investigaciones de La Plata, Comisaría V con jurisdicción en el lugar y el Pozo de Arana.
Claudia Belingieri es perito de la causa, investigadora a cargo de los archivos de la ex Dipba, la Dirección de Inteligencia de la Bonaerense. “Los 29 centros clandestinos que incluyó el Circuito Camps funcionaron en comisarías, puestos y destacamentos, es decir –dice–, estaban montados sobre la estructura de la Policía Bonaerense que conducía Camps y Camps militarizó a la policía para ponerla al servicio de la represión.”
El debate avanzará así en causas emblemáticas que tuvieron lugar en ese tramo: el secuestro de los Graiver, el de Jacobo Timerman, Julio López y Adriana Calvo, quien seguramente encontrará la forma de estar presente pese a su muerte, porque la fiscalía pidió que se incorpore uno de sus últimos testimonios filmados. Lo mismo se hará con Julio López.


Emilce Moler era estudiante de Bellas Artes cuando empezó a militar en la Unión de Estudiantes Secundarios. Parte de los jóvenes secuestrados en la llamada Noche de los Lápices, otro de los casos que integrarán la primera parte del juicio. Emilce, que estuvo ayer en la sala, aclaró que no los secuestraron por la pelea del boleto estudiantil, que eso sucedió un año antes, que los secuestraron por la UES. Ella pasó el primer tramo de su secuestro en el Pozo de Arana, de ahí pasó a la Brigada de Quilmes, luego a la Comisaría de Valentín Alsina y luego quedó blanqueada en el Penal de Devoto hasta 1978, en que salió en libertad vigilada. “Yo siento que éste es un juicio bueno y reparador”, dijo al comienzo, todavía en la entrada. “Un juicio de esta magnitud es muy emblemático porque se puede centralizar el Circuito Camps, pero porque también aparece un civil, policías y militares: es una muestra de lo que pasaba con los distintos actores que intervinieron desde distintos lugares para que la represión de una dictadura cívico-militar pudiera darse en los distintos grados.”


Afuera, mientras tanto, estaban los que todavía no iban a entrar. Las banderas de HIJOS La Plata y de las agrupaciones que montaron una radio abierta. Las fotos de Jorge Julio López. El paso raudo de Etchecolatz más tarde bajando en medio de nuevos gritos de cobarde y de asesino. Las Abuelas y las Madres de Plaza de Mayo. Vera Jarach, Carmen Lapacó, Enriqueta Maroni, Mirta Baravalle, Elsa Pavón, Adelina de Alaye, Alba “Nieca” Martino. Las querellantes de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, Justicia Ya!, Abuelas de Plaza de Mayo y Alejo Ramos Padilla, que acompañó por última vez a Chicha Mariani porque asumirá de juez en los próximos días. Entre el público, hubo sobrevivientes de todos los centros. La audiencia seguirá hoy y se hará lunes y martes en La Plata.




SUBNOTAS





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CH$LE PARAÍSO DE CRIMINALES DE LESA HUMANIDAD CAMARISTA OTILIO ROMANO "FUNCIONAL" EN 103 DELITOS DE LESA -- 24-08-11

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2011



Repudiamos la fuga del suspendido camarista Otilio Romano y reclamamos su urgente extradición



Abuelas de Plaza de Mayo repudia la fuga del país del suspendido camarista federal de Mendoza Otilio Romano, con un jury de enjuiciamiento en curso y procesado penalmente por su conducta funcional al terrorismo de Estado en 103 delitos de lesa humanidad. En este sentido, expresamos nuestro profundo malestar por la visa que el gobierno chileno entregó a Romano por ocho meses, reclamamos su urgente extradición y esperamos que se rechace su solicitud de asilo político, puesto que sólo se trata de un ardid para evadir las graves imputaciones que debe enfrentar.



Romano está acusado de omitir la investigación de delitos de lesa humanidad mientras era fiscal federal y juez federal subrogante, entre 1975 y 1983, denuncia que incluye el archivo de la causa por la apropiación de Rebeca Celina Manrique, la primera nieta restituida en la provincia de Mendoza. La acusación señala que, en la actualidad, el suspendido camarista todavía incurre en evidentes conductas colaboracionistas con los represores, que entorpecen el curso de las investigaciones.



Ante la gravedad de estos nuevos hechos, el Consejo de la Magistratura se reunirá extraordinariamente el jueves 15 para evaluar si suspende el pago de haberes al camarista prófugo, quien todavía goza de fueros, salario y obra social. La cobarde huida de Romano es una muestra más de su accionar contrario a la justicia. Por lo tanto, esperamos una rápida respuesta de los órganos competentes que derive en el retorno del funcionario procesista al país para que, finalmente, sea destituido y condenado.






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10/09/2011

Organizaciones de Derechos Humanos rechazan refugio a juez argentino

Magistrado Otilio Romano Ruiz está imputado por crímenes de lesa humanidad, pero el gobierno le otorgó una visa por ocho meses. Diputado Hugo Gutiérrez (en la foto) dice que legislación internacional le impide obtener asilo.




Sábado 10 de septiembre de 2011 por Nación.cl



El diputado Hugo Gutiérrez, junto a participantes en el Tercer Encuentro Latinoamericano Memoria, Justicia y Verdad, rechazó el refugio temporal concedido por el gobierno chileno a un juez argentino, acusado de violar los derechos humanos en ese país.



"Los asistentes al Tercer encuentro latinoamericano Memoria, Justicia y Verdad, entre ellos, parlamentarios chilenos, uruguayos y argentinos no podíamos omitirnos de pronunciarnos sobre la presencia en Chile del juez argentino Otilio Romano Ruiz", explicó Hugo Gutiérrez.



El legislador comunista dijo que se trata de "un magistrado mendocino imputado por crímenes de lesa humanidad y que ha solicitado refugio en nuestro país. Creemos que esa circunstancia es grave y que nuestro gobierno debió haber reaccionado con la presteza que requiere dar cumplimiento a la legislación interna dentro de la serie de jurisprudencia que hay en el país que deja claramente establecido que una persona que ha cometido o se encuentra imputada o procesada por delitos de lesa humanidad no puede nunca obtener refugio, según lo dicen también los tratados internacionales que son ley de la República".



"Hemos tomado conocimiento que el gobierno le ha otorgado una visa por ocho meses que no guarda relación con lo que ha hecho este gobierno, por ejemplo, con jóvenes españoles, argentinos, italianos que, teniendo sospechas que estarían involucrados en algún movimiento mapuche o estudiantil, son rápidamente expulsados del territorio de la República, sin tener una orden de captura, ninguna implicación internacional", dijo.




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EL EX JUEZ OTILIO ROMANO, PROFUGO POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD, PIDIO REFUGIO POLITICO EN CHILE



Cuando pa’ Chile me voy es que fugándome estoy



Cuando era inminente su suspensión como juez y su pérdida de fueros, Otilio Romano se fugó a Chile. Interpol informó a la Justicia argentina que allí obtuvo una visa por ocho meses y pidió estatus de refugiado.


Por Diego Martínez



Durante un año y medio dilató con éxito el proceso de destitución en el Consejo de la Magistratura. Ante la inminente suspensión y la pérdida de los fueros que le permitían burlar la cárcel, se tomó un avión de LAN rumbo a Chile. Ayer, mientras la noticia del camarista fugitivo circulaba en los medios trasandinos, Interpol le informó a la Justicia argentina que Otilio Romano, flamante ex juez con procesamiento firme como partícipe en delitos de lesa humanidad durante la dictadura, se encuentra “con visa temporaria por ocho meses y solicitando refugio a las autoridades” chilenas. El próximo paso corresponde ahora al juez mendocino Walter Bento, en condiciones de pedir su captura internacional con fines de extradición. La última palabra la tendrá la Comisión Nacional de Refugiados (Conare) de Chile, integrada por funcionarios del gobierno de Sebastián Piñera. El Consejo de la Magistratura, que suspendió a Romano y ordenó un jury de enjuiciamiento por su actuación en el terrorismo de Estado, se reunirá “de urgencia” el próximo jueves para considerar la suspensión del pago de haberes ante “la intención evidente de abstraerse del proceso judicial en trámite así como del proceso de remoción”.



La noticia sobre el pedido de refugio de Romano despertó ayer suspicacias respecto del uso político que el gobierno de Piñera pueda hacer del caso, sobre todo a partir del asilo que la Conare argentina le otorgó el año pasado al ex guerrillero chileno Sergio Galvarino Apablaza, ex líder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, a quien Chile pretende juzgar por un asesinato y un secuestro en 1991. El gobierno chileno, patrocinado por un estudio de abogados argentinos, se presentó días atrás ante la Justicia en lo contencioso administrativo para intentar revertir la decisión de la Conare. Fuentes judiciales explicaron a Página/12 que “la presentación es técnicamente un disparate, porque el asilo es una decisión política que se funda en la oportunidad, el mérito y la conveniencia de quien tiene la facultad para ejercerla”, aunque no descartaron que Piñera utilice el caso “para devolver gentilezas”.



Salvo que Chile decidiera expulsar a Romano, decisión poco probable dado que no ingresó al país ilegalmente, el proceso para que el imputado retorne a la Argentina podría demorar semanas e incluso meses. Si bien no se conoce el escrito que el ex juez presentó para pedir refugio, abogados con experiencia en trámites de extradición consultados por este diario dieron por descontado que se presentó como “un perseguido político”, en línea con la carta pública que difundió desde el diario Los Andes en octubre de 2010, cuando vinculó el avance de la investigación sobre su pasado con el fallo de la Cámara Federal que convalidó la suspensión de todos los artículos de la ley de servicios audiovisuales. Esa hipótesis fue desbaratada de inmediato por los organismos de derechos humanos de Mendoza, cuando recordaron que ya en enero de 2010 habían denunciado penalmente y habían pedido la destitución de Romano y de su entonces colega Luis Francisco Miret por su “compromiso ideológico” y su participación en “la persecución sistemática de la población civil emprendida por el régimen militar”.



Romano se convirtió en fugitivo para la Justicia el miércoles a las 13, cuando venció el plazo de 48 horas que el juez Bento le había fijado para demostrar que continuaba “sujeto a proceso”. Ayer por la mañana, antes de que el juez alcanzara a pedirle autorización al Consejo para dictar la orden de captura, la oficina de Interpol en Buenos Aires le informó que Romano “se encuentra en la República de Chile, con visa temporaria por ocho meses y solicitando refugio a las autoridades del citado país”.



Bento le informó la novedad al Consejo de la Magistratura, que el viernes 25 lo había suspendido y había designado a dos consejeros para que prepararan la acusación ante el jury de enjuiciamiento. La suspensión implica que el magistrado no puede concurrir a su trabajo ni firmar resoluciones, pero sí mantener su salario, su obra social y el tratamiento especial que se dispensa a Sus Señorías. Ante la novedad, el presidente del organismo, Mario Fera, convocó al resto de los consejeros para el jueves a las 10 con el fin de tratar “la propuesta de suspensión del pago de haberes al doctor Otilio Irineo Roque Romano”. Fera recordó que ayer venció “el plazo otorgado por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados al juez Romano para su presentación”, y al no presentarse le dio traslado al defensor oficial. “Deberían destituirlo de una vez, ahora no sólo por su participación en crímenes de lesa humanidad, sino por sustraerse a la Justicia, una conducta inadmisible en un magistrado”, opinó el abogado Pablo Salinas, del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de Cuyo.



Al margen de lo que decida el Consejo de la Magistratura, los próximos pasos están ahora en manos del juez Bento. Una vez que el magistrado pida la captura internacional, Cancillería deberá comenzar a tramitar la extradición. La Conare chilena deberá analizar entonces los argumentos de Romano y las pruebas provenientes de la Argentina, donde ya estaba en condiciones de afrontar su primer juicio oral y público por crímenes de lesa humanidad. El organismo del que dependerá la suerte del ex hombre fuerte de la Justicia cuyana está integrado por funcionarios de los ministerios del Interior, de Justicia, de Desarrollo Social y por el canciller de Chile. La principal diferencia con la Argentina y la mayor parte de los países de la región es que no cuenta con representantes del Acnur, la agencia de Naciones Unidas para los refugiados.






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09/09/2011

Pérez (UDI) propone canjear a Otilio Romano por Galvarino Apablaza



El secretario general de la UDI aseveró que si la justicia argentina quiere al juez, encausado por DDHH y declarado prófugo, debe entregar al "Comandante Salvador". "La situación se podría analizar si el Gobierno argentino deja de proteger al asesino del senador Jaime Guzmán", declaró.



Viernes 9 de septiembre de 2011 por Nación.cl



Como una oportunidad de "lograr justicia" en el asesinato del senador gremialista Jaime Guzmán, definió el secretario general de la UDI, Víctor Pérez, los requerimientos que la justicia argentina pueda realizar respecto de la permanencia en Chile del juez Otilio Romano.



"Si la justicia argentina quiere al juez Otilio Romano debe entregar a Galvarino Apablaza a la justicia chilena", afirmó el portavoz UDI, al proponer una suerte de canje.



El magistrado trasandino está procesado por 103 delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar argentina. Romano tiene una visa temporal de 8 meses para permanecer en Chile, donde se encuentra desde el 24 de agosto, un día antes de que fuera suspendido de sus funciones por el Consejo de la Magistratura de la Nación.



Una vez en Chile comenzó la tramitación de un proceso de asilo político, con el objetivo de sortear una orden de búsqueda y captura de la justicia argentina.
El magistrado trasandino Walter Bento, quien investiga la participación de Romano en una causa de violaciones a los derechos humanos en el vecino país, lo instó a comparecer esta semana. Desde entonces, lo considera prófugo de la Justicia.



OPCIÓN DE EXPULSIÓN



Al explicar su propuesta de canje por Apablaza, acusado de haber planificado el asesinato del fundador de la UDI Jaime Guzmán en 1991, pero con estatus de refugiado político en Argentina, Pérez señaló que “ésta es la oportunidad de lograr justicia".



Según el senador, "los gobiernos a través de la vía diplomática tienen la opción de expulsar a un ciudadano de otro país y, en este caso, se podría analizar la situación si el gobierno argentino deja de proteger al asesino del senador Jaime Guzmán. En Chile está impune el crimen de un senador de la República, porque el responsable es protegido por Argentina ".



A su juicio, "así como legítimamente el Estado argentino busca aplicar justicia a un eventual responsable de violaciones a los derechos humanos, en Chile hace muchos años que queremos que se haga justicia respecto de uno de los crímenes más alevosos de nuestro historia reciente".



Agregó que en la UDI "no vamos a renunciar a que en el caso del asesinato de Jaime Guzmán, los responsables cumplan su condena en nuestro país y vamos a agotar todas las instancias que se presenten".



En Argentina, ha trascendido que sorprendió la inmediata concesión de la visa temporal en Santiago. De hecho, según La Nación de Argentina, en círculos judiciales federales se teme una suerte de "revancha política" debido a que el Gobierno de Cristina Kirchner otorgó estatus de refugiado político a Apablaza, acusado también por el secuestro de Christian Edwards, hijo de uno de los dueños del diario El Mercurio.



En este contexto, el Gobierno chileno pidió, hace sólo una semana, la revisión del proceso de asilo político.