martes, 6 de abril de 2010

Comisión Ética 22-Rechazamos las difamaciones e intentos de tergiversar la labor del miembro de la Comisión Ética, el Mapuche Lorenzo Loncón-05-04-10

Comisión Ética 22


Rechazamos las difamaciones e intentos de tergiversar la labor del miembro de la Comisión Ética, el Mapuche Lorenzo Loncón


Lunes 5 de abril de 2010


Los abajo firmantes formamos parte de la Comisión Ética por la Verdad de Colombia, integrada por 25 miembros internacionales reconocidos por su gran calidad humana y ética y por su trayectoria en la defensa de los Derechos Humanos. La Comisión Ética es una de las ocho estrategias del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE, en Colombia. Lorenzo Loncón hace parte de ésta Comisión Ética como representante del pueblo mapuche y en esa condición ha realizado dos visitas a Colombia.



Los medios de comunicación argentinos dieron a conocer, en septiembre del 2009, una información relativa a Lorenzo Loncón, del pueblo mapuche y miembro de la Comisión Ética de la Verdad, sugiriendo relaciones de éste con grupos armados o guerrilleros en Colombia. La persona que lo acusó, el empresario de explotación minera, Carlos Natalio Sapag, hermano del gobernador de Neuquén, junto con otros terratenientes, habían acusado anteriormente al pueblo mapuche, sin presentar las pruebas pertinentes, de un supuesto tráfico de armas y de conspiraciones para tomas de tierras violentas de mapuches de Chile y Argentina.
Carlos Natalio Sapag se refiere especialmente a una carta firmada por Lorenzo, en apoyo a la senadora Piedad Córdoba, dado que en la carta aparece la frase: “valoramos que la guerrilla de las FARC–EP esté dispuesta a intercambiar prisioneros”. Detrás de esos falsos señalamientos y acusaciones hay, como en otros países, intereses sobre la tierra, caso evidente reflejado en los intereses sobre el territorio de comunidades indígenas del pueblo mapuche. Rechazamos enérgicamente esta acusación y queremos dejar claro el motivo y las acciones que ha realizado nuestro colega Lorenzo en sus visitas a Colombia.



La primera visita que realizó en el país fue en febrero del 2007, en la que participó en una peregrinación por la conmemoración de 10 años del desplazamiento forzado de miles de personas en el bajo Atrato, departamento de Chocó, así como juez en el Tribunal Permanente de los Pueblos realizado en la región de Cacarica, Chocó. Durante este encuentro, Lorenzo Loncon, junto con los demás comisionados, escuchó testimonios sobre el desplazamiento y las luchas por la recuperación del territorio ancestral. Después de su visita al Cacarica, Lorenzo participó en el lanzamiento de la Comisión Ética en la finca El Palmar en el municipio de San Onofre-departamento de Sucre. Allí se hizo un acto simbólico y los comisionados recibieron testimonio de los habitantes de la región que sufrieron la represión y la violencia paramilitar / militar.


La segunda visita la realizó durante la VI Visita de la Comisión Ética en el mes de marzo del 2009. En esta ocasión Lorenzo, junto con otros comisionados, acompañó al pueblo indígena Embera y a los pueblos afrodescendientes de la cuenca del río Jiguamiandó, departamento del Chocó, en la Primera Consulta de los Pueblos sobre la explotación minera realizada en Colombia, entre el 25 y 28 de febrero del 2009. Así mismo, participó en el Encuentro del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado realizado en Bogotá sobre ejecuciones extrajudiciales, para luego viajar junto con dos comisionados más a San Onofre, departamento de Sucre, donde conocieron la experiencia de una población campesina en proceso de retorno y recuperación de la tierra.

La participación de Lorenzo Loncón ha sido muy valiosa para las visitas de la Comisión Ética a Colombia, en las cuales ha participado, dando apoyo a las víctimas y compartiendo su experiencia de lucha por el territorio y en la defensa de los Derechos Humanos.

Como integrantes de la Comisión Ética de la Verdad relacionamos de manera pública nuestras visitas y acontecimientos, pronunciándonos en contra de amenazas que estén directamente relacionadas con los objetivos de nuestra labor, que se ha caracterizado entre otras, por la promoción de la humanización del conflicto armado en Colombia, tal y como se hizo evidente en las Comunicaciones Éticas 15 y 16.

En ese sentido, apoyamos las gestiones humanitarias de la senadora Piedad Córdoba y el Grupo Colombianos y Colombianas por la Paz. Este pronunciamiento es firmado y ratificado, además, por la comunidad internacional y se ha divulgado, también, en medios de comunicación tales como la página web de la Coordinadora Popular de Paris, que se menciona en el periódico Chileno. Recordamos que las gestiones humanitarias de la senadora Córdoba son públicas y las mismas para la liberación de algunos secuestrados han tenido el aval del Presidente de Colombia. La senadora Córdoba incluso ha sido propuesta para el Premio Nóbel de Paz por estas gestiones.

Esperamos que con eso quede aclarado el apoyo de Lorenzo Loncón del Pueblo Mapuche en pro de las víctimas y del Movimiento Nacional de Victimas de Crímenes de Estado en Colombia, para su legítimo reclamo a la Verdad, la Justicia y la Reparación Integral, derechos que las víctimas de todo el mundo están reclamando.


Mirta Baravalle; Madres de la Plaza de Mayo, Línea Fundadora, Argentina
Bernardine Dohrn, abogada y docente en la Universidad Northwest Chicago, directora del Centro de Justicia para los niños y la familia, EEUU

Elizabeth Deligio, Observatorio de la Escuela de las Américas; EEUU

Sean Hawkey. Consejo Mundial de Iglesias; Gran Bretaña

Mary Bricker-Jenkins, PhD, Miembro del Comité Internacional de Poor People’s Economic Human Rights Campaign, EEUU

Stephen Haymes, Universidad DePAul, EEUU

Eduard Nachmann, integrante de H.I.J.O.S. ciudad de Buenos Aires, Argentina

Rainer Huhle, Centro de DDHH de Nuremberg, Alemania

Dr. Gilberto López y Rivas, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Méjico

Carlos Fazio, periodista, investigador y catedrático de la UNAM; Méjico

Comisión Ética contra la Tortura en Chile (Santiago de Chile, Valparaíso, Temuco, Sur); Chile

Enrique Santiago, abogado del Instituto de Estudios Políticos de América Latina y África, España

Rick Upper-Chase, director ejecutivo del Presbyterian Peace Fellowship de la iglesia Menonita, Chicago, EEUU

Libertad Sánchez, Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Mérida y Comarca; España

Miguel Álvarez, presidente de Serapaz, México

Enrique Nuñez, Enrique Pérez, Agrupación Ex – presos y expresas políticos, Chile

France – Amerique Latin; Francia

Tica Font, Directora del Instituto Catalán Internacional para la Paz; Espai Catalunya-Comissió Ètica, España

Comunidad de Santo Tomas de Aquino.

justiciaypazcolombia.com

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Negociado de las becas valech,EXPP por parte de UNIACC--Abril 5 - 2010

Los compañeros de Valdivia nos piden difundir la siguiente informacion sobre el negociado de las becas valech, donde aparecen involucrados varios conocidos:

Compañeros esta es la historia:

Cuando nos inscribimos para estudiar en UNIACC, no había ley respecto a varias cuestiones elementales para nosotros como, pensión a las viudas, reapertura de la ley Valech y menos aun sobre el traspaso de la beca de estudios a los hijos (como pedíamos primero). En ese escenario nos ofrecieron la posibilidad de hacer un cursillo en esta universidad, lo tomamos como una oportunidad de reencuentro con compañeros EXPP, y naturalmente aprender computación y ramos que servirían para trabajar como pequeño empresario, proyecto incluido con gestión de la U.

Todo bien hasta que llego a nuestras manos un artículo de la revista El Periodista respecto a la estafa que estaba ejecutando la UNIACC con los EXPP que estudiaban con ellos.

Preguntamos insistentemente el valor de los aranceles y nunca hubo respuesta. En vista de eso recurrimos a las autoridades, intendencia, Gobernador, Seremi de Educación, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados; respuesta nula y nulo apoyo. La última opción era la Contraloría Regional , mandamos un oficio y basado en ello Contraloría exigió respuesta al Mineduc.

Al mismo tiempo oficiamos a la Presidencia de donde obtuvimos pronta respuesta y todo eso presiono al Ministerio de Educación, que respondió dando el valor de los aranceles, los que superaban los 8 millones de pesos. Imagínate la sorpresa, indignación y repudio que sentimos por esta verdadera estafa.

La Uniacc un ente comercial, sin ética educacional, el Ministerio otra cáfila de sinvergüenzas, pues ellos aprobaron el Programa, el costo de los aranceles, sin inspección ni seguimiento alguno. Contraloría no puso objeción alguna a estos escandalosos pagos -en cambio recuerdas cuando investigo dineros que fueron mal habidos por un par de estúpidos diputados, por 5 o 10 millones, si mal no recuerdo- Esto fue un desfalco al erario nacional por muchos miles de millones y contraloria hizo mutis por el foro.

Felizmente TVN investigo algo en Santiago y supo que nuestra Agrupación en Valdivia, de la cual soy Presidente, era la que más antecedentes y documentos. Bueno se contactaron con nosotros... y el resto lo puedes ver en el programa “Esto no tiene nombre” que se emitira el miércoles a las 22:45 hrs. por TVN. Bien compas, esto les puede dar una idea general, fuera de lo que hemos conversado. Espero que lo divulguen.

Fraternalmente,

Eladio Muñoz Coordinadora Ex PP de Valdivia Abril 5 - 2010

Integran la coordinadora: Agrupacion ExPP de Copiapó, Agrupacion ExPP V Región, Agrupación Ex Menores Víctimas de PP y T, Coordinadora ExPP Santiago, Coordinadora ExPP VIII Región, Agrupacion ExPP IX Región, Agrupacio Ex PP Purranque, Agrupación Ex PP Paillaco, Coordinadora Expp de Osorno. Coordinadora Ex PP Valdivia.

Informate de la realidad y las luchas sociales en Valparaiso.Escucha todos los Martes de 18 a 19 Hrs el programa "ciudadanos con memoria" en www.radioplaceres.cl

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domingo, 4 de abril de 2010

LA MINISTRA DE DEFENSA, NILDA GARRE, HOMENAJEO A LOS 55 CONSCRIPTOS DETENIDOS-DESAPARECIDOS-30-03-10

LA MINISTRA DE DEFENSA, NILDA GARRE, HOMENAJEO A LOS 55 CONSCRIPTOS DETENIDOS-DESAPARECIDOS

Los habían calificado de desertores

La ministra de Defensa, Nilda Garré, junto a los familiares de los conscriptos desaparecidos.
Imagen: Télam

Ante los familiares de los conscriptos, la ministra señaló “la crueldad extra de hacerlos figurar como desertores”. Sara Steimberg, la madre de Luis Pablo, dijo: “Nunca soñé, ni en mi sueño más loco, con llegar a este homenaje”.

En el marco de la ceremonia en homenaje a 55 conscriptos desaparecidos durante la dictadura militar, la ministra de Defensa, Nilda Garré, consideró que el terrorismo de Estado cometió con ellos la “crueldad extra de hacerlos figurar como desertores”. En la Plaza de Armas del Edificio Libertador –sede del Estado Mayor Conjunto–, la ministra descubrió una placa con los nombres de los soldados, cuyo listado surgió a partir de un entrecruzamiento de datos entre el Archivo Nacional de la Memoria (ANM) y registros pertenecientes a las Fuerzas Armadas. Garré calificó como “una justa reparación” el acto de agregar en los registros de cada conscripto la condición de “detenido-desaparecido” y su número de denuncia ante la Conadep. “Nunca soñé, ni en mi sueño más loco, con llegar a este homenaje”, dijo Sara Steimberg, madre de uno de los conscriptos secuestrados.
“Lo importante era corregir los legajos y explicar que esas personas están desaparecidas, pero dejando el falso testimonio de que eran ‘desertores’ como prueba de la ignominia”, afirmó Garré al concluir la ceremonia, que estaba originalmente prevista para el 24 de marzo, pero que por problemas de agenda se postergó.
“Se cometió la crueldad extra de hacerlos figurar en los registros como desertores”, subrayó Garré. La ministra explicó que se le ordenó a cada una de las Fuerzas la inclusión en sus registros de la condición de “detenido-desaparecido” en estos casos, con el número de legajo correspondiente a la denuncia ante la Comisión Nacional por la De-saparición de Personas (Conadep). “Es un acto muy emotivo y una justa reparación”, declaró la titular de Defensa al descubrir una placa “en homenaje de los soldados conscriptos víctimas de desaparición forzada de personas durante el cumplimiento del servicio militar obligatorio entre 1975 y 1983”.
La investigación que permitió corroborar la situación de los jóvenes, se originó con la resolución Nº 420 del Ministerio de Defensa, en mayo de 2009. Allí se requirió a la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario dependiente de esa cartera, un informe sobre los conscriptos desaparecidos. El informe elevado por la titular de esa dirección, Ileana Arduino, tomó en cuenta 43 registros informados por las tres Fuerzas Armadas y otros 12 casos cuyos datos fueron provistos por el Archivo Nacional de la Memoria. Cabe destacar que ese número no refleja la totalidad de los reclutas que fueron secuestrados mientras cumplían su servicio militar obligatorio y se encuentran aún en calidad de detenidos-de- saparecidos –cifra que supera la centena–, sino sólo aquellos que las respectivas fuerzas calificaron como desertores.
Fuentes de la cartera castrense aseguraron a Página/12 que el trabajo para identificar a otros soldados que pudieron haber corrido la misma suerte seguirá adelante. Asimismo, confirmaron que Defensa pondrá a disposición sus archivos en caso de que la Justicia decida impulsar las investigaciones sobre las circunstancias que envolvieron las desapariciones forzadas en estos 55 casos donde los datos han sido corroborados fehacientemente.
Sara Steimberg dijo que “lo más importante es que el pueblo se entere, sepa lo que pasó”. Su hijo, Luis Pablo Steimberg, fue desaparecido junto al también recluta Luis Daniel García, en el Colegio Militar en 1976, dirigido en ese entonces por quien sería el último dictador, Reynaldo Bignone. La titular de Defensa recordó que se llegó a “esta instancia de cercanía con la verdad” por la “lucha incansable de todas y todos los que trabajamos cotidianamente por la memoria, la verdad y la justicia”.
Acompañaron a Garré los jefes del Estado Mayor Conjunto, brigadier Jorge Chevalier; del Ejército, general Luis Pozzi; la Armada, almirante Jorge Godoy, y la Fuerza Aérea, brigadier Normando Costantino. También estuvieron presentes el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, funcionarios de Defensa, legisladores y agregados militares extranjeros, además de amigos y familiares de las víctimas.


Informe: Gabriel Morini.


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SANTA FE, ASESINARON A SILVIA SUPPO, EX DETENIDA-DESAPARECIDA, TESTIGO EN EL JUICIO CONTRA EL EX JUEZ BRUSA-30-03-10

ASESINARON EN SU NEGOCIO EN RAFAELA, SANTA FE, A SILVIA SUPPO, EX DETENIDA-DESAPARECIDA, TESTIGO EN EL JUICIO CONTRA EL EX JUEZ BRUSA

Doce puñaladas para una víctima de la dictadura

Silvia Suppo impulsaba también la causa por la desaparición de su compañero, Reinaldo Hammeter. Dos de los imputados viven en Rafaela. Ayer fue asesinada en su negocio en el centro de esa ciudad. Las hipótesis van desde el robo hasta la venganza.

Por Sonia Tessa

Desde Rosario

Silvia Suppo fue una testigo importante del juicio contra el ex juez federal Víctor Brusa, y también impulsaba la causa que investiga la desaparición de su compañero, Reinaldo Hammeter, secuestrado el 25 de enero de 1977, en la catedral de Rafaela. Esta causa tiene imputados que viven en la misma ciudad. Ayer, entre las 9 y las 10 de la mañana, fue asesinada de doce puñaladas en su negocio, ubicado en pleno centro de su ciudad, de 95 mil habitantes, donde es inédito un crimen con semejante ensañamiento. Según la versión policial, entraron a robarle, dado que faltaba el dinero de la caja y alguna mercadería de la talabartería. Al cierre de esta edición había dos personas detenidas, de 18 y 19 años, con antecedentes delictivos, y la policía buscaba a otros dos, siempre bajo la hipótesis de robo. En cambio, la abogada Lucila Puyol, de Hijos Santa Fe, consideró una “irresponsabilidad tomar esta determinación a partir de tan pocos elementos. Está claro que este es un asesinato en su calidad de testigo”.

Puyol subrayó que “por su calidad de víctima y de testigo para la causa Brusa, y para la causa de Hammeter, que se encuentra en etapa de instrucción, así como la cercanía con el 24 de marzo y los otros elementos que está aportando la familia, como las intimidaciones permanentes que sufría, está claro que no se puede investigar como un robo”.

La víctima tenía 51 años, dos hijos de 21 y 24, y se encontraba sola en el negocio dedicado a la venta de artesanías en cuero y plata en Sargento Cabral al 200, a pocas cuadras de la Jefatura de Policía de la Unidad Regional V. También vivía allí. El homicidio ocurrió en horario comercial y a plena luz del día. Recién a media mañana el cuerpo aún con vida de Suppo fue advertido por una ocasional clienta. Suppo yacía sobre un charco de sangre, semiinconsciente, y fue trasladada de urgencia al Hospital Jaime Ferré, donde pese a los esfuerzos realizados falleció minutos después del mediodía, cuando era intervenida quirúrgicamente, debido a un paro cardiorrespiratorio, entre otras complicaciones por las heridas recibidas. Según los investigadores, los atacantes actuaron con total impunidad.

Los hijos de Silvia pidieron que la autopsia se realizara en la ciudad de Santa Fe. Junto a abogados querellantes de las causas por delitos de lesa humanidad se entrevistaron con la fiscal Cristina Fortunato, que entiende en la causa, para pedirle que se tome el caso con la gravedad que corresponde. Subrayaron la importancia del testimonio de la víctima en el juicio contra Brusa, su participación en otro proceso por la desaparición de su compañero –del que también sería una testigo muy importante–, que tiene cuatro imputados, de los cuales al menos dos residen en Rafaela. La familia de Silvia todavía no prestó declaración, pero relatará sobre las permanentes intimidaciones, hechas por personas que se paraban desafiantes frente a su negocio.

Por su parte, el secretario de Seguridad, Horacio Ghirardi, afirmó: “Estamos siguiendo personalizadamente la investigación, con los jefes policiales y de las distintas áreas, tanto del Ministerio de Seguridad como de Justicia. Lo seguimos muy de cerca para ver cómo evoluciona el hecho”. Justamente, ayer la policía detuvo a dos personas y realizaba allanamientos en la zona de Rafaela en busca de otros dos que –según una fuente– “tendrían alguna implicancia o algún tipo de complicidad”.

Silvia no formaba parte del Programa de Protección a Testigos del Ministerio de Justicia de la provincia, pero su asesinato revela la indefensión en la que se encuentran los testigos en los juicios por delitos de lesa humanidad. “Cuando dio testimonio, se le ofreció su ingreso al programa, pero ella no requirió nada. Aun así, siempre estuvimos en relación con ella”, indicó el director del Programa, Oscar Blando. El funcionario agregó que ayer fueron a hablar con el jefe de la Unidad Regional, Juan Mondino, y el juez de la causa, Alejandro Mognaschi. “Queremos saber si fue un robo o una situación vinculada con los derechos humanos. Si fue un robo, hay que tranquilizar a los testigos. Si no lo fue, es un hecho gravísimo y hay que redoblar los esfuerzos del Estado”, agregó Blando, quien subrayó que la familia de la víctima recibió asistencia de funcionarios del programa.

Suppo declaró el 5 de octubre pasado en la causa conocida como Brusa, que tuvo también como imputados a Juan Calixto Perizotti, Héctor Colombini, María Eva Aebi, Mario Facino y Eduardo Ramos. El 21 de diciembre pasado, se conoció la sentencia de 19 a 21 años de prisión para los acusados de privación ilegítima de la libertad y tormentos. Además, Silvia impulsaba la causa por su compañero desaparecido el 25 de enero de 1977. Allí hay cuatro imputados, de los cuales al menos dos aún viven en Rafaela.

Tras su asesinato, el espacio Juicio y Castigo de Rosario reclamó “al Estado el inmediato esclarecimiento de este doloroso hecho, ya que sucede en un contexto de declaraciones de algunos nostálgicos golpistas y de actos preocupantes que se vienen sucediendo en distintas provincias. Es necesario que las autoridades arbitren todos los medios necesarios para generar tranquilidad en testigos y querellantes de los distintos juicios para que los mismos sigan adelante con la justa condena a todos los genocidas”.
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OTRO EPISODIO SOSPECHOSO
Un secuestro equivocado

El de ayer no fue el primer episodio sospechoso relacionado con testigos de la causa Brusa, que investiga el terrorismo de Estado en Santa Fe. El miércoles 25 de noviembre del año pasado, dos desconocidos intentaron secuestrar a Avelino Cantelli, un comisario de la policía que un día antes había testificado en el juicio a los represores. Luego de interceptar a la víctima a la salida de su casa, encapucharla, subirla a una camioneta y llevarla hasta una casa, los secuestradores descubrieron que no tenían al testigo sino a un vecino suyo, de su misma edad y cierto parecido físico, a quien finalmente decidieron liberar. Según le contó a Página/12 el comisario Cantelli, luego de este episodio, su vecino escuchó que sus captores dijeron “que podría haber más secuestros en Santa Fe”.
Eugenia Cantelli, hija del comisario, relató el incidente: “Mi papá tiene un vecino que es muy parecido. A las 10, una camioneta lo secuestró, le pusieron una capucha y le dijeron ‘quieto, Cantelli, porque te matamos’. Uno se dio cuenta de que no era mi papá al que habían secuestrado y lo dejaron en el Puente Negro”, una zona en las afueras de la capital provincial. La inesperada víctima era un ferroviario jubilado, de apellido Bianchi, que vive en el mismo edificio que el testigo, en el mismo piso, en el departamento de enfrente. Ese día, minutos antes de que Bianchi saliera de la casa, Cantelli había entrado, por lo que los secuestradores cometieron la confusión.


Un día antes del intento de secuestro, el comisario había declarado como testigo de la causa que investiga al ex juez Brusa y a cinco policías por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura. Cantelli se había desempeñado como jefe de la Sección Robos y Hurtos de la policía de Santa Fe durante la dictadura, donde conoció a algunos de los acusados, a quienes señaló como miembros del llamado Departamento de Informaciones, “una especie de brigada antisubversiva”. Pero su declaración había sorprendido porque, además, había acusado al ex gobernador santafesino Jorge Obeid, por haber “reciclado” a uno de los jefes del grupo de tareas que operó en esa provincia, Nicolás Correa, como asesor de seguridad durante su primer mandato. Correa, que también estaba implicado en la causa, falleció en 2007, sin condena.


En una entrevista con este diario, unos días después del intento de secuestro, Cantelli aseguró que hay, al menos, un ex policía detrás del episodio. “Una cosa mafiosa –lo calificó–. Estos tipos son profesionales, los que secuestraron a mi vecino estaban organizados.”

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PATRICIA ISASA, EX DETENIDA


“Ella habló de la violación como tortura”

Por Adriana Meyer


Patricia Isasa tiene 50 años y es arquitecta. Conoció a Silvia Suppo cuando estuvieron cautivas durante la dictadura y ayer recordó el instante en que anotó su nombre en la lista de testigos, “con tinta negra, en un papelito donde puse a las mujeres que estuvieron conmigo y podían hablar de su violación” a manos de los represores, “de esa fobia y misoginia enloquecidas”. A esos victimarios enfrentó cara a cara en septiembre, durante el juicio al ex juez Hermes Brusa y cinco ex policías en Santa Fe, en lo que fue uno de los testimonios más desgarradores. Isasa sufrió una serie de intimidaciones en septiembre de 2006, desarmó su vida y se fue del país. “La vida se me hizo mierda dos veces, pero volví porque acá tengo mis muertos, mis amores y mis sueños”, dijo ayer a Página/12, por momentos quebrada de dolor por el asesinato de Suppo. “Si no fue un robo significa que los represores son la mafia, y con un mafioso criminal confeso no hay reconciliación posible. Es un debate infame el que propone (Eduardo) Duhalde cuando habla de plebiscitar los juicios”, agregó.


Suppo fue una testigo clave en el juicio en el que Isasa fue querellante. “Es medio difícil que salgan a robar a esa hora, entre las 9 y las 10 de un lunes. Si no llega a ser un robo fue un mensaje mafioso, una represalia o venganza por el valiente testimonio de Silvia en el juicio”, afirmó. A su criterio, “ésta sería la prueba palmaria de que no es posible limitar los juicios como propone la derecha”.


–¿Siendo sobreviviente de la dictadura se fue del país en plena democracia luego de las amenazas que sufrió?


–Al día siguiente de la desaparición de (Julio) López fui amenazada de una manera jodida. Llamaron a los teléfonos de mi ex pareja, me estaban buscando. Me fui a vivir a Estados Unidos, y cuando volví secuestraron a (Luis) Gerez a los pocos días. Acá hay que ver las condiciones en que están presos. Por haber estado en un campo me parece bien una cárcel limpia y justa, pero hay que poner atención con quién se comunican, quiénes los visitan, hay que hacer un monitoreo detallado, son presos de extrema peligrosidad y lo demuestran a cada instante. Hablo de un control efectivo, permanente y puntilloso de los contactos que tienen; me pregunto si debieran tener acceso a Internet y celulares. No son presos que se van a reinsertar, hay que tenerlos a resguardo de todos nosotros. Si a esta edad se los está juzgando no es porque no quisimos sino porque en el ’87 intentaron dar un golpe. Ahora exageran su decrepitud en los juicios y muestran el grado de psicosis que tienen al no hacerse cargo, porque en privado se enorgullecen de lo que hicieron pero lo silencian en público.


–¿Por qué el testimonio de Silvia Suppo fue clave?


–Silvia habló de la violencia sexual, de la violación como práctica de tortura especial contra las mujeres, una práctica sistemática, un delito aparte. La violaron en la Comisaría 4ª igual que a mí, y cuando en la Guardia de Infantería Reforzada detectan que estaba embarazada, María Eva Aebi y Juan Calixto Perizzotti deciden hacerla abortar. Luego la llevan a La Casita, donde se repone y como no estaba vendada les ve las caras a todos. La conocí en ese lugar. Estuvimos un año juntas, era una persona digna, muy compañera. Cuando salió libre siguió viviendo en Rafaela.


–Robo o mensaje mafioso, ¿esto afectará a otros testigos?


–En lugar de callarnos, luego del espanto, nos genera más compromiso. Yo misma tengo miedo, el tema es que no te paralice. Hoy temblé al recordar cuando la puse en la lista de testigos, cuando sonrió y me dio un beso al terminar de declarar. Pero reforzamos el compromiso de vida de sostener estos juicios. No existe la protección total. Viví en Londres y otros países donde la protección es muy eficiente y previene algo, pero nunca todo. Acá no se trata de si el sistema nacional o provincial de protección de testigos funciona. En mi caso esclarecieron una de las amenazas y venía de una familiar de uno de los condenados en el juicio. Durante el juicio Silvia tuvo protección pero luego no la quiso, y es respetable. La tuve durante años y es muy pesado. Esto no se cambia con ceder a extorsiones mafiosas sino con más control en las cárceles y más condenas. Si no, ganaron ellos.

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Declaración de la Liga por los Derechos del Hombre

El crimen de Silvia Suppo evidencia el agotamiento de una estrategia equivocada


Por: Liga Argentina por los Derechos del Hombre

Fecha de publicación: 02/04/10

No es lo mismo “cuidar” los testigos,que sostener una estrategia eficaz de lucha contra la impunidad

El solo hecho que se haya instalado como posible la hipótesis de que el asesinato de Silvia Suppo pueda haber sido obra de un grupo de tareas o un crimen por encargo a un sicario revela el agotamiento de una estrategia equivocada: la de pensar la seguridad de los testigos en los juicios por delitos de lesa humanidad desde la lógica de la lucha contra los narcotraficantes: custodia personalizada, entrega de celulares del tipo “antipánico”, para no hablar de los ridículos consejos del Director del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados de cambiarse la cara mediante una operación de cirugía plástica.

Juzgar el Genocidio no es tarea fácil y los problemas surgidos en el proceso de intentarlo sin una estrategia estatal unificada e integral, revelan al menos dos cuestiones: una es la poca voluntad política de enfrentar a los organizadores, impulsores, financiadores y beneficiarios del Terrorismo de Estado, el mismísimo Bloque de Poder Histórico –con su componente extranjero incluido, el imperialismo norteamericano primero pero también el europeo- que han sostenido la impunidad estos treinta y cuatro años y que son los primeros en enojarse y resistir todo avance contra su legitimidad social por un lado y por el otro es la incomprensión del fenómeno social a investigar para castigar a los responsables.

La falta de correspondencia entre el objeto a investigar: un Genocidio, planificado estatalmente como parte de una operación continental de contrainsurgencia de vasto alcance, y el instrumento jurídico con que se pretende abarcarlo es más que evidente en el penoso hecho de la fragmentación de las causas, la dispersión de las responsabilidades y el tratamiento, en muchos casos, de los crímenes de lesa humanidad cometidos como simples faltas al código penal.

De este modo mas allá de las voluntades e intenciones en juego, la estrategia jurídica objetivamente propicia la impunidad.

Algo de eso estaba planteado en el fallo del Tribunal Oral Federal Número Uno de La Plata contra Echecolatz que fue tapado por el secuestro de Julio López: discutir socialmente que así no hay justicia y que hacía falta otro enfoque jurídico, capaz de juzgar rápidamente al inmenso grupo de represores, intelectuales, políticos, empresarios, embajadores, etc. que perpetraron el Genocidio.

Es esa incomprensión del fenómeno a tratar, esta verdadera crisis de percepción que afecta a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, a los legisladores y al propio Gobierno Nacional, lo que está en la base de la crisis que sufrió el proceso judicial en diciembre de 2008 cuando la Cámara de Casación decidió liberar un selecto grupo de represores por las demoras en juzgarlos que la propia Justicia toleraba y/o fomentaba; y que ahora aflora de nuevo en la crisis de percepción sobre el tema de los testigos.

No se trata de pensar “como proteger los testigos”, como si fuera un grupo de minusválidos en peligro, sino de derrotar la impunidad.

El enfoque de “proteger los testigos” presupone convivir con la impunidad y pensar que con medidas técnicas, por otro lado imposibles de implementar masivamente dado el número de testigos que ya han testimoniado o han sido ofrecidos en los juicios orales realizados, en desarrollo o en preparación, se podrá resolver el problema.

El posibilismo del progresismo ha llegado a un punto muerto: no se anima a plantear el juicio a castigo a todos los culpables, porque presiente que eso lo llevaría a un enfrentamiento a fondo con el Poder real, y no sabe como resolver el problema de haber asumido como propios los juicios y no poder garantizar nada a los militantes que sostienen los juicios.

Decimos simplemente ¿donde está Julio López? y todo el discurso triunfalista del “gobierno de los derechos humanos” se viene abajo.

Y ahora Silvia Suppo.

Y mañana quién?

Si Eduardo Duhalde se anima a proponer un plebiscito para terminar con los juicios es porque sabe que el Poder real está jugado a esa opción.

Ahora no hay vuelta atrás: o vamos a fondo con los juicios para imponer el castigo a los genocidas o será el retorno de una derecha heredera de Videla, acaso con nuevos modales pero con los mismos instintos crueles y perversos.

Cada uno ocupará en esta lucha el lugar que el mismo decida.

Los habrá quienes privilegiarán sus posiciones de gobierno o la calma de los despachos y habrá una multitud plural y diversa que sostendrá la lucha hasta el final.

-Como hizo Silvia con su testimonio contra Perizzotti y la banda de Brusa, Ramos y el resto de los asesinos que ella contribuyó a condenar.

www.aporrea.org

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Carmen Fernández asegura que la Armada no funcionó el día del terremoto y maremoto--4 de Abril de 2010

4 de Abril de 2010

Sigue la polémica entre el Shoa y la Onemi

por UPI

Carmen Fernández asegura que la Armada no funcionó el día del terremoto y maremoto
La ex directora del organismo de emergencia asegura que tras sobrevolar el puerto de Talcahuano y ver la cantidad de buques de la Marina dañados, se percató del error que había cometido la institución. Sin embargo, su molestia no sólo es contra esa rama castrense, ya que las demás también tienen su cuota de responsabilidad que se expresa con el malestar de la ex Presidenta Bachelet por la demora en sacar a sus efectivos a la calle luego de ocurrida la tragedia.
La ex directora de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi), Carmen Fernández, denunció que el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (Shoa) no funcionó tras el terremoto y posterior maremoto del pasado 27 de febrero.

El Shoa, encargado de alertar sobre maremotos, “no sólo no funcionó bien sino que generó ruido al trabajo que se estaba haciendo. Es más, si no hubiera intervenido” se habría dado la alerta de tsunami, dijo Fernández en una entrevista con la revista Paula.

Fernández, quien renunció al cargo el pasado 10 de marzo tras las críticas que recibió a la reacción del organismo tras el terremoto de 8,8 grados Richter y posterior maremoto que asoló el centro-sur del país, destacó que la insistencia de la Armada de que su sistema de alarma funcionó bien no es tal.

“Cuando sobrevolé el puerto de Talcahuano, en el sur de Chile, vi una buena cantidad de buques de la Armada muy dañados”, lo que en su opinión da cuenta del error que había cometido el Shoa.

Fernández tiene grabado el malestar de la ex presidenta reclamándoles a los generales por no haber sacado “a sus fuerzas a operar en la calle” tras varias horas de ocurrido el terremoto.

“El protocolo de ellos indica que si hay riesgo de maremoto tienen que ir con sus barcos mar adentro. Me parece que no lo hicieron porque creían que el epicentro era en tierra y ellos también entendieron de que no había riesgo de maremoto”, apostilló.

Fernández presentó su renuncia como consecuencia de las descoordinaciones entre la Onemi y ese organismo de la Marina, que llevaron a no alertar sobre el maremoto, el cual se cobró decenas de vidas, dejó varias personas desaparecidas y generó gran destrucción en localidades costeras de las regiones afectadas por el terremoto, así como en el archipiélago de Juan Fernández.

En su momento, Fernández y el alto mando de la Armada se enzarzaron en una polémica, atribuyéndose mutuamente la responsabilidad por el tema de la alerta de tsunami.

El pasado 24 de marzo el Gobierno chileno expulsó del servicio naval al director del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, Mariano Rojas, por el incidente en cuestión.

En la entrevista con la revista Paula, Fernández también criticó al comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile, Ricardo Ortega, quien en la madrugada del 27 de febrero, horas después del terremoto, dijo que los aviones que sobrevolarían las zonas afectadas estaban preparados para salir, pero que sólo esperaban la respectiva orden.

“Es cierto que los aviones de la Fuerza Aérea estaban listos, pero no había pilotos. Recién logramos hacer los primeros vuelos a las 09.30 horas porque no había pilotos”, enfatizó.

Fernández señaló que en la Onemi, dependiente del ministerio del Interior, están los registros y vídeos de la (ex) presidenta (Michelle Bachelet) en los que se le observa decir a los miembros de socorro ante la descoordinación: “¡Pero, por favor!, ¿qué va a pasar en este país si hay una guerra?”.

La ex funcionaria recordó que en un momento dado Bachelet levantó los brazos y le dijo a Ortega: “Ya han pasado cuatro o cinco horas, no me diga que todavía no podemos salir a sobrevolar”.

Sostuvo que tiene grabado el malestar de la ex presidenta reclamándoles a los generales por no haber sacado “a sus fuerzas a operar en la calle” tras varias horas de ocurrido el terremoto.

El mismo se registró a las 03.34 hora y unos 45 minutos después sobrevino el maremoto, los que dejaron un saldo oficial de 432 muertos, 98 desaparecidos, 800.000 damnificados y pérdidas por 30.000 millones de dólares.

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Manuel Contreras y Álvaro Corbalán serán interrogados por el caso Anfruns--1 de Abril de 2010

1 de Abril de 2010

por UPI

Luego que la Corte de Apelaciones reabriera la investigación

Manuel Contreras y Álvaro Corbalán serán interrogados por el caso Anfruns







El tribunal de alzada revocó la decisión del ministro Manuel Valderrama, quien en julio del año pasado había cerrado la investigación, ratificando que el autor del crimen era el joven de 16 años individualizado con las iniciales P.P.V. La Corte también solicitó al magistrado que investigue el delito de asociación ilícita, por lo que determinó que declaren en esta causa el ex director de la disuelta DINA y el ex jefe operativo de la CNI.

La Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revocó el cierre del sumario dictado en la causa por el crimen del menor Rodrigo Anfruns, acontecida en junio de 1979, disponiendo además una serie de diligencias.

El abogado Roberto Celedón, querellante en la causa, dijo a Agencia UPI que aún no se impone del fallo, pero expresó su júbilo ante esta sentencia, dada la trascendencia que tiene en el mundo de los derechos humanos.

En el dictamen se ordena al magistrado Manuel Valderrama, instruir un sumario por el delito de asociación ilícita, por lo cual se pide tomar declaraciones a Carlos Herrera Jiménez, al ex jefe operativo de la CNI, Alvaro Corvalán Castilla, y al otrora ex jefe de la disuelta DINA, Manuel Contreras Sepúlveda, actualmente recluido en el recinto penal Cordillera.

En el fallo se pronunciaron los magistrados Adelita Ravanales, Pilar Aguayo Pino y el abogado integrante Rodrigo Asenjo.

Asimismo, el tribunal de alzada expresa que existen evidentes contradicciones en las declaraciones y careos practicados a los funcionarios de policiales que participaron en las diligencias del proceso.

El ministro Valderrama resolvió en julio del 2009 cerrar el sumario sin procesados y ratificar que el autor del crimen fue un joven que entonces tenía 16 años, individualizado con las iniciales P.P.V., y quien se encuentra declarado sin discernimiento.

El juez asumió la causa en marzo de 2007, luego que la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago resolviera por unanimidad reabrir el proceso que había ordenado cerrar la entonces jueza del caso y, con ello, dar curso a una serie de diligencias solicitadas por el abogado de la familia, Roberto Celedón.

Fue entonces que la ministra Dobra Lusic decidió inhabilitarse, argumentando que había emitido pronunciamiento en el caso en octubre de 2006, cuando puso fin al sumario y declaró que ninguno de los cien testimonios reunidos permitió confirmar la versión del teniente (R) de Carabineros Jorge Rodríguez Márquez, respecto de que la Policía de Investigaciones (PDI) de la época sería cómplice del asesinato del menor.


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Nueva secretaria ejecutiva del Programa de Derechos Humanos visitó la Corte Suprema--24/03/2010

Nueva secretaria ejecutiva del Programa de Derechos Humanos visitó ...

24 Mar 2010 ... LORENZO LONCON MELLADO TEMUCO. 24/03/2010 - 18:02:20. ...www.cooperativa.cl/nueva...del.../161422.html -


25/03/2010 - 10:45:31


BICENTENARIO DD.HH:CONTRA GENOCIDIO, ECOCIDIO,CRIMENES DE LESA HUMANIDAD, TERRORISMO DE ESTADO, "OPERACIÓN CONDOR",GBI SECUESTRO, TORTURA, EXILIÓ, DESTERRITORIALIZACIÓN, PRISIÓN SOCIO POLÍTICA, OPERACIONES SICOLÓGICAS, GOLPIZAS, DESARTICULACIÓN SOCIO FAMILIAR, TERRORISMO MEDIATICO, QUEMA DE CASA LORENZO LONCON MELLADO TEMUCO

http://www.cooperativa.cl/nueva-secretaria-ejecutiva-del-programa-de-derechos-humanos-visito-la-corte-suprema/prontus_nots/2010-03-24/161422.html

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Nueva secretaria ejecutiva del Programa de Derechos Humanos visitó la Corte Suprema





Rossy Lama manifestó a Milton Juica toda la cooperación que tendrán con los tribunales.

Aseguró que se mantendrá la línea de investigación de períodos anteriores.

Cooperativa.cl

24/03/2010

La nueva secretaria ejecutiva el Programa de Derechos Humanos, Rossy Lama Díaz acudió hasta la Corte Suprema para hacer una visita de presentación al máximo tribunal, tras ser nombrada por el Presidente Sebastián Piñera en el cargo.

Lama visitó al ministro Milton Juica, titular de la Suprema, y al término de la reunión, Lama explicó que el objetivo de su cita fue presentarse y "manifestarle toda la cooperación que el programa va a tener con los tribunales de justicia en las investigaciones que están vigentes sobre los temas de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos".

Dijo además que este es un tema en el que ya se está trabajando por el programa y que mantendrán la misma línea de trabajo de los períodos anteriores, y que "solamente se va a modificar son poder tener una colaboración más estrecha con el Poder Judicial"

Lama añadió que a contar de este miércoles comenzará sus reuniones con las distintas organizaciones de derechos humanos de Santiago y regiones.


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sábado, 3 de abril de 2010

Diputados nacionales se pronuncian por Paichil Antriao


Diputados nacionales se pronuncian por Paichil Antriao




Diputados nacionales emitieron una declaracion por la situación que vive el Lof Mapuche Paichil Antriao de Villa La Angostura. Exigen el reconocimiento total y definitivo del espacio Territorial Ancestral Mapuche, la investigación del despojo sistemático del lote 9 original, la desmilitarización total y definitiva. El desmantelamiento de los cuerpos parapoliciales bajo el mando del norteamericano William Fischer y de Daniel Ducau. Además piden la deportación del norteamericano William Fischer y repudian a la embajadora de EE.UU. que estuvo en Villa La Angostura en indudable respaldo político institucional al accionar delictivo de Fisher, entre otros puntos.


LOS DIPUTADOS NACIONALES ABAJO FIRMANTES:


- Considerando que el pueblo mapuche es preexistente a la formación del estado argentino, el que este año celebra recién su bicentenario;


- Que en la cosmovisión del pueblo mapuche la gente pertenece al territorio y que el pueblo mapuche lucha por recuperar el territorio ancestral para recrear la vida en libertad;


- Que Argentina subscribió el Convenio 169 de la OIT y la declaración de derechos de los pueblos originarios de la ONU, así como pactos internacionales de DDHH y contra la tortura;


- Que los estados federales deben ser coherentes con los principios establecidos en la Constitución nacional y las leyes nacionales, en este caso en relación con el reconocimiento a los derechos de los pueblos originarios establecidos en el Art.75 inciso 17 de la Constitución, la ley de emergencia de los territorios indígenas;


- Que el estado nacional es soberano y no reconoce ingerencias extranjeras en asuntos internos, lo que comprende necesariamente al estado provincial de Neuquén;


- Que el terrorismo de estado atenta contra la vigencia plena del estado de derecho en un republica;


- Que Argentina decidió “nunca más” el terrorismo de estado incluyendo sus variantes nuevas de “baja intensidad”;


Exigimos:


- El reconocimiento total y definitivo del espacio territorial ancestral de la comunidad mapuche Paisil-Antreao de Villa La Angostura, asentada en el antiguo lote 9 de 625 hectáreas por los menos desde 1900;


- La investigación del despojo sistemático del lote 9 original que provocó la atomización del territorio y la aparición de terceros ajenos al pueblo mapuche que reclaman la propiedad privada de fracciones del territorio; de la intervención de particulares y el estado en ese despojo entendiendo que la verdad es indispensable para establecer justicia y reparación al robo y destrucción históricos;


- La desmilitarización total y definitiva del territorio de la comunidad Paisil-Antreao que se mantiene bajo distintas modalidades desde el 2 de diciembre de 2009;


- El desmantelamiento de los cuerpos parapoliciales mantenidos en el territorio de la comunidad Paisil-Antreao bajo la órbita directa del ciudadano norteamericano William Henry Fischer una y de Daniel Ducau otra, los que amenazan la vida y la libertad del pueblo mapuche;


- El restablecimiento de los derechos y garantías fundamentales para los miembros del pueblo mapuche que defienden el territorio ancestral en Villa La Angostura, los que son perseguidos sin orden judicial peligrando la vida y la libertad;


- La investigación total e independiente de las violaciones a los derechos humanos cometidos por distintos grupos y divisiones de la policía de Neuquén antes, durante y después del 2/12/09;


- La garantía de funcionarios judiciales independientes en la circunscripción 4 de primera instancia de Villa La Angostura, la de segunda instancia con asiento en Junín de los Andes y del Superior Tribunal de Justicia de la provincia con asiento en Neuquén; - La deportación del ciudadano norteamericano William Fischer que violando toda la legislación vigente actuó al frente de una división de la policía del Neuquén, con un arma de fuego, durante la represión perpetrada contra el Pueblo Mapuche el 18/01/2010 en un espacio ceremonial sagrado (rewe y pillal leufun);


- El repudio a la embajadora de EE.UU. que estuvo presente en Villa La Angostura en indudable respaldo político institucional al accionar delictivo de Fisher que mantiene y dirige uno de los escuadrones parapoliciales en el territorio ancestral de la Paisil-Antreao;


- El repudio a los funcionarios de la administración de Parques Nacionales y de los representantes del Movimiento Popular Neuquino (MPN) que respaldaron la presencia de la embajadora norteamericana.


Fernando "Pino" Solanas
Claudio Lozano
Alcira Argumedo
Jorge Cardelli
Liliana Parada
Eduardo Macaluse
Verónica Bennas
Victoria Donda
Cecilia Marchand
Miguel Bonasso


http://www.avkinpivkemapu.com.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=1318&Itemid=3
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Funam denuncia a Sapag y a la policia, por el caso Paichil Antriao-26 de Enero de 2010 07:35

Funam denuncia a Sapag y a la policia, por el caso Paichil Antriao

Martes 26 de Enero de 2010 07:35


Violencia contra indígenas mapuches en Neuquén: FUNAM denunció por discriminación al gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, a altos jefes policiales y al estadounidense William Henry Fisher. La denuncia fue presentada por el Dr. Raúl Montenegro ante el INADI, Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo.

La Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM), una ONG con status consultivo en Naciones Unidas, denunció por discriminación al gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, a altos jefes policiales de esa provincia y al estadounidense William Henry Fisher. La denuncia fue presentada por el Dr. Raúl Montenegro ante el INADI, Instituto Nacional contra la Discriminación, el Racismo y la Xenofobia.

Según sostuvo la entidad, en el cerro Belvedere, en Neuquén, fuerzas policiales siguen reprimiendo violentamente a la comunidad Mapuche Paichil Antriao para favorecer negocios inmobiliarios. El gobierno de Jorge Sapag, altos funcionarios policiales y el propio Juez de Villa La Angostura, Jorge Videla, violan abiertamente la Ley nacional n° 26160 de comunidades indígenas, la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Constitución Nacional.

El Dr. Raúl Montenegro, que es presidente de FUNAM y premio Nóbel Alternativo 2004, sostuvo que la familia Paichil Antriao –principal afectada por la violencia policial del gobierno de Jorge Sapag- recibió 625 hectáreas del gobierno nacional en el siglo XX y que sucesivas ocupaciones ilegales redujeron esa superficie a 222 hectáreas". "Lo grave –agregó Montenegro- es que violando leyes argentinas y una convención internacional hasta un Juez de Villa La Angostura convalidó el arrebato de tierras para que las ocupe el ciudadano estadounidense William Henry Fisher".

FUNAM denunció ante el INADI que funcionarios del gobierno de Neuquén, un juez de Villa La Angostura y el ciudadano estadounidense William Henry Fisher actuaron violentamente contra personas indefensas que defendían su territorio y su lugar sagrado y discriminaron a la comunidad mapuche por su pertenencia étnica y creencias religiosas.

"Hay que decirlo claramente, el señor Jorge Sapag, los altos jefes policiales de Neuquén y el Juez de Villa La Angostura están violando derechos humanos, y reiniciando la abominable campaña del desierto en el cerro Belvedere. Estos señores deben entender que las leyes están para ser cumplidas, y que los derechos de nuestros hermanos indígenas valen más que cualquier negocio inmobiliario".
FUNAM recordó que el Juez de Villa La Angostura, Jorge Videla, ordenó el desalojo de los legítimos dueños de la porción del cerro Belvedere, cuyas viviendas y bienes fueron salvajemente arrasados por fuerzas policiales. A mediados de enero de este año el ciudadano estadounidense William Henry Fisher, ya instalado en las tierras Mapuche, comenzó a remover tierra y construir caminos que destruyeron el "rewe", lugar sagrado donde los Mapuche hacen sus ceremonias. La familia Paichil Antriao volvió a presentarse ante el juez, pero en lugar de escuchar sus reclamos fueron violentamente desalojados del lugar por efectivos de la policía local y Grupos Especiales.

El Dr. Raúl Montenegro consideró que el Juez Jorge Videla debe ser denunciado ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de Neuquén "porque un juez no puede ignorar la vigencia de la Ley Nacional n° 26160, ni el Convenio de Derechos Indígenas de la OIT".

FUNAM denunció ante el INADI, por discriminación, a Jorge Augusto Sapag, Gobernador de la provincia de Neuquén; a Jorge Omar Albedo Tobares, Ministro de Gobierno, Trabajo, Justicia y Derechos Humanos; a Guillermo R. Pellini, Secretario de Estado de Seguridad; a Juan Carlos Lepen, Jefe de Policía de la provincia de Neuquén; a Raúl Laserna de la Superintendencia de Seguridad; a Andrés Ledesma y Marcelo G. Zuñiga, responsables de Comisaría 28° de Villa La Angostura; al efectivos de la Policía de Neuquén; a Jorge Videla del Juzgado Multifueros de Villa La Angostura y a William Henry Fisher, ciudadano estadounidense.

El Dr. Raúl Montenegro, que integra el Consejo Asesor de la delegación del INADI en Córdoba, calificó la situación que se vive en Neuquén como "gravísima". Agregó que el gobierno de Sapag "ha reiniciado el genocidio silencioso de los pueblos originarios" y que la "torpeza inhumana del gobierno neuquino y de sus fuerzas policiales está horrorizando a la comunidad internacional". Montenegro indicó que el emplazamiento realizado al gobierno de Argentina por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 12 de enero "es apenas el comienzo de un escándalo internacional". La CIDH tomó en sus manos la denuncia efectuada por Juan Manuel Salgado, abogado patrocinante de la familia Paichil Antriao, y le dio 10 días al gobierno de Cristina de Kirchner para responder.

FUNAM anticipó la posibilidad de denunciar penalmente al gobernador Jorge Sapag y a otros altos funcionarios de la provincia, incluido un magistrado de Villa La Angostura.

El Dr. Raúl Montenegro le recordó al gobierno nacional que los derechos humanos "también valen para las comunidades indígenas" y que por lo tanto "debe proteger a la comunidad Paichil Antriao e impulsar una exhaustiva investigación judicial". Agregó que se debe investigar "al gobernador Jorge Sapag, a sus funcionarios de seguridad, a sus altos jefes policiales y al juez de Villa La Angostura. Ha habido violación de leyes vigentes, represión de personas indefensas y una sospechosa cesión de tierras en el cerro Belvedere para beneficio de la Mutual Policial de la provincia de Neuquén".

El territorio Mapuche no estaba desierto

(*) La "Campaña del Desierto" es un conjunto de acciones militares ordenadas por el gobierno de Argentina entre 1879 y 1885 para tomar por la fuerza los territorios donde vivían los pueblos Mapuche y Ranquel. La campaña de Roca (1879) incluyó cinco divisiones militares al mando de Julio Argentino Roca, Conrado Villegas, Eduardo Racedo, Napoleón Uriburu e Hilario Lagos. La campaña de Villegas en Neuquén y Río Negro incluyó tres brigadas a cargo de Rufino Ortega, Lorenzo Vinttner y Liborio Bernal (1881). La campaña de los Andes de Villegas (1882) incluyó tres brigadas y la campaña final (1884-1885) un contingente de soldados al mando de Lino Oris de Roa. El informe oficial de la Comisión Científica que acompañaba al Ejército Argentino (1879) dice: "Se trataba de conquistar un área de 15.000 leguas cuadradas ocupadas cuando menos por unas 15.000 almas, pues pasa de 14.000 el número de muertos y prisioneros que ha reportado la campaña". Ese mismo informe, tras justificar las matanzas "para transformar estos campos en valiosos elementos de riqueza y de progreso", califica despectivamente a los grupos indígenas que los poblaban ancestralmente. Se refiere a ellos como "la raza estéril que las ocupaba". Adultos, jóvenes y niños, hombres y mujeres, fueron masacrados de todas las formas imaginables. Hubo campos de detenciones con alambre de púas de 3 metros de altura donde los prisioneros morían de hambre, traslados forzosos a pié, tortura, violaciones, cacería de seres humanos, asesinatos, separación de familias, cambio de nombres para que no se pudiera construir la historia familiar y sobre todo, discriminación. No se conoce el número total de indígenas muertos por los militares. Las estimaciones varían entre 29.000 y 150.000.
http://www.bariloche2000.com/la-ciudad/informacion-general/46011-funam-denuncia-a-sapag-y-a-la-policia-por-el-caso-paichil-antriao-.html
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miércoles, 31 de marzo de 2010

Comisión internacional de la Verdad denuncia asesinatos de líderes en Colombia -12 de Mar de 2009.

YVKE Mundial :: Internacionales

En su sexta visita


Comisión internacional de la Verdad denuncia asesinatos de líderes en Colombia


La Comisión Internacional Ética de la Verdad denunció este miércoles en Bogotá que en Colombia siguen los asesinatos de líderes comunales, jóvenes y personas vulnerables, y que las decisiones de las comunidades indígenas y afrodescendientes no se reconocen.

Prensa Web YVKE, Adital, Agencias
Jueves, 12 de Mar de 2009. 12:02 pm


En la sexta visita de la Comisión a Colombia se han encontrado elementos coincidentes, como el terror generado por el asesinato de jóvenes entre los 16 y 27 años, que luego son presentados como guerrilleros caídos en combate.
Según los testimonios recogidos en las visitas a los departamentos de Putumayo (sur) y Córdoba (norte), los militares, al "entregar resultados", reciben "recompensas económicas, vacaciones y demás".
Otro aspecto detectado en el Putumayo es que los lugareños están recibiendo presiones para que vendan sus tierras a bajo precio, y que quienes compran los terrenos, lo hacen para convertirlos en agronegocios, especialmente con la siembra de palma y cañas de azúcar.
La Comisión observó igualmente que los líderes de las comunidades o quienes se atreven a buscar mejoras son víctimas de la violencia, situación que no los deja actuar libremente.
En cuanto al desconocimiento de las determinaciones de los indígenas, recordaron que estuvieron en el departamento del Chocó (oeste), en donde el pueblo Embera votó en contra de la autorización para explotar el cerro "Careperro", una montaña entre la mencionada región y Antioquia (noroeste), rica en oro, cadmio y cobre.
La multinacional Muriel Mining Corporation inició tareas de "prospección y exploración" en el cerro, tras recibir nueve permisos oficiales para desarrollar el llamado "megaproyecto Mandé Norte".
Los miembros de la Comisión de Ética que se encuentran en Colombia, entre ellos Mirta Acuña de Baravalle, Madre de Plaza de Mayo de la Línea Fundadora (Argentina), y Lorenzo Loncon Belmar, del pueblo Mapuche, de Chile, permanecerán unas dos semanas más para visitar comunidades afectadas por la violencia en Colombia.
Tras acompañar la situación de los grupos indígenas y afrocolombianos de Jiguamiandó afectados por la exploración inconsulta del Cerro Usa-Kirandarra en el Chocó, los comisionados estuvieron en Bogotá y acompañaron el encuentro de familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales conocidas como "Falsos Positivos".
El 6 de marzo acompañaron las acciones de dignificación y censura pública convocadas por el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado en rechazo y objeción a las ejecuciones extrajudiciales.
El 7 y el 10 de marzo se trasladaron a los departamentos de Sucre y Putumayo. En Sucre acompañaron a las familias que se encuentran en proceso de retorno a la Finca "La Alemania" y ayudarán a proteger lugares de fosas clandestinas. "La Alemania" fue ocupada en el 2001 por el comandante paramilitar conocido como "Cadena", quien desplazó forzadamente a 52 familias de este lugar. Posteriormente utilizó la finca como campamento paramilitar y centro de torturas, sembrando así el terror en estas tierras.
La CEV visitó a Carmelo Agámez, miembro del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado en Sucre, detenido injustamente el pasado 15 de noviembre, acusado falsamente por concierto para delinquir con estructuras paramilitares.
Posteriormente, se dirigieron a Tolú Viejo, para tener un encuentro con los familiares de 11 jóvenes desaparecidos y posteriormente ejecutados extrajudicialmente por el ejército, quien los presentó como guerrilleros muertos en combate.
Simultáneamente, otro grupo de comisionados viajó a Putumayo para acompañar la iniciativa de crear un Campo Santo para las victimas de desaparición forzada y fosas clandestinas, aportando con ello a su dignificación, y visibilizaron la existencia de una Zona de Biodiversidad en medio de siembras ilegales de palma aceitera.
La Comisión Ética de la Verdad acompaña las apuestas de dignificación, protección testimonial y recopilación de pruebas sobre crímenes que comprometen la responsabilidad del Estado. Igualmente, los comisionados están recogiendo a través de las reconstrucciones de la memoria, las iniciativas de reparación colectiva y de redefinición del aparato de investigación colombiano. La Comisión Ética en los próximos meses dará a conocer la propuesta de una Comisión de la Verdad para los crímenes de Estado en Colombia.
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Alegría por liberaciones por parte de las FARC EP--Apoyo Internacional hacia un Acuerdo Humanitario-31-03-2010

Apoyo Internacional hacia un Acuerdo Humanitario

Alegría por liberaciones por parte de las FARC EP

Comisión Ética 23

Rebelión

31-03-2010

Los abajo firmantes, miembros de la Comisión Ética Internacional por la Verdad en Colombia, y otras personas de diversas partes del mundo, de organizaciones de derechos humanos, intelectuales, agrupaciones de solidaridad y movimientos por los derechos a la memoria, a la verdad y a la justicia, estamos siguiendo con mucha atención las acciones en torno a la humanización de la guerra en Colombia, promovidas por Colombianas y Colombianos por la Paz, expresión ciudadana nacional e internacional, liderada por la Senadora Piedad Córdoba.

En anteriores comunicaciones éticas habíamos manifestado nuestra solidaridad y preocupación con la familia Moncayo respecto a la liberación de su hijo, el Cabo Segundo del Ejército PABLO EMILIO MONCAYO CABRERA. Hoy nos unimos a la gran alegría que se vive en su hogar la familia Moncayo, al igual que la familia del soldado profesional JOSUE DANIEL CALVO, luego de la liberación de ambos por parte de la guerrilla de las FARC EP.

Festejamos el feliz término de una decisión unilateral de la guerrilla de las FARC EP, la cual muestra su voluntad de caminar hacia un acuerdo humanitario y una salida política negociada al conflicto social y armado en el país. Este hecho refleja la posibilidad de la humanización del conflicto armado interno de Colombia.

Al tiempo, hemos conocido las manifestaciones del presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, de habilitar la posibilidad de un acuerdo humanitario, lo que valoramos como un gesto positivo a la propuesta presentada por las FARC EP, demandando que tal ofrecimiento se pueda hacer viable sin ningún tipo de condiciones por ninguna de las partes.

Estamos convencidos que estos hechos humanitarios de paz no se hubiesen hecho realidad sin la perseverancia y tenacidad de la Senadora Piedad Cordoba, junto a la de Colombianas y Colombianos por la Paz, quienes han estado al lado los familiares de las retenciones y secuestros. Por ello, nuestro respaldo a que continúen con esta labor hacia la paz.

Somos conocedores que Colombianas y Colombianos por la Paz han recorrido las cárceles reconociendo en ellas la deshumanización que se vive por parte de los allí detenidos, por ello comprendemos y apoyamos el llamado legítimo a las partes del conflicto para que se haga realidad cuanto antes un Acuerdo Humanitario.

Creemos que dar un nuevo paso a la humanización de la guerra interna, a través de un Acuerdo Humanitario, será un aprendizaje para llegar a la salida definitiva a un conflicto social y armado que existe en Colombia desde hace tantos años.

Con esa perspectiva ética e histórica, de nuevo hacemos un llamado a toda la insurgencia, para seguir desarrollando acuerdos, reglas claras y pasos relativos a la humanización del conflicto, razón por la cual persistiremos para que se hagan viables más gestos de las FARC-EP y para que el ELN se sume a esta dinámica, como conocemos es ya su disposición, en palabras de su Comando Central, estando en contacto con Colombianas y Colombianos por la Paz, a lo cual estaremos atentos, para avanzar con acciones concretas de diálogo y acogida de los principios del derecho internacional humanitario y la apertura de una nueva esperanza de paz con justicia.

Atentamente,

Alfonso Pérez Esquivel, Premio Nóbel de Paz, SERPAJ, Argentina

Francois Houtard, teólogo, sociólogo, director del Centro Tricontinental (CETRI), y miembro fundador del Foro Social Mundial, Bélgica

Mirta Baravalle; Madres de la Plaza de Mayo, Línea Fundadora, Argentina

Dr. Gilberto López y Rivas, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Méjico
Sean Hawkey. Consejo Mundial de Iglesias; Gran Bretaña
Stephen Haymes, Universidad DePAul, EEUU
Mary Bricker-Jenkins, PhD, Miembro del Comité Internacional de Poor People’s Economic Human Rights Campaign, EEUU
Carlos Fazio, periodista, investigador y catedrático de la UNAM; Méjico
Antoni Pigrau, profesor de derechos Internacional, Espai Catalunya-Comissió Ètica, España

Tica Font, Directora del Instituto Catalán Internacional para la Paz; Espai Catalunya-Comissió Ètica, España

Elizabeth Deligio, Observatorio de la Escuela de las Américas; EEUU
Libertad Sánchez, Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Mérida y Comarca; España
Miguel Álvarez, presidente de Serapaz, México

Lorenzo Loncón, Werken; werken comunidad mapuche newen mapa, Pueblo Mapuche

Eduard Nachmann, maestro, hijo de desaparecido; integrante de H.I.J.O.S. ciudad de Buenos Aires, Argentina

Enrique Santiago, director del Instituto de Estudios Políticos de América Latina y África, España

Enrique Nuñez, Agrupación Ex – presos y expresas políticos, Chile
France – Amerique Latin; Francia
Rainer Huhle, Centro de DDHH de Nuremberg, Alemania
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jueves, 25 de marzo de 2010

Homenaje y funeral masivo para 15 campesinos asesinados por carabineros en Lonquén-1973

Familiar de identificados en Lonquén: Vamos a poder cerrar parte del duelo


El padre y dos hermanos de Emilio Astudillo fueron ejecutados en 1973.

AFDD se mostró conforme con la labor del SML.
Cooperativa.cl

El presidente de la Agrupación de Familiares de las Víctimas de Lonquén, Emilio Astudillo, aseguró que tras la identificación de 13 de los 15 cuerpos de los ejecutados políticos encontrados en hornos de cal en 1978 las familias podrán finalmente cerrar un ciclo.
"Hay una cierta tranquilidad porque vamos a poder cerrar parte del duelo que hemos vivido durante 36 años y más. Con el esclarecimiento de las víctimas de Lonquén vamos a cerrar un ciclo en nuestras vidas, vamos a poder dar una digna sepultura a nuestros familiares", sostuvo Astudillo, quien perdió a su padre y dos hermanos en 1973.
"Vamos a poder reivindicar su memoria. Cuando fueron secuestrados de las casas nuestras, se les acusaron de presuntos extremistas, vamos a reivindicar que eran luchadores sociales, por un mejor bienestar para ellos y para sus hijos", sentenció.
Por su parte, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, aseguró que están conformes con la identificación y destacó los avances que se han logrado durante el Gobierno de Michelle Bachelet.
"La verdad no sólo (pasa por) la identidad, que es un paso importante que los familiares tenemos derecho, esa verdad también pasa por saber el nombre de los responsables, por conocer toda la verdad desde el momento en que son secuestrados hasta el último momento en que alguien los ve, los toca, los maltrata", señaló.





Los cuerpos de 15 lugareños asesinados en dictadura fueron encontrados en hornos de cal en 1978. (Foto: UPI)


Durante la mañana de este jueves, el ministro Héctor Solís, junto al director del Servicio Médico Legal (SML), Patricio Bustos, se reunió con las familias para dar a conocer los resultados de los informes.
Las pericias concluyeron la identificación positiva de las familias Astudillo, Maureira, Herrera, Ordóñez, Hernández y Brant, aunque aún está pendiente la individualización de Oscar Hernández y Manuel Navarro.
"Tuvimos que separar osamentas, buscar aquellas que pertenecían a las víctimas de este episodio represivo y luego de eso, que habían además pasado por hornos de cal, buscar las posibilidades de extraer ADN", explicó Bustos, quien añadió que "es un logro".
Los análisis permitieron determinar que los ejecutados, quienes serán velados el 7 de marzo en Isla de Maipo durante dos noches, recibieron golpes traumáticos y no heridas de bala.


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20 de Marzo de 2010

Familiares de Víctimas de Lonquén cierran con funerales serie de actos en honor a los ejecutados


La Agrupación de Familiares de Víctimas de Lonquén y la Corporación Lonquén cerrará una serie de actos en honor a sus deudos, con los funerales de 13 de los 15 ejecutados por agentes del Gobierno Militar en 1973 en esa localidad rural.
Esto luego que el pasado 18 de febrero, el ministro de fuero (s) de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Héctor Solís, les diera a conocer la identificación de los restos encontrados en 1978 en una fosa clandestina de ese sector de la comuna de Isla de Maipo.
El viernes 26 será el retiro de las osamentas desde el Servicio Médico Legal, luego de una breve liturgia en la Recoleta Franciscana, una caravana fúnebre partirá hasta Isla de Maipo donde continuarán los homenajes.
El velatorio público será el sábado 27 en el Patio Cívico de la Municipalidad de Isla de Maipo, lugar en que se encuentra el monumento histórico del calabozo de lo que fuera la Tenencia de Carabineros en 1973, último lugar en que las quince victimas fueran vistas con vida. En forma paralela al homenaje de las diferentes delegaciones, se llevará a cabo en las afueras del recinto un gran evento cultural que contará con la presencia de destacados artistas nacionales.
Por último en la mañana del domingo 28, en un mausoleo especialmente inaugurado en Octubre de 2008 para estos efectos, se procederá a la sepultación solemne de las víctimas.
El grupo fue detenido por Carabineros el 7 de octubre de 1973 y tras su ejecución lanzaron sus cuerpos a hornos de cal en Lonquén, donde fueron encontrados cinco años después. Posteriormente los enterraron en el Cementerio Parroquial de Isla de Maipo, donde fueron exhumados el 2006. De ahí el Servicio Médico Legal envió muestras a un laboratorio estadounidense para realizar la identificación.

upi/jn

elmostrador



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Homenaje y funeral masivo para víctimas de Lonquén

Por Jorge Escalante / La Nación

Jueves 25 de marzo de 2010 País


Con ceremonias que se esperan masivas y tras un largo recorrido por las calles de Santiago, por primera vez se da inicio mañana a una serie de actos que culminarán el próximo domingo con la sepultación por sus familiares , de los 15 campesinos asesinados por carabineros después del golpe militar.

Sus cuerpos fueron arrojados a los hornos de una mina abandonada en Lonquén, al sur de Santiago, donde se hallaron en diciembre de 1978. De acuerdo a los peritajes médico-legales finales, a los trabajadores los mataron a golpes, pues no se hallaron impactos de bala en las osamentas.

Los restos serán entregados a los familiares al mediodía de mañana viernes por el director del Servicio Médico Legal, Patricio Bustos, en una ceremonia que se efectuará a las 12:15 horas en la plazoleta frente al Cementerio General en Avenida La Paz.

Las 15 urnas serán transportadas por igual número de carros mortuorios que luego llegarán hasta la iglesia Recoleta Franciscana, donde inicialmente los cuerpos de las víctimas iban a ser velados el 14 de septiembre de 1979, lo que no se pudo realizar porque los cadáveres fueron secuestrados desde el SML por agentes de la CNI y lanzados a una fosa común en el cementerio de Isla de Maipo, desde donde fueron exhumados por orden judicial en 2006.

Luego el cortejo se dirigirá hasta el Museo de la Memoria en calle Matucana y desde allí partirá hasta la Plaza Padre Hurtado, en Melipilla, para después de pasar por otros lugares arribar a la Municipalidad de Isla de Maipo para un velatorio.

El sábado 27, a las 15 horas, se realizará en la Plaza de Isla de Maipo un homenaje de varios artistas y la sepultación tendrá lugar a las 11 horas del domingo en el cementerio de esa comuna.
A los actos asistirán organismos de derechos humanos y las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados. El presidente de la Agrupación de Víctimas de Lonquén, Emilio Astudillo, dijo: “Llamo a la ciudadanía a acompañarnos en este homenaje final para nuestros familiares víctimas de la dictadura”.

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domingo, 21 de marzo de 2010

Genocidio de pueblos originarios ---2010-03-21 01:04:24

Genocidio de pueblos originarios

Durante la denominada Campaña del Desierto se procedió a aplicar desde el Estado argentino un proceso genocida contra los pueblos originarios. Fundamentos para entender una práctica que tiene su continuidad.
CLAUDIA SALOMÓN TARQUINI*
Durante muchos años se pretendió mostrar una imagen de La Pampa como una isla en los años sangrientos de la dictadura de 1976-1983. Esta visión ha sido rebatida ya por varios trabajos que dan cuenta de la represión por esos años en estas tierras. Actualmente, organizaciones de pueblos originarios reclaman el reconocimiento de las políticas hacia sus antepasados como el primer genocidio en Argentina. ¿Es aplicable este concepto a lo que sucedió en Patagonia y la región pampeana? En este artículo sostenemos que sí lo es, y haremos referencia a prácticas llevadas a cabo en ese sentido en el territorio que se corresponde con la actual provincia de La Pampa.
¿Qué es y qué no es?
El artículo 2° de la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, sancionada en 1948 establece que "se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional étnico, racial o religioso como tal: a) Matanza de miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; e) Traslado por fuerza de niños de un grupo a otro grupo.
"Como señala Daniel Feierstein, director del Centro de Estudios sobre Genocidio en la Universidad Nacional de Tres de Febrero, es necesario ser cuidadosos para evitar aplicar el concepto a experiencias que a pesar de que las consideremos reprobables, no están orientadas a un proceso genocida. Para ejemplificar su punto de vista, el investigador analiza si es factible que consideremos como tales a las víctimas de las políticas neoliberales de los años 90 en Argentina, y concluye que no es posible extender de tal manera el concepto. En las prácticas sociales genocidas -explica este sociólogo- el Estado organiza una maquinaria de aniquilamiento sistemático de una fracción delimitada de la sociedad, elegida y seleccionada en función de su origen, ideas políticas o prácticas sociales. A diferencia de ellos, en las políticas neoliberales referidas, se trata de la implementación de una política económica en la que el estado se desentiende del destino de su población en pos de apoyar el incremento desmesurado de la ganancia de algunos grupos sociales.
Argumentos.
Ahora bien, si nos remontamos a los motivos de las campañas de 1878-1885 contra los pueblos originarios que habitaban la región pampeana y patagónica, alguien podría argumentar que -más que el exterminio de la población indígena- lo que se pretendía era obtener las tierras para garantizar extraordinarias rentas a determinados grupos de poder; y que, como estos pueblos no fueron eliminados físicamente en su totalidad, no sería posible hablar de genocidio. Contra este razonamiento sostenemos dos objeciones: en primer lugar, que no es factible categorizar una práctica genocida en función de los resultados (después de todo, el Holocausto tampoco eliminó físicamente a toda la población judía), sino de los objetivos y los dispositivos puestos en marcha para hacerlo. En segundo lugar, si bien es cierto que el objetivo en última instancia era incorporar las tierras al control nacional como un recurso fundamental, para buena parte de la elite argentina, era indispensable terminar con la inexistencia de grupos indígenas constituidos como tales -esto es, en agrupaciones autónomas-. Así, toda la maquinaria estatal se puso a disposición de eliminar -aunque no físicamente a la totalidad de la población- a las sociedades indígenas como tales. Veamos en qué consistieron estos dispositivos, con algunos ejemplos particulares de lo sucedido con las poblaciones que habitaban lo que años más tarde sería La Pampa. El lector podrá observar que varias de las prácticas mencionadas en el artículo 2° citado al inicio de este apartado, se encuentran presentes en esa triste historia.
Prácticas genocidas.
La más conocida de estas prácticas es por supuesto el exterminio físico. Entre mayo y diciembre de 1878 el ejército comandado por Julio A. Roca realizó 23 expediciones, en las que fueron ultimadas 398 personas, se tomaron prisioneros 901 lanceros y 3.668 miembros de sus familias. Meses después, durante 1879 fueron asesinados 1.313 lanceros, y tomados prisioneros más de 10.000 indígenas entre hombres, mujeres, niños y ancianos. En estas cifras no se incluyen los que fueron asesinados en persecuciones, muertos por hambre en el mismo territorio, o diezmados por las epidemias de viruela, que hicieron estragos entre la población nativa. A pesar de las versiones oficiales sobre "enfrentamientos" militares, el encierro en campos de concentración y fusilamientos también fue una práctica tristemente habitual en este contexto: los ranqueles recuerdan en particular la masacre de Pozo del Cuadril, en Villa Mercedes, ocurrida en octubre de 1878, cuando un grupo de lanceros fue a buscar las provisiones prometidas por un tratado de paz firmado meses antes. En esa ocasión, entre 50 ó 60 ranqueles fueron encerrados en un corral y fusilados a sangre fría, en un episodio que la prensa nacional resaltó escandalizada. Además de los campos de concentración cuya existencia se ha podido verificar en nordpatagonia, otras memorias de viajeros indican la presencia de campos de este tipo en la zona de Puán y de Bahía Blanca, donde los prisioneros esperaban su traslado hacia destinos laborales muy distantes. El campo de concentración más conocido fue el de la Isla Martín García.
Desde estos puntos, se proseguía con el desmembramiento de familias completas: los hombres adultos podían ser enviados a las distantes zafras azucarera, yerbatera y algodonera, o eran incorporados a la policía, el ejército y la marina. Como han demostrado investigaciones de José Carlos Depetris y de Diana Lenton, la presencia de pampas y ranqueles en los ingenios azucareros de Tucumán implicaba el trabajo en condiciones de esclavitud y el cambio de nombres, así como la represión de sus prácticas culturales. A su vez, los niños y mujeres eran distribuidos al servicio doméstico urbano de familias acomodadas de Córdoba y Buenos Aires.
Identidades rotas.
A la vez, fue común la supresión de los nombres indígenas y la clasificación de los nativos sobrevivientes y sus descendientes como "argentinos" en dos ocasiones de fundamental importancia: al bautizarlos, cuando se les imponía un nombre y apellido distinto en sustitución del original; y en los recuentos censales, considerándolos incluidos dentro la categoría argentino nativo. Este último procedimiento, sumado a un discurso que destacó la importancia efectiva del aporte inmigratorio, contribuyó a enmascarar la significación de la población de origen indígena, invisibilizando a sus miembros.
Por otro lado, la expropiación de sus tierras y la denegación sistemática a entregarles otras, era parte de una política que pretendía desconocer todo tipo de liderazgo indígena previo a 1878, y a la vez impedir que esta población se asentara en forma concentrada en determinados lugares. Los gobernadores del Territorio de La Pampa se negaron una y otra vez a hacer lugar a los pedidos de parcelas. Eduardo Pico sostenía en 1896, que "Permitírsele agruparse en la forma en que antes estuvieron y volver a la vida del aduar seria condenarlos a una perpetua barbarie. El aislamiento de su casta borraría inmediatamente las nociones de vida ordenada que han adquirido evitando las tendencias de sus espíritus salvajes. Las tribus no pueden, no deben existir dentro del orden nacional. Las que tubieron [sic] su asiento en este territorio se encuentran también dispersas diseminadas en los departamentos los individuos que las componían, allí viven felices, entregados a las faenas de campo amparados como los demás ciudadanos por las leyes protectoras de la Nación y divorciados por completo de la autoridad de los caciques sus antiguos gefes [sic]. /.../ la práctica ha demostrado lo perjudicial que son á los vecindarios las agrupaciones de indígenas, tanto en lo que se relaciona á sus intereses, cuanto en lo que concierne a sus costumbres y moralidad" (en expediente 1.150 letra D, del Departamento de Tierras, Colonias y Agricultura, "Díaz Francisco s/tierra para su tribu", Fondo Tierras, Archivo Histórico Provincial).
La cita contiene muchos de los elementos presentes en los discursos que justifican un genocidio: la necesidad de impedir el agrupamiento ("Las tribus no pueden, no deben existir dentro del orden nacional"), la destrucción de sus lazos sociales ("dispersas diseminadas en los departamentos", "divorciados por completo de la autoridad de los caciques"), la desvalorización de sus prácticas culturales ("las tendencias de sus espíritus salvajes"), la expropiación de sus recursos y la explotación laboral ("entregados a las faenas de campo"). Detrás del discurso del "progreso" y de la Argentina como "granero del mundo" estaban los exterminios, las familias desmembradas, los grupos dispersados.
Finalmente, otra de las prácticas habituales, y cuyos efectos continúan hasta la actualidad, fue la desvalorización de las prácticas culturales de los vencidos. Frente a éstas, se subrayó el carácter positivo de las que portarían los inmigrantes extranjeros, y la población indígena fue asociada a la haraganería y al consumo excesivo de alcohol. Enrique Stieben señalaba aún en 1939, en sus conferencias radiales, que los indígenas en La Pampa "van desapareciendo, debilitados por el alcohol, el tabaco y la miseria producida por su incapacidad técnica y su absoluta falta de cultura. Entendemos ahora por qué no fue suficiente ni aconsejable otorgar a las tribus tierras en posesión común. Tampoco habría sido útil otorgar escrituras a título individual sobre leguas y más leguas. Los indios padecían una completa falta de las nociones de orden, administración doméstica y trabajo".
El genocidio continúa.
Matanzas como la de Pozo del Cuadril u otras similares de las últimas décadas del siglo XIX no fueron las últimas realizadas contra pueblos originarios en Argentina. En julio de 1924 tuvo lugar la masacre de Napalpí, contra tobas y mocovíes, en el Territorio Nacional del Chaco, bajo la presidencia de Marcelo T. de Alvear (más de doscientos muertos), y en octubre de 1947 la matanza de La Bomba, contra los pilagá en el Territorio Nacional de Formosa, durante la presidencia de Juan Domingo Perón. Esta última se inició con el fusilamiento de cientos de personas por parte de Gendarmería Nacional, y las persecuciones de sobrevivientes para rematarlos se prolongaron por diez días. Hasta la actualidad, se desconoce el número de víctimas, aunque se estima en varios centenares. Ninguno de los dos casos fueron "excesos" de dictaduras o de fuerzas armadas: son ejemplos de una larga lista de los procesos sociales genocidas instrumentados sistemáticamente contra los pueblos originarios con el objetivo de que nada perturbara la homogeneización social y la explotación laboral. La pregunta es entonces qué tipo de sociedad se había construido para entonces que permitía la permanencia de estas prácticas. Como demuestran varios investigadores, el exterminio físico es una etapa del proceso genocida que para ser legitimada debe ser precedida por construcciones discursivas que nieguen condiciones de humanidad al otro, lo hostiguen, lo aíslen y finalmente justifiquen el ataque contra ellos. Quizás las discusiones sobre Roca y sus contribuciones al Estado nación en construcción resultan incómodas porque nos devuelven una imagen difícil de aceptar como argentinos. Esta imagen no sólo negaba la posibilidad de incorporar a otros distintos en la construcción de la nación, sino que fundaba la legitimidad de prácticas de exterminio de estos otros. Y lo incómodo es la persistencia de esta negación, que siguió siendo aceptada por buena parte de la sociedad argentina -especialmente la que miraba a Europa como modelo a seguir-, y es recreada cada vez que quien no es indígena se arroga el derecho de poner límites y establecer quién es indígena y quién no lo es, habla de "indios inventados", o resta legitimidad a sus reclamos. Cada vez que alguien se identifica como indígena en Argentina y otros le niegan su derecho a hacerlo argumentando que los indígenas fueron exterminados, que en todo caso son "descendientes" pero no "verdaderos indígenas", las prácticas genocidas vuelven a mostrar su prolongada eficacia.

*Historiadora. UNLPam-Conicet
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laarena

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