domingo, 15 de noviembre de 2009

Una concepción falaz sobre la cuestión mapuche-11-11-09

Una concepción falaz sobre la cuestión mapuche

Por F. Trentini, S. Valverde, L. Bersten, J. C. Radovich, M. A. Berón, A. Balazote *

Ante la aparición de diversas notas periodísticas en medios nacionales, regionales y locales del norte de la Patagonia, que tienen como común denominador negar la preexistencia del pueblo indígena mapuche, un grupo de profesores e investigadores de la carrera de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y del Conicet deseamos hacer pública nuestra posición. La misma se apoya en nuestra trayectoria en base a los trabajos científicos realizados en algunos casos a lo largo de 25 años, y considerando los aportes de diferentes disciplinas a nivel nacional e internacional.
En las últimas décadas existe un amplio acuerdo en las ciencias sociales y humanas en considerar la identidad en términos procesuales y relacionales –es decir que se define en la interrelación con un “otro”—, por lo cual nunca puede concebirse como una entidad estática ni promoverse asociaciones del estilo “una raza igual una cultura”. Este tipo de análisis, de corte preterista y esencialista que definía a las poblaciones como una “sumatoria de rasgos” (biológicos y culturales), ha sido dejado de lado desde la década del ’60, ya que tiende a negar que los pueblos se adaptan y reactualizan en sus identificaciones en forma dinámica y variable. Los enfoques actuales, que vienen desarrollándose desde hace décadas en centros académicos del país y el mundo son sugestivamente omitidos por estas notas periodísticas.
Una falacia en la que incurren los abordajes estáticos de las identidades consiste en apelar al concepto de “araucanización”, planteando que los mapuches no son “originarios” de la Argentina, sino “invasores” chilenos. Desde la arqueología, la historia, la antropología social y la etnohistoria, esta noción ha sido ampliamente refutada.Diversas investigaciones arqueológicas demuestran la temprana presencia de contactos entre los pueblos indígenas ubicados a ambos lados de la cordillera de los Andes, evidenciando complejos procesos de interacción social de gran profundidad histórica.
En esta misma línea, diversos trabajos históricos revelan cómo el cordón montañoso pasó a erigirse como frontera sólo después de la constitución de los Estados nacionales y, en algunos casos, varias décadas después. De allí la lectura sesgada que supone atribuir a los grupos indígenas una nacionalidad “argentina” o “chilena”, cuando aún no se había efectivizado la ocupación territorial de ambos Estados.
Resulta por demás llamativa, en estas notas, la omisión de los muchos testimonios y documentos que registran la gran cantidad de población mapuche asentada en el actual territorio argentino, que debieron huir hacia el oeste de la cordillera a medida que avanzaba la conquista militar. Unos años después, al finalizar las campañas a ambos lados de los Andes, estas familias “retornan”. Es decir, aquello que se lee como una invasión trans-cordillerana, en realidad implica el “regreso al territorio originario”.
La pretendida identificación del mapuche como “chileno”, con la consiguiente negación sistemática de su preexistencia étnica y cultural, se contrapone con la multiplicidad de estudios académicos que rebaten tales teorías. Pero también –lo que no es menor– contradice las legislaciones vigentes, ya que la Constitución nacional del año 1994, con la sanción del artículo 75, inciso 17, ha incorporado con rango constitucional el reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) reconoce al pueblo mapuche, al igual que artículo 53 de la Constitución de Neuquén, provincia a la que alude una parte importante de estas notas.Como miembros de la comunidad científica instamos a la opinión pública en general, a los medios masivos de comunicación y a los funcionarios involucrados a abordar la temática con la complejidad y responsabilidad que se merece, acorde con los avances científicos de las últimas décadas y con lo estipulado en la Constitución nacional, las provinciales, así como las demás legislaciones vigentes.

* Docentes e investigadores (UBA y Conicet).
*
*pagina12.
*
*http://orgpueblosoriginarios.blogspot.com/
*
*
*

¿Dónde estaba el general? -15-11-09

¿Dónde estaba el general?

escrito por Editorial de Punto Final

domingo, 15 de noviembre de 2009

Polémico ha resultado el nombramiento del general Juan Miguel Fuente-Alba Poblete como nuevo comandante en jefe del ejército. Según la versión oficial, la presidenta de la República lo nombró después de un acucioso estudio de sus antecedentes.

Descartarían toda implicación de Fuente-Alba en violaciones de los derechos humanos cometidas por la dictadura militar, período durante el cual hizo casi toda su carrera militar. Sin embargo, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, ha denunciado que Fuente-Alba Poblete, cuando era subteniente del Regimiento Calama, en octubre de 1973, estuvo involucrado en la masacre de prisioneros cometida por la Caravana de la Muerte que encabezaba el general Sergio Arellano Stark. Esas declaraciones las sostiene también el abogado de derechos humanos Hugo Gutiérrez. El general Fuente-Alba señala que para la fecha del asesinato de 26 prisioneros políticos en Calama -el 19 de octubre de 1973-, él se encontraba en la mina de Chuquicamata, custodiando equipos de ese yacimiento cuprífero. Agrega que el actual juez instructor de la causa, Víctor Montiglio, ante el cual declaró en dos oportunidades en calidad de inculpado, lo dejó fuera de enjuiciamiento por no existir antecedentes en su contra.
El ministro Montiglio le extendió un certificado señalando que hasta ahora “no aparecen presunciones fundadas” para estimar que el oficial haya tenido participación como autor, cómplice o encubridor de la masacre. Existiría, por lo tanto, una virtual declaración de inocencia judicial. Sin embargo, hay tres declaraciones de militares que refutan a Fuente-Alba. Una es del brigadier (r) Pedro Espinoza, segundo jefe de la Dina, que tomó parte en la Caravana de la Muerte. Su testimonio ha sido descalificado porque, se asegura, ha mentido varias veces. Una segunda declaración judicial es del teniente (r) Patricio Lapostol Arno. Sostiene que el subteniente Fuente-Alba estuvo presente en una tensa reunión que sostuvo en Calama con Marcelo Morén Brito, uno de los oficiales-verdugos de la Caravana de la Muerte. Morén habría reprochado a Lapostol la conducta de su padre, comandante del Regimiento Arica, que se negó a fusilar a unos prisioneros. La tercera declaración es del suboficial (r) Leopoldo Pérez Paredes en la causa por el desentierro de los cuerpos de los mártires (a fines de 1975) que fueron lanzados al mar. Esa operación la dirigió el teniente Miguel Trincado Araneda, llamado a retiro y sometido a proceso en diciembre de 2006, cuando -con el grado de general- se desempeñaba como comandante de la II División en la Región Metropolitana. Un documentado relato de estos antecedentes se encuentran en la nota del periodista Jorge Escalante en La Nación-Domingo (31/8/2008).
El caso del general Fuente-Alba induce a reflexión. Hay precedentes que indican que en materia de militares, asuntos que aparecían claros e indiscutibles, dejaron de serlo después. Ha sucedido con otros nombramientos de altos oficiales de las fuerzas armadas. Esto se relaciona con el “pacto de silencio” que rige entre los uniformados y que ha entorpecido la investigación de los crímenes de la dictadura. El hecho de haber sido Fuente-Alba un joven subteniente en 1973, no borra el hecho de que la mayor parte de su carrera militar transcurrió en el ejército comandado por Pinochet y su camarilla de asesinos y ladrones.Fuente-Alba no pudo, al menos, dejar de tener noticias de los crímenes y atrocidades cometidos por sus camaradas de armas. Su silencio implica una evidente responsabilidad ética. Sin embargo, el mismo razonamiento debería aplicarse prácticamente a todos los mandos actuales del ejército, por lo menos hasta el grado de coronel, o incluso más abajo. Esta situación significa que en las fuerzas armadas existen elementos de peligrosidad latente que deberían ser afrontados con tacto pero también con firmeza, buscando formar una nueva mentalidad castrense que se inspire en valores democráticos y que permita a la sociedad avanzar sin amenazas hacia formas más profundas de igualdad y justicia social. Es inquietante saber que Pinochet -con todos sus crímenes y enriquecimiento ilícito a cuestas- sigue siendo una figura emblemática y admirada en el ejército y en el conjunto de las fuerzas armadas. Esto sucede mientras el asesinato del ex comandante en jefe, general Carlos Prats González, y de su esposa, sigue impune.Durante los 20 años de la democracia de baja intensidad que impera en Chile, las fuerzas armadas han sido intocables y son un tema tabú en el debate político. Ninguno de los candidatos presidenciales se ha atrevido a enfrentar el tema y a proponer una política que termine con privilegios, corruptelas y potenciales peligros antidemocráticos.
Las fuerzas armadas siguen siendo -tal como las dejó Pinochet- un estamento privilegiado de la sociedad, sometido a la doctrina de Seguridad Nacional levemente maquillada y repotenciada para la lucha “antiterrorista” que hoy propugna el Pentágono y que amenaza al continente desde las bases que instalará en Colombia.
Los privilegios de que gozan los militares chilenos son variados. Desde la discrecionalidad con que los altos mandos deciden la compra de armamentos (4.778 millones de dólares en 2008, según el Instituto de Investigaciones para la Paz, de Estocolmo) con los recursos que provienen de las ventas de cobre de Codelco, hasta sus regímenes especiales de previsión y salud. Aunque ese sistema previsional está quebrado, sigue funcionando gracias al aporte fiscal -pagado por todos los chilenos- a razón de más de 1.500 millones de dólares anuales. Los hospitales de cada rama de las fuerzas armadas y de Carabineros son los más modernos del país -como el nuevo Hospital Militar inaugurado en la comuna de La Reina-.
Los uniformados gozan de todo tipo de asignaciones especiales que ya se las quisieran profesores y funcionarios públicos que gritan su pobreza en las calles. El Código de Justicia Militar les asegura una justicia propia que invariablemente los favorece. Cada una de las ramas de las fuerzas armadas cuenta con patrimonio propio del que disponen como si lo hubieran adquirido con su trabajo y no gracias al financiamiento fiscal. El dispendio en el gasto militar facilita la corrupción, como se ha visto en el caso de los aviones Mirage y en la adquisición de los tanques Leopard. Los suicidios de conscriptos rara vez son investigados a fondo, y menos los crímenes como el de Pedro Soto Tapia o el del cabo Orlando Morales Pinto, este último para ocultar un desfalco en el Comando de Salud del ejército. Hizo falta la movilización y protesta para que el ejército se diera por enterado de los casos de radiación que afectaron a conscriptos que sirvieron en el centro nuclear de Lo Aguirre.Tampoco se puede sostener razonablemente que las fuerzas armadas se hayan empleado a fondo para ayudar a la justicia en materia de violaciones de los derechos humanos. Esto alimenta las sospechas y suspicacias cuando se producen ascensos en los altos mandos. Con razón los ciudadanos se preguntan: ¿dónde estaba y qué hacía ese general o aquel almirante cuando la dictadura militar torturaba, asesinaba y hacía desaparecer prisioneros? ¿O es que los actuales comandantes en jefe fueron abnegados y pulcros oficiales, dedicados a su perfeccionamiento profesional y a la formación de contingentes en los cuarteles? ¿Fueron sólo oficiales de escritorios, polígonos y desfiles? ¿Nunca se enteraron de lo que hacían sus compañeros en la Dina, la CNI, la Dine, etc.?
Lamentablemente, el gobierno de la presidenta Bachelet, que por antecedentes familiares y profesionales pudo haber abordado con mayor autoridad el tema de las fuerzas armadas y su readecuación para servir a la Patria en democracia, ni siquiera intentó comenzar esa tarea que seguirá congelada durante el próximo gobierno, según nos prometen los candidatos que se disputan la Presidencia de la República.
PF(Editorial de Punto Final, edición Nº 698, 13 de noviembre, 2009. Suscríbase a Punto Final,

*
*
*

Rabinos eran los de antes- Por Daniel Goldman *

Rabinos eran los de antes



Radowitzky sale en libertad tras pasar 21 años preso.
Por Daniel Goldman *


Motivado por la nota que publicara el sábado pasado en este mismo diario Osvaldo Bayer, recordé que hace algunos años, el notable intelectual escribió un ensayo llamado “Simón Radowitzky, ¿mártir o asesino?”, trabajo biográfico sobre la vida de aquel joven revolucionario quien, como consecuencia de la represión del 1º de mayo de 1909, en la que se derrama sangre de 26 manifestantes obreros, al grito de “Viva el Anarquismo” decidió arrojar un artefacto explosivo en el automóvil del coronel Ramón Falcón, jefe de la Policía, acabando con la vida de este último. Sin intención de juzgar el hecho, desde la adolescencia, época en la que escuché esta historia, siempre enredé mi imaginación con la imagen de un tal Moishe (Moisés) Radowitzky, primo o tío de Simón. El detalle de la saga: Moishe era rabino. Qué curioso: Sobre Moisés Maimónides, el sabio medieval, se decía que “desde Moisés hasta Moisés no hubo ningún otro Moisés”. Pero se me ocurre extender en los siglos este dicho a cada Moishe, incluyendo a Radowitzky. No hay judío que no tenga un Moishe en su familia. A tal punto que usualmente en este país los judíos somos todos Moishes. Por otro lado, no hay judío que no haya tenido un rabino en su familia (si no pregúntele al judío que tenga a mano). Y rabinos llamados Moishe habrá habido por doquier. Sólo yo conozco no menos de una docena. Pero ¿cuál fue el acto que destaca al Radowitzky del resto de los Moishes? Después del ataque, Simón iría a ser condenado a muerte. La historia terminaría mal. Pero él tenía sólo una posibilidad. El preso más “peligroso” de la época debía probar que no cumplía con la edad suficiente como para ser ejecutado. Tenía que tener no menos de 22 años para ser pasado por las armas. Su edad era desconocida. En su pasaporte no estaba claro. A pesar de su juventud, la piel de este caucásico estaba ajada por las penurias. Como muchos judíos de Europa Oriental, los Radowitzky eran oriundos de un “shtetl”, un pequeño y pobre villorrio en el límite entre Polonia y Ucrania. Movida por la miseria, su familia se traslada a la industrial orbe rusa de Ekaterinoslav. Con 10 años y apenas algunos rudimentos de lectura y escritura, Simón debe abandonar la escuela para comenzar a trabajar como ayudante de herrero. Pasaba los días clavando herraduras a los caballos y las noches durmiendo debajo de la mesa de trabajo del establo. En la oscuridad del galpón escuchaba las conversaciones entre la hija del patrón y sus revolucionarios amigos. A la edad de 14 años consigue un trabajo en una fábrica. Y es a esa misma edad que es herido por un sablazo en el pecho durante una manifestación, a manos de un cosaco represor. Convaleciente durante seis meses, debe escapar de la Rusia zarista, llegando a estas latitudes.


Volviendo al juicio, la oligarquía y las clases medias de la época clamaban por su pena de muerte (como decía el Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol). Y la prensa de ese período ya lo condenaba con unos supuestos 29 años de edad. Pero de repente todo se modifica. La historia cambia. Aparece el rabino Moishe Radowitzky con una partida de nacimiento de su sobrino Shimen Radowitzky, en la que consta que habría nacido en 1891, lo cual indicaba que tendría en ese momento 18 años de edad. La legendaria revista Caras y Caretas dice en uno de sus viejos números:”Radowitzky tiene cada vez menos años”. ¿Quien le creía esto de la edad? Bayer, con una dulce ironía, alega que ni siquiera los anarquistas.

Ahora, ¿habrá mentido el rabino? ¿Un rabino engaña? Considero humildemente que algunos sí, cuando creen ser dueños de la verdad y no buscadores de certezas. Rabinos hay de todo. Ortodoxos y progresistas, fachos y zurdos, nacionalistas y universalistas, anarquistas y no tanto. En este sentido, no sé si el Rabi Moishe era un anarquista, pero sin duda era un genuino humanista, porque condena la pena de muerte y reconoce en esencia que la existencia de la vida debe superar la legalidad y sus instituciones. Roberto Espósito, el filósofo italiano, dice algo similar. Y por eso me parece que el anarquismo y el judaísmo no se perciben como tan separados. Inclusive podría pensarse que todo anarquista porta algo de judío y viceversa. En Redención y Utopía, Michael Lowy da cuenta de las relaciones entre mesianismo judío y utopía libertaria en intelectuales como Walter Benjamin, Martin Buber y Erich Fromm.

Se me ocurre agregar un solo detalle más de la tradición judía. En idioma hebreo a la mentira piadosa la denominamos verdad piadosa. Porque cuando la piedad existe, nunca hay falsedad. La misericordia la trasciende.

No recuerdo en qué revista nacionalista local leí textualmente que el primer subversivo tenía olor a Moishe. Y qué extraordinaria paradoja: para los judíos, desde el de la Biblia hasta Radowitzky, siempre hay un Moishe que te salva.

* Rabino.
pagina12.

*

*

*

Otro dilema para Obama-12-11-09

Otro dilema para Obama

Por Juan Gelman

El asesinato ¿a sangre fría? de doce soldados y un civil en la base militar de Fort Hood, la más grande de EE.UU., ha desatado especulaciones diversas sobre las razones que llevaron al mayor Nidal Malik Hassan a perpetrar semejante crimen. Nunca fue destinado a Irak o Afganistán, pero como psiquiatra del ejército trató decenas de casos del llamado síntoma de stress postraumático que padecen muchos veteranos a la vuelta de esas guerras. ¿Experimentó esos conflictos como si hubiera participado en ellos, haciendo suyos los sufrimientos y las miserias de quienes tal vez no duermen asaltados por recuerdos horribles de lo que hicieron o no hicieron o simplemente presenciaron? ¿Fue un rapto emocional, entonces? Hay otra versión: Hassan habría actuado en total posesión de sus facultades.

Osman Danquah, fundador de la Comunidad Islámica de Greater Killen, Texas, declaró que lo habían turbado las afirmaciones de Hassan en charlas recientes que con él mantuvo: iba a ser trasladado a Afganistán y atravesaba una dura contradicción entre su fe musulmana y la misión de participar en la lucha contra otros musulmanes (
www.gosa nangelo.com, 7/11/09). Pensaba que la “guerra antiterrorista” era, en realidad, una guerra contra el Islam. El doctor Van Finnell, su compañero de estudios en el 2007, relató que Hassan decía a quien quisiera oírlo que él era “ante todo musulmán y en segundo lugar, estadounidense”, y el coronel (R) Bailey Hutchison, que lo conoció en Fort Hood, recordó que el psiquiatra quería que la Casa Blanca retirara las tropas de Irak y Afganistán y discutía acerbamente con otros militares de opinión contraria (AP, 9/11/09).

La primera versión oficial de la matanza indicaba que ésta nada tenía que ver con Al Qaida: los servicios de inteligencia escrutaban minuciosa y permanentemente a Hassan por su pertenencia religiosa y no encontraron, durante años, elementos que lo involucraran en actividades terroristas (
www.nytimes, 8/11/09). Entre paréntesis, cabe preguntarse cuántos de los diez millones de musulmanes que viven en EE.UU. son objeto de la misma vigilancia. Por lo demás, el mayor tenía un comportamiento curioso para los integristas de su fe: frecuentaba un club de strip tease cercano a la base militar, permanecía seis o siete horas mirando el espectáculo y el 29 y 30 de octubre pasados pagó 50 dólares a una de las stripteasers para bailar con ella tres melodías en una habitación privada del club (www.foxnews.com, 9/11/09). El Edén seguramente no lo espera.

Se habla, sin embargo, de unos correos aparecidos en Internet y procedentes de la base que elogiaban el terrorismo suicida y se atribuyen a Hassan. Se averiguó que éste concurría en el 2001 a una mezquita en Virginia que el FBI vinculó con dos terroristas del 11/9 (www.mcclatchydc.com, 8/9/09). El imán era Anwar al Awlaki, que ahora predica la Guerra Santa desde el Yemen, y se dice que Hassan bien pudo allí encontrarse con “Azzam, el estadounidense”, nacido en Oregon y miembro de una familia judía convertido al islamismo, que con el celo de un converso invita a los musulmanes norteamericanos, en particular a los miles que pertenecen a las fuerzas armadas, a combatir a “los infieles” en el frente patrio (
counterterrorismblog.org, junio 2009). De esto a la inferencia de que Hassan bien pudo contactarse con Al Qaida hay menos de un paso.

Unos psiquiatras proponen interpretaciones diferentes. “Muchos de los soldados que uno evalúa y trata hablan de acontecimientos espantosos”, observó el doctor Daniel Amen, que ejerció la profesión en el ejército de EE.UU. y, como Hassan, trabajó en el Centro Médico Militar Walter Reed de Washington. “En los psiquiatras –agregó– puede prosperar algo que se llama fatiga de compasión.” “No verán los combates con sus ojos, pero perciben sus consecuencias”, advirtió el congresista republicano Tim Murphy, que se desempeñó como psicólogo en la reserva naval (
www.dallasnews.com, 8/11/09). Rafid Hamas, tío de Hassan, declaró a la AP que veía lágrimas en sus ojos cuando hablaba de algunos de sus pacientes. En la décima versión del clásico Kaplan and Sadock’s Synopsis of Psychiatry (Lippincot Williams & Wilkins, Filadelfia, 2007) se establece que, entre los médicos, los psiquiatras son más propensos a intentar el suicidio.

Obama enfrentaba un dilema para la nueva definición oficial del caso. Decir que “es un hecho aislado” producto del impulso irracional de un psiquiatra compasivo y fatigado de escuchar historias pavorosas. O atribuirlo a Al Qaida. Si lo primero, subrayaría los estragos mentales que la guerra causa en los veteranos estadounidenses que la sobreviven. Si lo último, podría servirle para justificar el envío de tropas a Afganistán, pero surgirían otras preguntas: ¿Al Qaida opera nuevamente en EE.UU.? ¿Para qué sirven, entonces, tantas medidas de seguridad que recortan los derechos civiles de los estadounidenses?
pagina12.
*
*
*

EXCLUSIVO: UNA JUEZA DECLARO INCONSTITUCIONAL LA PROHIBICION DE CONTRAER MATRIMONIO A UNA PAREJA HOMOSEXUAL-12-11-09

EXCLUSIVO: UNA JUEZA DECLARO INCONSTITUCIONAL LA PROHIBICION DE CONTRAER MATRIMONIO A UNA PAREJA HOMOSEXUAL


María Rachid y Claudia Castro en febrero de 2007, cuando fueron al Registro Civil a pedir turno para casarse.
Imagen: Gustavo Mujica
El día en que la Justicia salió del closet

La Justicia en lo Contencioso Administrativo de la ciudad ordenó al Registro Civil porteño “celebrar el matrimonio” de dos hombres que así lo reclaman. El gobierno porteño puede apelar la decisión. Los argumentos del fallo.

Por Andrés Osojnik

La Justicia le dio el sí al matrimonio gay: en un fallo iné-dito, una jueza declaró inconstitucional el impedimento para que dos personas del mismo sexo puedan casarse y ordenó al Registro Civil porteño que celebre la unión de la pareja homosexual que inició la demanda. La sentencia es de primera instancia y previsiblemente será apelada por el gobierno de Mauricio Macri. No obstante, crea un precedente que excede el ámbito judicial y brinda un espaldarazo insoslayable a la campaña para instaurar esa figura en el país en un momento donde un proyecto en ese sentido se debate en la Cámara de Diputados.
La jueza Gabriela Seijas, del fuero Contencioso Administrativo de la ciudad de Buenos Aires, declaró en su fallo la inconstitucionalidad de los artículos 172 y 188 del Código Civil “en cuanto impiden que los señores Alejandro Freyre y José María Di Bello puedan contraer matrimonio”. El artículo 172 es el que establece que para el casamiento es necesario el consentimiento de “un hombre y una mujer”. El 182 fija la famosa fórmula de “los declaro marido y mujer”.

El amparo que originó el fallo de Seijas forma parte de la campaña por el matrimonio entre personas del mismo sexo que viene llevando adelante la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (Falgbt), con el apoyo del Inadi (el Instituto Nacional contra la Discriminación) y otras entidades y personalidades. María Rachid, la presidenta de la Falgbt, celebró el fallo y señaló que se trata de “un respaldo importante para nuestro reclamos y sobre todo para que los diputados y diputadas cumplan con su trabajo, discutan el proyecto y voten a favor de nuestros derechos” (ver aparte).

La campaña empezó en febrero de 2007, cuando María Rachid y su novia, Claudia Castro, fueron al Registro Civil porteño a pedir turno para casarse. Tras el rechazo, la pareja presentó en la Justicia un recurso de amparo: fue el puntapié inicial para la movida más ambiciosa de la comunidad gay, lésbica, bisexual y trans del país. El amparo de las dirigentes de la Federación llegó a la Corte Suprema de Justicia, tiene dictamen favorable del procurador general de la Nación y ya se encuentra a la espera de los votos de los magistrados. En paralelo, se presentó en el Congreso un proyecto para instaurar el matrimonio gay por vía legislativa.

Tras ese primer amparo hubo otros tres. Uno de ellos es el que derivó en el fallo de ayer. Quienes también estaban exultantes anoche eran los abogados que participaron del andamiaje jurídico de las presentaciones. Gustavo López, secretario legal de la Falgbt, destacó la “solidez” de la sentencia: “Es un fallo que va al fondo, toma la cuestión de los derechos civiles y va más allá de la jurisprudencia, está planteado como doctrina judicial, porque brinda una enseñanza sobre el tema, es como si estuviera escribiendo un libro”. A su lado, festejaban Analía Mas, también asesora jurídica de la Federación; Lorena Gutiérrez Villar, patrocinante de Freyre y Di Bello, y Carolina Von Opiela, asesora legal del Inadi.

La sentencia desgrana en sus quince páginas argumentos jurídicos, sociales y culturales para sostener que negarles la posibilidad de casarse a dos personas de igual sexo es profundamente discriminatorio. “Visto y considerando que –arranca la sentencia– debido al amor y la admiración mutua que se profesan y luego de cuatro años de vivir en pareja, los actores (Freyre y Di Bello) decidieron contraer matrimonio.” Luego sintetiza los fundamentos jurídicos que plantearon en su reclamo.

En seguida da cuenta de la respuesta que brindó la parte demandada, es decir, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires: que la acción de amparo no es la vía adecuada, que no le corresponde a la Justicia dilucidar la cuestión y, en definitiva, que negar la posibilidad de casarse a los dos hombres que lo solicitan “no afecta el derecho a la igualdad ni es discriminatorio”.

Luego, la sentencia plantea el problema central: que la “medida estatal impugnada –dice– impide a los actores disfrutar de los derechos de que son titulares las parejas que acceden al matrimonio. Por ejemplo, ventajas tributarias a la pareja –y a sus miembros considerados individualmente–, derechos de herencia y pensiones, privilegios testimoniales, beneficios en políticas migratorias, capacidad de decidir por otro en situaciones de imposibilidad, entre muchas otras”. “Tales ventajas –sigue– no resultan intrascendentes para quienes asumen como pareja un compromiso sexual, emocional y financiero con miras de estabilidad.” Y agrega que “las ventajas mencionadas pueden parecer poco significativas comparadas con la trascendencia pública que conlleva el matrimonio, la celebración del compromiso asumido y el respeto moral por la decisión de cada uno, incluso si los otros emplean un esquema ético distinto en sus propias vidas”.

Más adelante introduce la gran pregunta: “Si la prohibición legal que impide a los actores contraer matrimonio –y por ende acceder a las ventajas mencionadas– resulta discriminatoria.”

A partir de allí, enumera diversas posturas jurídicas, relatos históricos y argumentos sociológicos. Recuerda que en 1929, para avalar la legislación nacional electoral que no preveía el voto de las mujeres “se hizo referencia a las diferencias ‘naturales’ entre hombres y mujeres que justificaban el trato diferencial”. La mención no es caprichosa: en el debate en las comisiones parlamentarias se escuchó días pasados varios argumentos que sostenían lo “antinatural” de la unión entre personas del mismo sexo. En su fallo, Seijas recuerda que en Argentina la institución matrimonial se fue modificado sensiblemente a lo largo de la historia. Y apunta que en 1867, cuando el gobernador Nicasio Oroño sancionó en Santa Fe el matrimonio civil, fue excomulgado por la Iglesia, debió abandonar el gobierno, fue disuelta la Legislatura y sus reemplazantes derogaron la ley.

Gustavo López destacó que el fallo toma la figura de las “categorías sospechosas” de la doctrina norteamericana: “Hay restricciones razonables, como no permitir manejar a un chico, o exigir que para entrar a la universidad se tenga el secundario completo. Pero los impedimentos sobre la base de la raza, la religión o el sexo son ‘sospechosos” de ser discriminatorios y anticonstitucionales. Así, se invierte la carga de la prueba: es el Estado el que debe demostrar que su anulación pondría en juego intereses superiores en el orden de la Nación. Y eso es muy difícil. Así sucedió cuando se eliminó la prohibición de que los negros integraran el jurado en los juicios”.

Carolina Von Opiela acotó que la sentencia “repasa diversos cambios en las legislaciones, sobre todo en el Código Civil, en los cuales los opositores a las modificaciones preveían cataclismos sociales como los que anuncian ahora quienes rechazan el matrimonio entre personas del mismo sexo”. “El fallo muestra que el Código no es la Biblia, que alguna vez tenía instaurada la figura de hijos naturales, o la dependencia de la mujer al marido y eso se fue eliminando y la sociedad no colapsó”, resaltó Analía Mas.

Seijas en su texto resalta que “el derecho a la igualdad supone previamente el derecho a ser quien se es, y la garantía de que el Estado solo intervendrá para proteger esa existencia y para contradecir cualquier fuerza que intente cercenarla o regularla severamente”. “La ley debe tratar a cada uno con igual respeto en función de sus singularidades, sin necesidad de entenderlas o regularlas”, señaló.

Los argumentos de la jueza destacan que la Constitución nacional resguarda el derecho a la intimidad y que la porteña “reconoce y garantiza el derechos a ser diferente” por lo cual no admite discriminaciones que tiendan a la segregación por orientación sexual: “Partiendo del régimen constitucional de la ciudad de Buenos Aires –expresa la sentencia–, es claro que no hay orientaciones sexuales o géneros buenos o malos: la opción sexual y el género son cuestiones extramorales”. También enumera los tratados internacionales que prohíben la discriminación por orientación sexual.

Por todo ello, advierte Seijas “que no es posible saber qué sucederá con el matrimonio frente a los cambios que se avecinan. Sin embargo, es posible prever que la inclusión de minorías sexuales en su seno le permitirá ser fuente de nuevas curas para las viejas enfermedades sociales como el miedo, el odio y la discriminación”.

Ahora, Alex Freyre y José María Di Bello ya planean volver al Registro Civil para pedir turno.
SUBNOTAS

pagina12.

*
*
*

EN UN CONFUSO EPISODIO, LE DISPARARON A NESTOR LEONARDO, YERNO DE FRANCO MACRI Y CUñADO DE MAURICIO-12-11-09

UN DISPARO EN LA SOMBRA

Por Irina Hauser y Raúl Kollmann

Anoche balearon al cuñado de Macri, que había acusado a la familia del jefe de Gobierno de espiarlo. En un hecho confuso, fue tiroteado por dos personas que lo esperaban en la puerta de su casa. Su abogado dice que le dispararon directamente y la policía que fue un intento de robo. Hay un detenido
EN UN CONFUSO EPISODIO, LE DISPARARON A NESTOR LEONARDO, YERNO DE FRANCO MACRI Y CUñADO DE MAURICIO

Primero pinchado y después baleado

Néstor Leonardo había declarado ayer en la causa por las pinchaduras de teléfono. Anoche, cuando llegaba a su casa junto a una sobrina, fue baleado por dos desconocidos. Quedó internado, fuera de peligro. Según las versiones fue un robo o un atentado.

En un confuso episodio, Néstor Daniel Leonardo, yerno de Franco Macri y cuñado de Mauricio, fue atacado ayer a tiros y resultó herido en la ingle y la mano. En el juzgado de Norberto Oyarbide hablaban anoche de atentado. Señalaron que la agresión se produjo sin que mediara palabra alguna, cuando Leonardo llegaba a una de sus viviendas, en Ituzaingó. Un individuo resultó detenido –Julio César Cabrera– aunque en el juzgado no estaban seguros de que tuviera que ver con el ataque. La versión de los allegados a la jefatura de Investigaciones de la Bonaerense era distinta: “Se trató de un robo. Leonardo intentó quitarles el arma y recibió dos disparos. Está detenida una persona, con antecedentes y domicilio en La Matanza, a la que se le encontró el arma usada”. Al cierre de esta edición, Leonardo estaba fuera de peligro en el hospital San Juan de Dios, en Ramos Mejía. Mucho antes, por la mañana, el marido de Sandra Macri reiteró sus acusaciones contra los Macri y volvió a decir que lo amenazaban. Incluso su abogado, Luis Conde, relató ante el juez Oyarbide que Franco Macri le dijo que si no se alejaba de su hija le mandaría “unos chinos”.

Leonardo es una de las ocho personas que integran la lista de los espiados en forma ilegal a través de la organización descubierta hace más de un mes. El protagonista central, Ciro James, armaba causas falsas en Misiones; junto a policías de esa provincia les pedían ordenes judiciales a los magistrados de Posadas para intervenir los teléfonos y, de esa manera, concretaba las escuchas sin gastar un peso, usando el aparato del Estado. Desde el primer momento, Leonardo acusó por las escuchas a la familia del jefe de Gobierno porteño, dado que había una enorme presión para que se distanciara de la hija de Franco. Ayer mismo, Leonardo dijo en el juzgado que todo el choque con los Macri tenía como eje una dura disputa en la que –según él– el dinero era la cuestión central. Las sospechas del yerno-cuñado tienen otro fundamento: todo indica que James trabajaba a las órdenes de Jorge “Fino” Palacios y éste fue llevado y sostenido por Mauricio Macri tanto como jefe de seguridad de Boca Juniors y como titular de la Policía Metropolitana en el Gobierno de la Ciudad.

El abogado de Leonardo, Luis Conde, en un breve diálogo con este diario, afirmó que se trató de un atentado, una hipótesis que también sostenía anoche el juzgado de Oyarbide. Así describían los hechos:

- Leonardo estaba frente a una vivienda de su propiedad, en compañía de una sobrina.
- Cuando estaba a punto de cruzar la calle, se acercaron dos personas y, sin que hubiera ningún diálogo, le dispararon a Leonardo y no a su acompañante.
- El arma utilizada fue una pistola Bersa calibre 22.
Según mencionaban anoche en el entorno de Leonardo, los balazos fueron dos. Uno se incrustó en la ingle y el otro en la mano. Otras versiones indicaban que el balazo fue uno solo, que atravesó la mano y quedó en la ingle.
Para los responsables de Investigaciones de la Policía Bonaerense, en principio, se trató de un robo. Y la secuencia habría sido la siguiente:
- Leonardo estaba a punto de ingresar a la vivienda, junto a su sobrina. La casa tiene una reja y cuando se acercaba a ella fue abordado por dos delincuentes. Sería un robo al voleo.
- El yerno de Franco y cuñado de Mauricio habría intentado quitarle el arma.
- Se produjeron uno o dos disparos.
- Los supuestos delincuentes huyeron. Uno fue apresado. Sería un sujeto con antecedentes y domicilio en La Matanza.
- El fiscal de la Unidad Descentralizada de Ituzaingó calificó el delito como tentativa de robo y lesiones.
La hipótesis del atentado –señalada desde el juzgado– y la del robo –sostenida por la Bonaerense– se unifican en lo que tiene que ver con el relato de lo que sucedió después. Los atacantes habrían huido del lugar y, según un vecino, que habría visto lo ocurrido, se subieron a un colectivo. Un patrullero que recorría la zona fue advertido de lo sucedido y tras un corto rastrillaje, uno de los atacantes –Cabrera– fue sorprendido por efectivos de la Bonaerense y le encontraron un arma, calibre 22, entre sus ropas. La versión policial, orientada a sostener la hipótesis del robo, se completaba anoche con otro dato: apenas una hora después de los hechos ya se habría determinado que la pistola que supuestamente le encontraron a Cabrera fue robada en Laferrère.
Al cierre de esta edición, un fiscal estaba llegando al hospital San Juan de Dios para tomarle declaración a Leonardo. Su testimonio será clave para echar luz sobre lo ocurrido, aunque en la jefatura de Investigaciones afirmaron anoche que la calificación provisional, hasta escuchar a los testigos, fue la de tentativa de robo calificado y lesiones. En forma paralela, el juzgado de Oyarbide resolvió anoche ponerles una custodia a Leonardo y otra a su abogado, Conde.
Leonardo pasó a estar en el centro de la tormenta cuando se descubrió que también era víctima de las escuchas ilegales. Ciro James proporcionó falsos de datos de una supuesta relación de Leonardo con el crimen de un contador –un expediente que se utilizó para ordenar intervenciones telefónicas– y todo indica que con esa excusa lo espiaron en el marco de la controversia con su suegro Franco. De entrada, Leonardo sostuvo ante Oyarbide que estaba seguro de que Franco consultó a Mauricio “para violar mi intimidad”. En su declaración de ayer trató de exculpar a Mauricio, con quien dijo que se llevaba muy bien.
En la fiscalía que conduce Alberto Nisman, sin embargo, hicieron notar que la secuencia de la escucha a Leonardo es llamativa. La gestiona James, el juez misionero accede y pocos días después el espía es contratado, por seis mil pesos mensuales, en el Ministerio de Educación porteño. Y lo cierto es que no hay pruebas de cuál fue su trabajo allí. Se supone que era asesor, pero los responsables del área no pudieron aportar ni un informe que probara la actividad de James en Educación.
SUBNOTAS

Dos nuevos espiadosPor I. H. y R. K.
pagina12
*
*
*
*

CREA EL INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS-Valparaíso | 13/11/2009 | Departamento de Prensa

Valparaíso 13/11/2009 Departamento de Prensa

Sesión 65ª, Extraordinaria, en miércoles 11 de noviembre de 2009.

Presidieron la sesión los senadores Jovino Novoa, Presidente y Carlos Bianchi, Vicepresidente. Actuó de Secretario don Carlos Hoffmann y se realizó de 15.12 a 19.18 horas, con la asistencia de 33 senadores.

EXTIENDE FUNCIONAMIENTO DE JUZGADOS DEL CRIMEN

Senadores Alvear, Pizarro y FloresPor unanimidad (27 votos) y sin debate, se aprobó en general y en particular, el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el artículo quinto transitorio de la ley Nº 19.655 extendiendo el funcionamiento de los tribunales que indica. (Boletín Nº 6.750-07) Con urgencia calificada de "discusión inmediata".

El proyecto, iniciado en Mensaje, tiene por objeto prorrogar el funcionamiento de dos juzgados subsistentes del sistema judicial del crimen anterior a la reforma procesal penal, los que tendrán a su cargo el conocimiento de las causas relativas a hechos acaecidos con anterioridad a la entrada en vigencia del nuevo procedimiento.

Contenido del proyecto:

- Extiende el plazo de funcionamiento de dos juzgados del crimen de la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Santiago, desde el 1° de enero de 2010 al 1° de enero de 2011.

Intervino la senadora Soledad Alvear.

En consecuencia, el proyecto vuelve a la Cámara de Diputados, para que ésta lo remita al Ejecutivo, para su promulgación.


CREA EL INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

Se aprobaron las observaciones de la Presidente de la República, en segundo trámite constitucional, formulada al proyecto de ley que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos. (Boletín Nº 3.878-17). Con urgencia calificada de "discusión inmediata".

El proyecto, iniciado en Mensaje, tiene por objeto crear, dentro de la institucionalidad nacional, un organismo autónomo encargado de la promoción y protección de los derechos humanos de las personas que habitan el territorio chileno.

Principales materias contenidas en el proyecto:

- Crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos, sometido a las facultades fiscalizadoras de la Contraloría General de la República, cuyo objetivo será la promoción y protección de los derechos humanos de las personas que habiten en el territorio nacional, establecidos en las normas constitucionales y legales; en los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, así como los emanados de los principios generales del derecho, reconocidos por la comunidad internacional.

- Establece sus funciones y competencias, entre las que se destacan:

- Elaborar un Informe Anual sobre sus actividades y sobre la situación nacional en materia de derechos humanos y hacer las recomendaciones que estime convenientes para su debido resguardo y respeto;

- Proponer a los órganos del Estado las medidas que deban adoptarse para la promoción y protección de los derechos humanos;

- Deducir acciones legales ante los tribunales de justicia, incluidos los recursos de amparo y protección, en el ámbito de su competencia;

- Reunir y procesar el conjunto de la información existente en poder de entes públicos o privados, que diga relación con las violaciones a los derechos humanos o violencia política, y

- Difundir el conocimiento de los derechos humanos y favorecer su enseñanza en todos los niveles del sistema educacional.

- Faculta al Instituto para solicitar la colaboración de los distintos órganos del Estado, así como, para recibir todos los testimonios y obtener todas las informaciones y documentos necesarios para el examen de las situaciones comprendidas en el ámbito de su competencia. Asimismo, podrá comisionar a sus consejeros o al Director para ingresar a recintos públicos donde una persona esté o pueda estar privada de libertad.

- Todos los actos y resoluciones del Instituto, así como sus fundamentos y los procedimientos que se utilicen, serán públicos.

- Entrega a un Consejo la dirección superior del Instituto, definiendo su integración y atribuciones, el que será dirigido administrativamente por un Director.

- Se establece un Consejo Consultivo Nacional, en el que tendrán representación los organismos sociales y académicos dedicados a la promoción y defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales, cuya función será la de asesorar al Consejo.

- Crea el Premio Nacional de los Derechos Humanos.

- Crea una Comisión Asesora para la calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, con el objetivo exclusivo de calificar a las personas que no lo hubieren sido anteriormente, por las Comisiones creadas por ley con ese propósito, estableciendo los plazos y procedimientos que deberán seguir los interesados en ser acreditados por dicha Comisión.

- Esta Comisión no sólo queda facultada para calificar a víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidos por agentes del Estado, sino también a las víctimas de secuestros y atentados cometidos por particulares bajo pretextos políticos (terrorismo) en el período comprendido entre 1973 y 1990.

- Establece una pensión en favor de la cónyuge sobreviviente de los beneficiarios de la pensión establecida en la ley de reparación a las víctimas de violaciones de los derechos humanos.

Intervinieron los Senadores Andrés Chadwick, Soledad Alvear, Juan Pablo Letelier, Jaime Naranjo, Alberto Espina, Adolfo Zaldívar y el Ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo.

En consecuencia, el proyecto vuelve a la Cámara de Diputados, para que ésta lo remita al Ejecutivo para su promulgación

http://www.senado.cl/prontus_galeria_noticias/site/artic/20091113/pags/20091113104027.html
*
*
*
*

Piñera prometió a militares no alargar juicios por crimenes lesa humanidad-Chile Mi Patria, congrega oficiales en retiro, elogió al candidato-13-11-09

Una señal de impunidad

Por Christian Palma

Desde la otra vereda, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos sostuvo que “los ropajes pseudodemocráticos y populistas del candidato de la derecha Sebastián Piñera le llegaron hasta su reunión en el Círculo Español, donde en medio de vítores abogó por la prescripción de los crímenes de lesa humanidad”. La agrupación reclama que “utilizando su reiterativa verborragia, Piñera dio una clara señal de impunidad para su auditorio, compuesto por ex militares, quienes en su mayoría participaron activamente como agentes represivos de la dictadura que hasta el día de hoy mantienen adhesión y justificación de las atrocidades cometidas durante los diecisiete años en que usurparon el poder por la fuerza, aplicando el terrorismo de Estado”. La agrupación dijo: “Habría que decirle al candidato Piñera que ‘la correcta aplicación de nuestra legislación y los tratados internacionales’ suscritos por Chile dicen que los crímenes de lesa humanidad, tales como la desaparición forzada de personas y la tortura, no se pueden amnistiar y tampoco prescribir”. Finalmente, Familiares de las víctimas sentenciaron:
“Piñera acuñó su fortuna mediante la especulación con una legislación hecha a medida por su hermano José, pero confiamos en la sabiduría de los chilenos que vivieron allanamientos, exilios, la pérdida de empleos, del derecho a la huelga.... no se dejarán engañar por quien se esconde bajo disfraces democráticos”.

**********
EL PRESIDENCIABLE DE LA DERECHA DE CHILE DIJO QUE VELARA POR LA APLICACION DE LA PRESCRIPCION DE LOS DELITOS

Piñera prometió a militares no alargar los juicios

El presidente de Chile Mi Patria, organismo que congrega a oficiales retirados, elogió al candidato por su “predisposición a dar una solución definitiva” a un sinnúmero de militares en retiro investigados por violaciones a los DD.HH.

Por Christian Palma

Desde Santiago

Cuando en 1988, el fallecido dictador chileno Augusto Pinochet llamó a un plebiscito para definir si la ciudadanía decía Sí o No a su continuidad en el poder, la derecha dura –obnubilada por las botas, bayonetas y medallas de los militares– que votó por él perdió inapelablemente, pues la opción de perpetuarse en el gobierno sólo alcanzó oficialmente un 43 por ciento de los votos en las urnas.

De a poco la fuerza del genocida fue decayendo tanto como el apoyo de sus adherentes, al menos en público, más cuando se supo que además de asesino, Pinochet amasó una fortuna ilícita en bancos internacionales. Las caras de horror y las muecas no se hicieron esperar, en especial de los civiles que perdonaron los asesinatos, secuestros y desapariciones, pero no que el militar “metiera las manos en lo ajeno”. Hoy, gran parte de ese porcentaje persiste, como lo indica el alto apoyo que el candidato de derecha, el multimillonario Sebastián Piñera, anota en las encuestas.

De ese grupo, más otros que han vuelto a ser derechistas envalentonados por el aire triunfalista de Piñera, destaca una fracción que jamás le dio la espalda al dictador: los ex uniformados pinochetistas, muchos de los cuales siguen siendo perseguidos por la Justicia o procesados por su participación en la violación sistemática de los derechos humanos en Chile desde 1973 a 1989, lapso en que las fuerzas armadas gobernaron de facto este país.

Con este mismo grupo de oficiales se reunió de manera privada el pasado martes Sebastián Piñera. Consultado el miércoles por el carácter de la cita, el dueño de Lan Chile y Chilevisión, declinó hablar de los trascendidos que emanaron del encuentro, en el cual habría establecido no “estirar” más los juicios relacionados con violaciones de los derechos humanos. Por más que Piñera, acostumbrado a esconder lo que no le conviene o a tapar lo que lo enloda, intentó frenar la información, de a poco, como goteras de una casa que se llueve, los propios ex uniformados ligados a la dictadura fueron dando detalles que agradecidos valoraron “el gesto” del empresario.

Según cita el diario La Nación de Chile, el presidente de Chile Mi Patria, organismo que congrega a oficiales retirados, Rafael Villarroel, elogió al candidato que lidera las encuestas para llegar a La Moneda en diciembre asegurando que su promesa “es una demostración de buena predisposición, de buena voluntad y de dar una solución definitiva a la situación que afecta a un sinnúmero de oficiales y suboficiales en retiro de la Defensa Nacional”, mencionados, investigados y/o procesados por violaciones de los derechos humanos. “Como agrupación –sostiene la publicación– estamos muy contentos, muy conformes (pues) él nos interpretó plenamente.”

Otros antecedentes entregados por la Organización de Soldados Presos Políticos en Democracia (Ospped) señala que “el tema que motivó los mayores aplausos se refiere a la situación de persecución, de procesamientos y condenados en cárceles que afecta a uniformados por haber enfrentado la acción del terrorismo marxista”.

Llama la atención el uso de la palabra marxista, el mismo calificativo usado despectivamente por los militares dictatoriales, por ejemplo, para referirse al presidente Salvador Allende, o a todo el que oliera a democracia y libertad, por esos años.

“Velaré por la aplicación correcta –de acuerdo con nuestra legislación– de los tratados internacionales, el principio de prescripción de los delitos. Vamos a apelar para que la Justicia se aplique a todos los ciudadanos de nuestro país, incluyendo por supuesto a las personas que están en servicio activo o retiro de nuestras fuerzas armadas y del orden, sin arbitrariedades”, agregó Piñera. Más aplausos.

Para entender el tono del “perdonazo” se puede decir que sería equivalente a que un eventual presidenciable como Mauricio Macri se presentara ante represores de la ESMA, les pidiera el sufragio y les prometiera que en su eventual gobierno procurará que los tribunales apliquen con rapidez la amnistía y la extinción de penas por el transcurso del tiempo. Así de duro.

Y con sus típicas frases para la galería –cualquier galería– Piñera insistió en que, en caso de llegar a La Moneda, “tomará medidas para que la justicia se aplique en forma oportuna y sin mantener procesos ad eternum, que nunca terminan”.

Desde el gobierno, la vocera de La Moneda, Carolina Tohá, aclaró que el candidato de derecha “se refiere a crímenes de lesa humanidad que el mundo se ha puesto de acuerdo en que son imprescriptibles”, mientras que el vocero de la Corte Suprema, Milton Juica, recordó que existe el debido proceso, y que “si alguien estima que ello no se produce, debiera señalar caso por caso o situación por situación, en qué ejemplo ve lo que no se ha respetado”.

Esto hasta el miércoles. Cercado por la prensa, Piñera no tuvo más remedio que hablar de ello ayer. Pero, como viejo zorro, montó todo un show mediático para hacerlo. Mandó levantar un muro de cartón, con conceptos escritos sobre él, como abuso, respeto, temor, indiferencia. Tras derribarlo, accedió a hablar con los medios, dando la sensación de que todo eso es parte del pasado, haciendo un símil con la caída del Muro de Berlín hace 20 años.

“Por supuesto que me he reunido con muchos de ellos (fuerzas armadas), me reuní con muchos de ellos en Talcahuano, me he reunido con ellos en Santiago y me voy a reunir con ellos en Valparaíso y en Iquique.”

En las agrupaciones de detenidos-desaparecidos y de derechos humanos, el encuentro no pasó inadvertido. De hecho, que Piñera pretenda dirigirse a Iquique, en la zona norte de Chile, hizo recordar los peores momentos de la dictadura, cuando la Caravana de la Muerte, comandada por el general Sergio Arellano Stark –delegado por Pinochet para matar si era necesario a dirigentes contrarios al régimen– llegó hasta Iquique, la última ciudad de esa nefasta gira. En esa ciudad Pinochet vivió por años. Siempre obtuvo una alta aprobación y, de hecho, adquirió varios inmuebles, pues era de todo su agrado.

pagina12
*
* *******

12 de Noviembre de 2009

Diputados del PPD acusan a Piñera de sacarse “careta” en materia de DD.HH.

Ramón Farías y Enrique Accorsi rechazaron que el abanderado de la derecha haya prometido a militares en retiro no prolongar sus procesos.
La bancada del PPD, encabezada por el diputado Ramón Farías, criticó duramente al abanderado, Sebastián Piñera, quien se comprometió con ex militares del régimen militar, a que en su eventual gobierno no se extenderán más de lo debido los procesos en materia de Derechos Humanos.
"No nos extraña que Piñera se reúna con ellos y haga este tipo de declaraciones porque no puede desconocer que es una de las personas beneficiadas con la dictadura. Mediante esta reunión sólo confirmó su lealtad y afinidad ideológica con los ex colaboradores de Pinochet", sostuvo Farías.
El parlamentario agregó que incluso el candidato de la Alianza, reprobó el trabajo realizado por el Poder Judicial, al querer que se apresure el cierre de las causas por violaciones en derecho humanos que se siguen, "queriendo tapar de esta manera, la justicia con un manto de impunidad".
Por su parte, el subjefe de la Bancada PPD, Enrique Accorsi, indicó que "Piñera finalmente se sacó la careta en materia de Derechos Humanos", y recordó que cuando el candidato fue senador "presentó un proyecto de ley para aplicar la Amnistía, pero que después lo retiró".
"En estos casos, queremos que se aplique la ley y los tratados internacionales que ha suscrito nuestro país", destacando que "ha habido avances importantes, pero que aún es necesario profundizar en verdad y justicia", aseguró Accorsi.

elmostrador.

******

Circular de Chile Mi Patria: Compromisos eran “off the record”


THE CLINIC PRESS

Sebastián Piñera considera los “interminables” juicios por causas de derechos humanos como “arbitrarios, ilegales e injustos”. Por lo menos eso narra la siguiente circular de Chile Mi Patria, organización de militares en retiro que busca la prescripción de los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura de Pinochet. En el documento se explica a los socios de la organización los compromisos asumidos con ellos, originalmente de manera secreta, por el candidato a la presidencia, durante una reciente reunión realizada en el Círculo Español.

Estimados consocios y amigos

Un sexto punto del compromiso, expresamente comunicado “off de record” por el candidato, se refiere a la aplicación durante su gobierno, de la justicia cabal de un Estado de Derecho (derecho a un juicio justo e imparcial, amnistía, prescripción, etc.) a nuestros prisioneros encarcelados y a los cientos de encausados de la Defensa Nacional, en retiro, arrastrados a interminables juicios de derechos humanos, situación que él reconoce como arbitraria, ilegal e injusta y motivo que atenta contra la necesaria paz y reconciliación nacional.

Con ésto se completa el compromiso del candidato que en los hechos ha acogido todas nuestras principales demandas por las que hace 10 años han venido trabajando con persistencia y sin claudicar Chile Mi Patria y la Unión de Oficiales en Retiro. Son los planteamientos permanentes de estas organizaciones las que, en los hechos, ha tomado casi al pié de la letra y en su total espíritu, el candidato Piñera.
Los invito a reconocer y a repartir esta información ya que es un mérito de estas organizaciones cuyo trabajo dedicado, sistemático y permanente, en justicia no puede ni debe ser olvidado, soslayado ni auto-atribuído por terceros. La franqueza de este reconocimiento hace al robustecimiento y al prestigio de estas dos organizaciones, que se complementan en sus potestades estatutarias y legales, para el logro de sus altos objetivos en beneficio de todos los retirados y montepiadas de la Defensa Nacional.

Sergio Contardo Flores Co Presidente Union de Oficiales de las Fuerzas Armadas en RetiroVicepresidente “Chile Mi Patria”

*
*

Cámara Nacional de Casación Penal:sostuvo que la apropiación de hijos de desaparecidos y la supresión de su identidad es delito de lesa humanidad

Ampliación de Casación

13-11-09


La Cámara Nacional de Casación Penal dictó un fallo en el que sostuvo que la apropiación de hijos de desaparecidos y la supresión de su identidad es un delito de lesa humanidad que no prescribe. Así lo resolvió la Sala II en la causa que María Eugenia Sampallo Barragán impulsó contra el militar que la entregó, Enrique Berthier y sus apropiadores Osvaldo Rivas y su ex mujer María Cristina Gómez Pinto. El Tribunal Oral en lo Federal Nº 5 los había condenado el año pasado a 10, 8 y 7 años de prisión. La sentencia fue apelada por el fiscal Félix Croux y el abogado querellante Tomás Ojea Quintana.

“La declaración de crimen de lesa humanidad muestra la extrema gravedad de estos delitos. También ratifica que la responsabilidad penal es tanto del apropiador como de la apropiadora, y que la identidad de las personas es un valor que debe ser protegido”, señaló ayer Ojea Quintana. Casación agregó además a la condena del TOF 5 el delito de “alteración del estado civil” de la víctima. María Eugenia, nacida en cautiverio, fue la primera hija de desaparecidos que llevó a juicio oral a sus apropiadores.
**********
CALIFICO DE IMPRESCRIPTIBLE "LA ALTERACION DE LA IDENTIDAD"

Casación declaró de lesa humanidad la apropiación de hijos de desaparecidos

La Sala II de Cámara Nacional de Casación Penal amplió un fallo del Tribunal Oral Federal 5 que, el 4 de abril del 2008, había condenó a diez años de cárcel al ex capitán Enrique Berthier, y a ocho y siete años a Osvaldo Arturo Rivas y Maria Cristina Gomez Pinto, por anotar como propia a Eugenia Sampallo Barragán, hija de desaparecidos y nacida en cautiverio.

En un fallo dictado el 8 de septiembre último pero conocido recien ahora, los jueces de casación Gustavo Mitchell, Luis García y Guillermo Yacobucci, agregaron al veredicto del TOF 5 contra el militar y el matrimonio el delito de "alteración del estado civil" de la víctima, lo que no había dicho el tribunal compuesto por los jueces Luis Renzi, Andrés Gordo y Ricardo Farías.

Berthier, un ex capitán que entregó a la nena con un cerificado de nacimiento falso firmado por el fallecido medico militar Julio César Cáceres Monier, cumple su pena en el penal de Campo de Mayo, mientras que Rivas y Gomez Pinto siguen en libertad hasta que el fallo quede firme.

El fiscal del juicio Félix Croux y el abogado Tomás Ojea Quintana, abogado de la víctima y querellante, habían pedido para los apropiadores una pena de 25 años de prisión.

Según se dijo en el juicio, la pareja recibió a la nena de solo tres meses de manos de Bethier, luego de que su madre, Mirta Barragán la diera a luz tras su secuestro y traslado junto a su marido Leonardo Sampallo, a los centros clandestinos "Club Atlético" y "El Banco", en diciembre de 1977.

En su fallo, la Sala II de Casación ratificó la extrema gravedad de estos delitos, al considerarlos imprescriptibles
pagina12.
*
*
*

LA JUSTICIA DECLARO IMPRESCRIPTIBLES LAS TORTURAS Y DESAPARICIONES DE MILITANTES DEL MTP POR LA TABLADA-13-11-09

LA JUSTICIA DECLARO IMPRESCRIPTIBLES LAS TORTURAS Y DESAPARICIONES DE MILITANTES DEL MTP POR LA TABLADA





Nueve militantes del MTP fueron ejecutados por el Ejército y cinco continúan desaparecidos.


Dos militares buscados después de 20 años

La Justicia de Morón ordenó la detención del general Alfredo Arrillaga, responsable del operativo de recuperación del regimiento el 23 de enero de 1989, y del mayor Jorge Varando. Arrillaga está preso por la represión ilegal y Varando, procesado por 2001.

A más de 20 años de los hechos, las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la recuperación del cuartel militar de La Tablada comienzan a ser juzgadas. El juez federal de Morón, Germán Castelli, ordenó la detención del general Alfredo Arrillaga y del mayor Jorge Varando, y declaró de lesa humanidad e imprescriptibles las ejecuciones y torturas a miembros del Movimiento Todos por la Patria (MTP) que el 23 de enero de 1989 coparon ese regimiento. Al resolver que estos delitos no prescribieron, Castelli entendió que “el presidente de la Nación (Raúl Alfonsín), ante un ataque a la democracia tendiente a derrocarlo, y en cumplimiento de sus legítimas atribuciones, activó el más vigoroso brazo armado del país en defensa de la Nación”. Pero agregó que “varios de los agentes convocados, además de cumplir exitosamente la misión encomendada, aprovecharon el extraordinario poder otorgado, el dominio del escenario de los hechos, la estructura y los recursos estatales, para sobrepasar, sigilosamente, el poder presidencial, y así planificar y ejecutar graves violaciones al derecho humanitario internacional”.

El proceso que había culminado con la condena a los atacantes del regimiento ignoró lo que terminó estableciendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en 1997: el Estado argentino es responsable por las ejecuciones y torturas a los detenidos. “Las autoridades no lograron identificar los cadáveres de dichas personas a fin de establecer la causa de la muerte”, dijo la CIDH al referirse a Carlos Burgos, Roberto Sánchez Nadal, Iván Ruiz Sánchez, José Alejandro Díaz, Carlos Samojedny, Francisco Provenzano, Berta Calvo, Ricardo Veiga y Pablo Martín Ramos. Cinco de ellos permanecen en condición de desaparecidos. Ese organismo internacional determinó la necesidad de realizar “una investigación independiente, completa e imparcial de los hechos para identificar y sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos”. Los cuerpos de quienes perdieron la vida el 23 de enero de 1989 –los que murieron en el combate más los nueve ejecutados y cinco desaparecidos– fueron enterrados por orden del juez Gerardo Larrambebere sin previo aviso a sus familiares y sin realizar las medidas necesarias para establecer si hubo ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias. “Me acuerdo perfectamente de que en ese duro trance en que ellos eran atormentados y flagelados imploraban por sus vidas”, dijo el sargento José Alberto Almada sobre la detención de “dos atacantes desarmados con las manos en alto”. La declaración de Almada fue esencial para desmentir que Iván Ruiz y José Díaz hayan intentado fugarse en una ambulancia, previo asesinato del cabo Esquivel. “Se continuó con los actos de tortura porque yo escuchaba gritos desgarradores de dolor y me daba cuenta de que eran Iván y José. Esta sesión de interrogatorio y de tortura en ese lugar se llevó a cabo en presencia de las más altas autoridades y con su aquiescencia”, dijo el sargento al desmentir la versión dada por el mayor Varando y el general Arrillaga sobre el asesinato del cabo Esquivel.


En abril del año pasado, los abogados Rodolfo Yanzón y Martha Fernández, que representan a los familiares de las víctimas, consideraron que estaban comprobados los hechos y solicitaron al juez Castelli que cite a declaración indagatoria al general Arrillaga –encargado de recuperar el cuartel que aún se jacta de la efectividad de aquella acción y acusado de haber sido parte de la Noche de las Corbatas (secuestro de abogados) en Mar del Plata durante la dictadura–, como así también que sea convocado como acusado el mayor Varando, procesado y camino a juicio oral en otra causa por el asesinato de Gustavo Benedetto durante la represión de diciembre de 2001.

El martes, el magistrado firmó la orden de detención e indagatoria de Varando y Arrillaga. Este último ya está detenido en su casa de Capital Federal a disposición del Juzgado Federal Nº 3 de Mar del Plata en otra causa por delitos de lesa humanidad. Castelli los acusó de las ejecuciones de los militantes del MTP que participaron del copamiento, Iván Ruiz y José Alejandro Díaz, que según videos usados como prueba fueron capturados vivos en el lugar, porque consideró que hay pruebas suficientes para “sospechar fundadamente que Iván Ruiz y José Alejandro Díaz habrían sido apresados en el interior del cuartel el día 23 de enero de 1989 y allí habrían muerto en manos de militares argentinos”. A criterio del juez, esas pruebas también indicarían que “el mayor Varando fue la última persona que tomó contacto con Ruiz y Díaz, como así también que el general Arrillaga estaba a cargo de la recuperación del cuartel y del trato de los capturados”.
Al declarar que las ejecuciones de estos dos militantes del MTP fueron delitos de lesa humanidad, así como otros 20 casos de torturas, Castelli evitó un eventual cierre de la causa por prescripción. Si bien el copamiento del cuartel se realizó en democracia, el juez resaltó que “los hechos constituyeron un ataque sistemático contra una población civil”, según la conclusión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
**********
CRIMENES DE LESA HUMANIDAD

Ordenan la detención de dos militares por torturas y fusilamientos en La Tablada

La Justicia Federal de Morón ordenó la detención de dos militares acusados por presuntas torturas y fusilamientos de integrantes del Movimiento Todos por la Patria (MTP), durante el intento de copamiento del Cuartel de La Tablada, en enero de 1989.

Se trata del ex general Alfredo Arrillaga, quien ya se encuentra detenido acusado por delitos cometidos durante la represión en la dictadura, y del mayor Jorge Eduardo Varando, quien está procesado y camino al juicio oral por la represión del 19 y 20 de diciembre que precedió a la caída de Fernando De la Rúa, quien aún no fue apresado ya que no fue hallado en el domicilio al que una delegación policial concurrió a detenerlo.
Varando, según investiga la Justicia, era custodio privado del Banco HSBC, situado en proximidades de Plaza de Mayo, escenario de la sangrienta represión, desde donde se efectuaron disparos contra manifestantes. Arrillaga, por su parte, era el comandante a cargo de la recuperación del cuartel, según una orden impartida por el entonces presidente argentino, Raúl Alfonsín. Para ese entonces, estaba beneficiado por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, pese a que había sido investigado por la denominada "Noche de las Corbatas", ocurrida en junio de 1977 en Mar del Plata, cuando fueron secuestrados, desaparecidos y asesinados varios abogados locales.
El juez Germán Castelli, a cargo de una investigación impulsada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), resolvió que los nueve presuntos fusilamientos y los 20 supuestos casos de torturas durante y después de los episodios de La Tablada son "delitos de lesa humanidad".
Además, estableció mediante un examen de ADN –aunque no con ciento por ciento de certeza- que uno de los cuerpos que desde 1989 permanecían como NN corresponde a José Alejandro Díaz, uno de los presuntos fusilados después de rendirse, al fracasar el intento de copamiento de La Tablada.
En febrero de 2008, el juez Castelli pidió al Poder Ejecutivo la desclasificación de archivos reservados sobre los episodios de La Tablada, y obtuvo una aceptación parcial por parte de la presidenta Cristina Fernández, que admitió la liberación de esos documentos pero sólo para su conocimiento.
No obstante, el juez determinó que, con los elementos que tenía reunidos en el marco de la investigación, podía avanzar en al menos dos casos de presuntos fusilamientos: el de Díaz y el de otro integrante del MTP, Iván Ruiz, cuyos restos habían sido identificados en 2000.
En una resolución de una treintena de páginas, el juez, con la intervención del fiscal federal Sebastián Bazo, resolvió que "los delitos investigados en la presente causa... además de vulnerar el derecho humanitario internacional, constituyen crímenes de lesa Humanidad y, por ende, resultan imprescriptibles".
En ese contexto, ordenó las declaraciones indagatorias de Varando y Arrillaga y notificó al Juzgado Federal Nº3 de Mar del Plata que este último debía quedar detenido también a disposición de la Justicia Federal de Morón.
La investigación por las presuntas violaciones a los derechos humanos por los hechos de La Tablada se disparó a partir de un fallo de la CIDH, que "sostuvo que nueve atacantes que sobrevivieron y fueron capturados por los militares que recuperaron el cuartel fueron ejecutados extrajudicialmente". Por otra parte, el organismo internacional concluyó que los trece sobrevivientes del ataque, como otros cómplices aprehendidos fuera del cuartel, fueron torturados por agentes del Estado", evaluó el juez en su resolución.
Tras una profunda investigación, la resolución estableció que "a la luz de lo expuesto, el resultado de los informes mencionados dan plena razón a las conclusiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en punto a que (los nueve presuntos fusilados) habrían perecido en el lugar, en manos de agentes del Estado y, a su vez, pone en evidencia la fragilidad de los argumentos del Estado argentino".
pagina12

*

*

*