Nueve militantes del MTP fueron ejecutados por el Ejército y cinco continúan desaparecidos.
Dos militares buscados después de 20 años
La Justicia de Morón ordenó la detención del general Alfredo Arrillaga, responsable del operativo de recuperación del regimiento el 23 de enero de 1989, y del mayor Jorge Varando. Arrillaga está preso por la represión ilegal y Varando, procesado por 2001.
A más de 20 años de los hechos, las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la recuperación del cuartel militar de La Tablada comienzan a ser juzgadas. El juez federal de Morón, Germán Castelli, ordenó la detención del general Alfredo Arrillaga y del mayor Jorge Varando, y declaró de lesa humanidad e imprescriptibles las ejecuciones y torturas a miembros del Movimiento Todos por la Patria (MTP) que el 23 de enero de 1989 coparon ese regimiento. Al resolver que estos delitos no prescribieron, Castelli entendió que “el presidente de la Nación (Raúl Alfonsín), ante un ataque a la democracia tendiente a derrocarlo, y en cumplimiento de sus legítimas atribuciones, activó el más vigoroso brazo armado del país en defensa de la Nación”. Pero agregó que “varios de los agentes convocados, además de cumplir exitosamente la misión encomendada, aprovecharon el extraordinario poder otorgado, el dominio del escenario de los hechos, la estructura y los recursos estatales, para sobrepasar, sigilosamente, el poder presidencial, y así planificar y ejecutar graves violaciones al derecho humanitario internacional”.
El proceso que había culminado con la condena a los atacantes del regimiento ignoró lo que terminó estableciendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en 1997: el Estado argentino es responsable por las ejecuciones y torturas a los detenidos. “Las autoridades no lograron identificar los cadáveres de dichas personas a fin de establecer la causa de la muerte”, dijo la CIDH al referirse a Carlos Burgos, Roberto Sánchez Nadal, Iván Ruiz Sánchez, José Alejandro Díaz, Carlos Samojedny, Francisco Provenzano, Berta Calvo, Ricardo Veiga y Pablo Martín Ramos. Cinco de ellos permanecen en condición de desaparecidos. Ese organismo internacional determinó la necesidad de realizar “una investigación independiente, completa e imparcial de los hechos para identificar y sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos”. Los cuerpos de quienes perdieron la vida el 23 de enero de 1989 –los que murieron en el combate más los nueve ejecutados y cinco desaparecidos– fueron enterrados por orden del juez Gerardo Larrambebere sin previo aviso a sus familiares y sin realizar las medidas necesarias para establecer si hubo ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias. “Me acuerdo perfectamente de que en ese duro trance en que ellos eran atormentados y flagelados imploraban por sus vidas”, dijo el sargento José Alberto Almada sobre la detención de “dos atacantes desarmados con las manos en alto”. La declaración de Almada fue esencial para desmentir que Iván Ruiz y José Díaz hayan intentado fugarse en una ambulancia, previo asesinato del cabo Esquivel. “Se continuó con los actos de tortura porque yo escuchaba gritos desgarradores de dolor y me daba cuenta de que eran Iván y José. Esta sesión de interrogatorio y de tortura en ese lugar se llevó a cabo en presencia de las más altas autoridades y con su aquiescencia”, dijo el sargento al desmentir la versión dada por el mayor Varando y el general Arrillaga sobre el asesinato del cabo Esquivel.
En abril del año pasado, los abogados Rodolfo Yanzón y Martha Fernández, que representan a los familiares de las víctimas, consideraron que estaban comprobados los hechos y solicitaron al juez Castelli que cite a declaración indagatoria al general Arrillaga –encargado de recuperar el cuartel que aún se jacta de la efectividad de aquella acción y acusado de haber sido parte de la Noche de las Corbatas (secuestro de abogados) en Mar del Plata durante la dictadura–, como así también que sea convocado como acusado el mayor Varando, procesado y camino a juicio oral en otra causa por el asesinato de Gustavo Benedetto durante la represión de diciembre de 2001.
El martes, el magistrado firmó la orden de detención e indagatoria de Varando y Arrillaga. Este último ya está detenido en su casa de Capital Federal a disposición del Juzgado Federal Nº 3 de Mar del Plata en otra causa por delitos de lesa humanidad. Castelli los acusó de las ejecuciones de los militantes del MTP que participaron del copamiento, Iván Ruiz y José Alejandro Díaz, que según videos usados como prueba fueron capturados vivos en el lugar, porque consideró que hay pruebas suficientes para “sospechar fundadamente que Iván Ruiz y José Alejandro Díaz habrían sido apresados en el interior del cuartel el día 23 de enero de 1989 y allí habrían muerto en manos de militares argentinos”. A criterio del juez, esas pruebas también indicarían que “el mayor Varando fue la última persona que tomó contacto con Ruiz y Díaz, como así también que el general Arrillaga estaba a cargo de la recuperación del cuartel y del trato de los capturados”.
Al declarar que las ejecuciones de estos dos militantes del MTP fueron delitos de lesa humanidad, así como otros 20 casos de torturas, Castelli evitó un eventual cierre de la causa por prescripción. Si bien el copamiento del cuartel se realizó en democracia, el juez resaltó que “los hechos constituyeron un ataque sistemático contra una población civil”, según la conclusión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
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CRIMENES DE LESA HUMANIDAD
Ordenan la detención de dos militares por torturas y fusilamientos en La Tablada
La Justicia Federal de Morón ordenó la detención de dos militares acusados por presuntas torturas y fusilamientos de integrantes del Movimiento Todos por la Patria (MTP), durante el intento de copamiento del Cuartel de La Tablada, en enero de 1989.
Se trata del ex general Alfredo Arrillaga, quien ya se encuentra detenido acusado por delitos cometidos durante la represión en la dictadura, y del mayor Jorge Eduardo Varando, quien está procesado y camino al juicio oral por la represión del 19 y 20 de diciembre que precedió a la caída de Fernando De la Rúa, quien aún no fue apresado ya que no fue hallado en el domicilio al que una delegación policial concurrió a detenerlo.
Varando, según investiga la Justicia, era custodio privado del Banco HSBC, situado en proximidades de Plaza de Mayo, escenario de la sangrienta represión, desde donde se efectuaron disparos contra manifestantes. Arrillaga, por su parte, era el comandante a cargo de la recuperación del cuartel, según una orden impartida por el entonces presidente argentino, Raúl Alfonsín. Para ese entonces, estaba beneficiado por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, pese a que había sido investigado por la denominada "Noche de las Corbatas", ocurrida en junio de 1977 en Mar del Plata, cuando fueron secuestrados, desaparecidos y asesinados varios abogados locales.
El juez Germán Castelli, a cargo de una investigación impulsada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), resolvió que los nueve presuntos fusilamientos y los 20 supuestos casos de torturas durante y después de los episodios de La Tablada son "delitos de lesa humanidad".
Además, estableció mediante un examen de ADN –aunque no con ciento por ciento de certeza- que uno de los cuerpos que desde 1989 permanecían como NN corresponde a José Alejandro Díaz, uno de los presuntos fusilados después de rendirse, al fracasar el intento de copamiento de La Tablada.
En febrero de 2008, el juez Castelli pidió al Poder Ejecutivo la desclasificación de archivos reservados sobre los episodios de La Tablada, y obtuvo una aceptación parcial por parte de la presidenta Cristina Fernández, que admitió la liberación de esos documentos pero sólo para su conocimiento.
No obstante, el juez determinó que, con los elementos que tenía reunidos en el marco de la investigación, podía avanzar en al menos dos casos de presuntos fusilamientos: el de Díaz y el de otro integrante del MTP, Iván Ruiz, cuyos restos habían sido identificados en 2000.
En una resolución de una treintena de páginas, el juez, con la intervención del fiscal federal Sebastián Bazo, resolvió que "los delitos investigados en la presente causa... además de vulnerar el derecho humanitario internacional, constituyen crímenes de lesa Humanidad y, por ende, resultan imprescriptibles".
En ese contexto, ordenó las declaraciones indagatorias de Varando y Arrillaga y notificó al Juzgado Federal Nº3 de Mar del Plata que este último debía quedar detenido también a disposición de la Justicia Federal de Morón.
La investigación por las presuntas violaciones a los derechos humanos por los hechos de La Tablada se disparó a partir de un fallo de la CIDH, que "sostuvo que nueve atacantes que sobrevivieron y fueron capturados por los militares que recuperaron el cuartel fueron ejecutados extrajudicialmente". Por otra parte, el organismo internacional concluyó que los trece sobrevivientes del ataque, como otros cómplices aprehendidos fuera del cuartel, fueron torturados por agentes del Estado", evaluó el juez en su resolución.
Tras una profunda investigación, la resolución estableció que "a la luz de lo expuesto, el resultado de los informes mencionados dan plena razón a las conclusiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en punto a que (los nueve presuntos fusilados) habrían perecido en el lugar, en manos de agentes del Estado y, a su vez, pone en evidencia la fragilidad de los argumentos del Estado argentino".
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