jueves, 20 de enero de 2011

Ataque sexual como un delito de lesa humanidad -¿ Lunes, 17 de enero de 2011?















Por Mariana Carbajal




Tras comprobarse el carácter sistemático de las violaciones sexuales a las prisioneras durante la dictadura, desde el año pasado la Justicia las calificó como violaciones a los derechos humanos. Dos represores fueron detenidos ahora en Mendoza por este delito, que antes no era considerado


DOS REPRESORES FUERON DETENIDOS EN EL JUICIO DE MENDOZA POR VIOLACIONES A PRISIONERAS
Ataque sexual como un delito de lesa humanidad


Las violaciones a las prisioneras eran consideradas “hechos eventuales” y por lo tanto prescribían. Desde el año pasado, al comprobarse que se trataba de una práctica sistemática, se las ha equiparado a otras torturas.


Por Mariana Carbajal


Dos policías retirados que integraron el D2, el centro de detención y torturas de la ciudad de Mendoza en la última dictadura militar, fueron detenidos y encarcelados, tras ser denunciados en el juicio por crímenes de lesa humanidad que se sigue en la capital provincial por una testigo que los señaló como quienes la violaron de modo reiterado durante los nueve meses que estuvo presa en la cárcel clandestina que funcionaba en la Central de Policía de la calle Belgrano. Uno de ellos trabajaba actualmente en el planta verificadora de autos que maneja la fuerza. “Me manoseaban en la celda, me violaban”, contó Rosa del Carmen Gómez. Ella y otras dos testigos más del juicio, Silvia Ontivero y Luz Faingold, relataron, con mucho dolor, haber sido violadas salvajemente durante su permanencia en el D2. “Soportamos todo tipo de torturas, pero quizá la más horrorosa fue que por la calidad de mujer me violaron varias veces al día cuanto señor estaba de turno”, declaró Ontivero y recordó con “horror” cómo otra de las detenidas, que estaba recién operada, también fue vejada sexualmente. “Hasta hoy recuerdo sus sollozos diciendo que era virgen y entonces hicieron una violación contra natura”, dijo Ontivero, que tiene hoy 60 años y llegó desde Chile, donde vive, para testificar (ver aparte). Faingold era menor de edad cuando fue detenida y violada: tenía 17 años recién cumplidos.
“Esas violaciones ocurrían muchas veces, 10, 15 o 20 por día. Hay compañeras a las que las violaban cada media hora”, explicó otro de los testigos, ex detenido desaparecido, Fernando Rule.
Como ya salió a la luz en otros juicios por los delitos de lesa humanidad cometidos, cada vez con más detalles queda en evidencia que “las violaciones sexuales se produjeron en todos los centros clandestinos en forma sistemática”, destacó la abogada querellante del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Viviana Beigel. Para el abogado Pablo Salinas, también querellante del MEDH, las detenciones de los dos policías marcan un punto de inflexión entre la impunidad y la justicia: “Antes había impunidad total llegando al punto de encontrarse varias víctimas con sus abusadores en lugares de la policía donde tenían que hacer trámites”, apuntó a este diario.
El debate oral comenzó el 17 de noviembre. El martes último retomaron las audiencias, que no fueron suspendidas por la feria judicial. Son querellantes el MEDH, el gobierno provincial y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Es el primer juicio por delitos de lesa humanidad en la capital mendocina. Entre las mujeres que ya declararon, tres de ellas, Gómez, Ontivero y Faingold, manifestaron haber sido violadas. Otros dos testigos varones declararon haber tomado conocimiento de esas prácticas. “La parte más horrible de las torturas fue la forma en que el personal del D2 usaba la violencia sexual como método de tortura, porque la golpiza y la picana dolían, pero pasaban, pero el temor es otra cosa, es la impotencia de saber que pueden hacer con uno lo que quieran, incluso humillar, y eso hicieron con las violaciones. A mi mujer la violaban a metro y medio de mi celda. Un día me hacen tocarla para que viera que estaba colgada, desnuda, y hacen obscenidades y las relatan. Esas violaciones ocurrían muchas veces, 10, 15 o 20 por día. Hay compañeras a las que las violaban cada media hora”, contó Rule, y aseguró que una chica cordobesa que estaba frente a su celda “fue muy torturada y particularmente violada”. Rule fue el primer testigo del juicio. Su detención se produjo el 9 de febrero de 1976. Por entonces, estaba en pareja con Ontivero. Sus detenciones fueron simultáneas. Ella era delegada de ATE. “Ingresé embarazada al D2, pero lo perdí por la tortura y las violaciones”, contó ante el Tribunal Oral Federal Nº 1 conformado por los jueces Antonio González Macías, Alejandro Piña y Héctor Cortés. Fue en la audiencia del 20 de noviembre. De los golpes que recibió también le partieron la nariz. Ontiveros estuvo unos 18 días en el D2. Después pasó a la cárcel de Devoto y recién salió en libertad en 1982.
El 9 de diciembre declaró Rosa del Carmen Gómez. Fue detenida el 1º de junio de 1976. No era militante de ningún partido. Al parecer, la habían confundido –dijo– con una “jefa guerrillera”. Su extenso relato también da cuenta de las terribles violaciones sexuales que sufrió durante su cautiverio, que se prolongó por nueve meses. A partir del testimonio de Gómez, que identificó a sus violadores, se produjeron las detenciones de los policías retirados. “González y Lapaz, junto a Bustos Medina (ya fallecido), fueron los que más me violaron y me torturaron. Lapaz y González están vivos, y uno de ellos, Lapaz, trabaja en la planta verificadora de autos en Las Heras”, afirmó. Lapaz y González no estaban entre los acusados en el juicio. Los imputados son Tamer Yapur, Paulino Furió, Eduardo Smaha, Luis Rodríguez Vázquez, Celustiano Lucero, Dardo Migno y Juan Agustín Oyarzábal. En un principio también estaban siendo juzgados Juan Pablo Saa, que luego fue apartado (porque a los pocos días del inicio del debate oral sufrió un ACV y quedó en coma) y Osvaldo Fernández, que también fue separado por tener otra enfermedad grave.
El abogado Salinas, querellante por el MEDH, recordó que Rosa Gómez ya había brindado testimonio de las vejaciones sufridas en la D2, una vez que recuperó su libertad, ante el entonces fiscal Otilio Roque Romano. “Romano no sólo no hace nada con respecto a los abusos sufridos por ella sino que además la acusa de subversiva a los términos de la Ley 20.840, en base a declaraciones obtenidas bajo tortura y violación”, señaló Salinas. Romano es actualmente integrante de la Cámara Federal de Mendoza: está acusado como partícipe secundario en sus tiempos de fiscal –entre 1975 y 1976– en 94 hechos de privación ilegítima de la libertad, torturas y desapariciones. Presentó su renuncia en diciembre, pero todavía no le fue aceptada por la presidenta Cristina Fernández.
Las detenciones de los policías retirados ocurrieron el 27 de diciembre último, pero se conocieron recientemente. Héctor Lapaz y Miguel González fueron apresados por orden del juez federal Walter Bento, a pedido del fiscal del juicio Dante Vega, quien el mismo 9 de diciembre había solicitado la detención de ambos. Están acusados por violación agravada, tormentos y privación ilegítima de la libertad, todos en carácter de delitos de lesa humanidad. Se abstuvieron de declarar. Sus defensores pidieron la excarcelación, que fue rechazada, y quedaron en prisión. Apelaron. La Cámara Federal debe resolver sobre su situación.
El martes último, cuando se reanudó el juicio después de un par de semanas de receso, otro testigo, Eugenio París, quien también estuvo en el D2, confirmó que Rosa Gómez era violada repetidamente porque pudo verlo por la mirilla de la celda.
“Los de Rosa Gómez y París son testimonios claves, porque a ambos les tocó hacer tareas de limpieza, para lo cual les quitaron las vendas de los ojos”, explicó a Página/12 el abogado Salinas. Las violaciones y el abuso sexual que los represores cometieron en la última dictadura militar comenzaron a ser tratados como delitos de lesa humanidad recién el año pasado, ya que previamente fueron considerados hechos eventuales y, al no ser parte de un plan sistemático, la Justicia los consideró prescriptos. El primer fallo en establecer la violación como delito de lesa humanidad y tan imprescriptible como la tortura fue dictado en abril de 2010 por el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, que condenó a 11 años de prisión a Horacio Américo Barcos, un agente civil de Inteligencia de esa provincia. En la sentencia, los jueces consideraron que la violencia sexual que ejerció el represor también constituye una forma más de tormentos y, por ende, es un crimen contra la humanidad. Ese fallo fue seguido por otro similar en Mar del Plata, donde la Justicia condenó a prisión perpetua al ex subjefe de la Base Aérea local, Gregorio Rafael Molina, por homicidio agravado, violaciones reiteradas agravadas, privación ilegítima de la libertad y tormentos agravados.






SUBNOTAS
“Casi todas sufrieron abusos”Por Mariana Carbajal
Un juicio “esperado”Por Mariana Carbajal




GOBIERNO ACOGE PETICIÓN DE ORGANISMOS DE DDHH Y EXTIENDE PLAZO DE SOLICITUDES PARA COMISIÓN VALECH

GOBIERNO ACOGE PETICIÓN DE ORGANISMOS DE DDHH Y EXTIENDE PLAZO DE SOLICITUDES PARA COMISIÓN VALECH

11 January, 2011 04:26:00 Agencias

Acogiendo la petición de la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura (Comisión Valech) y del Instituto de Derechos Humanos, el Gobierno ingresó hoy a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que extiende el plazo de entrega de solicitudes de víctimas de privación de libertad y tortura por razones políticas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.

El mandato para la Comisión Valech contemplaba un plazo inicial de 6 meses desde la conformación de la Comisión para recibir las solicitudes y luego otros 6 meses para efectuar la calificación. El proyecto ingresado hoy prorroga el mandato de la Comisión Asesora para que continúe con el proceso de calificación por 6 meses más.

La decisión de ampliar los plazos se adoptó considerando la relevancia que estos procesos tienen para la reconciliación nacional y teniendo a la vista el explosivo aumento en el número de personas que presentaron solicitudes. La recepción de casos comenzó el 17 de febrero de 2010 y culminó el 17 de agosto del mismo año, recibiéndose más de 33 mil solicitudes, cifra muy superior a las 18 mil previstas originalmente.

Al respecto, el Ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet, señaló que “el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera tiene un importante compromiso con los Derechos Humanos y, por esa razón, ha acogido la petición de la Comisión Valech, para poder facilitar el trabajo de la Comisión y avanzar en todos los procesos que permitan perfeccionar la reconciliación nacional”.

LA COMISION Y SU MISION

El año 2009, con la dictación de la Ley N° 20.405 se creó la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, también conocida como Comisión Valech 2010. Ésta debe recibir y calificar las situaciones de las víctimas de prisión política y tortura por razones políticas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.

Además debe considerar las solicitudes de quienes que no presentaron sus antecedentes en el marco del trabajo realizado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura creada el 2003; o bien, que habiéndolos presentados no fueron calificados favorablemente y ahora cuentan con nuevos antecedentes.

La Comisión está integrada por María Luisa Sepúlveda, Miguel Luis Amunátegui, Mario Papi, Elizabeth Lira, Lucas Sierra, Edgardo Riveros y Luciano Foullioux.

Valparaíso, 11 de enero 2011
Crònica Digital

GBI:Argentina- Hay un genocidio silencioso con los pueblos indígenas- Julio Montero, presidente de Amnistía Internacional


Argentina:Hay un genocidio silencioso con los pueblos indígenas


Julio Montero, presidente de Amnistía Internacional asegura que en Argentina viven marginados, sin acceso a la educación ni a la identidad, porque muchas veces ni siquiera tienen documentos. "Lo que está pasando en la Argentina con los pueblos indígenas es un genocidio silencioso. Lisa y llanamente. La situación en todo el país es parecida: no tienen acceso a sus tierras, muchas veces los territorios que les pertenecían fueron vendidos y ocupados por privados o el Estado los utiliza para fines diversos." sostiene Montero.

Por Juan Ignacio Pereyra / Diario Rio Negro

– ¿Cómo ve la situación de los derechos humanos en la Argentina?

– Hubo muchísimos avances, fundamentalmente en temas de derechos civiles y políticos. Los juicios por los crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar (1976-1983) son muy importantes, dentro de lo que se conoce como justicia retroactiva. Es un mérito. Otro paso adelante es la derogación de un artículo del código militar que permitía la aplicación de la pena de muerte, con lo cual la Argentina se convirtió en un país abolicionista.

– Dejando de lado lo que Amnistía celebra, ¿cuáles son las cuentas pendientes?

– Evidentemente hay algunas muy importantes en materia de derechos económicos y sociales. En el país hay una cultura de derechos humanos que está muy enfocada a cuestiones civiles y políticas, por nuestra propia historia.

– Sobre todo en los últimos años.

– Sí, con el retorno de la democracia y la revisión de lo sucedido en la última dictadura, se tendió a asociar los derechos humanos con la libertad de expresarse, el debido proceso, resguardo contra desaparición forzada de personas, etcétera. Las principales organizaciones de derechos humanos en el país apuntan en esa dirección.

– ¿Cree que hay mérito del kirchnerismo en los avances en derechos humanos?

– Sí, lo hay. Evidentemente han tenido una clara voluntad política en progresar en esta materia y lo han hecho. Si no hubiera sido por la intervención de este gobierno, probablemente no se hubiera avanzado. Pero no hay que olvidarse de cómo fue la historia de los derechos humanos en la Argentina. En 1983 fue el gobierno de Raúl Alfonsín el que hizo algo que muy pocos habían podido lograr en el mundo: juzgar y condenar a los principales responsables del terrorismo de Estado con todas las garantías. Esto fue una contribución enorme, que implicó un grandísimo compromiso. Así, el kirchnerismo lo que hizo fue completar un proceso de justicia que se inició en 1983.

– Al centrarse la atención en los derechos civiles y políticos, ¿qué se está perdiendo de vista?

– El gran problema en la Argentina es que el 40% de la población está bajo la línea de pobreza. Es lo mismo que sucede en Sudamérica y también en un mundo con recursos para que esto no suceda. Millones de personas viven sin acceso a servicios básicos como luz, gas y redes cloacales, ni tampoco a la Justicia. Entonces pareciera que las cuentas pendientes están en ese espacio. Y hay cuestiones urgentes.

– ¿Cuáles?

– Por ejemplo, lo que tiene que ver con la situación de los aborígenes. Lo que está pasando en la Argentina con los pueblos indígenas es un genocidio silencioso. Lisa y llanamente. Viven marginados, sin acceso a la educación ni a la identidad, porque muchas veces no tienen documentos. Cuando se ven privados de acceder a las tierras ancestrales se ven privados del acceso a la cultura, porque esas tierras tienen que ver con sus formas de vida, son sus cotos de caza. Eso es lo que les permite mantener su identidad cultural. Tienen que mirar hacia grandes centros urbanos y se convierten en mano de obra barata. Hay que tomar medidas rápidas.

– ¿Cómo es que los indígenas llegan a esta situación?

– Hay muchísimas situaciones distintas. Se calcula que hay declarados alrededor de 600.000 indígenas en la Argentina y se presume que muchos otros no reconocen sus raíces porque, en función de las construcciones culturales que hicimos, no es prestigioso. En muchos casos el escenario en materia de títulos de propiedad es confusa. Es decir, las comunidades no tienen títulos de propiedad, simplemente las reclaman como extensiones que ancestralmente les pertenecen. Otros, como los tobas, en Formosa, tienen títulos de propiedad.

– ¿Sin embargo?

– Bueno, el Estado está llevando a cabo una serie de acciones que viola el derecho de propiedad que ellos tienen sobre esas tierras. Hay una ley en Argentina, la 26.160, que prohíbe realizar cualquier tipo de desalojo o actividad administrativa sobre las tierras hasta tanto haya un relevamiento territorial que permita conocer qué pueblos indígenas viven en qué tierras. Mientras, no se puede intervenir en esos lugares, mucho menos de manera violenta como sucedió en Formosa.

– La situación se replica en otras zonas del país como, por ejemplo, Río Negro con los Mapuche.

– Sí. No tengo datos precisos de los mapuches porque no hemos trabajado con ellos específicamente. Amnistía trabajó centralmente con el caso de la comunidad indígena pilagá de El Descanso, en Formosa. Estuvimos con ellos y elaboramos un informe que ha circulado por todo el mundo. También conocemos lo que sucede con otros pueblos aborígenes en el norte. Y sabemos que la situación en todo el país es parecida: no tienen acceso a sus tierras, muchas veces los territorios que les pertenecían fueron vendidos y ocupados por privados o el Estado los utiliza para fines diversos.

– ¿Por qué cree que el Estado actúa de esa manera?

– ¿Por qué el Estado actúa de esa manera? Bueno... Muchas veces porque persigue fines que considera legítimos y que tienen que ver con políticas públicas, mientras que estas comunidades indígenas no tienen la suficiente visibilidad como para hacer valer sus derechos, generalmente en tierras que les pertenecían incluso desde antes de que los colonizadores llegaran a América. Y que las necesitan para mantener su identidad como pueblo. Los derechos de los indígenas son muy fáciles de violar porque ellos tienen poca visibilidad. En nuestra cultura no hay conciencia sobre la situación de esos pueblos.

– ¿Por qué ocurre esto?

– Por alguna razón es un tema que no vende. Probablemente tenga que ver con lo que decía antes, que la cultura de derechos humanos está muy centrada en lo civil y político. Entonces no estamos sensibilizados frente a los problemas de los pueblos indígenas. Son noticias que no venden, excepto cuando las podés convertir en policiales, que fue lo que pasó en Formosa en noviembre.

– O sea, es necesario un muerto para que tengan visibilidad.

– Claro. "Si no hay muertos, no nos interesan", se piensa de esa manera. Y esto no es un caso aislado, sino que pasa en todo el país. Además, en cualquier momento pueden ser desalojados o reprimidos. Viven en situaciones de marginalidad y son víctimas del clientelismo político.

Hay relatos bastante frecuentes sobre que en tiempos electorales les secuestran los DNI y encierran algunos miembros de comunidades indígenas en galpones para garantizarse votos. Esta práctica ocurrió en Formosa y está en el informe de Amnistía sobre los pilagá.

– ¿Qué otros temas son clave en la agenda de derechos humanos?

– El acceso a vivienda, sin duda. En Argentina tenemos una crisis en este sentido. Hay muchísima gente que vive en situación de pobreza y se ha desplazado a grandes centros urbanos. Pero desde hace muchos años el Estado no tiene ninguna política de vivienda clara.

– Mauricio Macri dijo que la situación es producto de la inmigración descontrolada, ¿qué piensa?

– Fue una expresión poco feliz. Hay algo que es intrínseco a los derechos humanos y es que son para todos, independientemente de si son o no ciudadanos de un país, su raza o color de piel.

Juan Ignacio Pereyra
pereyrajuanignacio@gmail.com