domingo, 30 de noviembre de 2008

EL EX SECRETARIO GENERAL DEL EJERCITO INVOLUCRADO EN EL TERRORISMO DE ESTADO 30-11-08

EL EX SECRETARIO GENERAL DEL EJERCITO INVOLUCRADO EN EL TERRORISMO DE ESTADO

A Alfonso se le borró la sonrisa

Fue la mano derecha de Ricardo Brinzoni en su gestión como jefe del Ejército. De su legajo surge que participó al menos de un operativo por el que fue condecorado. Fue citado por la Justicia y Abuelas pidió medidas para evitar su fuga.

Por Victoria Ginzberg

El general Eduardo Alfonso fue quien encabezó en 2001 la solicitud de hábeas data con la que 663 miembros del Ejército pidieron a organismos de derechos humanos que revelaran qué información tenían sobre la represión ilegal. Hasta ahora no se sabía que esa medida tenía, además de su arista institucional, una personal. Según surge de su legajo y del Boletín del Ejército, el ex secretario general de la fuerza participó, por lo menos, de un operativo del terrorismo de Estado que culminó con un asesinato y el secuestro de una mujer embarazada cuyo hijo fue luego apropiado. Alfonso ya faltó a su primera cita en la Justicia y tiene la próxima el 11 de diciembre. El juez Alberto Suares Araujo rechazó el pedido de Abuelas de Plaza de Mayo de tomar precauciones para evitar una fuga.
Alfonso ascendió a coronel en 1993 y a general de brigada en 1999. Se retiró en 2003, cuando Roberto Bendini se hizo cargo del Ejército. Su participación en la represión ilegal quedó oculta porque ni en los organismos de derechos humanos ni en la Conadep, que usualmente presentan quejas sobre los pliegos propuestos por las Fuerzas Armadas, tenían información sobre él. Los datos que daban cuenta de su pasado estaban en otra parte.
Las pruebas
De acuerdo con un informe que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación aportó en mayo a la causa, en el legajo personal de Alfonso consta el Informe de Calificación de 1976/1977. En esa época, el ex secretario general del Ejército era teniente primero de caballería y se encontraba destinado en la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral con asiento en la Guarnición Militar de Campo de Mayo. El 12 de enero de 1977 aparece un parte de enfermo con el diagnóstico de “herida de bala con perforación intestinal (bajo información)”.
En el Boletín Público del Ejército Argentino número 4148 del 6 de julio de 1977 figura la condecoración que le dieron por haber recibido ese disparo. “Con motivo de las operaciones realizadas en la localidad de Villa Adelina, provincia de Buenos Aires el 12 de enero de 1977. Medalla ‘Herido en Combate’ a Teniente primero C. D. Eduardo Alfonso y Teniente primero D Raúl Fernando Delaico”.
El 12 de enero de 1977, efectivos del Ejército vestidos de civil irrumpieron en la casa en la que vivían Antonio Domingo García y Beatriz Recchia en Villa Adelina. Los vecinos relataron que participaron del operativo unos treinta militares y que se produjo un tiroteo en el lugar. Domingo García fue asesinado. Beatriz Recchia, que estaba embarazada de cinco meses, fue secuestrada y llevada a Campo de Mayo. En la vivienda, también estaba Juliana Inés, de tres años, la hija mayor del matrimonio, que fue entregada a su abuela materna ese mismo día.
El 13 de enero de 1977 La Razón reprodujo un comunicado de prensa difundido por el Comando de Zona 4. Allí aparece la versión oficial sobre el hecho, que, a pesar de las mentiras, sirve para confirmar que el Ejército participó del operativo en cuestión. “Se informa a la población –dice el parte– que el día 12 de enero a las 5 horas fuerzas legales efectuaron un procedimiento de control de población en una finca ubicada en la calle Independencia al 1900 de la localidad de Villa Adelina. Las fuerzas legales abrieron fuego abatiendo a un delincuente subversivo de sexo masculino. Finalizada la operación se encontró abandonada en el lugar una criatura de unos cuatro años de edad, cuya madre al parecer habría fugado aprovechando la confusión producida durante el enfrentamiento. Las fuerzas legales tuvieron dos oficiales heridos.”
Beatriz Recchia no se fugó ni abandonó a su hija. Fue secuestrada y llevada al centro clandestino El Campito, que funcionaba en Campo de Mayo. Sobrevivientes de ese sitio la identificaron como “La Tina”, “de pelo lacio, de ojos claros, que estaba con un embarazo muy avanzado, a punto de tener familia”. No hubo más noticias de la mujer y del niño o niña que parió en la clandestinidad.
La citación
El legajo personal de Alfonso, el Boletín del Ejército, el comunicado del Comando de la Zona 4 y los testimonios de los testigos permiten ver el cuadro que involucra a Alfonso en un homicidio y un secuestro y lo vincula a la apropiación de un menor.
Con esta información, el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo Alan Iud se presentó ante el juez federal de San Martín Alberto Suares Araujo y solicitó que el ex secretario del Ejército fuera citado a indagatoria por esos hechos. Pidió la misma medida para quienes cumplieron roles jerárquicos en la Zona 4, correspondiente a Campo de Mayo: Santiago Omar Riveros, jefe de la Zona, Reynaldo Benito Bignone, jefe del Estado Mayor del Comando de Institutos Militares, y Luis Sadi Pepa, director de la Escuela de Comunicaciones y quien estuvo a cargo de la represión en San Isidro. Los interrogatorios de estos tres últimos oficiales se concretaron la semana pasada y los tres acusados sumaron este caso a las razones por las que están presos en sus domicilios. Pero conseguir la presencia de Alfonso en tribunales no parece ser tan sencillo.
El ex secretario del Ejército estaba citado para el lunes pasado. El viernes anterior, a última hora, su abogado pidió una prórroga. El juez le concedió hasta el 10 de diciembre. Iud, en representación de Abuelas de Plaza de Mayo, reclamó a Suares Araujo medidas preventivas para evitar que el acusado se fugara, pero el magistrado no las consideró necesarias. Esto llamó la atención en Abuelas de Plaza de Mayo, sobre todo porque el juzgado tiene un antecedente: el del médico Norberto Atilio Bianco.
Durante la última dictadura, Bianco era formalmente el jefe de Traumatología del Hospital Militar de Campo de Mayo pero era también el encargado de la maternidad paralela que funcionaba en ese lugar. Después de insistir, las Abuelas lograron que en marzo Suares Araujo lo citara como sospechoso. El hombre vivía en Paraguay –país que ya había sido su refugio cuando lo investigaron por la apropiación de dos niños que crió como propios– y no se presentó a declarar. En Semana Santa, viajó a la Argentina, pero como no existía orden de detención en su contra, volvió a Asunción sin que nadie lo molestara. Finalmente, Suares Araujo tuvo que pedir su captura internacional y su extradición –trámite que está en curso– aunque podría haberse ahorrado tiempo y recursos si le hubiese impedido salir del país o si hubiese reclamado su arresto en Paraguay desde un principio.
“Las familias de Domingo García y Beatriz Recchia no tenían información sobre la participación de Alfonso en este hecho. Cuando aparecen estos datos, la Justicia espera seis meses hasta decidir su citación y ahora le concede dos semanas más. Se trata de algo que pasó hace 31 años, pero el juez no parece tener apuro en investigarlo o no le parece importante hacerlo”, dice Iud. En este caso, además, está en juego el destino de un niño y niña que hoy debe ser un joven que no sabe que es hijo de desaparecidos.
El currículum
Alfonso no es un personaje menor en el Ejército, como secretario general de la fuerza, fue la mano derecha de Ricardo Brinzoni en su ataque a los juicios por la verdad o a todo intento de avanzar en el camino de la justicia para los crímenes de lesa humanidad.
Unos años antes, en 1995, cuando el soldado Omar Carrasco fue asesinado en un cuartel del Ejército, Alfonso y su entonces jefe Ernesto Juan Bossi dijeron ante los periodistas que el hallazgo del cuerpo demostraba que “en el fondo no querían matarlo. Si fueran tan malas personas como para haber especulado con eso, el cadáver no hubiera aparecido jamás”.
Como reveló Horacio Verbitsky en este diario en 2001, fue Alfonso el que recorrió las guarniciones de Campo de Mayo, Córdoba y Bahía Blanca exigiendo que todos los oficiales firmaran el recurso de hábeas data que se presentó ante el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asamblea Permanente por los Derechos del Hombre (APDH) y la Conadep para que esos organismos aclararan qué información tenían sobre más de 600 oficiales. Todavía estaban vigentes las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, pero muchos miembros de las Fuerzas Armadas pensaban dos veces antes de salir del país por miedo a ser arrestados y llevados ante el juez español Baltasar Garzón u otro magistrado europeo.
“Llegó la hora de pasar a la ofensiva y lograr nuestra cuarta victoria”, anunciaba a sus subordinados para convencerlos de firmar el reclamo judicial que contó con la representación del abogado Juan Torres Bande, apoderado y dirigente de la organización neonazi de Alejandro Biondini.
Los otros triunfos de su gestión habían sido, según dijo, “el abierto apoyo a nuestros camaradas en desgracia, con Luciano Menéndez a la cabeza”, “la exitosa Operación retorno, por la cual se regresó al país al mayor (R) Jorge Olivera, desde Italia” y “la aprobación por el Senado de los pliegos de ascensos”. Se refirió así a tres hechos ocurridos durante el gobierno de Fernando de la Rúa.
El primero fue protagonizado directamente por Alfonso, que viajó a Córdoba y Bahía Blanca para respaldar institucionalmente a militares que habían sido arrestados por negarse a declarar en juicios por la verdad y el encargado de solidarizarse con el dictador Menéndez cuando fue detenido por robo de bebés. La segunda reivindicación de Alfonso fue la liberación del represor Olivera, detenido en Roma por la desaparición de una joven de origen francés. El mayor retirado falsificó un documento y logró escaparse a la Argentina, que todavía era un refugio para represores. La tercera conquista fue lograr la promoción de oficiales cuestionados por su participación en el terrorismo de Estado.
La última gran jugada del secretario general del Ejército fue la presentación de los hábeas data. Se sabía que el entonces jefe del Ejército, Ricardo Brinzoni, estaba involucrado en la masacre de Margarita Belén ocurrida en el Chaco. Alfonso, en cambio, había logrado mantener su currículum a salvo. Hasta ahora.


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Defensor del Pueblo ve implicación funcionarios en “masacre” campesinos Pando 29-11-08

29 de Noviembre de 2008

Defensor del Pueblo ve implicación funcionarios en “masacre” campesinos Pando

Lamentó el "uso desproporcional y excesivo de la fuerza" en las detenciones y confinamientos de varias personas de este departamento en operativos que incluyeron "allanamientos de domicilio en horas de la madrugada".

El defensor del Pueblo de Bolivia, Waldo Albarracín, afirmó este sábado que hubo "participación directa" de funcionarios de la prefectura (gobernación) de Pando (norte) en la "masacre" del pasado 11 de septiembre en la que murieron 19 personas, en su mayoría campesinos.

En una rueda de prensa en la que comunicó a los medios las conclusiones de un informe sobre los sucesos, Albarracín no quiso pronunciarse sobre la implicación del ex prefecto Leopoldo Fernández ya que "es el Ministerio Público quien debe definir su participación", explicó.

El informe del defensor del pueblo sostiene que los sucesos del pasado 11 de septiembre en la localidad boliviana de Porvenir, en la región amazónica de Pando, se saldaron con 19 muertos y 53 heridos.

Los hechos violentos se enmarcaron en una ola de violencia y enfrentamientos entre oficialistas y opositores autonomistas.

El Ejecutivo de Morales responsabilizó de la matanza al ex prefecto de Pando, el opositor y autonomista Leopoldo Fernández, quien se encuentra detenido en una cárcel de La Paz.

"La masacre en la que campesinos perdieron la vida es un delito de lesa humanidad", afirmó Albarracín.

Para él, en los enfrentamientos se dio un "uso desproporcionado de armas de fuego" frente al "estado de indefensión en que se encontraban los campesinos, con los agravantes de persecución y cacería".

El defensor del Pueblo asegura que constató que la Policía Nacional no hizo lo suficiente para garantizar, durante los enfrentamientos, la seguridad e incluso en algunos casos se "negó a brindarla".

Además señaló que los heridos que fueron trasladados a hospitales tuvieron "atención médica y de emergencia limitada debido a las presiones y el hostigamiento" ejercido por grupos cívicos opositores al Gobierno de Evo Morales.

Albarracín también criticó el "estado de indeterminación" en la detención de Leopoldo Fernández, así como una dilación en el tratamiento del caso del ex prefecto quien fue encarcelado pocos días después de los hechos violentos por incumplimiento del estado de sitio dictado por el Gobierno en esa región.

Precisamente, un juzgado de La Paz determinó en la noche de ayer ratificar la detención preventiva de Fernández por la muerte de un marinero durante la operación militar para recobrar el control del aeropuerto de Cobija, capital de Pando.

El defensor del pueblo lamentó el "uso desproporcional y excesivo de la fuerza" en las detenciones y confinamientos de varias personas de este departamento en operativos que incluyeron "allanamientos de domicilio en horas de la madrugada".

Por todo ello, pidió a las autoridades que estos delitos no queden en la impunidad, que identifiquen a los culpables y que se otorgue asistencia social, humanitaria y sanitaria a las víctimas de los hechos.

EFE

http://www.elmostrador.cl/index.php?/noticias/articulo/defensor_del_pueblo_ve_implicacion_funcionarios_en_masacre_campesinos_pando/


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Los casos desconocidos que complican al director de la Policía de Investigaciones 30-11-08



Domingo 30 de noviembre de 2008

Por Luis Narváez / La Nación

Los casos desconocidos que complican al director de la Policía de Investigaciones

La PDI al banquillo

Ya son 50 los policías sorprendidos en acciones ilegales. De esos, 11 ya fueron formalizados y 39 suspendidos. Esta será la semana más dura de Arturo Herrera, a un año del término de su mandato y cuando enfrente a la Comisión de Seguridad Ciudadana de la cámara baja para dar explicaciones sobre su responsabilidad en esta seguidilla de corrupción.

Un vehículo Hyundai Sonata se moviliza principalmente por las calles del sector oriente de la capital. En el asiento trasero va sentado un anciano que se conserva bastante bien y que luce anteojos oscuros a donde quiera que vaya. El automóvil es conducido por un asistente de la Policía de Investigaciones (PDI). El asiento de copiloto lo ocupa un detective, armado, atento a lo que ocurre en las calles. El equipo cumple la función de PPI (protección de persona importante) y tiene como misión desde hace varios años, trasladar sin costo alguno, a cualquier hora, día y lugar, al general (R) del Ejército Fernando Paredes Pizarro. El servicio fue asignado por el actual director de la PDI, Arturo Herrera, quien enfrenta por estos días la peor crisis desde que asumiera el mando de la institución en 2006. La lista es larga y antigua, aunque sólo unos pocos casos ocurridos en las últimas semanas son los que más han captado la atención de la opinión pública y, especialmente, de parlamentarios que quieren citar esta semana al jefe policial a la Comisión de Seguridad Ciudadana de la cámara baja.
Pero no ha sido el único "cariño" expresado por Herrera hacia el ex uniformado, quien fuera su superior y jefe directo, cuando Paredes fue nombrado director de Investigaciones por la dictadura, en 1980. Herrera era su ayudante y luego fue nombrado por él como jefe de la comisaría de Papudo.

Tras finalizar la dictadura y recomenzando la democracia, el director de la policía civil, nombrado por el Presidente Patricio Aylwin, Nelson Mery, no sólo expulsó de la institución a policías corruptos y drogadictos. También limpió las filas de la institución de policías que hubiesen tenido alguna participación en violaciones de los derechos humanos o que hubiesen trabajado en organismos de seguridad del régimen militar. Por ello es que en las posteriores ceremonias protocolares, nunca se vio como invitados a los ex directores (Ernesto Baeza ni Fernando Paredes) nombrados por Pinochet y la Junta Militar.

Esto hasta la llegada de Herrera, porque desde ese momento Paredes Pizarro, no sólo usa auto institucional y personal que lo protege, sino que ha sido, nuevamente, invitado a estos eventos y se le ha visto en varias ceremonias institucionales ocupando asientos de visita ilustre. También, Paredes goza de los servicios de la Clínica de Investigaciones.

Estilo de vida

Arturo Herrera partió su gestión imprimiendo su sello: exigió la compra de dos vehículos BMW, nuevos para su uso personal, los que debieron ser pedidos especialmente a Alemania por la empresa que los representa en Chile (Williamson Balfour). Los autos sólo tienen un blindaje parcial y entre ambos, el fisco debió desembolsar casi 300 mil dólares. La razón era que el vehículo asignado al director tenía demasiados años de uso.

Pero no fue sólo eso. La casa asignada para el director de la PDI, que estaba ubicada en la calle Juan de Austria, en La Reina, fue descartada por Herrera. Semanas después de asumir, el jefe policial se trasladó hasta una casa en el sector Los Dominicos, la que es arrendada por más de 2 millones de pesos mensuales hasta la fecha. Al tiempo, dicha propiedad -con piscina incluida- fue declarada "cuartel", por lo tanto, a la guardia asignada se agregó tecnología de vigilancia y los gastos básicos de la propiedad -agua, electricidad y gas- también corren con dineros del fisco.

Altas fuentes policiales contaron a LND que el último episodio relativo al estilo de Herrera fue una acalorada discusión que se registró a fines de septiembre durante una reunión del Departamento de Bienestar de la PDI, entre los asesores legales de la unidad y representantes del alto mando. El motivo era que algunos prefectos generales y prefectos inspectores habían solicitado que la institución -el fisco- financiara la membresía de los altos mandos en un club de golf, cuyo costo era de 50 millones de pesos por cada uno.

Los asesores legales estimaron inviable esta "regalía" porque el presupuesto proviene del descuento que se le hace a cada uno de los funcionarios, por lo que el beneficio debería ser extendido a todos los miembros de Investigaciones. Arturo Herrera juega golf en el Marbella Resort, en el balneario de Maitencillo, hasta donde se le ha visto llegar en un helicóptero institucional.

Las creencias

Durante las últimas semanas, Arturo Herrera no sólo ordenó la baja inmediata de 11 policías involucrados en la red de protección, orquestada por ex funcionarios judiciales que colaboraban en la emisión de contraórdenes para dejar en libertad a delincuentes condenados. También presentó una inédita querella a título personal.

La última acción ha sido tratar de "sinvergüenza" a Trevor Oyarzún, ex jefe de la Brigada de Robos (BIRO), quien enfrenta cargos por parte del Ministerio Público por quedarse con parte de los 922 millones de pesos obtenidos como botín en el llamado "robo del siglo". Sin embargo, Oyarzún fue nombrado en el cargo hace pocos años por el mismo Herrera, y quienes conocen esa brigada indican que
"hace mucho tiempo que se conocía la fama de él (Oyarzún). Era fresco y en esa unidad siempre se escuchó de ese tipo de cosas".

En círculos policiales medios y bajos de la PDI ha llamado la atención el silencio guardado por Herrera frente a la detención de Jorge Donoso, jefe de la Unidad de Monitoreo Telefónico. El subprefecto enfrenta cargos por haber "quemado" -según su propia declaración- las grabaciones de las escuchas telefónicas realizadas al ex director del Registro Civil, Guillermo Arenas. El Ministerio Público investiga delitos cometidos por la adjudicación de una de las etapas de modernización, por más de 80 millones de dólares, a la empresa india Tata.

LND quiso consultar directamente a Herrera por este y otros casos. Sin embargo Asuntos Públicos de la PDI se excusó argumentando que "en virtud de que hay indagaciones en curso y de que el director general ya entregó su visión al respecto, no se entregarán mayores antecedentes".

Donoso era un funcionario que dependía directamente de Herrera. El vínculo entre ambos es antiguo y fue generado por el ex director de Inteligencia Policial (Jipol) Luis Alarcón.

Donoso se desempeñó durante varios años en esa repartición realizando labores técnicas. Nunca tuvo funciones operativas, sino que se especializó en electrónica, como interceptaciones telefónicas.

Fue desde ese momento que Donoso propuso, a instancias de Herrera, la creación de una unidad que centralizara todo el trabajo de interceptaciones telefónicas. Así nació la Unidad de Monitoreo Telefónico. En los organigramas públicos de la institución no figura en ninguna parte. Por ello, fuentes de la fiscalía indagan en la actualidad quién y cómo se contactó a Donoso para que destruyera la evidencia del caso.

El policía detenido no tuvo el mismo trato que otros oficiales que en las últimas semanas se han visto involucrados en casos de corrupción, incluso de menor penalidad. A diferencia de los 11 policías mencionados en la red de protección de delincuentes, Donoso no fue dado de baja automáticamente. El subdirector operativo, recién asumido, Óscar Gutiérrez, le dio la posibilidad de que renunciara para no ser dado de baja. De esta forma, Donoso no sólo se va con todos los beneficios económicos de la institución sino que también, en el futuro, puede optar a cargos públicos

Nadie en la institución quiso explicar este trato especial. Pero lo que sí es conocido es que en el alto mando institucional es público y notorio que el recién asumido director de Inteligencia, Osvaldo Rubilar Rodríguez, lo había elegido para que fuera subjefe de la Jipol. El cargo, incluso, tiene la misión de reemplazar al director en las reuniones del Comité de Inteligencia de la ANI. Si se hubiese concretado esa designación, Donoso habría tenido acceso a información clasificada del Gobierno.

Responsabilidad de mando

Dentro de la institución hay mucha inquietud debido a los sumarios que lleva a cabo, con más fuerza desde abril, el Departamento de Asuntos Internos. El caso descubierto en abril de un policía que había pagado 300 mil pesos por beneficiar a un narcotraficante inició una cadena de indagaciones que dieron pie a la aparición de más casos de corrupción, que luego pasaron a formar parte de una investigación criminal del Ministerio Público.

Un total de 11 detectives ya fueron dados de baja por diversas infracciones. Antes de que fuera detenido el ex prefecto Trevor Oyarzún, también se descubrió que éste había pagado para alterar una alcoholemia, tras chocar ebrio un auto policial.

Pero lo que aún preocupa es que el sumario interno continuó y los casos suman y seguirán aumentando.

Fuentes confirmaron a LND que, hasta principios de noviembre, son 39 los oficiales que están actualmente suspendidos de sus funciones por ser autores de irregularidades. Todos esos casos también están siendo analizados por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, con el objetivo de determinar si tienen responsabilidades penales.

Una alta fuente policial sostuvo que con el tiempo se han relajado las medidas internas en la institución a tal punto que es prácticamente imposible de determinar si los funcionarios incurren en el uso de estupefacientes. "Los controles de droga que se aplicaban en forma aleatoria y sorpresiva en todas las unidades ya no se hacen porque se consideró que dañaban la imagen institucional", sostiene un detective de la policía civil. Actualmente, el control sólo se realiza a funcionarios de quien existen sospechas que pueda ser consumidor o tener vínculos con el narcotráfico.

Con el último cambio en el alto mando institucional, en todo caso, las piezas se movieron también en el ámbito de las investigaciones internas.

El oficial que estaba a cargo de este mega sumario, Patricio Morales (ex jefe de la Bridec) fue ascendido y nombrado jefe de la Primera Región Policial de Tarapacá y la PDI no quiso informar acerca del nuevo fiscal que quedó a cargo de esta investigación.

Por otro lado, como jefe de la Inspectoría General, bajo cuya jurisdicción están los sumarios internos, quedó el prefecto inspector Héctor Soto Candia.

Otro de los aspectos que inquieta el clima interno de la PDI es el tema salarial. Al respecto se menciona reiteradamente que a todos estos funcionarios aún se les adeuda el 35% extra de sueldo.

Todo esto se ha dado por el dictamen 19.870 de la Contraloría General de la República, de abril de 2004 que reconoció el derecho de los detectives de percibir "asignación policial por desempeño en unidades operativas o judiciales". Este beneficio fue otorgado a Carabineros en 1999. Pero tras un reclamo efectuado por un oficial de la PDI que se acogió a retiro, el organismo administrativo resolvió que la Ley Orgánica de Investigaciones, hace que sea extensivo ese beneficio. Pero para esto, señala la Contraloría, se requiere de un reglamento que debe "necesariamente dictarse" y que establecerá sus requisitos y definirá las unidades operativas, por lo que mientras no entre en vigencia el mencionado acto administrativo no resulta posible el pago de dicha asignación".

Desde esa fecha, dicho cuerpo administrativo no ha sido dictado.

La citación

Ante la citación de Herrera al Congreso, el subsecretario de Investigaciones, Ricardo Navarrete, advierte que "los hechos recientes no tendrían por qué empañar el proceso de modernización que se ha estado llevando a cabo en los últimos años, que ha sido reconocido también a nivel internacional".

Dijo que los controles internos han funcionado y que son éstos los que han permitido que se descubran los casos. Sobre los test de droga, Navarrete explicó que nunca se han dejado de hacer y que son los "más rigurosos, los más exhaustivos que ha habido nunca antes. Eso es lo que ha hecho posible que esta institución sea reconocida por organismos internacionales. Es una institución pública que avanza, que se aparta de los índices de corrupción".

El diputado Patricio Hales (PPD) destacó que la gestión de Herrera ha sido buena. Pero advirtió que "si han disminuido los controles de droga me parece mal. Habría que confirmar si eso es verdad. Creo que sería bueno que desde la Comisión de Defensa, nosotros preguntáramos cómo están esos controles".

Sobre la situación y a la citación de Herrera al Parlamento, el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, Cristián Monckeberg, dijo que, pese a que los controles internos están funcionando, "la paciencia tiene límites".
Asimismo fue enfático en aclarar que, una vez en la instancia "si se demuestra que hay antecedentes graves como los que se han conocido, lo que corresponde es que la responsabilidad del mando se ejecute y si tiene que salir su máxima autoridad, todos tienen que estar disponibles.


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La otra lista que violenta al mundo de los derechos humanos 30-11-08



Domingo 30 de noviembre de 2008

Por Jorge Escalante / La Nación Domingo

La otra lista que violenta al mundo de los derechos humanos

Los “exonerados” que hundieron la democracia

Entre aquellos parlamentarios calificados con el rango de “exonerados” está Sergio Onofre Jarpa, quien entonces era senador del Partido Nacional (PN). Foto: La Nación.

La irrupción de un falso detenido desaparecido despertó a otro fantasma: los exonerados políticos. Un registro que no sólo contiene los nombres de quienes fueron víctimas de la dictadura, sino también de quienes celebraron su llegada. Entre ellos figuran congresistas pro golpe. Incluso, agentes y militares que colaboraron con la violencia y la represión: Edwin Dimter y Patricio Kellet, entre otros.

Cualquiera sea el análisis que se haga del Gobierno de Salvador Allende y la Unidad Popular, al final se llega a lo mismo: la violencia destruyó el sistema democrático y sus instituciones en septiembre de 1973.

Una de aquellas consecuencias fue la clausura del Congreso Nacional y el cese de las funciones de todos los diputados y senadores. Y aunque algunos lloraron e incluso pagaron con sus vidas, otros lo celebraron.

Inevitablemente, con la reciente aparición del engañoso "detenido desaparecido" Germán Cofré Martínez, reaparecido desde el otro lado de la cordillera, resurgió el espectro de los calificados como exonerados políticos.

Más allá de cuántos pudieron entrar por la ventana la secretaria ejecutiva de este programa, Marta Joignant, sostiene que es "muy difícil" violar el sistema y que hasta ahora nadie aporta pruebas irrefutables surge la controversia de aquellos que, siendo parlamentarios al 11 de septiembre de 1973, calificaron como exonerados por haber cesado en sus funciones cuando la dictadura cerró en Congreso. Todos. Los que padecieron el golpe, pero también quienes ayudaron a gestar el alzamiento militar.

Y otros que, habiendo sido agentes activos en la represión o formado parte de quienes asaltaron La Moneda el día del golpe, también obtuvieron tal calificación cuya idea madre tuvo, sin embargo, directa relación con las víctimas de la opresión militar.

Entre aquellos parlamentarios calificados con ese rango destacan figuras que apoyaron el golpe, como el entonces senador del Partido Nacional (PN), Sergio Onofre Jarpa Reyes; o el hasta hoy defensor de los fundamentos que sustentaron el régimen militar de Augusto Pinochet, Hermógenes Pérez de Arce Ibieta, quien entonces era un joven diputado del PN.

A la lista se suman otros jóvenes diputados del PN: Mario Arnello Romo, Gustavo Lorca Rojas, Víctor Carmine Zúñiga y Luciano Vásquez Muruaga. O el entonces senador democratacristiano Juan de Dios Carmona, que después se hizo fiel seguidor del dictador integrando el "Consejo de Estado".

Todos aportaron su cuota para apurar el alzamiento castrense. Unos más, otros menos.
Tienen derecho estos hombres a recibir tal calificación y además percibir algunos de ellos [no todos] pensiones del Estado o apoyos provisionales, se preguntan en el mundo de los derechos humanos.

Los "exonerados" participaron activamente en acciones que concluyeron con el naufragio de las libertades individuales, ayudando a gestar un modelo que derivó en el fusil y el corvo que dio paso a la tragedia que marcó a Chile para siempre.

La ley creada y luego ampliada para obtener el grado de exonerado político los favoreció. "Y la ley pareja no es dura", afirman en el programa de exonerados del Ministerio de Interior, porque también hay comunistas, socialistas y miembros de otros partidos que integraron la UP, que obtuvieron tal categoría.

Para la "Fundación"
"Por supuesto que tengo derecho, me lo permite la ley y yo decidí calificarme como exonerado porque el beneficio que podría obtener del Estado lo iba a donar a la Fundación Pinochet. Pero la fundación no lo quiso para evitar problemas de impuestos, y yo finalmente tampoco obtuve nada", expresa Hermógenes Pérez de Arce (foto izquierda).

La ecuación para sólo calificar como exonerado político, o a ello agregar una pensión, o percibir sólo dinero como abono para obtener una previsión que son las tres categorías del sistema es compleja. Pérez de Arce sólo calificó para la primera. No obtuvo pensión ni abono de tiempo.

"Pero creo que hay que revisar todo esto porque con toda seguridad se ha prestado para abusos, y pienso que hay muchos casos así", afirma el apasionado columnista de "El Mercurio".
No opina lo mismo el abogado comunista Eduardo Contreras Mella, diputado del PC para el golpe militar y quien por ello también calificó como exonerado político.
"La ley debió dejar afuera de estos beneficios a aquellos parlamentarios que ayudaron a destruir la democracia y que luego celebraron la clausura del Congreso. Esa es una contradicción que debieron advertir aquellos que hicieron esta ley. No es justo que quienes colaboraron activamente con el golpe militar, aunque hayan sido parlamentarios, reciban esta categoría y sus beneficios", afirma Contreras.
El abogado recuerda que "no hay que olvidar que lo que ellos ayudaron a gestar terminó con la vida incluso de algunos parlamentarios como Carlos Lorca y Vicente Atencio, ambos detenidos desaparecidos".
Pero Contreras va más allá. "Tanto el problema del aparecido en Argentina como las irregularidades que puedan existir en el proceso de calificación para los exonerados políticos, pasa principalmente porque el Estado chileno hablo del Gobierno y el Parlamento no tiene una política pública para abordar los derechos humanos y la reparación de las víctimas. No existe un Ombudsman o un Defensor del Pueblo, ni un Instituto de Derechos Humanos. Y eso ocurre porque no hay voluntad política para hacerlo".

Entre bombas y "disidentes"

La calificación como exonerados políticos de algunos ex agentes del régimen o de militares que de distintas formas tuvieron relación con los crímenes cometidos bajo este período, aportan igualmente otro capítulo conflictivo a esta historia.

A los ya mencionados por La Nación el viernes último Enrique Cruz Laugier, Rafael González Berdugo, y Edwin Dimter Bianchi, el supuesto "Príncipe" del Estadio Chile donde mataron a Víctor Jara se agregan ahora los de Patricio Kellet Oyarzún y Patricio Lapostol Amo.

El día del golpe, Cruz sacó las piezas de artillería del Regimiento Tacna para bombardear La Moneda desde tierra, mientras Allende resistía. Reflorecida la democracia, se fue a instalar como jefe de seguridad del Senado. Desde allí lo echaron en 2004, cuando LND publicó esta información que él mismo confirmó en sus declaraciones judiciales en el proceso por los desaparecidos de La Moneda. Fue admitido como exonerado el 20 de enero de 2000.

González Berdugo (en la foto de la derecha), un eterno agente de inteligencia de la Fuerza Aérea de Chile con grado de coronel, aunque es un civil, es hasta hoy el único procesado por el asesinato del estadounidense Charles Horman, detenido días después del alzamiento militar. Un frío espía que en 1980 tuvo la cara para ir a tomar el té con el padre de Horman a Estados Unidos, cuando se presentó como "un disidente" de Pinochet y la DINA.

Posando en 2003 junto a los verdaderos oficiales y suboficiales de la FACh que fueron víctimas de la tiranía, este personaje obtuvo de manos de la entonces ministra de Defensa y actual Presidenta Michelle Bachelet, la tifa para reintegrarse a la "familia aérea".

Dimter, a su vez, fue calificado el 20 de enero de 2000, pero en 2006 fue cancelada su condición de exonerado por sus antecedentes: fue uno de los hombres que sacó los tanques a la calle el 29 de julio de 1973 en un frustrado alzamiento contra Allende, y además permaneció como oficial en el Estado Chile cuando el recinto se convirtió en un centro de detención.


Un "inteligente" agricultor

Patricio Kellet era el jefe de la sección de Inteligencia del Regimiento Cazadores de Valdivia, que para el golpe militar comandaba el ex miembro de la Junta Militar Santiago Sinclair. Ejerciendo ese cargo participó en el arresto de decenas de personas en esa ciudad, según él mismo lo admite en sus declaraciones judiciales en la causa por los crímenes de la Caravana de la Muerte, que el 3 de octubre de 1973 asesinó en Valdivia a 12 prisioneros. Fue desde Cazadores donde, días más tarde, también salieron fuerzas militares para acribillar en la precordillera de Chihuío a 17 campesinos, esconder sus cuerpos, y después desenterrarlos para lanzarlos al mar.
Lo curioso es que Kellet, actualmente mayor de Ejército en retiro, alegó ante la comisión calificadora causales de exoneración por parte de su institución ajenas a su voluntad, mientras en su testimonio judicial del 9 de mayo de 2003 un año después de que ya había sido calificado como exonerado el 6 de marzo de 2002 dijo que "en 1985 me acogí a retiro por razones personales y ahora me dedico a la agricultura" en Linares. Como exonerado, Kellet recibe una pensión del Estado chileno.

Patricio Lapostol Amo fue careado hace unas semanas por el ministro Víctor Montiglio con el general activo Juan Miguel Fuentealba Poblete, en la causa Caravana de la Muerte, episodio de los 26 crímenes de Calama cometidos el 19 de octubre de 1973.

Lapostol admite judicialmente que "monté guardia en el lugar del fusilamiento junto al teniente Gustavo Mandiola". De acuerdo al expediente, el "fusilamiento" fue una masacre a corvo y bala y luego escondieron los cuerpos en el desierto que después exhumaron y arrojaron al mar. El juez indaga si Fuentealba también montó la misma guardia aquel día.

Los 145 mil 286 calificados como exonerados políticos, del total de 258 mil 767 que han pretendido esta categoría, abren un escenario que vuelve a agitar pasiones y controversias, bajo la llovizna de un período dramático de la historia de Chile que se resiste al olvido.



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