jueves, 31 de mayo de 2012

La Haya investigará crimenes de lesa humanidad, 3.345 'falsos positivos' perpetrados entre 2002 y 2008 en Colombia - Isabel Ferrer 29 MAY 2012 -



La Haya investigará el escándalo de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia

Una ONG lleva a la Corte Internacional los 3.345 'falsos positivos' perpetrados entre 2002 y 2008

Isabel Ferrer La Haya29 MAY 2012 - 21:27 CET







La Federación Internacional de Derechos Humanos ha pedido a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue los crímenes contra la humanidad cometidos en Colombia entre 2002 y 2008. En especial, se señala el fenómeno de los “falsos positivos”, las ejecuciones extrajudiciales, que durante dicho periodo, costaron la vida a 3.345 civiles, según cifras de Naciones Unidas. En su mayoría jóvenes y varones, fueron asesinados en el marco del conflicto armado colombiano que enfrenta a la guerrilla -las FARC- con el Ejército y grupos paramilitares. Las víctimas fueron falsamente identificadas como guerrilleros muertos en combate y presentadas como tales a la opinión pública. La Federación sostiene que el crimen derivó de la exigencia impuesta a las Fuerzas Armadas de mostrar logros concretos en la lucha contra la insurgencia. “Dado que los mayores responsables de las matanzas no son perseguidos a domicilio”, señala el informe de la organización, recién presentado en Holanda, “el caso sería plenamente admisible por la CPI”.

Los falsos positivos se convirtieron en un escándalo internacional en 2008. En agosto de ese año, un grupo de madres del municipio de Soacha (parte de la conurbación de Bogotá) se unieron para buscar a 16 de sus hijos. Los jóvenes habían desaparecido en circunstancias extrañas. Un año después, sus cuerpos aparecieron en una fosa común en Ocaña, al noreste del país, en la región andina. El Ejército los identificó como delincuentes, paramilitares y guerrilleros. El rechazo ciudadano ante el fraude fue inmediato, y partir de entonces, familias de todo el país denunciaron sucesos similares. Según la Federación, “la práctica adquirió carácter sistemático”. “Hay una relación directa entre las ejecuciones y las políticas del Gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez a partir de 2002. Había un sistema de incentivos y recompensas, y la presión por generar resultados positivos, en el combate contra los grupos insurgentes”.

El informe, presentado en el nuevo Instituto de Justicia Global, con sede en La Haya, añade que los falsos positivos se convirtieron en un negocio apoyado por los altos mandos del Ejército. Sus miembros, de otro lado, obtenían beneficios. Por ello, y porque investigaciones y juicios “se realizan en Colombia de manera aislada evitando tratar el fenómeno como crimen de lesa humanidad”, la Federación pide a la CPI que intervenga.

Para su fiscal saliente, el argentino Luis Moreno Ocampo, la situación no es nueva. En 2005 ya recabó información sobre la conducta de jefes paramilitares y guerrilleros colombianos, además de la Fuerza Pública. Su sucesora, la jurista gambiana Fatou Bensouda, confirmó en 2009 que el país figuraba en sus archivos “en fase preliminar de estudio”. Es decir, no se ha abierto una investigación oficial, pero la actuación de la justicia nacional es seguida de cerca para ver si persigue a los culpables de los crímenes. Si bien la fiscalía de la CPI reconoce que las instituciones colombianas son fuertes, el temor es que no se avance. Que siga habiendo un desfase entre el grado de violencia y la impunidad registradas en el país. El Gobierno colombiano, sin embargo, no solo asegura que los tribunales están capacitados para llevar estos casos. Bogotá recuerda que reconoce la competencia de la CPI en su lucha contra el genocidio y los crímenes de guerra y contra la humanidad, pero no se trata de un Estado fallido necesitado de intervenciones externa


elpais.com

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FIDH -CCEEU


Solicitan a la Corte Penal Internacional apertura de investigación sobre Ejecuciones Extrajudiciales
Miércoles 30 de mayo de 2012, por FIDH-CCEEU

La FIDH y la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU) presentaron ayer martes 29 de mayo, en la Haya el informe “La Guerra se mide en litros de sangre. Falsos positivos, crímenes de lesa humanidad: más altos responsables en la impunidad”, en el que se demuestra que las ejecuciones extrajudiciales cometidas en Colombia, conocidas como falsos positivos, constituyen crímenes de lesa humanidad, y que los más altos responsables no han sido investigados por la justicia colombiana.

El 29 de mayo de 2012, durante un encuentro público celebrado en The Hague Institute for Global Justice en La Haya, la FIDH junto con la CCEEU y la organización Avocats Sans Frontières (ASF) presentaron sus respectivos informes sobre los crímenes internacionales cometidos en Colombia.

La FIDH y la CCEEU destacaron el carácter sistemático y generalizado que tomó el fenómeno de los falsos positivos en Colombia entre los años 2002 y 2008, por el cual más de 3.000 civiles fueron asesinados para luego ser presentados como dados de baja en combate. Estos actos estaban apoyados por los más altos mandos del Ejército, quienes no solo no ejercieron el necesario deber de control sino que promovieron estos hechos.

A este respecto la FIDH y la CCEEU señalaron falencias estructurales en las investigaciones y juicios que se han venido realizando en Colombia, ya que no se inician investigaciones contra los altos mandos militares responsables de las ejecuciones extrajudiciales, ni a las autoridades políticas que también podrían ser responsables por omisión frente a dichos crímenes. Al contrario, se investiga de manera aislada evitando tratar el fenómeno como crimen de lesa humanidad y sin considerar la sistematicidad y las polîticas que han dado lugar a la perpetración de dichos crímenes. Adicionalmente se producen actos de obstrucción a la justicia, operadores judiciales, víctimas, testigos y organizaciones de derechos humanos, sufren actos de intimidación y de amedrentamiento.

Ante estas circunstancias y a la luz de los principios de la CPI, en particular el principio de complementariedad, tal como ha sido interpretado en su jurisprudencia, la FIDH y la CCEEU solicitan al Fiscal General de la CPI que abra una investigación sobre los falsos positivos, ya que los más altos responsables de estos crímenes no son objeto de investigación o enjuiciamiento en Colombia.

En el mismo día, y en una reunión paralela al evento público, la FIDH presentó ante la Oficina del Fiscal General de la CPI una lista confidencial de presuntos autores principales de los crímenes de lesa humanidad referidos en el informe.
PDF - 1.3 MB
Informe: La guerra se mide en litros de sangre

Piden a la CPI investigar a mandos del Ejército por 'falsos positivos'


Por: EFE |

La solicitud la hace la Federación Internacional de Derechos Humanos.

Dicha ONG pidió a la Corte Penal Internacional (CPI) una investigación contra los altos cargos del Ejército colombiano responsables de las ejecuciones de civiles presentadas como bajas en combate que presuntamente ocurrieron entre 2002 y 2008.
En un informe presentado este martes en La Haya, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), que es un agente oficial de diálogo con la CPI, también advirtió a ese tribunal que en casos relacionados con Colombia "tenga en cuenta no solo informaciones recibidas del Gobierno colombiano, dada la participación de partes del aparato estatal en la comisión de crímenes en masa".
En el documento, de unas 50 páginas, la citada ONG, junto con una de sus organizaciones miembros en Colombia, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, ha denunciado que los máximos responsables de los conocidos como "falsos positivos" todavía siguen impunes de ese crimen de lesa humanidad.
Las entidades sostuvieron que las ejecuciones se cometieron por parte del Ejército colombiano de manera "sistemática y generalizada" entre 2002 y 2008, con Álvaro Uribe Vélez como presidente.
"Paralelamente al sistema de incentivos monetarios (a civiles y exinsurgentes para facilitar información al Ejército) existían recompensas para los miembros del Ejército" que iban desde licencias a ascensos o condecoraciones.
"Se reclutaba a las víctimas con información falsa y el Ejército se encargaba de la ejecución de los civiles y de simular la baja en combate", reza el informe.
Según las cifras presentadas este martes, entre 2002 y 2008 se produjeron 3.345 ejecuciones extrajudiciales en Colombia, siendo las víctimas en su mayoría hombres jóvenes, campesinos o habitantes de zonas rurales y provenientes de familias con escasos recursos económicos, a los que se atraía "bajo el señuelo de promesas laborales".
La FIDH denunció además que las detenciones se realizaban sin orden judicial, dando lugar a desapariciones forzadas y a 'falsos positivos".
Según la ONG, luego se "manipulaba la escena del crimen", vistiendo a las víctimas con prendas militares, armamento y munición "preparadas" para tal fin.
La CPI realiza en este momento "análisis preliminares" en el caso de Colombia, lo que significa que tras haber estudiado si se han cometido delitos de competencia de la Corte, se aplica el llamado "test de complementariedad" para asegurarse de si las autoridades nacionales están investigando los presuntos crímenes.
En el caso de Colombia, la fiscalía de la CPI no ha abierto ninguna causa porque estima que las autoridades judiciales colombianas investigan los presuntos crímenes bajo su jurisdicción.
Sin embargo, la FIDH ha señalado que en el caso de los "falsos positivos" las investigaciones en Colombia se limitan a juicios a soldados de poca categoría, dejándose impunes a los máximos responsables del Ejército.
Además los crímenes se enfocan como "casos aislados" en los que pocas veces se acusa por "desaparición forzada (...) no se investiga la tortura, ni la violencia sexual o la detención arbitraria".
Para la ONG, los juicios por este presunto delito no son llevados a cabo con imparcialidad porque es la justicia penal militar y no la "ordinaria" la que lleva los casos.
"No existen investigaciones penales efectivas iniciadas contra los altos mandos militares, máximos responsables por los crímenes de lesa Humanidad en Colombia", concluyó el estudio.

La Haya
EFE


eltiempo.com

martes, 8 de mayo de 2012

Servicio Penitenciario Federal (SPF) decidió homenajear a los 16 compañeros ERP,MONTONEROS, FAR,presos sociopoliticosculturalesmilitares asesinados entonces en la Unidad 6 en Trelew en 1972

Fusilados por la dictadura de Alejandro Lanusse el 22 de agosto de 1972:

Carlos Alberto Astudillo (FAR). Nació en Santiago del Estero en el 17 de agosto de 1944 (28 años), estudiante de medicina en la Universidad de Córdoba. Detenido el 29 de diciembre de 1970 y brutalmente torturado.

Rubén Pedro Bonet (PRT-ERP). Nació en Buenos Aires el 1 de febrero de 1942 (30 años), casado y padre de dos chicos, Hernán y Mariana, de 4 y 5 años. Perteneciente a una familia muy modesta abandonó sus estudios para ingresar como obrero en Sudamtex y Nestlé. Detenido en febrero de 1971.

Eduardo Adolfo Capello (PRT-ERP). Nació en Buenos Aires el 3 de mayo de 1948 (24 años), estudiante de ciencias económicas y empleado. Detenido cuando intentaba expropiar un auto en febrero de 1971.

Mario Emilio Delfino (PRT-ERP). Nació en Rosario el 17 de septiembre de 1942 (29 años), casado. Estudió ingeniería en la Universidad de Santa Fe. Inició su militancia en Palabra Obrera, que confluiría en el PRT. Abandonó sus estudios universitarios para ingresar como obrero en el frigorífico Swift de Rosario, donde trabajó 5 años. Detenido el 14 de abril de 1970. El V congreso del PRT lo eligió miembro del Comité Central en ausencia.

Alberto Carlos del Rey (PRT-ERP). Nació en Rosario el 22 de febrero de 1949 (23 años), estudió ingeniería química en la Universidad de Rosario, donde se integró al PRT. Participó del congreso fundacional del ERP. Detenido el 27 de abril de 1971.

Alfredo Elías Kohon (FAR): Nació en Entre Ríos el 22 de marzo de 1945 (27 años), estudiaba ingeniería en la Universidad de Córdoba y trabajaba en una fábrica metalúrgica. Formó parte de los comandos Santiago Pampillón y fue fundador de las FAR local. Detenido el 29 de diciembre de 1970.

Clarisa Rosa Lea Place (PRT-ERP). Nació en Tucumán el 23 de diciembre de 1948 (23 años), estudió derecho en la Universidad de Tucumán, donde se integró al PRT. Participó del congreso fundacional del ERP. Detenida en diciembre de 1970 durante un control de rutina.

Susana Graciela Lesgart de Yofre (MONTONEROS). Nació en Córdoba el 13 de octubre de 1949 (22 años), maestra. Se radicó en Tucumán donde enseñaba y compartía la vida con los trabajadores cañeros. Fue una de las fundadoras de Montoneros en Córdoba. Detenida en diciembre de 1971.

José Ricardo Mena (PRT-ERP). Nació el 28 de marzo de 1951 en Tucumán (21 años), obrero azucarero. Integró los primeras grupos del PRT en Tucumán. Detenido tras la expropiación a un banco, en noviembre de 1970.

Miguel Ángel Polti (PRT-ERP). Nació en Córdoba el 11 de julio de 1951 (21 años), estudió ingeniería química en la Universidad de Córdoba, era hermano de José Polti, muerto en abril de 1971. Detenido en Córdoba, en julio de 1971.

Mariano Pujadas (MONTONEROS). Nació en Barcelona el 14 de junio de 1948 (24 años), fue fundador y dirigente de Montoneros en Córdoba. Participó en la toma de La Calera. Estaba a punto de terminar la carrera de ingeniero agrónomo cuando fue detenido en una redada, en junio de 1971.

María Angélica Sabelli (FAR). Nació en Buenos Aires el 12 de enero de 1949 (23 años), conoció a Carlos Olmedo cuando estudiaba en el Colegio Nacional Buenos Aires. Cursaba matemática en la facultad de ciencias exactas, trabajaba como empleada y como profesora de matemática y latín. Detenida en febrero de 1972 y salvajemente torturada.

Ana María Villareal de Santucho (PRT-ERP). Nació en 9 de octubre de 1935 (36 años), era compañera de Mario Roberto Santucho y madre de tres chicos. Licenciada en artes plásticas por la Universidad de Tucumán. Junto a Santucho empezó a militar en el FRIP (Frente Revolucionario Indoamericano y Popular) que luego confluyó en el PRT. Detenida en un control de rutina en un colectivo.

Humberto Segundo Suarez (PRT-ERP). Nació en Tucumán el 1 de abril de 1947 (25 años), de origen rural, fue cañero, obrero de la construcción y oficial panadero. Detenido en marzo de 1971.

Humberto Adrián Toschi (PRT-ERP). Nació en 1 de abril de 1947 en Córdoba (25 años), trabajaba en una empresa familiar hasta que eligió ser obrero. Detenido, junto con Santucho y Gorriarán Merlo, en una redada el 30 de agosto de 1971.

Jorge Alejandro Ulla (PRT-ERP). Nació en Santa Fe el 23 de diciembre de 1944 (27 años), maestro; abandonó sus estudios para trabajar como obrero en una fábrica metalúrgica. Participó del congreso fundacional del ERP y en la primera operación armada. Detenido junto con Humberto Toschi en Córdoba, en agosto de 1971.

 Argentina. Un día histórico en Trelew 

por Alejandra Dandan / Página12
 
Lunes, 07 de Mayo de 2012 14:36 
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Alicia Bonet, habló ayer en Trelew. Alicia Bonet, habló ayer en Trelew. Foto: R. Andrade
Luego de cuarenta años, hoy se inicia el proceso contra los cinco represores, que se encuentran en libertad. Ayer, familiares de las víctimas y militantes de organizaciones políticas y de derechos humanos recorrieron la base Almirante Zar. 
Casi cuarenta años después, los fusiladores de los dieciséis presos políticos asesinados el 22 de agosto de 1972 en la base naval Almirante Zar de Trelew comenzarán a ser juzgados a partir de hoy por esos crímenes. Las mujeres, hijos y hermanos de aquellos militantes llegaron a la provincia de Chubut para participar del proceso y como en una especie de inicio ritual ayer recorrieron el mismo camino que ellos hicieron en esos días. “Abrazados, unidos, muy juntos”, como dijeron salieron desde la cárcel de Rawson, pasaron por el aeropuerto y luego entraron en la Base Naval. “Es muy emocionante esto porque para no-sotros no pasaron cuarenta años”, dice Alicia de Bonet, la mujer de Rubén Bonet, dirigente del ERP, uno de los fusilados. “En lo que vivimos no hay rupturas de tiempo, ni distancia. Hay continuidad, porque nunca bajamos los brazos en la lucha por la justicia, es la continuidad que se interrumpirá cuando logremos empezar a ver la salida del túnel, cuando comience este juicio.”
Durante el fin de semana fueron llegando hasta la ciudad familiares, organismos de derechos humanos y organizaciones políticas. Llegó Raquel Camps, la hija de Adrián Camps; también Luis Lea Laplace, hermano de Clarisa; Guido Quieto, hijo de Roberto, e Hilda de Toschi, esposa de Humberto. Llegaron también madres de Línea Fundadora, Familiares de Detenidos Desaparecidos e Hijos, representantes de La Cámpora y del Movimiento Evita. A ellos se sumó el subsecretario de Derechos Humanos, Luis Alén, y Marcelo Duhalde, que encabezaron un homenaje a Eduardo Luis Duhalde –el fallecido ex secretario de Derechos Humanos–, uno de los abogados que llevaron adelante las tensas negociaciones por la liberación de los presos y las del primer grupo que logró aterrizar en Chile. Uno de los que estaban en el vuelo de los que sobrevivieron a la fuga de la cárcel fue Fernando Vaca Narvaja, ex dirigente de Montoneros que también está en Rawson. “Pasaron casi cuarenta años y quizá sea un poco tarde, pero el juicio es muy importante”, dijo ayer. “Después del fracaso de la segunda fuga, cuando diecinueve compañeros quedaron retenidos en la base Almirante Zar, Pedro Bonet y Mariano Pujadas pudieron hablar con algunos periodistas y advirtieron que pedían garantías a la Justicia para que no se repitiera lo que había pasado con los obreros de la Patagonia Rebelde”, recordó.
Esa será una de las reconstrucciones que empezarán a escucharse en el juicio a los cinco marinos encargados del fusilamiento: son los capitanes de fragata Luis Sosa y Emilio del Real; los capitanes de navío Rubén Paccagnini y Jorge Bautista y el cabo Carlos Marandino. Sosa era segundo jefe del Batallón de Infantería Marina de la base, la persona que dio su “palabra de honor” en el aeropuerto y prometió que los presos iban a ser devueltos a la cárcel de Rawson y una de las personas que en la madrugada del 22 de agosto recorrieron el pasillo de las celdas dando los tiros de gracia. Del Real y Morandino son dos de los fusiladores. Paccagnini era el responsable de la base y jefe directo de ellos. Y Bautista hizo el sumario que respaldó la versión del intento de fuga. No son todos los responsables. Guillermo Roberto Bravo es uno de los fusiladores que siguen en libertad en Estados Unidos porque un juez de Florida no aceptó la extradición al considerar que era una causa “política”. Y Horacio Mayorga, que fue quien ordenó el traslado del aeropuerto a la base Almirante Zar, no será juzgado porque está con un cuadro de ACV.
Alicia ahora repite los nombres de quienes sí serán juzgados, uno por uno. Todavía no puede creerlo: el sábado, durante una conferencia de prensa, se enteró de que ninguno de los cinco acusados llegará al juicio detenido. “Para nosotros fue una desagradable y terrible sorpresa –dijo–: cuando nos enteramos nos cayó como una paliza, quedamos todos sin palabras, ahora ellos deberán presentarse personalmente y sólo si no se presentan la Justicia los debe ir a buscar.”
El juicio, que se extenderá durante tres meses, tendrá audiencias todos los días de esta semana. Se hará en el Teatro José Hernández de Rawson. Estará a cargo del Tribunal Federal de Comodoro Rivadavia, integrado por Enrique Guanziroli, Pedro de Diego y Nora Monella. Los fiscales son Horacio Arranz y Fernando Gelvez.