lunes, 29 de junio de 2009

Nunca inocente - 28 de junio de 2009


Domingo 28 de junio de 2009

/ La Nación Domingo


Nunca inocente



En medio de la crisis bancaria de inicios de 1980, el ahora candidato presidencial de la Alianza fue declarado reo por fraude e infracciones a la Ley General de Bancos. Se mantuvo prófugo de la justicia por 24 días y nunca se probó su inocencia, como afirmó esta semana. El entonces gerente general del Banco de Talca sólo salvó de la cárcel en virtud de un recurso de amparo que fue aprobado por la Corte Suprema, ante la atenta mirada de su tío monseñor Bernardino Piñera, luego de ser rechazado por la Corte de Apelaciones de Santiago. Tramitado durante los días en que el inversionista estaba prófugo, el recurso rol 22954, presentado el 3 de septiembre de 1982, fue rechazado por el tribunal de alzada estableciendo que "el mérito de los autos que se tienen a la vista, resulta que el mandamiento de prisión para los querellantes Sebastián Piñera Echenique, Emiliano Figueroa Sandoval y Carlos Massad Abud, ha sido expedido en caso previsto por la ley y con méritos de antecedentes que lo justifican y de conformidad, también, con lo dispuesto en el artículo 306 del Código de Procedimiento Penal".
El 20 de septiembre de 1982, finalmente, la sala de la Corte Suprema constituida por los ministros Retamal, Ulloa, Letelier y por los abogados integrantes Enrique Urrutia y Enrique Munita, acogió el recurso de amparo que dejó a Piñera fuera de las rejas, pero no lo exculpó. En rigor, el fallo estableció que la investigación aún no estaba concluida. "En el estado actual de la investigación no aparece establecido que los hechos que se imputan a los amparados tengan características delictuales, ni está ahora probado que ellos han obtenido provecho o el banco haya sufrido perjuicios resultantes de la actuación financiera de los recurrentes", señala. El problema es que cuando llegó el momento del fallo definitivo en el proceso, el expediente del recurso de amparo había desaparecido. Por eso, Calaf y Danioni, que no recurrieron al amparo, pasaron varios meses detenidos en Capuchinos y finalmente fueron condenados a tres años de cárcel, sentencia ratificada en todas las instancias, incluidas la Corte Suprema y casaciones. Sobre Piñera y los otros amparados, el tribunal no se pudo pronunciar.



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La caída del ex director de la PDI, Arturo Herrera -Salida de emergencia - Domingo 28 de junio de 2009

Domingo 28 de junio de 2009

Por J. Escalante / L. Narváez / J. Rebolledo / investigacion@lanacion.cl / La Nación Domingo

La caída del ex director de la PDI, Arturo Herrera

Salida de emergencia

El vaso se rebasó. Una serie de escándalos de corrupción y un excéntrico estilo de gestión terminaron con el retiro anticipado de quien, hacía solo una semana, decía tener las manos limpias. El gobierno optó por pedirle su renuncia y nombrar a un hombre alejado del mundanal ruido y más cercano a los funcionarios.





El viernes, el gobierno oficializó la renuncia de Arturo Herrera y el nombramiento inmediato de Marcos Vásquez Meza (hasta ese momento jefe de la región policial del Biobío) como nuevo jefe máximo de la Policía de Investigaciones (PDI).
Todo fue rápido. Apenas la Presidenta Michelle Bachelet volvió a La Moneda tras su viaje a Estados Unidos y México, firmó el decreto de nombramiento de Vásquez. A los pocos minutos ya era presentado ante la prensa, en la clásica reunión en el Salón Azul.
Su sello: una carrera policial con funciones completamente operativas y, además, desarrollada fuera de la Región Metropolitana.
La Presidenta destacó que "sin duda va a conducir la PDI de manera de cumplir con las misiones que la Policía de Investigaciones tiene y que todos los chilenos esperamos de ella". Se indicó que la Mandataria instruyó al nuevo director para continuar el plan de modernización (Minerva) iniciado por Nelson Mery, y para que prepare otro para los próximos 10 años.
El ministro el Interior, Edmundo Pérez Yoma, destacó el carácter operativo de Vásquez, muy distinto a su antecesor quien tuvo una carrera administrativa. "El nuevo director tiene una vasta trayectoria sobre todo en regiones, es un hombre muy operativo, y tiene una hoja de vida impecable, intachable", señaló el jefe de gabinete.
Un estilo personal
Arturo Herrera asumió el cargo de director de la Policía de Investigaciones en 2003, sucediendo a Nelson Mery. Pero Herrera terminó rebasando la misma copa con la que brindó por su ascensión aquel año. Sus últimas gotas de poder las perdió el lunes pasado al interior del gobierno, al dejar esperando a la Presidenta Michelle Bachelet, debido a una enfermedad no confirmada. Herrera sabía la semana pasada, un día antes del aniversario de la institución, que el gobierno había tomado la decisión de pedirle que dejara el cargo.
Desde el principio de su administración, se comenzó a sentir el particular estilo de Herrera que, dicho sea de paso, fue propuesto al Presidente Ricardo Lagos por su antecesor Nelson Mery. A los tres meses de asumir, decidió vender la casa destinada al director y ordenó que se le arrendara una propiedad con piscina en Los Dominicos. Con contrato hasta la fecha, el arriendo supera el millón de pesos mensual.
Posteriormente, ordenó la compra de dos vehículos para uso exclusivo del director, marca BMW, de lujo y parcialmente blindado, que debieron ser importados especialmente desde Alemania y cuyo valor superó los 200 mil dólares (150 millones de pesos). La Contraloría General de la República cuestionó la modalidad de esta compra y la entonces ministra de Defensa, Vivianne Blanlot, lo citó a su despacho para hacerle un severo llamado de atención por el gasto realizado.
Herrera y la dictadura
A fines de 2005, explotó uno de los grandes escándalos internos que tuvo consecuencias judiciales. En noviembre de ese año, el general Miguel Trincado, juez militar de la Región Metropolitana y comandante de la II División de Ejército, llegó una noche a la casa de Herrera. Iba a pedirle expresamente que ordenara el cambio de un informe policial que, en sus conclusiones, lo involucraba en el desentierro de los cuerpos de las 26 víctimas de la Caravana de la Muerte en la ciudad de Calama en octubre de 1973. Tras remover los cuerpos, éstos fueron lanzados al mar a bordo de un avión de la FACh.
El director de la PDI recogió la petición y dio las instrucciones correspondientes para satisfacer la "inquietud" del general. Pero se encontró con la negativa de los autores del informe y sus superiores inmediatos. Herrera no logró que se alterara nada. Pero la ministra de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que investigaba esta remoción, Rosa María Pinto, abrió una indagatoria especial por este hecho. Interrogó a Herrera, a su jefe de gabinete Claudio Preller, y a los policías autores del informe. La jueza careó a periodistas de La Nación con Trincado, a quienes éste reconoció la visita a la casa de Herrera y su objetivo.
La situación generó una seria tensión interna en la PDI, porque quien encabezaba este episodio era, justamente, su director general.
Con el tiempo todo quedó claro. Herrera reconoció judicialmente la visita de Trincado a su casa y el motivo de ésta, y el general Miguel Trincado fue llamado a retiro de las filas del Ejército, pues su situación se hizo insostenible. Algunos meses después, el 23 de noviembre de 2007, Trincado fue procesado por la jueza Pinto. El general dejaba de ser inocente, lo que le había jurado a Herrera. Debido a este episodio, por primera vez las agrupaciones de derechos humanos pidieron su salida de la policía civil.
La delgada línea blanca
La primera ola que golpeó con fuerza a Herrera llegó junto con el descubrimiento de la red de corrupción, que vinculó a detectives y funcionarios del Poder Judicial para favorecer a criminales que eran investigados por la justicia. Un grupo de cinco detectives recibieron penas bajas por juicio abreviado, ya que sólo efectuaron consultas menores en favor de delincuentes.
Pero dentro de este proceso, el más afectado fue el jefe de la Brigada Investigadora de Robos Metropolitana, prefecto Trevor Oyarzún. La investigación determinó que pagó para que se le adulterara una alcoholemia tras un choque. Fue dado de baja y espera sentencia.
Pero cuando se pensó que Oyarzún sería el único oficial superior en caer por esta red, vino lo insospechado. El ex subprefecto Francisco Lapolla declaró en el tribunal de Garantía que todas las acusaciones provenían de un complot en su contra orquestado por el subdirector operativo de la PDI, Óscar Gutiérrez. Junto con ello exhibió en la audiencia fotografías que correspondían a partes de un video que tenía en su poder, donde se apreciaba el automóvil fiscal de Gutiérrez estacionado en el cabaret Lucas Bar. La confusión fue total ante el pálido manejo de este nuevo episodio realizado por el director Arturo Herrera. Al principio lo respaldó y luego, ante un polémico comunicado de prensa, le pidió que asumiera su responsabilidad. Gutiérrez se fue a retiro (con indemnización de 40 millones de pesos más pensión) y el jefe de comunicaciones, Álvaro Thiele, fue trasladado a la jefatura de Inteligencia.
Una serie de pequeños escándalos producidos en unidades de base, como las Bricrim (Brigadas de Investigación Criminal), jamás fueron hechas públicas y se instauró el sistema de los traslados en reemplazo de las sanciones. Con ello se buscó disminuir las estadísticas de sumarios por corrupción.
Al interior de la institución se comenzó a advertir los efectos de la reducción de las medidas de control. Por lo mismo, altas fuentes consultadas por LND recuerdan que con la llegada de Herrera cambió la modalidad para la aplicación de exámenes de drogas al personal, que había imperado hasta finales de 2003.
El efectivo sistema aleatorio y sorpresivo implementado por Nelson Mery, que significó la detección y baja de cientos de detectives corruptos, fue reemplazada por una modalidad bastante más blanda, donde la jefatura decide a quién se examina y a quién no.
Este año, la institución -que cuenta con más de 10 mil funcionarios- informó que se habían realizado más de mil 500 exámenes de este tipo. Sin embargo, más del 80 por ciento de estos tests son los que normalmente se les hace a los aspirantes que ingresan a la Escuela de Investigaciones todos los años.
Epílogo
Hasta ahora, Arturo Herrera había logrado sortear innumerables situaciones engorrosas en la policía que dirigía. En círculos políticos muchos no se explicaban qué estrella lo alumbraba. Sin embargo, de pronto todas las constelaciones dejaron de titilar y en su entorno todo se volvió oscuridad. En el gobierno consideraron que, como en la ruleta de un casino, "no va más" con el hombre que intentó justificar a sus funcionarios que mantenían relaciones sexuales con menores, calificando estos hechos como un acto de "hombría".
En la última encuesta que midió el nivel de corrupción en las instituciones realizada por el Instituto Libertad y Desarrollo, la Policía de Investigaciones ocupó el séptimo lugar entre 18 entidades. La superaron las empresas públicas, los municipios, los ministerios, el Poder Judicial y los hospitales. Lejos, Carabineros fue la segunda institución mejor evaluada en este ámbito, superada sólo por la Contraloría General de la República.
Al interior de la PDI ha crecido en el último tiempo una sensación de impotencia y vergüenza por la seguidilla de acontecimientos que terminaron por destronar a Arturo Herrera. A pesar del afrentoso panorama actual, Herrera dijo con orgullo en su discurso del último aniversario de la institución "¡tengo las manos limpias!", provocando el aplauso cerrado del repleto auditorio de aspirantes a detectives.
Pero en el gobierno no se estaba evaluando si se las ensuciaba o no, sino el deterioro del prestigio de Investigaciones bajo su mando.
Ese día la decisión ya estaba tomada. El Ejecutivo no toleró que Herrera hiciera modificaciones en el alto mando sin informar antes. Especialmente sensible fue el llamado a retiro de Héctor Soto Candia, una hora antes que el director de la PDI se presentara ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, para que explicara el escándalo por los vínculos de la institución con la red de prostitución infantil de Valparaíso.
Soto Candia era el más seguro sucesor de Herrera, promovido por él mismo y testeado por asesores de gobierno. Pero las conversaciones directas del prefecto inspector con el gobierno, que incluían críticas a la forma en que Herrera estaba conduciendo a la PDI, lo irritaron al punto de sacarlo del camino.
Durante su paso por México en su última gira, la Presidenta Bachelet recibió el llamado de Arturo Herrera anunciándole su decisión de renunciar, la que fue aceptada de inmediato. La Mandataria ordenó entonces encontrar una alternativa inmediata para sucederlo.
De las ocho primeras antigüedades que tenían como alternativa los asesores de Interior y Defensa, la Mandataria decidió buscar un perfil con mayor ascendencia sobre los funcionarios y que estuviera fuera de toda polémica, tanto por trayectoria como por vínculos políticos o de otras instituciones influyentes, como la masonería (Mery y Herrera pertenecían a ella, pero fuente confiables aseguran que llegaron a sus cargos por sus antecedentes profesionales y no por pertenecer a una logia).
Así se dio con el nombre de Marcos Vásquez Meza (53), quien toda su carrera la ha realizado fuera de Santiago, especialmente en la Región del Biobío, donde era jefe regional.
Vásquez fue compañero de curso de varios de los prefectos inspectores que hoy forman el nuevo alto mando. Esta semana deberá definir si mantiene a ese equipo como está o si realiza nuevas modificaciones.
http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20090628/pags/20090628004425.html
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Juan Guzmán Tapia: “La Ley Antiterrorista es un ejemplo de la debilidad del Estado” -28 de junio de 2009

Juan Guzmán Tapia: “La Ley Antiterrorista es un ejemplo de la debilidad del Estado”



escrito por Mario Casasús

domingo, 28 de junio de 2009

En entrevista con Clarín.cl el abogado Juan Guzmán Tapia (1939) puntualiza el contexto histórico vivido durante los años como Juez de la Corte de Apelaciones; retirado de los tribunales, actualmente, dirige el Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Universidad Central de Chile y litiga en la defensa de la cineasta Elena Varela, autora del documental Newen Mapuche; al respecto declaró: “No se ha presentado ningún recurso para la recuperación del material fílmico. Una vez concluido el juicio nos vamos a ocupar de las indemnizaciones correspondientes”

En 1998 Juan Guzmán Tapia, entonces Ministro Especial de la Corte de Apelaciones, aceptó la querella que interpuso Gladys Marín en contra de Augusto Pinochet, acusándolo del secuestro y asesinato de la dirigencia del Partido Comunista de Chile (1976). El Juez se veía impedido para actuar, ante la vigencia de la Ley de Amnistía, decretada en 1978; finalmente Juan Guzmán logró indiciar y desaforar a Pinochet, argumentando “secuestro permanente”, en los casos: Caravana de la muerte y Operación cóndor, sin embargo la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones desistieron encarcelar a Pinochet por motivos de salud (sic).
“La verdad jurídica es muy importante y debe prevalecer sobre la denominada verdad histórica que muchas veces es muy subjetiva” dijo Juan Guzmán Tapia al Clarín, en teoría debería ser así, pero se retiró defraudado del Poder Judicial; ahora dedica su esfuerzo y experiencia a la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Central y a la defensa de la comunidad mapuche, que a su vez lo nombró “tuguntufe” (portavoz) del pueblo lafquenche. Su regreso a los tribunales, obedece a su perseverante defensoría de los Derechos Humanos, esta vez litiga por la libertad de Elena Varela.
MC.- ¿En qué momento se percata de los crímenes de la dictadura?, ¿pensó renunciar al sistema judicial chileno o marcar la diferencia desde adentro?
JG.- No me percaté de los crímenes de la dictadura hasta muy avanzada ésta. Cuando se sabía de personas que eran muertas por operativos militares, se pensaba que se trataba del cumplimiento de los apercibimientos del toque de queda, que estaba advertido; o de hechos sueltos cometidos por la soldadesca abusando del poder. Todo esto era repudiable, pero estaba lejos de reflejarnos lo que verdaderamente estaba ocurriendo. Cuando comencé a darme cuenta de detenciones ilegales sistemáticas, era relator en la Corte de Apelaciones de Santiago y no tenía en mis manos la decisión sobre los habeas corpus o recursos de amparo rechazados. En esos momentos, pensé que hacía el bien quedándome en el poder judicial. Por lo tanto, nunca pensé en renunciar del mismo.
MC.- ¿Era viable la primera querella de Gladys Marín en contra de Pinochet? Lo pregunto ante el blindaje político y jurídico del dictador y senador vitalicio…
JG.- Era viable, aunque los abogados que la presentaron dudaron de que yo la admitiría a tramitación. Luego, pensaron que haría una tramitación ligera. Más tarde, cuando comencé a procesar a muchos generales, coroneles, etcétera, jamás pensaron que procesaría a Pinochet. Pero, la querella me pareció viable desde el principio. Toda persona, a pesar del blindaje que tenga, puede ser juzgado. Para eso existen los procesos de desafuero. Y yo solicité tres veces el desafuero de Pinochet, y la corte de apelaciones lo otorgó en dos ocasiones: Caravana de la muerte y Operación cóndor y lo rechazó en el caso de la calle Conferencia.
MC.- En el ámbito de la Justicia Internacional, ¿qué precedente dejó el arresto de Pinochet en Londres?
JG.- La solicitud de extradición y de prisión para esos efectos respecto de Pinochet por parte del Juez Baltasar Garzón implicó un gran paso hacia la aplicación práctica de la jurisdicción penal universal. Desde luego, el artículo 23.4 de la Ley orgánica del poder judicial otorga a la Audiencia Nacional española jurisdicción y competencia para conocer y permitir que se juzgue en España por determinados crímenes de lesa humanidad, y Baltazar Garzón, al enterarse de que Pinochet se encontraba de paso por Inglaterra inició el proceso de extradición necesaria, despachando la orden de arresto correspondiente. Más tarde, entró en vigencia la Corte Penal Internacional donde se consagró la jurisdicción internacional que regula el principio de la justicia universal, que básicamente consiste en que se activa ésta cuando en un país no se quiere o no se puede investigar o juzgar por ciertos delitos a una persona que los perpetró dentro de su propio país o en otro. Los crímenes de la competencia de dicha corte son: genocidio, los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra y el de agresión. En todo caso, la implementación por Garzón de esta nueva forma de persecución por dichos crímenes pone en guardia a los potenciales de no incurrir en contra de los crímenes más atroces, que son precisamente aquellos de la competencia de la ley orgánica mencionada y del Tratado de Roma, que establece la Corte Penal Internacional.
MC.- ¿Qué pensó sobre la actuación del gobierno de Eduardo Frei en Londres?, ¿y ahora ante la reelección presidencial?
JG.- Me parece increíble que Frei se atreva a presentarse nuevamente y que lo apoye la Concertación. Objetivamente pienso que ha sido el peor de los gobiernos llamados democráticos de Chile. Esto, en lo político y lo social. Favoreció, eso sí, a las multinacionales, las empresas forestales, las celulosas, etcétera, en detrimento de los pueblos indígenas y de la naturaleza misma, entre otras cosas. Desde luego, se perdió durante su gobierno (y para siempre) la independencia del poder judicial al quedar supeditado éste al poder legislativo. MC.- La periodista Patricia Verdugo hablaba del 11S en New York como inicio del destape de las cuentas secretas del Riggs Bank; por otra parte, el abogado Sam Buffone se quejaba de la apatía del Departamento de Estado Norteamericano, en el Caso Letelier, luego del 11S. ¿Cambió algo en los Tribunales de Chile después del 11S?, ¿cómo recibió la noticia de las cuentas del Riggs Bank?JG.- Me pareció muy propio de un dictador el hecho de tener cuentas corrientes millonarias, obtenidos aquellos millones por medios poco legítimos. Lo que me resultó más sorprendente fue que la gente lo censurara más por eso que por las violaciones a los derechos humanos. En cuanto a si cambiaron los tribunales después del 11S/2001, mi respuesta es: no.MC.- A falta de concordia entre la verdad histórica y la verdad jurídica, ¿cómo construir una memoria colectiva? JG.- La verdad jurídica es muy importante y debe prevalecer sobre la denominada verdad histórica que muchas veces es muy subjetiva. Hoy, los medios para investigar son cada vez mejores, por lo que se puede llegar a una verdad jurídica con mayor facilidad.MC.- ¿Qué temática propone la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Central?, ¿debería ser una materia académica obligatoria para estudiantes preuniversitarios? JG.- Pienso que deberían restaurarse las clases de educación cívica en la enseñanza secundaria, y en el marco de éstas, enseñarse los derechos humanos. En cuanto a la enseñanza de DD. HH. en la Universidad, deberían enseñarse en todas las carreras. En la Universidad Central tenemos un Centro de Estudios de Derechos Humanos y estamos promoviendo la enseñanza de estos derechos para alumnos chilenos, extranjeros, todo tipo de público: civiles, uniformados, etcétera.MC.- Actualmente, ¿cuál es la mayor debilidad del Estado de derecho chileno en materia de DDHH?JG.- Bueno, el poder judicial realmente no es un defensor de los derechos humanos, como debería serlo en virtud de su potestad conservadora de estos derechos. Pero pienso que la mayor debilidad está en la falta de transparencia de lo que ocurre dentro de las cárceles y en la censura de hecho que existe por parte de los medios de comunicación que incide en la falta de libertad de informar y en el derecho de las personas a ser informadas. MC.- Por favor, explíquenos la desproporcionada aplicación de la Ley Antiterrorista en contra de la comunidad mapuche, ¿por qué desempolvaron la Ley 18.314 en 2003?, ¿cuántos mapuches han sido juzgados desde entonces? JG.- El hecho de haber utilizado la Ley de conductas terroristas es un ejemplo de la debilidad del Estado, particularmente del poder judicial en el caso de los indígenas. En vez de corregir y de disponer que los delitos juzgados conforme a esa ley eran delitos comunes, como lo eran, los jueces de la Corte Suprema le hicieron el juego al poder ejecutivo y obviamente atentaron contra el derecho humano del debido proceso. No sé cuantos indígenas fueron juzgados conforme a dicha ley.MC.- Finalmente, ¿ante qué instancia se encuentra la defensa de la cineasta Elena Varela?, ¿presentó un recurso para la recuperación del material fílmico?JG.- La causa se encuentra en el estado de que los abogados seamos citados para la audiencia de la preparación del juicio oral. Entonces indicaremos las pruebas que vamos a utilizar. Solicitamos la incompetencia del tribunal en Rancagua y el juzgado de garantía acogió nuestra petición. El juicio va a tener lugar en el sur: Loncoche o Villarica. La razón de la incompetencia fue que el primer crimen respecto al cual se refiere esa causa fue cometido en Loncoche. No se ha presentado ningún recurso para la recuperación del material fílmico. Una vez concluido el juicio nos vamos a ocupar de la recuperación de todo y de las indemnizaciones correspondientes.

http://www.elclarin.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=17164&Itemid=1
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La invasión de los espías - 28 de Junio de 2009

La invasión de los espías



28 de Junio de 2009


Por Juan Gelman


Se está produciendo calladamente en las universidades estadounidenses y desde hace tiempo. Empezó en 1994 con el Programa Nacional de Educación en Seguridad (NSEP, por sus siglas en inglés) del Pentágono y consistía en el otorgamiento de becas para que determinados estudiantes dominaran el árabe, el hindi, el mandarín, el farsi y otras lenguas de zonas geoestratégicas para Washington. Su obligación al graduarse: trabajar en alguno de los dieciséis organismos de inteligencia de EE.UU. Diversas asociaciones de profesores y especialistas protestaron por “las dificultades y peligros” que esa conjunción entrañaba para la integridad de las actividades académicas (chronicle.com, 16-8-02).
El Programa Pat Roberts de becarios de inteligencia (Prisp, por sus siglas en inglés), aprobado a fines del 2003, amplió los campos de conocimiento para los futuros espías. Se inició como un proyecto piloto, pero el director de Inteligencia Nacional, Dennis C. Blair, anunció hace unos días que en adelante será un rubro permanente del presupuesto y abarcará además disciplinas científicas y otras de humanidades. Los becarios del Prisp se instalan en campus, aulas y laboratorios de diferentes universidades sin revelar su adscripción. Reciben 25.000 dólares anuales o más, participan en campamentos de verano de entrenamiento, estudian lo que a la CIA o a la Agencia de Seguridad Nacional le interesa a fin de superar “imperfecciones de la comunidad de inteligencia”, por ejemplo, “idiomas, trazado de mapas geoespaciales o análisis de imágenes obtenidas por satélite y evaluación de los usos tecnológicos de los países” (www.aaanet.org, 24-6-2006). Una vez recibidos, deben trabajar en el organismo de espionaje del caso una vez y media más que el tiempo dedicado a los estudios.
La idea originaria nació en la cabeza del antropólogo Felix Moos, un acérrimo defensor de la relación de los científicos con el Pentágono y con los servicios de inteligencia, así como del empleo de la antropología en la guerra “antiterrorista”. Durante años ha dictado cursos sobre “Violencia y terrorismo” en la Universidad de Kansas y luego de los atentados del 11/9 recurrió a la CIA para que el Senado financiara su propuesta de amalgamar antropología, academia, análisis de inteligencia y capacitación de espías. El resultado es el Prisp, los becarios estudian química, psicología o biología, además de dos idiomas por lo menos, y su empeño presente y futuro no es conocido por profesores, administradores y compañeros de aula. Así cumplen su primera misión encubierta.
Los torturadores de Abu Ghraib utilizaron técnicas de humillación propias de una cultura cuando desnudaban a los prisioneros, les hacían vestir prendas femeninas, los fotografiaban en posturas inicuas y los azuzaban con perros para obtener confesiones. Algún mando de la CIA habrá leído el libro del antropólogo Raphael Patai titulado The Arab Mind (Springer, Nueva York, 2002) en el que se subraya el aborrecimiento que los árabes sienten en general por los perros y por la degradación sexual. Esto plantea problemas éticos a los profesores y especialistas civiles, similares de algún modo a los que han experimentado algunos científicos que fabricaron la bomba atómica.
El antropólogo David Prince, del St. Martin’s College de Olympia, Washington, señala que en estos momentos de crisis económica y de severas reducciones del presupuesto educacional, es grande la tentación de aceptar las becas del Prisp, pero estima que éste no cumplirá el objetivo de renovar las ideas de la CIA y demás organismos de espionaje: la influencia de la cultura imperante en esos ámbitos –dice– amortiguará el impacto de la cultura académica en los jóvenes que inician sus carreras (www.counterpunch, 23-6-09).
Quienes antes aprendían el árabe, el vasco o el urdu admiraban la cultura y los idiomas que estudiaban. Los becarios del Prisp están más sujetos a la ideología que les imponen que a su formación en el medio relativamente abierto de la universidad.
Barack Obama practica continuidades y rupturas con las políticas de W. Bush en el orden interno, pero está claro que no se aleja de la concepción militarista de su antecesor. Insiste en la guerra de Afganistán y la ha extendido a Pakistán. El martes 23, aviones estadounidenses no tripulados causaron la muerte de unos 60 civiles paquistaníes que rezaban por los 13 que habían muerto en un ataque previo (www.thenews.com.pk, 25-6-09). El hecho de que el Prisp ya no sea un proyecto piloto sino una actividad permanente confirma los planes del Pentágono y la Casa Blanca de preparar a sus efectivos para largas campañas de contrainsurgencia de baja intensidad en suelo afgano. Pero no basta con desear, además hay que tener buenos riñones, decía Diderot.


Permalink:http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-127365-2009-06-28.htm

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Un golpe de Estado cívico-militar jaquea a Honduras - 29 de Junio de 2009


CON EL AVAL DE LA CORTE SUPREMA Y EL CONGRESO, MANUEL ZELAYA FUE DERROCADO Y LLEVADO EN UN AVION A COSTA RICA

Un golpe de Estado cívico-militar jaquea a Honduras

El mandatario, que había convocado a una consulta electoral, fue sorprendido por militares que lo sacaron literalmente del poder. Asumió en su lugar el presidente del Congreso. La OEA, la ONU, Estados Unidos y toda la región pidieron la restitución de Zelaya.

En Honduras, los militares salieron ayer a la calle y consumaron un golpe de Estado. Con el aval de la Corte Suprema, el presidente constitucional, Manuel Zelaya, fue secuestrado y enviado en avión a Costa Rica, desde donde responsabilizó a sectores de la elite económica local por su deseo de poder y reafirmó que sigue siendo el único jefe de Estado hondureño. “Sólo el pueblo me puede quitar o poner. No va a ser un grupo de gorilas el que me va a arrebatar el poder moral que me dio el pueblo de mi país”, afirmó Zelaya, respaldado por su homólogo local, el presidente costarricense Oscar Arias. Sin embargo, en Tegucigalpa, los golpistas avanzaron con sus planes y ya nombraron como nuevo presidente al jefe del Congreso, Roberto Micheletti. El sistema interamericano y su capacidad para salir en defensa de la democracia se puso a prueba una vez más y la OEA ya condenó el golpe y exigió la restitución inmediata de Zelaya; lo propio hizo la ONU y, al cierre de esta edición, el repudio hemisférico y mundial era unánime.
Washington también les negó legitimidad a los golpistas. “Zelaya es el único presidente que reconozco y quiero dejarlo muy en claro”, señaló Barack Obama desde la Casa Blanca. “Honduras no está sola”, lanzó a su vez Hugo Chávez desde Caracas, tras lo cual anunció una batalla continental para reponer al mandatario en su puesto y convocó a una reunión de emergencia a los países del ALBA para hoy en Nicaragua. La canciller hondureña, Patricia Rodas, seguía ayer secuestrada en la base de la Fuerza Aérea de la capital y los militares impusieron el toque de queda.
El conflicto se desencadenó a propósito de una consulta electoral. Zelaya intentaba ayer consultar a los hondureños acerca de si estaban o no de acuerdo en votar, junto a las elecciones presidenciales de noviembre próximo, la convocatoria a una asamblea constituyente para reformar la Constitución y, de ese modo, incluir, entre otras cosas, la posibilidad de una reelección presidencial, inexistente en la Carta Magna de ese país. Sin embargo, en Honduras el único organismo con facultades para llamar a una consulta popular es el Congreso y, por eso, la Corte Suprema y el Poder Legislativo habían dictaminado que la medida era ilegal.
El jueves pasado la tensión se derramó por las calles por primera vez cuando el mandatario le ordenó al jefe del Comando Conjunto del Ejército, el general Romeo Vázquez, que se encargara de la logística de la consulta y éste se negó bajo el argumento de que las fuerzas armadas no cumplirían con una tarea que la Justicia había declarado ilegal. Zelaya echó a Vázquez, fue personalmente en busca de las urnas y comenzó a distribuirlas por todo el país. Los militares, en respuesta, salieron a la calle en defensa de su jefe y la Corte Suprema restituyó a Vázquez en su cargo.
Hubo negociaciones secretas, el viernes Zelaya declaró que “perdonaba” a Vázquez por su acto de insubordinación y, durante 48 horas, la calma pareció volver al país centroamericano. Pero en medio de todo esto, la movilización para realizar la consulta popular continuó y ayer la Corte Suprema les ordenó a los militares remover al presidente democráticamente electo, confiscar las urnas y llevar a cabo un golpe de Estado.
Danilo Izaguirre, vocero del Poder Judicial, fue el encargado de encontrar las palabras necesarias para evitar hablar de un golpe. “El Poder Judicial deja constancia de que el origen de las acciones del día de hoy está basado en una orden judicial emitida por juez competente, y por ello su ejecución está enmarcada dentro de los preceptos legales”, arguyó el comunicado leído por el vocero.
Pero más allá de la jerga jurídica, la movida fue como en tiempos de la Guerra Fría o, más recientemente, como durante el intento fallido de golpe en Venezuela en abril de 2002. Hacia las cinco de la madrugada hora local, un grupo de militares encapuchados entró en la residencia del mandatario a punta de fusil y lo removió de su cargo. Varios tanques rodearon la Casa de Gobierno y diversos helicópteros coparon el cielo de Tegucigalpa.
Los golpistas, incluso, secuestraron y golpearon durante un par de horas a los embajadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela, lo que provocó la reacción del mandatario bolivariano, que amenazó con acciones militares si volvían a tocar a su representante.
A partir de ese momento, y a pesar de las condenas que comenzaban a llegar desde todos los países de la región anunciando que no reconocerían al nuevo gobierno de facto, los militares y civiles prosiguieron con sus planes de manera implacable.
El pleno del Congreso se reunió en la Cámara. El secretario legislativo, Alfredo Saavedra, leyó una supuesta carta de renuncia del mandatario que Zelaya se encargó de desmentir inmediatamente desde Costa Rica y, acto seguido, a mano alzada y en menos de un minuto, los legisladores aceptaron la falsa renuncia y aprobaron una moción de censura e inhabilitación en contra del legítimo presidente por supuestas desviaciones del marco constitucional. Una hora después, la ilegalidad llegó a su punto más alto y los legisladores, sin más, nombraron como nuevo presidente de facto a Roberto Micheletti.
Micheletti, hasta ese momento presidente del Parlamento, negó que hubiera habido un golpe, afirmó que gobernará como manda la Constitución y anunció un gobierno de unidad nacional. “Lo que hemos hecho aquí es un acto democrático. Les aseguro que llevaré adelante un gobierno de conciliación y diálogo nacional”, precisó el presidente de facto.
Mientras tanto, desde Costa Rica, Zelaya fue claro. “Este secuestro es un retroceso de 50 años a la época de las dictaduras. Yo quiero retornar al país, jamás renuncié y soy el presidente legítimo de los hondureños. Espero el apoyo de todos los demócratas de la América entera”, afirmó.
Ayer, a última hora de la tarde, y a pesar del toque de queda impuesto por los militares, miles de hondureños continuaron copando las calles de la capital para reclamar por la restitución de su presidente, al que llaman “el presidente de los pobres”. “Queremos que nos entreguen a Mel”, se escuchaba ayer entre la multitud. “El pueblo se atrincheró y no acepta lo que está pasando”, expresó Amable Hernández, un dirigente social.


Permalink:http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-127416-2009-06-29.html

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Con la indeleble marca de la CIA


Por Atilio A. Boron


La historia se repite, y muy probablemente concluya de la misma manera. El golpe de Estado en Honduras es una reedición del que se perpetrara en abril de 2002 en Venezuela y del que fuera abortado ante la fulminante reacción de varios gobiernos de la región en Bolivia el año pasado. Un presidente violentamente secuestrado en horas de la madrugada por militares encapuchados, siguiendo al pie de la letra lo indicado por el Manual de Operaciones de la CIA y la Escuela de las Américas para los escuadrones de la muerte; una carta de renuncia apócrifa que se dio a conocer con el propósito de engañar y desmovilizar a la población y que fue de inmediato retransmitida a todo el mundo por la CNN sin antes confirmar la veracidad de la noticia; la reacción del pueblo que consciente de la maniobra sale a la calle a detener los tanques y los vehículos del ejército a mano limpia y a exigir el retorno de Zelaya a la presidencia; el corte de la energía eléctrica para impedir el funcionamiento de la radio y la televisión y sembrar la confusión y el desánimo. Como en Venezuela, no bien encarcelaron a Hugo Chávez, los golpistas instalaron un nuevo presidente: Pedro Francisco Carmona, a quien la inventiva popular lo rebautizó como “el efímero”. Quien desempeña su rol en Honduras es el presidente del Congreso unicameral de ese país, Roberto Micheletti, quien juró ayer como mandatario provisional y sólo un milagro le impediría correr la misma suerte que su predecesor venezolano.
Lo ocurrido en Honduras pone de manifiesto la resistencia que provoca en las estructuras tradicionales de poder cualquier tentativa de profundizar la vida democrática. Bastó que el presidente Zelaya decidiera llamar a una consulta popular –apoyada con la firma de más de 400.000 ciudadanos– sobre una futura convocatoria a una Asamblea Constitucional para que los distintos dispositivos institucionales del Estado se movilizaran para impedirlo, desmintiendo de ese modo su supuesto carácter democrático: el Congreso ordenó la destitución del presidente y un fallo de la Corte Suprema convalidó el golpe de Estado. Fue nada menos que este tribunal quien emitió la orden de secuestro y expulsión del país del presidente, prohijando como lo hizo a lo largo de toda la semana la conducta sediciosa de las Fuerzas Armadas.
Zelaya no ha renunciado ni ha solicitado asilo político en Costa Rica. Fue secuestrado y expatriado, y el pueblo ha salido a la calle a defender a su gobierno. Las declaraciones que logran salir de Honduras son clarísimas en ese sentido, especialmente la del líder mundial de Vía Campesina, Rafael Alegría. Los gobiernos de la región han repudiado al golpismo y en el mismo sentido se ha manifestado Barack Obama al decir que Zelaya “es el único presidente de Honduras que reconozco y quiero dejarlo muy claro”. La OEA se expresó en los mismos términos y desde la Argentina la presidenta Cristina Fernández declaró: “Vamos a impulsar una reunión de Unasur, aunque Honduras no forma parte de ese organismo, y vamos a exigir a la OEA el respeto de la institucionalidad y la reposición de Zelaya, además garantías para su vida, su integridad física y la de su familia, porque eso es fundamental, porque es un acto de respeto a la democracia y a todos los ciudadanos”.
La brutalidad de todo el operativo lleva la marca indeleble de la CIA y la Escuela de las Américas: desde el secuestro del presidente, enviado en pijama a Costa Rica, y el insólito secuestro y la golpiza propinada a tres embajadores de países amigos: Nicaragua, Cuba y Venezuela, que se habían acercado hasta la residencia de la ministra de Relaciones Exteriores de Honduras, Patricia Rodas, para expresarle la solidaridad de sus países, pasando por el ostentoso despliegue de fuerza hecho por los militares en las principales ciudades del país con el claro propósito de aterrorizar a la población. A última hora de la tarde impusieron el toque de queda y existe una estricta censura de prensa, pese a lo cual no se conoce declaración alguna de la Sociedad Interamericana de Prensa (siempre tan atenta ante la situación de los medios en Venezuela, Bolivia y Ecuador) condenando este atentado contra la libertad de prensa.
No está demás recordar que las Fuerzas Armadas de Honduras fueron completamente reestructuradas y “reeducadas” durante los años ’80, cuando el embajador de EE.UU. en Honduras era nada menos que John Negroponte, cuya carrera “diplomática” lo llevó a cubrir destinos tan distintos como Vietnam, Honduras, México, Irak para, posteriormente, hacerse cargo del superorganismo de inteligencia llamado Consejo Nacional de Inteligencia de su país. Desde Tegucigalpa monitoreó personalmente las operaciones terroristas realizadas contra el gobierno sandinista y promovió la creación del escuadrón de la muerte mejor conocido como el Batallón 316 que secuestró, torturó y asesinó a centenares de personas dentro de Honduras, mientras en sus informes a Washington negaba que hubiera violaciones de los derechos humanos en ese país. En su momento, el senador estadounidense John Kerry demostró que el Departamento de Estado había pagado 800 mil dólares a cuatro compañías de aviones de carga pertenecientes a grandes narcos colombianos para que transportasen armas para los grupos que Negroponte organizaba y apoyaba en Honduras. Estos pilotos testificaron bajo juramento confirmando las declaraciones de Kerry.
La propia prensa estadounidense informó que Negroponte estuvo ligado al tráfico de armas y de drogas entre 1981 a 1985 con el objeto de armar a los escuadrones de la muerte, pero nada interrumpió su carrera. Esas fuerzas armadas son las que depusieron a Zelaya. Pero la correlación de fuerzas en el plano interno e internacional es tan desfavorable que la derrota de los golpistas es sólo cuestión de (muy poco) tiempo.

* Politólogo.

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Los parásitos del pueblo

Por Jorge Majfud *

Ayer domingo 28 de junio por la mañana, los militares de Honduras rodearon al presidente y, mientras lo apuntaban con sus armas, le preguntaron por qué no había obedecido las órdenes del general Romeo Vásquez. Como el presidente pensaba que él debía dar las órdenes a sus subordinados, éstos lo invitaron a retirarse de la Casa de Gobierno. De ahí a un auto y luego a un avión de la fuerza aérea hasta Costa Rica.
Al mismo tiempo, todos los medios de comunicación del país fueron copados y se les sugirió por la fuerza no transmitir información que no fuera controlada directamente por el proceso democrático que se estaba llevando a cabo. Apenas pudimos escuchar las declaraciones del presidente depuesto al arribar a Costa Rica unos pocos periodistas que “ilegalmente” informaron al mundo de lo que estaba pasando y unos cuantos hondureños que nos mantuvieron informados vía electrónica.
Según las Fuerzas Armadas de Honduras, todo este proceso fue en defensa de la legalidad y la Constitución. Los militares se justificaron diciendo que recibían órdenes de la Corte Suprema. A pesar de que la Constitución hondureña no prevé este mecanismo para saltearse la autoridad de un presidente legal y legítimo, era necesaria una excusa para tontos. La declaración sólo demuestra que en Honduras se llevó a cabo un golpe de Estado con todas sus letras; en nombre de la “legalidad”, militares y jueces se pasaron por encima la misma Constitución.
Si en el pasado este trabajo de gorilas era propio de los altos jefes militares, ahora vemos que la misma ilegalidad está apoyada, promovida y justificada por el Poder Judicial de un país. La complicidad del Parlamento confirma esta práctica: las leyes se respetan siempre y cuando sirvan a los intereses de los sectores más poderosos de una sociedad.
Cualquier Constitución de cualquier país decente y democrático prevé la destitución de un presidente. Pero este proceso tiene determinadas condiciones y un número específico de etapas legales que garantizan su validez. Que yo recuerde, en ninguna Constitución democrática se prevé que el presidente puede ser tomado por la fuerza militar, secuestrado y expulsado de su propio país. Menos en nombre de la legalidad. Menos por orden de un puñado de jueces. Menos con la complicidad del jefe de un Parlamento que además es el opositor político del mandatario.
Todo lo cual demuestra hasta qué profundidad la cultura golpista sobrevive aún en las clases dirigentes de Honduras. Y no sólo de Honduras, lo que de paso sirve para estar alertas ante las viejas sobras de la historia latinoamericana.
Hoy defender al presidente Zelaya no es defender sus políticas ni mucho menos a su persona. Hoy, defenderlo, aun contra las instituciones (secuestradas) de Honduras, significa defender la democracia y cualquier estado de derecho en cualquier parte del mundo basado en el respeto a las leyes y la Constitución no sólo cuando conviene. Porque en una democracia las leyes y la Constitución no se corrigen rompiéndolas, sino cambiándolas. Algo que precisamente pretendía hacer el presidente secuestrado.
Lamentablemente, debo terminar esta breve nota de profundo repudio con las últimas líneas con que terminé la nota anterior al golpe: hoy Honduras se debate ante el desafío latinoamericano de enfrentar cualquier cambio político hacia la igual-libertad, hacia su destino de independencia y dignidad, o volver a los miserables tiempos en que nuestros países eran definidos como republiquetas o repúblicas bananeras.


* Escritor uruguayo. Escuela de Humanidades de Lincoln University.


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