viernes, 31 de octubre de 2008

PIDEN AMPLIAR LOS PROCESAMIENTOS EN LA CAUSA POR LOS CRIMENES DE LA ESMA (31-10-08)

PIDEN AMPLIAR LOS PROCESAMIENTOS EN LA CAUSA POR LOS CRIMENES DE LA ESMA

Para condenar por más delitos

La agrupación Justicia Ya pidió que todos los represores de la ESMA fueran juzgados por todos los casos de desaparecidos que estuvieron en ese centro de detención y que se ampliaran los delitos por los que fueron procesados.


Por Adriana Meyer
“Juicio a todos los genocidas, condena por todos los compañeros”, es la síntesis de la presentación que realizó ayer Justicia Ya en la causa ESMA. Los organismos de derechos humanos que integran este espacio y son querellantes en el expediente explicaron que “luego de cinco años de instrucción de la causa con más pruebas del país, de los centenares de responsables sólo hay 49 procesados, uno fue asesinado (Héctor Febres) y cuatro murieron; y de los casi 59 mil delitos comprobados los procesamientos fueron por menos de 16 mil, es decir, el 28 por ciento”. En el juzgado federal de Sergio Torres entregaron cinco afiches que muestran el cruce de los represores con las 695 víctimas y señalan lo que falta imputar.
La tabla, elaborada por la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos (AEDD), recopila los nombres de “casi setecientos compañeros que fueron secuestrados y llevados a la ESMA entre el 26 de marzo de 1976 y el 18 de diciembre de 1982”. Agregaron otras 20 personas que fueron asesinadas por el Grupo de Tareas fuera de la ESMA y tres que estuvieron secuestradas allí unos días antes del 24 de marzo de 1976. La información surge de los testimonios que están en la causa, brindados por sobrevivientes ante distintos organismos e instancias judiciales. “Somos conscientes de que este listado representa una ínfima proporción del total de víctimas, alrededor de cinco mil, según indican numerosos testimonios”, explicaron en una conferencia de prensa en las escalinatas de los tribunales de Retiro.
De las 695 víctimas, la mitad está desaparecida, el 39 por ciento fue liberado, el cinco por ciento permaneció en cautiverio y luego fue asesinado, y de trece se desconoce el destino. Por otra parte, identificaron a 159 víctimas que no están incluidas en el requerimiento que en su momento hizo el fiscal Eduardo Taiano. Respecto de los represores, la tabla sintetiza la situación procesal de los 49 procesados en alguno de los diez partes en los que está dividida la causa ESMA.
“Se han tomado en cuenta sólo los delitos de privación ilegítima de la libertad y tormentos; el juez no ha considerado ningún otro como, por ejemplo, reducción a servidumbre”, explicaron en Justicia Ya. “Más increíble aún resulta que ninguno fue procesado por delitos cometidos respecto de trece víctimas que sí están en el requerimiento fiscal. Por ejemplo, el juez no ha procesado a nadie por el secuestro y desaparición de Dagmar Hagelin”, agregaron.
Justicia Ya pidió ayer la detención de otros 21 represores, entre ellos un civil, que fueron localizados por organizaciones de derechos humanos, “en lugar del Estado, que no asume la responsabilidad de reconocerlos e identificarlos”, y salieron a la luz “producto de largas investigaciones, y de los quiebres y confesiones de los propios imputados”.
“Todo lo que hemos aportado está en la causa hace rato, supongo que tuvieron desde el principio una línea equivocada para elevar a juicio de a un caso, por una cantidad limitada de delitos, pensando que ésa era la mejor estrategia para acelerar los tiempos, pero se demostró que no fue así”, señaló Carlos Lordkipanidse. “Febres hubiera sido condenado sólo por cuatro casos y ahora en el juzgado nos dijeron que teníamos razón y que luego de revisar todo van a imputar por la mayor cantidad de víctimas”, agregó el Sueco Lordkipanidse. ¿Esta amplitud no complicaría el juicio oral?, quiso saber este diario. “En la elevación no van los nombres, sino los números de casos y eso da la magnitud del genocidio, no es lo mismo condenarlos por cuatro que por 500 víctimas, porque todos estos tipos son responsables por todos los compañeros, no sólo por algún caso emblemático”, dijo el sobreviviente.


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Procesan a ex interventor militar en Río Negro (31-10-08)

Procesan a ex interventor militar en Río Negro

La Justicia le imputó al general retirado Néstor Castelli los secuestros y torturas de Daniel Avalos y Carlos Lima. El ex funcionario del Proceso tiene 78 años y vive en Capital Federal. Fueron sobreseídos los últimos militares indagados por el secuestro y tortura de ex dirigentes de la UOCRA en Sierra Grande.


VIEDMA (AV)- El general de brigada retirado y ex interventor de Río Negro durante la dictadura militar, Néstor Castelli, fue procesado por los secuestros y torturas de Daniel Avalos y Carlos Lima durante la dictadura militar.
Castelli tiene 78 años y vive desde hace tiempo en la Capital Federal.
En tanto fueron sobreseídos los últimos militares indagados en el marco de esta misma causa de las detenciones ilegales de los ex dirigentes de la UOCRA en Sierra Grande.
Se trata de los ex militares Ricardo Guiñazú, Humberto Gugliermino, Diego Oswal y Julio Honrado de Mendoza y Antonio Mousa de Córdoba.
También fue sosbreseído por la jueza Federal de Viedma el ex jefe de la Policía de Río Negro, Fernando Zárraga, quien fue indagado en la Capital Federal.
Si bien todos ellos fueron mencionados por los denunciantes no se pudo probar responsabilidades en relación a las privaciones ilegítimas de la libertad y torturas de Avalos y Lima. Todos cumplieron distintas funciones en la zona atlántica durante la dictadura militar y dependieron de la Escuela Superior de Montaña conducida por Castelli que luego fue trasladado a Viedma como interventor de la provincia junto con ese mismo grupo de tareas.
Con estas situaciones procesales resueltas prácticamente estaría agotada la investigación en lo que se refiere a la causa Avalos Lima. Sólo resta que agotada todas las instancias de apelaciones la jueza Filipuzzi decrete la finalización de la instrucción lo que daría paso al trabajo del fiscal Fernando Grané para la requisitoria de elevación a juicio.
Esta sería la primera causa que es investigada en Viedma en el marco de la dictadura militar que llegaría a juicio.
El general de brigada retirado Néstor Castelli fue el primer interventor de Río Negro designado por la Junta en el último golpe militar en el país.
Además de ser interventor de la provincia ejerció paralelamente la conducción de la escuela militar de Instrucción Andina. Fue el primer militar de máxima jerarquía que declaró en la causa Avalos Lima.
Cabe recordar que en esta misma causa el mes pasado la Cámara Federal de Apelaciones con asiento en Roca confirmó el procesamiento del coronel retirado Raúl Gerardo Pedernera de 82 años por la detención ilegal y torturas de Carlos Lima y Daniel Avalos.
Pedernera fue otro militar que detentó importante poder durante el proceso militar en Viedma.
En el momento de la detención de Avalos y Lima se desempeñaba al frente de la escuela de Cadetes de la Policía en esta capital, donde uno de los detenidos ilegalmente estuvo privado de la libertad. Luego ocupó otros cargos, entre ellos, en la jefatura de la Policía y el ministerio de Gobierno de la provincia.

http://www.rionegro.com.ar/diario/2008/10/31/1225424696184.php
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OFENSIVA SINDICAL CONTRA LAS AFP -GULU MAPU

OFENSIVA SINDICAL CONTRA LAS AFP

Un ejemplo para Chile


El padre de la criatura parece estar en problemas. En Chile, la Central Unitaria de Trabajadores anunció que iniciará “una ofensiva sindical y social” para eliminar el sistema de administradoras de fondos de pensiones (AFP), que fue puesto en marcha en 1981 durante la dictadura de Augusto Pinochet. Ese sistema fue utilizado como modelo para extenderlo a otros países de la región, como Argentina. Por su parte, el ex ministro de Economía y actual senador chileno Carlos Ominami aseguró que el sistema de capitalización “no cuenta con un régimen sólido que elimine el riesgo sistémico” e indicó que el mejor esquema previsional es aquel “que tenga un pilar solidario de administración pública”.
La Central de Trabajadores de Chile exigió a las AFP que “expliquen dónde están invertidos los fondos” de los aportantes y cuánto se depreciaron éstos desde el nacimiento del sistema. “El gobierno, como representante del Estado, tiene la obligación de ofrecer al país la opción para que los trabajadores decidan si quieren seguir en un sistema de capitalización individual o entrar en uno de seguridad social”, expresó la organización.
El gobierno de Michelle Bachelet puso en marcha este año una reforma previsional, incorporando un pilar solidario y otorgando pensiones mínimas a quienes no iban a poder jubilarse: el 60 por ciento de los afiliados a las AFP. Estos cuestionamientos en Chile surgen a una semana de que el Congreso argentino vote un proyecto de ley que elimina el sistema de capitalización.
“La privatización en Chile no ha sido garantía en contra de la evaporación de los fondos. El sistema privado no cuenta con un régimen sólido que elimine el riesgo sistémico y es difícil concebir un sistema de pensiones sólido sin un pilar solidario”, afirmó el senador Ominami. “Solamente entre el 25 de julio de 2007 y el 26 de octubre de 2008, la pérdida del fondo expresada en dólares alcanza más de 25.000 millones, que es casi el monto total del cual disponen las AFJP argentinas”, detalló el ex ministro.


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Viernes 31 de octubre de 2008

/ La Nación

CUT plantea ofensiva social y movilización nacional en abril contra el sistema de AFP

Con el documento "¿AFP estatal o más de lo mismo?", la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) alzó la voz para criticar el sistema de AFP. El titular de la organización, Arturo Martínez, señaló que "en la década de los 80 se nos habló de siete modernizaciones que irían a promover el desarrollo y la buena vida para los chilenos, una de ellas fue la privatización de la seguridad social. Después de 27 años ha quedado demostrado que la administración privada con fines de lucro de los fondos de pensiones ha tenido su mayor tropiezo y serán los trabajadores quienes pagarán por ello".


Martínez señaló que "en forma descarada se le dice al país que los fondos de pensiones han perdido pero no se les dice dónde están invertidos, ni cuánto han perdido. Las AFP tienen algo que explicar a los cotizantes. El Estado de Chile tiene que hacerse cargo de éstas pérdidas porque los trabajadores no tuvieron ni tienen opción de elegir respecto a su sistema de pensiones".

En ese sentido, el titular de la CUT expresó su rechazo a que la propuesta de AFP estatal que estudia el Gobierno se enmarque dentro del sistema de pensiones que impera actualmente. "Las crisis también pueden ofrecer la oportunidad de mejorar el sistema de seguridad social, pero ello no ocurrirá sólo con la creación de una AFP estatal. El debate no es si la administra el BancoEstado o la Corfo, porque no se necesita más de lo mismo. Lo que los trabajadores quieren es una institución que junto con administrar reponga los principios básicos de la seguridad social como la universalidad, la suficiencia, la solidaridad y subsidiariedad"

Ante esto, la Central anunció el inicio de "una ofensiva sindical y social" para poner fin a las AFP y para que el Ejecutivo ponga a disposición de la ciudadanía una nueva alternativa, distinta al actual sistema, para resguardar sus fondos previsionales.

"Lo que se requiere es una previsión social, no un producto mercantil que sólo favorece a los que tienen recursos para instalar administradoras y lucrar con ello. Los chilenos necesitamos un sistema de seguridad social administrado adecuadamente, pensando en los trabajadores y no en los dueños de las administradoras", planteó Martínez.

A partir de la próxima semana la CUT sostendrá reuniones con distintos actores de la sociedad y el jueves 6 de noviembre tiene contemplado un encuentro con la Presidenta Michelle Bachelet para hacer entrega del documento en que piden reformas al sistema previsional.

En todo caso, el movimiento de la CUT no será sólo a nivel de reuniones puesto que adelantaron que se encuentran preparando un gran paro nacional para abril próximo.

http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20081030/pags/20081030192153.html


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El regreso a manos del Estado de todo el sistema previsional (31-10-08)

APOYO DE CASTELLS AL PROYECTO SOBRE LAS AFJP

“No pueden no votarlo”

Por Miguel Jorquera

El kirchnerismo salió fortalecido ayer del plenario de las comisiones legislativas que discutió la eliminación del sistema de jubilaciones privadas. Desde el ombudsman de la Tercera Edad porteño, Eugenio Semino, hasta las distintas organizaciones de jubilados y pensionados avalaron el fin de las AFJP y el regreso a manos del Estado de todo el sistema previsional. Semino lo calificó como un paso hacia una reforma integral del sistema y entidades de jubilados reclamaron distintos tipos de controles sobre los fondos que pasaría a administrar la Anses. Hasta el líder piquetero Raúl Castells respaldó la iniciativa con un llamado a la oposición y en especial a los diputados de la Coalición Cívica: “Muchachos, no pueden no votar en general este proyecto”, les dijo. El oficialismo dio por clausurado el debate en Diputados, el martes se firmará el dictamen de mayoría y el jueves la iniciativa se votará en el recinto.
El ombudsman de la Tercera Edad de la ciudad de Buenos Aires calificó el proyecto oficial como “un escalón” hacia el paso a un futuro y nuevo sistema previsional. Semino volvió a proponer ante los diputados la necesidad de avanzar en el consenso político y propuso como modelo el Pacto de Toledo, donde todas las fuerzas políticas españolas acordaron en el ’94 un decálogo de la seguridad social en ese país. “Tenemos que avanzar en el consenso político, porque las consecuencias de las políticas de seguridad social en la Argentina son hambre, exclusión, enfermedad y muerte”, sostuvo el ombudsman.
También dejó en claro que no concuerda con los argumentos esgrimidos desde algunos sectores opositores sobre las características jurídicas de los fondos de los aportantes a las AFJP. “Se ha generado una confusión muy grande a partir de una publicidad que ha sido engañosa durante mucho tiempo. Esos fondos depositados no son una cuenta bancaria, sino que tienen una cuota-parte dentro de un fondo de inversión, inversión de riesgo que como tal generó ganancias en algunos momentos y muchas pérdidas en muchos otros”, sostuvo Semino. Y remarcó que el sistema de capitalización “se riñe con los preceptos tradicionales de la seguridad social y lo que se pretende conformar un sistema estable, sustentable, controlable y que dé resultados no sólo para los futuros jubilados sino y sobre todo para los actuales”.
Varias organizaciones de jubilados expusieron frente a los legisladores su postura. Asistieron representantes de la Confederación de Jubilados, Retirados y Pensionados del país, la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados de la República Argentina, la Confederación Patagónica, Entidades de Jubilados y Pensionados Nacionales de la provincia de Neuquén y la Federación de Jubilados y Pensionados Provinciales de San Miguel de Tucumán.
Todos ellos manifestaron su respaldo al regreso del sistema previsional a manos del Estado. Pero no dejaron de manifestar sus reclamos por incorporar al proyecto del Gobierno una serie de sistema de controles sobre los fondos que pasará a administrar la Anses. Especialmente, la participación de los jubilados en un organismo de control extrainstitucional que supervise previamente el destino que la Anses disponga para distintos tipos de inversiones, a las que también exigieron ponerle límites precisos.
Quien también desconcertó a los escasos opositores que asistieron ayer al plenario de las comisiones legislativas de Presupuesto y Previsión fue Raúl Castells. El líder del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD) llegó al anexo de la Cámara de Diputados por invitación del propio oficialismo y respaldó el proyecto del Gobierno sin vacilaciones, a pesar de los cuestionamientos a la falta de controles sobre los fondos que volverán al Estado desde las administradoras privadas.
“No pueden no votar en general este proyecto”, dijo dirigiéndose a los diputados de la Coalición Cívica, aunque el reclamo alcanzó a todo el arco opositor. Luego les recordó a los lilitos que hace dos años Elisa Carrió presentó un proyecto en el que pedía el regreso al Estado de todo el sistema previsional y cuando acompañó a la mítica dirigente jubilada Norma Plá para oponerse a la privatización menemista, impulsada por Domingo Cavallo.

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AFJP, la realidad


Por José Luis Di Lorenzo *

Desde hace una década y media, los especialistas en seguridad social advertimos que la creación de las AFJP constituía un asalto al futuro del pueblo argentino. Que la reforma era inviable, inconstitucional y nula (violatoria de la voluntad individual). Que su resultado era aleatorio. Que no constituía un sistema de seguridad social. Que la renta prometida, 5 por ciento por encima de la inflación, era falsa. Que la experiencia en el mundo acreditaba que en países con estabilidad económica y monedas fuertes la tasa de interés en el largo plazo tendía a ser neutra, oscilando entre un dos por ciento negativo a un uno por ciento positivo. Que con esas tasas los haberes futuros serían paupérrimos.

Que se desfinanciaría el Estado, generando un exorbitante costo de transición.

Con el apoyo del Consejo Federal de Previsión y la sapiencia de Amancio López y Jorge Urriza, aportamos un proyecto alternativo (Cofepres) hecho propio por el entonces diputado Juan González Gaviola. Respaldado por proyecciones actuariales que nos llevaron a advertir que la reforma privatizadora, insólitamente, se proponía ¡rebajar! las futuras jubilaciones del sistema público (lo que hizo).

Discutimos, participamos, convocamos a expertos y dijimos –como también sostiene Dominique Plihon– que estos fondos de pensión eran lo que son: la savia que alimenta el capital especulativo global (Dominique Plihon), nudo gordiano de la especulación. Sin embargo, la pauta publicitaria pudo más, la propaganda silenció a la verdad y nos sumergimos en una aventura financiera que a los únicos que benefició fue a los bancos disfrazados de AFJP.

La reforma de los noventa fue exitosa: las AFJP embolsaron 12.000 millones de dólares por comisiones y el FMI incrementó nuestro endeudamiento externo en 100 mil millones de dólares, demuestra Gerardo Gentile. Tengámoslo claro, los que defienden la intangibilidad del negocio asumen el ideario de la “dependencia inteligente” (como si fuera de inteligentes ser dependientes). Y pretenden que no debemos poner “nervioso” al (dios) mercado, que ya se sabe, de vez en cuando inmola a los ahorristas no devolviéndoles sus dólares o sus pesos. Son los voceros de la sumisión incondicionada al imperialismo mundial del dinero, quienes persisten en quebrarnos la voluntad apelando al sistemático fraude comunicacional con el que desde el golpe de 1976 como pueblo nos vienen sometiendo. Metodología sobre la que vale la pena detenerse un momento.

Arranca simbólicamente en el golpe de Estado que se autodenomina de “reorganización” nacional, cuando en realidad viene a de-sorganizarnos para someternos. La aplica Martínez de Hoz cuando nos dice que viene a liberar las fuerzas productivas cuando en realidad consolida las especulativas. Continúa en democracia cuando para justificar la privatización del sistema previsional arguye que el déficit de 200 millones de pesos mensuales es impagable, suma que en realidad transfiere a las AFJP que simultáneamente crea. Es la que llama ley de “solidaridad” previsional, a la que conculca (insolidariamente) los derechos de los jubilados. Es la que pretende que las que otorgan las AFJP son “jubilaciones seguras”, ocultando que su monto futuro depende de la timba financiera. La misma que llega al paroxismo al defender que los bancos se apropien de lo que es de todos para “protegernos” de presuntos malos funcionarios.

Frente a la iniciativa enviada al Congreso para cortar el saqueo y la depredación de los recursos sociales, los sofismas se renuevan. Ahora agregan que las críticas al sistema de capitalización son ideológicas, que Chile es un modelo a imitar, que no se puede hacer un cambio tan profundo sin un debate de expertos, como en Chile se hizo, llegando hasta afirmar que se trata de un proyecto de ley de pocos artículos comparado con la magnitud de lo que se pretende cambiar. Veamos si es cierto.

Sin duda que la visión de la seguridad social es ideológica, pero no menos que la de la cuenta individual. La primera cree en la solidaridad; la segunda, como en el siglo XIX, que cada uno debe resolver por sí sus necesidades. Las referencias a la realidad en Chile, por su parte, aprovechan la desinformación y el desconocimiento. En el país hermano es cierto que hace poco se debatió con expertos la reforma de su sistema de AFP, los que, tras un debate llevado a cabo en idioma extranjero (inglés), recomendaron una reforma cosmética, cuyo objetivo central fue que el Estado se hiciera cargo de todo lo que el negocio de pensiones no atiende.

Que en Argentina no hubo debate es falso. Hubo innumerables y en ámbitos diversos, el Congreso es testigo. Hace poco se concluyó el propiciado desde el Ministerio de Trabajo, cuando convocó, en la anterior gestión, a debatir el denominado “Libro Blanco de la Previsión Social”. También los hubo en la Universidad de Buenos Aires, en el Grupo Fénix, etcétera.

Sin poner en duda la mejor intención de quienes pretenden más cantidad de artículos en el proyecto de ley (espada) que corta el nudo de la dependencia, es tiempo de alertar y recordar a dónde nos llevó el formalismo cuando cuestionó la reforma constitucional del año 1949. Por entonces se partió también de una cuestión formal (si el quórum era de dos tercios del Congreso o dos tercios de los presentes), constatándose casi 60 años después que se terminó desprotegiendo a tres tercios de los argentinos, dejando a merced de los saqueadores lo que aquella Norma Suprema protegía: los servicios públicos, los derechos sociales, etc. Nuevamente estamos ante el dilema: liberación o dependencia. Cortar el nudo gordiano es el punto de inicio de un nuevo tiempo, de un nuevo modelo. Es tiempo de abandonar el facilismo de la discusión banal y formal, el descrédito como herramienta de destrucción de la otredad, el sofisma para engañar. Porque en este tema de las AFJP, como siempre, la verdad es la única realidad, no nos olvidemos.

* Abogado, profesor de Derecho de la Seguridad Social (UBA); presidente del Instituto para el Modelo Argentino.


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LOGRARON CONGELAR FONDOS DE AFJP. EL GOBIERNO AVANZA EN CAMBIOS A LA LEY PREVISIONAL

Los fondos buitre metieron la cola

El juez Griesa, de Nueva York, impuso un embargo preventivo a inversiones de AFJP en Estados Unidos por 553 millones de dólares. En una semana habrá una audiencia clave. El Gobierno responsabiliza a las administradoras. Negocia correcciones a la ley.
Por David Cufréy Miguel Jorquera

Mientras el Gobierno avanza en negociaciones en el Congreso para conseguir el apoyo de diputados de la oposición al proyecto previsional a cambio de introducir correcciones a la ley, los fondos buitre metieron la cola: lograron que el juez Thomas Griesa de Nueva York congelara hasta el próximo jueves inversiones de al menos cinco AFJP en Estados Unidos por 553 millones de dólares. El magistrado hizo lugar a una acción de amparo presentada por el estudio Simpson Thacher & Bartlett en representación de acreedores de la Argentina que rechazaron el canje de deuda de 2005. Se trata de los fondos Aureluis y Blue Angel, que encontraron un atajo legal en la estatización de los recursos previsionales. Antes, al ser privados, no podían tocarlos. Ahora, frente a su probable transferencia al sector público, consideran que pasan a ser embargables. Griesa dio aire a esa interpretación y convocó a una nueva audiencia el próximo jueves para resolver si extiende o no el congelamiento preventivo.
La primera reacción oficial frente a la noticia fue advertir que la responsabilidad de la administración de esos fondos corresponde a las AFJP y que serán ellas las que deban responder por la suerte del dinero. “Los activos embargados no son del Estado nacional sino de las AFJP”, puntualizó el superintendente del sector, Sergio Chodos, después de una reunión en Casa Rosada con Sergio Massa. “Son ellas las que estaban a cargo de esos intereses y las que deben defender esos activos”, recalcó el funcionario. La versión del Gobierno es que cualquier reclamo legal de afiliados a las AFJP deberá ser orientado a las empresas que llevaron la plata a Estados Unidos.
Los abogados que defienden al Estado argentino en Nueva York por acciones de los holdouts argumentaron en la audiencia en la que Griesa ordenó el embargo preventivo que el dinero es de la administración privada. Sin embargo, no lograron convencerlo. Chodos insistió en que “el destino de esos recursos es exclusiva y excluyentemente para prestaciones previsionales y no deben ser utilizados para otros fines ni acá ni en ningún otro lugar”. “Es un intento de fondos buitre para tomar posesión de activos más allá de que les corresponda o no”, completó.
El titular de Anses, Amado Boudou, calificó la medida judicial como “una decisión alocada” de Griesa. Lo dijo ayer durante una reunión en el Congreso con la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Patricia Vaca Narvaja; el titular del bloque del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, y la secretaria de la bancada, Patricia Fadel. El funcionario les anticipó a los legisladores que el Gobierno le explicará al juez que los recursos previsionales están separados de la caja del Estado: son de los trabajadores y el sector público lo único que hace es administrarlos.
Boudou se juntó con las autoridades del bloque oficialista de Diputados para comentarles que el Ejecutivo está dispuesto a retocar la ley de estatización total de las jubilaciones, a fin de llegar a un acuerdo con diputados de la oposición. En concreto, con el bloque SI, que tiene como referente en esta materia a María América González, y con el monobloque de Claudio Lozano. Ambos legisladores mantuvieron un encuentro anteayer con Boudou en la sede de la Anses. Allí le presentaron sus propuestas de cambios a la ley y obtuvieron un guiño del funcionario de que serían atendidas, al menos en parte.
Una de las modificaciones centrales tomó mayor relevancia a partir de la decisión de Griesa: reforzar la autonomía económica y financiera de los recursos previsionales que serán administrados por Anses. El proyecto de ley ya lo establece, pero delega su alcance al Poder Ejecutivo a través de la reglamentación de la norma. González y Lozano reclamaron que se elimine ese punto y que la autonomía quede completamente definida en el texto que apruebe el Congreso. Boudou les garantizó que el conjunto de los fondos previsionales quedará en una cuenta separada de las arcas del Estado y que el jefe de Gabinete, por ejemplo, no tendrá atribuciones para tocar esas partidas. De allí que el Gobierno le dirá a Griesa que la Anses sólo administra fondos que no son propios, sino de los jubilados, y por esa razón son inembargables.
El segundo cambio a la ley es la incorporación de un reglamento específico para las inversiones que podrá hacer Anses con la plata de los jubilados: prohíbe la compra de activos financieros extranjeros como hacían las AFJP y detalla los usos posibles, orientados a financiar la producción, el consumo, obras públicas y el desarrollo social. Finalmente, se creará un consejo de control de las inversiones con participación de jubilados, centrales sindicales y empresarios. La oposición pide que sus opiniones sean vinculantes y previas a cualquier decisión, aunque Boudou indicó que sólo serían controles ex post.


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Parques busca soluciones políticas con mapuches (31-10-08)


REAFIRMAN RECUPERACIÓN TERRITORIAL

Convocan a jornadas de trabajo comunitario en Ñirihuau

"A toda nuestra gente les decimos que nos fortalecemos con su apoyo y acompañamiento y se abre para nosotros aquí en el territorio recuperado una nueva forma de articulación con todos ellos, para seguir concretando la defensa y la recuperación territorial como pilares fundamentales de nuestra proyección, porque del territorio depende la continuidad de nuestro pueblo", señalaron los mapuches por medio de un comunicado público.
Por Azkintuwe / Jueves 30 de Octubre de 2008


BARILOCHE / Integrantes de Lof Inkaial Walmapu Mew que el 11 de octubre iniciaron el proceso de recuperación en el Ñirihuau, convocaron a participar de una jornada de trabajo comunitario en el territorio recuperado. La actividad se realizará este fin de semana (viernes 31, sábado 1 y domingo 2 de noviembre) en Ñirihuau. Además se proyectarán videos relacionados con la lucha de comunidades contra las multinacionales petroleras. Los mapuches también informaron que continúan reuniéndose en Trawun con los pobladores mapuche de Ñiriwau arriba.

De esta forma, los comuneros buscan reafirmar el proceso de recuperación territorial que tiene como contraparte querellante a Parques Nacionales. Cabe destacar que en conferencia de prensa, realizada en la misma intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi, Patricia Pichunleo señaló que "somos gente mapuche y reclamamos el territorio saqueado por Parques Nacionales". Frente a las declaraciones de Parques Nacionales, que considera usurpadores a los mapuches, Pichunleo afirmó rotundamente: "Nosotros decimos ningún mapuche es intruso en su propia tierra". Respecto a declaraciones sobre el estado nacional, explicó "que somos mapuches antes que Argentinos y Chilenos". A continuación, Sandro, explicó que se trata de un territorio indeterminado, y aclaró que "no reclamamos hectáreas, sino el derecho a regresar". Fue más duro aún y sostuvo que la guerra continúa y manifestó que el Estado genocida tiene que hacer una reparación histórica. "Perdimos esa guerra, pero el pueblo mapuche siguió vivio y recuperándose", aseguró Sandro.

La fragmentación entre el propio Pueblo Mapuche también es responsabilidad del estado que quiere hacernos olvidar quien es el enemigo. Este estado y su institución Parques Nacionales, nos han forzado a dejar nuestros lugares ancestrales, sus guardaparques han volteado las casas de nuestra gente. Ellos expulsándonos nos han condenado a la pobreza. Hoy volvemos y decimos que esta recuperación es un hecho histórico para todos los Mapuche.

Patricia fue más allá y dijo:"puede sonar duro decir que Parques Nacionales es un usurpador histórico pero es la verdad". Al mismo tiempo aseguró: "claro que reconocemos al Estado, es el genocida. Nos dicen usurpadores. Nosotros decimos, ningún mapuche es usurpador en su propia tierra". FInalmente, informaron que se están reuniendo con la familia del poblador Dionisio Riquelme, "a ver cómo podemos llegar a un acuerdo". La convocatoria a jornadas de trabajo comunitario seria, a juicio de los dirigentes, una muestra más del control territorial que los mapuches estarían ejerciendo en la zona.

Texto del comunicado

Inchiñ lof Inkaial Wall Mapu mew pigey... desde Ñiriwau arriba, Territorio Mapuche recuperado desde ya hace 20 días, el Lof Inkaial Wall Mapu Mew queremos comunicar que continuamos reuniéndonos en Xawun con los pobladores Mapuche de Ñiriwau arriba. Estamos convencidos que el Xawun es el UNICO ámbito de discusión que como Mapuche podemos tener. Creemos que en este espacio se pueden construir acuerdos y darnos la posibilidad de ser uno y tener un solo pensamiento, como tantas veces aconsejan los ancianos Mapuche. La fragmentación entre el propio Pueblo Mapuche también es responsabilidad del estado que quiere hacernos olvidar quien es el enemigo. Este estado y su institución Parques Nacionales, nos han forzado a dejar nuestros lugares ancestrales, sus guardaparques han volteado las casas de nuestra gente. Ellos expulsándonos nos han condenado a la pobreza. Hoy volvemos y decimos que esta recuperación es un hecho histórico para todos los Mapuche. Así lo han entendido las Comunidades Mapuche, Organizaciones Mapuche y Solidarios con la lucha del Pueblo Mapuche que se han expresado a favor de esta recuperación territorial nuestra gente de los Lof: Comunidad Newen kom (Waikiñelo-Allen, Río Negro), Comunidad Kona Niyeu ( Meseta Somuncura-Río Negro), Comunidad Pulan lafken (Laguna Blanca-Río Negro), Comunidad Inchiñ Chiweu Folil (Sierra Colorada), Lof (Comunidad) Lonco Puran (Neuquén), Comunidad Elel Quimun (Fiske Menuco – Gral Roca), Comunidad Motoco Cardenas (Lago Puelo-Chubut), Comunidad Cayún (Lago Puelo-Chubut), Comunidad Santa Rosa Leleque (Chubut), Comunidad Quintupuray (Cuesta del Ternero-Río Negro), Comunidad Las Huaytekas (Los Repollos-Río Negro), Pu Mapuche de El Bolsón (Río Negro), Mahuidanches (El Bolson-Río Negro), Ruka Mapuche Furilofche (Bariloche-Río Negro), Mapuche Autónomos e Independientes (Bariloche-Río Negro), Organización Mapuche Tehuelche de Trelew (Chubut), Mapunche-Chewelcho de Sierra Colorada (Río Negro), Comunidad Willi pu Folil Kona (Puerto Madryn-Chubut), Werken Pu Warria Che Ti Kurru Leufu (de Viedma y Valcheta-Rio Negro), Colectivo Radial Petu Mongeleiñ (El Maiten-Chubut), Coordinadora por la Libertad de los Presos Políticos Mapuche (Valparaíso – V Región), Lagrupaí – Conducción del Centro de Estudiantes del Centro Regional Universitario Bariloche (Río Negro), Ñawpayachaykuna-Biblioteca Andina de Abra Pampa (Jujuy), Agrupación Universitaria E.R.A. de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de UNCuyo (Mendoza), Defensoría Internacional de los Derechos de los Pueblos (Ginebra-Suiza). A toda nuestra gente les decimos que nos fortalecemos con su apoyo y acompañamiento y se abre para nosotros aquí en el territorio recuperado una nueva forma de articulación con todos ellos, para seguir concretando la defensa y la recuperación territorial como pilares fundamentales de nuestra proyección, porque del territorio depende la continuidad de nuestro pueblo. Continuaremos denunciando y exigiéndole a este estado la deuda histórica que tiene con nuestro pueblo. Convocamos a nuestros Lamuen y Peñi para este fin de semana (viernes 31, sábado 01 y domingo 02 de noviembre) para realizar una jornada de trabajo comunitario en el territorio y a una proyección de videos relacionados con la lucha de comunidades mapuche contra las multinacionales petroleras que solo dejan contaminación y muerte. Aquí continuaremos… De la expulsión a la recuperación. Con el territorio todo, sin el territorio nada.
Marichi weu!! Marichi weu!! (Las tierras robadas serán recuperadas)

LOF INKAIAL WAL MAPU MEW Miercoles 29 de octubre Contactos Lof Inkaial Wal Mapu
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Parques busca soluciones políticas con mapuches

Evitarán el camino judicial con quienes ocuparon Alto Ñirihuau

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi, Juan Salguero, aseguró que la ocupación de tierras iniciada días atrás por una comunidad mapuche en Ñirihuau Arriba "no debe tener una respuesta judicial sino política".

No obstante, se mostró preocupado por "no haber podido todavía entablar diálogo" con la agrupación Inkaial Wall Mapu Meu y advirtió que "existen amenazas de otras ocupaciones" en tierras bajo jurisdicción de Parques y también del municipio.

"Si no encontramos la forma de resolver esto es posible que la situación se agrave muy pronto", alertó ayer Salguero durante una reunión en el Concejo Municipal.
El titular del PNNH expuso ante los ediles las políticas de integración y "comanejo" que ese organismo mantiene con distintas comunidades mapuches, como los Wiritray, Quintupuray y Paichil Antriao.

Con algunos de ellos acordaron la cesión de tierras, y colaboran en proyectos forestales, turísticos y de caza deportiva. También mantienen buena relación con "pobladores indígenas aislados", que desde hace décadas crían ganado dentro del parque.

En contraposición, dijo que con los jóvenes que ocuparon en Ñirihuau "el diálogo es muy difícil porque no reconocen a las instituciones y señalan a Parques como el enemigo".

Con una claridad que los concejales no acostumbran escuchar (y mucho menos esgrimir), Salguero dijo antes que nada que quería dejar sentada su "posición ideológica". Para el intendente del PNNH "la Campaña del Desierto fue un avasallamiento" en perjuicio de "quienes ocupaban en ese momento el territorio". Admitió también que el Estado nacional "incumplió hasta ahora todos los compromisos con los pueblos indígenas" establecidos en la última reforma constitucional.

En relación con los hechos de Ñirihuau, Parques presentó una denuncia penal por usurpación, pero Salguero dijo que no piensan impulsar esa vía sino concentrarse en las gestiones políticas y en la búsqueda diálogo.

"Esta comunidad nos sorprendió, no sabíamos quiénes eran, no tenían presencia en el lugar y los pobladores no los conocían", aseguró.

De hecho, algunos antiguos pobladores del Alto Ñirihuau que también se reivindican como mapuches manifestaron su disgusto con los ocupantes.

La inquietud del intendente del PNNH fue refrendada por los concejales, quienes podrían emitir una declaración de apoyo a lo actuado por el organismo en relación con las comunidades indígenas.

El concejal del ARI Darío Rodríguez Duch -un abogado con amplia experiencia en la defensa de la causa mapuche-, también cuestionó las razones de los ocupantes de Ñirihuau Arriba.

"Son mapuches urbanos, los conozco bien, pero no podemos acompañar en este caso el reclamo de los chicos -aseguró-. No vamos a avalar esto porque es insostenible, es inorgánico, no han respetado la decisión de sus mayores".

En opinión de Duch, "Salguero trabaja muy bien y tanto el Parque Nacional Nahuel Huapi como el Parque Lanín han logrado avances muy concretos en la relación con los pueblos originarios".

El abogado del ARI interpretó que "Parques es el organismo menos indicado para señalarlo como el enemigo.
http://www.rionegro.com.ar/diario/2008/10/31/1225424696175.php

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Jueza procesó a ex actuario que robó y ocultó expediente de caso Anfruns (31-10-08)

Viernes 31 de octubre de 2008

Por A. Ch. / La Nación

Jueza procesó a ex actuario que robó y ocultó expediente de caso Anfruns

Los tres tomos originales de la causa estuvieron desaparecidos por diez años. Sólo fue posible recuperarlos porque el encausado intentó venderlo al abogado querellante.

La titular del Cuarto Tribunal del Crimen de Santiago, Ximena Sumonte, procesó ayer por el delito de sustracción de expediente al ex funcionario judicial Sandro Araya Ríos, quien robó y ocultó durante 10 años tres tomos del caso Anfruns.

Según los antecedentes reunidos, el encausado sustrajo en 1998 desde el Sexto Tribunal del Crimen de Santiago el expediente original de la investigación por la muerte de Rodrigo Anfruns (6), que desapareció en junio 1979. Su cuerpo apareció 11 días después en un sitio eriazo, vecino a la casa de sus abuelos.

La jueza estimó que el plazo de prescripción sólo comenzó a correr desde el momento en que se estampó la denuncia por extravío de la causa en 2004, cuando se reabrió el caso que hoy instruye el ministro en visita Manuel Valderrama.

Araya quedó recluido en la ex Penitenciaría debido a que hay diligencias pendientes, que serían entorpecidas con su libertad.

La magistrada también encausó al cómplice del ex funcionario judicial, Juan Manuel Véliz Díaz (72), quien ayudó el martes pasado a intentar vender al querellante de la causa, abogado Roberto Celedón, el expediente en una suma cercana a los $12 millones.
La resolución de Sumonte indica que Véliz fue procesado en calidad de encubridor del mismo ilícito. Pero en su caso la jueza decidió otorgarle la libertad provisional. Durante la jornada de ayer la magistrada interrogó extensamente a los dos implicados en los hechos.

SE REACTIVAN DILIGENCIAS

La próxima semana el ministro Valderrama dictaría nuevas diligencias tendientes a establecer si en el expediente original existen antecedentes que no estén incluidos en el expediente reconstruido por el juez que instruyó la causa.
Según el abogado de la familia Anfruns, en los papeles originales pueden haber pistas que permitan esclarecer lo que realmente sucedió.

http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20081030/pags/20081030212815.html

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Red de corrupción: indagan rol de gendarmes y carabineros (31-10-08)

Viernes 31 de octubre de 2008

Por L. Ayala / A. Chaparro / La Nación

Continúan intensas diligencias tras nueva aparición de un fallo falso en la Corte
Red de corrupción: indagan rol de gendarmes y carabineros

Incesante es la búsqueda de más integrantes de la ilícita organización desbaratada por la Fiscalía. El marido de ex funcionaria judicial formalizada trabaja en la ex Penitenciaria.

Bajo la lupa de la fiscal Centro Norte, Nancy González, están en este momento todas las reparticiones que pudieran haber colaborado con el "negocio" de la red de corrupción.

A los ya formalizados funcionarios del Poder Judicial, los detectives de la PDI y a las comisarías indagadas ahora se suman diligencias que apuntan a posibles contactos en Gendarmería, entidad encargada de custodiar a los reos y de materializar el abono de penas, beneficios y libertades de los internos.

Las pesquisas se han intensificado tras la aparición de una nueva resolución falsa en la Corte de Apelaciones de Santiago, que ya está en poder de la prosecutora.

Allegados a la causa señalaron a este medio que es muy alta la probabilidad de que integrantes de la entidad penitenciaria estén vinculados con la organización que encabezaba Margarita Cuadros, alias "La Gata".

En abril de este año apareció el nombre del sargento Guillermo Córdova debido al vínculo matrimonial que tiene con la removida funcionaria judicial Gloria Navarrete (ver dato). En ese momento, dijeron cercanos a la indagación, surgieron las primeras sospechas.

Actualmente, se investiga si "Maggie" -o sus mujeres de confianza, como Navarrete- tenía conocidos al interior de Gendarmería, ya que son los funcionarios de los recintos penitenciarios justamente el último control que debía sortear la organización para que sus operaciones fueran exitosas.

El vocero de la Corte Suprema, Milton Juica, informó ayer que el máximo tribunal confirmó la remoción de la ex administrativa del Cuarto Juzgado de Garantía, Gloria Navarrete, quien envió en abril pasado un fax con una resolución falsa a la cárcel de Los Andes para beneficiar a un narcotraficante.

Lo burdo que resultaba la resolución que dejaba en libertad a un peligroso delincuente hizo sospechar al alcaide del recinto penitenciario, situación que originó esta indagatoria por resoluciones falsas.

El ministro Juica además comentó que "esta es una investigación que nos tienen muy interesados y no la vamos a perder de vista".

QUERELLA CDE

En tanto, ayer el comité penal del Consejo de Defensa del Estado (CDE) decidió ampliar la querella presentada en junio pasado y sumar a todos los últimos formalizados.

Actualmente están querellados por el CDE Uberlinda Elizondo (otra funcionaria del Cuarto Juzgado involucrada), la removida Gloria Navarrete, el ex detective Manuel Donoso y seis delincuentes beneficiados por la red.

La acción sería presentada este lunes por los delitos de soborno, cohecho y falsificación de instrumento público. Además de delitos informáticos y asociación ilícita.

Suprema Remueve a funcionario

El pleno de la Corte Suprema resolvió ayer expulsar del Poder Judicial al funcionario del Octavo Tribunal del Crimen de Santiago, Rodrigo Cortés, quien fue formalizado y sancionado administrativamente tras constatarse que adulteró sentencias, informes y documentos de numerosas causas que eran tramitadas en ese juzgado.

También se acordó elevar las sanciones impuestas al juez del tribunal Sergio Córdova, quien recibió 15 días de suspensión, y a la funcionaria Jessica Cofré, a la que se le aplicó la medida disciplinaria de censura por escrito. Estos últimos habrían sido negligentes al no detectar las adulteraciones.

Corte procesó a antiguo “fallador”

La Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de la capital procesó ayer a Fernando Yévenes -más conocido en los pasillos de tribunales como “El fallador”- por el delito de ejercicio ilegal de la profesión. El encausado denunció en 2004 que hacía fallos para jueces del Crimen sin tener siquiera título de abogado.

La investigación en su contra involucró a jueces y funcionarios de distintos tribunales.
La causa fue instruída originalmente por el entonces ministro del tribunal de alzada Rubén Ballesteros -actual miembro de la Corte Suprema- quien debió indagar si se trataba de un red de “falladores” y cuáles eran los tribunales afectados. Así como los montos comprometidos en esta irregular práctica.

http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20081030/pags/20081030213311.html


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Escalona y Zaldívar analizan extensión de pacto con PC (31-10-08)

Viernes 31 de octubre de 2008

/ La Nación

Escalona y Zaldívar analizan extensión de pacto con PC

Escalona expresó que "ponerle término a la exclusión es perfectamente posible de resolver en 2009", lo que no implica, precisó, que la izquierda extraparlamentaria deba declinar su opción de llevar una figura presidencial a primera vuelta.


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Tras las municipales y los buenos resultados que generó el pacto por omisión entre la Concertación y el Juntos Podemos Más, el presidente del PS, Camilo Escalona, y el ex ministro del Interior, Andrés Zaldívar, vieron con buenos ojos la posibilidad de extender el acuerdo a las parlamentarias 2009, aunque con matices.Escalona expresó que "ponerle término a la exclusión es perfectamente posible de resolver en 2009", lo que no implica, precisó, que la izquierda extraparlamentaria deba declinar su opción de llevar una figura presidencial a primera vuelta.
A su juicio, este asunto "no tiene que ponerse como condición por parte nuestra. Creo que esa es una condición que los comunistas no va a aceptar y que me parecería extremadamente autoritaria de parte nuestra. Por eso no la comparto".
Respecto de la fórmula para lograr, efectivamente, la llegada de fuerzas minoritarias al Parlamento, Escalona dijo que "(podemos) encontrar un acuerdo por omisión en algún distrito o, lo que yo creo sería eficaz desde el punto de vista electoral, que podamos en la lista de la Concertación -en algún distrito expresamente convenido- incluir una figura comunista de manera que podamos elegirlo o doblar en algún distrito".
El ex ministro del Interior, Andrés Zaldívar, en tanto, dijo que los "coqueteos" del oficialismo con la izquierda extraparlamentaria "no conllevan a pactos programáticos o valóricos. Por supuesto se pueden buscar entendimientos y acuerdos electorales con otros partidos políticos, incluso con el PC, pero con claridad: ellos no son parte de la coalición".
"No veo un Gobierno constituido por la Concertación más el PC, aquí no se pueden sumar cosas que no suman", sentenció al tiempo en que señaló que la DC podría ser la más castigada con este acercamiento.
Agregó que "hacer acuerdos electorales se puede, lo que no se puede hacer es pretender incorporar a un acuerdo programático a una fuerza que no tiene coincidencias con la Concertación, más allá de las coincidencias puntuales".
http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20081030/pags/20081030214145.html

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Arrate se “baja” de convención del PS (31-10-08)



Viernes 31 de octubre de 2008

Por Lorena Ferraro / La Nación


Escalona contesta que las minorías siempre se resisten a participar en estos procesos de definición

Arrate se “baja” de convención del PS

El ex ministro e ideólogo de la renovación socialista afirmó que la reunión del 30 no ofrece garantías, porque la mesa de la colectividad ya decidió proclamar a José Miguel Insulza. Arrate se manifestó favorable a reconstruir un eje PS-PC.

"Lo que se está tratando de hacer aquí es darle legitimidad a una proclamación que ya hizo el partido hace mucho tiempo, que es la candidatura de José Miguel Insulza. No vamos a participar en un evento que tiene más bien fines de carácter publicitario".

Bajo esa premisa anunció ayer el precandidato a la presidencial del PS, Jorge Arrate, su determinación de restarse de la convención programada por la tienda para el 30 de noviembre. En ésta se definiría la carta socialista para La Moneda.
Tras sostener una prolongada reunión con el presidente socialista, Camilo Escalona, el ex ministro -ideólogo de la renovación socialista en los años 80- no descartó tampoco la posibilidad de competir en una alianza con la izquierda extraparlamentaria.

Acompañado del diputado Sergio Aguiló -que ratificó la inconveniencia de realizar el evento partidario del 30, dado que "hay un candidato que ya está proclamado, es bastante oneroso, entre otras cosas, y constituye un esfuerzo inmenso hacer una convención"-, Arrate defendió la realización de una primaria abierta como mecanismo para escoger al abanderado de la multipartidaria.

Con todo, según advirtió Escalona, la decisión arratista no influirá en la realización de la cumbre del 30, la cual -aseguró- "no se moverá" de la fecha presupuestada.

De paso, el senador anunció que el lunes 3 entregará a los presidentes de la Concertación una propuesta para integrar en la primaria abierta a figuras presidenciales externas a las elegidas previamente por cada partido.

La idea, puntualizó Escalona, es que estas postulaciones puedan ser presentadas, de acuerdo con su ejemplo, por diez diputados y senadores o 40 alcaldes y concejales.
Este sistema, aseguró, permitiría que en la papeleta figure la opción del ex Presidente Ricardo Lagos, sin que sea necesario el consentimiento del ex Jefe de Estado.
Arrate, en tanto, consultado por la posibilidad, como ha trascendido, de transformarse en carta presidencial de Juntos Podemos -el propio presidente del PC, Guillermo Teillier, se ha mostrado disponible a declinar su postulación a favor de Arrate o del también socialista Alejandro Navarro si éstos abandonan la Concertación- contestó a La Nación que no ha cerrado la puerta a ninguna alternativa.
"Yo tengo todas las opciones abiertas, no las he cerrado, y lo que me tiene muy tranquilo es que yo soy un candidato distinto a los otros, que son de continuar con la Concertación como está ahora, con algunas modificaciones. Yo estoy por comenzar a construir un nuevo referente, con un nuevo programa, que signifique incorporar aquellos elementos del programa de la Concertación que no se han ejecutado en estos 18 años y agregarle nuevas propuestas", argumentó.
En esta línea, se sinceró en que, aunque "sería una opción muy dura" abandonar 46 años de militancia en el PS, "es menos dura cuando me asiste la convicción de que la gran mayoría de los votantes comparten mi inconformismo y, por lo tanto, esa es una decisión que, considerando estos elementos, la voy a tomar cuando corresponda".

MINORÍAS Y EXCUSAS

Con la mira en aquel nuevo referente que pretende aglutinar a través de su candidatura -llamada "El pueblo del No"-, Arrate afirmó que "la izquierda extraparlamentaria es indispensable" y admitió acercamientos y similitudes políticas con Teillier y el PC: "Con Guillermo seguimos teniendo muchas coincidencias en cómo mirar el futuro de Chile, y espero que seamos capaces la mayoría de los socialistas y los comunistas de reconstruir un entendimiento de izquierda, que -además- se amplíe a otros electores y pueda ofrecerle una opción distinta al pueblo de Chile".

Tras el desistimiento de Arrate y Aguiló de concursar en la convención del PS, el presidente de éste lamentó la determinación. "Siempre las minorías tienen excusas", disparó Escalona.

"Es lo más cómodo para no participar. Lamento que él no quiera participar, yo lo convidé, le dije que no tenía para qué autormarginarse. Las puertas están abiertas para todos, pero cuando uno no tiene suficiente respaldo quiere restarse y no me parece que sea el camino idóneo", concluyó el timonel.

Invitación a los colorines

El presidente interino de la DC, Jorge Burgos, lanzó una invitación a los militantes que renunciaron al partido para irse al PRI con Adolfo Zaldívar a volver a la tienda. “Si gente que se fue en la última mesa voluntariamente quisiera analizar volver, bienvenido; eso ha sido ayer y hoy y tiene que ser así, los partidos son para recibir a las personas”, declaró Burgos.

A su turno, el ex canciller Ignacio Walker, otro de los nombres que se ha barajado para sustituir a la senadora Soledad Alvear, dijo que “algunos del PRI debiesen volver a la DC. Otros han sido muy odiosos. Yo hablaría con (Carlos) Olivares y (Pedro) Araya”. “Creo que hay que abrir puentes, pero con un sólo objetivo: unirse y renovarse”, planteó
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La Agrupación Familiares Ejecutados Políticos (AFEP) pidió al pleno de la Corte Suprema que informe sobre mil homicidios que no estarian siendo invest



Viernes 31 de octubre de 2008

Por Jorge Escalante / La Nación


Familiares afirman que más de mil homicidios no estarían siendo investigados


Ejecutados políticos, un nuevo conflicto en derechos humanos


La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) pidió al pleno de la Corte Suprema que informe acerca de esta situación, y demandó a la Presidenta Bachelet recursos para perseguir a los culpables.

Un nuevo y conflictivo escenario se generó en materia de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, dado que la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) sostiene que mil 164 homicidios no estarían siendo investigados por los tribunales, incluyendo las víctimas de las protestas iniciadas en 1983.

Ayer esta agrupación que preside Marta Godoy, representada por los abogados Hugo Gutiérrez, Rubén Jerez y Rodrigo Román, solicitaron al pleno de la Corte Suprema que informe respecto de cuántos procesos se instruyen por crímenes en los cuales los cadáveres fueron entregados a sus familiares, casos que en el Informe Rettig y complementación posterior de 1996 figuran como "muertos", diferenciándolos de los "detenidos desaparecidos".

Los demandantes criticaron a la Presidenta Michelle Bachelet por negarles, dijeron, "en cuatro oportunidades" una entrevista para plantearle la situación, y en una carta entregada en La Moneda insistieron en ser recibidos y escuchados.

El problema de fondo se genera porque, reconquistada la democracia en 1990, las instituciones creadas para colaborar con los tribunales en la persecución de los responsables de estos delitos, no contemplan hacerlo respecto de las víctimas con categoría de ejecutados, como sí sucede con los desaparecidos. Los recurrentes sostienen que tampoco existen recursos profesionales y financieros para esa tarea.
Expresaron que el Programa de DDHH del Ministerio del Interior no está facultado para hacerse parte ni actuar en relación a este tipo de víctimas.

En el mismo sentido, manifiestan que tampoco el Estado ha recopilado información acerca de los ejecutados, como sí existen para los detenidos desaparecidos. Y que la Fundación Archivo de la Vicaría de la Solidaridad no mantiene información sistematizada acerca de estas víctimas, como lo hace con los desaparecidos cuyos datos aporta a los tribunales que instruyen estos juicios.
La AFEP simbolizó su presentación al pleno de la Corte Suprema en los casos de Guillermo Zamorano Díaz, Arnaldo Flores Echeverría, Marisol Vera Linares, Mauricio Maigret Becerra, Sergio Aedo Guerrero, Iván Aqueveque Antileo, Eduardo Vielma Luengo, Silvia Orellana Pino, Héctor Queglas Maturana, Luis Saavedra González, Manuel González Allende, Simón Allende Fuenzalida y Alamiro González Saavedra.

MÁS CONDENAS POR VIOLACIONES DE LOS DDHH

La Segunda Sala de la Corte Suprema condenó a cinco años de presidio a Manuel Contreras Sepúlveda y a tres años a Marcelo Moren Brito y Miguel Krassnoff por el secuestro calificado de Ofelio de la Cruz Lazo Lazo, ocurrido el 30 de julio de 1974, en Santiago.

Además, los ministros Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y el abogado integrante Domingo Hernández ordenaron al fisco a pagar una indemnización de 100 millones de pesos a los hijos de la víctima. El ministro Ballesteros estuvo por aplicar la prescripción de la acción penal y, junto a Rodríguez, en contra en el aspecto civil.

PRIMERA INSTANCIA

En tanto, el ministro en visita de la Corte de Temuco, Fernando Carreño, condenó a cinco años y un día de presidio efectivo a los funcionarios de Carabineros en retiro sargento primero (R) Eudocio Díaz Ibacache y al suboficial (R) Edgardo López Cofré por los secuestros calificados de Segundo Barriga Gutiérrez y Hernán Catalán Escobar ocurridos a partir de noviembre de 1975 en Pitrufquén, IX Región.






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jueves, 30 de octubre de 2008

Denuncian que más de mil homicidios de la dictadura no son investigados

30 de Octubre de 2008

Denuncian que más de mil homicidios de la dictadura no son investigados

Según el abogado Hugo Gutiérrez, el problema de fondo se genera porque, reconquistada la democracia en 1990, las instituciones creadas para colaborar con los tribunales en la persecución de los responsables de los delitos de la dictadura no contemplan la posibilidad de hacerlo respecto a aquellas víctimas con categoría de muertos, sino sólo respecto a los desaparecidos.

La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) denunció este jueves que más de 1.000 homicidios cometidos durante la dictadura que encabezó en el extinto general Augusto Pinochet (1973-1990) no son investigados por los tribunales.Según antecedentes que posee la AFEP, unos 1.164 casos de homicidios no están siendo investigados, por lo que solicitó al pleno de la Corte Suprema que informe de cuántos procesos se instruyen actualmente por crímenes en los cuales los cadáveres fueron entregados a sus familiares, aseguraron los abogados de la organización.Se trata de casos que en el Informe Rettig, que documentó las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar y datos posteriores a 1996, figuran como "muertos", para diferenciarlos de los "detenidos desaparecidos".Según el abogado Hugo Gutiérrez, el problema de fondo se genera porque, reconquistada la democracia en 1990, las instituciones creadas para colaborar con los tribunales en la persecución de los responsables de los delitos de la dictadura no contemplan la posibilidad de hacerlo respecto a aquellas víctimas con categoría de muertos, sino sólo respecto a los desaparecidos.El letrado añadió que tampoco existen los recursos profesionales, materiales ni financieros para efectuar esta tarea.De acuerdo con los familiares, el Programa de Derechos Humanos del Gobierno no está facultado para hacerse parte ni actuar en relación a este tipo de víctimas.En el mismo sentido, la AFEP agregó que tampoco el Estado ha recopilado información acerca de los ejecutados como la que existe sobre los detenidos desaparecidos.Entre los casos no investigados de víctimas que aparecen como "muertos" están Guillermo Zamorano Díaz, Arnaldo Flores Echeverría, Marisol Vera Linares, Mauricio Maigret Becerra, Sergio Aedo Guerrero, Iván Aqueveque Antileo, Eduardo Vielma Luengo, Silvia Orellana Pino, Héctor Queglas Maturana, Luis Saavedra González, Manuel González Allende, Simón Allende Fuenzalida y Alamiro González Saavedra. EFE

http://www.elmostrador.cl/index.php?/noticias/articulo/denuncian_que_mas_de_mil_homicidios_de_la_dictadura_no_son_investigados/

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La organización criminal que tiene nerviosos al Poder Judicial, Investigaciones y Carabineros (26-10-08)

Domingo 26 de octubre de 2008

Por Andrea Chaparro y Luis Narváez / La Nación Domingo

La organización criminal que tiene nerviosos al Poder Judicial, Investigaciones y Carabineros
La red

Muchos dudan que la red de corrupción en tribunales sea una asociación ilícita. Pero la acción de tres mujeres ha dado origen a una investigación que parece no distinguir rangos entre delincuentes, policías o jueces. Los servicios que prestaba esta organización aún están por develarse, sobre todo la existencia de clientes VIP.


La situación había rebasado todos los límites posibles y aún había tiempo para mitigar las consecuencias. Gloria Navarrete, madura funcionaria del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago y ex actuaria de los viejos juzgados del crimen, conocía muy bien todas las triquiñuelas y, probablemente, maneja las normas penales mejor que cualquier abogado. Por eso, esa mañana, cuando decidió ponerse un micrófono y una cámara oculta en la solapa de la chaqueta que eligió vestir, sabía perfectamente que estaba asegurando su libertad en caso de ser hallada culpable de algún delito de corrupción.
El ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Mario Carroza indagaba desde principios de año una serie de irregularidades, advertidas por jueces que detectaron oficios falsos en los que se reducía el tiempo de cárcel de varios delincuentes y se dejaban sin efectos órdenes de aprehensión o de arraigo en su contra. También sabía que Investigaciones había descubierto infiltraciones en el sistema computacional en el que se administra la información de encargos judiciales de sospechosos, imputados y condenados. Todo eso dio origen a la investigación de la fiscal Nancy González, de la Fiscalía Centro Norte, quien tiene bajo su lupa a la red de corrupción enquistada en tribunales y la policía.
Acorralada, la mujer decidió acogerse a la opción de la "cooperación sustancial", una acción que implica obtener una importante atenuante al momento de que se dicte una condena en su contra. Claro que, para que esta ayuda sea efectiva, debe significar el esclarecimiento de los delitos, y dejar en claro también su participación en éstos.
Colaboración eficaz
Tras ofrecer el acuerdo a la fiscal González, la ex funcionaria recibió una misión clara y precisa, que debía cumplir para que los investigadores comenzaran a confiar en ella y pudiera optar a los beneficios contemplados.
Lo primero que debía hacer era reunirse con Margarita Cuadros Aedo, la ex funcionaria de Investigaciones y del 23er Juzgado del Crimen sindicada como la líder de esta supuesta organización criminal. En un café-restaurante cercano al Centro de Justicia, Navarrete debía registrar para la fiscal una conversación donde se mencionara a la mayor cantidad de integrantes de la red, especialmente personas de mayor rango, como jueces o ministros de corte.
La sola mención de nombres le entregaría a la fiscal la herramienta suficiente para implicarlas en esta red, aunque no necesariamente detenerlas. Fue lo que le ocurrió a la jueza del Séptimo Tribunal Oral de Santiago, Aída Colomba Guerrero Rosen, quien es mencionada en esa conversación. La magistrada no ha sido citada a declarar por la fiscal, pero sí lo fue por el ministro Carroza, quien decidió suspenderla.
Así como ocurrió con Navarrete, hoy en libertad, trascendió que la fiscal González ha logrado reclutar otras tres personas de las 18 que han sido detenidas a partir del viernes 17 de octubre. Otros funcionarios detenidos se han negado a participar y han relatado a sus defensas que "la fiscal pregunta insistentemente por los magistrados, contactos y si tienen ministros dentro de sus amistades con los cuales mantuviera mayor cercanía"
¿Hay jueces o ministros implicados o mencionados por la red? Hasta ahora, sólo Colomba Guerrero ha recibido una mención y fue suspendida por eso.
Temblor en la PDI
Margarita Cuadros trabajó un tiempo en el 23er Juzgado del Crimen, donde la entonces jueza titular, Lucía Vaganay, fue acusada en 2004 de pagarle a una persona para que le redactara fallos. Antes de que un sumario terminara y se levantaran cargos, Vaganay renunció y se acogió a jubilación. Algo parecido ocurrió con el secretario de ese mismo tribunal, Sergio Navarrete (hoy secretario de un juzgado civil), sancionado por un sumario.
Este sábado, la Corte de Apelaciones confirmó la prisión preventiva de 13 de los imputados. Pero, durante la audiencia, la fiscal González dejó un comentario que debe estar causando estragos dentro de la Policía de Investigaciones: "La mayoría de los beneficiados por la adulteración de alcoholemias son funcionarios de la PDI", sostuvo la investigadora, mientras explicaba cómo funcionaba la red.
Pocos días antes, LND había recibido informaciones acerca de que el prefecto Trevor Oyarzún, hasta hace poco jefe de la Brigada Investigadora de Robos Metropolitana, había protagonizado un accidente de tránsito en Lo Prado y era mencionado como uno de los beneficiarios de la red, de la que se habría valido para alterar el resultado de su alcoholemia. Oyarzún fue llamado a retiro en junio de este año y hoy trabaja en seguridad ciudadana en la misma comuna donde tuvo el accidente, en diciembre de 2007.
El enemigo en casa
El golpe, ejecutado hace nueve días con detenciones masivas, fue coordinado por la Fiscalía y no dejó a nadie indiferente. Se había desbaratado una amplía red que funcionaba al interior de la PDI y del Poder Judicial, y que alcanzó a beneficiar a no más de 70 delincuentes.
Pero la historia y los méritos habían comenzado mucho antes, cuando la misma policía detectó ciertas anomalías en su sistema de gestión policial (Gepol). En abril de 2007 se ordenó abrir un sumario administrativo, después de que se constató que desde una unidad policial de la Zona Metropolitana Oriente se había intervenido la base de datos. Tras ingresar al sistema, uno de los funcionarios había alterado información de un delincuente con la clave de uno de sus compañeros que tenía facultades para modificar información de Gepol.
El delincuente Luis Acosta Valdivia, que era buscado por la Bicrim de Ñuñoa- continúa prófugo de la justicia gracias a esa gestión.
Tras ello, el Departamento de Asuntos Internos comenzó a indagar si en otras unidades estaba ocurriendo lo mismo. Y se descubrió que las operaciones se repetían en Extranjería, en la Brigada Investigadora de Robos Metropolitana (Birom), y en unidades de Calama, Independencia, San Ramón y San Bernardo. Poco a poco comenzaron a aparecer nombres.
El grupo de funcionarios formalizados tenía dos conductas: mientras algunos adulteraban datos o los hacían desaparecer, otros estaban a cargo de hacer las consultas para chequear que los cambios estuvieran hechos y "La Gata", un apodo que empezó a surgir en las pesquisas, no tuviera problemas con sus clientes. Para ello se utilizó incluso la clave de un funcionario en retiro, que aún continuaba vigente.
Las adulteraciones eran evidentes, pero las consultas parecían menos claras. Hasta que los investigadores comenzaron a cruzar antecedentes. En cada operación de modificación no participaba sólo un funcionario; éstos eran acompañados por otros dos, que tenían la misión de chequear previamente los antecedentes del delincuente y, después del cambio, para corroborar que todo había funcionado bien.
Todos estos "favores", determinaron las pesquisas, eran dirigidos por una mujer apodada "Maggie". Ella llamaba a los detectives por teléfono para pedirles las gestiones y éstos le informaban lo que había en el sistema.
Pero la PDI sólo supo a comienzos de este año que la identidad de "La Gata" o "Maggie" era Margarita Cuadros Aedo, cuando uno de los sumariados se lo comentó al investigador. Sólo en ese momento, además, se dieron cuenta que se trataba de la misma mujer que era indagada por la Fiscalía.
Hasta esa fecha, la fiscal Nancy González la misma que investigó la red de facturas falsas conocido como "caso Publicam"- sólo había formalizado a las ex funcionarias judiciales Uberlinda Elizondo -entonces presunta jefa de la red-, a Gloria Navarrete y al ex detective Manuel Donoso.
Con los nuevos antecedentes, el abanico se abrió y comenzaron las "escuchas" telefónicas que rápidamente situaron a Margarita como la mujer de los "contactos".
Tensión en el Poder Judicial
Jueces y policías que pidieron no revelar sus nombres reconocen a LND que en sus instituciones existe una especie de paranoia debido a la cantidad de rumores que se han levantado. Nadie sabe a ciencia cierta cuántos teléfonos se encuentran "pinchados" (interceptados), ni qué nombres han sido mencionados por los detenidos. Varios magistrados, además, están al tanto del interés de la fiscal por los vínculos personales de algunos jueces, pero hasta ahora no hay antecedentes de que algunos de ellos haya sido involucrado.
Más aún cuando, en el marco interno, el juez Mario Carroza entregará esta semana su informe con el sumario que realizó para determinar la responsabilidad de funcionarios del Poder Judicial de Santiago. Trascendió que no hay más implicados ni jueces mencionados.
La Corte Suprema reaccionó frente al escándalo desde Santa Cruz, donde sus integrantes se encontraban en una jornada de reflexión anual, en el hotel de propiedad del empresario Carlos Cardoen. De inmediato se ordenó hacer un catastro de beneficiados, informe que fue ya fue entregado al ministro Carroza.
Investigación compartimentada
Donde la investigación ha causado un sismo de dimensiones mayores es en la policía civil, donde admiten que las gestiones informales que se realizan internamente son "pan de cada día". "Te llaman para consultar un dato en el Gepol y uno lo hace. Pero otra cosa es la alteración de información que sólo es privilegio de los jefes de cada unidad", comenta un subprefecto.
Tal vez por ello es que la joven fiscal González trabaja con dos equipos policiales en forma paralela: la Brigada investigadora de Delitos Económicos (Bridec), de Investigaciones, y el OS-9, de Carabineros. También fueron enviados a la fiscalía parte de los antecedentes de la investigación al interior de la PDI que está realizando Asuntos Internos. Pero González entrega a cada uno de sus equipos misiones específicas y ninguno de ellos sabe lo que hace el otro o por qué. Investigaciones, por ejemplo, no tiene conocimiento de las temidas escuchas telefónicas, porque eso es manejado por Carabineros.
La fiscal también trabaja con apoyo de la Unidad de Delitos Económicos, Lavado de Dinero y Crimen Organizado (Ulddeco) y de la Unidad Anticorrupción. Pero fuentes de la causa aseguran que la fiscal es la única que maneja toda la información, pues ha compartimentado la información para evitar filtraciones.
La carpeta de investigación está con reserva de 40 días es decir, su contenido es secreto decretada el viernes pasado por el juez Ponciano Sallés a petición del Ministerio Público.
Patrimonio
La Ulddeco trabajó determinando el patrimonio de los imputados y sus redes familiares. En esta labor, señalan las mismas fuentes, sólo se habría trabajado con información pública, y recién en estos días se está profundizando en el tema.
La fiscal ofició esta semana a las superintendencias de Bancos y de Valores y Seguros, para determinar los bienes de los imputados. Por lo mismo, solicitó el alzamiento del secreto bancario para todas las cuentas que sean ubicadas dentro del sistema financiero nacional. Todos antecedentes que deberán ser analizados para determinar cuál fue la ruta del dinero y si hubo enriquecimiento ilícito.
Hasta ahora no se han encontrado bienes muebles o inmuebles adquiridos como resultado de los delitos. De hecho, Margarita Cuadros vive de allegada en casa de su madre en la Villa Santa Julia, en Macul. Cercanos a la indagación han comentado que se presume que la mujer tenía problemas con juegos de apuestas. Tampoco los otros imputados aparecen con patrimonios de consideración.
La fiscal terminó el viernes de interrogar a todos los detenidos. Trascendió que algunos de ellos accedieron a prestar declaración, pero otros prefirieron acogerse al derecho de guardar silencio, a la espera de que sus defensas tengan acceso a la carpeta de investigación.
Lo clave son las escuchas telefónicas realizadas desde abril pasado a 50 teléfonos. En la mayoría de los casos, Margarita Cuadros es la protagonista. Cercanos a la indagación aseguran que los imputados en general no se conocían entre sí, sino que sólo están vinculados a través de "La Gata" o "Maggie".
Destino verde
Si bien en las primeras diligencias materializadas por la Fiscalía no hay nombres de funcionarios de Carabineros, fuentes de la investigación del Ministerio Público confirmaron que hay antecedentes sobre al menos un policía que habría realizado consultas en el sistema interno de la institución y que conoce a "Maggie". El funcionario aparece mencionado en algunas "escuchas". El problema para acreditar su participación, señalan fuentes de la causa, está en que las claves de acceso de Carabineros funcionan de distinta forma que las de la PDI.
Así, en Carabineros es común que haya una clave única para toda una unidad policial, por lo que resulta complejo individualizar cuál es el funcionario que hace las consultas. Pese a ello, hay antecedentes de revisiones sospechosas del sistema en comisarías de El Bosque, Las Condes y Lo Prado.
Por ello, además de los abogados que conocían los servicios prestados por Margarita Cuadros o la red, se espera que la investigación se extienda hasta determinar la responsabilidad de carabineros. //LND

2007: los oficios falsos de la Suprema
En los juzgados de garantía y los antiguos tribunales del crimen aparecieron los primeros fallos falsos. Era mayo de 2008 y la jueza del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, Carolina Herrera, puso en conocimiento de la Corte de Apelaciones de Santiago que había descubierto una resolución adulterada.
Pero pocos meses antes, en noviembre de 2007, ya había un antecedente de documentos ficticios, que no surgió en un tribunal de primera instancia. Fue el propio presidente de la Corte Suprema en ese momento, Enrique Tapia, quien informó que se había iniciado una investigación interna luego que se detectara una serie de oficios falsos, supuestamente enviados por el máximo tribunal a juzgados del trabajo, civiles, de letras y la Corte de Apelaciones de Iquique, en los cuales se requerían al menos 11 expedientes de procesos.
La gravedad del hecho significó el envío inmediato de los antecedentes al Ministerio Público. Esta causa quedó en manos del jefe de la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía Centro Norte, Iván Millán. Entonces nada se sabía de la red de corrupción.
Según los antecedentes de la investigación, quien se dio cuenta a fines de octubre de 2007 que los oficios eran ficticios fue la entonces prosecretaria de la Corte Suprema, Carola Herrera Brummer, tras recibir expedientes de dos causas que habrían sido solicitadas supuestamente por ella, a través de un oficio de fecha 3 de septiembre del año pasado y todos con destino Iquique.
Hasta ahora se sabe que entre los expedientes perdidos hay causas civiles y laborales. Ninguno de los expedientes sustraídos corresponde a juicios por narcotráfico. La investigación aún no consigue establecer la identidad de los involucrados, pero el fiscal Millán ya consiguió establecer en qué lugares se realizaron las falsificaciones, dijeron fuentes cercanas a la indagación. Tras el descubrimiento de la extensa red de corrupción ésta podría ser otra arista más de la causa matriz.
El turno de la Corte de Apelaciones
Aunque las policías ya estaban investigando los negocios de las ex funcionarias del Poder Judicial Uberlinda Elizondo y Gloria Navarrete, el resto de los integrantes de la red no pusieron mucho cuidado en sus acciones, porque en agosto pasado actuaron en la Corte de Apelaciones de Santiago. Esta vez, la denuncia vino del personal de Gendarmería de la Cárcel de Alto Hospicio.
Los hechos que indagan son el envío de un fax y los oficios supuestamente remitidos desde el tribunal de alzada capitalino que autorizaban la salida de Mauricio Pinto Duarte (34) desde el recinto penitenciario de Iquique, donde cumplía una condena de 15 años y un día por robo con intimidación. La audaz maniobra incluía la simulación de las firmas de los ministros de la Quinta Sala de la Corte -Alejandro Madrid, Adelita Ravanales y el abogado integrante Benito Mauriz- quienes, según los papeles falsos, habían rebajado la pena a seis años de presidio efectivo, por lo que, con el abono del tiempo que Pinto Duarte llevaba preso, podía quedar en libertad de inmediato.
Este hecho se incorporó tanto a la investigación de la fiscal González como al sumario administrativo del ministro Mario Carroza contra los funcionarios involucrados en la adulteración de resoluciones judiciales.
La fiscal González ordenó la incautación del fax y los oficios que llegaron a Iquique. Junto con ello ordenó a uno de los equipos de la PDI que trabaja con ella que tomara declaración al reo, para intentar que éste colaborara con la indagación y revelara cómo había contactado a quienes adulteraron el fallo del tribunal, los oficios y el fax que recibió Gendarmería.
También aparecían nuevas preguntas en el caso: quiénes eran los abogados que representaban a los beneficiados por estas resoluciones falsas, si el dato de las “rebajas” de pena venía de ellos, si realizaban alguna gestión en este sentido para sus clientes, o si alguno de ellos hizo efectivos los pagos por estos “favores judiciales”.
Este es uno de los puntos en que insistirá el Consejo de Defensa del Estado (CDE), cuando amplíe la querella que interpuso contra los primeros imputados.
http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20081025/pags/20081025211024.html


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Aguiló y Arrate se marginan de convención PS para elegir a candidato de la Concertación (30-10-08)

30 de Octubre de 2008

Aguiló y Arrate se marginan de convención PS para elegir a candidato de la Concertación

Ambos exigieron que no se haga la convención para realizar una primaria amplia y abierta donde participen todos los candidatos de la Concertación.

El diputado socialista Sergio Aguiló y el ex ministro Jorge Arrate anunciaron este jueves su automarginación de la convención del Partido Socialista a realizarse a fines de noviembre para elegir a abanderado de la Concertación .El anuncio lo realizaron tras una reunión sostenida con el presidente de la colectividad Camilo Escalona, a quien le plantearon críticas referidas a una " posición sesgada de la dirección del partido en relación al tema de las candidaturas presidencial", según señaló Jorge Arrate."Esto no corresponde ni es compatible con una colectividad democrática" agregó el ex ministro.En sentido el diputado Sergio Aguiló anunció que "vamos a persistir en una candidatura de Jorge Arrate porque queremos hacer un viraje no solo de nombre ni de alianzas formales, sino que de contenidos y proyectos. Donde se hagan cambios profundos".El parlamentario socialista puntualizó que "en esta convención ya hay un candidato proclamado y a mi juicio es bastante peculiar hacer un congreso para ver un resultado que ya esta escrito. Por ello es que estamos proponiendo decir no a la convención socialista si a las primaria amplias". A raíz de ello Sergio Aguiló y Jorge Arrate recordaron que la alternativa de suspender o simplemente no llevar a cabo dicho congreso es planteada incluso por parlamentarios que defienden la opción del ex presidente Ricardo Lagos.Sobre esta materia Arrate manifestó que "nos parece que el escenario de un candidato único es un cinturón, una obligación que la concertación se esta auto imponiendo cuando el curso de los acontecimientos políticos puede apuntar a otra dirección. Y eso podría significar llegar a diciembre del próximo año con una candidatura de centro y otra de izquierda para luego considerar nuevas relaciones políticas en un segunda vuelta".El ex ministro precisó finalmente que la línea programática que ellos defienden se enfoca a reflotar "el programa de 1989 que llevó Patricio Aylwin. Donde buscamos a cumplir con las promesas que no hemos desarrollado durante estos 20 años e integrar nuevos planteamientos más acordes con los tiempos que estamos viviendo".

http://www.elmostrador.cl/index.php?/noticias/articulo/aguilo_y_arrate_se_marginan_de_convencion_ps_para_elegir_a_candidato_de_la_/



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A retiro 27 uniformados, entre ellos tres generales, por violaciones de derechos humanos (30-10-08)


Jueves 30 de octubre de 2008

/ La Nación / Agencias


A retiro 27 uniformados, entre ellos tres generales, por violaciones de derechos humanos

Limpieza en el Ejército colombiano

Un informe del colectivo de ONG Misión Internacional de Observación afirma que desde enero de 2007 se ha registrado la desaparición forzada de 535 personas, en su mayoría por parte del Ejército, y que 1.300 han sido ejecutadas de forma extrajudicial desde 2002.

El Gobierno colombiano realizó ayer una purga sin antecedentes en el Ejército al retirar a 27 uniformados, incluidos tres generales, en momentos en que es fuertemente cuestionado por organismos de derechos humanos y el país es visitado por la alta comisionada de la ONU para los DDHH, Navi Pillay.
La destitución de los militares responde a los resultados de una investigación del Ministerio de Defensa sobre la muerte de una veintena de jóvenes -desaparecidos a principios del año en un humilde sector del sur suroeste de Bogotá-, las que fueron hechas pasar como bajas en combate con la guerrilla en el noreste del país.
"La investigación encontró que puede haber integrantes de las Fuerzas Armadas incursos (acusados) en asesinatos", dijo el Presidente Álvaro Uribe al anunciar la decisión.
En tanto, el Ministerio de Defensa en un comunicado explicó que hay "serios indicios de negligencia del mando en diferentes niveles" incluyendo "el planeamiento, conducción, ejecución y evaluación de las operaciones". En el comunicado se reconoce que esa situación "pudo haber facilitado la colusión de algunos miembros del Ejército con delincuentes externos que gozaban de impunidad a cambio de contribuir al logro de resultados".
Los jóvenes, que vivían en Bogotá, fueron dados por muertos en combates registrados en una apartada zona rural del municipio de Ocaña (noreste), donde fueron sepultados como no identificados. Antes de sus desapariciones, desconocidos les habían ofrecido trabajo en el norte.

GENERALES LO NIEGAN TODO
Los tres generales destituidos eran los más altos responsables militares en la región donde se presentaron los supuestos combates en que murieron los jóvenes. Dos de los destituidos rechazaron las acusaciones. "Bajo ninguna circunstancia por mi mente pudo atravesar mandar asesinar a alguien para presentar un falso positivo", manifestó el general Paulino Coronado a Radio Caracol. Asimismo, el general Roberto Pico se declaró "muy sorprendido" por la decisión y dijo tener "mi conciencia tranquila".

Para el senador por el opositor Partido Polo Democrático Alternativo (PDA, izquierda), Gustavo Petro, la causa de esta situación es la política implementada por el Gobierno de Uribe de incentivar a los militares por el número de bajas como prueba de eficiencia.

Petro recordó que hace tres años el Congreso debatió sobre los denominados "falsos positivos" (montajes de las fuerzas militares para presentar resultados en su lucha contra las guerrillas izquierdistas o los paramilitares), y que en ese entonces la Procuraduría (Ministerio Público) tenía mil denuncias similares al caso de Soacha.

Es de destacar la "coincidencia de que el hecho se produzca el día en que presentamos el informe (sobre desapariciones forzadas), y en medio de la visita de la alta comisionada (para los DDHH) de la ONU (Navi Pillay)", recalcó ayer Alirio Uribe, miembro de la ONG Colectivo de Abogados, en lo que es la antesala del examen que Colombia presentará en diciembre en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos.

Ayer fue presentado en Bogotá un informe del colectivo de ONG Misión Internacional de Observación que afirma que desde enero de 2007 hasta la fecha se ha registrado la desaparición forzada de 535 personas, en su mayoría por parte del Ejército, y que cerca de 1.300 colombianos fueron ejecutados de forma extrajudicial desde 2002, cuando asumió Uribe.

CONGRESO RECHAZA REELECCIÓN DE PRESIDENTE URIBE

El Congreso de Colombia rechazó ayer el proyecto de reforma constitucional que posibilitaría al Presidente Álvaro Uribe volver a ser candidato a la jefatura del Estado, aunque le queda la opción de que pueda hacerlo a través de un referéndum.

Tras una acalorada discusión entre los miembros del Partido Conservador y luego de dos votaciones, la Cámara de Representantes negó esta posibilidad.
Algunos sectores pro Uribe plantearon incluir un artículo a la reforma política que debate el Congreso, por el que se le permitiría al actual Mandatario postular a las elecciones de 2014, artículo que fue rechazado ayer.

El Partido Liberal hundió la iniciativa del artículo 19 de la reforma política al señalar que la continuación “de la autoridad en un mismo individuo frecuentemente ha sido el término de los gobiernos democráticos”.

Los liberales citaron la Carta del Congreso de Angostura del libertador Simón Bolívar en la que señala que las “repetidas elecciones son esenciales en los sistemas populares, porque nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo a un mismo ciudadano en el poder”.

El partido de “La U”, de Uribe, consideró que lo mejor es plantearlo a través de un referéndum poniendo a disposición popular su candidatura para 2010, para cuya eventual celebración ya se han recogido las firmas necesarias.


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