“No pueden no votarlo”
Por Miguel Jorquera
El kirchnerismo salió fortalecido ayer del plenario de las comisiones legislativas que discutió la eliminación del sistema de jubilaciones privadas. Desde el ombudsman de la Tercera Edad porteño, Eugenio Semino, hasta las distintas organizaciones de jubilados y pensionados avalaron el fin de las AFJP y el regreso a manos del Estado de todo el sistema previsional. Semino lo calificó como un paso hacia una reforma integral del sistema y entidades de jubilados reclamaron distintos tipos de controles sobre los fondos que pasaría a administrar la Anses. Hasta el líder piquetero Raúl Castells respaldó la iniciativa con un llamado a la oposición y en especial a los diputados de la Coalición Cívica: “Muchachos, no pueden no votar en general este proyecto”, les dijo. El oficialismo dio por clausurado el debate en Diputados, el martes se firmará el dictamen de mayoría y el jueves la iniciativa se votará en el recinto.
El ombudsman de la Tercera Edad de la ciudad de Buenos Aires calificó el proyecto oficial como “un escalón” hacia el paso a un futuro y nuevo sistema previsional. Semino volvió a proponer ante los diputados la necesidad de avanzar en el consenso político y propuso como modelo el Pacto de Toledo, donde todas las fuerzas políticas españolas acordaron en el ’94 un decálogo de la seguridad social en ese país. “Tenemos que avanzar en el consenso político, porque las consecuencias de las políticas de seguridad social en la Argentina son hambre, exclusión, enfermedad y muerte”, sostuvo el ombudsman.
También dejó en claro que no concuerda con los argumentos esgrimidos desde algunos sectores opositores sobre las características jurídicas de los fondos de los aportantes a las AFJP. “Se ha generado una confusión muy grande a partir de una publicidad que ha sido engañosa durante mucho tiempo. Esos fondos depositados no son una cuenta bancaria, sino que tienen una cuota-parte dentro de un fondo de inversión, inversión de riesgo que como tal generó ganancias en algunos momentos y muchas pérdidas en muchos otros”, sostuvo Semino. Y remarcó que el sistema de capitalización “se riñe con los preceptos tradicionales de la seguridad social y lo que se pretende conformar un sistema estable, sustentable, controlable y que dé resultados no sólo para los futuros jubilados sino y sobre todo para los actuales”.
Varias organizaciones de jubilados expusieron frente a los legisladores su postura. Asistieron representantes de la Confederación de Jubilados, Retirados y Pensionados del país, la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados de la República Argentina, la Confederación Patagónica, Entidades de Jubilados y Pensionados Nacionales de la provincia de Neuquén y la Federación de Jubilados y Pensionados Provinciales de San Miguel de Tucumán.
Todos ellos manifestaron su respaldo al regreso del sistema previsional a manos del Estado. Pero no dejaron de manifestar sus reclamos por incorporar al proyecto del Gobierno una serie de sistema de controles sobre los fondos que pasará a administrar la Anses. Especialmente, la participación de los jubilados en un organismo de control extrainstitucional que supervise previamente el destino que la Anses disponga para distintos tipos de inversiones, a las que también exigieron ponerle límites precisos.
Quien también desconcertó a los escasos opositores que asistieron ayer al plenario de las comisiones legislativas de Presupuesto y Previsión fue Raúl Castells. El líder del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD) llegó al anexo de la Cámara de Diputados por invitación del propio oficialismo y respaldó el proyecto del Gobierno sin vacilaciones, a pesar de los cuestionamientos a la falta de controles sobre los fondos que volverán al Estado desde las administradoras privadas.
“No pueden no votar en general este proyecto”, dijo dirigiéndose a los diputados de la Coalición Cívica, aunque el reclamo alcanzó a todo el arco opositor. Luego les recordó a los lilitos que hace dos años Elisa Carrió presentó un proyecto en el que pedía el regreso al Estado de todo el sistema previsional y cuando acompañó a la mítica dirigente jubilada Norma Plá para oponerse a la privatización menemista, impulsada por Domingo Cavallo.
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Desde hace una década y media, los especialistas en seguridad social advertimos que la creación de las AFJP constituía un asalto al futuro del pueblo argentino. Que la reforma era inviable, inconstitucional y nula (violatoria de la voluntad individual). Que su resultado era aleatorio. Que no constituía un sistema de seguridad social. Que la renta prometida, 5 por ciento por encima de la inflación, era falsa. Que la experiencia en el mundo acreditaba que en países con estabilidad económica y monedas fuertes la tasa de interés en el largo plazo tendía a ser neutra, oscilando entre un dos por ciento negativo a un uno por ciento positivo. Que con esas tasas los haberes futuros serían paupérrimos.
Que se desfinanciaría el Estado, generando un exorbitante costo de transición.
Con el apoyo del Consejo Federal de Previsión y la sapiencia de Amancio López y Jorge Urriza, aportamos un proyecto alternativo (Cofepres) hecho propio por el entonces diputado Juan González Gaviola. Respaldado por proyecciones actuariales que nos llevaron a advertir que la reforma privatizadora, insólitamente, se proponía ¡rebajar! las futuras jubilaciones del sistema público (lo que hizo).
Discutimos, participamos, convocamos a expertos y dijimos –como también sostiene Dominique Plihon– que estos fondos de pensión eran lo que son: la savia que alimenta el capital especulativo global (Dominique Plihon), nudo gordiano de la especulación. Sin embargo, la pauta publicitaria pudo más, la propaganda silenció a la verdad y nos sumergimos en una aventura financiera que a los únicos que benefició fue a los bancos disfrazados de AFJP.
La reforma de los noventa fue exitosa: las AFJP embolsaron 12.000 millones de dólares por comisiones y el FMI incrementó nuestro endeudamiento externo en 100 mil millones de dólares, demuestra Gerardo Gentile. Tengámoslo claro, los que defienden la intangibilidad del negocio asumen el ideario de la “dependencia inteligente” (como si fuera de inteligentes ser dependientes). Y pretenden que no debemos poner “nervioso” al (dios) mercado, que ya se sabe, de vez en cuando inmola a los ahorristas no devolviéndoles sus dólares o sus pesos. Son los voceros de la sumisión incondicionada al imperialismo mundial del dinero, quienes persisten en quebrarnos la voluntad apelando al sistemático fraude comunicacional con el que desde el golpe de 1976 como pueblo nos vienen sometiendo. Metodología sobre la que vale la pena detenerse un momento.
Arranca simbólicamente en el golpe de Estado que se autodenomina de “reorganización” nacional, cuando en realidad viene a de-sorganizarnos para someternos. La aplica Martínez de Hoz cuando nos dice que viene a liberar las fuerzas productivas cuando en realidad consolida las especulativas. Continúa en democracia cuando para justificar la privatización del sistema previsional arguye que el déficit de 200 millones de pesos mensuales es impagable, suma que en realidad transfiere a las AFJP que simultáneamente crea. Es la que llama ley de “solidaridad” previsional, a la que conculca (insolidariamente) los derechos de los jubilados. Es la que pretende que las que otorgan las AFJP son “jubilaciones seguras”, ocultando que su monto futuro depende de la timba financiera. La misma que llega al paroxismo al defender que los bancos se apropien de lo que es de todos para “protegernos” de presuntos malos funcionarios.
Frente a la iniciativa enviada al Congreso para cortar el saqueo y la depredación de los recursos sociales, los sofismas se renuevan. Ahora agregan que las críticas al sistema de capitalización son ideológicas, que Chile es un modelo a imitar, que no se puede hacer un cambio tan profundo sin un debate de expertos, como en Chile se hizo, llegando hasta afirmar que se trata de un proyecto de ley de pocos artículos comparado con la magnitud de lo que se pretende cambiar. Veamos si es cierto.
Sin duda que la visión de la seguridad social es ideológica, pero no menos que la de la cuenta individual. La primera cree en la solidaridad; la segunda, como en el siglo XIX, que cada uno debe resolver por sí sus necesidades. Las referencias a la realidad en Chile, por su parte, aprovechan la desinformación y el desconocimiento. En el país hermano es cierto que hace poco se debatió con expertos la reforma de su sistema de AFP, los que, tras un debate llevado a cabo en idioma extranjero (inglés), recomendaron una reforma cosmética, cuyo objetivo central fue que el Estado se hiciera cargo de todo lo que el negocio de pensiones no atiende.
Que en Argentina no hubo debate es falso. Hubo innumerables y en ámbitos diversos, el Congreso es testigo. Hace poco se concluyó el propiciado desde el Ministerio de Trabajo, cuando convocó, en la anterior gestión, a debatir el denominado “Libro Blanco de la Previsión Social”. También los hubo en la Universidad de Buenos Aires, en el Grupo Fénix, etcétera.
Sin poner en duda la mejor intención de quienes pretenden más cantidad de artículos en el proyecto de ley (espada) que corta el nudo de la dependencia, es tiempo de alertar y recordar a dónde nos llevó el formalismo cuando cuestionó la reforma constitucional del año 1949. Por entonces se partió también de una cuestión formal (si el quórum era de dos tercios del Congreso o dos tercios de los presentes), constatándose casi 60 años después que se terminó desprotegiendo a tres tercios de los argentinos, dejando a merced de los saqueadores lo que aquella Norma Suprema protegía: los servicios públicos, los derechos sociales, etc. Nuevamente estamos ante el dilema: liberación o dependencia. Cortar el nudo gordiano es el punto de inicio de un nuevo tiempo, de un nuevo modelo. Es tiempo de abandonar el facilismo de la discusión banal y formal, el descrédito como herramienta de destrucción de la otredad, el sofisma para engañar. Porque en este tema de las AFJP, como siempre, la verdad es la única realidad, no nos olvidemos.
* Abogado, profesor de Derecho de la Seguridad Social (UBA); presidente del Instituto para el Modelo Argentino.
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LOGRARON CONGELAR FONDOS DE AFJP. EL GOBIERNO AVANZA EN CAMBIOS A LA LEY PREVISIONAL
Los fondos buitre metieron la cola
El juez Griesa, de Nueva York, impuso un embargo preventivo a inversiones de AFJP en Estados Unidos por 553 millones de dólares. En una semana habrá una audiencia clave. El Gobierno responsabiliza a las administradoras. Negocia correcciones a la ley.
Por David Cufréy Miguel Jorquera
Mientras el Gobierno avanza en negociaciones en el Congreso para conseguir el apoyo de diputados de la oposición al proyecto previsional a cambio de introducir correcciones a la ley, los fondos buitre metieron la cola: lograron que el juez Thomas Griesa de Nueva York congelara hasta el próximo jueves inversiones de al menos cinco AFJP en Estados Unidos por 553 millones de dólares. El magistrado hizo lugar a una acción de amparo presentada por el estudio Simpson Thacher & Bartlett en representación de acreedores de la Argentina que rechazaron el canje de deuda de 2005. Se trata de los fondos Aureluis y Blue Angel, que encontraron un atajo legal en la estatización de los recursos previsionales. Antes, al ser privados, no podían tocarlos. Ahora, frente a su probable transferencia al sector público, consideran que pasan a ser embargables. Griesa dio aire a esa interpretación y convocó a una nueva audiencia el próximo jueves para resolver si extiende o no el congelamiento preventivo.
La primera reacción oficial frente a la noticia fue advertir que la responsabilidad de la administración de esos fondos corresponde a las AFJP y que serán ellas las que deban responder por la suerte del dinero. “Los activos embargados no son del Estado nacional sino de las AFJP”, puntualizó el superintendente del sector, Sergio Chodos, después de una reunión en Casa Rosada con Sergio Massa. “Son ellas las que estaban a cargo de esos intereses y las que deben defender esos activos”, recalcó el funcionario. La versión del Gobierno es que cualquier reclamo legal de afiliados a las AFJP deberá ser orientado a las empresas que llevaron la plata a Estados Unidos.
Los abogados que defienden al Estado argentino en Nueva York por acciones de los holdouts argumentaron en la audiencia en la que Griesa ordenó el embargo preventivo que el dinero es de la administración privada. Sin embargo, no lograron convencerlo. Chodos insistió en que “el destino de esos recursos es exclusiva y excluyentemente para prestaciones previsionales y no deben ser utilizados para otros fines ni acá ni en ningún otro lugar”. “Es un intento de fondos buitre para tomar posesión de activos más allá de que les corresponda o no”, completó.
El titular de Anses, Amado Boudou, calificó la medida judicial como “una decisión alocada” de Griesa. Lo dijo ayer durante una reunión en el Congreso con la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Patricia Vaca Narvaja; el titular del bloque del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, y la secretaria de la bancada, Patricia Fadel. El funcionario les anticipó a los legisladores que el Gobierno le explicará al juez que los recursos previsionales están separados de la caja del Estado: son de los trabajadores y el sector público lo único que hace es administrarlos.
Boudou se juntó con las autoridades del bloque oficialista de Diputados para comentarles que el Ejecutivo está dispuesto a retocar la ley de estatización total de las jubilaciones, a fin de llegar a un acuerdo con diputados de la oposición. En concreto, con el bloque SI, que tiene como referente en esta materia a María América González, y con el monobloque de Claudio Lozano. Ambos legisladores mantuvieron un encuentro anteayer con Boudou en la sede de la Anses. Allí le presentaron sus propuestas de cambios a la ley y obtuvieron un guiño del funcionario de que serían atendidas, al menos en parte.
Una de las modificaciones centrales tomó mayor relevancia a partir de la decisión de Griesa: reforzar la autonomía económica y financiera de los recursos previsionales que serán administrados por Anses. El proyecto de ley ya lo establece, pero delega su alcance al Poder Ejecutivo a través de la reglamentación de la norma. González y Lozano reclamaron que se elimine ese punto y que la autonomía quede completamente definida en el texto que apruebe el Congreso. Boudou les garantizó que el conjunto de los fondos previsionales quedará en una cuenta separada de las arcas del Estado y que el jefe de Gabinete, por ejemplo, no tendrá atribuciones para tocar esas partidas. De allí que el Gobierno le dirá a Griesa que la Anses sólo administra fondos que no son propios, sino de los jubilados, y por esa razón son inembargables.
El segundo cambio a la ley es la incorporación de un reglamento específico para las inversiones que podrá hacer Anses con la plata de los jubilados: prohíbe la compra de activos financieros extranjeros como hacían las AFJP y detalla los usos posibles, orientados a financiar la producción, el consumo, obras públicas y el desarrollo social. Finalmente, se creará un consejo de control de las inversiones con participación de jubilados, centrales sindicales y empresarios. La oposición pide que sus opiniones sean vinculantes y previas a cualquier decisión, aunque Boudou indicó que sólo serían controles ex post.
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