Viernes 31 de octubre de 2008
Por Jorge Escalante / La Nación
Familiares afirman que más de mil homicidios no estarían siendo investigados
Ejecutados políticos, un nuevo conflicto en derechos humanos
La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) pidió al pleno de la Corte Suprema que informe acerca de esta situación, y demandó a la Presidenta Bachelet recursos para perseguir a los culpables.
Un nuevo y conflictivo escenario se generó en materia de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, dado que la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) sostiene que mil 164 homicidios no estarían siendo investigados por los tribunales, incluyendo las víctimas de las protestas iniciadas en 1983.
Ayer esta agrupación que preside Marta Godoy, representada por los abogados Hugo Gutiérrez, Rubén Jerez y Rodrigo Román, solicitaron al pleno de la Corte Suprema que informe respecto de cuántos procesos se instruyen por crímenes en los cuales los cadáveres fueron entregados a sus familiares, casos que en el Informe Rettig y complementación posterior de 1996 figuran como "muertos", diferenciándolos de los "detenidos desaparecidos".
Los demandantes criticaron a la Presidenta Michelle Bachelet por negarles, dijeron, "en cuatro oportunidades" una entrevista para plantearle la situación, y en una carta entregada en La Moneda insistieron en ser recibidos y escuchados.
El problema de fondo se genera porque, reconquistada la democracia en 1990, las instituciones creadas para colaborar con los tribunales en la persecución de los responsables de estos delitos, no contemplan hacerlo respecto de las víctimas con categoría de ejecutados, como sí sucede con los desaparecidos. Los recurrentes sostienen que tampoco existen recursos profesionales y financieros para esa tarea.
Expresaron que el Programa de DDHH del Ministerio del Interior no está facultado para hacerse parte ni actuar en relación a este tipo de víctimas.
En el mismo sentido, manifiestan que tampoco el Estado ha recopilado información acerca de los ejecutados, como sí existen para los detenidos desaparecidos. Y que la Fundación Archivo de la Vicaría de la Solidaridad no mantiene información sistematizada acerca de estas víctimas, como lo hace con los desaparecidos cuyos datos aporta a los tribunales que instruyen estos juicios.
La AFEP simbolizó su presentación al pleno de la Corte Suprema en los casos de Guillermo Zamorano Díaz, Arnaldo Flores Echeverría, Marisol Vera Linares, Mauricio Maigret Becerra, Sergio Aedo Guerrero, Iván Aqueveque Antileo, Eduardo Vielma Luengo, Silvia Orellana Pino, Héctor Queglas Maturana, Luis Saavedra González, Manuel González Allende, Simón Allende Fuenzalida y Alamiro González Saavedra.
MÁS CONDENAS POR VIOLACIONES DE LOS DDHH
La Segunda Sala de la Corte Suprema condenó a cinco años de presidio a Manuel Contreras Sepúlveda y a tres años a Marcelo Moren Brito y Miguel Krassnoff por el secuestro calificado de Ofelio de la Cruz Lazo Lazo, ocurrido el 30 de julio de 1974, en Santiago.
Además, los ministros Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y el abogado integrante Domingo Hernández ordenaron al fisco a pagar una indemnización de 100 millones de pesos a los hijos de la víctima. El ministro Ballesteros estuvo por aplicar la prescripción de la acción penal y, junto a Rodríguez, en contra en el aspecto civil.
PRIMERA INSTANCIA
En tanto, el ministro en visita de la Corte de Temuco, Fernando Carreño, condenó a cinco años y un día de presidio efectivo a los funcionarios de Carabineros en retiro sargento primero (R) Eudocio Díaz Ibacache y al suboficial (R) Edgardo López Cofré por los secuestros calificados de Segundo Barriga Gutiérrez y Hernán Catalán Escobar ocurridos a partir de noviembre de 1975 en Pitrufquén, IX Región.
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