miércoles, 22 de julio de 2009

Arrate acusa al Ejército de discriminación política -21-07-09

21 de Julio de 2009

Por organizar seminario donde expondrán sólo Frei y Piñera

Arrate acusa al Ejército de discriminación política

El candidato presidencial de la izquierda fue invitado sólo como asistente a la actividad que se llevará a cabo entre los días 3 y 5 de agosto. Por eso le envió una carta al comandante en jefe de la institución, general Óscar Izurieta, en la cual además de anunciarle que no asistirá al evento, le reprochó que se haya privilegiado a los abanderados de la Concertación y la derecha en desmedro de los demás postulantes a La Moneda.

Por El Mostrador

Con indignación reaccionó este martes el candidato presidencial del pacto Juntos Podemos, Jorge Arrate, luego de constatar que el Ejército organizo para agosto próximo un seminario donde expondrán los abanderados de la Concertación, Eduardo Frei, y de la Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera, lo que a su juicio constituye un acto de discriminación política que no corresponde "a una rama de las Fuerzas Armadas".
El dirigente que milita desde hace poco en el Partido Comunista manifestó su molestia al propio comandante en jefe del Ejército, general Óscar Izurieta, a través de una carta en la que además le comunica que no asistirá al evento, al cual había sido invitado sólo como público.
En la misiva, Arrate le indica al jefe castrense que "he recibido su invitación para participar en el Seminario Internacional 'América Latina en la perspectiva estratégica', organizado por el Ejército chileno para los días 3, 4 y 5 de Agosto próximo. También he recibido su invitación a la cena con motivo de este seminario".
El dirigente le indicó a Izurieta que "he resuelto no aceptar ambas invitaciones. Lamentaré particularmente mi ausencia el día en que hará uso de la palabra la Presidenta de la República Michelle Bachelet".
Arrate argument´su determinación al considerar que "en el programa elaborado para el seminario expondrán los señores Frei y Piñera, dos de los candidatos a ocupar la Presidencia de la República, excluyéndose la participación de los otros aspirantes a ese cargo. Al actuar de ese modo el Ejército de Chile privilegia a dos en desmedro de los restantes".
"Esta opción parecería ser el fruto de estimaciones de carácter político que en ningún caso corresponden a una rama de las Fuerzas Armadas", sostuvo el dirigente.
Finalmente indicó que "aunque el sistema electoral sea binominal, el país real no lo es y el Ejército es parte de esa realidad múltiple y diversa. Por esta razón no puedo aceptar que los organizadores omitan la opinión de representantes de otro punto de vista, como el mío que es el de la izquierda chilena".


http://www.elmostrador.cl/index.php?/noticias/articulo/arrate-acusa-al-ejercito-de-discriminacion-politica//
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Justicia en el caso Prats -Vergüenza eterna para el ejército 11-07-08

Justicia en el caso Prats

Vergüenza eternapara el ejército

DOS COMANDANTES EN JEFE DEL EJERCITO ASESINADOS POR LA ULTRA DERECHA. En la foto, el general Carlos Prats con su antecesor, el general René Schneider Chereau, asesinado el 25 de octubre de 1970 por un comando de ultraderecha, en que participaban oficiales de ejército en retiro como el general Roberto Viaux Marambio.

Dos generales, un brigadier, tres coroneles y un suboficial del ejército, y dos civiles que pertenecieron a la Dina, fueron condenados por el crimen del general Carlos Prats González y su cónyuge, Sofía Cuthbert, cometido en la madrugada del 30 de septiembre de 1974 en Buenos Aires. El ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Solís Muñoz, impuso las condenas por el doble homicidio, que fueron desde prisión perpetua por cada asesinato -para el ex jefe de la Dina, general Manuel Contreras y su segundo, el brigadier Pedro Espinoza-, hasta 541 días por cada homicidio, por su calidad de cómplice, al suboficial Reginaldo de la Cruz Valdés. El general Raúl Iturriaga Neumann, encargado exterior de la Dina, recibió dos condenas de 15 años y un día, mientras los coroneles José Zara, Christoph Willeke y Juan Morales Salgado fueron condenados a 10 años y un día por cada homicidio. Todos los oficiales recibieron, además, penas por la organización y funcionamiento de una asociación ilícita. Los agentes civiles tuvieron penas proporcionales a su responsabilidad. Mariana Callejas, tuvo dos condenas a 10 años y un día por su participación material en el doble crimen y Jorge Iturriaga Neumann, como cómplice, fue condenado a 5 años y un día por cada homicidio.La sentencia pone fin a la primera instancia del juicio criminal que se inició en 2002, cuando la jueza argentina María Servini de Cubría solicitó la extradición de los responsables chilenos, encabezados por Augusto Pinochet Ugarte y Manuel Contreras. La Corte Suprema de Chile rechazó la solicitud de extradición, ordenando, en cambio, de acuerdo a normas internacionales, la instrucción de un proceso en Chile por el doble homicidio del general Carlos Prats y su esposa.Treinta y cuatro años después del crimen hay una sentencia. Cecilia Prats Cuthbert declaró emocionada: “El país ya conoce la verdad. Estamos tranquilos después de todos estos años. El ejército también tiene claridad de los participantes: son siete militares en servicio activo que participaron en la muerte de un comandante en jefe, otros agentes del Estado, participantes también, están determinados, así que esa claridad y ya la tiene el país y nosotros también”.A pesar de su importancia histórica, la sentencia logró poco espacio en los medios que controla la derecha. Prefirieron ignorar que por fin se establece una verdad negada hasta hoy, que ejemplifica el grado de vileza y la profundidad de la traición de que fueron capaces compañeros de armas del asesinado, incluyendo a su sucesor, Augusto Pinochet, nombrado “benemérito” del ejército de Chile. El Mercurio dedicó a la sentencia menos de un cuarto de página interior, sin contextualizar su significación social y política. Muy distinta fue la reacción de los presidentes que participaban en la Reunión del Mercosur, en Tucumán, que rompieron en aplausos cuando Michelle Bachelet hizo referencia a la sentencia en el caso Prats y agradeció la investigación realizada por la justicia Argentina.La derecha no ve con buenos ojos la verdad. Se da cuenta que afecta a la figura de Pinochet, al que sigue añorando en silencio. Y sobre todo, que debilita la imagen del ejército, que se pretende modelo de virtud, honor y corrección -que a la derecha le interesa mantener a toda costa-. Todo su esquema resulta desmentido en el caso Prats, por la acción organizada de una banda de traidores y criminales.
Crimen conocido
El general Carlos Prats fue comandante en jefe del ejército hasta el 23 de agosto de 1973, cuando presentó su renuncia al presidente Salvador Allende. Lo sucedió el general Augusto Pinochet Ugarte, que hacía gala de lealtad al presidente y a la democracia y de respeto y consideración hacia su antecesor. Después del golpe, el 15 de septiembre, el general Prats viajó a Argentina con autorización de la junta militar, poco después de aparecer en televisión para desmentir que encabezara un sector opositor al golpe y reiterar su decisión de mantenerse alejado de la contingencia.En Buenos Aires vivió junto a su esposa. Fue contratado por una empresa manufacturera y Sofía Cuthbert instaló una boutique de lencería. Parte de su tiempo libre Prats lo dedicaba a escribir sus memorias, que concluyó poco antes de su muerte. Tenía pocos amigos chilenos y se preocupaba de no involucrarse abiertamente en las actividades de los exiliados. Con uno de esos amigos, el diplomático Ramón Huidobro, el matrimonio Prats estuvo departiendo hasta poco antes de ser asesinados.Prats estaba sometido a permanente vigilancia, que algunos oficiales leales le habían dado a conocer anónimamente. La Dina mantenía una actividad permanente en Buenos Aires, a través de la embajada y otras modalidades. Había un constante desfile de efectivos militares de la Dina encargados de hacer seguimientos al general Prats. Un agente civil, Enrique Arancibia Clavel, era una pieza clave. En Argentina gobernaba el general Juan Domingo Perón, que tenía a Prats en alta estima y se preocupaba por su seguridad. A los pocos meses de su arribo a Buenos Aires la Dina -con conocimiento y aprobación de Pinochet- comenzó a planificar el asesinato. Prats actuaba por presencia contra la dictadura chilena. Era un testigo incómodo de la duplicidad de Pinochet y tenía prestigio en Chile y el extranjero. Hubo un primer plan de asesinato, con terroristas de la ultraderecha argentina, que fracasó. Entonces, se incrementó la vigilancia y comenzó a prepararse en Chile un atentado explosivo que llevaría a cabo Michael Vernon Townley, agente civil de la Dina. Entretanto, se decidió “fijar” a Prats en Buenos Aires, no entregándole a él ni a su esposa el pasaporte chileno a que tenían derecho. Se esgrimieron excusas burocráticas para dilatar indefinidamente el trámite en el Ministerio de Relaciones Exteriores.Perón murió en julio de 1974: Prats perdió un apoyo importante. Hubo nuevos rumores de intento de asesinato. Prats recibió amenazas telefónicas, pero también avisos anónimos que insistían en que saliera de Argentina porque su vida peligraba. Los avisos llegaron a Europa. En la República Democrática Alemana el propio jefe de la Stassi, Markus Wolf, informó a exiliados chilenos que Prats corría serio peligro. Igualmente lo supo el servicio secreto francés. Prats se negaba a cualquier solución que no fuera el pasaporte chileno. Consideraba impresentable que un ex comandante en jefe del ejército de Chile usara un pasaporte de otro país, o un documento de Naciones Unidas como refugiado.Townley viajó a Argentina a fines de septiembre con su esposa, Mariana Callejas, también agente de la Dina. Se introdujo subrepticiamente en el garaje del edificio en que vivía Prats y colocó una bomba bajo su automóvil. En la noche del 29 al 30 de septiembre, Townley y Callejas acecharon el regreso del matrimonio Prats a su domicilio, de vuelta de la comida en casa de Ramón Huidobro. La complicidad de la policía argentina posibilitó que la calle estuviera a oscuras. Según la versión de Townley, Ma-riana Callejas, que estaba a su lado, no pudo hacer funcionar el dispositivo que provocaría la explosión de la bomba. Townley tomó entonces el disparador y oprimió el botón. El automóvil voló en pedazos. Carlos Prats y Sofía Cuthbert murieron en forma instantánea.
El gran ausente
Pinochet es el gran ausente en la sentencia dictada por el ministro Alejandro Solís. No solamente por la obvia razón de que está muerto y, por lo mismo, debería haber sido sobreseído definitivamente, sino porque tanto en el proceso chileno como en el seguido en Argentina su responsabilidad ha quedado establecida nítidamente.El pedido de extradición argentino, que originó el proceso en Chile, incluyó específicamente a Pinochet. En el fundamento XII -citado por el ministro Solís- la jueza Servini de Cubría señala que los imputados Willeke, los hermanos Iturriaga y el coronel Zara llevaron adelante los “planes y directivas establecidos por Augusto Pino-chet, Manuel Contreras Sepúlveda y Pedro Espinoza Bravo” que “posibilitaron los medios” para que Michael Townley y Mariana Callejas asesinaran al general Carlos Prats y a Sofía Cuthbert.Iniciado el proceso en Chile, la familia Prats pidió el desafuero de Pinochet a la Corte de Apelaciones de Santiago. El pleno de dicho tribunal lo aprobó. Sin embargo, un mes y medio más tarde, el 24 de marzo, la Corte Suprema lo revocó. Invocó un argumento que había construido la propia Corte al rechazar una anterior petición de desafuero (sin contar con que durante veintiocho años no había hecho nada por investigar en Chile el crimen de Prats). Ante este “supremazo”, el ministro Alejandro Solís tuvo que sobreseer definitivamente a Pinochet en el proceso.La verdad es que desde el principio todas las sospechas apuntaron a la Dina y Pinochet. El periodista norteamericano Taylor Branch, coautor con el fiscal Eugen Propper -que investigó el crimen de Orlando Letelier- del libro Laberinto, señala que “los oficiales chilenos que se contactaron con Propper sostuvieron que el presidente Pinochet aprobó previamente el asesinato de Prats por instigación de Contreras, y que ese acto fratricida contribuyó a enredar al gobierno chileno en una trama de chantaje y corrupción”.Hay otros antecedentes. El odio contra Prats era muy intenso. Hubo oficiales que querían matarlo después del golpe. Pronto Pinochet se dio cuenta de la eventual peligrosidad de Prats y del arraigo que todavía tenía en parte de la oficialidad. La mayoría, sin embargo, lo consideraba un traidor. La noticia de su asesinato fue recibida por los agentes de la Dina con el entusiasmo de un triunfo deportivo. Un oficial de alto rango -el general Enrique Valdés Puga-, incluso hizo declaraciones despectivas contra Prats y dijo que no debían darse facilidades para que fuera sepultado en Chile.Pinochet no podía ignorar la vigilancia que había sobre Prats. Sabía que ella incluso podía provocar roces con Argentina y, por lo mismo, era informado por Contreras con especial dedicación, con mayor razón cuando se decidió el asesinato, cuya materialización produciría efectos eventualmente peligrosos para la dictadura chilena.La dependencia directa de Contreras en relación a Pinochet era tan profunda, que el dictador lo distinguió con la más alta de las calificaciones y le encomendó mayores responsabilidades, incluso una misión reservada ante militares argentinos, durante la crisis del Beagle. No lo hubiera hecho si, como se intenta hacer creer, Contreras actuaba al margen de órdenes superiores y realizaba acciones propias, que podían traer consecuencias negativas al gobierno militar.En la sentencia hay otro gran ausente, pero se trata de una situación explicable. Townley no figura en el proceso como inculpado. La razón es que el norteamericano se declaró culpable en Estados Unidos del crimen de Orlando Letelier, a cambio de no ser procesado por otros delitos, incluyendo obviamente el caso Prats. Con todo, Townley, que vive bajo protección federal estadounidense, prestó declaración voluntaria ante la jueza María Servini en el proceso argentino y también en una entrevista en que estuvo presente el ministro Alejandro Solís, que viajó especialmente a Estados Unidos.
El ejército en problemas
Para el ejército el esclarecimiento del crimen de Prats y las condenas a los responsables militares constituye un problema serio, por la repercusión que ha tenido el caso. No todavía, porque habrá apelaciones y seguramente recursos ante la Corte Suprema, pero es muy poco probable que se produzca un vuelco, ya que están establecidos los hechos y determinadas las responsabilidades en forma concordante con la investigación Argentina. Previendo lo que venía, el comandante en jefe, general Oscar Izurieta Ferrer, inició una gira por Rusia que lo alejó del momento cúlmine de la crisis, pero a su regreso tuvo que pronunciarse. Calificó de “inaceptable e injustificable el homicidio del general Prats y su señora”. Señaló que afectaba “el honor militar y a la familia militar” y dijo que el ejército había colaborado ampliamente en la investigación. Postergó para cuando haya sentencia ejecutoriada de término “todos los gestos y declaraciones que amerite este caso”, sin pronunciarse sobre una eventual degradación de los culpables.Se ha establecido una verdad judicial que para el ejército es terrible: un grupo de oficiales en servicio activo, con indudable conocimiento de sus superiores y en especial de su comandante en jefe, el general Pinochet, asesinó a un ex comandante en jefe que vivía exiliado en Argentina, rompiendo los tradicionales códigos de lealtad y honor. Fueron oficiales que actuaron a traición para eliminar a un ex comandante en jefe, sin consideraciones de respeto y pasando por sobre, incluso, la vida de su esposa. Para el ejército, además, el crimen contra Prats no puede ser separado de la figura de Pinochet, que sigue siendo reverenciado por un segmento de la oficialidad y la “familia militar”. Sin duda la sangre de Prats mancha de manera imborrable a Pinochet y al propio ejército.El crimen debería provocar una fuerte reacción institucional, con privación de honores y distinciones y cumplimiento riguroso de las condenas que en definitiva se apliquen.Durante la dictadura, el ejército, como institución, comprensiblemente no dijo nada sobre el crimen de Prats. Habría sido mencionar la soga en casa del ahorcado, dicen los críticos. Pero en dieciocho años de democracia no se sabe de alguna investigación institucional para esclarecer los hechos. Prats fue condenado al silencio mientras Pinochet fue comandante en jefe. La situación cambió algo con su sucesor, el general Ricardo Izurieta Cafferena y, especialmente, bajo el mando del general Juan Emilio Cheyre. Este distinguió la memoria de los generales Schneider y Prats. Y dispuso la realización del funeral oficial del general Prats con asistencia del alto mando, familiares y autoridades. Rindió homenaje a Prats como profesional distinguido, haciendo presente, además, que su incorporación al gobierno del presidente Allende, en noviembre de 1972 como ministro del Interior, respondió a una necesidad nacional y había sido bien acogida por los militares.Con el general Oscar Izurieta Ferrer los avances han sido menos claros. ¿Ordenará que los criminales sean considerados traidores que pisotearon la lealtad debida a un superior ejemplar? Es muy dudoso.
ROBERTO ORTIZ
(Publicado en revista“Punto Final”, edición Nº 666, 11 de julio, 2008)

Amenazas genocidas consumadas: Caso Mapuche


Amenazas genocidas consumadas: Caso Mapuche
Para la República de Chile, no hay verdad histórica que valga ni nuevo trato por adoptar. El trato sigue siendo el cotidianamente genocida. Si todavía se abriga alguna duda, visítese el Wallmapu. Todo el encubrimiento oficial y social del Chile no indígena no consigue velar enteramente la evidencia sangrante de las políticas genocidas de ayer y de hoy.

BARTOLOMÉ CLAVERO* - 15 / 07 / 09

El pueblo mapuche puede ser representativo, por ser el caso más conocido, de la cantidad de pueblos indígenas que resistían independientes cuando el colonialismo europeo fue pasando el testigo del propio dominio colonial a los Estados que se iban constituyendo por América hace cosa de doscientos años o, si se prefiere, cuando esos flamantes Estados le arrebataron al colonialismo europeo ese testigo. Pueblos indígenas independientes había por entonces desde Alaska hasta Tierra de Fuego en un número que hoy no suele apreciarse, ya no digamos observarse, ni por la historiografía académica ni, lo que es peor, por la enseñanza de historia.
En el caso mapuche, pese a la independencia de los pueblos de la Patagonia al sur del Bío-Bío y de los de Tierra de Fuego, la Constitución de Chile declaraba en 1822 que su territorio se extendía sin interrupción por continente y por islas desde Atacama al Cabo de Hornos. He ahí el genocidio potencial o virtual que se haría bien real antes de finales del XIX y que, como el de otros pueblos resistentes y no extintos, aún puede proseguir hoy. Entre los pueblos extintos están los australes de Tierra de Fuego.En el caso mapuche, la independencia era más patente hace cosa de doscientos años pues había sido reconocida por el colonialismo español y hubo de reconocerla la élite de hacendados chilenos tras el intento fallido de conquista del Wallmapu. Chile –esa élite– sucedió a España en el entendimiento de que los pueblos indígenas carecían de derechos que no dependieran de la concesión o tolerancia chilena o española o, dicho de otro modo, en la presunción de que España y luego Chile contaban con el derecho a conquistar y dominar los territorios indígenas. Chile se resignó durante algunas décadas a la frontera del Bío-Bío, pero su Constitución nunca la reconoció y la sociedad no indígena ejerció su presunto derecho a ir invadiendo el Wallmapu por vías misioneras y comerciales, por encima de lo que admitía y controlaba el pueblo mapuche, en tanto que no se estuviera en condiciones de emplearse con éxito la fuerza de las armas.
Al margen de la Constitución, el Presidente de la República procedía a acordar tratados con el pueblo mapuche que la parte indígena justamente entendía como reconocimiento recíproco de independencia, de la de Chile por Wallmapu y de la de Wallmapu por Chile, mientras que la parte no indígena sesgadamente los entendía como expresión de una situación transitoria que favoreciese la penetración y un compás de espera que desembocase en la conquista. Wallmapu es el territorio mapuche de la vertiente andina del Pacífico, el que hoy, tras la conquista, es parte de Chile.Todas las presunciones que caracterizan al genocidio potencial estaban operando a pleno rendimiento por impulso de Chile a mediados del siglo XIX, pero no se daban las condiciones para que el genocidio se consumara mientras que el pueblo mapuche defendiese y mantuviera su independencia contra viento y marea, el viento chileno y la marea internacional. Compartiendo las mismas presunciones del derecho a la conquista y al genocidio, ningún Estado ni europeo ni americano reconocía al Mapu, al pueblo mapuche de ambas vertientes de los Andes, como constituyente de un Estado independiente. El derecho internacional del siglo XIX avalaba tales presunciones potencialmente genocidas y no prestaba por lo tanto ninguna garantía a los pueblos indígenas ni independientes ni dependientes en América ni en ningún otro sitio. Era aquel derecho internacional el derecho de los Estados colonialistas, inclusive a efectos internos los Estados independientes de América.El genocidio se precipitó en su forma más sanguinaria. En connivencia con Argentina, organizándose en secreto la conquista coordinada de todo el Mapu, el cisandino y el trasandino, Chile invade a sangre y fuego. Preparaba la conquista desde los años sesenta del siglo XIX y la consuma, mediante el arreglo con Argentina, en la primera mitad de los ochenta. En la historiografía argentina se habla de la Conquista del Desierto como si no hubiera sido sometimiento de gentes y matanza de personas. Chile, una vez que domina a Wallmapu, emprende con éxito limitado una política de reducción indígena a núcleos de población para concluir con el control mapuche del territorio mediante ocupación dispersa. Se produce al tiempo una confiscación masiva. No hay declaración formal de titularidad fiscal de las tierras y recursos de Wallmapu, pero Chile se comporta desde los años ochenta como si tal cambio de propiedad se hubiera efectuado.Chile contraviene y pervierte incluso sus propias leyes, como una de 1866, ley que reconocía la propiedad mapuche disponiendo su deslinde y titulación, a cuyo efecto se había de constituirse una llamada Comisión Radicadora sin participación mapuche, y ley que declaraba fiscal tan sólo las tierras que se comprobasen al final vacantes. He ahí en todo caso una instancia que habría de actuar como juez y parte. Mientras menos tierras se reconocieran a los mapuches, más tierras que se apropiaba el Estado. La Comisión Radicadora acabó efectivamente funcionando, pero con inversión del planteamiento, tal y como si, tras la conquista, todo el territorio fuera fiscal y a los mapuches se les reconociera tierras no por derecho propio, sino por título demerced.
El Estado dispuso de las tierras para donarlas a colonos europeos, impulsando el blanqueamientode la población, y después, sólo después, radicó a los mapuches en las tierras sobrantes. No se había concluido el proceso de radicación mapuche y ya, de inmediato, se estaba proponiendo la división de la propiedad comunitaria para reducirla a propiedad individual. Chile con todo actúa como si nunca jamás hubiera existido derecho político ni derecho dominical mapuche. La resistencia mapuche de la primera mitad del siglo XX impide que tales políticas se desarrollasen hasta sus últimas consecuencias. La postura mapuche se cifra en la defensa de la propiedad comunitaria como sustentación del pueblo.Un breve paréntesis se vive entre 1970 y 1973 con la política de reforma agraria del gobierno de Salvador Allende que permitió cierta recuperación mapuche de tierras. El proceso se truncó violentamente por el sangriento golpe de estado del 11 septiembre de 1973. Terratenientes, carabineros y militares se ensañaron con los mapuche que habían osado recuperar tierras, un capítulo de racismo y genocidio brutales que la Comisión de Verdad y Reconciliación sobre los crímenes de la dictadura, comisión de carácter oficial, no ha sabido o no ha querido registrar.
El régimen de Pinochet aplicó en territorio mapuche una sistemática política de liquidación de la propiedad comunitaria. Hasta tres mil comunidades fueron pulverizadas en más de cien mil hijuelas de propiedad individual. Un plan aplicado rigurosamente con fondos del Banco Mundial, que no es la única institución de la órbita de Naciones Unidas que respalda e incluso impulsa en Chile políticas genocidas hasta el día de hoy. La intención genocida llegaba a exhibirse abiertamente. La primera versión del decreto privatizador, de 1978, afirmaba sin ambages que, una vez divididas sus comunidades, los mapuche “dejarán de ser indígenas”, supuesto comprendido en el tipo delictivo definido por la Convención de Naciones Unidas para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. El genocidio fue uno de los delitos imputados en la causa fallida abierta en España contra el dictador Pinochet.El movimiento mapuche contemporáneo surge en oposición a la dictadura, a esa política dictatorial de pulverización de comunidades mapuche. Fue el mapuche el primer sector social que se movilizó internamente como tal contra el régimen pinochetista. El caso tuvo eco internacional. La oposición chilena a la dictadura –la misma que después gobernaría sin cambio de fondo de tal género de política– utilizó ampliamente el drama mapuche para obtener la repulsa internacional y la sucesión de condenas al régimen de Pinochet por la Asamblea General de Naciones Unidas. Las resoluciones de la Asamblea referentes a Chile sistemáticamente incluyen, desde 1980 a 1989, alegación y defensa los derechos de los mapuche. La acción de la dictadura que así se repudiaba fue mucho más allá de la liquidación de la propiedad comunitaria. El Estado promovió y financió la invasión empresarial de Wallmapu. No todas las tierras restituidas a manos indígenas por la reforma agraria y nuevamente arrebatadas de ellas por obra de la dictadura se restituyeron a los latifundistas. En su mayor parte fueron rematadas a consorcios forestales, que recibieron además cuantiosos subsidios para explotar el territorio.Lo que viene a continuación de la dictadura es la prosecución de la invasión empresarial de Wallmapu mediante la misma política de concesiones empresariales del Gobierno chileno, un gobierno que, dictatorial o constitucional, presta un constante e incondicional respaldo a las empresas frente a la resistencia mapuche. Construcciones de represas desplazan y desestructuran comunidades; plantaciones forestales de especies extrañas al medio esquilman la tierra y agotan los acuíferos… El Wallmapu se hace literalmente invivible para las familias mapuches resistentes. Ante la resistencia mapuche la sociedad chilena no indígena, empezando por los media, reacciona con las peores armas del racismo más agresivo. El Estado chileno no se queda por su parte con los brazos cruzados. En tiempo ya constitucional, mantiene la legislación antiterrorista de la dictadura de signo ella misma terrorista para su aplicación selectiva a la resistencia mapuche. El Gobierno chileno pretende que así responde a la alarma social que ésta provoca, justificando así la discriminación como afronta unos mismos actos según se comentan por indígenas o por no indígenas. El racismo social alimenta al racismo institucional y viceversa. El genocidio cotidiano está plenamente socializado e institucionalizado en Chile.La alarma internacional vuelve a encenderse. Algunas instancias de Naciones Unidas, como la nueva del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, y organizaciones no gubernamentales, como la Federación Internacional de Derechos Humanos, visitan e informan. Denuncian acciones sustancialmente genocidas sin calificarlas formalmente como tales. La cotidianidad del genocidio dificulta su percepción. En todo caso, los hechos están a la vista. El Gobierno de Chile no se mantiene pasivo. Lee los informes y hasta responde a ellos cuando son oficiales, como el del Relator. Amaga atenderlos. Sin embargo, en vez de rectificar ni en lo más mínimo, se lanza a operaciones de encubrimiento.
Sin cambiar de política, ratifica el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, presta apoyo en Naciones Unidas a la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y emprende una reforma constitucional para el reconocimiento de los pueblos indígenas, no de sus derechos. Es una reforma que, si progresa, no supondría ningún problema para la prosecución de las políticas de genocidio cotidiano. ¿Se hace invivible el Wallmapu por la penuria ahora, por ejemplo, de recursos acuíferos? La reforma constitucional prevé el reconocimiento del derecho, no al agua misma y a sus fuentes, sino a participar en su aprovechamiento, en el aprovechamiento de las aguas entonces residuales, enfangadas y contaminadas por las empresas forestales. Hay también agencias de Naciones Unidas inspirando, apoyando y hasta financiando toda esta batería de políticas.A comienzos de 2001 el Gobierno de Chile emprende una vía más sofisticada de encubrimiento. El Presidente de la República, apropiándose de una iniciativa mapuche, dispone la constitución de una llamadaComisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, la cual trabaja en paralelo y sin prestar oídos a la más violenta campaña de represión contra el pueblo mapuche con aplicación de la legislación antiterrorista. Es una comisión distinta a la de Verdad y Reconciliación antes mencionada. A finales de 2003 la de Verdad Histórica y Nuevo Trato presenta su informe, informe al que el Gobierno, salvo hacerlo público, no ha prestado atención alguna. Habla de genocidio. Califica como tal explícitamente la extinción de los pueblos indígenas de Tierra de Fuego por acción de Chile, pueblos como el aónikenk y el selk’man.
¿Y los pueblos que, como el mapuche, Chile, por mucho que se ha empeñado, no ha conseguido extinguir? Se describe el tratamiento despiadado al que se les ha sometido, requiriéndose incluso reparación, pero respecto a ellos nada se dice de genocidio. El genocidio de pueblos indígenas no extintos, como el mapuche, lo encubre así el informe. Lo cual alcanza sus consecuencias prácticas. El genocidio es imprescriptible, pero no otras acciones que no se califiquen como tales. Por esta vía de argumentación jurídica el informe revalida el expolio del pueblo mapuche: “No se le escapa a la Comisión que esas situaciones –reprochables en su origen– han sido saneadas, desde el punto de vista del sistema legal, por la prescripción”.Para la República de Chile, no hay verdad histórica que valga ni nuevo trato por adoptar. El trato sigue siendo el cotidianamente genocida. Si todavía se abriga alguna duda, visítese el Wallmapu. Todo el encubrimiento oficial y social del Chile no indígena no consigue velar enteramente la evidencia sangrante de las políticas genocidas de ayer y de hoy. Otros numerosos pueblos indígenas que han sufrido y sufren una misma consumación de genocidio arrancando de tiempos tan recientes están menos a la vista.

* Miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas.

http://www.azkintuwe.org/julio151.htm
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Con fuerzas especiales de Carabineros esperan a delegación mapuche en La Moneda 07-07-09


Con fuerzas especiales de Carabineros esperan a delegación mapuche en La Moneda


Habían viajado con la esperanza de ser recibidos por la mandataria o por algún ministro de estado, tras no recibir contestación a sus solicitudes de audiencia de 15 y 22 de junio recién pasado. Sin embargo, a su llegada esta madrugada a Santiago un gran contingente de fuerzas especiales, manteniéndolos retenidos en los buses. Siendo está represión la única respuesta del gobierno, que se niega a recibirlos.

ELIAS PAILLAN - TEMUKO - 07 / 07 / 09


Ayer lunes realizaron una llellipun, rogativa mapuche, en la plaza Teodoro Schmidt de TemuKo para pedir por el éxito del viaje. En ese lugar el Lonko de la comunidad Ignacio Queipul Millanao de Temucuicui, Juan Catrillanca, señalaba: "Esperamos que mañana nos reciban como personas". Pero no fue así. Los recibieron con un nutrido contingente policial y los tuvieron prácticamente secuestrados al interior de los buses. “Estos son los ejemplos acerca de los mecanismos de diálogos y de consulta establecidos por el Gobierno y el Comisionado (presidencial para asuntos indígenas, Rodrigo Egaña), esta es la manera en que se recibe a los mapuche que han viajado 12 horas desde el sur….con la represión, el amedrentamiento y la cobardía”, señaló ofuscado el dirigente Jorge Calfuqueo al arribar esta madrugada a la capital.Cuando al fin pudieron bajarse de los buses, se dirigieron a las dependencias de la Confederación de Empleados Particulares de Chile, ubicada en Valentín Letelier con Almirante Gotuzzo (entre Teatinos y Morandé), muy cerca de la sede de Gobierno. Edmundo Lemún, cuyo hijo Alex -de 17 años- fue asesinado por un tiro del carabinero Marcos Treuer el año 2002, y que actualmente permanece en servicio activo, señaló que su hijo "murió luchando por la tierra y por todos nosotros. Dio su vida por esto que estamos haciendo hoy día acá". Por lo mismo, "pido que me escuche la Presidenta y por favor haga justicia por nuestro hijo", dijo a La Nación.Posteriormente, alrededor de las 10:30 de la mañana, la delegación se dirigió a La Moneda a entregar una carta y con la esperanza de ser recibidos por la Presidenta o algún ministro de estado, siempre fuertemente custodiados por fuerzas especiales, por lo que solo pudieron acceder hasta la plaza de la Constitución. En contacto telefónico el lonko Lafkenche Jorge Calfuqueo, éste señaló que en el trayecto Temuco-Santiago, también fueron controlados, lo que les llamó la atención, algo que atribuyeron a un exceso de la inteligencia de este país.En parte de un comunicado, Luis Igaiman, vocero de comunidades de la zona pewenche o de cordillera, proveniente de Cunco, en la Araucanìa, señaló: “Nosotros no vamos a sus oficinas como menesterosos, vamos de igual a igual y eso les molesta, que les digamos que no queremos sus proyectitos ni sus ayuditas de migajas, ni su desarrollo sucio e injusto, solo queremos nuestro territorio de vuelta, nuestro País Mapuche, nuestros derechos, por eso no nos reciben. Sus funcionarios no tienen la capacidad política, ni la información, ni la capacidad intelectual para hablar con nosotros, por eso solo hablan con golpes y no pueden mirarnos a la cara, luego dirán que nosotros somos los violentos”, finalizó.Las motivaciones del viajeLas demandas son por derechos territoriales, explican, "hoy queríamos conversar de igual a igual con el gobierno, pero lo que predican solamente son engaños y burlas para el pueblo mapuche", señala Mijael Queipul, Werken Lof Mapu Temucuicui. "Nuestras demandas son las de siempre; territorio, indemnización a los peñis que han caído muertos por el estado chileno, fin a la militarización de la zona, el problema de la clandestinidad y la persecución a los peñi del territorio", precisó.Por eso exigen “de verdad un nuevo trato”, destacando que “sin tierra no hay nuevo trato, ni trabajo, y sin trabajo no hay vida. En estas demandas está involucrado todo el pueblo mapuche, sus mujeres, los hombres y sus hijos”, agregó el werken.Finalmente, respecto a la situación de Mireya Figueroa, recientemente detenida tras permanecer cerca de cinco años en la clandestinidad, manifiestan que el Estado chileno no garantiza juicios justos, usa testigos sin rostro (rostros cubiertos) y montajes. Y agrega que en el caso de Mireya ésta se encuentra con un cáncer terminal, por lo que piden solicitud de indulto presidencial para ella. En estos momentos la delegación se encuentra reunida para tomar nuevas decisiones.

Declaración Pública
Los representantes de los distintos territorios de nuestro Meli Wixan Mapu abajo firmantes, vienen en comunicar a la opinión pública lo siguiente:1. Esta instancia del pueblo mapuche ha venido realizando distintas gestiones para la conversación y el diálogo con las autoridades regionales del Gobierno, en orden a solicitar una audiencia directa con la Presidente de la República. Para lo cual se conversó con los asesores de la Intendenta y se enviaron dos solicitudes formales para dicho efecto. Una con fecha 15/06/2009 y la otra del 22/06/2009, ante lo cual se comprometieron desde el Gobierno a tener una respuesta con antelación al 1º de julio del presente.2. De todas las gestiones descritas anteriormente, en ninguna hemos tenido respuesta favorable ni desfavorable hacia nuestras peticiones. Lo cual, demuestra la poca seriedad y falta de voluntad política desde las autoridades regionales del Gobierno para sentarse a conversar y dialogar con el Pueblo Mapuche y sus representantes.3. Producto de todo ello, hoy anunciamos que una delegación encabezada por 40 Logko, werken y dirigentes del Pueblo Mapuche viajaremos próximamente al Palacio de la Moneda del Estado de Chile para entrevistarnos con su Presidenta. Ello, como una de nuestras últimas demostraciones de voluntad y apertura al diálogo con el gobierno, como siempre lo hemos hecho. Por lo que esperamos que esta vez sí seamos escuchados en el nivel central, dado que en la Región no se nos escucha.4. Llamamos al Pueblo Mapuche y sus referentes territoriales reales sumarse a las futuras acciones que realizaremos para la recuperación de nuestro territorio y nuestros derechos como pueblo, al cual estamos todos convocados.. Eso implica poner en práctica la legislación internacional y nacional que nos avala como pueblo originario.Teléfonos de contacto y comunicación:


Logko Wenteche, Juan Carlos Curinao: 89904540

Logko Lafkenche, Jorge Calfuqueo: 76225388


Werken Mijael Queipul: 68189655Temuco, 1 de julio de 2009

http://www.azkintuwe.org/julio075.htm

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Carabineros da de baja a seis funcionarios en provincia de Arauco -22-07-09

22 de Julio de 2009

Carabineros da de baja a seis funcionarios en provincia de Arauco

Cuatro uniformados fueron sancionados por hurto y dos por incumplimiento de deberes al no denunciar el ilícito.

Carabineros dio de baja a seis funcionarios pertenecientes a la tenencia de carreteras de Laraquete por hurto de madera en hechos ocurrido el 4 de julio.
Según informó este miércoles el prefecto de Arauco, coronel Darío Goldberg, del total de uniformados, cuatro fueron sancionados por el hurto de los bienes desde un predio perteneciente a Forestal Arauco en la fecha antes mencionada, y dos por incumplimiento de deberes ya que, estando al tanto de lo ocurrido, no denunciaron el ilícito.
Los afectados por la medida disciplinaria y que pertenecían a la dotación de la tenencia de carreteras dependiente de la Primera Comisaría de Arauco son un sargento, dos cabos segundos, y un cabo primero. En cuanto a los expulsados de las filas por el incumplimiento, son un cabo y un carabinero.
UPI

http://www.elmostrador.cl/index.php?/noticias/articulo/carabineros-da-de-baja-a-seis-funcionarios-en-provincia-de-arauco/
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Procesan en Italia a Podlech ex fiscal militar de PERROCHET--- 21-07-09

21 de Julio de 2009




Niegan su petición de arresto domiciliario







Procesan en Italia a ex fiscal militar de Pinochet




Alfonso Podlech será juzgado a partir del 18 de noviembre por el asesinato del ex sacerdote de origen italiano, Omar Venturelli, confirmó el fiscal de Roma Giancarlo Capaldo. El ex fiscal militar, que es acusado de asesinato, homicidio con varios agravantes y secuestro, fue arrestado el 27 de julio del año pasado por orden del juez español Baltasar Garzón en el aeropuerto de Barajas, en Madrid.


Por El Mostrador

La Justicia italiana decidió este martes que el ex fiscal militar de Temuco, Alfonso Podlech, sea juzgado a partir del 18 de noviembre por el asesinato del ex sacerdote de origen italiano, Omar Venturelli, confirmó el fiscal de Roma Giancarlo Capaldo.La juez del caso tenía hasta agosto para decidir el inicio del proceso de Podlech, por que de no hacerlo lo debería haber dejado en libertad.El fiscal negó la petición de arresto domiciliario del acusado porque, a su juicio, éste podría hacer uso de sus influencias en Chile durante el juicio.La hija de la víctima, María Paz Venturelli, dijo que la decisión de la juez de emprender el proceso es "absolutamente positiva", incluida la decisión de negar a Podlech el arresto domiciliario.Venturelli aseguró que su familia tiene la esperanza de que el juicio termine "con una condena" del fiscal militar del régimen de Augusto Pinochet.El caso de Omar Venturelli se juzga en Italia separadamente al de otros casos de desaparecidos de origen italiano a manos del régimen de Pinochet.Podlech, que está acusado de asesinato, homicidio con varios agravantes y secuestro, fue arrestado el 27 de julio del año pasado por orden del juez español Baltasar Garzón en el aeropuerto de Barajas, en Madrid.Pocos días después fue enviado a Italia, donde permanece encarcelado desde hace cerca de un año.Omar Venturelli Leonelli, que formaba parte del movimiento Cristianos por el Socialismo y había colgado los hábitos para casarse, se presentó voluntariamente en el regimiento "Tucapel", de Temuco, el 25 de septiembre de 1973, tras enterarse por una emisora de radio local de que era requerido por las autoridades castrenses.Venturelli, que entonces tenía 31 años, estaba casado y era padre de una hija, fue trasladado posteriormente hasta la cárcel de Temuco, a 672 kilómetros de Santiago, donde fue visto por otros presos hasta el 4 de octubre de ese mismo año, fecha en que se perdió su rastro.

EFE


http://www.elmostrador.cl/index.php?/noticias/articulo/procesan-en-italia-a-ex-fiscal-militar-de-pinochet/

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Procesan en Italia a ex fiscal militar de Pinochet en el País Mapuche

Alfonso Podlech será juzgado a partir del 18 de noviembre por el asesinato del ex sacerdote de origen italiano, Omar Venturelli, confirmó el fiscal de Roma Giancarlo Capaldo. El ex fiscal militar, que es acusado de asesinato, homicidio con varios agravantes y secuestro, fue arrestado el 27 de julio del año pasado por orden del juez español Baltasar Garzón en el aeropuerto de Barajas, en Madrid. Fue uno de los principales responsables de la represión en Wallmapu.

AZKINTUWE - ROMA, ITALIA - 22 / 07 / 09
La Justicia italiana decidió finalmente ayer martes que el ex fiscal militar de Temuko, Alfonso Podlech (en la Foto), sea juzgado a partir del 18 de noviembre por el asesinato del ex sacerdote de origen italiano, Omar Venturelli, confirmó el fiscal de Roma Giancarlo Capaldo. La juez del caso tenía hasta agosto para decidir el inicio del proceso de Podlech, por que de no hacerlo lo debería haber dejado en libertad.El fiscal negó la petición de arresto domiciliario del acusado porque, a su juicio, éste podría hacer uso de sus influencias en Chile durante el juicio. La hija de la víctima, María Paz Venturelli, dijo que la decisión de la juez de emprender el proceso es "absolutamente positiva", incluida la decisión de negar a Podlech el arresto domiciliario. Venturelli aseguró que su familia tiene la esperanza de que el juicio termine "con una condena" del fiscal militar del régimen de Augusto Pinochet en Wallmapu.El caso de Omar Venturelli se juzga en Italia separadamente al de otros casos de desaparecidos de origen italiano a manos del régimen de Pinochet. Venturelli, que formaba parte del movimiento Cristianos por el Socialismo y había colgado los hábitos para casarse, se presentó voluntariamente en el regimiento "Tucapel", de Temuco, el 25 de septiembre de 1973, tras enterarse por una emisora de radio local de que era requerido por las autoridades castrenses. Venturelli, que entonces tenía 31 años, estaba casado y era padre de una hija, fue trasladado posteriormente hasta la cárcel de Temuco, a 672 kilómetros de Santiago, donde fue visto por otros presos hasta el 4 de octubre de ese mismo año, fecha en que se perdió su rastro.

Jurisdicción Universal

El 26 de julio, Alfonso Podlech abordó un avión en el aeródromo Maquehue de Temuco que lo llevó hasta Santiago, donde tras pasar el chequeo de Policía Internacional de Investigaciones se embarcó rumbo a Madrid, España. En el aeropuerto de Barajas, en compañía de su cónyuge, Mónica Pinto Cáceres y dos nietas, esperó el vuelo que lo llevaría a su destino: la ciudad de Praga, en la República Checa, donde proyectaba pasar sus vacaciones. Había logrado pasar los chequeos correspondientes, pero ya en el avión dos agentes españoles de INTERPOL lo arrestaron al pesar en su contra una orden de captura europea. No es el único que podría correr la misma suerte en Europa. El fiscal Capaldo, al menos en el caso Venturelli, ha determinado que estarían involucrados además de Podlech el coronel (r) Marcelo Moren Brito y los civiles Máximo Vivanco, Pablo Márquez, Pedro Calderón y Nelson Ubilla. Sobre todos ellos pesan también órdenes de captura a nivel europeo. Y la lista se extiende en otros casos. “Son más de 30 los chilenos respecto de los que existe orden internacional de captura por procesos abiertos en su contra en países que ejercen “Jurisdicción Universal”, la que pretenden materializar llevando a los inculpados a responder ante sus propios tribunales por delitos contra los derechos humanos”, señala Leonardo Aravena, profesor de Derecho de la Universidad Central y coordinador Justicia Internacional y CPI Amnistía Internacional-Chile. “Hoy se estima que los Estados tienen el deber de juzgar o de extraditar a Estados dispuestos a hacerlo, a los sospechosos de genocidio, crímenes de lesa humanidad cometidos en conflictos de carácter no internacional, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas o tortura. En el caso Podlech la justicia italiana actúa, al solicitar orden de captura, basada en postulados de la “Jurisdicción Universal”, entendida aquélla como manifestación extraterritorial de la jurisdicción de los Estados, no descrita ni establecida en forma expresa, no obstante haber sido aplicada por diversos países, que obliga a las jurisdicciones nacionales a actuar respecto de hechos gravísimos cometidos por personas naturales, contra los derechos fundamentales de los seres humanos, considerados tanto individualmente como en forma grupal”, explica. “Las personas que aparecen como violadores de los derechos humanos no pueden visitar países democráticos porque se exponen a ser detenidos: son delitos de persecución universal”, subraya el abogado Jaime Madariaga, quien ha patrocinado a numerosas víctimas de torturas en Wallmapu. Una de las particularidades del sistema judicial italiano es que el juicio puede realizarse además “por derecho de sangre”, lo que implica el inicio de procesos en ausencia, por delitos cometidos en cualquier parte del mundo contra ciudadanos de la península. Estos avances en la justicia internacional no son aceptados por la familia del ex fiscal militar.

Satisfacción mapuche

Cabe señalar que tras la detención de Podlech, diversas organizaciones mapuches manifestaron su satisfacción. La Asamblea Mapuche de Izquierda (AMI), el partido mapuche Wallmapuwen y varias agrupaciones de Derechos Humanos denunciaron la participación de Podlech en la violación de derechos humanos de ciudadanos mapuches y chilenos, principalmente en la provincia de Cautin. Tras denunciar que suman más de un centenar los detenidos-desaparecidos y ejecutados políticos del Pueblo Mapuche en Temuko, donde Podlech estuvo a cargo de la justicia militar, AMI sostuvo que “muchas familias de nuestro pueblo esperan con ansias que se haga justicia”.“Esperamos que esta detención pueda contribuir a aclarar los crímenes cometidos en ese periodo y activar todas las causas que posee en su manos el Juez especial Sr. Fernando Carreño para investigar la violación de los derechos humanos en la 9ª región... Es de conocimiento público que en su calidad de ex cadete militar, Podlech fue llamado luego del golpe militar del 11 de septiembre de 1973 por el comandante del regimiento Tucapel de Temuko, Pablo Iturriaga, para que organizara los Consejos de Guerra que iban a tener lugar en adelante”, señaló AMI.La organización enumeró asimismo los casos de Pedro Millalen Huenchuñir, Samuel Alfonso Catalán Lincoleo, Elías Catalán Pailla, Julio Paine Lepín, Gervasio Huaiquil, entre otros Mapuches víctimas de la represión en las comunas de Lautaro y Villarrica. Recordó también el asesinato de Daniel de los Ángeles Mateluna, juntos a otros presos, el 2 de octubre de 1973, y el de Alberto Molina, Juan Antonio Chávez, entre otros, el 10 de noviembre de 1974, todos en el Regimiento Tucapel. Al reconocer que, en estos casos, impera la justicia internacional, la AMI subrayó que se trata de un reto para los jueces chilenos.

A su vez, el partido mapuche Wallmapuwen recordó que Podlech también es requerido en Francia por la desaparición, el 19 de septiembre de 1973, en Temuko, del ciudadano franco-chileno Étiene Pesle, quien trabajaba directamente con las comunidades mapuches. “En el País Mapuche, el golpe de Estado y la represión y persecusión política e ideológica que siguieron estuvieron marcados por el racismo de terratenientes y colonos de extrema derecha. Más que en otras partes, en el Wallmapu actuaron bandas de civiles, que respaldaron a los militares en el asesinato de cientos de mapuche”, señaló la colectividad.“El juicio que se deberá seguir en Italia, será una oportunidad para sacar a luz la verdadera dimensión de la represión en el Wallmapu, que golpeó con mayor brutalidad a nuestro pueblo, sobre todo en las zonas rurales”, apuntó Wallmapuwen. “Podlech Michaud nunca ha respondido ante la justicia chilena. Muchos de los responsables de las violaciones de los Derechos Humanos bajo la dictadura siguen impunes, en particular en el Wallmapu, lo que expresa la debilidad de la democracia actual y los desafíos pendientes en materia de justicia”, subrayó.
http://www.azkintuwe.org/julio212.htm

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