sábado, 17 de septiembre de 2011

ESTELA DE CARLOTTO RECIBIO EL PREMIO FOMENTO DE LA PAZ EN LA SEDE DE LA UNESCO JUNTO A CRISTINA KIRCHNER - 15-09-11





¡BASURA (as) APRENDE (an)! =Michele Bachelet J.


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Premio de la Unesco a las Abuelas de Plaza de Mayo








EL MUNDO LAS ABRAZA




Por Victoria Ginzberg




Estela de Carlotto recibió uno de los principales reconocimientos internacionales en el campo de los derechos humanos. “No somos heroínas, sólo mujeres, madres, abuelas”, dijo al agradecerlo. La acompañó la Presidenta, que también se reunió con su par francés, Nicolas Sarkozy









La directora de la Unesco, Irina Bokova, y el ex presidente portugués Mario Soares aplauden a Estela de Carlotto, abrazada por Cristina Kirchner.
Imagen: Télam






ESTELA DE CARLOTTO RECIBIO EL PREMIO FOMENTO DE LA PAZ EN LA SEDE DE LA UNESCO JUNTO A CRISTINA KIRCHNER




“No somos heroínas, sólo somos mujeres”




El organismo concedió ayer su distinción más importante a las Abuelas de Plaza de Mayo en reconocimiento a su labor. Estela de Carlotto agradeció: “Tenemos el compromiso de no renunciar a la lucha”. También habló CFK.


Por Victoria Ginzberg




Desde París




“Abuelas de la Plaza, el mundo las abraza.” La frase resonó en el gran salón de la Unesco en el momento en que la directora del organismo internacional, Irina Bokova, y el ex presidente de Portugal Mario Soares concretaban la entrega formal a Estela de Carlo-tto del premio Félix Houphouët-Boigny de Fomento de la Paz. “No somos heroínas ni diferentes, sólo somos mujeres, madres, abuelas”, resumió después la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Y le contestó una ovación.




Desde temprano, los alrededores de la Place de Fontenoy, donde queda la sede de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), se fue llenando de gente que hacía fila bajo un estricto operativo de seguridad. La parte superior de la torre Eiffel se podía ver con solo levantar la cabeza. Túnicas brillantes, pañuelos, vestidos y sombreros de colores fuertes poblaban el lugar, ya que la distinción otorgada a las Abuelas fue establecida por los países africanos (lleva el nombre del primer presidente de Costa de Marfil independiente) y sus delegaciones eran mayoría.



Adentro, los argentinos se ubicaron en las primeras filas del auditorio. Allí estaban las abuelas Rosa Roisinblit, Elsa Oesterheld y Buscarita Roa, los nietos que recuperaron su identidad y los funcionarios que habían acompañado a la Presidenta en su viaje a París. En el escenario, delante de una pared con el logo de la Unesco y las banderas de todos los países miembro, se sentaron Estela de Carlo-tto, Cristina Kirchner, Bokova, Soares (fue el presidente del jurado), el ministro de Justicia y Libertades francés, Michel Mercier, y una decena de representantes de naciones africanas. En un costado se ubicó el coro de la Unesco, que dio inicio a la ceremonia con el “Laudate Dominum” de Mozart.




El acto continuó con los discursos de casi todos los que estaban en el escenario, empezando por los presidentes de los países que habían impulsado la creación del premio y que dedicaban varios minutos a agradecerse una y otra vez entre ellos. Pero el lugar distaba de ser solemne. Cada vez que uno de los jefes de Estado se acercaba al micrófono, una barra lo vivaba con melodías de cancha, chiflidos y agite de banderines. “Son los groupies”, describió una persona del lugar.



Cuando le tocó el turno a Cristina Kirchner, los argentinos no fueron menos y alentaron y aplaudieron de pie. “Hoy estoy aquí en mi doble condición. No solamente como presidenta de la República Argentina, sino como una ciudadana más”, comenzó CFK. “Quiero hacer un homenaje –dijo– en la figura de Estela a todos aquellos que durante muchísimos años reclamaron justicia. Estas mujeres jamás preconizaron o hicieron uso de la violencia. Al contrario, aun cuando casi todos habían perdido las esperanzas, siguieron reclamando ante los tribunales, ante los jueces del país, ante el Parlamento argentino, ante los distintos Poderes Ejecutivos, justicia, memoria y verdad. Recuerdo haber dicho en mi intervención en la Cámara de Senadores (en el debate por la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida) que no sé si a mí me hubieran arrebatado un hijo y no lo hubiera podido ni siquiera llorar o llevar una flor a su tumba, si hubiera tenido la entereza y la fortaleza para reclamar justicia, memoria, verdad en el tono y en la forma en que estas mujeres lo hicieron. Creo que esto es lo distintivo de ellas. No es solamente haber logrado recuperar identidad, sino haber podido persistir sin caer en esas falencias de la condición humana, que son muchas veces los instintos de venganza o de querer hacer justicia por la propia mano. Nada más alejado de estas mujeres que parecían muy débiles, que algunos calificaron de locas y creo que eran las más cuerdas y las más racionales en aquellos momentos en la Argentina.”



También describió al país como “un modelo de lo que debe ser un estado de derecho respetuoso de la vigencia de los derechos humanos en forma irrestricta” y recordó al ex presidente Néstor Kirchner. “Quiero decirles–-agregó– que la Argentina necesita de la memoria, necesita de la verdad, necesita de la justicia para dar vuelta esa página dolorosa que vivimos. Queremos dar vuelta esa página dolorosa, queremos recuperar a los nietos que nos faltan todavía y queremos, además, que, finalmente, se termine dando justicia a todos aquellos que la han reclamado.”




Antes, la directora de la Unesco dijo que como madre y como abuela saludaba la lucha de las Abuelas y su valentía: “A través de sus gestiones, ustedes han abierto el camino para una nueva Argentina”. La última en hablar fue Carlotto, que agradeció a la Unesco en nombre de todas las Abuelas y también elogió a Néstor y Cristina Kirchner.




Dijo que las mujeres que integran la organización que preside están lejos de ser el prototipo de la abuela de cabello blanco y anteojos caídos sobre la nariz que se abraza a su nieto en un sillón mientras le cuenta historias: “No estamos sentadas, el sillón está tan vacío como los brazos. En constante peregrinaje por el mundo en busca de nuestros hijos y nietos nació una lucha colectiva de Madres, Abuelas y Familiares que reclamaban por sus seres queridos”. Carlotto señaló que su tarea está guiada por amor y sentimientos pacíficos, pero que eran implacables en la convicción de buscar la verdad y la justicia y que, por su tarea, que tiene repercusiones en diferentes ámbitos, las llaman “abridoras de caminos”. “Tenemos el compromiso de no renunciar a la lucha. Y la advertencia de que este despojo no podrá repetirse en ningún lugar del mundo porque habrá mujeres que, como nosotras, se levanten para defender el cachorro. Se sabrá que hay lucha en paz para que nunca más sea posible tal despojo. No somos heroínas ni somos diferentes, sólo somos mujeres, madres, abuelas”, cerró su discurso y fue aplaudida por todo el auditorio, del que formaban parte, entre otros, la ex primera dama francesa Danielle Mitterrand, el ex primer ministro Lionel Jospin y el actual alcalde de París, Bertrand Delanoe.




Como cierre de la ceremonia del premio que ya recibieron Lula, Nelson Mandela, Yasser Arafat, Yitzhak Rabin y Shimon Peres, entre otros, el pianista y embajador Miguel Angel Estrella tocó con su cuarteto cuatro ritmos del Unasur, entre ellos “Alfonsina y el mar”. CFK y Carlotto escuchaban desde el escenario. La presidenta de Abuelas miraba al público. La sala estaba oscura, pero sabía que allí cerca estaban ocho de los 105 chicos que habían recuperado su identidad. Uno de ellos, Horacio Pietragalla, la miraba y lloraba.





SUBNOTAS



Un festejo íntimo Por Victoria Ginzberg




Baguettes




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martes, 13 de septiembre de 2011

Veintiséis represores frente a sus atrocidades -MEGAJUICIO POR EL SECUESTRO Y DESAPARICION DE 281 VICTIMAS-13-09-11



EMPEZO EL MEGAJUICIO POR EL SECUESTRO Y DESAPARICION DE 281 VICTIMAS EN EL CIRCUITO REPRESIVO DE RAMON CAMPS




Veintiséis represores frente a sus atrocidades

En el centro, el médico Bergés, uno de los represores que empezaron a ser juzgados por la represión ilegal ordenada por el fallecido Ramón Camps.
Imagen: Rafael Yohai


Durante un año y medio, más de 500 testigos contarán cómo fue el operativo en el que se secuestró a la hija de Chicha Mariani, cómo se torturó a los chicos de la Noche de los Lápices, qué le hicieron a Jacobo Timerman, entre otras causas emblemáticas.


Por Alejandra Dandan



Esas palabras que podían llegar a perforarles los oídos a medida que bajaban esposados de los móviles del Servicio Penitenciario Federal se potenciaron, abrumadoras, dentro de la sala, acaso acentuadas por las escenográficas formas del Teatro platense de la AMIA. Víctimas y sus victimarios se juntaron cuando todo estaba listo para comenzar un juicio histórico: el primero oral por los crímenes cometidos durante la dictadura en los centros clandestinos que integraron el llamado Circuito Camps. Pese a eso, a que todo estaba listo, algo pasó. Durante veinte minutos la sala estuvo sin los jueces del Tribunal Oral Criminal Federal 1. Como en un ritual en el que de pronto se alteran todas las rutinas, las víctimas, solas, frente a las espaldas de los acusados, soltaron lo único que tenían a mano: sus palabras. ¡Cobardessss!, gritó alguien. ¡Asesino! ¡Hijos de putaaaa!, decía la sala convertida en una única voz. ¡Abusadores! ¡Violadores! ¡Pervertidos!, seguían. Y empezaron a pronunciar el nombre mántrico de los caídos: Jorge Julio López, Adriana Calvo. “¡Pónganle esposas al segundo que se hace el rengooo!”, dijeron. “¡Contestá dónde está López!”, se oyó. Dijeron y cantaron “Como a los nazis...”. Dijeron presente por los 30 mil desaparecidos. Volvieron a cantar hasta que entonces sí, dos horas después del comienzo previsto, y mucho después de que cada uno haya ocupado su lugar, el presidente del TOCF 1 Carlos Rozanski entró a empezar con el juicio.


El proceso que comenzó en La Plata tiene las dimensiones de una megacausa. Varios tramos de seis centros clandestinos que integraron el circuito de la Jefatura de Policía bonaerense a cargo del brutal Ramón Camps confluyeron en este juicio que reunirá durante un año y medio el tránsito de más de 500 testigos, por 281 víctimas, entre las que hay menores de edad y embarazadas, en contra de 26 represores, entre los cuales están las figuras negras de la represión de la provincia.


El jefe de la Brigada de Inteligencia de la Policía Bonaerense –el primer lugar al que llegaban las víctimas secuestradas y espacio de distribución de los prisioneros–, el policía Miguel Etchecolatz todavía no había llegado a la sala cuando empezó la audiencia. En ese comienzo, en cambio, se habían sentado los otros acusados, tres de los cuales subieron al escenario arrastrados en sillas de ruedas. Entre ellos, dos de los tres militares juzgados: Ibérico Saint Jean, ex gobernador bonaerense que llegó al juicio defendido por su hijo. Agustín Arias Duval, el ex jefe del Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército y entre los dos se sentó el médico de policía Jorge Bergés, también reducido a la silla de ruedas. El resto ocupó otras tres tumultuosas hileras. En un extremo, se sentó el primer civil con rango de ministro que llega a ser juzgado por delitos de lesa humanidad: Jaime Lamont Smart, ex ministro de Gobierno de Saint Jean, pero además abogado que consiguió poco más tarde la autorización del Tribunal para asumir su propia defensa. La decisión, complicada, criticada en otras jurisdicciones porque de ese modo puede preguntar a los testigos y convertir el interrogatorio en una suerte de careo, le permitió rápidamente desplazarse, maletín en mano, de la silla de acusado a la mesa de los abogados. Los otros acusados son mayoritariamente los ex policías de la Bonaerense que libraron la batalla en nombre de la represión. Entre ellos, Norberto Cozzani, mano derecha de Etchecolatz, y Hugo Alberto Gullana, su chofer, acusado de robarse a Clara Anahí, la nieta de María Isabel “Chicha” Chorobick de Mariani.



Chicha también estaba ahí. Pese a sus ojos casi ciegos, a su bastón, se sentó a la espera, como en cada comienzo de juicio, de que, a lo mejor, alguno de ellos, esta vez, diga algo. “Para mí es muy distinto este juicio de los otros porque se va a juzgar el caso de Clara Anahí”, dijo Chicha. “No tengo muchas esperanzas porque los veo tan crueles, tan duros, pero uno siempre espera en un rincón del corazón que uno de ellos diga la verdad, es cierto que ya se murieron muchos, pero tengo la esperanza de que alguno hable.”


El hijo de Saint Jean en calidad de abogado dijo que su padre de 89 años tiene problemas de salud avalados por informes de tres peritos forenses: “¡Es estéril e ilegal que esté presenciando el debate en esta sala!”, clamó. La abogada de Arias Duval pidió lo mismo e invocó un cuadro de cáncer terminal. Se sumó el abogado de Rodolfo Campos, el tercer militar juzgado, subjefe de policía de Camps.


Rozanski reprendió al Servicio Penitenciario por las demoras. Y el más demorado fue Etchecolatz, que llegó después de la una de la tarde. Ante la ausencia, el juicio empezó con la lectura de los dos únicos tramos que no lo tienen de acusado. Uno, contra Bergés por falsificación de documentos en la apropiación de Pedro Luis Nadal García, y el otro contra el policía retirado Santiago Antonini por el secuestro de Chicha Mariani el 10 de diciembre de 1976, en su casa, durante media hora, pero cuando la patota que integraba buscaba a su hijo, a días del ataque a la casa de la calle 30. Ese comienzo azaroso por la ausencia de Etchecolatz se convirtió sin embargo en una entrada simbólica porque plantó en medio de la sala el ataque a la imprenta de Montoneros y el asesinato de los militantes de la calle 30.


Antonini estuvo en la casa de Chicha Mariani después del ataque. Ella lo reconoció en una audiencia de los Juicios por la Verdad, pero él participó a su vez del ataque a la casa de la calle 30, como surge de sus fojas de servicio. La Jefatura lo felicitó después del ataque “por haber participado” y abatir a quienes mantenían ocultas armas y hacer un hallazgo que calificaron de “sorprendente”, por la imprenta de Montoneros. El ataque, se recordó en la sala, buscó “anular el funcionamiento de una imprenta oculta ingeniosamente en la pared, donde se imprimía material de Montoneros”. Y “el objetivo principal fue exterminar a los ocupantes de la casa”. Recordaron el impresionante despliegue de fuerzas militares y policiales, la presencia anticipada de morgueros: “Esta es una muestra de la brutalidad que tenía quien comandó ese ataque, que fue Miguel Etchecolatz”, recordó la elevación. Hubo despliegue de todo tipo de armamentos, explosivos, lanzacohetes. “De allí que no hubo un enfrentamiento, sino una verdadera masacre planificada que cumplió con su objetivo de eliminar a los ocupantes para hacer tronar el escarmiento a implantar en La Plata y en el país y llevarse como trofeo a la pequeña hija de dos militantes de Montoneros.”
Ese será un eje al que volverá el debate en los primeros tiempos. De acuerdo con el cronograma, el debate comenzará con los casos que rodearon el ataque de la calle 30, el robo de Clara Anahí y el secuestro de Chicha. Esa escala permitirá ingresar a uno de los microcircuitos integrado por la Brigada de Investigaciones de La Plata, Comisaría V con jurisdicción en el lugar y el Pozo de Arana.
Claudia Belingieri es perito de la causa, investigadora a cargo de los archivos de la ex Dipba, la Dirección de Inteligencia de la Bonaerense. “Los 29 centros clandestinos que incluyó el Circuito Camps funcionaron en comisarías, puestos y destacamentos, es decir –dice–, estaban montados sobre la estructura de la Policía Bonaerense que conducía Camps y Camps militarizó a la policía para ponerla al servicio de la represión.”
El debate avanzará así en causas emblemáticas que tuvieron lugar en ese tramo: el secuestro de los Graiver, el de Jacobo Timerman, Julio López y Adriana Calvo, quien seguramente encontrará la forma de estar presente pese a su muerte, porque la fiscalía pidió que se incorpore uno de sus últimos testimonios filmados. Lo mismo se hará con Julio López.


Emilce Moler era estudiante de Bellas Artes cuando empezó a militar en la Unión de Estudiantes Secundarios. Parte de los jóvenes secuestrados en la llamada Noche de los Lápices, otro de los casos que integrarán la primera parte del juicio. Emilce, que estuvo ayer en la sala, aclaró que no los secuestraron por la pelea del boleto estudiantil, que eso sucedió un año antes, que los secuestraron por la UES. Ella pasó el primer tramo de su secuestro en el Pozo de Arana, de ahí pasó a la Brigada de Quilmes, luego a la Comisaría de Valentín Alsina y luego quedó blanqueada en el Penal de Devoto hasta 1978, en que salió en libertad vigilada. “Yo siento que éste es un juicio bueno y reparador”, dijo al comienzo, todavía en la entrada. “Un juicio de esta magnitud es muy emblemático porque se puede centralizar el Circuito Camps, pero porque también aparece un civil, policías y militares: es una muestra de lo que pasaba con los distintos actores que intervinieron desde distintos lugares para que la represión de una dictadura cívico-militar pudiera darse en los distintos grados.”


Afuera, mientras tanto, estaban los que todavía no iban a entrar. Las banderas de HIJOS La Plata y de las agrupaciones que montaron una radio abierta. Las fotos de Jorge Julio López. El paso raudo de Etchecolatz más tarde bajando en medio de nuevos gritos de cobarde y de asesino. Las Abuelas y las Madres de Plaza de Mayo. Vera Jarach, Carmen Lapacó, Enriqueta Maroni, Mirta Baravalle, Elsa Pavón, Adelina de Alaye, Alba “Nieca” Martino. Las querellantes de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, Justicia Ya!, Abuelas de Plaza de Mayo y Alejo Ramos Padilla, que acompañó por última vez a Chicha Mariani porque asumirá de juez en los próximos días. Entre el público, hubo sobrevivientes de todos los centros. La audiencia seguirá hoy y se hará lunes y martes en La Plata.




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CH$LE PARAÍSO DE CRIMINALES DE LESA HUMANIDAD CAMARISTA OTILIO ROMANO "FUNCIONAL" EN 103 DELITOS DE LESA -- 24-08-11

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2011



Repudiamos la fuga del suspendido camarista Otilio Romano y reclamamos su urgente extradición



Abuelas de Plaza de Mayo repudia la fuga del país del suspendido camarista federal de Mendoza Otilio Romano, con un jury de enjuiciamiento en curso y procesado penalmente por su conducta funcional al terrorismo de Estado en 103 delitos de lesa humanidad. En este sentido, expresamos nuestro profundo malestar por la visa que el gobierno chileno entregó a Romano por ocho meses, reclamamos su urgente extradición y esperamos que se rechace su solicitud de asilo político, puesto que sólo se trata de un ardid para evadir las graves imputaciones que debe enfrentar.



Romano está acusado de omitir la investigación de delitos de lesa humanidad mientras era fiscal federal y juez federal subrogante, entre 1975 y 1983, denuncia que incluye el archivo de la causa por la apropiación de Rebeca Celina Manrique, la primera nieta restituida en la provincia de Mendoza. La acusación señala que, en la actualidad, el suspendido camarista todavía incurre en evidentes conductas colaboracionistas con los represores, que entorpecen el curso de las investigaciones.



Ante la gravedad de estos nuevos hechos, el Consejo de la Magistratura se reunirá extraordinariamente el jueves 15 para evaluar si suspende el pago de haberes al camarista prófugo, quien todavía goza de fueros, salario y obra social. La cobarde huida de Romano es una muestra más de su accionar contrario a la justicia. Por lo tanto, esperamos una rápida respuesta de los órganos competentes que derive en el retorno del funcionario procesista al país para que, finalmente, sea destituido y condenado.






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10/09/2011

Organizaciones de Derechos Humanos rechazan refugio a juez argentino

Magistrado Otilio Romano Ruiz está imputado por crímenes de lesa humanidad, pero el gobierno le otorgó una visa por ocho meses. Diputado Hugo Gutiérrez (en la foto) dice que legislación internacional le impide obtener asilo.




Sábado 10 de septiembre de 2011 por Nación.cl



El diputado Hugo Gutiérrez, junto a participantes en el Tercer Encuentro Latinoamericano Memoria, Justicia y Verdad, rechazó el refugio temporal concedido por el gobierno chileno a un juez argentino, acusado de violar los derechos humanos en ese país.



"Los asistentes al Tercer encuentro latinoamericano Memoria, Justicia y Verdad, entre ellos, parlamentarios chilenos, uruguayos y argentinos no podíamos omitirnos de pronunciarnos sobre la presencia en Chile del juez argentino Otilio Romano Ruiz", explicó Hugo Gutiérrez.



El legislador comunista dijo que se trata de "un magistrado mendocino imputado por crímenes de lesa humanidad y que ha solicitado refugio en nuestro país. Creemos que esa circunstancia es grave y que nuestro gobierno debió haber reaccionado con la presteza que requiere dar cumplimiento a la legislación interna dentro de la serie de jurisprudencia que hay en el país que deja claramente establecido que una persona que ha cometido o se encuentra imputada o procesada por delitos de lesa humanidad no puede nunca obtener refugio, según lo dicen también los tratados internacionales que son ley de la República".



"Hemos tomado conocimiento que el gobierno le ha otorgado una visa por ocho meses que no guarda relación con lo que ha hecho este gobierno, por ejemplo, con jóvenes españoles, argentinos, italianos que, teniendo sospechas que estarían involucrados en algún movimiento mapuche o estudiantil, son rápidamente expulsados del territorio de la República, sin tener una orden de captura, ninguna implicación internacional", dijo.




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EL EX JUEZ OTILIO ROMANO, PROFUGO POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD, PIDIO REFUGIO POLITICO EN CHILE



Cuando pa’ Chile me voy es que fugándome estoy



Cuando era inminente su suspensión como juez y su pérdida de fueros, Otilio Romano se fugó a Chile. Interpol informó a la Justicia argentina que allí obtuvo una visa por ocho meses y pidió estatus de refugiado.


Por Diego Martínez



Durante un año y medio dilató con éxito el proceso de destitución en el Consejo de la Magistratura. Ante la inminente suspensión y la pérdida de los fueros que le permitían burlar la cárcel, se tomó un avión de LAN rumbo a Chile. Ayer, mientras la noticia del camarista fugitivo circulaba en los medios trasandinos, Interpol le informó a la Justicia argentina que Otilio Romano, flamante ex juez con procesamiento firme como partícipe en delitos de lesa humanidad durante la dictadura, se encuentra “con visa temporaria por ocho meses y solicitando refugio a las autoridades” chilenas. El próximo paso corresponde ahora al juez mendocino Walter Bento, en condiciones de pedir su captura internacional con fines de extradición. La última palabra la tendrá la Comisión Nacional de Refugiados (Conare) de Chile, integrada por funcionarios del gobierno de Sebastián Piñera. El Consejo de la Magistratura, que suspendió a Romano y ordenó un jury de enjuiciamiento por su actuación en el terrorismo de Estado, se reunirá “de urgencia” el próximo jueves para considerar la suspensión del pago de haberes ante “la intención evidente de abstraerse del proceso judicial en trámite así como del proceso de remoción”.



La noticia sobre el pedido de refugio de Romano despertó ayer suspicacias respecto del uso político que el gobierno de Piñera pueda hacer del caso, sobre todo a partir del asilo que la Conare argentina le otorgó el año pasado al ex guerrillero chileno Sergio Galvarino Apablaza, ex líder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, a quien Chile pretende juzgar por un asesinato y un secuestro en 1991. El gobierno chileno, patrocinado por un estudio de abogados argentinos, se presentó días atrás ante la Justicia en lo contencioso administrativo para intentar revertir la decisión de la Conare. Fuentes judiciales explicaron a Página/12 que “la presentación es técnicamente un disparate, porque el asilo es una decisión política que se funda en la oportunidad, el mérito y la conveniencia de quien tiene la facultad para ejercerla”, aunque no descartaron que Piñera utilice el caso “para devolver gentilezas”.



Salvo que Chile decidiera expulsar a Romano, decisión poco probable dado que no ingresó al país ilegalmente, el proceso para que el imputado retorne a la Argentina podría demorar semanas e incluso meses. Si bien no se conoce el escrito que el ex juez presentó para pedir refugio, abogados con experiencia en trámites de extradición consultados por este diario dieron por descontado que se presentó como “un perseguido político”, en línea con la carta pública que difundió desde el diario Los Andes en octubre de 2010, cuando vinculó el avance de la investigación sobre su pasado con el fallo de la Cámara Federal que convalidó la suspensión de todos los artículos de la ley de servicios audiovisuales. Esa hipótesis fue desbaratada de inmediato por los organismos de derechos humanos de Mendoza, cuando recordaron que ya en enero de 2010 habían denunciado penalmente y habían pedido la destitución de Romano y de su entonces colega Luis Francisco Miret por su “compromiso ideológico” y su participación en “la persecución sistemática de la población civil emprendida por el régimen militar”.



Romano se convirtió en fugitivo para la Justicia el miércoles a las 13, cuando venció el plazo de 48 horas que el juez Bento le había fijado para demostrar que continuaba “sujeto a proceso”. Ayer por la mañana, antes de que el juez alcanzara a pedirle autorización al Consejo para dictar la orden de captura, la oficina de Interpol en Buenos Aires le informó que Romano “se encuentra en la República de Chile, con visa temporaria por ocho meses y solicitando refugio a las autoridades del citado país”.



Bento le informó la novedad al Consejo de la Magistratura, que el viernes 25 lo había suspendido y había designado a dos consejeros para que prepararan la acusación ante el jury de enjuiciamiento. La suspensión implica que el magistrado no puede concurrir a su trabajo ni firmar resoluciones, pero sí mantener su salario, su obra social y el tratamiento especial que se dispensa a Sus Señorías. Ante la novedad, el presidente del organismo, Mario Fera, convocó al resto de los consejeros para el jueves a las 10 con el fin de tratar “la propuesta de suspensión del pago de haberes al doctor Otilio Irineo Roque Romano”. Fera recordó que ayer venció “el plazo otorgado por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados al juez Romano para su presentación”, y al no presentarse le dio traslado al defensor oficial. “Deberían destituirlo de una vez, ahora no sólo por su participación en crímenes de lesa humanidad, sino por sustraerse a la Justicia, una conducta inadmisible en un magistrado”, opinó el abogado Pablo Salinas, del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de Cuyo.



Al margen de lo que decida el Consejo de la Magistratura, los próximos pasos están ahora en manos del juez Bento. Una vez que el magistrado pida la captura internacional, Cancillería deberá comenzar a tramitar la extradición. La Conare chilena deberá analizar entonces los argumentos de Romano y las pruebas provenientes de la Argentina, donde ya estaba en condiciones de afrontar su primer juicio oral y público por crímenes de lesa humanidad. El organismo del que dependerá la suerte del ex hombre fuerte de la Justicia cuyana está integrado por funcionarios de los ministerios del Interior, de Justicia, de Desarrollo Social y por el canciller de Chile. La principal diferencia con la Argentina y la mayor parte de los países de la región es que no cuenta con representantes del Acnur, la agencia de Naciones Unidas para los refugiados.






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09/09/2011

Pérez (UDI) propone canjear a Otilio Romano por Galvarino Apablaza



El secretario general de la UDI aseveró que si la justicia argentina quiere al juez, encausado por DDHH y declarado prófugo, debe entregar al "Comandante Salvador". "La situación se podría analizar si el Gobierno argentino deja de proteger al asesino del senador Jaime Guzmán", declaró.



Viernes 9 de septiembre de 2011 por Nación.cl



Como una oportunidad de "lograr justicia" en el asesinato del senador gremialista Jaime Guzmán, definió el secretario general de la UDI, Víctor Pérez, los requerimientos que la justicia argentina pueda realizar respecto de la permanencia en Chile del juez Otilio Romano.



"Si la justicia argentina quiere al juez Otilio Romano debe entregar a Galvarino Apablaza a la justicia chilena", afirmó el portavoz UDI, al proponer una suerte de canje.



El magistrado trasandino está procesado por 103 delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar argentina. Romano tiene una visa temporal de 8 meses para permanecer en Chile, donde se encuentra desde el 24 de agosto, un día antes de que fuera suspendido de sus funciones por el Consejo de la Magistratura de la Nación.



Una vez en Chile comenzó la tramitación de un proceso de asilo político, con el objetivo de sortear una orden de búsqueda y captura de la justicia argentina.
El magistrado trasandino Walter Bento, quien investiga la participación de Romano en una causa de violaciones a los derechos humanos en el vecino país, lo instó a comparecer esta semana. Desde entonces, lo considera prófugo de la Justicia.



OPCIÓN DE EXPULSIÓN



Al explicar su propuesta de canje por Apablaza, acusado de haber planificado el asesinato del fundador de la UDI Jaime Guzmán en 1991, pero con estatus de refugiado político en Argentina, Pérez señaló que “ésta es la oportunidad de lograr justicia".



Según el senador, "los gobiernos a través de la vía diplomática tienen la opción de expulsar a un ciudadano de otro país y, en este caso, se podría analizar la situación si el gobierno argentino deja de proteger al asesino del senador Jaime Guzmán. En Chile está impune el crimen de un senador de la República, porque el responsable es protegido por Argentina ".



A su juicio, "así como legítimamente el Estado argentino busca aplicar justicia a un eventual responsable de violaciones a los derechos humanos, en Chile hace muchos años que queremos que se haga justicia respecto de uno de los crímenes más alevosos de nuestro historia reciente".



Agregó que en la UDI "no vamos a renunciar a que en el caso del asesinato de Jaime Guzmán, los responsables cumplan su condena en nuestro país y vamos a agotar todas las instancias que se presenten".



En Argentina, ha trascendido que sorprendió la inmediata concesión de la visa temporal en Santiago. De hecho, según La Nación de Argentina, en círculos judiciales federales se teme una suerte de "revancha política" debido a que el Gobierno de Cristina Kirchner otorgó estatus de refugiado político a Apablaza, acusado también por el secuestro de Christian Edwards, hijo de uno de los dueños del diario El Mercurio.



En este contexto, el Gobierno chileno pidió, hace sólo una semana, la revisión del proceso de asilo político.




miércoles, 7 de septiembre de 2011

Nietos del TERRORISTA DE ESTADO José Alfredo Martínez de Hoz inician juicio por "injurias" en contra de Osvaldo Bayer 03-09-11

lunes 12 de octubre de 2009

GBI=TERRORISMO MEDIATICO BINACIONAL-“A los mapuches los respaldan miembros de las FARC y terroristas de ETA.”-Sapag (hermano ex gobernador Neuquen)

"INSOLITAS" ACUSACIONES DE LA SOCIEDAD RURAL CONTRA LOS MAPUCHES








http://memoriaoralancestralautobiog.blogspot.com/2009/10/gbiterrorismo-mediatico-binacional-los.html





Los Martínez de Hoz al ataque





Por Osvaldo Bayer



No me puedo quejar. Hay que tener suerte. Los Martínez de Hoz me han iniciado juicio. Eso no le pasa a cualquiera. Ahora sí que me siento un elegido por el destino.


Es por el film Awka Liwen donde se analiza la Campaña del Desierto de Roca y mencionamos al fundador de la Sociedad Rural que fue, por supuesto, un Martínez de Hoz. El juicio alcanza también al codirector del film, Mariano Aiello y al historiador Felipe Pigna. Los que inician el juicio son los dos nietos de José Alfredo Martínez de Hoz, el conocido ministro de Economía de la dictadura de la desaparición de personas. A nosotros nos defenderá el conocido abogado de derechos humanos Beinusz Szmukler.



“¡Qué extraño!”, me digo, los tataranietos se sienten injuriados por lo que se sostiene del retatarabuelo y no por lo que hizo el abuelo, el mejor amanuense de la última dictadura más feroz de nuestra historia. La acusación contra nosotros es por “injuriar” al fundador de la Sociedad Rural. Lo escrito en esa acusación provoca hasta conmiseración en el lector, cuánto sentimiento cuando se habla de los hechos de un antepasado de hace ciento cincuenta años. Y nace una especie de sonrisa irónica cuando el lector piensa: ¿por qué tanto sentimiento por un lejísimo antepasado y no dolor y vergüenza por un abuelo que dominó en una brutal dictadura la economía mientras a su lado se torturaba, se desaparecía, se arrojaba vivos a prisioneros al mar desde aviones? Personaje que sigue teniendo juicios en la actualidad por acciones deshonestas, entre ellas la de Papel Prensa.


Me hubiera gustado que esos nietos me hubieran desafiado a un debate en la Biblioteca Nacional, por ejemplo, donde hubiéramos podido públicamente abrir todos los documentos que aseveran lo que sostenemos en el film. No. Inician un juicio, donde exigen una condena en dinero impagable por la cual los supuestos condenados deberíamos pagar solicitadas en todos los diarios del país declarándonos culpables de haber falsificado la historia. Por mi parte no tengo ningún temor. En mi vida de investigador histórico sobre los aspectos más oscuros y dramáticos de nuestra historia del último siglo he ganado todos los juicios o se han enterrado todas las amenazas de juicios. Porque siempre he sostenido que en historia no se puede mentir ya que, de hacerlo, alguna vez vendrá un investigador surgido de las bibliotecas y archivos para demostrar la verdad. Si en este caso el juez podría tener en cuenta el “dolor de retataranietos”, demostraré que no tengo ni por asomo fondos como para pagar lo que exigen –ellos, acostumbrados a las grandes sumas– y preferiré ir a la cárcel para pagar lo que no he cometido. No será la primera vez que estaré entre rejas por lo que escribo, aunque eso fue en dictaduras militares.


Leer el escrito de los nietos del ex ministro dictatorial nos despierta curiosidad. Sostienen, por ejemplo, que lo que se describe acerca del retatarabuelo estanciero Martínez de Hoz causará daños irreparables a la actual familia. Por ejemplo, le escriben el juez: “¿Advierte Vuestra Señoría el daño que las acreditadas falsedades de los autores contra los Martínez de Hoz causarán a la familia, a los suscriptos y a nuestros descendientes si tales falsedades son introducidas al ámbito escolar? El perjuicio contra nuestra familia sería, lisa y llanamente irreparable”.


Ante esta frase podemos sonreír: no se hagan problemas, el daño irreparable ya ha sido hecho por el abuelo José Alfredo Martínez de Hoz, repetimos, ministro de la dictadura más feroz de nuestra historia. Con ganarnos el juicio por unas escenas de nuestro film acerca de la Campaña del Desierto y el genocidio indígena no van a limpiar nunca jamás el nombre de Martínez de Hoz. Les recomiendo que en vez de preocuparse por el retatarabuelo, los descendientes se quiten la parte de Hoz, y se llamen a partir de ahora sólo Martínez, que es un apellido muy difundido y así pueden liberarse de ese terrible pasado familiar que es la figura del ministro dictatorial. El es quien asestó un golpe feroz e ilevantable contra su familia al ser ministro de esa dictadura.


Más todavía que el abogado que nos hace el juicio, ese nieto, se llama justamente José Alfredo Martínez de Hoz, igual que el ministro de la vergüenza nacional.


¿No es acaso este juicio un principio de tratar de hacer olvidar nuestro presente con una acusación contra un film que habla de la historia de cómo se robaron las tierras en las cuales vivieron durante siglos los pueblos originarios?


Los nietos demandantes sostienen que su retatarabuelo no intervino para nada con respecto a esas ocupaciones de tierras donde nacieron luego los grandes latifundios tan bien representados por la actual Sociedad Rural.


Justamente, ahora, aquí, voy a reproducir un documento de la Sociedad Rural donde habla acerca del fundador de esa entidad de estancieros, justamente de José Martínez de Hoz.


Esta solicitada fue publicada nada menos que el lunes 11 de junio de 1979, es decir, en plena dictadura militar de Videla, a página entera, siendo ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, por el diario Clarín, cuando se cumplieron cien años de la Campaña del Desierto. La solicitada dice, a todo título: “La Sociedad Rural Argentina, las Fronteras y los Indios”. En la misma se trae la resolución del ministro de Guerra, coronel Martín de Gainza de junio de 1870 que (textual) “acude a la Sociedad Rural Argentina pidiéndole se hiciera cargo de adquirir 1500 caballos para el Ejército con destino a la campañas contra los indios”. Luego sigue la solicitada (textual): “El entonces señor presidente de la Sociedad Rural Argentina, don José Martínez de Hoz respondió a ese petitorio diciendo: En contestación a la nota de V.E.... felicitándose la Sociedad Rural de que V.E. le haya dado esta brillante oportunidad para demostrar cuánto puede hacer en beneficio de los intereses rurales que está encargada de promover, cooperando siempre en todo sentido cuando se trata de dar seguridad y bienestar a nuestros pobladores de la campaña”. Aquí habría que decir que más bien se refería a la propiedad nueva de que se iban apoderando los nuevos dueños de la tierra con ayuda oficial. Luego, en la solicitada viene la circular firmada por Martínez de Hoz del 4 de julio de 1870 donde dice: “Siendo un deber de todo ciudadano prestar su auxilio y cooperación a los gobiernos, siempre que se ocupen de la seguridad y bienestar de las sociedades que dirigen, la corporación que presido no ha titubeado ni un momento en encargarse de la compra de 1500 caballos que el Excmo. Gobierno Nacional necesita urgentemente. La Comisión Directiva de la Sociedad Rural no ha trepidado ni un solo momento en tomar a su cargo tan importante comisión, porque ha creído que aceptándola trabaja en el sentido de favorecer los intereses rurales que tiene el deber de promover”. Firmado José Martínez de Hoz.


“Los intereses rurales”, dice el retatarabuelo de quienes nos iniciaron juicio. ¿Cuáles intereses, los de los pueblos originarios que vivían allí desde hacía veinte siglos? No, los intereses de los recién llegados que vieron que eso era una fuente de riquezas. El mismo día se hace la “asamblea general extraordinaria de la Sociedad Rural”. Y en el comunicado señala que el objeto de esa reunión es tratar la oferta hecha por “el gobierno de la Pcia. de Bs. As. al de la Nación para alejar los indios al otro lado del río Negro”. Misión que llevará a cabo ocho años después el general Roca. En la asamblea se resuelve ofrecerle al gobierno “la cooperación de los hacendados sin limitación alguna”. Estas tres palabras lo dicen todo.
Luego, los hacendados levantan el tono y ofrecen al gobierno: “La más decidida cooperación para reunir los elementos bélicos necesarios que, ayudando a los que tiene la Nación, sirvan a repeler los indios lejos de nuestras fronteras actuales”. Todo, firmado por José Martínez de Hoz.


Y trescientos ganaderos.


Luego sí, Martínez de Hoz muere antes de la expedición de Roca. Pero es que la Campaña del Desierto ya había comenzado mucho antes.


Bien, he presentado la primera prueba. Mi esperanza es –aunque yo vaya preso por faltar el respeto “a la Sociedad Rural”– que con esto tome un nuevo curso la gran polémica en el país acerca del genocidio que los argentinos cometimos hace un siglo y medio contra los pueblos originarios. Así que, bienvenido el juicio que nos han iniciado los Martínez de Hoz. Servirá para ventilar ese oscuro pasado.



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