lunes, 9 de marzo de 2009

El asesor que complica a la UDI

Domingo 8 de marzo de 2009 _NOM_SECCION1
Por Javier Rebolledo / La Nación Domingo



Jaime Jullian, el nombre que se repite en Recoleta y Huechuraba

El asesor que complica a la UDI

Durante años operó en las cuestionadas GMA, Asesorías y Servicios, además de cumplir múltiples roles con el ex alcalde Gonzalo Cornejo y Carolina Plaza. Siempre en las sombras, cuando la Fiscalía Centro Norte comenzó su investigación, se abrió a reconocer su rol dentro del tinglado que habría tenido por fin recaudar dineros para campañas electorales.

En 2000, Iñaki Busto, el ahora exiliado operador de la UDI, recibió una petición de parte de los senadores Pablo Longueira y Andrés Chadwick: asesorar a tres jóvenes alcaldes recién elegidos que, esperaban, se transformaran en puntales del crecimiento del gremialismo en comunas populares del Gran Santiago. Se trataba de Gonzalo Cornejo, en Recoleta; Carolina Plaza, en Huechuraba, y Francisco Miranda, en San Bernardo.

Una de las primeras gestiones de Iñaki frente a la solicitud fue contactar a su íntimo amigo Jaime Jullian Pope, para ofrecerle asesorar a Cornejo y Plaza. Agrónomo titulado en la Universidad Católica, era una carta experimentada. No sólo había servido en 1982 como alcalde de Curacaví, designado por Augusto Pinochet, sino que fue además, junto al propio Busto, uno de los jefes de la campaña senatorial de Andrés Chadwick en 1997, a quien conocían desde la universidad.

Jullian cumplía además con otro requisito clave para las labores que le serían encomendadas en el futuro. A pesar de que pertenecía a la UDI desde los años de estudiante, donde conoció a varios de sus actuales líderes, siempre había cultivado un perfil bajo.

Así, en 2000 Jullian comenzó a desempeñarse como asesor directo de Gonzalo Cornejo, para luego asumir cargos directivos tanto en Recoleta como en Huechuraba. En ese momento, nadie sospechaba que, paralelamente a sus labores formales, el asesor y consejero Jullian participaba de la formación y puesta en marcha de una serie de empresas, incluida las polémicas Asesorías y Servicios Limitada (ASL) y Gestión Municipal Avanzada (GMA), que hoy son sindicadas como verdaderas cajas negras donde se recibían aportes de empresarios y otros actores para luego derivarlos a campañas políticas.

Actualmente, Jullian es parte de los expatriados del gremialismo. Pese a que se lo ha señalado como uno de los cerebros de los sospechosos movimientos de dinero que investiga la Fiscalía Centro Norte en el marco de las indagaciones a la empresa GMA, han sido sus propias declaraciones judiciales las que han permitido a los fiscales desenredar la madeja de sociedades y negocios que manchan el accionar los municipios controlados por el gremialismo en la zona norte de la Región Metropolitana. Es, lo que se llama, un testigo clave.

La triangulación

Una fuente de la UDI señala que dentro del partido no es una sorpresa que Jullian se haya abierto a relatar los hechos que investiga la justicia. "Es un hombre que goza de un tremendo respeto y siempre se lo ha visto como alguien transparente. Su imagen dista mucho de la de Iñaki Busto", señala. Otra fuente de la tienda de Suecia 286 relata que el agrónomo no siempre ha tenido una militancia activa, y que solía alternar su actividad política con los negocios agrícolas que llevaba en la Región de O’Higgins.

A fines de 2008, el propio Jullian habría declarado a la fiscal Ximena Chong que el dinero que aportaron empresarios de Recoleta como ellos mismos reconocieron en el proceso tanto para la campaña edilicia de Cornejo en 2004 y como para la de su esposa, la diputada Claudia Nogueira, en 2005, fue triangulado a través de ASL.

Dicha empresa tiene un amplio historial vinculado a GMA. Fue creada por Jullian en 2000, quedando él como propietario del 98% de las acciones y su hermano Rodrigo del 2% restante.

El 31 de diciembre de 2003, y mientras las campañas municipales del año siguiente calentaban motores, ASL fue contratada por la Municipalidad de Recoleta por un monto de 1 millón 200 mil pesos mensuales. Justo ese día terminó también el contrato que vinculaba a Jullian con la municipalidad, como asesor del alcalde. Entre 2001 y 2002 había sido administrador municipal en Recoleta, y por esa misma fecha, se desempeñó también como jefe de gabinete de Carolina Plaza en Huechuraba.

El primer cruce entre ASL y GMA se da en 2004, aun antes de las elecciones municipales. En febrero de ese año, el socio mayoritario de esta última empresa, Bernard Bataszew, le entregó un poder amplio a Jullian para que retirara todo tipo de documentos emitidos por GMA. ¿Qué relación existía entre ambas compañías como para que Jullian gozara de estos beneficios?

En marzo de 2005, el agrónomo traspasa uno de sus contratos con Recoleta, y posteriormente ese mismo año asume funciones oficialmente como miembro del directorio de la hoy cuestionada firma.

Sin embargo, para entender cabalmente la triangulación de dineros que hoy investiga la justicia hay que agregar una tercera empresa al baile. Se trata de Rush Limitada, cuyo domicilio comercial, curiosamente, es el mismo de ASL y GMA: Manzano 377, en un edificio del barrio Patronato, comuna de Recoleta. Dicha compañía fue formada por Gonzalo Cornejo, su ex jefa de gabinete, Jenny Acevedo y un tercer socio. La Fiscalía Centro Norte detectó que, a fines de 2007, GMA pagó a Rush cerca de 30 millones de pesos, una de las situaciones que hoy apremia al ex alcalde. Pero las responsabilidades penales más complicadas que podría enfrentar Cornejo se deben a que la mencionada Jenny Acevedo dejó el municipio para asumir como gerente general de GMA en mayo de 2005 (es decir, dos meses antes de que renunciara a la municipalidad) y que luego, como representante de la firma, firmó un contrato con Cornejo el 25 de agosto de 2006, cuando ambos eran socios en Rush.

Full campaña

Durante 2005, todo fue miel sobre hojuelas para el grupo de hombres más cercanos a Gonzalo Cornejo. Durante ese año y el siguiente, los funcionarios municipales veían cómo, terminada la jornada laboral Acevedo, Jullian e Iñaki Busto, junto con el concejal UDI por Recoleta Marcelo Teuber, el entonces administrador municipal Álvaro Lavín y un par de amigos más, solían reunirse para salir todos juntos. "Como primera parada, algunos de los lugares predilectos eran los restaurantes Eladio y El Otro Sitio. Luego se reunían en el departamento que arrendaba Jenny, ubicado en calle Bellavista", señala la misma fuente.

Al mismo tiempo durante ese 2005, otra empresa, la cuarta que registraba domicilio en las mismas oficinas de Manzano 377, realizaba desde allí un intenso trabajo consistente en servicios de publicidad y en llamados telefónicos para sondear las preferencias del público respecto de candidatos de la UDI para la elección de diputados de diciembre de ese año. Full Call sólo emitió 18 boletas, todas ellas en 2005, para distintos candidatos del gremialismo en vísperas de las elecciones parlamentarias y también para Joaquín Lavín, cuando éste competía en la carrera por la presidencia.

Según comenta otro militante de la UDI, Jaime Jullian era el hombre que desde esa oficina confeccionaba los cuestionarios telefónicos y también elaboraba las bases de cálculo para interpretar los resultados. "Como es un especialista en números, toda esa pega siempre estuvo radicada en él", cuenta la fuente.

A pesar de que ni Carolina Plaza ni Gonzalo Cornejo aparecen en la estructura societaria de Full Call, en agosto del año pasado la alcaldesa de Huechuraba confesó a la justicia que le había prestado 10 millones de pesos al ex edil de Recoleta para la formación de la empresa. Como ella argumenta, eso no la transforma en socia. Sin embargo, su principal asesor en el municipio, Aníbal Rodríguez, sí aparece como socio.

Como si fuera poco, Ignacio Urzúa, ex secretario de Planificación de Huechuraba, declaró a la Fiscalía que, en 2007, fue llamado por la propia Plaza para que acudiera a las oficinas de Manzano 377. Ahí se encontró comiendo sushi a la alcaldesa de Huechuraba, acompañada por Jullian e Iñaki Busto.

Hombre orquesta

El 19 de junio de 2007, Jaime Jullian compró parte de las acciones de GMA que estaban en poder de la hija de Iñaki Busto, a quien su padre se las había traspasado un mes antes. Según un informe que la Contraloría Regional de Valparaíso emitió en junio del año pasado respecto a la Municipalidad de Viña del Mar, el 18 de julio de 2007 la edil de la Ciudad Jardín, Virginia Reginato, firmó un contrato con GMA caratulado como "Ordenamiento territorial de información social de la comuna". El valor total del convenio alcanzó los 15 millones de pesos. Hasta ahí no había nada sospechoso. Sin embargo, Jullian venía trabajando en Viña junto con Marcelo Teuber en la implementación de la ya famosa Ficha Vecino, el producto estrella de GMA, desde fines de 2006, aunque a título personal y con contratos a honorarios.

A través de sucesivos contratos, ambos fueron aumentando regularmente el monto de sus remuneraciones, las que hasta febrero de 2008 alcanzaban la suma de casi 60 millones de pesos.

En los descargos que entregó al organismo contralor, sin embargo, el municipio viñamarino le bajó el perfil a los servicios contratados a GMA. Señala que, dentro del plan tecnológico de la municipalidad, "la participación de la aludida es menor, lo que a su juicio también se manifiesta en los bajos montos que le fueron pagados", reseña la alcaldesa de Viña.

El asesor

El último episodio del caso GMA fue anunciado esta semana por el fiscal nacional, Sabas Chahuán, cuando confirmó la apertura de una nueva investigación a cargo del fiscal regional de Valparaíso, Jorge Abott , esta vez por los pagos que la diputada Claudia Nogueira había hecho a Jaime Jullian, quien durante 2006 figuró como su asesor legislativo.

¿Cuál era el problema? El Congreso Nacional canceló cerca de 800 mil pesos mensuales a Jullian, dinero que luego fue a parar íntegramente a la cuenta bancaria bipersonal que Nogueira mantiene con su esposo, Gonzalo Cornejo. Según la diputada, sin embargo, no hubo nada irregular en la transacción y los trabajos cancelados, correspondientes a materias laborales y de educación, entre otras, se cumplieron a cabalidad.

Cuesta entender por qué Jullian devolvió desinteresadamente el fruto de su trabajo a la cuenta de su empleador. La explicación la dio el propio abogado de la diputada, Mario Zumelzu, según el cual "Jullian sabía bien el destino de las platas, pues en su declaración, él dijo que los pagos recibidos por las asesorías él los donó para las actividades de la parlamentaria en su distrito".

En total, GMA cobró a los municipios de Huechuraba y Recoleta cerca de 500 millones de pesos por la instalación y mantención de la Ficha Vecino y el Sistema de Información Georreferenciada. A esto hay que agregar sumas aún mayores que habrían entrado a través de empresarios, aportes varios, ASL y, en general, todas las empresas que funcionaron aquella misteriosa dirección de Recoleta. Lo claro es que toda la maravilla informática que Cornejo, Plaza e Iñaki Busto prometieron traer a sus comunas a través de la inversión en tecnología hoy no es más que un mal chiste. Y que en cada uno de sus pasos aparece la huella, silenciosa pero efectiva, de Jaime Jullian. El mismo hombre cuyo testimonio tiene contra las cuerdas a Cornejo, Nogueira y otros de sus camaradas de la UDI. //LND

http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20090307/pags/20090307212734.html



Conadi negocia de manera reservada con agricultores que han sufrido múltiples ataques "armados e incendiarios."

Ya adquirió 123 hectáreas y las entregó a comunidad indígena:

Gobierno compra tierras vecinas a las de agricultores atacados para detener violencia

Conadi negocia de manera reservada con agricultores que han sufrido múltiples ataques armados e incendiarios. Organismo deberá disponer de $7 mil a 10 mil millones para comprar 2.000 hectáreas.

IVÁN FREDES

TEMUCO.- La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) deberá disponer de siete mil a diez mil millones de pesos para adquirir y traspasar a cuatro comunidades mapuches unas 2.000 hectáreas de tierras, que negocia reservadamente con una docena de agricultores de Ercilla y Vilcún. Su intención es parar definitivamente las reiteradas ocupaciones y atentados de grupos violentistas que reclaman derechos ancestrales sobre estas propiedades de la IX Región.

En esa línea, el organismo gubernamental acaba de comprar cuatro hijuelas, por un total de 123 hectáreas, a la sucesión Miller Bohringer (cuatro hermanos), vecina del agricultor René Urban, en la suma de $415 millones, las que fueron traspasadas y ocupadas de inmediato por la comunidad Ancapi Ñancucheo, de acuerdo con el contrato notarial al que tuvo acceso "El Mercurio".

Hasta ahora, las negociaciones se hacen bajo estricta reserva con los agricultores René Urban, Mario Martín Ruff, Ema Martín Ruff, Eduardo Martín Ruff, Luis Valenzuela Leger, Luis Seitz, Fernando Wickel y Jorge Luchsinger, entre otros, para adquirir alrededor de 20 predios.

Los mismos agricultores estiman que el Gobierno deberá desembolsar entre siete mil y diez mil millones de pesos para adquirir la totalidad de esas tierras, considerando que en algunos casos el precio de la hectárea puede superar los cinco millones de pesos.

"La negociación es lenta y eso puede provocar un conflicto mayor, porque la Conadi ha alimentado las expectativas de las comunidades y aún no resuelve nada", dijo Luis Valenzuela, hijo de uno de los propietarios en negociación. "Hasta ahora la oferta presentada es ridícula y no representa el valor comercial", apuntó.

Las tierras en proceso de adquisición serán traspasadas a las comunidades Guañaco Millao, Ancapi Ñancucheo y Temucuicui, en el sector de Ercilla, y a la comunidad de Yeupeco, en la zona de Vilcún.

La situación más conflictiva la representa la comunidad Temucuicui, cuyos máximos dirigentes amenazaron con ocupar los predios de Urban si al 15 de marzo próximo no está concluida una nueva tasación de sus predios para la presentación de la respectiva oferta al agricultor.

Sin embargo, dicha retasación, suscrita en un documento por representantes de Conadi y la comunidad, no se efectuará debido a que los predios ya ha sido tasados dos veces.

El propietario no acepta una tercera tasación, porque a su juicio la Conadi pretende disminuir el precio, producto de un incendio que en enero último afectó alrededor de 200 hectáreas en dos de sus cinco predios.

"Me opongo, porque así van a seguir quemando el campo para pagar menos", dijo Urban.

El lonco de Temucuicui, Juan Catrillanca, dijo que su demanda es por 1.500 hectáreas, y si la Conadi no cumple su demanda evaluarán si se movilizan.

El diputado Eugenio Tuma, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, cuestionó que el Gobierno negocie y firme acuerdos bajo amenazas, y rechazó la posibilidad de que Temucuicui sea favorecida con nuevas tierras sin respetar la ley ni el reglamento del Fondo de Tierras y Aguas de la Conadi. "Es una pésima señal para el resto de las comunidades que postulan pacíficamente", dijo.

Por la misma razón, citó al Parlamento para el próximo miércoles a los ministros del Interior, Edmundo Pérez Yoma, y de Mideplan, Paula Quintana. La idea, dijo, es que expliquen la legalidad de dichas compras y el origen de los dineros para esas adquisiciones.

La más favorecida

El año 1998 la comunidad Temucuicui incluía a 165 personas mayores de 18 años, cuyo título de merced otorgado en 1884 consignaba 250 hectáreas.

Hoy ya suma 2.723,4 hectáreas, traspasadas tras sucesivas compras de terrenos con subsidios estatales.

La lista de la Conadi en internet informa que la comunidad "Ignacio Queipul" o Temucuicui recibió en 1998 los predios Lote A del fundo Alaska (98 hectáreas) y la hijuela Santa Luisa (58 hectáreas); en el año 2002, el fundo Alaska (1.937 hectáreas); en 2004, el fundo La Soledad (278 hectáreas), y en 2005, el predio Santa Filomena (425 hectáreas).

La comunidad original ha experimentado sucesivas divisiones, para así poder optar a nuevas tierras.

Dos agricultores agredidos

RENÉ URBAN

Atacado una treintena de veces desde hace ocho años. El valor de sus cinco predios, con 600 hectáreas en total, es del orden de los 3 mil millones. Estos son: La Romana, Montenegro, Nilontraro, Santa Melania y El Manzano

JORGE LUCHSINGER

Ha sufrido reiterados ataques armados e incendiarios en sus dos fundos de 500 hectáreas. El valor también asciente a $3 mil millones, porque tienen mejor aptitud agrícola. Los fundos son: Santa Margarita y San Miguel.

VALOR

CONADI pagó, en promedio, $3,4 millones la hectárea, de acuerdo con la tasación comercial.

http://diario.elmercurio.com/2009/03/08/nacional/nacional/noticias/A7CAA94D-9EA2-4AA1-A6E3-BDF898901CB6.htm?id={A7CAA94D-9EA2-4AA1-A6E3-BDF898901CB6}

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Venezuela expropiará latifundios para producir alimentos - SERAN "PROPIEDAD SOCIAL" 09-03-09

SERAN "PROPIEDAD SOCIAL"

Venezuela expropiará latifundios para producir alimentos

El gobierno de Venezuela intervendrá a partir de hoy varios latifundios para impulsar la producción de alimentos, anunció el presidente Hugo Chávez. Al hablar anoche durante un acto público, el mandatario dijo que el latifundio es uno de los grandes males que aqueja aún a la nación.

"Si hay 10 hectáreas y se están subutilizando, depredando los suelos, no se están aprovechando de manera correcta ni para el beneficio de todos, es un latifundio", señaló Chávez, según un despacho de la agencia de noticias estatal ABN.

Recordó que la propiedad social "puede ser indirecta, como Pdvsa (Petróleos de Venezuela), porque la rige el Estado", o directa, que es "la más difícil de lograr: permitir que una comunidad pueda ser dueña de una propiedad, para gestionar y trabajar en beneficios de todos".

"Transformando el modelo de propiedad, de producción y la distribución de los modelos de consumo, podremos lograr el modelo socialista, podremos lograr una sociedad donde reine la justicia, todos vivamos con la mayor suma de felicidad posible".

Permalink:
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-121220-2009-03-09.html

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Tucapel Jiménez: “Novoa era subsecretario cuando mataron a mi padre”

Lunes 9 de marzo de 2009 | 14:18


Tucapel Jiménez: “Novoa era subsecretario cuando mataron a mi padre”




El diputado del Partido por la Democracia (PPD), Tucapel Jiménez, rechazó esta mañana la eventual presidencia senatorial de Jovino Novoa, al recordar y cuestionar el papel que el senador UDI ocupó durante el gobierno militar, época en que además murió su padre, ex dirigente sindical.

“Fue el senador Novoa, subsecretario de gobierno en el año 1982, cuando se asesinó a mi padre, cuando se asesinó a un ex presidente de la República, cuando se asesinó a miles de chilenos”, sentenció.

Asimismo, Jiménez afirmó que “si (Novoa) no supo lo que estaba pasando en el país, que se estaban asesinado a miles de compatriotas por pensar diferente, si él no lo supo fue una persona tremendamente inepta en su cargo”.

Respecto al futuro presidente del Senado, el diputado consideró que Novoa “debió haberse inhabilitado para asumir un cargo de esta magnitud” y reprochó a la derecha que “habla todos los días de la responsabilidad política y lo que hay, por supuesto, es una tremenda irresponsabilidad política”.

En este contexto, el parlamentario PPD añadió que “como amante de la democracia siento una profunda vergüenza que una persona como Jovino Novoa asuma el tercer cargo de la nación” y aseguró que “será un día negro para la democracia chilena cuando asuma (el senador Novoa)”.

Tucapel Jiménez Alfaro fue dirigente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales de Chile, por lo que adquirió gran protagonismo en el movimiento sindical opositor al Gobierno militar.

El 25 de septiembre de 1982, Jiménez fue asesinado mediante disparos y degollamiento, luego de que agentes de inteligencia siguieron el taxi que conducía, le interceptaran y obligaran a conducir hacia el poniente rural de Santiago.

Su participación activa en la causa sindical, que incluso le unió con el ex presidente Eduardo Frei Montalva para "juntar las fuerzas opositoras a la dictadura", le valió constantes amenazas de muerte y seguimientos. Ambos estaban bajo la mira de la CNI pero Frei murió primero, casi un mes antes.

http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20090309/pags/20090309142009.html

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Suprema condena al Fisco a pagar $75.000.000 a familiar de detenido desaparecido 09-03-09

09 de Marzo de 2009

Suprema condena al Fisco a pagar $75.000.000 a familiar de detenido desaparecido

El Máximo Tribunal dictó sentencia definitiva en la investigación por los secuestros calificados de Darío Miranda Godoy, Jorge Solovera Gallardo y Enrique Jeria Silva.

La Corte Suprema dictó sentencia definitiva en la investigación por los secuestros calificados de Darío Miranda Godoy, Jorge Solovera Gallardo y Enrique Jeria Silva, ocurridos desde el 30 de julio y el 18 de agosto de 1976 en la ciudad de Santiago.

En fallo dividido los ministros determinaron las siguientes sanciones: Manuel Contreras Sepúlveda: 5 años de presidio sin beneficios; Carlos López Tapia: 3 años de presidio con el beneficio de la remisión condicional de la pena.

Asimismo, se condenó al Fisco a pagar una indemnización de $ 75.000.000 a Aída Toro Hoffmann, esposa de una de las víctimas.

Tanto en la decisión penal como en el aspecto civil, el fallo fue dictado con el voto en contra de los ministros Segura y Ballesteros, quienes estuvieron por acoger la figura de la prescripción.

Esta es la séptima sentencia de la Corte Suprema en 2009 en materia de procesos por violaciones a los derechos humanos y la número 50 desde 2005.

En el caso fallado, en primera instancia el ministro Juan Eduardo Fuentes Belmar había determinado una pena de 10 años y 1 día para Manuel Contreras Sepúlveda y de 5 años para Carlos López Tapia, concediendo en este caso el beneficio de la libertad vigilada.

http://www.elmostrador.cl/index.php?/noticias/articulo/suprema-condena-al-fisco-a-pagar-75000000-a-familiar-de-detenido-desapareci/

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Censuran por miedo exposición de "Arte" en el Diario La Nación. CALFUNAO J.






7 March, 2009


Denuncian que Censuran exposición de Presa Mapuche


Dibujos hechos por Juana Calfunao, Presa Mapuche en Cárcel de Temuco, habrían sido censurados según denuncian los organizadores. La muestra se pretendía hacerse detrás del palacio de Gobierno de la Moneda.



Santiago - "Lamentamos informar a la comunidad nacional e internacional que a pesar de la constante preocupación de los organizadores por mostrar a tiempo las imágenes y los textos a publicar, el Sr. Martín Huerta, Director de la sección de Arte y columnista del diario La Nación, canceló la exposición horas antes de su inauguración".






El lunes 2 de marzo del 2009 se realizaría la exposición de 42 dibujos hechos por la Lonko Juana Calfunao -presa política desde el año 2006 y condenada hasta el 2012- traídos directamente desde la cárcel de Temuco al frontis del diario La Nación, detrás del Palacio de La Moneda, para que nuestra sociedad pueda ver lo que ocurre en el sur de Chile.


Lamentamos informar a la comunidad nacional e internacional que a pesar de la constante preocupación de los organizadores por mostrar a tiempo las imágenes y los textos a publicar, el Sr. Martín Huerta, Director de la sección de Arte y columnista del diario La Nación, canceló la exposición horas antes de su inauguración. Huerta tuvo las imágenes desde mediados de enero y los textos les fueron entregados hace dos semanas atrás, teniendo tiempo suficiente para revisar el material. Pero,en palabras de Huerta, sólo ayer se puso a “ver las cosas”, a lo que señala que sólo “cuatro a cinco imágenes se salvan”,“ son demasiado fuertes y no deseo exponerme a que pasen cosas… esto llega al omóplato del Gobierno”.

PAKOZZ CRIMINALES DE LESA SEGUNDA COMISARIA TEMUCO.

¿Qué podría pasar si se exponen estas imágenes? Según Huerta esto “me acarrearía problemas con los dueños de La Nación”, es decir, el Gobierno chileno. Además como última declaración recalca el miedo que tiene a ser despedido, “yo no puedo exponer mi trabajo, yo vivo de esto, a mi edad ¿dónde voy a encontrar pega?”, por lo que el único culpable oficial es él. Pero sostenemos que el miedo hace auto-censurarse a individualidades que históricamente han apoyado los procesos sociales. No obstante, Huerta reconoce que “estoy con la causa mapuche”.

Nosotros sabemos que el miedo impuesto por el Gobierno con injusticia y represión destruye la ”libre expresión”, inexistente en este caso y en muchos otros.

Censurando la realidad, la mentira seguirá creciendo.




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El senador Alberto Espina dice que La Moneda "teme conflicto con organizaciones de DD.HH. y termina abandonando a las víctimas". 11-02-09

El senador Alberto Espina dice que La Moneda "teme conflicto con organizaciones de DD.HH. y termina abandonando a las víctimas".


Miércoles 11 de febrero de 2009

FUENTE: EL MERCURIO

"El Gobierno se ha negado a aplicar una ley que se dictó en democracia, la Ley Antiterrorista, y con esta decisión política está incentivando la impunidad".



Así lo afirma el senador Alberto Espina, al exponer lo que para parlamentarios de la Alianza es el tema de fondo que emergió con la denuncia de la ex abogada de la intendencia de la Araucanía Alicia Gómez, quien dijo que existe un instructivo del Gobierno para que estos profesionales no se hagan parte en causas con imputados por delitos terroristas.

Gómez fue cesada en sus funciones tras no presentarse en la formalización de Mauricio Huaiquilao, imputado por el ataque incendiario al fundo "Santa Rosa", de propiedad del agricultor Eduardo Luchsinger, además de otros tres atentados. La abogada explicó que "mi no concurrencia dice relación con que sabía que el fiscal pretendía formalizar por infracción a la Ley Antiterrorista, lo que se aparta de las conclusiones manifestadas por la Presidenta de la República respecto de no aplicar esta ley".

Espina, quien representa en el Senado a la Araucanía, dijo que "esta doctrina deriva en que las investigaciones se debilitan, se desincentivan, porque el Gobierno se termina inhibiendo ante hechos terroristas". A esto se agrega, afirmó, que los fiscales que investigan atentados no se sienten respaldados en las acciones que desarrollan y tampoco lo sienten respecto del apoyo que deben prestar las policías a esas investigaciones.

Al respecto, el diputado UDI Gonzalo Arenas anunció que en marzo citarán al ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, para que se refiera al instructivo presidencial al que hace alusión la abogada Gómez, lo que ella explicó diciendo que existía el instructivo de no comparecer si se imputa un delito terrorista.

"Nosotros consideramos que si no hay un instructivo presidencial, al menos son órdenes que emanan del ministerio del Interior, porque en las causas en las que está invocada la Ley Antiterrorista sospechosamente el Gobierno nunca se ha hecho parte ", dijo Arenas.

>> Tres últimos casos: ley de Seguridad del Estado o no hacerse parte

Desde que el Gobierno accedió a llegar a un acuerdo con la activista pro mapuche Patricia Troncoso, conocida como La "Chepa", para que depusiera una huelga de hambre que se prolongó por 111 días, ha declinado presentar querellas invocando la Ley Antiterrorista.

Entre los casos ocurridos el último año figura un allanamiento a la comunidad mapuche de Temucuicui, en agosto de 2008, en el que dos carabineros fueron heridos a bala. Entonces el vocero de Gobierno, Francisco Vidal, descartó la aplicación de la Ley Antiterrorista contra los responsables, porque el Gobierno decidió invocar la Ley de Seguridad del Estado.

El 4 de noviembre de 2008, el Ministerio Público invocó la Ley Antiterrorista al formalizar a los estudiantes de Antropología Jhonatan Vega (26) y Félix Delgado (22), y a R.H.I. (17), detenidos por lanzar una bomba Molotov a furgones policiales en la Ruta 5 Sur (en la foto). La Intendencia no se querelló.

En tanto, el 26 de enero de 2009, la Intendencia se querelló contra quienes resultaran responsables por el atentado incendiario que días antes afectó a un fundo en la comuna de Padre las Casas. La querella fue presentada por el delito de robo con intimidación e incendio. En esa oportunidad la intendenta de la Araucanía, Nora Barrientos (PS), se excusó de invocar la Ley Antiterrorista aduciendo falta de antecedentes.

>> La posición del Gobierno

Presidenta Bachelet

13 de mayo de 2006

"No voy a aplicar la Ley Antiterrorista porque considero que la justicia ordinaria tiene bastante fuerza para actuar".

Intendenta Nora Barrientos

21 agosto de 2008


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"Nosotros hemos sido categóricos y hemos dicho que en el gobierno de la Presidenta no vamos a pedir la aplicación de la Ley Antiterrorista".

Subsecretario Patricio Rosende

Ayer


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"La Presidenta ha dicho que ella y su gobierno no va a invocar la Ley Antiterrorista, eso se ha cumplido. Pero si el Ministerio Público, que es el que califica, que investiga y que formaliza, lo hace, bueno, el Gobierno tiene que respetar esa decisión".


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"Lo importante no es que exista un instructivo escrito o verbal, sino la decisión del Gobierno de no actuar en causas en que la fiscalía se querelle por delitos terroristas".

Senador Alberto Espina (RN)


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"Se habla de un instructivo presidencial, lo que consideramos muy grave, porque a través de una instrucción presidencial no se están aplicando las leyes".

Diputado Gonzalo Arenas (UDI)

http://www.kilapan.entodaspartes.net/spip.php?article219