martes, 3 de marzo de 2009

Suiza acoge a tramitación petición de asilo de niña mapuche

12 February, 2009

Suiza acoge a tramitación petición de asilo de niña mapuche

"Relmutray. Tiene sólo 10 años y ya sabe que cuando vienen los carabineros debe esconderse. Ha estado detenida, ha visto cómo golpean a sus padres, tiene a casi toda su familia en la cárcel y sueña que la policía la agrede o se la lleva. Antes de que sus pesadillas se hicieran realidad, la familia Cadin Calfunao decidió enviar a su hija menor a Ginebra. Hoy está en Europa, buscando refugio y comenzando a vivir como niña."
Asi comenzaba el reportaje publicado por el estatal diario chileno La Nación, el domingo 5 de octubre de 2008: "La historia de la niña mapuche que busca asilo político en Suiza".
Cuatro meses más tarde, en Febrero de 2009 se escribe otro capitulo de la historia de Relmutray. Oficina Federal de Migraciones del país europeo confirmó que acogió a trámite la solicitud de la menor Relmutray Cadin, hija de la encarcelada lonko Juana Calfunao.
Las autoridades suizas acogieron a tramitación una solicitud de asilo político que presentó ante ese país la menor Relmutray Cadin (11), hija de la lonko Juana Calfunao, una conocida dirigenta mapuche que hoy cumple una condena en la cárcel de Temuko por el ilícito de atentado contra la autoridad. La niña, en compañía de su tía Flor Calfunao, viajó en octubre a Ginebra, Suiza, donde ambas estamparon una solicitud para requerir refugio político.
Las autoridades del país europeo confirmaron ayer que se está tramitando la presentación de Flor Calfunao y su sobrina, quienes alegan una presunta persecución política contra su familia en nuestro país. Flor Calfunao reside desde hace varios años en el extranjero y viajó a Chile a buscar a la menor para llevársela a Europa. El pasado 22 de enero, ella y su sobrina comparecieron ante una oficina de refugiados en Suiza, donde expusieron sus argumentos para quedarse a vivir allí.
Los encargados de la Oficina Federal de Migración -entidad que debe decidir la petición de asilo-, les hicieron diversos exámenes médicos y les tomaron fotografías y sus datos personales. Además, se decidió entregarles ayuda mientras se resuelve la solicitud. Según informó Roman Cantieri, vocero de la Oficina Federal de Migración, los solicitantes "reciben un mínimo vital", es decir, dinero para alojamiento, además de un seguro de salud.
Luego de su llegada a Suiza, la menor se integró a un colegio y está aprendiendo diferentes idiomas. En la oficina gubernamental añaden que la mayoría de las demandas son resueltas en tres meses, pero que casos excepcionales pueden tardar hasta años. Para resolver, se entrevista a los solicitantes y se investiga su historia personal.
Familia en prisión
La lonko Juana Calfunao, madre de la menor, actualmente se encuentra en prisión, luego de ser condenada a cuatro años por el delito de atentado contra la autoridad. El 2006, la mujer y un grupo de mapuches escupieron y golpearon a dos fiscales, a quienes también insultaron y trataron de racistas.
Calfunao -quien es máxima dirigenta de la comunidad Juan Paillalef, ubicada en la IX Región- se hizo conocida en julio de 1999, cuando durante un reunión con representantes de diversas comunidades mapuches agredió al entonces director de Conadi, Rodrigo González. El entonces funcionario de gobierno recibió puñetes y cabezazos por parte de la mujer. El esposo de ella, Antonio Cadin, también está preso por el mismo delito en la Cárcel de Temuko. Su hermana, Luisa Calfunao, está en prisión por atentar contra la autoridad y por lesiones.
Los hijos del matrimonio, Jorge y Waikilaf (28), también han permanecido detenidos por su vinculación al movimiento mapuche, acusados de delitos como desórdenes y daños. Carolina Landero, otra de las hijas de la lonko Calfunao, asumió un tiempo la tutela de Relmutray, pero también tuvo problemas judiciales. Ante este escenario -según cercanos a la familia Calfunao- se optó por sacar a la menor del país e intentar que reciba refugio en Suiza para que se quede a vivir definitivamente en ese país. Ayer, la embajada chilena en Suiza señaló no manejar antecedentes del caso.
Rechazo del gobierno
El ministro (s) Secretario General de Gobierno, Neftalí Carabantes, afirmó esta mañana que a juicio del Ejecutivo, la petición de asilo político de la niña mapuche Remultray Cadin a Suiza, resulta "improcedente", toda vez que en Chile se respetan los Derechos Humanos de sus habitantes y no existen la persecución de personas por sus ideas. "El gobierno quiere expresar que nos parece improcedente la solicitud de asilo, toda vez que en Chile existe un Estado de Derecho, es decir, en Chile se respetan las libertades públicas, no existen presos políticos, existe separación de los poderes del Estado y no se violan los DD.HH", dijo Carabantes.
Al respecto, precisó que el Gobierno va comunicar su opinión por los canales diplomáticos correspondientes, es decir, a través de la embajada "cuando se recaben la totalidad de los antecedente y esto sin duda va a ser en los próximos días". Asimismo, indicó que La Moneda "espera que esta comunicación, que va a ser entregada por las canales diplomáticos sea tomadaen consideración" por el país europeo.

http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=3749

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CIA destruyó grabaciones de interrogatorios en los que aplicó torturas /2009/03/03


CIA destruyó grabaciones de interrogatorios en los que aplicó torturas

Agentes de la Central Intelligence Agency (CIA), borraron 92 cintas de videos en las que se hallaban registradas las sesiones de torturas a detenidos en la ‘guerra contra el terorismo’ iniciada por G. W. Bush.

Así lo reveló el fiscal Lev Dassin en una carta al juez Alvin Hellerstein que investiga estas torturas. “La CIA puede ahora identificar la cantidad de cintas de video que fueron destruidas”, señala la carta, según informó ayer la agencia AFP.
En las torturas se utilizó el waterboarding (ahogamiento controlado) con los prisioneros. Esta técnica consiste en inmovilizar a la persona, tumbarla de espaldas con la cabeza hacia abajo y verter agua sobre su cara, la que puede estar cubierta por un trapo o un plástico, lo que produce la sensación de ahogamiento.
El waterboarding no deja marcas visibles, pero sus efectos son tan aterradores como cualquier forma de tortura. Con el primer chorro de agua, el sospechoso experimenta la sensación de que se está ahogando y de que su muerte es inminente. De inmediato se produce el reflejo faríngeo que tapona la glotis. Pero la entrada de agua a los pulmones es inevitable. El “waterboarding” es, en realidad, un método de ahogamiento controlado.
La CIA admitió que empleó el waterboarding con tres supuestos miembros de la red Al Qaeda.
En tanto, el responsable de Justicia de EEUU, Eric Holder, confirmó ayer que la Administración Obama rechaza esta práctica. “El ahogamiento controlado es tortura. Mi departamento no va a justificar ni aprobar esta práctica”, dijo el fiscal general al Consejo Judío de Asuntos Públicos en Washington. Obama pidió a Holder una revisión de los métodos de interrogatorio militar.
El presidente George W. Bush, a fines del años pasado vetó una ley tendiente a prohibir a la CIA practicar la tortura.
El waterboarding, cuyo origen remoto está en la Inquisición, fue usado en la batalla por las Filipinas de la guerra hispano-americana de 1900 y por los soldados japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. En ambos casos, los soldados que las usaron fueron juzgados como criminales.

El Ciudadano

http://www.elciudadano.cl/2009/03/03/cia-destruyo-grabaciones-de-interrogatorios-en-los-que-aplico-torturas/
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La Corte debe pronunciarse sobre el asesinato en 1973 de Bernardo y María del Rosario

En los próximos meses, la Corte Suprema debería pronunciarse definitivamente sobre la muerte del matrimonio argentino - mexicano, asesinado por militares en Gualliguiaca en 1973. A juicio de Ernesto Lejderman Ávalos, hijo de la pareja, el máximo tribunal de justicia debería ratificar la condena a tres ex oficiales del ex Regimiento Arica de La Serena, porque se ha acreditado que "lo que ocurrió fue un delito de lesa humanidad"

Lorena Muñoz Zapata
La Serena

Tras casi dos décadas de acciones judiciales, el llamado caso Lejderman - una de las causas emblemáticas de violaciones de los derechos humanos en la zona, durante el régimen militar- enfrenta un año decisivo, a la espera que la Corte Suprema se pronuncie sobre el fallo realizado el 2007 por la Corte de Apelaciones de Santiago.

En esta resolución, el tribunal de alzada capitalino condenó a tres ex oficiales del ex Regimiento Arica (hoy Regimiento Coquimbo) de La Serena, a prisión, al considerarlos autores de la muerte del ciudadano argentino Bernardo Mario Lejderman Konujowska (30) y su esposa, María del Rosario Ávalos Castañeda (24), de nacionalidad mexicana. El hecho ocurrió en diciembre de 1973, en el sector de Gualliguaica, en el Valle de Elqui.
Durante su visita a La Serena, en el marco de un homenaje de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) a los ejecutados extranjeros durante el gobierno del fallecido general Augusto Pinochet Ugarte, el hijo del matrimonio, Ernesto Lejderman Ávalos (37), manifestó que se espera un pronunciamiento definitivo de este proceso para los próximos meses.

Lejderman -quien es apoyado por abogados del Fasic- plantea que espera que el máximo tribunal ratifique el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, "que tuvo varias aristas positivas, porque se reconoce la verdad de lo sucedido, porque los matan (a sus padres) estando indefensos, sin que representáramos un peligro. Además, se sancionó a tres militares, de una patrulla de diez, condenándolos a prisión y se responsabilizó al Estado chileno, porque quienes mataron a mis padres fueron agentes del Estado".

El querellante rescata también que una ratificación de la Suprema, estaría en la línea de reconocer que "lo que ocurrió fue un delito de lesa humanidad, donde Chile y toda la comunidad internacional han reconocido como tales". De acuerdo con sus cálculo, la respuesta definitiva pare este caso debiera conocerse "en marzo, abril o mayo, a más tardar".

SECRETO REVELADO

Bernardo Lejderman y María del Rosario Ávalos se casaron en México y arribaron a Chile en Chile en 1971, entusiasmados con la Unidad Popular y la promesa de la vía chilena al socialismo del ex Presidente Salvador Allende.

El golpe militar del 11 de septiembre de 1973 puso en peligro a la pareja, que decidieron ocultarse en el sector de Gualliguaica, en la Quebrada de Puclaro, para posteriormente salir del país por la cordillera.

Sin embargo, la huida de los Lejderman Ávalos fue frustrada brutalmente, ya que pese a que el lugar parecía ser el más seguro, la información llegó a oídos de las autoridades de la época. Esto, según la declaración que hizo el ex oficial de Ejército, Pedro Rodríguez, ante el ex ministro Juan Guzmán Tapia, en 2000, en el marco de la investigación por el caso Caravana de la Muerte.

"Un informante llegó hasta la unidad de inteligencia del regimiento Arica de La Serena, manifestando que esta pareja portaba armas y explosivos con los que pretendían abandonar el país", sostuvo el ex militar, según consignó un medio electrónico que tuvo acceso a la declaración de Rodríguez.

NIÑO TESTIGO

Así, durante la madrugada del 8 de diciembre de 1973, un piquete militar irrumpió en el escondite de la familia, que había sido previamente informada por el baqueano que los ayudaba.

Sin embargo, no lograron concretar la huida. Los efectivos encontraron primero a María, que fue asesinada cuando intentaba avisar a su esposo.

El ruido de los disparos atrajo a Lejderman, quien regresó al lugar donde -sin que hubiese enfrentamiento-, el grupo disparó contra él. Su hijo Ernesto, de entonces de algo más de 2 años, presenció ambos asesinatos.

Durante años, la versión oficial fue que, al verse acorralada, la pareja optó por dinamitarse con explosivos que supuestamente mantenían escondidos. Las muertes fueron certificadas por el mayor de sanidad Guido Díaz Pacci. Según los testimonios recogidos por Eliseo González, ex preso político y ex candidato a senador del PC, Lejderman fue dejado por los militares, que "obligan a algunos lugareños a excavar una fosa para sepultar sólo a la madre. Posteriormente, los campesinos regresan en la noche a inhumar a Bernardo, dejando algunas señales para reconocer el sitio".

El hijo del matrimonio fue llevado al regimiento y, posteriormente, a solicitud del jefe de plaza e Intendente de la Provincia, Teniente Coronel Ariosto Lapostol. Fue ingresado a la Casa de la Providencia de La Serena, perteneciente a la congregación del mismo nombre. Según testimonios, el menor habría sido trasladado por el ex comandante en Jefe del Ejército, general ® Juan Emilio Cheyre, en esos años ayudante de Lapostol.

Por este proceso, en 2003 Cheyre - en ese entonces a la cabeza del Ejército- prestó declaración ante el juez Daniel Calvo, sin que se lograra establecer su vinculación en estos crímenes.

TORTUOSO PROCESO

En enero de 1974, el niño fue rescatado por los padres de Bernardo, quienes se lo llevaron a Argentina. En abril de ese año, gracias a gestiones diplomáticas, el cuerpo de Ávalos fue exhumado por reos comunes y trasladado al cementerio General de Santiago. En 1998, cuando Ernesto Lejderman ya había iniciado la búsqueda de sus padres, los restos de María fueron cremados sin autorización y dejados en un cinerario común en dicho recinto.

El cuerpo de Bernardo fue exhumado en 1990, tras la reapertura del caso en Vicuña, ordenada por el juez David Salazar. Desde entonces, y como explica Ernesto, "no vine una, ni dos, ni tres veces a Elqui. He venido muchas veces, no por venganza, sino que buscando justicia".

Durante estos años, y tras la investigación de varios jueces, los tribunales lograron establecer como responsables de este asesinato político al coronel (R) Ariosto Lapostol, al brigadier (R) Fernando Polanco, al suboficial (R) Luis Fernández y al suboficial mayor (R) Héctor Vallejos. Los ex efectivos fueron absueltos en 2006, por un fallo del juez Joaquín Billard, quien aplicó la figura de la prescripción de la acción penal.

Sin embargo, en diciembre de 2007, la Corte de Apelaciones de Santiago anuló la prescripción dictada por el ministro Billard y condenó a Polanco, Fernández y Vallejos, quienes fueron condenados a diez años y un día de cárcel. En tanto, el fallo absolvió al Lapostol, por estimar que no tuvo participación en los hechos.
El tribunal, además, sentenció al Fisco a pagar la suma de 300 millones de pesos por el daño moral producido a Ernesto Lejderman Ávalos, quien hoy espera que dentro de los próximos meses la Corte Suprema ratifique estas resoluciones.

RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOS

POR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS

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Bolivia: represor militar argentino vive en Santa Cruz de la Sierra

El ex coronel Luis Enrique Baraldini en Bolivia y condecorado

LA ARENA


El jefe de Policía durante la dictadura militar, represor y carapintada, vive actualmente en Santa Cruz de la Sierra donde tiene una escuela de equinoterapia y actúa como comisario en pruebas ecuestres. Su vinculación con el Ejército boliviano.

El ex coronel Luis Enrique Baraldini, prófugo de la justicia por estar acusado de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar, se encuentra actualmente en Santa Cruz de la Sierra, capital del departamento de Santa Cruz, y mantiene una vida normal. Hasta fue condecorado por el Círculo de Oficiales del Ejército de ese país en el año 2005 con la Gran Cruz por su "vocación de servicio".

Actualmente la Justicia federal está tras sus pasos y tiene una orden de captura internacional. Hasta se estima que podría pedirse su extradición.

En la Caballería

Desde su fuga en noviembre de 2003, cuando se reabrió la causa que investiga los secuestros y torturas cometidas en La Pampa durante el denominado Proceso, el rastro de Baraldini se suponía en Bolivia ya que allí estuvo como agregado militar desde el año 1980 hasta 1982. Durante su paso por ese país adiestró a oficiales bolivianos y también realizó una actividad que continúa en la actualidad: los caballos de equitación.

Baraldini fue oficial del arma Caballería y realizaba saltos ecuestres. En los 70 tuvo como destino el Regimiento 101 de Toay de Santa Rosa cuando tenía el cargo de mayor. En Santa Rosa se casó y tuvo tres hijos. Su gusto por los caballos fue algo que tuvo en común con el jefe del Regimiento cuando ocurrió el golpe de Estado el 24 de marzo de 1976, el coronel Fabio Iriat, hoy procesado y a la espera del juicio oral y público por los secuestros y torturas de una treintena de detenidos políticos (ver aparte).

Durante la dictadura militar, el mayor se convirtió en jefe de la Policía Provincial y tuvo a su cargo la parte operativa del grupo de tareas que funcionó en La Pampa en la llamada "lucha contra la subversión".

En los diarios

En los últimos años, Baraldini ha sido en Santa Cruz de la Sierra, una ciudad de 520 mil habitantes, comisario de pruebas de varios campeonatos de la especialidad ecuestre, según difundieron las páginas de algunos diarios de ese país. Así se puede leer en El Tiempo, en la edición del 3 de octubre de 2006, en una nota publicada luego de un Campeonato de Adiestramiento en el picadero del Country Club Cochabamba, un exclusivo barrio privado de esa zona.

Actualmente Santa Cruz de la Sierra es uno de los departamentos más ricos del país limítrofe y sus autoridades se encuentran enfrentadas al proyecto del presidente Evo Morales.

La presencia del ex jefe de la Policía pampeana durante la dictadura militar en esa ciudad boliviana fue confirmada no sólo por fuentes tribunalicias porteñas sino también por periodistas del diario El Mundo, de Santa Cruz de la Sierra.

Condecorado

Buscando en Internet se puede establecer que la vida pública de Baraldini, a pesar de estar prófugo de la justicia argentina, continúa normalmente en el país vecino. En 2005, el ex carapintada fue condecorado por el Círculo de Oficiales del Ejército boliviano con la "Gran Cruz" por "sus méritos personales, profesionales y vocación de servicio a favor del Arma de Caballería".

En sus escasas apariciones públicas, Baraldini ha utilizado también su apellido materno: "Pellegri", El diario El Deber publicó el 22 de abril de 2007 una entrevista sobre una escuela de equinoterapia ubicada en Santa Cruz de la Sierra que es gerenciada por la educadora Rosana Baraldini y "su padre, don Luis Pellegri".

La nota indica: "Hace tres años que Baraldini y su padre, don Luis Pellegri, abrieron un centro de equitación sobre la carretera a Camiri. El sitio pasaría desapercibido si no fuera por las risas y las voces de estos argentinos, que se presentan con un discreto cartel en la puerta. Allí, con un cariño abrumador, reciben niños con dificultades muy variadas, desde autistas, Down, con parálisis cerebral hasta epilépticos".

También en el año 2007, en el mismo diario, El Deber, el ex coronel figura en un acto oficial como "el militar del Ejército argentino Luis Pellegri, integrante del Círculo de Caballería" de Bolivia.

Su historia

Baraldini, luego de cumplir funciones en La Pampa, fue trasladado en los 80 como agregado militar a Bolivia donde fue profesor de oficiales de ese país. Con la llegada de la democracia en 1983, fue detenido al año siguiente cuando se investigaban las torturas y secuestros en la provincia ocurridas durante el Proceso. Fue liberado y la causa judicial no prosperó cuando se dictaron las "Leyes del Perdón".

El 3 de diciembre de 1990 fue uno de los oficiales "carapintadas" que encabezaron la sublevación organizada por el coronel Mohamed Alí Seineldín. Su misión fue ocupar el Regimiento de Patricios, del barrio porteño de Palermo. Fue condenado por el hecho y cumplió prisión en Campo de Mayo, en Buenos Aires, hasta que fue indultado por el presidente Eduardo Duhalde en 2002.

En octubre de 2003 se reabrió la causa que investigaba los delitos de lesa humanidad en La Pampa y fueron detenidos doce ex oficiales de la Policía y ex oficiales del Ejército. Baraldini nunca fue hallado y se lo suponía en Bolivia.

Red Latina sin fronteras

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Falta quebrar el pacto de silencio de los genocidas - Martín Balza.

Falta quebrar el pacto de silencio

Han recomenzado los juicios a los acusados por violar los derechos humanos durante la última dictadura. Sociedad y FF.AA. han revisado sus históricas posiciones sobre golpes de Estado, pero resta modificar la perversa actitud de los perpetradores.

Por: Martín Balza. (*)


Se han reiniciado los juicios contra imputados por graves delitos cometidos durante la institucionalidad criminal impuesta por los altos mandos militares de la última dictadura. Durante aquellos años, se generaron lealtades criminales facciosas, se destruyó la cadena de comando y se consagró una elite criminal como perpetradora de lo enunciado.

No se puede caer en la simplificación de pensar que o los mandos militares enloquecieron súbitamente o siempre fueron un hato de asesinos. Lo que sucedió en las Fuerzas Armadas, a partir de 1976, no fue la generación espontánea de un grupo criminal, sino que ello reconoce un fermento preexistente instaurado en gran parte de la sociedad argentina. Sin prescindir de los seis golpes militares en el siglo XX, hay que destacar que a partir del derrocamiento del gobierno constitucional del general Perón (septiembre 1955) hasta 1983 las Fuerzas Armadas se autoimpusieron el rol de una especie de "casta salvadora", de la República que -bueno es tenerlo presente- contó con sectores civiles constituidos en grupos de interés y de presión.

En 1976 una parte de la sociedad argentina entendía la violencia condenando a la víctima y no al perpetrador ("por algo será", se escuchaba con frecuencia). No muchas voces del quehacer nacional condenaron entonces las brutalidades de la dictadura.El advenimiento de la democracia trajo consigo la necesaria exclusión de casi todos los perpetradores y su juzgamiento. No todos los actores sociales reconocieron sus errores. Comparto con el jurista Jaime Malamud Gotti que ".el alcance necesariamente restringido de los juicios reinventó la historia y atribuyó la culpa a un solo grupo social -los militares- exculpando (no culpables, igual a inocente) a todos aquellos civiles que abonaron el terreno para la creación del terrorismo de Estado".


Esto, aún está pendiente. La violencia argentina en los años setenta es consecuencia de la impunidad que reinó para los usurpadores del poder en los golpes militares anteriores y -muy particularmente- la violencia argentina en los años cincuenta. El 16 de junio de 1955, criminales de uniforme -con anuencia de gran parte de la sociedad- masacraron a un pueblo inerme e indefenso en la Plaza de Mayo. El saldo fue de más de 300 muertos y un número superior de heridos. Esos criminales, junto con conocidos políticos constituidos en pseudos cruzados republicanos estigmatizaron al adversario político como moralmente innoble. Militares golpistas de 1955 y otros de los golpes de 1962 y 1966 alcanzaron las máximas jerarquías y cargos en las Fuerzas Armadas -junto a civiles- en gobiernos democráticos.

La prevención a la violación a los derechos humanos por las instituciones militares debe fundarse en el cambio cultural y fáctico. En ese sentido, el Ejército generó -en decisión autoimpuesta- en los años noventa una serie de medidas conducentes a la modernización institucional, lo que conllevaría la aceptación de aquel cambio cultural, principalmente: en el sistema educativo, el establecimiento de vasos comunicantes entre los Institutos de formación militar y las instituciones educativas civiles, y concientizar que nunca un militar debe obedecer una orden que manifiestamente constituya la comisión de un delito -en particular contra la Constitución Nacional-, o sea que contraría los usos y las leyes de la guerra. Todo ello, en el contexto de una acción docente constante, estrecha y desarrollada desde los máximos niveles.

La prevención no es ajena de la persecución criminal de quienes violaron derechos inalienables; ello es tema central no sólo en nuestro país sino en los países que hacen tránsito desde una dictadura a un régimen democrático. Existe un disenso entre quienes defienden el perdón y el olvido, y entre quienes consideran que no hay transición sin sanción criminal contra los ofensores a los derechos humanos.

El énfasis en la defensa de la sanción criminal tiene su acento en las víctimas, en la necesidad de restaurar su dignidad, y en castigar a quienes participaron en la comisión de los delitos atroces y aberrantes.

En nuestro país se optó, desde luego, por la segunda opción. Es así como la punición de los delitos de lesa humanidad está cabalmente contemplada en la legislación penal argentina. No cabría consecuentemente apelar a otros institutos. Con ello se evitará la repetición de un luctuoso pasado y eliminará todo vestigio de relativismo moral y jurídico.

No obstante, hay un aspecto que no ha sido definitivamente quebrado y es el pacto de silencio, de mendacidad y contumacia persistente, establecido entre los perpetradores. Aún al día de hoy, algunos procesados y otros con sentencia firme siguen en la negación y justificación de los hechos y en el perverso sentido del "espíritu de cuerpo delictual". La actitud hacia la memoria y la verdad histórica, por parte de esos sectores -militares y civiles- comprometidos con los crímenes, continúa aferrada a la negación, al olvido y a una total reluctancia a la democracia.



(*) Ex Jefe del Ejército de Argentina. Embajador en Colombia.

Publicado en el matutino Clarín, de Buenos Aires, el miércoles 18 de febrero de 2009.

PreNot 7971
090219

09/02/19 - PreNot 7971Agencia de Noticias Prensa Ecuménica

Red de Noticias DHS *
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Nueva e inminente condena pesa contra Lonko Calfunao - MARIQUEO - GINEBRA - 23 / 02 / 09


TRIBUNAL DECRETA REGISTRO DE HUELLA GENÉTICA

Nueva e inminente condena pesa contra Lonko Calfunao

El tramite legal en contra la Lonko Juana Calfunao fue iniciado debido a su negativa de aceptar la extracción de muestras de ADN, por considerar que es un atentado a sus derechos humanos, invasión a su privacidad y porque profana las creencias espirituales de la cultura Mapuche. Se sospecha que autoridades buscan incrementar su pena que ya suma cinco años de cárcel.
REYNALDO MARIQUEO - GINEBRA - 23 / 02 / 09


Gobierno de Bachelet revive polémica Ley Antiterrorista

Dentro del marco de la persecución política contra las autoridades y dirigentes del pueblo Mapuche en Chile, la lonko Juana Calfunao deberá comparecer mañana martes 24 de febrero de 2009, ante el Juzgado de Garantía de Temuko, capital del País Mapuche. La orden judicial fue hecha por María Llanos Morales, jueza del Juzgado de Garantía de dicha ciudad, para incluir su muestra ADN en el archivo de registros criminales del Ministerio Público.La Ley 19.970 promulgada en noviembre de 2008, creo el Sistema Nacional de Registro de ADN y esta encauzada a la obtención de “huellas genéticas determinadas con ocasión de una investigación criminal”, si bien el Artículo 3º señala que “la información contenida en el Sistema y, en particular, las muestras biológicas y las huellas genéticas, se consideraran datos sensibles de sus titulares”.
El Sistema estará integrado –entre otros- por los Registros de Condenados, Imputados, el de las Victimas y tendrán acceso a ella los policías y los defensores públicos y privados, previa autorización del tribunal respectivo. En relación a la “conservación y destrucción del material biológico”, el Articulo 14 señala que “el Ministerio Publico deberá ordenar la conservación de una parte de aquel, hasta por treinta años”.El tramite legal en contra la Lonko Juana Calfunao, fue iniciado debido a la negativa de aceptar la extracción de muestras de ADN, por considerar que es un atentado a sus derechos humanos, invasión a su privacidad y porque profana la costumbre y creencias espirituales ancestrales de la cultura Mapuche. Se sospecha que las autoridades chilenas con esto buscan incrementar su pena que ya suma los cinco años. Esto pone un signo de interrogación sobre el lapso de detención de la Lonko Calfunao y de otros presos políticos mapuche recluidos en penales de Wallmapu.
La introducción de la ley que crea el “Sistema Nacional de Registro de ADN”, complementa las leyes represivas introducidas durante el régimen de Pinochet, tales como la Ley Antiterrorista, hoy aplicadas contra los mapuches. Con ello el Gobierno Democrático inaugura una nueva medida de control social y, que según las denuncias de los presos políticos mapuche y del Observatorio Ciudadano, existe una “incorporación prioritaria de personas mapuche imputados y/o condenados por causas políticas”.
Esta nueva ley no tiene otro objetivo que mantener, por largo tiempo, en vigilancia permanente a las autoridades y activistas mapuches que luchan por los derechos de su comunidad y de su Pueblo. La persecución política contra los activista se ve una vez mas patentizada, por la acción de Gendarmería de la Región de la Araucanía, quienes incluso tratan de incorporar los datos ADN de aquellos ciudadanos mapuches en libertad y que ya cumplieron condena encarcelados, como es el
caso del profesor Julio Marileo Calfuqueo.
Historia de persecución
La Lonko Juana Calfunao se encuentra detenida desde el 4 de enero de 2006 después que un tribunal chileno decretara su prisión preventiva por considerarla “un peligro para la sociedad”. El 22 de febrero de 2006, el Tribunal de Garantía de Temuko la condeno a 61 días de prisión por “desórdenes públicos y amenaza en contra de carabineros de servicio”. Sin el embargo, el 20 de noviembre de 2006 el mismo Tribunal la condeno a 150 días de prisión por "desordenes público" y, el 31 de octubre de 2007 fue nuevamente condenada a 3 años de reclusión por “atentado a la autoridad”.Esta última ofensa habría sucedido dentro del tribunal chileno al término de la lectura de una sentencia, en que los afectados reaccionaran con indignación por lo extremo del veredicto, calificándola de discriminatoria e injusta. Se acusó a la Lonko Calfunao, su esposo (Werken) Antonio Cadin, su hermana Luisa, sus hijos Waikilaf y Jorge (este último no se encontraba en la sala) de haber agredido físicamente e insultado de racista a los fiscales Luís Torres Contreras y Mauricio Torres Gutiérrez, a los que además le habrían escupido sus rostros.Debido a que al momento de sucedidos los hechos, los fiscales eran considerados en Chile funcionarios públicos, obligó al Parlamento chileno iniciar un trámite de ley de carácter de urgencia para elevar el estatus de los fiscales al de “autoridades”. En efecto, el 27 de diciembre de 2007 (después de dos meses de la condena) se promulgó la Ley 20.236. A pesar que la condena contra la Lonko Calfunao y su familia no tenían relación con la ley que supuestamente habrían infringidos, ésta fue aplicada arbitrariamente de carácter retroactivo, vulnerando de paso el principio de legalidad establecido en la Constitución del Estado que exige la vigencia previa de la ley a la perpetración del delito.
El abogado de la Lonko Calfunao, Lorenzo Morales Cortes apeló en su representación al Tribunal Constitucional por la decisión de dicha Corte porque contradice el artículo 19 de la Constitución chilena que dispone que “ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella”, por lo que se presume que su condena fue ilegal basada lisa y llanamente en el abuso de poder de las autoridades judiciales. Por otro lado, con la promoción de los fiscales al rango de “autoridades” se está violando el principio a la igualdad ante la ley.Durante el Gobierno del dictador Pinochet, los fiscales militares en su calidad de funcionarios públicos, ejercieron enorme poder, algunos de ellos fueron responsables de la condena a muerte de un gran número de presos políticos. Un caso conocido es el papel jugado, por el fiscal Alfonso Podlech en la muerte y desaparición de unas 196 personas en la región de la Araucanía. Podlech enfrenta hoy la justicia en un tribunal Italiano por la desaparición en 1973 del ex sacerdote italiano Omar Venturelli. Mientras el resto de los familiares (chilenos y mapuches) de los presos políticos asesinados, hacen lobby por justicia en un tribunal italiano, porque saben que si es extraditado a Chile “gozara allá de la misma impunidad que disfruto Pinochet hasta su muerte”.Tradicionalmente los fiscales se han caracterizado por la ineficacia cuando se trata de defender los derechos de los comuneros mapuches, organizaciones mapuches y de derechos humanos denuncian de manera cotidiana los abusos e irregularidades de los fiscales que por su conducta parecieran estar al servicio de los latifundistas y las empresas forestales que del Ministerio Público.A petición de estos o simplemente influenciados por una noticia mediática, no trepidan en ordenar allanamientos de comunidades mapuches los que se llevan a efecto con o sin orden judicial, controles de identidad sin justificación, y detención de personas por el solo hecho de ser mapuches, como sucede con miembros de la comunidad Juan Paillalef y, entre otras, con la comunidad autónoma de Temucuicui. Continuamente organizaciones sociales denuncian la estrecha relación de estos con el poder político y económico, creando duda sobre la independencia de los tribunales y la credibilidad de la justicia chilena.Por su parte la Carta Fundamental en su artículo 84 refuerza la posición privilegiada de los fiscales al establecer que "las personas que sean designadas fiscales "no podrán tener impedimento alguno que las inhabilite para desempeñar el cargo de juez". También pueden postular por puestos políticos creando con ello sospecha sobre la independencia de los miembros del Ministerio Publico por los conflictos de intereses de por medio. Hoy el Gobierno Democrático de Bachelet, estima que los fiscales no tienen suficiente poder y los hace intocables al ascender su rango al de “autoridad” pública, lo que significa que tendrán la “potestad de mandar, ejecutar y hacer cumplir ordenes” / AZ
http://www.azkintuwe.org/

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LIBRO DE PAULO FREIRE - Pedagogia del Oprimido

2 March, 2009

LIBRO DE PAULO FREIRE - Pedagogia del Oprimido

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En Neuquen denuncian campaña contra dirigente Jorge Nahuel - NEUQUEN - 19 / 02 / 09


PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN MILLONARIO PROYECTO





La Justicia argentina investiga por una presunta estafa a quienes administraron entre 2002 y 2007 un préstamo del Banco Mundial de cinco millones de dólares que estaba destinado al desarrollo de comunidades indígenas. Principales acusaciones pesan sobre Jorge Nahuel, miembro de la Coordinación de Organizaciones Mapuche (COM) de Neuquen, quien desestimó todas las acusaciones y fue respaldado por lonkos de la provincia.



AZKINTUWE - NEUQUEN - 19 / 02 / 09




Jorge Nahuel, werken de la COM.
Foto del Origen.

Familia acusa "montaje" para inculpar a Miguel Tapia Huenulef

Como parte del desconocimiento que la justicia argentina tendría de los procesos organizativos del Pueblo Mapuche, calificaron las autoridades de la Confederación Mapuche Neuquina la investigación que afecta al werken Jorge Nahuel, ello por parte de la justicia federal. Según reveló La Nación, tribunales investiga presuntas irregularidades durante la administración de un millonario fondo que otorgó el Banco Mundial. Nahuel fue entre 2002 y 2007 el coordinador del Proyecto Desarrollo de Comunidades Indígenas (DCI) que otorgó cinco millones de dólares que se volcaron a la puesta en marcha de unos 60 proyectos de comunidades indígenas de todo el país.

Nahuel deberá declarar el 10 de marzo en tribunales de la Capital Federal pues el juez Sergio Torres lo citó a pedido del fiscal del caso, Guillermo Marijuán. En un escrito del 28 de noviembre pasado, Marijuán sostuvo que el responsable del “mal manejo” de los fondos fue Nahuel. Lo acusó de haber estafado al Estado y pidió su indagatoria. Tomó como base de su investigación informes de la Auditoría General de la Nación (AGN), el máximo organismo de control de las cuentas públicas, que según La Nación, habría detectado anomalías en la ejecución del crédito en los seis balances que revisó, desde 2002 hasta 2007.
Precisó La Nación - “vocero oficial de los sectores terratenientes y reaccionarios al derecho mapuche”, según denunció la Confederación - que el fiscal investiga una presunta estafa en el marco del millonario proyecto, que quedaría en evidencia en “rendiciones de gastos sin comprobantes, compras de bienes a nombre de particulares, servicios contratados sin presupuesto y una firma falsificada”, todas irregularidades que fueron rechazadas por los líderes del principal referente mapuche provincial.
“El Coordinador Nacional que nosotros designamos - señala la Confederación - es autoridad de nuestra organización y pasó por todas las auditorias del INAI, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y del Banco Mundial. Y sobre todo pasó por la auditoria de las 70 comunidades participantes del Proyecto, cerrando con éxito este proyecto que es promovido hoy como un modelo a replicar”. Subrayan no aceptar los cargos contra Nahuel, los que consideran “parte del desconocimiento que la justicia tiene de nuestros procesos y pone en riesgo un modelo de aplicación de proyectos de desarrollo que había quedado establecido”.

El principal acusado es Jorge Nahuel, coordinador del Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, que hoy dirige Alicia Kirchner. El mes próximo Nahuel deberá presentarse a declarar en Tribunales. El juez federal Sergio Torres lo citó a pedido del fiscal del caso, Guillermo Marijuán.
Destaca la Confederación que el Proyecto DCI tuvo un enorme impacto en más de 70 comunidades de 6 provincias argentinas y que favoreció a más de 20.000 familias. “Esto quedó reflejado en numerosas obras, programas productivos y de turismo, infraestructura para las comunidades, capacitación, caminos y talleres”, indicaron. A juicio del referente, lo más trascendente del proyecto habría sido una metodología y forma de aplicar programas desde el Estado que quedó establecido desde el DCI. “Los proyectos son elaborados y administrados por las propias comunidades a través de sus autoridades originarias”, subrayaron. Este grado de autonomía de las comunidades habría generado una reacción negativa de autoridades provinciales, “y de muchos sectores locales que lucran con la pobreza y lo vulnerable de nuestras vidas”, indicaron. “Ya no es posible volver atrás en el lugar que nos corresponde los Pueblos Originarios a la hora de administrar los territorios y los recursos para nuestro propio plan de desarrollo y la misma prensa que justifica la Conquista del Desierto no será la que detenga este proceso”, agregan. Cierran el comunicado instruyendo a Nahuel para que entrege todos los antecedentes a manos del Fiscal y de esta manera “poner nuestra autoridad cultural y política y al mismo proyecto DCI, en el lugar que siempre ha ocupado”.
Sorpresa de Nahuel
“El viernes me sorprendieron con una citación cuando ni siquiera sabía de la denuncia. Ni siquiera a la fecha he podido ver el expediente para ver de qué se me acusa. Tampoco me han llamado del medio que publicó la información, al que le vamos a pedir derecho a réplica”, señaló por su parte Jorge Nahuel al ser consultado, según consignó Río Negro. “El programa es un programa modelo que ha sido auditado por el Banco Mundial y por el Ministerio. Es la primera vez que un proyecto de esa naturaleza se lleva adelante sin la intermediación de estados provinciales y sin que hayan participado organizaciones no gubernamentales”, sostuvo el dirigente mapuche.
“No manejé fondos, los fondos fueron manejados por las comunidades que los obtenían de una cuenta madre que era del Ministerio. Es verdad que hubo facturas que no se encuadran estrictamente a la legislación. Es imposible pedirle a algunas comunidades que, por ejemplo, facturen en Jujuy por los animales y verduras que aportaron para una reunión Estos gastos no podían ser superiores a los 500 pesos. Todo fue explicado”, subrayó Nahuel. Entre otras obras en Neuquén se hicieron la radio AM800, un muelle para la comunidad Cayún en el lago Lacar, el edificio de comanejo de la administración de Parques Nacionales en Aluminé y otras iniciativas.
El préstamo había sido acordado en octubre de 2001 entre el Banco Mundial y la Argentina. En un primer momento, las comunidades alcanzadas eran la mapuche de Pulmari (Nuequén), la diaguita calchaquí de Amaicha del Valle (Tucumán) y la kolla de Finca Santiago (Salta), pero con el tiempo se amplió a otras. El monto total comprometido fue de 5.892.000 dólares, correspondiendo 5 millones del Banco Mundial y un aporte del Estado de otros 892.000 mil dólares / AZ


http://www.azkintuwe.org/




http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=3777

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COMUNICADO MAPUCE
Campaña contra Autoridad Mapuce
El diario "La Nación", vocero oficial de los sectores terratenientes y reaccionarios al derecho mapuce, publica cargos que el fiscal Marijuan levanta contra el Coordinador Nacional del Proyecto de Desarrollo de Comunidades Indígenas - DCI, Jorge Nahuel, que se ejecutó desde el 2004 al 2007 en seis (6) provincias argentinas.Ante este hecho, como Autoridades Originarias del Pueblo Mapuce de Neuquén organizadas en la Confederación Mapuce de Neuken expresamos:
a.. El Proyecto DCI tuvo un enorme impacto en mas de 70 comunidades indígenas de 6 provincias argentinas que favoreció a mas de 20.000 familias. Esto quedó reflejado en numerosas obras, programas productivos y de turismo, infraestructura para las comunidades, capacitación, caminos, talleres, etc.
b.. Sin embargo, lo más trascendente es una metodología> y forma de aplicar programas desde el Estado que quedo establecido desde el DCI: los proyectos son elaborados y administrados por las propias comunidades a través de sus autoridades originarias.
c.. Esto generó reacción negativa de autoridades provinciales, y de muchos sectores locales que lucran con la> pobreza y lo vulnerable de nuestras vidas.
d.. El Coordinador Nacional que nosotros designamos,Werken Jorge Nahuel, (que fue otro avance del proyecto), es autoridad de nuestra organización y pasó por todas las auditorias del INAI, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y del Banco Mundial. Y sobre todo pasó por la auditoría de las 70 comunidades participantes del Proyecto,> cerrando con éxito este proyecto que es promovido hoy como> un modelo a reaplicar.
e.. No aceptamos los cargos que el fiscal levanta contra nuestro Werken, lo consideramos parte del desconocimiento que la justicia tiene de nuestros procesos y pone en riesgo un modelo de aplicación de proyectos de desarrollo que> había quedado establecido.
f.. Consideramos que busca igualar a una autoridad mapuce a los niveles de corrupción que este sistema genera y eso ofende nuestra condición de pueblos que sabemos ejercer> autocontrol y sabemos juzgar nuestras conductas internas.
g.. Hemos instruido a nuestro Werken que ponga todos los elementos en manos del Fiscal acusador para que podamos poner nuestra autoridad cultural y política y al mismo proyecto DCI, en el lugar que siempre ha ocupado.
h.. Ya no es posible volver atrás en el lugar que nos corresponde los Pueblos Originarios a la hora de administrar los territorios y los recursos para nuestro propio plan de desarrollo y la misma prensa que justifica la "Conquista del Desierto" no será la que detenga este proceso.
MARICI WEU! MARICI WEU! (Diez Veces enfrentamos las mentiras!)
Contacto : 0299 155 235662 Logko Elias MARIPAN - Presidente Werken Fidel COLIPAN - Secretario Celular: 0299 - 154 699 972 TE: 02972 - 420 657 Direcccion Postal: Gob Dennis 877 8.300 - Nqn - Argentina
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