Lorena Muñoz Zapata
La Serena
Tras casi dos décadas de acciones judiciales, el llamado caso Lejderman - una de las causas emblemáticas de violaciones de los derechos humanos en la zona, durante el régimen militar- enfrenta un año decisivo, a la espera que la Corte Suprema se pronuncie sobre el fallo realizado el 2007 por la Corte de Apelaciones de Santiago.
En esta resolución, el tribunal de alzada capitalino condenó a tres ex oficiales del ex Regimiento Arica (hoy Regimiento Coquimbo) de La Serena, a prisión, al considerarlos autores de la muerte del ciudadano argentino Bernardo Mario Lejderman Konujowska (30) y su esposa, María del Rosario Ávalos Castañeda (24), de nacionalidad mexicana. El hecho ocurrió en diciembre de 1973, en el sector de Gualliguaica, en el Valle de Elqui.
Durante su visita a La Serena, en el marco de un homenaje de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) a los ejecutados extranjeros durante el gobierno del fallecido general Augusto Pinochet Ugarte, el hijo del matrimonio, Ernesto Lejderman Ávalos (37), manifestó que se espera un pronunciamiento definitivo de este proceso para los próximos meses.
Lejderman -quien es apoyado por abogados del Fasic- plantea que espera que el máximo tribunal ratifique el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, "que tuvo varias aristas positivas, porque se reconoce la verdad de lo sucedido, porque los matan (a sus padres) estando indefensos, sin que representáramos un peligro. Además, se sancionó a tres militares, de una patrulla de diez, condenándolos a prisión y se responsabilizó al Estado chileno, porque quienes mataron a mis padres fueron agentes del Estado".
El querellante rescata también que una ratificación de la Suprema, estaría en la línea de reconocer que "lo que ocurrió fue un delito de lesa humanidad, donde Chile y toda la comunidad internacional han reconocido como tales". De acuerdo con sus cálculo, la respuesta definitiva pare este caso debiera conocerse "en marzo, abril o mayo, a más tardar".
SECRETO REVELADO
Bernardo Lejderman y María del Rosario Ávalos se casaron en México y arribaron a Chile en Chile en 1971, entusiasmados con la Unidad Popular y la promesa de la vía chilena al socialismo del ex Presidente Salvador Allende.
El golpe militar del 11 de septiembre de 1973 puso en peligro a la pareja, que decidieron ocultarse en el sector de Gualliguaica, en la Quebrada de Puclaro, para posteriormente salir del país por la cordillera.
Sin embargo, la huida de los Lejderman Ávalos fue frustrada brutalmente, ya que pese a que el lugar parecía ser el más seguro, la información llegó a oídos de las autoridades de la época. Esto, según la declaración que hizo el ex oficial de Ejército, Pedro Rodríguez, ante el ex ministro Juan Guzmán Tapia, en 2000, en el marco de la investigación por el caso Caravana de la Muerte.
"Un informante llegó hasta la unidad de inteligencia del regimiento Arica de La Serena, manifestando que esta pareja portaba armas y explosivos con los que pretendían abandonar el país", sostuvo el ex militar, según consignó un medio electrónico que tuvo acceso a la declaración de Rodríguez.
NIÑO TESTIGO
Así, durante la madrugada del 8 de diciembre de 1973, un piquete militar irrumpió en el escondite de la familia, que había sido previamente informada por el baqueano que los ayudaba.
Sin embargo, no lograron concretar la huida. Los efectivos encontraron primero a María, que fue asesinada cuando intentaba avisar a su esposo.
El ruido de los disparos atrajo a Lejderman, quien regresó al lugar donde -sin que hubiese enfrentamiento-, el grupo disparó contra él. Su hijo Ernesto, de entonces de algo más de 2 años, presenció ambos asesinatos.
Durante años, la versión oficial fue que, al verse acorralada, la pareja optó por dinamitarse con explosivos que supuestamente mantenían escondidos. Las muertes fueron certificadas por el mayor de sanidad Guido Díaz Pacci. Según los testimonios recogidos por Eliseo González, ex preso político y ex candidato a senador del PC, Lejderman fue dejado por los militares, que "obligan a algunos lugareños a excavar una fosa para sepultar sólo a la madre. Posteriormente, los campesinos regresan en la noche a inhumar a Bernardo, dejando algunas señales para reconocer el sitio".
El hijo del matrimonio fue llevado al regimiento y, posteriormente, a solicitud del jefe de plaza e Intendente de la Provincia, Teniente Coronel Ariosto Lapostol. Fue ingresado a la Casa de la Providencia de La Serena, perteneciente a la congregación del mismo nombre. Según testimonios, el menor habría sido trasladado por el ex comandante en Jefe del Ejército, general ® Juan Emilio Cheyre, en esos años ayudante de Lapostol.
Por este proceso, en 2003 Cheyre - en ese entonces a la cabeza del Ejército- prestó declaración ante el juez Daniel Calvo, sin que se lograra establecer su vinculación en estos crímenes.
TORTUOSO PROCESO
En enero de 1974, el niño fue rescatado por los padres de Bernardo, quienes se lo llevaron a Argentina. En abril de ese año, gracias a gestiones diplomáticas, el cuerpo de Ávalos fue exhumado por reos comunes y trasladado al cementerio General de Santiago. En 1998, cuando Ernesto Lejderman ya había iniciado la búsqueda de sus padres, los restos de María fueron cremados sin autorización y dejados en un cinerario común en dicho recinto.
El cuerpo de Bernardo fue exhumado en 1990, tras la reapertura del caso en Vicuña, ordenada por el juez David Salazar. Desde entonces, y como explica Ernesto, "no vine una, ni dos, ni tres veces a Elqui. He venido muchas veces, no por venganza, sino que buscando justicia".
Durante estos años, y tras la investigación de varios jueces, los tribunales lograron establecer como responsables de este asesinato político al coronel (R) Ariosto Lapostol, al brigadier (R) Fernando Polanco, al suboficial (R) Luis Fernández y al suboficial mayor (R) Héctor Vallejos. Los ex efectivos fueron absueltos en 2006, por un fallo del juez Joaquín Billard, quien aplicó la figura de la prescripción de la acción penal.
Sin embargo, en diciembre de 2007, la Corte de Apelaciones de Santiago anuló la prescripción dictada por el ministro Billard y condenó a Polanco, Fernández y Vallejos, quienes fueron condenados a diez años y un día de cárcel. En tanto, el fallo absolvió al Lapostol, por estimar que no tuvo participación en los hechos.
El tribunal, además, sentenció al Fisco a pagar la suma de 300 millones de pesos por el daño moral producido a Ernesto Lejderman Ávalos, quien hoy espera que dentro de los próximos meses la Corte Suprema ratifique estas resoluciones.
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