TRIBUNAL DECRETA REGISTRO DE HUELLA GENÉTICA
Nueva e inminente condena pesa contra Lonko Calfunao
El tramite legal en contra la Lonko Juana Calfunao fue iniciado debido a su negativa de aceptar la extracción de muestras de ADN, por considerar que es un atentado a sus derechos humanos, invasión a su privacidad y porque profana las creencias espirituales de la cultura Mapuche. Se sospecha que autoridades buscan incrementar su pena que ya suma cinco años de cárcel.
REYNALDO MARIQUEO - GINEBRA - 23 / 02 / 09
Gobierno de Bachelet revive polémica Ley Antiterrorista
Dentro del marco de la persecución política contra las autoridades y dirigentes del pueblo Mapuche en Chile, la lonko Juana Calfunao deberá comparecer mañana martes 24 de febrero de 2009, ante el Juzgado de Garantía de Temuko, capital del País Mapuche. La orden judicial fue hecha por María Llanos Morales, jueza del Juzgado de Garantía de dicha ciudad, para incluir su muestra ADN en el archivo de registros criminales del Ministerio Público.La Ley 19.970 promulgada en noviembre de 2008, creo el Sistema Nacional de Registro de ADN y esta encauzada a la obtención de “huellas genéticas determinadas con ocasión de una investigación criminal”, si bien el Artículo 3º señala que “la información contenida en el Sistema y, en particular, las muestras biológicas y las huellas genéticas, se consideraran datos sensibles de sus titulares”.
El Sistema estará integrado –entre otros- por los Registros de Condenados, Imputados, el de las Victimas y tendrán acceso a ella los policías y los defensores públicos y privados, previa autorización del tribunal respectivo. En relación a la “conservación y destrucción del material biológico”, el Articulo 14 señala que “el Ministerio Publico deberá ordenar la conservación de una parte de aquel, hasta por treinta años”.El tramite legal en contra la Lonko Juana Calfunao, fue iniciado debido a la negativa de aceptar la extracción de muestras de ADN, por considerar que es un atentado a sus derechos humanos, invasión a su privacidad y porque profana la costumbre y creencias espirituales ancestrales de la cultura Mapuche. Se sospecha que las autoridades chilenas con esto buscan incrementar su pena que ya suma los cinco años. Esto pone un signo de interrogación sobre el lapso de detención de la Lonko Calfunao y de otros presos políticos mapuche recluidos en penales de Wallmapu.
La introducción de la ley que crea el “Sistema Nacional de Registro de ADN”, complementa las leyes represivas introducidas durante el régimen de Pinochet, tales como la Ley Antiterrorista, hoy aplicadas contra los mapuches. Con ello el Gobierno Democrático inaugura una nueva medida de control social y, que según las denuncias de los presos políticos mapuche y del Observatorio Ciudadano, existe una “incorporación prioritaria de personas mapuche imputados y/o condenados por causas políticas”.
Esta nueva ley no tiene otro objetivo que mantener, por largo tiempo, en vigilancia permanente a las autoridades y activistas mapuches que luchan por los derechos de su comunidad y de su Pueblo. La persecución política contra los activista se ve una vez mas patentizada, por la acción de Gendarmería de la Región de la Araucanía, quienes incluso tratan de incorporar los datos ADN de aquellos ciudadanos mapuches en libertad y que ya cumplieron condena encarcelados, como es el caso del profesor Julio Marileo Calfuqueo.
Historia de persecución
La Lonko Juana Calfunao se encuentra detenida desde el 4 de enero de 2006 después que un tribunal chileno decretara su prisión preventiva por considerarla “un peligro para la sociedad”. El 22 de febrero de 2006, el Tribunal de Garantía de Temuko la condeno a 61 días de prisión por “desórdenes públicos y amenaza en contra de carabineros de servicio”. Sin el embargo, el 20 de noviembre de 2006 el mismo Tribunal la condeno a 150 días de prisión por "desordenes público" y, el 31 de octubre de 2007 fue nuevamente condenada a 3 años de reclusión por “atentado a la autoridad”.Esta última ofensa habría sucedido dentro del tribunal chileno al término de la lectura de una sentencia, en que los afectados reaccionaran con indignación por lo extremo del veredicto, calificándola de discriminatoria e injusta. Se acusó a la Lonko Calfunao, su esposo (Werken) Antonio Cadin, su hermana Luisa, sus hijos Waikilaf y Jorge (este último no se encontraba en la sala) de haber agredido físicamente e insultado de racista a los fiscales Luís Torres Contreras y Mauricio Torres Gutiérrez, a los que además le habrían escupido sus rostros.Debido a que al momento de sucedidos los hechos, los fiscales eran considerados en Chile funcionarios públicos, obligó al Parlamento chileno iniciar un trámite de ley de carácter de urgencia para elevar el estatus de los fiscales al de “autoridades”. En efecto, el 27 de diciembre de 2007 (después de dos meses de la condena) se promulgó la Ley 20.236. A pesar que la condena contra la Lonko Calfunao y su familia no tenían relación con la ley que supuestamente habrían infringidos, ésta fue aplicada arbitrariamente de carácter retroactivo, vulnerando de paso el principio de legalidad establecido en la Constitución del Estado que exige la vigencia previa de la ley a la perpetración del delito.
El abogado de la Lonko Calfunao, Lorenzo Morales Cortes apeló en su representación al Tribunal Constitucional por la decisión de dicha Corte porque contradice el artículo 19 de la Constitución chilena que dispone que “ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella”, por lo que se presume que su condena fue ilegal basada lisa y llanamente en el abuso de poder de las autoridades judiciales. Por otro lado, con la promoción de los fiscales al rango de “autoridades” se está violando el principio a la igualdad ante la ley.Durante el Gobierno del dictador Pinochet, los fiscales militares en su calidad de funcionarios públicos, ejercieron enorme poder, algunos de ellos fueron responsables de la condena a muerte de un gran número de presos políticos. Un caso conocido es el papel jugado, por el fiscal Alfonso Podlech en la muerte y desaparición de unas 196 personas en la región de la Araucanía. Podlech enfrenta hoy la justicia en un tribunal Italiano por la desaparición en 1973 del ex sacerdote italiano Omar Venturelli. Mientras el resto de los familiares (chilenos y mapuches) de los presos políticos asesinados, hacen lobby por justicia en un tribunal italiano, porque saben que si es extraditado a Chile “gozara allá de la misma impunidad que disfruto Pinochet hasta su muerte”.Tradicionalmente los fiscales se han caracterizado por la ineficacia cuando se trata de defender los derechos de los comuneros mapuches, organizaciones mapuches y de derechos humanos denuncian de manera cotidiana los abusos e irregularidades de los fiscales que por su conducta parecieran estar al servicio de los latifundistas y las empresas forestales que del Ministerio Público.A petición de estos o simplemente influenciados por una noticia mediática, no trepidan en ordenar allanamientos de comunidades mapuches los que se llevan a efecto con o sin orden judicial, controles de identidad sin justificación, y detención de personas por el solo hecho de ser mapuches, como sucede con miembros de la comunidad Juan Paillalef y, entre otras, con la comunidad autónoma de Temucuicui. Continuamente organizaciones sociales denuncian la estrecha relación de estos con el poder político y económico, creando duda sobre la independencia de los tribunales y la credibilidad de la justicia chilena.Por su parte la Carta Fundamental en su artículo 84 refuerza la posición privilegiada de los fiscales al establecer que "las personas que sean designadas fiscales "no podrán tener impedimento alguno que las inhabilite para desempeñar el cargo de juez". También pueden postular por puestos políticos creando con ello sospecha sobre la independencia de los miembros del Ministerio Publico por los conflictos de intereses de por medio. Hoy el Gobierno Democrático de Bachelet, estima que los fiscales no tienen suficiente poder y los hace intocables al ascender su rango al de “autoridad” pública, lo que significa que tendrán la “potestad de mandar, ejecutar y hacer cumplir ordenes” / AZ
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