miércoles, 19 de agosto de 2009

Senador Nelson Avila instó a asumir Restitución de Tierras Ancestrales 20-08-09

20 August, 2009

Senador Nelson Avila instó a asumir Restitución de Tierras Ancestrales

En hora de incidentes en el Senado intervino sobre la situación de violencia estatal al Pueblo Mapuche e instó a abordar de una vez los temas de fondo. Hace un llamado a reconocer las institucionalidades y autoridades tradicionales del Pueblo Mapuche y al respeto a su libredeterminación.
Sobre el conflicto estatal en Tierras señala: “Aceptar la actual política de devolución de tierras tal como está es legitimar la ocupación militar de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que nos gusta llamar “Pacificación de La Araucanía”. No asumir esto es no entender la historia Chile ni la historia mapuche, ni siquiera reciente de ambos. Es no querer dar una solución real al problema y perpetuar la violencia”… “Solo cambiando este enfoque podremos avanzar en las medidas que hay que tomar de manera urgente”…
HORA DE INCIDENTES MUERTE DE JAIME MENDOZA COLLÍO
Señor Presidente, la semana recién pasada, la muerte del Peñi Jaime Facundo Mendoza Collío, por acción directa de un funcionario de Carabineros, puso una espina más a la corona de injusticias que históricamente ha sufrido el pueblo mapuche.
Jaime ha sido rápidamente ascendido a la categoría de guerrero-héroe por su pueblo, mientras La Araucanía continúa fuertemente militarizada.
Esta situación de violencia endémica podría haberse evitado hace años si el Estado chileno hubiere aceptado que este pueblo posee su propia lógica para planificar su destino.
Esta falta de entendimiento lleva a muchos a comprender la violencia solo cuando se dañan bienes de privados influyentes. En cambio, se omiten los allanamientos a los hogares, detención ilegal de niños y ancianos, montajes policiales y judiciales, ataques reiterados de comandos paramilitares y los asesinatos por la espalda a algún comunero.
He escuchado con alarmante preocupación cómo desde esta misma Sala se les llama “terroristas” a quienes lucha por su tierra y piden se aplique la ley respectiva, sin ponderar la estigmatización que ello implica. Eso jamás va a aplacar el clamor de la sociedad mapuche. Solo va a confirmar que el Estado de Chile sigue respondiendo a esas demandas con balas, jueces y cárceles.
Hay que dar comienzo a la negociación justa, sin perder nunca de vista que las demandas son por tierras usurpadas por el Estado chileno a finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX.
El desafío sigue vigente para el Estado y la sociedad chilena. No estamos ante una situación generalizada y menos de terrorismo. Lo que hay es la desesperación ante un Estado sordo y ciego que reduce la magnitud del conflicto a expresiones como “grupúsculo de radicalizados”, “agitadores extranjeros” o “terroristas”.
No menos peyorativo es entenderlo como un tema de “pobreza” que se resuelve mágicamente con “subsidios” y “becas”.
Reclaman nuestros pueblos originarios que están imbricados con una historia, instituciones propias, ritos, autoridades políticas y religiosas. Por ende, con derechos que van más allá de un forzado reconocimiento.
Aceptar la actual política de devolución de tierras tal como está es legitimar la ocupación militar de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que nos gusta llamar “Pacificación de La Araucanía”. No asumir esto es no entender la historia Chile ni la historia mapuche, ni siquiera reciente de ambos. Es no querer dar una solución real al problema y perpetuar la violencia.
Solo cambiando este enfoque podremos avanzar en las medidas que hay que tomar de manera urgente:
1.- Acelerar la justicia en los crímenes cometidos por carabineros contra las víctimas mapuches de estos últimos años y revisar los procedimientos con que actúan en las comunidades.
2.- Adecuar minuciosamente toda la legislación chilena al Convenio 169 de la OIT, que tiene rango constitucional.
3.- Hacer una revisión de la CONADI, dotándola de los funcionarios adecuados y erradicar las malas prácticas.
4.- Revisar la legislación y los procedimientos actuales para la adquisición de tierras por parte de la CONADI.
5.- Ampliar considerablemente el presupuesto para la compra de tierras indígenas en la próxima Ley de Presupuestos.
6.- No aplicar más la Ley Antiterrorista ni la de Seguridad Interior del Estado cuando de reivindicaciones étnicas territoriales se trate.
7.- Revisar los paradigmas abordados para establecer un diálogo sincero donde se reconozca a las autoridades tradicionales mapuches como tales, se escuchen sus planteamientos y se recoja la historicidad y el contexto del conflicto.
La sangre derramada exige la responsabilidad histórica de escuchar a loncos, werkenes, ñempines y machis; a aprender de sus sueños, para que estos vuelvan después de siglos a revolotear libremente por Collipulli, Lumaco, Neltume, Liquiñe, Lle-lleu, Cullinco, Tirúa.
Envío mis condolencias a la familia y a la comunidad de Jaime Mendoza Collío.
Señor Presidente, solicito que se oficie a Carabineros respecto a los criterios que dominan en sus fuerzas especiales cada vez que intervienen en comunidades de nuestros pueblos originarios.
Pido también que se envíe copia de mi intervención a las autoridades mapuches de las comunidades de Ercilla. De algo que les sirva como consuelo.
He dicho.
http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=4554
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DURO MENSAJE A MACRI EN EL ACTO POR LOS QUINCE AñOS DEL ATENTADO A LA AMIA

DURO MENSAJE A MACRI EN EL ACTO POR LOS QUINCE AñOS DEL ATENTADO A LA AMIA

“Se tienen que sacar a Palacios de encima”

El nombre de Jorge “Fino” Palacios fue el centro de las más duras críticas en el acto. Hablando en nombre de los familiares de las víctimas, Sergio Burstein dijo que es “infame” nombrarlo al frente de la policía porteña.

Por Sergio Kiernan

La ceremonia por los quince años del atentado a la AMIA siguió lo que ya es una suerte de ritual. La primera parte fue emotiva, con un minuto de silencio, con la larga lectura de los nombres de los 85 muertos y con música en vivo. En la mitad del acto, el discurso del directivo de la institución atacada. Y como final el mucho más duro y crítico texto de los familiares de las víctimas. Ante la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández; ministros, legisladores nacionales, representantes del gobierno porteño y de comunidades judías de varios países del hemisferio, se pidió directamente que Jorge “Fino” Palacios nunca asuma como jefe de la policía de la ciudad. La crítica al “nombramiento que aterra” fue tan fuerte que la AMIA tuvo que cambiar su posición de cautela y cuestionar al ex policía federal. También hubo duras críticas a Irán, a figuras de la década del noventa, a Luis D’Elía y a la titular del Inadi, María José Lubertino.
Con un mes de atraso debido a la gripe A, el acto comenzó como siempre a las 9.50, la hora en que el 18 de julio de 1994 estalló la bomba frente al edificio de la calle Pasteur. La seguridad era notable, con el GEOP de chaleco antibalas y uniformes norteamericanos –incluido el casco tan parecido al alemán– y un ómnibus escolar atravesado en la calle como una suerte de barrera contra coches bomba. Por primera vez, contrariando la costumbre, el palco estaba sobre el cruce con Tucumán, con lo que la entrada era desde la avenida Córdoba. Para cuando sonó la lúgubre sirena de arranque había una cuadra y media de deudos, gente de todas las edades y una gran cantidad de adolescentes del sistema escolar judío y de escuelas secundarias, entre ellas el Carlos Pellegrini.
“Hace ya quince años, en este lugar, asesinaron a nuestros padres”, arrancó el texto leído desde el palco. Los muertos, se explicó, eran hermanos, compañeros, esposos y “lo más preciado, la vida de nuestros hijos, nuestros chiquitos”. Así se pidió un minuto de silencio a la que le siguió, “para que no mueran dos veces”, el ritual de encender una vela y colocar una rosa para cada muerto. Mientras, se leían los nombres y edades de las víctimas, con el público respondiendo “presente” cada vez.
Junto al palco estaban la Presidenta con el jefe de Gabinete, los ministros de Justicia, Julio Alak; de Interior, Florencio Randazzo, y de Trabajo, Carlos Tomada. Representando a la Ciudad se veía al ministro de Educación, Mariano Narodowski, cerca del representante del Congreso Judío Latinoamericano Jack Terkin, de varios de sus miembros de comunidades de Brasil, Chile, Colombia y Paraguay, del director de Educación de la Agencia Judía, Alan Hoffman, y de la directora para América Latina del American Jewish Committee, Diana Siegelman.
El presidente de la AMIA, Guillermo Borger, hizo un discurso moderado, que abrió considerando que “el expediente judicial prueba la culpabilidad de Irán y de Hezbolá” en el atentado. Borger destacó el pedido de captura del colombiano de origen libanés Salman El Reda, a quien acusó de haber preparado la llegada de los terroristas a Buenos Aires. “Reclamamos y pedimos al Estado, a la comunidad internacional y a Irán” que actúen para que ese sospechoso y varios ex funcionarios iraníes, con pedido de captura, “respondan ante la Justicia argentina”. Borger también exigió profundizar la investigación de la conexión local y respaldó el trabajo del fiscal de la causa, Alberto Nisman, “que hizo avances muy valiosos, que celebramos. Esperamos mucho de él”.
Contra Palacios
Después de un breve número de Juan Carlos Baglietto, que tocó “Quien quiera oír que oiga”, vino el discurso más fuerte de la mañana. Sergio Burstein, hablando en nombre de los familiares de las víctimas, arrancó preguntándose si los muertos “nos escuchan” ahora. Luego abrió fuego contra Luis D’Elía, “el sicario de Irán”, cuyo apoyo a ese país “con banderas de Hezbolá” demuestra que tiene “un odio a los judíos que generó incidentes con matones armados como no se veían hace tiempo”. El nombre del ex funcionario fue recibido con una rechifla general, la primera reacción de un público notable por su silencio.
Según Burstein, “esos actos antisemitas siguen impunes por la tardía reacción de María José Lubertino (titular del Instituto Nacional contra la Xenofobia y la Discriminación, Inadi), que primero los ignoró, luego los minimizó y finalmente responsabilizó a Israel. Señora Lubertino: por su pobre accionar y su lamentable indiferencia demostró que no está a la altura de su cargo”.
Burstein hizo un análisis de las actitudes de las Naciones Unidas ante Irán, comenzando por la invitación a que Mahmud Ahmadinejad participara de la conferencia sobre el racismo en Durban, Sudáfrica. Al haber “condonado al nuevo Hitler”, la ONU perdió autoridad, explicó Burstein, que destacó que varios países retiraron sus delegaciones en repudio. No fue el caso de los países latinoamericanos, que se quedaron, y Burstein criticó duramente a los gobiernos de Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador, que “apañan a un país que sembró la muerte en nuestro país”.
Como Argentina tampoco se retiró, Burstein aclaró que “hay que reconocer la dura condena de nuestro país a los dichos del presidente iraní” y que no hay que olvidar que tanto Néstor Kirchner como su sucesora en la presidencia “denunciaron muy duramente a Irán en la Asamblea General de la ONU”. Burstein pidió: “Señora Presidenta, denúncielos, no permita que esto continúe. No alcanza con lo hecho”.
El discurso luego recorrió la investigación y la causa de la voladura de la AMIA. Burstein recordó que el primer juez del caso, Juan José Galeano, y los fiscales Eamon Mullen y Juan José Barbaccia “encontraron una manera de esconder la mugre bajo la alfombra armando una causa falsa para culpar a policías bonaerenses. Se burlaron por años de nosotros... y todavía hay quien los defienda”. El familiar recordó nombres de esos años a los que definió como “cómplices”: Carlos Menem, su hermano Munir Menem, el ex presidente de la DAIA Rubén Beraja, el entonces comisario Jorge Palacios.
“Es muy difícil pero no imposible que los acusados extranjeros respondan algún día ante la Justicia. Pero la conexión local también está protegida por la aberrante lentitud de la Justicia argentina. Ya es hora de que los culpables paguen aquí en la Tierra...”
Los conceptos más duros fueron al final, contra el nombramiento de Palacios al frente de la policía porteña que impulsa el jefe de Gobierno, Mauricio Macri. Al nombrar al policía, en medio de una muy fuerte rechifla, Burstein reveló que Palacios en persona “nos engañó” diciendo en los noventa que tenía pruebas de la complicidad de los policías bonaerenses acusados por Galeano en el atentado. Pero al momento del juicio, en 2004, Palacios se retractó “y contestó que no le constaba”. La conclusión es que “Palacios nos mintió sobre los bonaerenses”.
Según Burstein, Macri está perfectamente al tanto de los antecedentes de Palacios, lo que explica que “hasta nos negaron que iban a designarlo. Lo hicieron después de las elecciones para no pagar los costos políticos de hacerlo. AMIA y DAIA criticaron ese nombramiento, aunque Macri lo niega”. Para Burstein, “Macri tomó la justicia en sus manos y declaró inocente a Palacios en el caso. Usted rindió homenaje a las víctimas del atentado. No sea hipócrita ahora, sea humilde y dé marcha atrás. Lea las constancias de la causa, pero léalas todas, va a ver qué rápido cambia de opinión y se saca a Palacios de encima”.
Cerrado el acto, después de que cantara Julia Zenko, el presidente de la AMIA hizo declaraciones tomando distancia de Palacios. “Lo he dicho varias veces: una persona que está cuestionada en semejante causa, que es la megacausa de AMIA, que está involucrada en la parte de irregularidades, sin lugar a dudas no podemos acompañarlo, a pesar de su posible profesionalidad y honestidad”.
La Presidenta
Cristina Fernández de Kirchner terminó la mañana dialogando con familiares de las víctimas. No habló durante el acto, pero declaró después que “cuando era legisladora dije tantas cosas que en aquel momento no fueron escuchadas. Tal vez hubiéramos ahorrado tanto tiempo de todo lo que pasó”. La Presidenta agregó que “como siempre” tiene “el deber y la responsabilidad de la memoria, la verdad y la justicia” en el caso.


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Declaración pública del MPT: Llamamos a denunciar la política criminal del Estado chileno

Declaración pública del MPT: Llamamos a denunciar la política criminal del Estado chileno

El Movimiento de los Pueblos y los Trabajadores – MPT responsabiliza a gobierno del asesinato de Jaime Mendoza Collío.
Movimiento de los Pueblos y los Trabajadores – MPT Para Kaos en la Red 19-8-2009 47 lecturas

Declaración pública del MPT

El Movimiento de los Pueblos y los Trabajadores – MPT responsabiliza a gobierno del asesinato de Jaime Mendoza Collío.

Repudiamos la acción criminal del gobierno, responsable directo del accionar de Carabineros de Chile, que ha practicado el terrorismo de Estado contra las comunidades y organizaciones del pueblo mapuche.

Pese a las hipócritas declaraciones del Gobierno, los responsables directos de este nuevo crimen no son sólo los uniformados, sino también la casta dirigente de la Moneda, que aplica a sangre y fuego el modelo capitalista de despojo contra los pueblos, dejando al país en el papel de pobre proveedor de riquezas naturales a favor de las grandes empresas. Este modelo no solo no ha repartido equitativamente la riqueza y sus beneficios, sino que ha empobrecido a la sociedad en su conjunto y especialmente a los pueblos y a los trabajadores del campo y la ciudad.

Este gobierno y su sanguinario ministro Edmundo Pérez han actuado a pedido de los usurpadores y de los parlamentarios de la ultraderecha. Este nuevo asesinato de un mapuche demuestra el verdadero carácter del régimen gobernante, servicial a los grandes intereses de los poderosos, y a la vez insensible y represivo ante las necesidades y los derechos de las mayorías de los pueblos.

El gobierno concertacionista se ha cerrado a cualquier camino de diálogo que lleve a un mínimo de reparación de la deuda histórica que ha adquirido el Estado, y ha dejado que los poderes fácticos nacionales y transnacionales se adueñen de tierras y recursos naturales que pertenecen a las comunidades.
Las comunidades han sufrido por largo tiempo la impunidad ante el despojo territorial, ante la eliminación de sus miembros, la discriminación en su contra y ante el saqueo de su patrimonio inmaterial, negando sus derechos a la preservación de la cultura ancestral.

La institucionalidad chilena no ha abierto caminos de restitución de los territorios usurpados ni a la ejecución de efectivos programas de reparación a favor de las comunidades mapuche. Ha habido una repartija de migajas con las que se ha buscado anular la capacidad de participación de las comunidades y sus dirigentes.

Ello ha prolongado el conflicto que viven las comunidades. La aplicación de una política estatal genocida ha traído la reapertura de un nivel de conflictividad que incluye la ejecución de crímenes de lesa humanidad no inferiores a los de los tiempos de la conquista española o de la mal llamada “pacificación” que hizo el Ejército chileno. En lo inmediato, las políticas concertacionistas se han vuelto la prolongación de la dictadura que volvió a quitar a las comunidades las tierras que la reforma agraria les había devuelto y que las dividió en propiedad privada para mejor engañar a sus poseedores y concentrarlas en las grandes transnacionales.

La política estatal cada vez se hace más represiva, en todos los sectores sociales. Se aprueban leyes contra las manifestaciones de descontento social, se persigue a las organizaciones populares, se acallan sus medios de comunicación y se impone un ambiente de militarización tanto en territorio mapuche como en el resto del país. Lo hemos visto en Tambillos, en Salamanca, en los ataques y detenciones contra activistas de derechos humanos y medioambientales, en los montajes judiciales, en el envío de fuerzas especiales a hacer la guerra a las comunidades mapuche.

Llamamos a denunciar la política criminal del Estado chileno. Que los que aún creen en la buena voluntad de los gobernantes, se vayan desengañando. Que no crean que puede haber un mal mayor que éste, de ser oprimidos sin derecho a respuesta.

Llamamos a la organización de l@s mapuche, mestiz@s y chilen@s, a la unidad de los pueblos y los trabajadores, a extender la protesta, levantando multitudes que defiendan sus derechos, que coordinen un accionar efectivo y colectivo, que presenten nuevas propuestas frente a un sistema opresor, a la vez genocida y autodestructivo.

Exijamos la libertad de los prisioneros mapuche, y que se impongan actos de justicia contra los actos impunes de asesinos desalmados enfrentando a manifestantes desarmados. Denunciemos los montajes con que las grandes empresas y sus cómplices de los poderes del Estado buscan castigar aun más a nuestros hermanos. Denunciemos los engaños propagandísticos con que la Concertación busca limpiar su imagen.

Exijamos la renuncia al Ministro del Interior Edmundo Pérez Yoma y al subsecretario Patricio Rosende, por ser responsables directos del accionar brutal de Carabineros; al Ministro José Antonio Viera-Gallo, a la Intendenta Nora Barrientos y al Comisionado Rodrigo Egaña, porque sus actuaciones sólo han servido para agudizar el conflicto que afecta al pueblo mapuche y para entrabar por todas partes cualquier solución efectiva y sujeta al Derecho emanado de los tratados internacionales suscritos por el Estado chileno.

Que la comunidad internacional y las organizaciones de los pueblos, suscriban una pública condena y sanción moral contra el régimen chileno y su felonía.

En la lucha por sus derechos, el pueblo mapuche no está solo.
Tierra y Libertad para los Mapuche
Movimiento de los Pueblos y los Trabajadores – MPT
Agosto 2009
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PPD pide remoción de general de Carabineros de La Araucanía 18-08-09

18 August, 2009

PPD pide remoción de general de Carabineros de La Araucanía

Tal como lo han exigido amplios sectores de la sociedad mapuche, junto a sus autoridades ancestrales, y de la sociedad civil chilena. Ahora, el partido concertacionista solicitó sacar de su cargo a jefe de la Novena Zona, el general Cristian Yévenes, por posible montaje y encubrimiento en la muerte de Jaime Mendoza Collío...

FUENTE:
[url=http://www.radio.uchile.cl/notas2.asp?idNota=54950Radio Universidad de Chile
La directiva nacional del Partido por la Democracia solicitó a la Presidenta Michelle Bachelet y al General Director de Carabineros, Eduardo Gordon, que se instale en la zona a una autoridad que entregue garantías de que se respetará el estado de derecho y se remueva al jefe de la Novena Zona de Carabineros, general Cristián Yévenes, quien avala la tesis de la legítima defensa en la muerte por la espalda del comunero mapuche Jaime Mendoza Collío, pese a que los peritajes demuestran lo contrario.

."No nos parece una respuesta, ni una señal adecuada que ha dado Cristián Yévenes, general de Carabineros de la zona de La Araucanía que justifica el asesinato de este joven por la espalda donde todas las pruebas señalan que ni siquiera estaba armado a una legítima defensa. Eso no es legítima defensa, está sancionado por las convenciones internacionales que cuando se dispara a una persona por la espalda eso no constituye legítima defensa, eso es un acto cobarde en cualquier parte del mundo y en Chile también", enfatizó Guido Girardi, vicepresidente del PPD.

Girardi sostuvo que el PPD no quiere ser cómplice de un genocidio cultural contra los mapuches y afirmó que el gobierno debe cambiar la política con que se enfrenta el problema indígena y la sociedad hilena debe reparar el daño que se ha realizado a todas las etnias del país.

El presidente de la comisión indígena de la colectividad, Rodrigo Paillalef, indicó que existen interrogantes que no se han podido aclarar en la muerte de Jaime Mendoza Collío, como que no se encontró pólvora en sus manos ni en su ropa, que fue asesinado a 2 Km de donde ocurrieron los hechos, y que el eventual agredido de carabineros tiene balines en partes protegidas de su cuerpo.

Por tanto, Paillalef, cree que podría existir un montaje de parte de carabineros y una posible obstrucción a la justicia durante el proceso judicial a cargo de la justicia militar, y para evitarlo interpondrán una querella contra el general Yévenes si no renuncia.

"La actitud del general Yévenes es grave y desde nuestro punto de vista junto con no asumir las responsabilidades del mando y políticas, él además ha protegido y, de alguna forma, ha encubierto el accionar de Carabineros, él es superior jerárquico. Vamos a interponer una querella contra este general en caso que no renuncie por obstrucción a la justicia y por encubrimiento de los hechos que han sucedido en la Araucanía", dijo Paillalef.

El secretario general del PPD, Alejandro Bahamondes recalcó la decisión de su tienda para que estén representadas las distintas etnias en el Congreso y criticó fuertemente la falta de voluntad para dar voz política a los indígenas.
Pese a estas enfáticas declaraciones, cuando Bahamondes fue consultado si en la lista parlamentaria del PPD se incluyen candidatos procedentes de pueblos originarios, su respuesta fue un dubitativo “No”.

"Hubo personas del mundo indígena que participaron en el proceso de selección de candidatos y tuvieron las garantías como todos los pre candidatos del PPD para participar. A nosotros nos interesaba que así hubiera ocurrido, lamentablemente tenemos limitaciones de cupo", argumentó el dirigente.
Bahamondes se excusó en el sistema binominal que no permite la inclusión de muchos candidatos, que en el caso de su partido fueron 28 cupos.
La propuesta del PPD es tener al menos un diez por ciento de representantes indígenas en el Parlamento, es decir, unos doce diputados, y si hubiesen respetado esta política en la actual confección de la plantilla del Partido por la Democracia, deberían tener entre dos y tres representantes indígenas.

http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=4539
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Ex detective Héctor Guzmán luego de permanecer dos meses y dos días viviendo en Argentina 19-08-09


Miércoles 19 de agosto de 2009

Por Leslie Ayala Castro / La Nación


Ex detective Héctor Guzmán luego de permanecer dos meses y dos días viviendo en Argentina


“Vengo a Chile a dar la prueba de la blancura”


Con cuatro horas de retraso arribó ayer al país procedente de Buenos Aires el ex subcomisario de la PDI que denunció a la red de prostitución infantil de Valparaíso, alegando inocencia y solicitando protección para él y su familia.

"Llegué al país como lo pidió el gobierno a hacer la prueba de la blancura y estoy dispuesto a presentar pruebas porque no quiero que me crean a mí, quiero que le crean a estas evidencias (...) hay situaciones irregulares y voy a entregar estos antecedentes al Congreso Nacional", dijo el ex subcomisario Héctor Guzmán luego que ayer regresara al país en el vuelo 1288 de Aerolíneas Argentinas, tras permanecer dos meses y dos días en la nación trasandina.
El ex funcionario de la PDI viajó el 16 de junio pasado desde Valparaíso a Buenos Aires por el Paso de Los Libertadores, cuando aún no tenía impedimento legal para salir del país.
Posteriormente, se supo que había escapado por las amenazas de muerte de uno de los detectives involucrado en la red de prostitución que denunció.
Según el ex policía los antecedentes que entregará acreditan que el Ministerio Público ocultó evidencia desde julio de 2008.
Agregó que el fiscal Pablo Avendaño, hoy a cargo de la causa, es uno de los que tuvo conocimiento de los testimonios y, en ellos, ya aparecían los nombres de los funcionarios policiales así como el del fiscal que había sido involucrado (José Uribe).
El ex detective también explicó que informó a la Fiscalía de una testigo que aseguraba haber prestado servicios sexuales a este fiscal cuando era menor de edad. "El país tendrá que juzgar estos antecedentes", sentenció.


REVELAR DOCUMENTOS


Guzmán anunció además que a través de la Asamblea de Derechos Humanos y la comisión ad hoc de la Cámara va a revelar una serie de documentos que reunió cuando participaba en caso del proxeneta Carlos Parra, más conocido como "Charly", y el de la red de prostitución infantil.
Fue el trabajo y testimonio de este ex policía el que permitieron que se descubriera en 2007 la participación de los detectives (ver recuadro) en el negocio de Parra, que operaba en dos locales nocturnos del principal puerto del país: el Louisiana y Pandemonium.


El caso se destapó luego que una mujer de nacionalidad chilena fuera asesinada en España y el "Charly" apareciera como el responsable de su salida del país.
El sujeto la había engañado junto a un grupo de mujeres, para que se prostituyera.
En ese contexto que Guzmán se enteró que algunas jóvenes que trabajaban en esos locales nocturnos prestaban servicios sexuales, aunque eran menores de edad.
En varias declaraciones las mujeres relatan que mientras tenían entre 13 y 15 años, eran abusadas sexualmente por miembros de la PDI de Valparaíso. Y que los mismos policías mantenían un estrecho vínculo con el "Charly" al punto de prestarle protección.

Guzmán presentó los antecedentes a las autoridades policiales de la región y a la fiscalía, pero en principio ninguna de las dos instituciones investigó.

"Aquí hay una red muy grande, hay muertes extrañas y esta situación no creo que pare porque aún ocurre acá en Chile", dijo el ex detective de la PDI y aseguró que está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias.

El policía explicó que buscará demostrar su inocencia y dejar al descubierto a las altas autoridades que aún estarían protegiendo a la organización.

Los policías indagados

En la investigación están formalizados el ex detective Jimmy Gutiérrez y otros tres funcionarios en servicio activo, Edgardo Uribe, Alejandro Puga y Héctor Hernández. La Fiscalía porteña les formuló cargos el pasado 1 de julio por no brindar protección a las menores; por no haber denunciado delitos y haber obtenido servicios sexuales de menores.
En una audiencia posterior también se formalizó a el abogado Ricardo Bravo y los detectives Jorge Gallardo, Sergio Jarpa y Claudio Cortez. Guzmán fue imputado en ausencia.


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Libres los asesinos de Gastón Vidaurrázaga y Felipe Rivera y bajas penas para asesinos de Pepe Carrasco 13-08-09

Libres los asesinos de Gastón Vidaurrázaga y Felipe Rivera y bajas penas para asesinos de Pepe Carrasco

El 13 de agosto de 2009, transcurridos 23 años de uno de los episodios criminales más atroces del repertorio de dictadura, los ministros de la Corte Suprema Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros, Juan Araya y Carlos Künsemüller rebajaron en forma considerable las sentencias de Alvaro Corbalán y otros agentes de la CNI que ejecutaron al periodista José Carrasco Tapia y al publicista Abraham Muskatblit Eidelstein. Al mismo tiempo dejaron en libertad condicional a los autores de las ejecuciones del profesor y artista plástico Gastón Vidaurrázaga Manríquez y del electricista Felipe Rivera Gajardo. Los cuatro homicidios ocurrieron bajo estado de sitio en la madrugada del 8 de septiembre de 1986, y fueron la respuesta de la policía secreta de Pinochet a la fallida emboscada del 7 de septiembre contra el dictador.
Quienes ejecutaron al profesor Vidaurrázaga, también militante del MIR –e hijo de la ex jueza María Manríquez ,– y al ex funcionario estatal Felipe Rivera, militante comunista, caminarán libres y tranquilos por las calles y podrán leer en los periódicos que hoy en Chile los “terroristas” están presos, son perseguidos o incluso muertos: son mapuches, los nuevos presos políticos del Estado chileno. No dirán los diarios que en las comunidades se sabe que Jaime Mendoza Collío fue ejecutado ayer por un carabinero con un disparo por la espalda, y no en una emboscada como dice la version oficial. La televisión les informará ampliamente a los criminales y al país de la ardua labor de la fiscalía y de las fuerzas especiales desplegadas en el sur como en dictadura, para enfrentar con balas y gas lacrimógeno la lucha por la tierra que libran hombres, mujeres y niños con palos, piedras y boleadoras. Incumplimiento del EstadoEl más alto tribunal chileno da así una señal a la sociedad de cómo opera la justicia, y retoma la huella de impunidad que abriera en dictadura En los dos últimos años algunas de sus sentencias han favorecido a criminales de la CNI - la Central Nacional de Inteligencia del régimen dictatorial – mediante la rebaja de penas, por la vía de aplicar la media prescripción o la prescripción total. Al aplicar la prescripción gradual a delitos de lesa humanidad, la Corte Suprema compromete la responsabilidad internacional del Estado de Chile, que incumple así sus obligaciones internacionales, en especial respecto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La proporcionalidad y pertinencia de las sentencias, respecto de la gravedad de las violaciones a los derechos humanos es uno de los requerimientos señalados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en estas materias.El menú supremoÁlvaro Corbalán Castilla, jefe de operaciones de la CNI, que de acuerdo a la prolongada investigación judicial debía enfrentar 18 años de presidio por planear estos crímenes, vio rebajada su condena a 12 años. La Corte de Apelaciones había confirmado las sentencias de trece años de presidio para Jorge Vargas Bories, Iván Quiroz Ruiz, pero la Corte Suprema en cambio condenó a sólo 7 años a los autores materiales de los homicidios del editor internacional de la revista Análisis y dirigente del MIR, José Carrasco y de Abraham Muskablitt, dirigente del Partido Comunista. Con la benevolencia del alto tribunal, quedan además en libertad condicional los agentes Krantz Bauer, Jorge Jofré y Juan Jorquera, cuya sentencia a 8 años de prisión efectiva como autores del homicidio del también miembro del MIR, profesor Vidaurrazaga había sido previamente confirmada en segunda instancia.Hay más impunidad en el supremo menú dado a conocer oficialmente. Pedro Guzmán Olivares y Gonzalo Maas del Valle, autores del homicidio de Felipe Rivera salieron en libertad, al rebajarse de 8 a 5 años sus condenas. Los ex agentes Víctor Lara Cataldo, René Valdovinos Morales, Víctor Muñoz Orellana, Eduardo Chávez Baeza, Carlos Alberto Fachinetti López, y José Ramón Meneses Arcau, habían recibido del ministro Haroldo Brito - que redactó las sentencias originales - condenas de prisión efectiva. Pero al igual que los ya nombrados, tendrán ahora sólo cinco años de pena remitida, en lugar de cinco años y un día, que les hubieran significado cumplir la sentencia en prisión. Este tipo de fallos contradicen no sólo el derecho internacional en derechos humanos sino también la jurisprudencia de la propia Corte.En total, once culpables de delitos de lesa humanidad, juzgados de acuerdo a las leyes penales antiguas salen a la calle, quizás para que haya más espacio para encarcelar a jóvenes mapuche y luchadores sociales cuyas demandas son criminalizadas por la nueva justicia penal chilena y requeridos desde el ministerio del interior y el gobierno en general.Libres los exhumadoresEl mismo día que se dio a conocer esta sentencia final, largamente esperada por los defensores de derechos humanos y los periodistas, la Corte Suprema dio a conocer otras dos sentencias definitivas igualmente aberrantes. No hubo cárcel para ninguno de los altos oficiales y subalternos involucrados en el delito de hacer desaparecer por segunda vez a desaparecidos, trasladando los cuerpos desde el campo militar de Peldehue para ser arrojados al mar y ocultar la evidencia de sus crímenes. Los nueve ex uniformados recibieron como pena 270 días de prisión remitida por su rol en la denominada “Operación Retiro de Televisores” ordenada por Pinochet .La tercera sentencia definitiva dada a conocer el 13 de agosto es por la desaparición de Rubén Alejandro Velásquez Vargas y el homicidio de José Esaú Velásquez Velásquez, el 5 de octubre de 1973 en el sector de Lago Yunque, provincia de Palena, Región de Los Lagos. Los criminales recibieron penas remitidas de tres años y un día. En su pueblo de origen, seguramente muy pequeño, los hijos y nietos de Rubén y José seguirán cruzándose en la calle con los asesinos.No estamos sin embargo ante sentencias excepcionales.Otra de Ballesteros y SeguraEn enero de 2009, la Corte Suprema aplicó la prescripción y absolvió a los criminales de la DINA identificados como autores de la desaparición de la estudiante de servicio social Jacqueline Binfa. El alto tribunal absolvió de toda responsabilidad penal a la cúpula del servicio secreto de la dictadura pinochetista por el secuestro calificado de la universitaria, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), desaparecida el 27 de agosto de 1974, en Santiago, uno de los 119 secuestrados en la Operación Colombo. El fallo dictado por el ministro Solís y ratificado por la Corte de Apelaciones fue anulado por los ministros Nibaldo Segura, Rubén Ballesteros y Julio Torres Allú, con los votos en contra de los ministros Jaime Rodríguez y Hugo Dolmetsch.La sentencia anulada condenaba a 15 años al ex jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), general Manuel Contreras, y a diez años a los ex agentes Marcelo Moren Brito, César Manríquez Bravo, Miguel Krassnoff y Ciro Torres Sáez., quienes cumplen penas por otros crímenes similares.Incluyendo las tres sentencias reseñadas al comienzo de esta nota, en 2008 y 2009, al fallar causas de derechos humanos la Corte Suprema ha aplicado en doce oportunidades la media (o total) prescripción, favoreciendo a condenados por delitos de lesa humanidad y marcando un claro retroceso en cuanto a su respeto al derecho internacional de derechos humanos. El tribunal permanece incólume ante las críticas formuladas por el mundo de los derechos humanos y sectores académicos. Nada han dicho al respecto la presidenta Michele Bachelet ni los miembros de su gabinete, locuaces cuando se trata de comentar las sentencias que afectan a comuneros mapuche.Deudas de la justiciaEl 24 de julio de 2009 se cumplieron 34 años de la publicación de la llamada Lista de los 119, la maniobra de guerra sicológica que la DINA bautizó como “Operación Colombo”, otro compendio de crímenes escalofriantes de la dictadura. Pero sólo en diez de los 119 casos de desapariciones hay sentencia definitiva contra el ex director de la DINA, Manuel Contreras y sus subordinados y notablemente, la prescripción sólo se aplicó en el citado caso de Jacqueline Binfa. Las sentencias definitivas que en cambio significaron justicia, aunque tardía (desde 2005 en adelante), son las del secuestro y desaparición de la asistente social María Teresa Bustillos Cereceda; los ex miembros del GAP Manuel Cortez Joo y Miguel Angel Sandoval Rodríguez; los hermanos chillanejos Hernán y María Elena González Inostroza; los estudiantes de ingeniería Luis Guajardo y Julio Fidel Flores Pérez (en 2009); y el estudiante de filosofía, Jorge Espinosa Méndez, todos ellos militantes del MIR. También hubo sentencia del máximo tribunal en el caso del estudiante secundario Mario Carrasco Díaz, socialista. Por la desaparición de Espinosa el único sentenciado, sin embargo, es el agente Osvaldo Romo, que murió en prisión. La sentencia definitiva más reciente se dictó en julio de 2009 por la desaparición del veterinario Jorge D’Orival, confirmándose las condenas a la cúpula de la DINA, en un fallo marcado por una composición diferente de la segunda sala penal que ve los casos de derechos humanos.En abril de 2009 la Corte Suprema informó por su parte que 369 de todas las causas judiciales por violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1973 y 1990 aún están en desarrollo. Un 65% de ellas todavía se encuentra en la etapa de sumario o investigación. No hay cifras actualizadas sobre el total de sentencias definitivas. Casos como las sentencias definitivas por casos como la Operación Albania y el homicidio del ex Comandante en jefe del Ejército, General Prats y su esposa representan al sector de la Corte Suprema que respeta la doctrina internacional de derechos humanos.La tendencia aquí denunciada no contribuye al avance de las investigaciones y procesos pendientes, pues por consideraciones de “economía procesal” algunos jueces y/o ministros podrían desistir de investigar a fondo, puesto que no se están respetando los resultados de sus pesquisas, al instaurarse una falsa “justicia con clemencia” más preocupada de los victimarios que de las víctimas. Asimismo, los tribunales de segunda instancia pueden seguir el camino de sus superiores.Racismo judicialEn cambio, al 31 de julio de 2009, por supuestos delitos de incendios que no han cobrado vidas, cumplían prisión efectiva 32 mapuche o activistas de esa causa, en recintos ubicados en Los Angeles, El Manzano (Concepción), Lebu, Angol, Victoria, Collipulli, Traiguén, Temuco, e Isla Teja (Valdivia). Algunos de ellos han sido condenados a diez años de prisión, por la ley antiterrorista. Las organizaciones mapuche que velan por los derechos colectivos de su pueblo consideran que esto es también racismo y discriminación judicial y socio-ambiental y así lo están planteando a estas horas en Ginebra ante la Comisión que ve el tema y examina al Estado chileno, representado por la ministra de MIDEPLAN Paula Quintana. La Delegación mapuche la integran Francisco Vera, Werken de la Mesa Mapuche, Manuel Curilen, vocero de las familias afectadas por Racismo Ambiental, Mauricio Peñailillo, de la Red de Ambiental de Temuco, Blas Pantel, del Observatorio Ciudadano, y Andrea Calfunao, de la Comunidad Juan Paillalef de Cunco. Durante la semana han realizado diversas gestiones en la ONU reuniéndose con Expertos y Relatores. Para ellos será clave la participación el día 14 de agosto en los que se realizará el examen oficial de Chile respecto del cumplimiento de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial por el Comité de Eliminación de Discriminación (CEDR) de las Naciones Unidas.
Publicado por Lucía Sepúlveda en
12:31 AM
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18 de Agosto de 2009


Critican rebaja de penas para culpables del asesinato de José Carrasco


La comunidad académica de la Universidad de Chile criticó el fallo emanado de la Corte Suprema, por cuanto “permite que once culpables de delitos de lesa humanidad no cumplan condenas efectivas de cárcel".


La comunidad académica del Instituto de la Comunicación e Imagen –ICEI- de la Universidad de Chile manifestó su más profundo rechazo respecto de la resolución de la Corte Suprema, que rebajó en forma considerable las sentencias de Álvaro Corbalán y otros agentes de la CNI por el secuestro con homicidio del periodista José Carrasco Tapia, el publicista Abraham Muskatblit Eidelstein, del profesor y artista plástico Gastón Vidaurrázaga Manríquez y del electricista Felipe Rivera Gajardo. A través de una declaración pública, aseguró que gracias a la resolución de este máximo tribunal, “permite que once culpables de delitos de lesa humanidad no cumplan condenas efectivas de cárcel, pese a un largo proceso judicial que tomó cerca de 21 años en emitir una condena para 13 agentes de la dictadura militar”.En ese sentido, señaló que al aplicar la prescripción gradual a delitos de lesa humanidad, “la Corte Suprema compromete la responsabilidad internacional del Estado de Chile, que incumple así sus obligaciones internacionales, en especial respecto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la que en sus resoluciones solicita proporcionalidad y pertinencia de las sentencias en casos de violaciones a los derechos humanos”.Entre los firmantes se encuentran: Juan Pablo Cárdenas, María Olivia Mönckeberg y Faride Zerán.




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Coloma pide a Pérez Yoma que asuma responsabilidad por violencia en la Araucanía 18-08-09

18 de Agosto de 2009

Timonel de la UDI enciende el ambiente previo a la interpelación

Coloma pide a Pérez Yoma que asuma responsabilidad por violencia en la Araucanía

El dirigente gremialista afirmó que “hay un amplio sector del país en donde no rige el Estado de Derecho. Aquí tenemos personas que han muerto, tenemos carabineros heridos, tenemos encapuchados, tenemos incendios”.
Ante la inminente interpelación que enfrentará este martes en la Cámara de Diputados el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, el presidente de la UDI, senador Juan Antonio Coloma, lo llamó a que asuma su responsabilidad por los hechos de violencia que ocurren en la Araucanía, asegurando que hasta ahora el Gobierno se intenta “lavar las manos” y que “lo único que falta es que le echen la culpa a Carabineros” de lo sucedido.
“Nosotros consideramos fundamental que el ministro del Interior asuma la responsabilidad de lo que está pasando en la Araucanía, no minimice los hechos, no le eche la culpa a otros, no trate de asumir que el Gobierno ha hecho bien las cosas”, porque en la actualidad “hay un amplio sector del país en donde no rige el Estado de Derecho. Aquí tenemos personas que han muerto, tenemos carabineros heridos, tenemos encapuchados, tenemos incendios”, recalcó.
A juicio del máximo dirigente de la UDI en estos hechos queda de manifiesto que “ha fallado una política indígena en forma dramática que ha impulsado la Concertación, porque si no hubiera fallado no estaríamos en esto. Y, por otro lado, ha fallado el imperio del Estado de Derecho que el mismo Gobierno tiene la obligación de cautelar”.
Por lo que Coloma destacó que “el Gobierno se intenta lavar las manos, lo único que falta es que le echen la culpa a Carabineros de lo que está pasando en la Araucanía”.
En este sentido, el timonel gremialista defendió la labor de la Carabineros, asegurando que es una institución que “necesita un respaldo de la ciudadanía”, aunque “obviamente que hay que investigar cada situación que se produce respecto de un hecho de violencia, pero ellos están haciendo un gigantesco esfuerzo por tratar de apagar un verdadero incendio que se ha producido en ese lugar del país por la incapacidad, la inercia de las políticas públicas de la Concertación y por la falta de voluntad del Gobierno de aplicar el Estado de Derecho”.
La interpelación que se llevará a cabo entre las 16:00 y 18:00 horas en la sala de la Corporación en Valparaíso, estará a cargo del diputado Cristián Monckeberg (RN).

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Arresto domiciliario para ex director del Registro Civil 18-08-09

18 de Agosto de 2009

Arresto domiciliario para ex director del Registro Civil

Guillermo Arenas es imputado por fraude al Fisco y asesorías falsas por más de 600 millones de pesos.

La jueza del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Paula Jara Concha, revocó la prisión preventiva del ex director del Registro Civil, Guillermo Arenas, y ordenó su reclusión nocturna, en la arista “Contratos a honorarios” del denominado caso "Registro Civil". La defensa de Arenas solicitó sustituir la prisión preventiva, a lo que la fiscalía no se opuso. De esta forma la magistrada Jara determinó reclusión domiciliaria nocturna para el imputado, firma semanal, arraigo nacional y prohibición de acercarse a los coimputados en la causa. Además, aumentó el plazo de investigación en 40 días. Con esta resolución, Arenas sale en libertad, ya que con fecha 14 de julio, el magistrado Freddy Cubillos había revocado la prisión preventiva en la arista “Usach” de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía Centro Norte, sustituyéndolas por las mismas medidas cautelares impuestas en la audiencia realizada la mañana de hoy.
Arenas, quien es imputado por fraude al Fisco y asesorías falsas por más de 600 millones de pesos registradas durante su administración, se encontraba recluido en el anexo cárcel "Capitán Yaber" desde marzo pasado y en variadas ocasiones le habían sido rechazadas sus peticiones del beneficio de libertad provisional.
Artí­culos Relacionados :
Detienen a ex director del Registro Civil por delitos de fraude al fisco reiterado (22-01-2009)
La masonería expulsó al ex rector de la USACh y al ex director del Registro Civil (27-06-2009)
Caso Registro Civil: Formalizan por cohecho a ex ejecutivos de TATA (01-07-2009)

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