miércoles, 3 de agosto de 2011

Parapolítica - Habrían comprometido a hijos de Uribe con nexos 'paras', según Iván Cepeda - 03-08-11

Parapolítica

Habrían comprometido a hijos de Uribe con nexos 'paras', según Iván Cepeda





Hijos de expresidente colombiano Álvaro Uribe acusados de tener nexos con paramilitares



Por: Elespectador.com

El representante entregó a la Fiscalía la declaración del exjefe paramilitar, José Gelvez, alias ‘El Canoso’, que relaciona a Tomás y Jerónimo Uribe Moreno.


El representante a la Cámara, Iván Cepeda Castro, este miércoles dio a conocer que en desarrollo de sus visitas a las cárceles donde están recluidos los exjefes paramilitares, conoció la declaración del exjefe paramilitar, José Gelvez, alias ‘El Canoso’, que señala a los hijos del expresidente Álvaro Uribe Vélez de haber tenido negocios con paramilitares en Santa Marta.
Tal como aparece en la grabación y según lo publicaron varios medios de comunicación como la revista Semana, en una columna de María Teresa Ronderos: “El Canoso dijo ante Justicia y Paz que Art Coco —una empresa de Ignacio ‘Nacho’ Rodríguez, concejal de Santa Marta elegido con los votos ‘paras’ que manejaba Hernán Giraldo en la Sierra Nevada— era proveedora de artesanías para Salvarte, la empresa de los hijos del expresidente Uribe, Tomás y Jerónimo”.
Según un comunicado de Cepeda, en la grabación, ‘El Canoso’ cuenta cómo los paramilitares ‘Jorge 40’ y Hernán Giraldo y su sobrino lograron entrar en la concesión del Parque Tayrona a través de un socio de Aviatur en Santa Marta, negocio en el cual habrían participado también Tomás y Jerónimo Uribe.


Conforme a la columna de Semana, el señor Jean Claude Bessudo, presidente de Aviatur, admitió que recibió el consejo del presidente Uribe de asociarse con una empresa para dicha concesión y que cuando se enteró de que los paramilitares habían entrado a su empresa, él les compró la parte correspondiente.



El representante Iván Cepeda puntualizó que la entrega de esta grabación se hace como parte de sus funciones parlamentarias para que el órgano investigador adelante las acciones pertinentes.
Cepeda fue a las cárceles colombianas para entrevistarse con los exjefes paramilitares y para verificar la situación de derechos humanos en dichos establecimientos. En las cárceles de Valledupar, La Picota y El Buen Pastor de Bogotá se encontraron graves irregularidades que serán objeto de debate de control político el próximo 24 de agosto en la Comisión Segunda de la Cámara de representantes.


Igualmente, el legislador anunció que las Comisiones de Derechos Humanos del Congreso continuarán visitando los establecimientos carcelarios con el fin de hacer un seguimiento a la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, y de verificar la situación de derechos humanos que viven los presos. La próxima visita será a la cárcel Bellavista, en Bello (Antioquia), por petición de organizaciones defensoras de los derechos humanos.


En su momento, los Uribe Moreno emitieron la siguiente declaración:


Ante las polémicas declaraciones, los hijos del expresidente Uribe, a través de un comunicado, reconocieron tres reuniones con el extraditado Rodríguez, pero negaron haber sabido de sus nexos delincuenciales. Indicaron que en una de ellas estuvo el actual alcalde de Santa Marta.


“Conocimos al señor Rodríguez en el año 2004, por amigos comunes de Santa Marta y por su participación en una compañía que fabricaba artesanías de coco con habitantes de la Sierra Nevada, promocionadas en programas financiados por el gobierno americano. Tanto al señor Rodríguez, como a su familia, los precedía una excelente reputación, la cual pueden corroborar distinguidas personas de la sociedad samaria”, indicaron.


Concluyeron que el testimonio de alias El Canoso, a quien niegan conocer, “está plagado de mentiras y falsas intenciones”.




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20 Abr 2009 - 11:00 pm



Crece debate por negocio de los hijos de Uribe



Por: Elespectador.com



Ello por la compra de terrenos en Zona Franca de Occidente.

Foto: David CampuzanoEste es el terreno que ha generado polémica. Está ubicado en inmediaciones del municipio de Mosquera, en Cundinamarca.

Polémica por terrenos en Zona Franca


La venta de dos predios en Mosquera que al parecer fueron incluidos en una Zona Franca, abre polémica. Hijos del Presidente dicen que actuaron legalmente, no se cambió el uso del suelo y compraron por metro cuadrado.


Un debate de control político en el Congreso, programado inicialmente para el próximo 12 de mayo, es la primera consecuencia de la denuncia planteada el domingo pasado por el informativo de televisión Noticias Uno, según el cual, los dos hijos del presidente Álvaro Uribe, Tomás y Jerónimo, se habrían beneficiado con la valorización de terrenos de su propiedad ubicados en el municipio de Mosquera (Cundinamarca), al quedar incluidos en una reglamentación de Zona Franca. El hecho habría tenido lugar en diciembre del año pasado, avalado por la Comisión Intersectorial de Zonas Francas, del cual hacen parte los ministros de Comercio y de Hacienda.


La información de Noticias Uno, respaldada por su director Daniel Coronell en su columna de la revista Semana, sostiene que con la decisión adoptada, los terrenos rurales de propiedad de los hijos del Presidente pasaron de una valorización de $33 millones a un estimativo de $3.000 millones. Supuestamente los predios en mención, conocidos como El Paraíso y San Laureano, hace dos años fueron adquiridos por una fiducia constituida por la sociedad Residuos Ecoeficiencia, controlada por Tomás y Jerónimo Uribe Moreno. Las decisiones posteriores, según el reporte noticioso, también favorecieron al ex alcalde de Mosquera Álvaro Rozo.


La publicación y el reporte del noticiero de televisión causaron revuelo político y el primero en salir al ruedo fue el senador del Polo Democrático Alternativo Jorge Robledo, quien anunció ayer un debate de control político en el Congreso, inicialmente para que el ex alcalde de Mosquera le explique al país por qué después de la compra del lote por parte de los hijos del Presidente, a los pocos días se le cambió el uso del suelo de rural a industrial, facilitando una primera “granvalorización”, y por qué después el mismo alcalde terminó comprando una parte de ese mismo lote a los hijos del Primer Mandatario. Robledo aclaró que también varios ministros deben explicar qué sabían de ese negocio.


Ayer mismo, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Guillermo Plata, calificó de infundadas las acusaciones sobre un supuesto tráfico de influencias por parte de los hijos del Presidente, argumentó que la aprobación de la Zona Franca de Occidente se ajustó a los requerimientos de las leyes colombianas, que nunca hubo preferencias ni dádivas y que los hijos del Presidente no son socios de la Zona Franca. “Estamos armando una tormenta en un vaso de agua y no veo cuál es la sustancia detrás de todo esto. Tráfico de influencias hubiera existido si ellos se hubieran aprovechado de su posición o estuvieran pidiendo que se les rebajaran las condiciones. Nada de eso sucedió”.


A su vez, a través de distintos medios de comunicación, los hijos del Presidente negaron enfáticamente cualquier responsabilidad sobre el hecho. Tomás Uribe sostuvo que las acusaciones son tendenciosas y que la negociación se hizo sin violar las disposiciones legales. “Acá no se abusó del poder, sino que se ejerció un derecho que tenemos todos. Son falsedades. No se cambió el uso del suelo, no es cierto que se le haya vendido el predio al alcalde de Mosquera a precio de ganga y también es falso que se haya comprado por hectáreas y no por metros cuadrados. Nosotros quedamos con una participación minoritaria del 7% cada uno y no como dice el periodista Coronell, que fue del 60%”.


Añadió que, de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial, desde el 2000 el predio en cuestión es de expansión industrial y no rural, como asegura Coronell.
El hijo del Presidente insistió en que el debate de fondo es siél y su hermano pueden o no hacer negocios. Se declaró en todo momento dispuesto a hacer declaración punto por punto sobre lo sucedido. Precisamente ese es el escenario que pretende ahora plantear la oposición política encarnada en el Polo Democrático, uno de cuyos miembros, el ex ministro Parmenio Cuéllar, observó que una administración “debe evitar que los hijos del Presidente hagan negocios mientras él sea mandatario”. En tal sentido, planteó como una necesidad que se escuche a los funcionarios del Estado que tuvieron que ver con la aprobación de esa Zona Franca y, por supuesto, que se oiga a los hijos de Uribe.


El presidente del Congreso, Hernán Andrade, aceptó que puede ser un tema delicado o al menos incómodo, aunque en principio cree que todo el trámite se hizo bajo criterios legales, incluyendo la Zona Franca. Aun así, admitió que “lo que viene es el debate político, en el sentido de evaluar la manera como las decisiones administrativas pueden beneficiar a los hijos del mandatario. De aprobarse el debate de control político para el 12 de mayo, la idea es que Tomás y Jerónimo Uribe sean escuchados.


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03-08-11--Entrando y saliendo del Museo de la Memoria con los 119

Entrando y saliendo del Museo de la Memoria con los 119








Lunes, 01 de Agosto de 2011 16:25




Lucía Sepúlveda Ruiz






El 25 de julio, en el Museo de la Memoria, nos reencontramos con los 119, a 36 años de la desaparición de estos chilenos y chilenas por la DINA. Gracias a la lucha de sus familiares y amigos de hoy y ayer, organizados en el Colectivo 119 y en Londres 38, justo a la entrada del imponente edificio lleno de cristales y altas techumbres estaban como dándonos la bienvenida Ariel Salinas, (ex dirigente de la FEC de Concepción de los años 70) y Carmen Bueno, actriz, junto a María Angélica Andreoli, estudiante universitaria. Ariel seguro ya está enterado del montaje policial contra Recaredo Gálvez, el dirigente actual de la FEC que los pacos acusaron impunemente como homicida y que la Corte de Apelaciones liberó después.


Los tres forman parte de la lista de 119 chilenos y chilenas desaparecidos en la Operación Colombo, la mayoría muy jóvenes luchadores sociales de la resistencia al régimen de Pinochet en sus más feroces años: 1974 y 75. La instalación que representa a nuestros compañeros y compañeras detenidas en la Operación Colombo permanecerá durante agosto y septiembre en el Museo de la Memoria.






A ellos los instaló la DINA en un montaje mediático armado con el fin de amedrentar y desconcertar a los familiares de los desaparecidos y a los organismos de derechos humanos. Buscaban encubrir los secuestros presentándolos como hechos delictuales ocurridos en el extranjero (“Los miristas se matan entre sí” decían algunos titulares), y desprestigiar la lucha de resistencia. Contaron para ello con la complicidad de La Segunda y toda la cadena de El Mercurio, la tv y la prensa oficial.




Justo frente a las siluetas gigantes de Ariel Salinas y Carmen Bueno - asumiendo que muchos y muchas jóvenes de hoy ni siquiera saben que existió el horror de esos días - se exponen en el Museo fotos de los memoriales contra el olvido: majestuosos o pequeños, simbólicos o tradicionales, grandes estructuras o pequeñas placas que se han erigido a lo largo de Chile por las organizaciones y familiares junto a quienes nos negamos al olvido y cultivamos la semilla de la justicia y la verdad.




Ahí están por ejemplo el memorial del Liceo Manuel de Salas (cinco de los 119 habían sido alumnos de ese liceo experimental de Santiago) o el de la Escuela de Economía (en la Lista de los 119 había varios alumnos de esa escuela de la Universidad de Chile).




Memoria y acción




Antes de entrar al Museo hubo en el auditórium anexo, un taller de memoria/acción en que se buscaba unir presente y pasado, sacar lecciones de la (escasa) justicia lograda y de la (inmensa) injusticia pendiente. Allí se habló de vincular las luchas y demandas sociales, y todos saludaron las masivas movilizaciones, acordando también presionar para que en el Senado se vote una iniciativa que impida que la impunidad siga avanzando, ahora por la vía de posibles indultos gubernamentales.




Magdalena Navarrete, dirigente del Colectivo 119 y de la AFDD línea fundadora, madre de Sergio Reyes, estudiante de Economía, con voz entrecortada por la emoción reiteró al inaugurar la muestra, que su organización comparte las demandas de los jóvenes de hoy y que en ellas ven renacer la esperanza de sus hijos. Ellos, los 119 también están en la calle, en las tomas y en las marchas estudiantiles y ciudadanas exigiendo educación pública, expresaba Roberto D’Orival, hermano de Jorge D’Orival, veterinario cuyo nombre también figuró en la Lista de los 119. El Museo rindió un homenaje especial al arquitecto y académico de la Universidad de Chile, Francisco Aedo, también desaparecido en la Operación Colombo.


El ambiente era un poco surrealista porque desde el piso de arriba, llegaban los ecos apagados de consignas y cánticos de los años 70, que forman parte de la banda sonora de algunos de los videos exhibidos allí para recrear el ambiente de esos años.


Más abajo, esa noche, estaba iluminada la silueta del activista que impulsaba los consejos comunales campesinos en Linares, Juan Molina, al lado de Pedro Merino, el sastre y dirigente de las Juventudes Comunistas cuyo caso es uno de los pocos que este año avanzó en tribunales con una sentencia de primera instancia para los criminales. También en ese grupo estaba Luis Guajardo, el ciclista y activista mirista en Pudahuel, entonces llamado "Barrancas". Los estudiantes Bárbara Uribe y Erick Van Yurik estaban juntos, como siempre, mirándose... una pareja hermosa. Casi a la bajada de la escala se ubicó Antonio Cabezas, ex interventor de la textil Comandari. Era una larga tarea la de saludar a los sobrevivientes, a los familiares, y a los que partieron. Así me encontré con Cecilia Radrigán cuando ella ya partía y cuando comenté que no podía evitar emocionarme, me confesó que ella sentía que la estaban mirando, que todo el tiempo sintió eso cerca de donde estaba parada la silueta de su hermano, Osvaldo Radrigán. Por ahí andaba también Mario Calderón, el periodista de Valparaíso. Y cuando finalmente ya entrada la noche salí del museo hacia el metro Matucana, allí me despidió en ese pasillo Leopoldo Muñoz Andrade, de Lo Valledor, fuera de la instalación, como diciéndome que estaban ahí pero en realidad preferían estar afuera…


Esas siluetas maravillosas las hizo un artista, el pintor y escultor José Rodríguez, a partir de los retratos de estos luchadores sociales, junto a un potente equipo de familiares, amigos y estudiantes que trabajaron en el local de la FECH el año 2005 y las pasearon desde Londres 38 hasta la misma Moneda, donde se instalaron cuando se cumplían 30 años de la desaparición. Ahora las restauraron para este nuevo aniversario.


La prensa y los montajes


En el acto de la prensa hubo alusiones a la prensa actual en Chile, solo para constatar que es la misma de ayer: fabricante/cómplice de montajes, urdidora de mentiras, vendiendo un país de fantasía y cómplice de los dueños del poder en Chile. ¡Cincuenta años cumplió esta misma semana el vespertino La Segunda, sin jamás pedir perdón por su rol en esta macabra operación de la DINAy su titular: “Exterminados como ratones”! El Colegio de Periodistas sí lo hizo en 2007, como resultado de un juicio ético que llevó a cabo a solicitud del Colectivo 119, bajo la presidencia de Alejandro Guillier.Pero también estaba en el Museo de la Memoria la prensa popular, muchas cámaras de corresponsales independientes, un equipo de Umbral Tv de la Villa Francia (de donde eran José Villagra, Enrique Toro, y Eduardo Lara). Pablo, hijo de José Villagra, director del periódico virtual www.elirreverente.cl, trabaja también en un documental sobre montajes de los medios de comunicación. Allí también se hicieron presente audiovisualistas de Londres 38, varios medios barriales y virtuales, tesistas que indagan en la memoria y otros. Lo nuevo con lo viejo, el ying y el yang, el dolor con la esperanza, sobrevivientes y jóvenes que pisan esas calles nuevamente, marchando por la Alameda.


Los criminales


Según un informe de la Universidad Diego Portales (Balance de Causas DDHH en Chile, Observatorio de DDHH, julio 2011) divulgado en el Taller Memoria/Acción, de los 87 casos de la Operación Colombo en que hay causa judicial abierta, se han logrado 19 condenas definitivas (lo que implica un 21,8% de los casos investigados), pero la mayoría de las causas (59) apenas están en etapa de sumario. Hay 4 condenas de primera instancia, y 1 condena emitida por la Corte de Apelaciones. Y en muchos casos ni siquiera hay un juicio entablado.


Augusto Pinochet Ugarte, el máximo responsable de estos crímenes, sólo será juzgado por la historia ya que la complicidad de los tribunales chilenos le permitió finalmente eludir la acción judicial con su muerte. El propio dictador, Augusto Pinochet Ugarte, desaforado en 2006, estuvo encausado por la Operación Colombo, por resoluciones adoptadas por los Ministros de fuero Alejandro Solís y por Victor Montiglio, el juez recientemente fallecido que procesó a 98 agentes partícipes en estos crímenes. Pero los procesamientos no siempre culminan en una sentencia. La muerte llegó antes para el ex dictador, frustrando las expectativas de justicia de los chilenos que luchan contra la impunidad. Hay consenso que los avances en materia de justicia se han logrado por la lucha de los familiares y organizaciones secundados por los abogados de derechos humanos, y que en cambio no ha habido voluntad política de los sucesivos gobiernos de la Concertación de hacer justicia. Una muestra de ello es que nunca se logró derogar el decreto ley de amnistía y por el contrario, en varias oportunidades gobiernos intentaron que el congreso aprobara leyes de punto final.


Más de 68 de los procesamientos dictados desde 2005 en estos casos, son para Manuel Contreras, el ex director de la DINA, la policía secreta de Pinochet que tuvo ese nombre en los primeros años de dictadura y fue reemplazada luego por la CNI. En las 84 sentencias judiciales que se han dictado hasta ahora, según el informe citado, han sido declarados culpables de 14 de estas desapariciones el ex Director de la DINA Manuel Contreras Sepúlveda, Miguel Krassnoff Martchenko, (ex jefe de la Brigada Halcón de la DINA) y Marcelo Moren Brito (ex jefe de Villa Grimaldi). Por estas y otras causas, Contreras tiene más de 239 años de cárcel confirmados. En 9 casos fue hallado culpable el suboficial Basclay Zapata Reyes (Brigada Halcón), en tanto que Pedro Espinoza Bravo (ex jefe de la DINA) recibió 7 sentencias de culpabilidad. Antes de su muerte, Osvaldo Romo (Brigada Halcón) fue condenado en 4 casos, en tanto que 3 sentencias en su contra acumulan los criminales Francisco Ferrer Lima (Ex jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército), Palmira Guzmán (jefa de la plana mayor de la Villa Grimaldi), Rodolfo Wenderoth Pozo (Brigada Mulchén y Villa Grimaldi). Raúl Iturriaga Neumann (jefe de la sección exterior de la DINA) y Fernando Laureani (jefe de la brigada Vampiro) han sido condenados por 2 de los 87 casos tardíamente investigados por los tribunales chilenos. Gerardo Godoy (Brigada Tucán) fue condenado por una desaparición, al igual que Fernando Gómez Segovia, Jefe de la Brigada Sur (Chillán) de la DINA. También en ocasiones la Corte Suprema ha aplicado la amnistía. En enero de 2009, la Corte Suprema absolvió a los criminales de la DINA identificados como autores de la desaparición de la estudiante de servicio social Jacqueline Binfa, una de las compañeras desaparecidas en la Operación Colombo. El alto tribunal absolvió de toda responsabilidad penal a la cúpula del servicio secreto de la dictadura pinochetista por el secuestro calificado de la universitaria, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), desaparecida el 27 de agosto de 1974, en Santiago.


En total por todas las violaciones a los derechos humanos ocurridas en dictadura, hay en Chile 1446 causas activas tanto por ejecuciones, como por desapariciones, torturas y exhumación ilegal. 546 represores están procesados o condenados sin sentencia definitiva, 159 criminales fueron condenados pero gracias a la Corte Suprema y su teoría de aplicación de la “media prescripción” (rebaja de penas) lo hacen sin pasar un día en prisión. El estudio de la UDP no menciona los casos de aplicación de amnistía por desapariciones, que han ocurrido cuando la composición de la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema integra a determinados ministros partidarios de la impunidad total.


Discriminación judicial


Es así como culpables de delitos de lesa humanidad, juzgados de acuerdo a las leyes penales antiguas salen a la calle, o cumplen penas irrisorias (firmar en un registro) sin control alguno, mientras la nueva justicia penal chilena condena, por ejemplo, a penas de más de 20 años de cárcel al dirigente de la Coordinadora Arauco Malleco Héctor Llaitul, y a 15 años a otros luchadores sociales que han actuado en la recuperación del territorio ancestral de su pueblo y no son responsables de ningún hecho de sangre. Asimismo, la justicia militar deja sin castigo hasta ahora a los asesinos de jóvenes mapuche asesinados por la espalda en recuperaciones de tierra.


Sólo 66 de estos autores de crímenes de lesa humanidad en Chile bajo dictadura, están cumpliendo sus penas en la cárcel. Por supuesto la mayoría son ex oficiales y cuentan con todas las comodidades en cárceles especiales de Punta Peuco y el Regimiento de Telecomunicaciones.


Las sentencias definitivas que significaron justicia, aunque tardía (desde 2005 en adelante), son las del secuestro y desaparición de la asistente social María Teresa Bustillos Cereceda; los ex miembros del GAP Manuel Cortez Joo y Miguel Angel Sandoval Rodríguez; los hermanos chillanejos Hernán y María Elena González Inostroza; los estudiantes de ingeniería Luis Guajardo y Julio Fidel Flores Pérez (en 2009); y el estudiante de filosofía, Jorge Espinosa Méndez, todos ellos militantes del MIR. También hubo sentencia del máximo tribunal en el caso del estudiante secundario Mario Carrasco Díaz, socialista. Por la desaparición de Espinosa el único sentenciado, sin embargo, es el agente Osvaldo Romo, que murió en prisión. Entre las sentencias a firme más recientes dictadas por la Corte Suprema está la dictada en julio de 2009 por la desaparición del veterinario Jorge D’Orival, confirmándose las condenas a la cúpula de la DINA.


Justicia en Francia


El 17 de diciembre de 2009, el Tribunal Criminal de París condenó en ausencia a 14 militares chilenos por la desaparición de cuatro ciudadanos franceses durante el gobierno militar. Entre ellos está Alfonso Chanfreau –cuyo nombre figuró en la Lista de los 119- junto a Georges Klein, Etienne Pesle, Alphonse Chanfreau y Jean-Yves Claudet-Fernández, desaparecidos en otras circunstancias. El juez Hervé Stephan condenó a presidio perpetuo a Manuel Contreras y a su segundo en la DINA, el brigadier (R) Pedro Espinoza. Herman Brady, ex ministro de Defensa de Pinochet fue condenado a 30 años de cárcel, al igual que Marcelo Moren Brito y Miguel Krassnoff Martchenko. Esta la única condena que recibió Brady, procesado por la desaparición de 12 asesores del presidente Allende, antes de morir en el Hospital Militar en mayo de este año.



Más información sobre quiénes eran los 119, en mi libro "119 de nosotros" (LOM 2005).





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Una estafa de 16 billones de dólares - Por Atilio A. Boron

Una estafa de 16 billones de dólares


Por Atilio A. Boron


La atención de la opinión pública internacional está centrada en el acuerdo pírrico firmado entre Barack Obama y el Congreso mediante el cual el presidente se compromete a aplicar un duro programa de ajuste fiscal, centrado en el recorte de gastos sociales (salud, educación, alimentación) e infraestructura por 2,5 billones de dólares (2.500.000 millones de dólares) pero preservando, como lo exige el Tea Party, el nivel actual del gasto militar y su eventual expansión. A cambio de esto, la Casa Blanca recibió la autorización para elevar el endeudamiento de Estados Unidos hasta 16,4 billones de dólares (es decir, 16.400.000 millones de dólares), cifra superior en unos dos billones al PIB de ese país. Con esto se espera –confiando en la “magia de los mercados”– superar la crisis de la deuda pública y reactivar la languideciente economía norteamericana. Esta receta ya fue implementada a sangre y fuego en América latina y no funcionó; y tampoco lo hizo en la convulsionada Europa de estos días. Con este acuerdo, lo único seguro será el agravamiento de la crisis y, de su mano, la acentuación de la belicosidad norteamericana en el escenario mundial.


El debate sobre el posible default de EE.UU. eclipsó por completo un escándalo financiero de inéditas proporciones: el 21 de julio pasado se conoció el resultado de la auditoría integral realizada por la Oficina Gubernamental de Rendición de Cuentas (Government Accountability Office, GAO por su sigla en inglés) en la Reserva Federal (Fed), el banco central de los Estados Unidos, la primera que se practica a dicha institución desde que fuera creada, en 1913. Los resultados son pasmosos: en un plazo de poco más de dos años y medio, entre el 1º de diciembre del 2007 y el 21 de julio de 2010, la Fed otorgó préstamos secretos a grandes corporaciones y empresas del sector financiero por valor de 16 billones de dólares, una cifra mayor que el PIB de los Estados Unidos, que en el año 2010 fue de 14,5 billones de dólares, y más elevada que la suma de los presupuestos del gobierno federal durante los últimos cuatro años. No sólo esto: la auditoría reveló también que 659 millones de dólares fueron abonados a algunas de las instituciones financieras beneficiadas arbitrariamente por este programa para que administrasen el multimillonario salvataje de bancos y corporaciones dispuesto como mecanismo de “salida” de la nueva crisis general del capitalismo. De ese gigantesco total, unos 3 billones fueron destinados a socorrer a grandes empresas y entidades financieras en Europa y Asia. El resto fue orientado al rescate de corporaciones estadounidenses, encabezadas por el Citibank, el Morgan Stanley, Merrill Lynch y el Bank of America, entre las más importantes. Todo esto mientras la crisis profundizaba hasta niveles desconocidos la desigualdad económica dentro de la población estadounidense a la vez que hundía a crecientes sectores sociales en la pobreza y la vulnerabilidad social. Por supuesto, esta información apenas si mereció un espacio completamente marginal en la prensa financiera, tanto la internacional como la norteamericana, o en los grandes medios de comunicación de Estados Unidos. Son noticias que, como recuerda Noam Chomsky, no tienen por qué ser conocidas por el gran público.


Las asombrosas revelaciones de este informe deberían habilitar una discusión sobre varios temas de gran importancia. Uno, la extremadamente desigual distribución de los esfuerzos requeridos para enfrentar la crisis. Hasta ahora aquellos han sido aportados por los trabajadores, mientras que las grandes fortunas personales o corporativas así como los fenomenales ingresos de los más ricos se han beneficiado con las rebajas de impuestos y rescates multimillonarios dispuestos por George W. Bush y ratificados por Barack Obama en el reciente acuerdo. Dos, sobre los inexistentes –o sumamente débiles e ineficaces– mecanismos de auditoría y control democrático sobre las políticas y decisiones de una institución crucial para la economía norteamericana y el bienestar de su población como la FED. Tres, sobre la dudosa compatibilidad existente entre un orden que se reclama democrático y el estatuto jurídico e institucional de la FED como entidad autónoma que no tiene la obligación de rendir cuentas ante ninguna instancia de control democrático. En relación con esto último, la Fed manifestó su predisposición a “considerar muy seriamente” las recomendaciones de la GAO, pero al no ser una institución gubernamental no puede ser forzada a aceptarlas. Pese a su carácter privado, el presidente (Chairman) de la FED y los siete miembros de su directorio son designados por el presidente de los Estados Unidos y sujetos a su posterior confirmación por el Senado. Pero contrariamente a lo que piensa la abrumadora mayoría de la población norteamericana, la FED no es una agencia del gobierno federal sino una corporación privada. En términos políticos, es el partido del capital financiero.


Su autonomía es tan grande que no se saldría un milímetro de la legalidad si sus autoridades decidieran desoír las recomendaciones de la GAO o rebelarse abiertamente contra ellas. No existe, para la Fed, la rendición democrática de cuentas ante la comunidad y por ser una entidad de derecho privado no tiene por qué acatar ni siquiera lo dispuesto en la Ley de Libertad de Información, cuya jurisdicción se extiende tan sólo a las instituciones públicas. Situación aberrante si las hay: una cifra equivalente al total de la deuda pública estadounidense que puso a EE.UU. al borde del default fue desembolsada en rescates fraudulentos, secretos y muy beneficiosos para los prestatarios y lesivos para el contribuyente, con cuyo dinero un banco central “independiente” como la FED financió toda esta operación. Cabe preguntarse: ¿independiente de quién?


* Director del PLED, Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales.

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