lunes, 1 de febrero de 2010

El juicio EN TRIBUNAL INTERNACIONAL al terrorista ESTADO FASCISTA GENOCIDA COLONIALISTA EURO CHILENO Podlech - ROMA, ITALIA - 25 / 01 / 10


El juicio a Podlech

Desde el 21 de Julio de 2009 se procesa en la Corte di Assise al ciudadano chileno Alfonso Podlech Michaud por homicidio en la persona del ex-sacerdote ítalo-chileno Omar Venturelli Leonelli, ocurrido a principios de octubre de 1973 en el País Mapuche, donde el acusado ejerció el cargo de Fiscal Militar tras el golpe de estado de 1973. A continuación, un valioso testimonio de lo acontecido en las últimas audiencias.

EDGARDO SALAS - ROMA, ITALIA - 25 / 01 / 10

La actividad de Podlech como fiscal militar costó la vida a unas 196 personas en el País Mapuche tras el golpe de estado de 1973. Bajo sus órdenes, muchas más todavía fueron secuestradas, exoneradas de sus trabajos sin especificar motivos, arbitariamente detenidas y/o sometidas a torturas. Hasta Julio de 2008 Podlech vivió tranquilo y sin ser molestado en su país. En esa fecha vino a la idea de hacer un viaje de turismo a Europa, que acabó repentinamente en el aeropuerto madrileño de Barajas, donde fue detenido y remitido a Italia. Desde el 13 de Agosto de aquel año, ocupa aquí, en Roma, una celda en la cárcel de Rebibbia. En esta ciudad debe responder tan sólo por uno de sus crímenes.La estrategia de la acusación – dada a conocer desde el principio del juicio – es demostrar que Podlech es responsable del asesinato de Omar Venturelli Leonelli y de la desaparición ulterior de su cadáver. Omar Venturelli era uno más entre cientos de detenidos que fueron torturados en la cárcel pública o en el cuartel “Tucapel” de la ciudad de Temuco. Podlech era allí el Fiscal Militar y en su calidad de tal, quien decidía sobre la vida o la muerte de los prisioneros. Solo y por cuenta propia adoptó decisiones y dictó sentencias que en un estado de derecho civilizado son de exclusiva competencia de tribunales de justicia. Podlech tenía todo tan controlado que, sin su conocimiento y su consentimiento no se habría podido disponer de esa forma sobre la vida y la muerte de los prisioneros que eran vejados en los sitios de detención mencionados.Todos los testigos interrogados hasta la fecha han dejado en claro que Podlech – y no otra persona – era quien daba allí las órdenes, quien llevaba las investigaciones en su mano y que decidía lo que iba a pasar con los prisioneros. Los interrogatorios que hubieron de soportar ellos – insistieron – fueron hechos personalmente por el acusado Podlech. Era él el que hacía las preguntas y después era él quien decidía adónde habría de ser llevado el interrogado. Con igual claridad quienes han declarado hasta el momento en el juicio – todos ellos ex-prisioneros que compartieron durante esos días con Omar Venturelli Leonelli el rigor del encarcelamiento y el suplicio de las torturas – han dejado claramente establecido que estuvieron en la cárcel de Temuco junto a él, que le vieron y conversaron con él durante los días previos a su desaparición.
Uno de ellos, incluso, ha descrito en una audiencia anterior, el estado en que se hallaba al víctima: “ En los pasillos vi a Omar. No se sostenía en pie por su estado después de las torturas. Me pidió un favor que si salía de ese lugar fuera donde su esposa y su hijita. Temía por ellas. Cuando salí en libertad traté de ubicarla, pero ella ya estaba refugiada en la embajada italiana con su pequeña hija”. Otro testigo que declaró en la audiencia del 9 de diciembre había descrito, en forma más explícita, su desaparición como un acto criminal rutinario: recordó que el día 4 de Octubre a las 18:00 horas sacaron a Omar Venturelli de la cárcel. Lo que más le impactó de ese hecho fue la hora en que lo hicieron. “Era una mala señal, porque los que sacaban del recinto a esa hora, no volvían más. Para nosotros, ver salir a un compañero a esa hora del día, ya nos indicaba que le matarían” – recalcó. La estrategia seguida hasta ahora por la defensa de Podlech se basó inicialmente en poner en duda que Omar Venturelli Leonelli tuviese la nacionalidad italiana y conseguir con ello la anulación de todo el procedimiento abierto por la justicia italiana contra él. Ella ha sufrido un duro revés al confirmar la Corte Constitucional Italiana – mediante un documento explicativo – que la nacionalidad italiana se adquiere por jus sanguinis (es decir, de los padres) y hasta la tercera generación (es decir, que habría bastado un abuelito italiano), y que dicha condición se pierde recién cuando el interesado en dejar de ser italiano expresa por escrito al Presidente de la República Italiana su deseo de renunciar a ella. Cosa que Omar Venturelli Leonelli , hijo y nieto de italianos, no hizo en ningún momento. Con esto no le queda otra posibilidad que negar los cargos, lo cual será cada vez más difícil a medida que concurran más testigos a declarar.11 de EneroUn cambio en el equipoEsta nueva vista tuvo lugar en el mismo edificio de la Via Golametto 11, en la misma aula que todas las precedentes de la Corte di Assise (la corte en lo criminal), pero comenzó con una sorpresa. Con un cambio. Cuando se empieza a perder cada partido, y por goleada, es costumbre en el fútbol echar al entrenador y contratar un nuevo “míster” que salve al equipo del descenso. Con la defensa de Podlech ocurrió algo parecido. Esta vez apareció en audiencia un nuevo defensor, el abogado Nicola Caricaterra, que tomó asiento en el primer escritorio a la derecha, acompañado en la primera sesión de una letrada algo más joven. La otra novedad de esta vista – que tuvo lugar en dos sesiones consecutivas, el 11 y el 12 de Enero – fue que el acusado no ocupó su lugar en el terrario de vidrio blindado, sino al lado de su abogado defensor, donde estuvo todo el tiempo flanqueado por dos guardias fuertemente armados. No vi a ningún familiar o allegado.Apenas ingresados el jurado y los jueces pidió la palabra el defensor Caricaterra quien pidió que se postergara la audiencia hasta el día siguiente – para tener más tiempo de familiarizarse con los detalles de su nuevo encargo. La Juez Presidenta le hizo ver que eso significaría realizar el 12 de Enero una sesión kilométrica con ocho testimonios y le dio la palabra al Fiscal Capaldo que demostró su extrañeza ante la petición de la defensa, la cual ya había tenido tiempo más que suficiente para leer la documentación que le había sido entregada con la debida antelación. La presidencia denegó la solicitud e hizo llamar al primer testigo. Con la llegada de éste se produjo una nueva discusión, iniciada por la petición del abogado Caricaterra que quería tener una segunda intérprete sentada al lado del acusado. El Fiscal le hizo ver que no era necesaria la presencia de una intérprete para el acusado por cuanto éste se hallaba en la sala y no en la jaula; que estaba sentado muy cerca además del podium y por ende, de la intérprete principal – cuya función era, como se dijo, traducir los testimonios y las preguntas y respuestas de los jueces y abogados. Le aclaró demás que ése era el procedimiento habitual y normal y que no veía la razón para hacer excepciones. Se inició, pues la sesión sólo con una intérprete, que ocupó la silla situada al lado de la que estaba destinada al testigo. “Ahora te vamos a matar, güeón”Los cuatro testigos que declararon esta vez fueron presentados por la Fiscalía. El primero de ellos, Mario Carril Huenumán, relató a pedido del fiscal la experiencia vivida por él desde los primeros días de octubre de 1973. En un lenguaje muy preciso y directo el testigo, que a la sazón tenía solamente diecisiete años, contó que fue detenido en su casa, junto con su padre y su madre, por efectivos de la policía (carabineros). Ya al sacarlo de la casa, uno de esos carabineros le cogió del pelo y le estrelló la cabeza contra la camioneta a la cual le obligaron después a subir. Luego un soldado le metió ambos dedos pulgares en las órbitas y empezó a presionarle los globos oculares. Su madre, detenida junto a él, no pudo soportar aquéllo y trató de intervenir, siendo golpeada salvajemente. Su familia fue transportada junto a unos cincuenta campesinos de Carahue hacia Temuco, la capital de la provincia de Cautín. Allí le hicieron reconocer a gente del MIR. Cada vez que dijo que alguna de esas personas no era del MIR le golpeaban la espalda con la culata del fusil. Luego cuando le interrogaron directamente le aplicaron corriente eléctrica igual que a todos los demás. Una vez le llevaron a Cholchol, localidad situada cerca de Temuco, donde debía reconocer a una mujer y como dijo que no era del MIR le volvieron a torturar. Posteriormente le dejaron en el cuartel Tucapel , en una celda chica muy próxima a la entrada.
Antes del interrogatorio le hicieron desnudarse completamente lo mismo que a los demás prisioneros. “¡Ahora te vamos a matar, güeón!” – le gritaron. Le pusieron una venda roja en los ojos, y de un empellón lo metieron en una fila de prisioneros igualmente desnudos a los que hacían avanzar a empujones y que se caían y con ello botaban al suelo a los demás porque caminaban con la vista vendada. Para el interrogatorio mismo lo hicieron sentarse sobre una silla metálica mojada. Le dijeron que si mentía, cada vez que dijese una mentira sonaría una campanilla y recibiría un golpe de corriente. Luego le levantaron el borde de la venda de los ojos y le mostraron un corvo – como llaman a las cuchillas de los soldados – y le dijeron “con este cuchillo te vamos a castrar aquí mismo”. Todo ese diálogo era a gritos y a golpes. En una de ésas, al recibir “un tremendo cachuchazo, se me corrió la venda y ví que había uno de civil que estaba escribiendo a máquina. Me volvieron a poner altiro la venda y me metieron corriente, y me pegaron y me volvieron a poner corriente y me desmayé, y cuando me volvía a despertar tenía la boca y la lengua llenas de sangre”. Esa fase de interrogatorios duró más o menos una semana, durante la cual no recibió comida y frecuentemente los soldados que hacían de carceleros les daban patadas. Al cabo de ese tiempo le llevaron a la cárcel de Temuco donde estuvo durante tres años.El testigo insistió en que estuvo tres años en la cárcel a pesar de que el Consejo de Guerra a que fue sometido le condenó a dos años y siete meses de reclusión. Sobre las condiciones de vida en la cárcel, dijo que lo más comible era el pan. Contó que una vez llegó una visita de una organización internacional que deseaba ver en qué condiciones estaban los presos y en ese momento se enteró de que “el caballero” que estaba en la máquina de escribir mientras le atormentaban era “ése” – dijo señalando con el dedo a Podlech. “Ese me mandó quince días incomunicado por reclamar delante de la visita. Ahí se había dicho que el que tenga alguna petición o un reclamo que hacer, que dé un paso al frente... y yo me atreví y lo di, nomás”. Yo era muy joven cuando estaba en la cárcel. Y la comida era muy mala. Entonces hacíamos una especie de olla común para darles algo de comer a los que llegaban después de haber sido torturados. Con eso le acusaron de estar haciendo política dentro de la cárcel y le encajaron otros quince días más de incomunicación. “La orden también la dio el señor ése que está ahí” – dijo, señalando una vez más a Podlech. Durante las incomunicaciones quedaba encerrado en una celda muy pequeña sin ningún mueble, sin ningún objeto. Después de pasar tres años en esas condiciones salió en libertad destinado a un pueblo que se llama Trovolhue. En Trovolhue estaba bajo la tutela de carabineros. Debía ir diariamente al puesto de los carabineros. Lo malo era cuando estos policías bebían en el cuartelillo, se emborrachaban y salían a golpearle como si fuese un delincuente, “pero delincuente, ¡éso yo no soy!” – terminó con esas palabras su dramático relato.A las preguntas que le formularon los abogados, precisó la fecha de detención como el 12 de Octubre de 1973; repitió que vió a Podlech una vez durante el interrogatorio, cuando se le deslizó la venda; precisó que en ese cortísimo tiempo se dió cuenta de que estaba en una sala grande, que cuatro soldados le torturaban y que el único vestido de civil allí era Podlech. El abogado Gentili quiso saber si la persona aquélla que escribía a máquina, sólo hacía eso o si hablaba algo durante el interrogatorio. “Le daba órdenes a los que me interrogaban” - respondió el testigo. Aclaró que, después, en la cárcel le vió más de diez veces, siempre vestido de militar, y que era claramente el que mandaba. Preguntado por el grado militar de Podlech, el estigo dijo que el uniforme era del ejército, pero que él en ese tiempo no tenía idea de los grados militares. Luego dejó en claro que al abandonar la cárcel le obligaron a firmar un papel, al que llamaron el “acta”. Ante la pregunta del abogado: “¿Sabe usted qué fue lo que firmó?” – le respondió, conciso: “No. Porque no me dejaron leerla. Yo tenía que firmar y punto”. Cuando se le preguntó por su condena, aclaró que le acusaban de una infracción a la Ley de Control de Armas. Y repitió una vez más que le condenaron a dos años y siete meses de reclusión en cárcel. Se le preguntó, una vez más, si era menor de edad en ese tiempo y el contestó que sí, que tenía diecisiete años. Respondió afirmativamente a la pregunta de si había sido torturado durante los años que pasó en la cárcel. Aclaró que durante el Consejo de Guerra mismo no fue sometido a tortura y que a Podlech, fuera de esa primera vez en el cuartel Tucapel, siempre le vio en la cárcel. Más de diez veces y siempre llamando a presos (llevaba un portadocumentos, de ahí sacaba un papel, leía el nombre y con eso hacía venir al preso que quería llamar) y dando órdenes. Interrogado por el Juez Secretario sobre cómo se enteró del nombre de Podlech, le contestó que recién en la cárcel se vino a enterar de que ese hombre era el Fiscal y que se llamaba Podlech. Preguntado una vez más sobre el aspecto físico de aquella persona, dijo que en aquel tiempo llevaba bigote. Sobre la cantidad de pelo en la cabeza no podía pronunciarse porque siempre le vió con gorra de militar. Pero dejó en claro que su cara le es inconfundible. Dijo tajante que “ha cambiado muy poco. Está más viejo y más flaco, pero es el mismo”. ¿Seguro? – “Segurísimo. Han pasado más de treinta años y me acuerdo igual”.“Tuvimos suerte: mi hermano fue ejecutado y desaparecido”El segundo testigo, Víctor Faúndez Bustos, nacido en Angol en Enero de 1942, produjo una cierta inquietud en las bancas de la defensa al presentarse a declarar. Llevaba colgado del cuello un gran cartel que mostraba la fotografía de un hombre joven. El abogado Caricaterra intentó obtener de la presidencia que se le obligase a retirárselo. Preguntado por ello, dijo que la persona en la foto era su hermano Santiago. La juez Presidente del Tribunal le acordó el derecho a estar ataviado de esa forma, entendiendo el retrato de su hermano – que no portada leyenda alguna – como una manifestazione silente. A propósito del retrato comenzó en realidad su testimonio, que era en realidad la historia de su hermano. Santiago Faúndez Bustos acababa en 1973 su carrera como constructor civil en la Universidad Técnica del Estado y vivía en la casa de sus padres. El 27 de noviembre de 1973 una patrulla militar encabezada por un capitán – el capitán Ubilla, del servicio de inteligencia militar – se presentó en la casa y le detuvo, llevándole al recinto militar. En el momento de la detención, la madre no se encontraba en la casa. Muy desesperada recorrió todos los posibles lugares adonde se llevaba en aquel tiempo a las personas arrestadas. Finalmente le encontró en el cuartel Tucapel. Allí, al verlo, la mujer se desmayó y cuando recuperó el conocimiento estaba nuevamente en la sala de guardia, a la entrada de dicha caserna. Al día siguiente volvió la madre al cuartel, a preguntar por su hijo. Allí le dijeron que ya le habían puesto en libertad. Pero no llegó a su casa, y por lo tanto siguió buscándole, hasta que finalmente un informador de los militares fue a su domicilio y le contó que su hijo estaba muerto y que el cadáver lo habían enviado a la morgue municipal. Allí lo encontraron. Su cuerpo tenía señales de tortura y un impacto de bala en el tórax. Por estas razones, el testigo declara que ellos fueron un caso afortunado porque al menos pudieron hallar el cuerpo de su hermano y darle sepultura. Después del funeral, la madre fue nuevamente a las oficinas del Fiscal Militar de Temuco, que era Podlech. Y al preguntarle por qué le habían matado a su hijo, éste le respondió que se había tratado de un lamentable error. Hasta la fecha nadie en Chile ha respondido por ese asesinato. No hubo juicio. La madre del asesinado Santiago Faúndez Bustos vive aún. Tiene 91 años de edad.El abogado Gentili pidió detalles sobre la forma cómo la madre se enteró de la muerte de su hijo. El testigo relató entonces que la esposa del sujeto que actuaba como soplón o informador de los militares, enterada de lo que había sucedido, tuvo cargo de conciencia y presionó a su marido hasta que consiguió hacerle ir a contarle a esa señora lo que había pasado con su hijo. ¿Cuánto tiempo transcurrió entre la captura y la muerte de Santiago Faúndez Bustos? - quiso saber el letrado. La captura se produjo el 27 de noviembre y la fecha de la ejecución tuvo lugar el 30 de noviembre. El abogado Caricaterra le preguntó al testigo si su hermano había sido amenazado. “El Capitán Ubilla amenazó a mi madre, diciéndole que “su hijo pagará por no colaborar con los militares”. ¿Sabía la madre quién era Podlech? – “Seguramente, pero yo no puedo asegurar si ella, a su avanzada edad, pudiera ahora reconocerle físicamente” – terminó su declaración.“Fui condiscípulo de Omar Venturelli en el Seminario”El siguiente testigo fue Conrado Pérez Rebolledo, nacido en 1941, profesor, docente de la Universidad Católica de Chile, sede Los Angeles. Empezó su testimonio afirmando haber conocido desde hace muchos años a Omar Venturelli, con el que fue condiscípulo en el Seminario Pontificio Mayor de Santiago de Chile, “luego estudiamos pedagogía juntos en la Universidad Católica de Temuco y después, fuimos estudiantes de Licenciatura en Educación en la Universidad Católica de Santiago, en resumen hemos sido condiscípulos, colegas y compañeros de trabajo entre 1960 y 1973.” El Fiscal Capaldo le preguntó qué le había ocurrido después del 11 de septiembre de 1973. El testigo respondió que él era en ese momento un docente de la Universidad Católica de Temuco, que su plaza de trabajo era un simple puesto docente y por lo tanto no constituía un cargo político. Que las dificultades que habría tenido que enfrentar se derivaban de haber pertenecido a un movimiento político de gente católica llamado Cristianos para el Socialismo. Fue detenido el 17 de abril de 1974 en el recinto de la Universidad y conducido desde allí a la sede militar de la fuerza aérea. Se le dijo que estaba acusado de haber participado en un asalto a un aeródromo de Santiago de Chile que nunca ocurrió, y por ser parte de la conjura del así llamado Caso Bachelet, el cual, como se sabe, le costó la vida al padre de la actual Presidente de la República, Michelle Bachelet. Se le sometió a interrogatorios y tortura siempre a ojos vendados, amarrado y tirado en un camastro. Se le advertía que estaba encañonado y que debía decir la verdad porque ellos (los aviadores) ya conocían el 75 % de su actividad subversiva y que lo que él tenía que contestar era solamente el 25 % restante. A la pregunta “¿Ha visto usted a Podlech?” contestó que no, porque siempre que habló con alguien lo hizo con la vista vendada. Pero que como todos los demás prisioneros, él sabía que Podlech era la autoridad máxima en ese ámbito de prisioneros, interrogadores y torturadores. Podlech era el Fiscal. Se trataba allí de un sistema de decisión y mandos absolutamente vertical, donde hay un jefe y ése es el que manda. Ante la pregunta del abogado defensor: “¿Conoció usted al mayor Jofré Soto?” , respondió: “No. No conocí a un mayor Jofré Soto. Tampoco oí hablar de un Fiscal Jofré Soto”.“¡Y aquí estaba usted, Don Alfonso!”Tras una corta discusión, el ujier fue a buscar a la testigo siguiente. Los jueces daban ya señales de querer acabar en este punto la sesión y dejar a los cinco restantes para el día siguiente. Se llamó entonces a la señora Mirtha Varas Mandolini, nacida en 1947 en Valdivia, y se le preguntó si tenía inconvenientes en declarar al día siguiente. Haciendo demostración de su buena voluntad señalizó ella su disposición a adaptarse a los deseos del tribunal, pero su esposo – que acababa de declarar – se opuso, arguyendo que eso le crearía problemas de comunicación con su cónyuge, cuenta habida de que ha de excluirse toda posibilidad de influencias recíprocas entre testigos. Se hubo de proceder, pues a escuchar su testimonio. La testigo empezó su declaración contando que conoció a Omar Venturelli Leonelli en 1968 cuando éste entró a estudiar pedagogía en la Universidad Católica de Temuco. Su historia se inicia, como cabía esperar, el 17 de abril de 1974. Ella recordó que ese día coincidió la primera visita oficial de Pinochet a Temuco con el arresto de su esposo en el recinto mismo de la Universidad. Ese mismo día, la testigo que estaba embarazada de seis meses, empezó sus intentos por saber dónde se encontraría él. Al siguiente día continuó su búsqueda, recorriendo todos los cuarteles de militares, de la policía y de la aviación, pero en todos esos sitios le negaron que su marido pudiese estar allí detenido. Por este motivo decidió pedir ayuda al Rector de la Sede de la Universidad Católica de Temuco, el profesor Víctor Raviola Medina. Este intentó tranquilizarla, asegurándole que se pondría en contacto inmediatamente con el Fiscal Militar de la provincia, Alfonso Podlech para hablarle e interceder ante él por su esposo Conrado Pérez Rebolledo, y que lo haría sin falta, cuenta habida de que las acusaciones contra él eran extremadamente graves: haber participado en un asalto frustrado a una base de la fuerza aérea, ser un experto en explosivos.
“El Rector Raviola me dijo: “Tranquila, Mirtha, que yo le entregaré estos papeles a Podlech y hablaré con él por tu marido..., pero no pude quedarme tranquila y esperar sin hacer nada; me armé de valor y me fui a las oficinas de la fiscalía militar, que quedaban en un edificio de cuatro pisos que no tenía ascensor. Llegué a la oficina casi sin aliento y me encontré con que la oficina tenía la puerta cerrada. Me animé y golpée suavemente la puerta. Apareció allí un hombre joven y me preguntó “¿Qué quiere, señora?” – le contesté que quería hablar con el Fiscal Podlech. Allí estaba Podlech, sentado ante el escritorio, e interrogaba a un detenido, a quien yo conocía. Era Víctor Maturana. Podlech se volvió hacia mí y me preguntó “¿Qué desea?”. Le contesté, entonces, “Yo vine aquí porque quiero saber de mi esposo Conrado Pérez...” Esto sacó de sus casillas al Fiscal, que empezó a hablar y lo hizo levantando cada vez más la voz: ¡¿Quién la autorizó a usted a dar nombres?!” – “Es que quiero saber dónde está...” – Podlech no me dejó terminar la frase: “¡¡Váyase!, VÁYASE, VÁÁYAASEEE!!” – gritó. Me quedé petrificada, sin atinar a hacer tan siquiera un movimiento. En ese momento, sentí que una mano me tomaba con suavidad por el brazo y me llevó, también con suavidad hasta la puerta, donde me dejó sin decirme nada. Caminé hasta la escalera y me senté y me quedé allí un buen rato, llorando”.A las preguntas de los abogados, la testigo contestó que había más personas en el despacho del fiscal, y que la mayor parte de ellas estaban escribiendo a máquina. Les aclaró que en la ciudad de Temuco se sabía que el Fiscal Militar se llamaba Alfonso Podlech y que era a él a quien había que dirigirse para pedir clemencia por alguien. Que el Rector Raviola le había prometido a ella que hablaría con el Fiscal Militar Podlech y que así también habló ella cuando entró a esa oficina: lo hizo preguntando por el señor Fiscal Podlech. Luego le preguntaron cómo estaba vestido ese día. Ella especificó que estaba vestido de civil. Y entonces el Juez Secretario le pidió que, por favor, identificase a Podlech en la sala de audiencias. La testigo miró en primer lugar hacia el habitáculo de vidrio donde se aloja a los acusados, pero Podlech no estaba allí. Entonces recorrió la sala con los ojos, primeramente sin verle. En ese momento, la traductora abandonó su asiento, se hizo a un lado para despejarle al máximo el campo visual, y traduciendo lo dicho por la Juez Presidente le indicó que podía levantarse de su asiento y mirar, y buscar a Podlech en toda la sala. Ella se puso de pie, bajó de la tarima, y al dirigir su mirada hacia su izquierda (es decir, hacia el lado derecho de la sala) de repente le vio, sentado junto a su abogado defensor. Visiblemente aliviada, le dijo, sin el menor resentimiento: “¡Y aquí estaba usted, Don Alfonso!”.A temprana hora del día siguiente continuó la audiencia. Esta vez, con la declaración de cuatro testigos.12 de EneroDe submarinos rusos, secos y húmedosEl primer testigo fue el Dr. José Cristóbal Venturelli Barón, nacido en octubre de 1944 en Santiago de Chile, que vive en Hamilton, Canadá. A petición del Fiscal Capaldo relató él lo que vivió a partir del 11 de septiembre de 1973. El testigo contó que era médico general de zona en Nueva Imperial, una localidad de la provincia de Cautín, situada a unos 34 km de su capital, Temuco. Después del golpe la situación era confusa. En el Hospital de Nueva Imperial trabajaban seis médicos. El médico director les anunció que cuatro de ellos serían arrestados, lo cual ocurrió muy pronto. Cuando fue detenido le dieron tiempo de buscar algo de ropa en su casa y se le advirtió que si tenía intenciones de fugarse debía pensárselo bien y acordarse de que tenía mujer e hijos que pagarían por ello. Después de ser arrestado le llevaron, junto a otros prisioneros a un lugar en que había un grupo de autobuses, los que se fueron llenando en el transcurso de algunas horas. Destino inicial de ellos era la base de la fuerza aérea pero luego cambiaron y les llevaron al cuartel Tucapel. Para completar las incidencias, el bus tuvo una panne de rueda que les mantuvo durante algunas horas parados fuera de recorrido. Llegaron a Temuco demasiado tarde para llevarles al cuartel y por eso decidieron dejarles primero en la cárcel. A los médicos les pusieron bajo incomunicación en celdas individuales, pequeñas, muy estrechas y de paredes altas, iluminadas por un ventanuco situado tan arriba, que les hacía imposible mirar hacia afuera. En esas celdas no había nada. Sin muebles, sin luz, sin agua.
Allí estuvo varios días. Siempre le llevaron a interrogatorio junto con el mismo grupo de personas al cuartel Tucapel donde les sometían a tortura. Estaban con los ojos vendados y les daban golpes y le aplicaban electricidad. Al tercer o cuarto día se sumaron a ese grupo el doctor Miguel Angel Solar y Rubén Morales, que antes había estado en el ejército y que en aquel tiempo era profesor universitario. A este último prisionero le aplicaron un tratamiento especial, todavía más cruel que a los demás. Ya a la tercera vez que habrían de salir juntos a interrogatorio, ese prisionero ya no estaba. Posteriormente, cuando salió en libre plática los otros presos le contaron que se había escuchado por la radio un bando, en el cual se decía que el hombre se había fugado. Con eso quedaba claro que había pasado a ser uno más de los muchos prisioneros que se convirtieron en detenidos desaparecidos. Esa primera fase de incomunicación con interrogatorios y torturas duró hasta el 19 de septiembre, irónicamente el día nacional de las glorias de las fuerzas armadas de Chile. Ese día fue puesto en libre plática, bajo un tratamiento duro y abusivo, pero sin sesiones de tortura, y tuvo la posibilidad de ver a su familia. “Por ser médico pude ver y tratar de ayudar a muchos otros prisioneros que habían sido duramente torturados, pero mi ayuda no podía ser más precaria por que no tenía nada para tratar, como médico, a nadie. Era un espectáculo muy penoso, porque estaban muy golpeados”.Cuando Omar Venturelli llegó a la cárcel después de pasar su fase de incomunicación, le dijeron los otros presos que había allí otro Venturelli; ambos habían oído mentar antes, cada cual, a su otro Venturelli, y sabían que no provenían de la misma familia. En libre plática pudieron hablar largamente, conversando sobre los maltratos a que habían sido sometidos. A José Venturelli le preguntaban por Omar Venturelli. Todo indicaba que estaban muy interesados en todo lo relacionado con Omar Venturelli, a quien caracterizaban como un cura guerrillero, un traidor a su clase y a la iglesia. Y muchas veces le dijeron que “A ese le va a llegar” – el significado de esta amenazante frase chilena hubo que explicársela a la intérprete y luego, al tribunal. “A él [Omar Venturelli] también le preguntaban por mí. A mí me colgaban la acusación de ser el encargado de recibir las armas transportadas por los submarinos rusos...” (risas en el aula) “lo que era una acusación ridícula porque allí no es cosa de llegar y hacerse a la mar para ir a buscar armas de un submarino: el Océano Pacífico no es el Mar Mediterráneo...” El testigo dice que Omar Venturelli se encontraba en una condición física correspondiente a la de una persona que ha sido víctima de tortura brutal, y que le confidenció que las amenazas de muerte se las había formulado Podlech personalmente. Poco tiempo después se le anunció que sería liberado, pasando a una situación de arresto domiciliario. Ese anuncio era de por sí sumamente intranquilizador porque a muchos de aquellos liberados, en realidad lo que hacían era matarles. “Por fortuna, cuando me pusieron fuera, estaban allí mis familiares y algunos de ellos, personas con una cierta visibilidad en Santiago o en Naciones Unidas, lo que si bien no era ninguna garantía de nada, la creencia general era que podría respetárseles la vida.”. Una vez fuera de la cárcel, permaneció primero en la zona, a unos cien kilómetros de Temuco y luego se le permitió ir a Santiago bajo detención domiciliaria. Al quinto día de estar así fue llamado a la Fiscalía Militar. Se le dio un plazo de diez días para abandonar el país.Interrogado por el Fiscal Capaldo, el testigo nombró a otras personas en cuyo destino se atravesó también Podlech. Mencionó al Dr. Jorge Barudy, que trabajaba en la costa y que compartió cárcel muy estrechamente con Omar Venturelli; mencionó luego el caso de dos personas de una misma familia: el doctor Arturo Hillerns que era el Director del Programa de Salud para la Población Mapuche y su cuñado, el abogado Jaime Eltit Spielmann. Los hechos se cruzan el día 15 de septiembre, cuando carabineros que buscaban a este último detienen a Arturo Hillerns y declaran que le llevarían a la Comisaría de Carabineros, pero cuando los familiares le buscaron se les negó que estuviera allí detenido. Desapareció sin que hasta ahora pueda saberse nada sobre su destino ni conocerse el paradero de su cadáver. Su familia se exilió en México. En cuanto al abogado Eltit, éste se hallaba en Santiago bajo arresto domiciliario y debía hacer sus declaraciones en el regimiento Tacna. Los militares de Cautín pidieron que se le trasladase a Temuco donde cayó en manos del Fiscal Podlech. La familia le vio durante algunos días. Habiéndosele anunciado que le pondrían en libertad, fue asesinado el 13 de octubre de 1973. El testigo declara estar en posesión de declaraciones juradas de los familiares de ambos desaparecidos, que puede poner a disposición del tribunal. Luego mencionó el caso del Dr. Hernán Henríquez Aravena, Médico Director Zonal del Servicio Nacional de Salud y en su calidad de tal, una autoridad del gobierno en materia de salud. El Dr. Henríquez fue arrestado y llevado primeramente a la cárcel, para ser trasladado posteriormente al sitio de torturas más duro de la provincia de Cautín, que era el cuartel de la Fuerza Aérea; el hecho concreto es que el Fiscal Podlech – interrogado por su esposa acerca de su paradero – le contestó a ella que su esposo era un enemigo de la patria y que por eso no tenía derecho a sepultura. Finalmente menciona el caso de un prisionero de apellidos Lobos Barrientos, arrestado también e interrogado por Podlech, que incluso firmó la papeleta declarando que se le había tratado bien durante su detención, pero que igualmente desapareció. Probablemente los militares habrían lanzado su cadáver al mar desde un helicóptero.A las preguntas de los abogados, precisó que las acusaciones que había contra Omar Venturelli eran ser un cura guerillero, un traidor a su clase y un traidor a la iglesia. Repitió además la amenaza de que “A ése le va a llegar”, que en el Chile de esa época quería decir lisa y llanamente que le iban a matar. Se le acusaba de traición a su clase porque Omar no era un campesino pobre, sino que descendía de una familia que tenía tierras, por lo cual lo lógico hubiera sido que estuviese de parte de quienes habían dado el golpe y no precisamente, de quienes apoyaban al gobierno de Salvador Allende. A la pregunta de si Arellano Stark había estado realmente en Temuco, el testigo respondió que no le vio, pero que no hay chileno que no sepa quién era ese Arellano Stark y qué cosa, la Caravana de la Muerte. De hecho se sabe que Arellano Stark y su comitiva estuvieron en Temuco y que fueron recibidos allá por Podlech. El abogado Caricaterra, defensor actual de Podlech, se mostró impresionado de la fluidez de la declaración del testigo – sin expresar directamente su sospecha de que él se hubiera aprendido su declaración. El testigo le contestó que es Profesor de Medicina Intensiva Pediátrica en Canadá y que a menudo debe concurrir a las cortes a declarar en casos de sospecha de maltrato infantil. Ante la insistencia del defensor sobre sus relaciones con organizaciones de derechos humanos y concretamente de si ha tenido contacto con el Comité Juicio y Castigo a Podlech, le contestó que ha sido miembro del Comité Médico de Amnesty International, que conoce al Comité Juicio y Castigo a Podlech, que ha hecho numerosas declaraciones juradas sobre su caso personal entre 1992 y 1993, luego hace tres años y finalmente para el Fiscal Capaldo.
Interrogado después sobre el tiempo en que estuvo junto a Omar Venturelli, explica que estuvo dos días con él, que incluso compartió con él el jergón de dormir en la cárcel, que le vio con lesiones producidas por torturas, como las típicas quemaduras por corriente eléctrica, con equimosis (hematomas) en la cara, en el pecho, en la espalda y probablemente con una fractura incompleta del húmero que le producía un dolor muy intenso cuando intentaba mover un brazo. A la pregunta de si el estado en que le vio podía ser considerado como peligroso para la supervivencia, el testigo contestó que no, que le vio en una condición estable en los dos días que compartió con él, pero que la tortura que había sufrido podría haber tenido consecuencias ulteriores graves, ya que a Omar Venturelli le habían aplicado el submarino seco y los submarinos húmedos. El submarino seco consiste en introducir al torturado una bolsa de material plástico en la cabeza, cuya boca se ajusta herméticamente alrededor del cuello y que se saca recién cuando la víctima está muy sofocada. Y el submarino húmedo consiste en sumergir la cabeza de la persona torturada larga y repetidamente en agua mezclada con orina y materia fecal; cuando la víctima no puede resistir más la falta de aire aspira una cierta cantidad de esa inmundicia hacia los pulmones, lo cual puede producir gravísimas infecciones pulmonares y con ello, aún , la muerte. “Los enemigos de la patria no tienen derecho a tumba”La testigo siguiente fue Ruth Kries Saavedra, de profesión médico pediatra, que vive en Alemania. Como hiciera antes el testigo Víctor Faúndez Bustos, también ella llevaba sobre la solapa un medallón con la fotografía de su esposo, el Dr. Hernán Henríquez Aravena, con cuya desaparición su declaración estaba directamente relacionada. Hernán Henríquez, de 36 años en el momento del golpe de estado, era médico jefe del Hospital de Temuco y Director de la X Zona de Salud de Chile, correspondiente a las entonces provincias de Malleco y Cautín. El día 12 de septiembre entregó su cargo al nuevo director designado por la Junta Militar, quedando ese mismo día exonerado. Al día siguiente un bando militar transmitido por radio le ordenaba presentarse en la Intendencia, y el acató la orden, siendo interrogado brevemente por un oficial de ejército y enviado de regreso a su domicilio, sin que se formulara cargos en su contra. Esa noche, alrededor de las cuatro de la madrugada efectivos de carabineros allanaron su casa y le llevaron arrestado. “A la mañana siguiente empecé a buscar a mi esposo; lo hice acompañada de mi cuñado – Rodrigo Henríquez - que es abogado. Fuimos juntos a hablar con el Fiscal Podlech y éste nos prometió que enviaría a Hernán de vuelta a casa”.
El Dr. Henríquez fue interrogado por el acusado. En el intertanto, la Dra Kries tuvo que ir, ella misma, a declarar a la Fiscalía. Y estando allí, por obra de la casualidad “vi salir a mi marido sentado en la parte de atrás de una camioneta, junto a un abogado al cual le habían rapado la cabeza”. La camioneta iba hacia la cárcel de Temuco. Por la tarde la testigo pudo visitarle allí y hablar con él. Al día siguiente permitieron al detenido volver a casa, donde habría de permanecer bajo arresto domiciliario, con prohibición absoluta de recibir visitas y con la línea telefónica interrumpida. En esas condiciones pasaron los días entre el 17 y el 24 de septiembre. El Dr. Henríquez le confirmó, entonces, que quien hacía los interrogatorios era el Fiscal Podlech, y de él recibió una citación según la cual debía ir a declarar el 25 de septiembre. Mientras estaba en arresto domiciliario su casa fue objeto de un segundo allanamiento. Su cuñado Rodrigo Henríquez, de profesión abogado, fue nuevamente a la Fiscalía Militar a pedir explicaciones por ese segundo allanamiento y Podlech le dio un documento con su firma y timbre para que lo presentare en la eventualidad de un nuevo allanamiento. El lunes 24 de septiembre a las 20 horas llegó un grupo de policía civil al mando de una persona que yo conocía, a efectuar un allanamiento. “Le mostré, entonces, el documento que me había dado el Podlech. El policía me mostró a su vez, la orden de allanamiento, firmada también por el Fiscal Podlech”. Las dos órdenes contradictorias, emanadas de una misma persona: el Fiscal Podlech. La casa de la testigo fue allanada nuevamente. Pocas horas más tarde, “Después de medianoche se detuvo frente a la puerta una camioneta tripulada por seis individuos vestidos con uniformes de carabineros, se metieron a la casa golpeando todo con gran estrépito y lanzando gritos. Luego cogieron a mi marido y sin darle tiempo a vestirse completamente, lo arrastraron hacia afuera a viva fuerza y lo arrojaron boca abajo sobre la parte de atrás de la camioneta. Desde ese momento, no volví a verle nunca más”.En ese instante se le quebró la voz. En el aula se hizo un silencio impresionante. Ruth Kries pidió una corta pausa con un gesto de su mano derecha, dando a entender empero que continuaría su declaración. Fue un momento de hondo dramatismo. Habiéndose recuperado, continuó relatando la búsqueda desesperada de su marido, en cuyo transcurso recorrió varias veces los cuarteles de la fuerza aérea, de los carabineros, del ejército, el servicio de investigaciones (la policía civil) y el servicio de prisiones. En todas partes se le negó que hubiera sido detenido, confirmándosele en cambio que el doctor Henríquez se hallaba en su casa, bajo arresto domiciliario. En vista de estos hechos, volvió a la Fiscalía Militar y le preguntó directamente a Podlech por su marido, recibiendo de él una asombrosa respuesta: “Señora, lo más probable es que su marido se haya ido a la Argentina con otra mujer”. En todos estos encuentros, el acusado actuó frente a ella y su aflicción de una manera extremadamente prepotente. El 26 de septiembre consiguió una entrevista con el mismo Podlech y con el comandante del cuartel Tucapel de Temuco quienes le dijeron que su esposo era quien dirigía en la provincia el Plan Zeta – un plan que, ahora se sabe que nunca existió en realidad. Días más tarde, el 5 de octubre escuchó por la radio que su esposo, el Dr. Hernán Henríquez había sido fusilado cuando intentaba huir con un helicóptero desde la base de la fuerza aérea. Ruth Kries recurrió entonces al Fiscal Podlech solicitándole el cuerpo de su marido para darle sepultura. Por toda respuesta, Podlech le dijo que “Los enemigos de la patria no tienen derecho a tumba”. Entre el 7 y el 8 de octubre fue detenida durante 24 horas por carabineros. En esa oportunidad se le volvió a decir que su esposo había sido el jefe del Plan Zeta para la provincia de Cautín.Interrogada por el defensor de Podlech, que también a ella le preguntó si conocía al Comité juicio y castigo a Podlech, le dijo que sí, que conocía a dicho comité sin participar directamente en él. El abogado Caricaterra insistió, preguntándole si había presentado antes alguna demanda contra su defendido, incluso ante el Tribunal de Helsinki en 1974, Ruth le contestó que sí, que por supuesto que ha presentado demandas – también en Chile – y que seguirá haciéndolo hasta conseguir que se le haga justicia, le aclaró que el tribunal de Helsinki de 1974 había sido un juicio meramente simbólico y remachó diciéndole: “yo le he contado y cuento a todo el mundo lo que le hicieron a mi marido”. A petición del abogado Gentili, Ruth Kries repitió una vez más las dos respuestas que recibió de Podlech, cuando ella le preguntó por su marido antes de que se diera a conocer su muerte. “Su marido, señora, tiene que haberse ido a la Argentina con otra mujer” y después, cuando ya habían dado a conocer su asesinato la prepotente negativa a entregarle sus restos mortales: “Los enemigos de la patria no tienen derecho a tumba”. Son dos frases que retratan mejor que cualquier otra descripción la menguada condición humana del delincuente que se sienta ahora en el banquillo de los acusados, no en Chile como debiera ser, sino ante la justicia italiana. “Los dientes que me faltan a los lados me los echaron abajo con la corriente y me dejé los huecos para mostrárselos a mis nietos”El testimonio siguiente fue dado por Víctor Manuel Gavilán, nacido el 15 de febrero de 1946, de profesión trabajador social, que vive actualmente en Calgary, Canadá. “Soy asistente social. Estudié en Temuco e hice mi práctica en la cárcel de Temuco en 1969. Allí conocí a Podlech porque él era el abogado que tenía la competencia de firmar los informes sociales que yo generaba para tratar de sacar de la cárcel a los pobres desventurados que robaban alguna gallina u otros objetos menores por necesidad, para poder comer”. El testigo cuenta que el hacía cada vez el informe social y después tenía que perseguir al abogado para que éste le echara una firmita y poder sacar a un preso. En consecuencia, ese trabajo le obligó a conocer bien a Podlech. En ese mismo tiempo, él era militante del MIR. Posteriormente se fue a los Angeles, a la sede que tiene en esa ciudad la Universidad de Concepción y desde allí, a Temuco nuevamente en 1973. “Yo tenía 26 años. Y nosotros en el MIR sabíamos que Podlech era militante de la organización terrorista de ultraderecha Patria y Libertad, que durante el período 1970-1973 cortaba puentes, volaba torres de alta tensión y perpetraba otros actos terroristas con el propósito de desestabilizar al gobierno de Salvador Allende.
El testigo declara que un tío de su mujer, llamado Angel Quilodrán, era secretario del servicio de inteligencia militar (abreviatura: SIM) y trabajaba bajo las órdenes de Podlech. El nombramiento de Podlech como Fiscal Militar tuvo lugar el mismo día del golpe de estado, el 11 de septiembre de 1973. Hasta ese día había en la cárcel de Temuco militantes de Patria y Libertad cumpliendo condenas dictadas por tribunales regulares en los marcos del estado de derecho. Como primer acto de servicio en calidad de Fiscal Militar, Podlech puso a esos individuos en libertad incondicional e inmediata. La militancia de Podlech en la organización ultraderechista ha sido documentada por Gladys Cerca Pulgar, colaboradora en su época de la misma organización terrorista. Más adelante contó el testigo que fue detenido en Arauco y que en la primera semana de noviembre los militares le llevaron a Angol. Desde allí fue a parar al cuartel Tucapel de Temuco, donde cayó en las manos del Fiscal Podlech y del jefe del SIM, el capitán Ubilla, que también ha sido nombrado por otros testigos. “Los dientes que me faltan a los lados me los echaron abajo con la corriente, y me dejé los huecos sin tratar, para mostrárselos a mis nietos”. El testigo era dirigente provincial del MIR. “En el cuartel encontré a Podlech con el grado de mayor y a Ubilla, como capitán” – declaró. Este es el primer testigo que nombra a un fiscal Jofré Soto, y lo hace afirmando que Jofré era fiscal para los militares mientras que Podlech era el fiscal para los prisioneros civiles y que cada uno de ellos mantenía su campo de competencia bien delimitado. Luego explicó que fue sometido a dos Consejos de Guerra: el primero, en 1973 y el segundo, en marzo de 1974, siendo condenado a veinte años de cárcel por el delito de pertenecer a un movimiento considerado extremista. El explica que fue sometido con frecuencia a torturas. Cada vez que caía un nuevo prisionero bajo sospecha de pertenecer al MIR le tocaba a él reconocerlo y que para obligarle a hacerlo le volvían a torturar. Cuenta que en una de esas ocasiones la tortura fue tan brutal, que pensó que se iba a morir. Y en su desesperación resolvió fingir que estaba ya desvaneciéndose. Uno de los que le torturaban preguntó: “Mi mayor: ¿Terminamos, mejor?” – y la respuesta del mayor fue: “Es increíble que este güeón aguante tanto”. El único mayor en aquella habitación era Podlech. El otro era un capitán, y el tercero, un subteniente. Pero el que dirigía las torturas era un mayor. Insistentemente le preguntó el defensor sobre el Fiscal Jofré Soto, aprovechando sin duda que hasta el momento era el único testigo que mencionaba ese nombre.Habla el propio PodlechEn ese momento hasta el propio Podlech tomó la palabra. Lo hizo con una voz bastante más suave, más débil y en un tono bastante más mesurado que el que empleaba – según los relatos de todos los testigos – para hablarles a ellos o a sus familiares cuando se aparecían por la fiscalía y para contestarles o para mandarles a callarse cuando le suplicaban alguna información. Los años pasan y cuando pasan, te pisan – dice una voz popular. Podlech intentó inflar la imagen del mayor Luis Jofré Soto que hasta ese momento su abogado no había conseguido venderla a nadie y de jibarizar al mismo tiempo la suya propia hasta dejarla más chica que un adorno para el llavero. Dijo que el mayor Luis Jofré Soto era el Fiscal; que no hay que hacer distinciones entre un fiscal para los civiles y otro para los militares porque había un guerra interna, estaba declarado el estado de sitio y todo ocurría por ende de acuerdo a la justicia militar y que, como en ese momento empezaban ya los Consejos de Guerra y todo eso lo hacía el Fiscal Militar, ponían junto a él a funcionarios con título de abogado “para que esos juicios fueran legales”. Esta última frase del ex-Fiscal Militar Podlech, que causó hilaridad en la sala, es congruente con una que pronunció, en su momento de gloria, el tristemente célebre general Arellano Stark cuando pasó con su Caravana de la Muerte por La Serena, y que aparece citada en la página 128 del libro “Los Zarpazos del Puma” de Patricia Verdugo. Interrogado sobre el particular por los abogados, el testigo Víctor Gavilán insistió en que, en su caso particular, quien le había torturado a él había sido el mayor Podlech, a quien conocía, pero que para asegurarse al cien por ciento de eso, él le había pedido a su mujer que, por favor, se lo sonsacara a su tío – el secretario del servicio de inteligencia militar Angel Quilodrán – el cual le confirmó que el mayor de ese interrogatorio había sido Podlech y no el otro mayor. “Acusado Podlech: Deje usted de hacer muecas o ademanes dirigidos al podium o a los jurados”En esta audiencia el acusado no estuvo en el receptáculo de vidrio blindado que le había alojado antes, sino que pudo sentarse al lado derecho de su abogado defensor. Con eso quedó su cara vuelta hacia la mesa de la presidencia, ocupada por los jueces y el jurado. Llegó el momento en que la Juez Presidente consideró necesario llamarle al orden para que dejase de hacer muecas y carantoñas y ademanes de aprobación o desaprobación dirigidos hacia la corte. “Acusado Podlech: deje usted de hacer muecas o ademanes dirigidos hacia la mesa o hacia los jurados” – le reprendió, dado el hecho de que en la sala el jurado toma lugar a los lados y en segunda fila, tras la presidencia de la corte. “Estoy de acuerdo”El último testigo de esta audiencia fue Aldo Contreras, nacido en Rengo el año 1952, profesor, que reside actualmente en Holanda. Declaró que en el momento de producirse el golpe de estado estudiaba pedagogía en Química en la sede Temuco de la Universidad de Chile. Era dirigente del MIR. Al prever que se produciría una represión brutal, la dirección de dicho movimiento resolvió pasar a la clandestinidad, ordenando a sus militantes no presentarse a declarar al ser llamados por los bandos de la autoridad militar. Se mantuvo en Temuco hasta noviembre de 1973. La Fiscalía le declaró buscado por radio y por el diario Austral de Temuco, y se pegaron carteles en las calles y en los sitios públicos con su fotografía junto a las de otras personas. Decidió, entonces, fugarse a Santiago. Allí ubicó a unos dirigentes del MIR que le indicaron que se fuera a Valparaíso. Allí fue recluido en el cuartel Silva Palma, donde fue detenido y duramente torturado. Se le mantuvo encerrado durante cuatro meses sin ver la luz del día. Durante los primeros veinte días fue sometido diariamente a interrogatorios, en cuyo transcurso le aplicaron repetidas veces corriente eléctrica en los órganos genitales. Le mantuvieron a pan y agua, y le obligaban a hacer flexiones y otros ejercicios físicos punitivos cada hora. Cuando salió de esa primera fase estaba hecho prácticamente piel y huesos.
Luego pasó a una cárcel normal y en Agosto de 1974 se le transfirió en avión a Temuco, a requerimiento de la Fiscalía Militar de esa ciudad. En el aeropuerto fue recibido por el capitán Ubilla que estaba acompañado de un detective de la policía civil, quienes le entregaron en el cuartel Tucapel. Tras un interrogatorio de aproximadamente una hora que le hizo el capitán Ubilla, quedó incomunicado por siete días en la cárcel de Temuco. Esos primeros siete días fueron prolongados por otros siete días más. Posteriormente pasó a otra sección, también separada, de la cárcel, donde había unos 120 presos. Allí permaneció hasta Abril de 1976. El 15 de Enero de 1976 le pasaron a Consejo de Guerra, a solicitud de Podlech, en el cual fue condenado a 10 años de prisión. En el momento de fundamentar la petición de condena, Podlech nombró en su alegato a Luis Almonacid Dumenes. Según Podlech, a él se le acusaba de los mismos delitos que a Almonacid y, en consecuencia, era justo que recibiera la misma condena que Almonacid. Diez años. El testigo relata que mucho más adelante pudo ver el Informe Rettig. Allí encontró entre los muertos a Luis Almonacid, registrado como desaparecido desde que la Fiscalía, a cargo de Podlech dispusiera su egreso, con la orden de libertad número 21, de fecha 25 de septiembre de 1973. Contestando a las preguntas de los abogados, Aldo Contreras dijo haber visto dos veces a Podlech: la primera, cuando tuvo que firmar un papel para pasar al Consejo de Guerra. Dicho documento dejaba establecido que no tenía nada que objetar en contra de algún miembro de ese tribunal. Si no firmaba, conseguiría tan sólo alargar su prisión. De manera que accedió a poner su firma. Y la segunda vez vio a Podlech en el Consejo de Guerra, en calidad de Fiscal. Precisó que fue detenido en Valparaíso el 28 de Abril de 1974. En Temuco fue interrogado, pero no volvieron a torturarle. Contó que en el Consejo de Guerra aquél se juzgó a ocho o nueve acusados, que eso no lo recuerda con exactitud. Que a él se le dedicó casi una hora. El Fiscal Podlech le acusó de asociación ilícita, de infracción a la Ley de Control de Armas y de ser Profeta del MIR. Como pruebas presentó un listado de sus supuestas actividades clandestinas. A diferencia del fiscal, su defensor fue extremadamente conciso, parco, casi avaro para expresar sus ideas. Frente a la petición de condena formulada por Podlech, emitió tan sólo tres palabras: “Estoy de acuerdo”.Escuchada la declaración del último testigo de la audiencia, se levantó la sesión. La próxima audiencia del proceso tendrá lugar durante los días 4 y 5 de Febrero del año en c
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TEMA DE DEBATE: PUEBLOS ORIGINARIOS Y ACCESO AL TERRITORIO


"El sabía perfectamente que sus trastornos psíquicos eran provocados por lo que hacía en las salas de interrogatorio, aunque trataba de rechazar globalmente su responsabilidad. (...) Como no pensaba dejar de torturar me pidió sin ambages que como psiquiatra lo ayudara a torturar a los patriotas argelinos sin remordimientos de conciencia, sin trastornos de conducta, con serenidad."

POLITICA PUBLICA TERRORISMO DE ESTADO CHILE 28/04/08

General Cornelio Saavedra CRIMINAL OCCIDENTAL DEL ESTADO FASCISTA DE CHILE.

"El entierro me repugnó. Todos esos oficiales que venían a llorar por la muerte de mi padre, 'cuyas altas cualidades morales habían conquistado a la población indígena', me producían náuseas. Todo el mundo sabía que era falso. Nadie ignoraba que mi padre dirigía los centros de interrogatorio de toda la región. Todos sabían que el número de muertos de la tortura era de diez diarios y venían a contar mentiras sobre la devoción, la abnegación, el amor a la patria, etc... Debo decir que ahora las palabras para mí no tienen ningún sentido o no tienen mucho."

Franz Fanon, Los condenados de la tierra

Página/12, 27/07/03

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http://www.fotolog.com/kim_kupal_loncon/27186724

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TEMA DE DEBATE: PUEBLOS ORIGINARIOS Y ACCESO AL TERRITORIO

Los condenados de la tierra



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Diversas actividades económicas vienen impactando en los territorios indígenas poniendo en jaque su dinámica productiva e incluso forzando su expulsión. Los autores formulan propuestas para intentar ponerle freno a ese proceso.

Producción: Tomás Lukin

debate@pagina12.com.ar

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El desalojo como estrategia

Por Luis Horacio Santucho *

Martín Güemes, héroe de la Revolución de Mayo en nuestra región, dijo en referencia a la justicia que “hay que remover los obstáculos de tan alta empresa y proporcionar todos los recursos para realizarla”. Ingresando en el año del Bicentenario del proceso de formación del Estado nacional, aún sigue pendiente no solamente afianzar la Justicia, conforme dice el preámbulo de nuestra Constitución Nacional, sino también su realización en la realidad concreta de los seres humanos. Pasó el tiempo y los gloriosos infernales volvieron a sus tierras a buscar el reparo de la virtud más bella, pero pronto descubrieron que el poder colonial había modificado solamente su denominación.

La Forestal y su efecto expansivo fue la continuidad de un proceso de apropiación de la tierra pública convertida en latifundio y explotación del hachero herido de muerte junto al quebracho. Cuando se fue el obraje, solamente quedaron los campesinos e indígenas que comenzaron a ejecutar el mandato de las voces del lejano tiempo, el sistema productivo mixto que les permitió recuperar el ecosistema dañado por la voracidad del sistema capitalista internacional. Esta realidad de vida es el ejercicio pleno de la soberanía alimentaria, un derecho fundamental de incidencia colectiva porque es la continuidad histórica del ayllu de los primeros autóctonos.

A partir del menemismo la soja ha avanzado sobre el derecho a la tierra de los pueblos campesinos e indígenas de la región. Las topadoras dirigidas por los pools de siembra actúan del mismo modo que un ejército de ocupación contra la naturaleza del Gran Chaco Americano materializando masivos delitos de estrago rural, que no pueden concretarse en condena porque los jueces federales o provinciales se niegan a dirigir la imputación hacia los responsables del irreparable daño ambiental.

El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase) explicó ante la CIDH, patrocinados por la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos, cómo se desarrolla la modalidad de la estrategia del desalojo: “Los particulares que se consideran ‘dueños’ (titulares de dominio) presentan denuncia penal en las comisarías de la zona o en los juzgados de instrucción de las ciudades acusando a los campesinos por los delitos de usurpación, hurto de productos forestales, daños, entre otros. Obligados a concurrir a las comisarías o juzgados, los pobladores que deben declarar como testigos o imputados suelen ser inducidos a pronunciarse en contra de sus derechos posesorios. Estas ‘declaraciones’ son utilizadas posteriormente en la jurisdicción civil donde las empresas presentan acciones de reivindicación precedidas de diligencias preliminares, desalojos, conclusión del comodato verbal, entre otras, contando siempre con la función complaciente y activa de la estructura del Poder Judicial y de la Policía.”

Los pueblos originarios y campesinos vienen reclamando a través de sus representantes legales que se declare causa federal las relaciones jurídicas indígenas y la tipificación de delitos de lesa humanidad a los hechos descriptos anteriormente porque configuran desalojos forzosos. Un caso emblemático es la familia Quiñones, antiguos poseedores en el Lote 41, Los Juríes, en el sudeste santiagueño. Fueron desalojados mediante una tremenda estafa de jueces, abogados, escribanos y empresarios norteamericanos confabulados con miembros de la Federación Agraria. La estafa ya fue comprobada porque apareció protocolizada la escritura original, que no fue la misma que se presentó en el juicio y ahora parte de los acusados tienen auto de procesamiento, pero el tiempo pasa y los Quiñones siguen desterrados de su propia tierra.

La impunidad de la corporación sojera tiene su explicación en la existencia de un poder judicial que rinde culto a las escrituras públicas anotadas en los registros catastrales e inmobiliarios de las provincias, sin tener en cuenta la preexistencia fáctica y jurídica de los pueblos originarios y campesinos. Si a ello se agrega una mirada racista, al estilo de la ex jueza Parrilli, donde se percibe el acervo de formaciones psíquicas heredadas de los arcontes del terrorismo de Estado, el panorama de nuestros compañeros campesinos y hermanos indígenas es gravemente desalentador en los estrados judiciales.

El actual juez de nuestro máximo tribunal de Justicia, Eugenio Zaffaroni, en tiempos de su gestión en el Inadi, dijo que una de las características estructurales del discurso racista es una suerte de falso humanitarismo, y que las hipócritas invocaciones a la tutela o piedad de los inferiores dejan el camino expedito para los “visionarios políticos” y sus sicarios. Si la Justicia no se llena de tierra, la humanidad será un desierto.

* Frente Nacional Campesino-Santiago del Estero.

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Expulsión y reafirmación

Por Sebastián Valverde *

Para los pueblos indígenas, la tierra no representa solamente el ámbito en el cual residen y del cual obtienen lo necesario para su subsistencia. Por el contrario, es el espacio en el que ha transcurrido la vida colectiva del grupo, de allí que el concepto de “territorio” resulte el más adecuado. Esta reivindicación es, pues, de gran significación en tanto agrupa a un conjunto englobador de otras: los recursos naturales, el autogobierno, el desarrollo de las identidades y la existencia del grupo mismo.

Desde hace décadas, una diversidad de actividades económicas (agrícola, ganadera, forestal, minera, petrolera, gasífera, hidroeléctrica, turística, como así también la privatización y extranjerización de tierras, el surgimiento de emprendimientos inmobiliarios, etc.) vienen impactando en los territorios indígenas poniendo en jaque la dinámica productiva de estos pequeños productores. Tal es el caso de la expansión de la frontera agraria y el proceso de concentración económica de las distintas estructuras rurales, responsables en gran medida de los flujos migratorios que se han registrado en las últimas décadas en dirección a las ciudades (donde reside la gran mayoría de la población indígena).

Junto a estas transformaciones, a partir de la reafirmación democrática se ha avanzado en el reconocimiento jurídico hacia los pueblos originarios, tal como ha sucedido en otros países de la región. La Constitución Nacional de 1994, con la sanción del artículo 75 inciso 17, ha incorporado el reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas. Por su parte, la Ley Nº 24.071 ha ratificado el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes del año 1989, considerado un referente a nivel internacional para las políticas públicas. Las constituciones provinciales y algunos municipios también han adecuado sus normativas. Este avance en las legislaciones es en gran medida consecuencia de una revitalización de las identidades indígenas, con la consiguiente recuperación de lenguas, saberes ancestrales, territorios tradicionales, etcétera.

En los hechos, sin embargo, la implementación de estas políticas ha sido escasa, lo que explica la precariedad jurídica de la posesión de los territorios en que se asientan actualmente las poblaciones indígenas –ya sea en calidad de “fiscaleros”, o bien con “permisos precarios de ocupación” o como ocupantes “de hecho”–. Asimismo, son lentos los avances en la “regularización dominial”, y más aún en el reconocimiento de la “propiedad comunitaria”.
Esta paradójica combinación de una estructura económica cada vez más expulsiva, la creciente conformación de los pueblos indígenas como sujetos sociales y legislaciones con escaso nivel de efectivización, constituyen factores centrales para explicar los conflictos territoriales que se vienen registrando a lo largo de todo el país. También es necesario considerar las tendencias en las fuentes de ingreso de estos pobladores, que plantean nuevas vinculaciones con los ámbitos territoriales a partir de la complementariedad entre las ciudades y áreas rurales, entre trabajos asalariados y rurales, y residencias estacionales en ambos ámbitos.

Un importante avance se ha efectuado a partir de la promulgación, en 2006, de la Ley Nacional Nº 26.160 la cual establece “la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país”, y la suspensión de los desalojos hasta tanto se efectúen los estudios correspondientes. Esta ley, instrumentada por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), implica un relevamiento sociocultural, jurídico y catastral de los territorios indígenas, cuyo resultado será asegurar el reconocimiento y la titulación dominial correspondiente. Se trata de una herramienta legal importante, que permitiría saldar la deuda pendiente en materia de aplicación de las legislaciones vigentes. En algunas provincias, la aplicación de esta normativa, especialmente la conformación del ente mixto que llevaría a cabo el relevamiento, ha generado grandes debates y litigios entre las partes involucradas –organizaciones indígenas, entes nacionales y provinciales, los institutos indígenas (nacional y provinciales) y las universidades nacionales–.
Tanto las graves condiciones de pobreza que aquejan a la población indígena (que supera ampliamente a las de la población no indígena), como así también los conflictos territoriales que vienen protagonizando con el Estado y con sectores privados –y que en los últimos meses se han agudizado alarmantemente en algunas regiones– evidencian la necesidad de efectivizar las legislaciones y garantizar su pronta aplicación.
* Antropólogo Social, Investigador del Conicet-docente de la Facultad de Filosofía y Letras, UBA.

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