sábado, 14 de marzo de 2009

El presidente narcoparamilitar de Colombia manifiesta que llevará su "seguridad democrática" al extranjero -Domingo, 22 febrero a las 11:42:




El presidente narcoparamilitar de Colombia manifiesta que llevará su "seguridad democrática" al extranjero


inSurGente (Y.C.).- El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, ha advertido en el día de hoy que hará todos los esfuerzos necesarios para perseguir a quienes considera ser partidarios del ELN y las FARCP-EP en territorio colombiano e incluso en el extranjero. También indicó que su política de seguridad no es un simple discurso de campaña electoral sino una acción de todos los días.

En relación a la represión interna que vive el país, un estudio que se conoció a finales del año pasado y que fue elaborado por el Grupo de Tareas Internacionales de Derechos Humanos "Jesús María Valle Jaramillo" sobre la desaparición forzada en Colombia sostiene que desde el 7 de agosto del año 2002, fecha en que Álvaro Uribe asumió la presidencia del país, hasta finales del año 2008, se produjeron 18.713 desapariciones, lo que supone el 71,10% de las desapariciones ocurridas en los últimos cuatro gobiernos colombianos. Estas desapariciones forzadas bajo el mandato de Álvaro Uribe se unen también al dato de que el 60% de los sindicalistas asesinados en el mundo lo son también en Colombia.

Por otro lado, conviene recordar la ruptura de relaciones diplomáticas que mantiene Ecuador por la grave violación de su soberanía nacional por parte del ejército colombiano, al bombardear e incursionar impunemente el campamento que la guerrilla de las FARCP-EP tenía en la frontera ecuatoriana. Igualmente, numerosos mercenarios colombianos han sido detenidos en varias ocasiones en territorio venezolano y en España, por ejemplo, hay presencia documentada de los paramilitares "águilas negras". Esta organización terrorista paramilitar ha lanzado amenazas de muerte a embajadores de la Unión Europea, Canadá, México, Ecuador, Chile y Brasil por, según ellos, dar cobijo a "personas que han obtenido estatus de refugiados o perseguidos políticos pero que no son más que guerrilleros malparidos"; estas amenazas se han extendido también a ONG's colombianas e internacionales, a sindicatos y a organizaciones de estudiantes por apoyar a perseguidos políticos.

En España entre las organizaciones gravemente amenazadas se encuentran el Komite Internazionalistak (País Vasco), Coliche (Logroño-La Rioja), Coordinadora Aragonesa de Solidaridad con Colombia- CASCOL (Zaragoza), Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África-CEDSALA (Valencia), SODEPAU (Valencia), Asociación Paz con Dignidad, Comité de Solidaridad con América Latina- COSAL - XIXÓN (Gijón-Asturias), Asociación Internacionalista Paz y Solidaridad AISPAZ (León), Confederación General del Trabajo (CGT) y Colectivo de Colombianos Refugiados en España (COLREFE).

Estas amenazas se unen a las manifestadas en el día de hoy por Álvaro Uribe y no hacen sino constatar los vínculos de intereses entre los grupos paramilitares y él mismo. "Pasan en el extranjero de ser poetas y de ser intelectuales. Cobardes esos bandidos. ¿Por qué no vienen al país? Pero que no se sueñen, allá discretamente pero eficazmente en algún momento les llegaremos", dijo el Presidente de Colombia.

http://www.insurgente.org/modules.php?name=News&file=article&sid=16026

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CHILE:atentado explosivo paraliza línea férrea 11-03-09

http://www.fotolog.com/kim_kupal_loncon/23914307


12/3/2009

Bombas en Chile por el Día del Joven Combatiente x Agencias / La Haine


Atentado afecta a línea férrea utilizada por empresas contaminantes. Atacan por segunda vez concesionaria de coches de lujo en barrio rico. Importancia de los avisos falsos

En la comuna chilena Quilicura [afueras de Santiago] se produjo este miércoles un atentado explosivo que afectó la línea férrea que pasa por el lugar. El hecho está relacionado con la próxima conmemoración del Día del Joven Combatiente.

Foto Terra

Personal del Grupo de Operaciones Especiales de Carabineros (GOPE) encontraron cerca de donde se halló el explosivo, una bandera negra y panfletos alusivos al Día del Joven Combatiente
El Día del Joven Combatiente, se conmemora el 29 de marzo en recuerdo del asesinato de los hermanos Vergara Toledo.

También ese día se conmemora la decisión de centenares de jóvenes que murieron en la lucha tanto en la dictadura como en la democracia, cuya rebeldía no es ajena a las demandas populares.

Mediante un correo electrónico, el ataque de este miércoles se lo adjudicó una organización denominada "Grupo de sabotaje hermanos Vergara Toledo".
La información indica que con la explosión se buscaba "sabotear a la empresa Ferrocarriles del Pacífico S.A. (Fepasa), a la empresa KDM que transporta residuos domiciliarios, y a la empresa Cementos Bíobio, que ocupan esta línea". Todas de reconocidas, aunque no castigadas por el gobierno, actividades destructivas de la naturaleza.

En el email el grupo además llamó a "salir a las calles a todas las personas que están descontentas con el Gobierno y con la crisis económica" el próximo 29 de marzo.

Bomba en automotora abre agitación por el Día del Joven Combatiente

Foto La Tercera

La explosión de una bomba causó en la madrugada del martes diversos destrozos y dañó al menos dos vehículos en un concesionaria de automóviles Mercedes Benz en Santiago de Chile, informaron fuentes policiales. Está ubicada en la calle Andrés Bello de la comuna de Providencia, zona donde reside la clase alta chilena.

Tanto el propietario de Atal Autos, Eduardo Atal, quien dijo que nunca le ha hecho "daño a nadie", como su gerente de ventas, José Antonio González, se mostraron "perplejos" por el bombazo contra su sala de exhibición de vehículos de lujo.
Atal recordó que en 2007 también cerca del Día del Joven Combatiente estalló otro artefacto frente a la empresa, que provee de automóviles a empresarios y altos cargos.
Este es el atentado Nº 92 cometido desde 2004 y atribuído a la resistencia popular. Como en otros casos, se usó pólvora negra dentro de un extintor.

Aviso de bomba obliga a evacuar Municipalidad de Pudahuel

Durante más de una hora, personal de carabineros realizó una intensa búsqueda en todas las dependencias de la Municipalidad de Pudahuel [zona pobre de Santiago], a raíz de un aviso de bomba ocurrido esta mañana en dicho lugar, ubicado en San Pablo con Teniente Cruz.

Los falsos avisos de bomba se han repetido en estos días, poniendo nerviosas a las autoridades, que se ven obligadas a investigar los llamados y desviar los recursos previstos para la represión de las movilizaciones.
El aviso se dio por parte de un desconocido al teléfono 133 de Carabineros, activando los dispositivos policiales, ya que durante esta mañana, en el municipio, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, tendrá una actividad por la conmemoración de su tercer año de Gobierno neoliberal.

Por lo anterior, hasta el citado lugar llegaron tres dispositivos del GOPE de Carabineros, los que evacuaron el recinto y buscaron durante cerca de una hora, sin encontrar artefacto alguno.
En tanto, personal policial se encuentra rastreando el origen de la llamada

Se preparan acciones represivas

Trece puntos críticos en Santiago fija un informe de represión y su respectivo plan operativo ya activado por Carabineros para el próximo 29 de marzo y su víspera, con el fin de evitar posibles manifestaciones durante el denominado Día del Joven Combatiente.
En la policía uniformada calificaron el bombazo de ayer en la madrugada contra la automotora Atal -coincidente con la visita del príncipe Carlos del imperio británico y la cita de ministros de Defensa de Unasur- como un hecho que marcaría el comienzo de una eventual ola de acciones. Son las que recuerdan los asesinatos de luchadores populares cometidos por la dictadura y los gobiernos posteriores, a la espera de la fecha señalada.

El dispositivo de represión considera unos 700 efectivos de refuerzo para el contingente habitual de Fuerzas Especiales. De esta manera, se espera que entre mil y mil 200 hombres estén disponibles para funciones represivas.
Los trece puntos conflictivos "detectados" por la "inteligencia" policial son Villa Francia, Pudahuel Sur y Lo Hermida, junto a sectores universitarios de avenida Macul. A ellos se suman esta vez la Población Alessandri y ocho puntos de la Alameda. Curiosamente coinciden con los sectores más pobres y habitualmente combativos de la capital chilena.

En todos estos lugares, personal de la policía uniformada realizó estudios de peligrosidad. Se fotografiaron todas las instalaciones y estructuras susceptibles de ser usadas como proyectiles o escondites por parte de grupos resistentes.
Trascendió que este año Carabineros realizará acciones preventivas y de copamiento de espacio con uso gradual de fuerza.



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11 de Marzo de 2009


Atentado exlosivo afecta a la Empresa de Ferrocarriles del Pacífico

El ataque a la línea férrea fue adjudicado por el "Grupo de sabotaje hermanos Vergara Toledo", en el marco de la próxima conmemoración del Día del Joven Combatiente.



Por
Un atentado explosivo registrado durante la noche mantiene interrumpida la circulación de trenes del servicio de línea férrea de la Empresa De Ferrocarriles del Pacífico S.A. (Fepasa) en la comuna de Quilicura.Según informó radio Cooperativa, personal del Grupo de Operaciones Especiales de Carabineros mantiene acordonado el lugar de la detonación en la intersección de Américo Vespucio con avenida Manuel Antonio Matta.La accion fue adjudicada por una organización denominada "Grupo de sabotaje hermanos Vergara Toledo" en el marco de la conmemoración del Día del Joven Combatiente el próximo 29 de marzo.A través de un correo electrónico, el grupo señala que el atentado está destinado a sabotear a la empresa Fepasa y a las empresas KDM y Cementos Biobío que ocupan la línea férrea.












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En el sector norte de Santiago

Chile: Atentado explosivo paraliza línea férrea




El artefacto interrumpió la circulación de trenes y personal especializado de la policía uniformada acordonó el sector.



Prensa Web RNV / TeleSur



11 Marzo 2009, 03:22 PM

Un atentado explosivo afectó la línea férrea de la Empresa de Ferrocarriles del Pacífico (Fepasa) en Quilicura, en el sector norte de Santiago, paralizando el suministro de insumos a dos importantes cementeras del lugar. El artefacto interrumpió la circulación de trenes y personal especializado de la policía uniformada acordonó el sector.El atentado fue reivindicado mediante un correo electrónico, el movimiento hasta ahora desconocido "Grupo de sabotaje hermanos Vergara Toledo".La acción se enmarcó en la conmemoración del Día del Joven Combatiente, que se celebrará el próximo 29 de marzo.La fecha recuerda el asesinato de los dos jóvenes hace 24 años, durante la represión a una protesta contra la dictadura militar.La reivindicación agregó que el atentado intentó sabotear a la empresa Fepasa y a las empresas KDM y Cementos Biobío, que ocupan la línea férrea.






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Caso Registro Civil: Multan a ex director del FBI que hacía investigación paralela para Tata - 05 de Enero de 2009

05 de Enero de 2009

Y otros cinco ex agentes del organismo que "operaban" en Chile

Caso Registro Civil: Multan a ex director del FBI que hacía investigación paralela para Tata

Los sujetos trabajan en una firma de "auditoría global" de Estados Unidos, llamada Freeh Group, quienes fueron interrogados en calidad de testigos por la fiscal que lleva la indagatoria Alejandra Godoy en dependencias de Investigaciones, hasta donde llegaron sus abogados del estudio Carey y del penalista Jorge Bofill e incluso un alto funcionario de la embajada de ese país en Santiago. Los detectives descubrieron que no tenían permiso para trabajar en Chile y que habían ingresado en vuelos distintos en calidad de "turistas".

Por Jorge Molina Sanhueza

Seis ex funcionarios del FBI -entre ellos quien fuera el director adjunto del organismo, William J. Espósito- llegaron a Chile hace algunas semanas en distintos vuelos, tradicional fórmula de "cobertura" para no ser detectados. Su misión no era cualquier cosa, venían al país contratados por le empresa multinacional india Tata, para hacer una investigación paralela a la que lleva la fiscal Centro Norte, Alejandra Godoy, por los supuestos actos de corrupción con motivo de una licitación de US$ 80 millones en el Registro Civil. Todo esto, porque ejecutivos chilenos de la firma tienen la calidad de imputados en la causa y están ad-portas de enfrentar un juicio, donde incluso es parte el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Claro que en esta oportunidad ya no venían como detectives de la famosa institución, sino como empleados de la firma Freeh Group (
www.freehgroup.com) -una empresa global de auditoría- cuyo dueño es Louis J. Freeh, ex director nacional del FBI durante la administración del ex Presidente Bill Clinton.
La misión, según el término que usaron para definir un levantamiento de información referente al tema en Chile fue: "estudio de antecedentes basado en hechos reales". Sin embargo, luego de ser interrogados en calidad de testigos por la perseguidora, Extranjería de la Policía de Investigaciones descubrió que carecían de un permiso para trabajar. Por ello fueron multados, abandonando el país horas más tarde, en una historia que tiene todos los ingredientes de una novela basada en un caso previo a una presentación ante el gran jurado estadounidense y que revela en exclusiva El Mostrador.cl.

La venida de estos ex agentes se suma a una serie de dificultades que la fiscal ha enfrentado en esta indagatoria. Estas van desde la quema de un disco duro donde estaban las almacenadas las intercepciones telefónicas al director del Registro Civil Guillermo Arenas. El responsable fue el policía a cargo de las grabaciones Jorge Donoso -ligado a la sección inteligencia desde mediados de los 80- hoy formalizado y en prisión preventiva. También está el caso de una jueza de garantía que cometió un misterioso error de tipeo, avisando a los abogados defensores de unos imputados de Tata que se les intervendrían las conversaciones a sus clientes.

Cronología de un fracaso

Todo comenzó hace algunas semanas cuando Espósito llamó por teléfono a la fiscal Alejandra Godoy para solicitarle una audiencia y estudiar los antecedentes que poseía en la causa, como también llevarse una copia de los mismos, enviándole luego un correo electrónico, explicándole su labor. La perseguidora, como era lógico, le negó la solicitud aduciendo que la ley se lo impedía. Sin embargo, les indicó que si querían hablar con ella, podían hacerlo en calidad de testigos, para dejar una constancia en la carpeta de investigación.

Pasados algunos días Espósito y el ex agente Raúl Roldán viajaron a Chile, escribiendo en el papel de ingreso de policía internacional que venían como "turistas", mientras que sus colegas llegaban en distintos vuelos bajo la misma figura. Todos se alojaron en el hotel Ritz Carlton.

Estando en territorio nacional fueron citados a declarar por Godoy, en el marco de su investigación. La intención de la fiscal era saber qué hacían en el país y conocer el trabajo realizado. Allí descubrió que "conversaron" con mucha gente obteniendo información sobre el curso del caso. Otras fuentes que supieron de la diligencia, explicaron que también prepararon un perfil de la perseguidora y evaluaron las fallas en los procedimientos y estándares de Tata.

Al verse expuesto a las preguntas, Espósito "confesó" que habían más empleados de Freeh Group "operando" en Chile, revelando que eran cuatro ex agentes y una mujer que servía de enlace de la firma con la consultora Price Waterhouse, entregando los nombres de cada uno y dónde estaban alojados. Raúl Roldán, en tanto, se comportó como un verdadero agente de inteligencia. Poco y nada entregó. Algo similar, aunque algo más relajados ya, estuvieron las otras cinco personas, que también entregaron el testimonio ante la fiscal.

Básicamente, Freeh Group se dedica a asesorías de todo tipo, desde las corporativas, seguridad, análisis de fallas en las empresas, mejorar los controles internos, como a este tipo de "estudio de antecedentes basado en hechos reales" que ayudan a enfrentar un juicio. Se especuló que Tata había pagado más de US$ 3 millones por el servicio.

Si bien estas "asesorías" son muy usadas en Estados Unidos por empresas que arriesgan que sus ejecutivos sean condenados, ya sea en casos penales o civiles, o incluso temas de imagen, lo cierto es que en Chile los únicos encargados de hacer investigaciones son las policías y el Ministerio Público.

Que estos ex agentes del FBI estaban en Chile y eran interrogados fue informado de inmediato a la fiscal regional Centro Norte, Sonia Rojas y al jefe nacional Sabas Chahuán. Si bien es cierto todo estaba en regla, era mejor protegerse de un posible escándalo, ya que a la oficina de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) donde se le formulaban las preguntas llegó incluso un alto funcionario de la embajada de Estados Unidos en Chile.

Cabe recordar que el escándalo que afectó al servicio de identidades, comenzó con una denuncia hecha por la empresa Quintec que participaba también en el concurso para modificar la plataforma informática, aduciendo irregularidades en el proceso de otorgamiento del contrato con el servicio público. Conocidos estos datos, y sumados a una publicación del sitio
Ciperchile, el comité político de La Moneda ordenó descabezar la plana mayor del organismo en marzo pasado.

El amigo de Madonna

A minutos de que la diligencia terminara uno de los detectives presentes en el interrogatorio, les preguntó a los ex FBI si contaban con la autorización para trabajar en Chile. Los estadounidenses dijeron que no. Sin duda un error de cálculo que no previeron pese a su larga experiencia.

Inmediatamente, se informó a la Unidad de Extranjería, que designó a uno de sus funcionarios que maneja esa legislación al revés y al derecho. Los empleados de Freeh Group debieron pasar a otra dependencia donde les recordaron que existe un tratado entre ambos países que les permite trabajar en suelo nacional sólo informando que vienen a ello.

Espósito miraba a Roldán sorprendido. También lo estaba al abogado del estudio Carey que los acompañaba, Marcelo San Feliú -ex fiscal- ya que el detective a cargo les indicaba cómo era posible que no conocieran la ley, que hubiera sido más fácil informar a la autoridad competente evitando la multa que les aplicarían.

Para amenizar la conversación, el funcionario policial incluso les dijo que él fiscalizó a la cantante Madonna en su reciente ingreso a Chile y que ella hizo el trámite sin problemas.

Finalmente, los testigos hicieron la fila en Extranjería junto a otras personas de distinta nacionalidades, como un ejemplo de igualdad ante la ley, pagar su multa y volver a su oficina en el país del norte, con la cola entre las piernas. "Este no es un país bananero", explicó una fuente policial que conoció del procedimiento.

http://www.elmostrador.cl/index.php?/noticias/articulo/caso-registro-civil-multan-a-ex-director-del-fbi-que-hacia-investigacion-pa/

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Tristezas, pero baldosas Por Osvaldo Bayer


Tristezas, pero baldosas

Por Osvaldo Bayer


La última noticia que leí al dejar Alemania me invadió de tristeza e indignación. El Centro de Conversión Internacional Bonn publicó su crítica a la cesión de licencias para la producción de armas alemanas en el exterior. Se ha comprobado que los crímenes cometidos contra la población africana de Darfur fueron llevados a cabo por milicias armadas con el fusil de asalto alemán G-3. Esas armas fueron vendidas por Irán, que ha obtenido licencias para fabricar armas alemanas. Dichas armas no sólo fueron empleadas contra la población civil de Darfur, sino que también pueden haber costado la vida de integrantes del proyecto Ayuda al Desarrollo –en gran cantidad, alemanes voluntarios de ese servicio civil– y a soldados de las misiones de paz. Se señala en la protesta del instituto citado que dichas armas alemanas fabricadas en Irán han sido vendidas ya a Arabia Saudita, a Pakistán y a otros países. Es decir, explica, “a países con una comprensión problemática de lo que significan los derechos humanos”. Con esto se fundamenta un peligro inimaginable que puede provocar la reexportación de armas a terceros países, sin control alguno.

Pienso mientras vuelo sobre el océano en viaje de regreso: cómo Alemania, que en un cuarto de siglo tuvo dos guerras, que perdió a millones de jóvenes en los frentes, que vio caer a miles de mujeres y niños en los bombardeos a sus ciudades, puede ganar dinero al vender armas o dar licencias por ellas. ¿No ha aprendido nada? ¿No respeta ni siquiera a sus muertos? ¿Cómo un gobierno de coalición demócrata-cristiana y socialdemócrata usa esos términos: democracia, cristianismo y socialismo para luego ganar divisas vendiendo armas a los pueblos del Tercer Mundo? Los diarios titularon: “Armas alemanas en Darfur”. El título lo dice todo: ganar dinero con la muerte en el país más pobre de la Tierra.

Cuando llego a Buenos Aires leo la masacre que el estudiante Tim Kretschmer cometió en Winnenden. Dieciséis personas muertas a tiro limpio. Su padre tenía dieciséis armas de fuego en su casa. Su gobierno vende armas soslayando el Criterio 7 del código de conducta de los Estados europeos referido el peligro de “la incontrolable reexportación de armas a terceros países”. El adolescente aprendió lo que permite su sociedad.

Pero el viaje fue acompañado por otra información que ya llegó a demostrarme lo que es la obscenidad del mundo que nos toca vivir: el remate en Nueva York de las sandalias, los anteojitos y una taza con plato del mahatma Gandhi, que fue comprado nada menos que por un multimillonario de Baandalore, la India, por 1,8 millón de dólares. Esas humildes pertenencias del hombre de la paz y el voto de pobreza se vendieron por millones y millones de dólares. Y el que los compró es nada menos que el rey de la superficialidad. Se llama Vijay Mallya y le gusta llamarse el “rey del placer”. A él le pertenece al más grande negocio de licores, la productora de cerveza Kingfisher, una empresa aérea y el stud de coches de carrera de Fórmula 1 Force India. Posee el yate más grande de todos los millonarios, que se llama “Indian Express”, donde le gusta fotografiarse con jóvenes bellas de todos los países. Bueno, basta. El compró la humildísima herencia del mahatma Gandhi. Claro, por supuesto, dijo que iba a donar esos efectos a un museo de su país. Pero esto no vale para explicar la máxima humillación hacia ese hombre que todos amamos en nuestra adolescencia: mahatma Gandhi, el ejemplo inmortal de la bondad y el renunciamiento a todo lujo. La obscenidad, la banalidad de un mundo que compra y vende todo. Mahatma Gandhi, Vijay Mallys. El multimillonario compra las sandalias de Gandhi. Roberto Arlt hubiera escrito un libro genial con este tema.

Llego a Buenos Aires y me vienen ecos de lo que había ocurrido en El Bolsón, una de esas regiones patagónicas que viví en mi juventud y que siento como si siguieran esperándome. A algunos kilómetros de allí me tocó, hace ya medio siglo, defender como periodista a un plantador de nogales que había sido atacado por los representantes de los latifundistas de la región, apoyados por la policía local, que destrozaron todos sus plantíos y lo pusieron preso. Por defenderlo, en mi periódico La Chispa, fui expulsado de esa región, donde yo vivía con mi mujer y mis cuatro hijos, por la Gendarmería nacional acusado de que yo conspiraba contra la seguridad.

Ahora había ocurrido algo parecido. Pese a que había pasado tanto tiempo de mi experiencia, volví a sentir la misma tristeza e impotencia. Siempre ganan los así llamados dueños. Recibí la información de Radio Nacional de Bariloche por su periodista, Leonardo Jalil. Y esto fue corroborado por la delegación Río Negro del Instituto Nacional contra la Discriminación y la Xenofobia, el INADI. Donde se señala que entidades ambientalistas, vecinales y sociales de Bariloche organizaron una marcha hacia la entrada de la estancia Lago Escondido para reclamar el libre acceso a las costas públicas de ríos y lagos de la Patagonia y contra la extranjerización de la tierra. Esa estancia es propiedad del acaudalado inglés Joe Lewis. Pero la caravana de vecinos, absolutamente pacífica, fue detenida unos kilómetros antes de llegar al lugar y expulsada violentamente por un grupo integrado por el intendente de El Bolsón, del Partido Provincial Rionegrino, por el administrador de la estancia Lago Escondido, Nicholas van Ditmar (que a su vez es un poderoso empresario de negocios inmobiliarios), por el concejal Miguel Angel Gotta y unas cien personas autodenominadas “Amigos de Joe Lewis”, armadas con palos. El INADI los calificó como “una banda parapolicial”. La situación fue muy violenta, ya que los autotitulados defensores de Lewis propinaron trompadas, empujones, palazos y amenazas de muerte a la gente, sin compadecerse de los niños y mujeres. Al periodista de Radio Nacional le arrebataron la cámara fotográfica y le abollaron el auto, al que trataron de volcar a pesar de que había niños adentro. A otro periodista le pegaron una trompada en el estómago cuando trataba de entrevistar al intendente Romera. La violencia fue en aumento mientras la policía de Río Negro establecía una especie de “zona liberada” y permitía que los vecinos fueran atacados con palos por los civiles, sin intervenir. Los atacantes llevaban carteles que decían “Gracias Joe”. La vocera de la estancia Lago Argentino, Dalila Pinacho, en un comunicado le echó la culpa a Pino Solanas, a la CTA de Neuquén y a Radio Nacional Bariloche como “autores ideológicos” de la manifestación de vecinos.

El grupo defensor del medio ambiente y de la libertad de acceso a ríos y lagos debió volver, golpeado y amenazado, a Bariloche. Un caso más en que la razón la tienen los dueños de la tierra y no aquellos que sostienen los derechos indiscutibles del acceso al paisaje y del cuidado de la naturaleza. Esperemos que la Justicia esta vez intervenga para defender los derechos de los argentinos a su tierra.

Pero mi regreso a la Argentina me deparó también un buen momento. Me fue entregado el libro Baldosas por la Memoria, obra de los Barrios por la Memoria y Justicia, editada por el Instituto Espacio para la Memoria. Sí, baldosas. Los representantes de los barrios ponen baldosas en los veredas de las casas donde nacieron, vivieron, estudiaron o fueron secuestrados los miles de jóvenes desaparecidos durante la dictadura militar. Allí, en baldosas, se ponen sus nombres y la fecha de su desaparición. Estarán presentes para siempre. Nadie podrá pasar por allí sin detenerse y pensar sobre el ideal de esos jóvenes y sus sueños. El libro consta del listado de los desaparecidos, barrio por barrio, sus biografías y sus retratos. Me detengo ante el retrato de Silvio Frondizi, profesor universitario y defensor de presos políticos, que fue secuestrado hace 32 años por las Tres A en el barrio de Almagro y luego asesinado en Ezeiza junto a su yerno Luis Angel Mendiburu. Un año y medio después de su asesinato, la dictadura militar ordenó allanar el domicilio de Silvio y destruir su biblioteca. Así comenzó la muerte a rondar por las calles de Buenos Aires. Al colocar la baldosa en Almagro, un vecino dijo: “Los vecinos de Almagro deseamos cambiar el sentido de las marcas de la muerte por las huellas de los pasos de la vida”.

Desde la última página del libro nos mira Eduardo Adolfo Tejedor, maestro de la escuela primaria de Cabrera 3482. También era trabajador social. Tenía 27 años y era amante de la música clásica, la pintura y, señalan los testigos, tenía una “pluma envidiable”. Pero su mayor deseo era practicar el oficio de “enseñar-aprender”. Fue secuestrado el 3 de mayo de 1978 por una partida del ejército y, desde entonces, está desaparecido.

Cierro el libro. En contratapa avanza una manifestación que lleva adelante un cartel: “Coordinadora Barrios por la Memoria y la Justicia”. Un libro, igual que las baldosas, para iniciar una senda hacia el camino a una sociedad de la dignidad. Para lograrlo, la memoria, el no olvidar. La baldosa.


Permalink:http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-121494-2009-03-14.html
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INFORME DE LA SEXTA VISITA A COLOMBIA DE LA COMISION ETICA -“Las voces de los silenciados serán escuchadas”

INFORME DE LA SEXTA VISITA A COLOMBIA DE LA COMISION ETICA

“Las voces de los silenciados serán escuchadas”

Entre el 24 de febrero y el 11 de marzo del 2009, la Comisión Ética ha realizado la sexta visita a diferentes zonas de Colombia. La Comisión Ética es una iniciativa para salvaguardar la memoria colectiva de las victimas de Crímenes de Estado y acompañar procesos de dignificación de los campesinos e indígenas.

En esta ocasión han participado los siguientes comisionados: Mirta Acuña de Baravalle, Madre de la Plaza de Mayo Línea Fundadora; Eduardo Nachmann, miembro de H.I.J.O.S (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) de Argentina; Pilar Sánchez González y Andrés Redondo Novillo, de la Comunidad de Santo Tomas de Aquino, España; Gilberto López y Rivas, profesor investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México y Lorenzo Loncon Belmar, por el Pueblo Nación Mapuche Argentina/Chile.

Las actividades en las que han participado han sido las siguientes:

- Acompañamiento al pueblo indígena Embera y a los pueblos Afrodescendientes de la cuenca del río Jiguamiandó en la Primera Consulta de los Pueblos realizada en Colombia entre el 25 y 28 de febrero del 2009. Ha sido un proceso de dignificación y afirmación del derecho a la verdad de estos pueblos afectados por la exploración inconsulta del Cerro Usa-Kirandarra en el Chocó.

- Acompañamiento a los familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales conocidas como “Falsos Positivos” que se reunieron en Bogotá entre el 5 y 6 de marzo. El 6 de marzo acompañaron las acciones de dignificación y censura pública convocadas por el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, en rechazo y objeción a las ejecuciones extrajudiciales.

- Entre el 7 y el 10 de marzo se trasladaron a los departamentos de Sucre y Putumayo. En Sucre: acompañaron a las familias que se encuentran en proceso de retorno a la Finca “La Alemania”; visitaron a Carmelo Agamez, Miembro del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado en Sucre, detenido injustamente el pasado 15 de noviembre, acusado falsamente por concierto para delinquir con estructuras paramilitares; y en Tolú Viejo, se encontraron con los familiares de 11 jóvenes desaparecidos y posteriormente ejecutados extrajudicialmente por el ejército, quien los presentó como guerrilleros muertos en combate.

En Putumayo: acompañaron la iniciativa de crear un Campo Santo para las victimas de desaparición forzada que están en una fosa clandestina, aportando con ello a su dignificación. Tomaron testimonios a diferentes comunidades y acompañaron para la visibilización de una Zona de Biodiversidad en medio de siembras ilegales de palma aceitera.

- El 11 de marzo participaron en una rueda de prensa para mostrar a la sociedad nacional e internacional los datos encontrados y los testimonios recogidos.

A continuación se señala el desarrollo de cada una de estas actividades



I- La primera Consulta de los pueblos celebrada en Colombia

Esta consulta de los pueblos fue realizada por las comunidades de los pueblos indígenas Embera y Afrodescendientes, para afirmar su derecho a opinar sobre la explotación del Cerro Care Perro, que pretende hacer la multinacional Muniel Mining Corporation Riotinto.

Se celebró en Coderocito el 25 de febrero por el pueblo Embera y en Pueblo Nuevo (Jiguamiando) el 28 de febrero de 2009 por las comunidades afrodescendientes de Jiguamiandó. Tres miembros de la CE, Lorenzo Loncon, Andrés Redondo y Pilar Sánchez acompañaron a los pueblos Embera y Afrodescendientes en este proceso de afirmación de la verdad y defensa de su territorio.

Las comunidades que participaron en Coredocito fueron las de Turriquitadó Llano, Isla, Guagua, Coredó, Chibugadó, Alto Guayabal, Nuevo Cañaveral, Chageradó, Bachidubi, Urada, Turriquitadó Alto y Ñarangué y el Pueblo Afrodescendiente de los caseríos de Murindó Viejo, Bartolo, Mejor Esperanza, Canal y Legiada.

Esta consulta es la culminación de un proceso en el que las comunidades fueron informadas del contenido de la consulta y han podido participar en debates previos para aclarar sus interrogantes.

Resaltamos de manera especial el papel protagonista de las mujeres en la defensa de su territorio, así como su decida voluntad de continuar exigiendo sus derechos.

La consulta tuvo lugar con objeto de que la comunidad expresara su decisión sobre la eventual explotación corporativa del Cerro Care Perro, que el pueblo Embera considera sagrado por descansar tanto los espíritus malos y buenos, ser la fuente reproductora de su medicina tradicional y fuente acuífera.

En la consulta participaron todos los hombres y las mujeres, incluyendo niños y niñas desde los 10 años, con el argumento de que ese era el territorio de las futuras generaciones, por lo que ellos debían ser protagonistas de la defensa de sus territorio.

El resultado fue unánime en contra de la exploración y explotación del territorio indígena por las corporaciones mineras, desautorizando cualquier otra decisión que sea contraria al resultado de esta consulta.

También la Comisión estuvo presente en la consulta a las comunidades afro descendientes el 28 de febrero en Pueblo Nuevo de las comunidades de la cuenca Jiuamiando, Pueblo Nuevo, Nueva Esperanza, Caño Seco, Bella Flor Remacho; Puerto Lleras, Urada y El Hobo .

El sistema de votación había sido elegido en Asamblea Comunitaria General de acuerdo a los Usos y Costumbres, donde votaron igualmente los niños y en donde pudimos observar el alto grado de información con que contaban todos los habitantes de esa cuenca.

También, en este caso, la votación fue abrumadoramente por el no a la mina a cielo abierto.

La Comisión apoya los argumentos de los pueblos y las comunidades indígenas sobre la necesidad de mantener las aguas puras para todas las formas de vida, lo cual se vuelve parte fundamental del derecho ancestral, y de no profanar un lugar que esta protegido por leyes nacionales e internacionales.

Cabe señalar que Colombia, aunque no firmó la Declaración Internacional de los Pueblos Indígenas, si lo hizo con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que obliga a los Estados a la consulta de los pueblos indígenas sobre cualquier proyecto o acción exterior que pueda violentar su autonomía, su integridad territorial y sus instituciones sociales, culturales y creencias religiosas y cosmogonías.

Asimismo, cabe señalar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor del pueblo indígena de Surinam, por lo que este fallo tiene carácter vinculatorio en toda América Latina. También, el 18 de octubre de 2007, el Tribunal Supremo de Belice dictó sentencia sobre la demanda numero 171/172 de los pueblos mayas de Santa Cruz y Conejo contra el Fiscal General de Belice y del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, confirmando los derechos de los mayas a sus tierras, territorios y recursos ancestrales en ellos contenidos. En este caso, el Juez citó en su argumentación la Declaración de Naciones Unidas en materia de pueblos indígenas e hizo un llamamiento al gobierno de Belice para que aplicara esta Declaración, ya que voto a favor de su adopción.

II- Acompañamiento a los familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el Encuentro que tuvo lugar en Bogotá el 5 y 6 de marzo

La Comisión Ética se hizo presente en el “Encuentro de familiares de victimas de ejecuciones extrajudiciales en Colombia”, que tuvo lugar durante los días 5 y 6 de marzo, escuchando múltiples testimonios de los familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales mal llamados “falsos positivos”, así como contextos y análisis de organizaciones que acompañan este proceso desde el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado. Cabe señalar que se encontraban presentes numerosos familiares provenientes de las diferentes regiones del país, por lo que se presentó un panorama altamente representativo de una situación nacional.

De estas reuniones, así como de las actividades de protesta pública y presentación de una denuncia ante la Fiscalía, podemos concluir lo siguiente:

1.- En todas las regiones del país se han cometido cientos de asesinatos que conforman el patrón de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, ambos delitos considerados crímenes de lesa humanidad, cometidos por el Estado, principalmente por miembros de las fuerzas armadas colombianas y llevados a cabo de manera sistemática y generalizada.

2.- Esta grave violación por agentes del Estado se origina con anterioridad y tiene su exponencial desarrollo durante los mandatos del presidente Álvaro Uribe Vélez, en la aplicación de la llamada política de “seguridad democrática” y a partir de la aplicación del Plan Colombia, por lo que las víctimas son presentadas como “bajas dadas en combate”, para cobrar las recompensas económicas, reconocimientos y ascensos que el propio Comandante General de las Fuerzas Militares ofrece de manera reiterada. Esta práctica aberrante se ofrece como “resultados” de la guerra contrainsurgente para justificar los apoyos obtenidos por la vía del Plan Colombia. Estas conductas son violatorias del derecho penal colombiano y del Protocolo adicional II a los cuatro Convenios de Ginebra y el artículo 3, común a éstos y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y, en especial, la Convención Americana de Derechos Humanos.

3.- Las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales siguen un patrón definido: hombres jóvenes de no más de 35 años, pertenecientes a los sectores populares y más excluidos, con una presencia importante de jóvenes campesinos o de áreas suburbanas y urbanas que se consideran “prescindibles”. En ese patrón se incluyen, discapacitados o jóvenes que son considerados potenciales o reales opositores al régimen, por lo que encontramos elementos para calificar estos crímenes de lesa humanidad como una política de “limpieza social”, sólo comparable con los execrables regímenes fascistas que prevalecieron en el siglo pasado. Podemos afirmar, sin retórica alguna e impactados por las dimensiones de la tragedia del pueblo colombiano, que el gobierno del Sr. Uribe ha hecho del crimen de Estado, su política de Estado

4.- La impunidad es una característica común de estos crímenes de Estado, en los que sus perpetradores no son investigados ni mucho menos juzgados y sancionados. Las autoridades colombianas de los tres poderes y los organismos de control estatal como la procuraduría y aun organismos que supuestamente defienden y preservan los derechos humanos, han actuado por omisión o comisión como cómplices de los mismos, y los medios masivos de comunicación, en su gran mayoría, se hacen eco de las versiones oficialistas sobre los hechos denunciados, cuando no ocultan o encubren totalmente estos crimenes y, principalmente, la responsabilidad del Estado.

5.- Es sorprendente el valor de los familiares de las víctimas que salieron a la calle, acompañados por sectores de la sociedad civil y con la observación de la Comisión Ética, a manifestar su profunda indignación frente al Ministerio de Defensa y la Fiscalía, todo ello pese a las amenazas y los reales peligros que corren en un país donde no existe el estado de derecho y las instituciones están al servicio del terrorismo de Estado.

6.- La Comisión Ética se suma a la exigencia del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado para que la investigación por las ejecuciones extrajudiciales llamado con el eufemismo “Falsos positivos”, se conforme un equipo especial dentro de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía en Bogotá, para evitar eventuales interferencias que dado el estatus e influencia de los investigados en los lugares donde ocurrieron los hechos, puedan afectar la imparcialidad de las diligencias.

III- Visita al Departamento de Sucre

El día 7 de marzo del 2009 se trasladan los comisionados Pilar Sánchez, Lorenzo Loncon y Eduardo Nachman al departamento de Sucre; tercera visita de la C. E. a este departamento, luego de las ocurridas en febrero de 2007 y noviembre de 2008.

Se realizaron las siguientes actividades y reuniones.

1. Viaje a la finca Alemania, situada a algunos kilómetros de San Onofre, de la subregión Montes de María. Desde 1997, cincuenta y dos familias constituyeron la Empresa Comunitaria Alemania, de 552 hectáreas, como propiedad colectiva regulada por la ley 160 de la Reforma Agraria.

Los campesinos manifiestan que a partir del 30 de marzo de 2000 y hasta el 2005, el grupo paramilitar “Héroes de los Montes de María” escoge la finca como campamento y residencia permanente del comandante de la zona, Rodrigo Mercado Pelufo, alias “Cadena”. Testimonian sobre asesinatos, torturas, desapariciones, imposibilidad de salir del predio, reteniéndolos como rehenes y como mano de obra esclava. Nueve socios fueron asesinados y dos desaparecidos forzadamente. Además, cuentan las pérdidas materiales, destrucción de casas, robos de cultivos y ganado, herramientas e infraestructura de trabajo. Como consecuencia de estos hechos se fue dando un desplazamiento masivo, según podían irse escapando.

En el 2007, solicitan acompañamiento al MOVICE para retornar a sus tierras después de ocho años. Algunos han logrado ese retorno, superando dificultades económicas, a pesar del miedo reinante, otros están en ese proceso. Desde el 2008, se suceden frecuentes amenazas a Rogelio Martínez, representante de la cooperativa y miembro del MOVICE.

Se señala que minutos antes del arribo de esta Comisión, se produce la llegada de dos personas no uniformadas, en motocicleta y sin placa identificadora, con sendos cascos con diferentes números, que se identifican como miembros de la Policía Nacional, haciéndose presentes, a pedido de la Procuraduría Regional, para brindar protección a Rogelio Martínez de las amenazas producidas por el grupo armado las Águilas Negras, requiriendo información sobre nivel de riesgo. (SE PUEDEN ADJUNTAR FOTOGRAFIAS) Frente a este procedimiento pleno de irregularidades la Comisión manifestó a estos señores la necesidad de actuar con el debido procedimiento, aviso previo, etc.

2. La C. E. arriba al municipio de Toluviejo para entrevistarse con familiares de los once jóvenes, victimas de la masacre ocurrida entre julio y agosto de 2007. Estos muchachos fueron “contratados” para trabajar en una finca por una remuneración significativa. El enlace con los supuestos patrones es Robinson Eustaquio Barbosa Almansa, realizando los traslados en diferentes fechas y grupos.

Todos estos casos fueron reportados como “dados de baja” por la Brigada 11 de Monteria y por la Fuerza de Tarea conjunta del Caribe. Diez de los cuerpos fueron enterrados como “NN” (no name o sin nombre), a pesar de que algunos poseían identificación y se habían hecho las denuncias por los familiares ante diferentes instancias policiales y militares. Uno de los jóvenes permanece desaparecido.

Cabe la referencia que la reunión contó con la presencia de la Personera y de la Inspectora del Municipio, quien ha dificultado la libre expresión de los familiares por falta de confianza debido a sus actuaciones.
Los sentimientos de dolor, miedo, desconfianza… aparecieron de diferentes modos a lo largo del encuentro.

Se señala la llegada de dos policías uniformados requiriendo ubicación de los familiares a quienes deben proteger, que se suma al antecedente inmediato de otros dos policías preguntando indebidamente a familiares sobre la reunión en Bogotá del MOVICE, celebrado en días anteriores.

3. La C. E. visita en la cárcel al defensor de derechos humanos Carmelo Agamez, integrante del Movimiento de Victimas de Estado y secretario técnico del Capitulo Sucre.

Según se señala, fue detenido injustamente el 15 de noviembre, con la acusación de delinquir con grupos paramilitares; tema que raya en lo irrisorio ya que Carmelo ha dedicado gran parte de su vida a denunciar los crímenes y atropellos de estos grupos con la población vulnerable. Se pudo apreciar en su rostro el peso y efecto de sufrir tan injusta situación.

De estos encuentros y de los testimonios recibidos queremos hacer notar lo siguiente:

1.- Se observa un recrudecimiento del paramilitarismo y de acciones criminales por parte del ejército, así como la impunidad del Estado ante tales actuaciones.
Al ser estos crímenes, desapariciones y amenazas tan consistentes, generalizadas y dirigidas a grupos vulnerables y defensores de derechos humanos hace pensar en un plan sistemático de las estructuras del Estado dirigido a crear el terror, lograr mostrar “falsos positivos” para conseguir recompensas y destruir el tejido social que se va creando para salir de tanta impunidad.

Del encuentro con los familiares de las víctimas se confirma el patrón de las ejecuciones extrajudiciales- mal llamadas “falsos positivos”- en el departamento de Sucre. Se atrae a los jóvenes ofreciéndoles trabajo en otro lugar, y a las pocas horas de su marcha se les asesina y se les viste con prendas de la guerrilla, colocándoles un arma en sus manos.
Del mismo modo, las amenazas, el hostigamiento y los asesinatos a los campesinos sigue manteniendo el clima de miedo, que impide en muchos casos el retorno a sus tierras.

2.- Se hace constar, por el testimonio de los familiares de las victimas, del reclutamiento forzado de jóvenes en edad militar por parte del ejército colombiano, que les obliga a presentar su cedula y libreta militar; de no tener los documentos, se procede a la detención inmediata de la persona para su traslado a la base militar cercana y su reclutamiento forzado. Esto mantiene aterrorizada a la juventud y a sus familias.

3.- La base de las economías campesinas está gravemente amenazada por la perspectiva de proyectos agroindustriales y de explotación minera en los Montes de María. Los medios que van haciendo posible estos macroproyectos es el despojo de las tierras a los campesinos, el clima de miedo creado y la presión a que se les somete para que vendan sus tierras a bajo precio.

4.- Tanto sufrimiento continuado por parte de esta población vulnerable, trae consigo un desmoronamiento de la persona, que en muchos casos va generando complicaciones psicológicas graves; y al mismo tiempo una destrucción del tejido social y de los valores propios de las comunidades campesinas.

5.- Merece la pena destacar el trabajo importante y esforzado que hace el Movimiento de Víctimas de Estado, y la Comisión Íntereclesial de Justicia y Paz en su trabajo de acompañamiento a las víctimas, denuncias de violación de los derechos humanos, formación y capacitación y asesoramiento en el ámbito jurídico.

IV- Visita al Departamento de Putumayo

Los comisionados Mirta Acuña de Baravalle, Andrés Redondo Novillo y Gilberto López y Rivas se trasladaron el día siete de marzo del 2009 al departamento de Putumayo, Colombia, arribando por la mañana a Puerto Asís. Esta es la segunda visita de la C. E. a este departamento, después de la llevada a cabo en noviembre del 2008.

Se realizaron las siguientes actividades y reuniones.

1. Viaje a la vereda (caserío) San Isidro, del Municipio Valle del Guamuez.
En este lugar nos reunimos con representantes de Asociación campesina para el desarrollo integral del Sur de Putumayo - ACADISP (seccionales de Puerto Asís, San Isidro, grupos de mujeres y jóvenes; autoridades diversas del pueblo Nasa, representantes de comunidades de la Perla Amazónica y otras victimas y familiares de ejecuciones extrajudiciales de la región, realizando conjuntamente con ellos las siguientes actividades:
En la mañana del día 8 de marzo se efectuó en el monumento de la comunidad construido en la visita de la Comisión Ética de noviembre, un homenaje a sus líderes asesinados: Calixto Cueltan, Eugenio y Julio, Padre Alcides Giménez. El grupo de jóvenes de ACADISP llevó a cabo una representación teatral que versó en torno a la problemática que los jóvenes enfrentan en su región.

Encabezados por los ancianos de la comunidad y las autoridades indígenas presentes, la comunidad hizo la declaratoria de campo santo a un terreno cercano donde se encuentra una fosa común. Este acto tenía como objetivo la dignificación de las victimas desconocidas y asesinadas por paramilitares y enterrados en esta fosa.
Posteriormente, en declaratoria pública la Comisión Ética, recibió siete testimonios sobre el contexto de San Isidro, Puerto Asís, así como del pueblo Nasa, sobre el control paramilitar y el estado de impunidad que gozan los perpetradores de esas violaciones.
Una vez terminado el acto público, se recibieron seis testimonios privados que cubrieron los requerimientos de ley para la toma de declaraciones (identidad declarantes, identidad entrevistadores, fecha, lugar y hora de la entrevista). Los testimonios están relacionados con ejecuciones extrajudiciales (3), desapariciones forzada (2), una fosa común. Realizamos un reconocimiento de la escuela rural de San Isidro, en la que se observaron las huellas del combate entre los paramilitares y la guerrilla el 21 de junio del 2006. La población civil, incluidos niños, se vieron sometidos a fuego cruzado. La Comisión Ética comprobó los impactos de la metralla en el edificio.
El día 9 de marzo del 2009 la Comisión Ética se trasladó a la vereda Nariño Nariño, municipio de la inspección de Puerto Asís.

En este lugar recibimos testimonios públicos sobre el impacto del Plan Colombia a nivel económico, social, y en lo referente a la violación de los derechos humanos de los habitantes de esta región. Asimismo, la Comisión participó en la declaratoria de una finca como zona de biodiversidad Buena Vista. También, se visitó a una finca previamente declarada Zona de Biodiversidad, reforzando su señalización y visibilización debido a que el ejército había entrado ilegalmente varias veces a esta propiedad para acampar en su interior, perjudicando el entorno ecológico y forestal de la zona.
Por la noche se recibieron cuatro testimonios privados que cubrieron aspectos tales como la problemática de los jóvenes en las escuelas, ejecuciones extrajudiciales (2), asesinatos (2) y los señalamientos de representantes del pueblo Nasa.
Se realizó un recorrido por el cementerio municipal de Puerto Asís, contabilizando las lapidas marcadas como desconocidos que coinciden en su mayor parte con las ejecuciones extrajudiciales.

En esta visita queremos hacer notar lo siguiente:

Una militarización amplia, visible y evidente que se expresa en innumerables retenes, repetidos requerimientos de identificación, impedimento temporal de la movilidad de las personas, sobrevuelos de helicópteros, existencia de cuarteles e instalaciones militares dentro de poblaciones, reclutamiento forzado y expedito, prostitución de niñas y jóvenes, recorridos constantes de las tropas por las carreteras y poblados, presencia militar en la cotidianidad de la población civil (tiendas, casas, fincas, etcétera), todo lo cual afecta la normalidad y la seguridad de las personas y constituye una clara infracción al Derecho Internacional Humanitario. De la observación simple y de numerosos testimonios, podemos inferir, asimismo, la total supeditación y subordinación de las autoridades civiles a las militares y la presencia de los mismos en tareas que corresponden a otros ministerios, tales como salud, seguridad pública, bienestar social, obra pública, etcétera.
Nos consta de manera directa y fehaciente, así como por testimonios recibidos, el reclutamiento forzado y expedito de jóvenes en edad militar por parte del ejército colombiano, que les obliga a presentar su cedula y libreta militar; de no tener los documentos, se procede a la detención inmediata de la persona para su traslado a la base militar cercana y su reclutamiento forzado. Fuimos testigos presenciales el día 7 de marzo, a las 5:30 de la tarde, de las afirmaciones del teniente Rico, del Batallón Especial Vial y Energético Numero 9, acantonado en Orito, que en la estación de policía de El Tigre, municipio Valle del Guamuez, estaban detenidos 13 jóvenes y ya se habían trasladado 11 jóvenes reclutados a la base militar de Orito. Esto es, estamos ante la presencia de una leva que mantiene aterrorizada a la juventud del departamento.

Una de los aspectos más impactantes de la militarización es la actividad determinante de los militares en los centros educativos, los cuales son ocupados con la aquiescencia de las autoridades educativas, para la realización de tareas propias del sector castrense: por ejemplo la judicialización de guerrilleros presos, incluso en presencia de fiscales. En los mismas planteles se llevan a cabo campañas permanentes de propaganda militar bajo el programa “soldado amigo” en las que no permiten expresiones políticas diferentes a las planteadas por los militares y en las que se promueven la señalización de quienes se atreven a tener criticas al programa y/ o sus contenidos.

Esta militarización de la sociedad colombiana se agudiza a partir de la puesta en práctica del Plan Colombia en 1997. En los hechos podemos afirmar que en el departamento rige la manu militare.
Los testimonios recibidos indican que el paramilitarismo persiste. En Puerto Asís todos coinciden en señalar que el grupo paramilitar autodenominado Águilas Negras, se encuentra físicamente ubicado en el interior de la base militar del Batallón Especial Energético y Vial 11 de Santana.
De la visita realizada, se confirma la existencia del patrón de las ejecuciones extrajudiciales --equívocamente llamado falsos positivos-- en el departamento de Putumayo. Los testimonios recibidos indican que a los ejecutados se les coloca armamento y / o prendas de uso de la guerrilla, posterior a su muerte. También se hace referencia a numerosos cadáveres lanzados al río Putumayo, advirtiendo sus ejecutores que quien los recoja, correrá la misma suerte. Esta macabra exposición de las ejecuciones extrajudiciales, según algunos de los y las entrevistados/as ha llegado al grado de que los pobladores, cuando un cadáver encuentra un obstáculo, prefieren empujarlo a la corriente del río.

Económico

La base de las economías indígena y campesina está gravemente amenazada por la instrumentación de proyectos agroindustriales en toda la región, por las fumigaciones de la coca y la erradicación manual forzada que llevan al despojo de las tierras a través de diversos mecanismos tanto económicos como represivos. Un ejemplo de ello lo tenemos en el caso de un conocido terrateniente en el Putumayo, Jaime Osorio, que obliga a los campesinos a la venta de sus tierras, aprovechando su situación de precariedad económica, o a través de las amenazas directas a sus vidas. También la Ley 30 de 1986, permite la expropiación del campesino a quien se le encuentre coca, siendo ésta dejada a propósito por los erradicadores manuales en los terrenos para justificar de ese modo la expropiación.

Pueblos Indígenas

Además de ser víctimas de las ejecuciones extrajudiciales, los territorios de los pueblos indígenas son ocupados por varios actores armados, en especial el ejército y los paramilitares, ocasionando con ello desplazamientos forzados de poblaciones enteras, afectando la base material de su reproducción y su cosmogonía y violando con todo ello el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), firmado y ratificado por Colombia, así como diversas declaraciones y jurisprudencias del derecho internacional. La presencia y la acción permanente de corporaciones transnacionales, apoyadas por el ejército, afectan también la autonomía y la vida de las poblaciones indígenas.

Resistencias

A pesar de esta situación dramática en los ámbitos político y económico, entre los campesinos e indígenas hay formas de resistencia. Existe una organización que ha sufrido la represión y muerte de sus líderes, ACADISC, que aglutina y organiza a los campesinos, favoreciendo proyectos productivos y sociales.
Ante el abrumador número de ejecuciones extrajudiciales no reclamados por sus familiares a causa del dominio del terror que impera en el departamento tratan de dar respuestas de dignificación y afirmación del derecho a la vida; de esta manera asistimos a un acto simbólico de declaración de una fosa común como camposanto.

La religiosidad del pueblo es un medio de recuperación de su identidad y les da fortaleza para poder mantener su resistencia.
Otra forma de resistencia ante la amenaza de despojo de las tierras es la declaración de Zonas de biodiversidad. Algunos campesinos ante la alternativa de tener que vender o dedicar sus tierras a las agroindustrias y desde el convencimiento de que hay que priorizar la soberanía alimentaria y la agricultura tradicional respetuosa con la tierra y preservadora del medioambiente, han optado por esa alternativa. Pudimos comprobar la belleza y exuberancia de una zona de biodiversidad y la ilusión de los campesinos, y no podemos dejar de imaginarnos ese territorio cubierto de palma y tratado con toda clase de productos químicos que dejarán la tierra exhausta en unos años.
Daños psicológicos

Hemos podido comprobar el daño psicológico y moral de los familiares de las victimas que no han podido recuperarse y que sufren las secuelas del terror que se ha cebado en sus familias. Sufren trastornos ocasionados por el trauma: desconfianza, terror, temor a recordar, culpabilidad, etcétera, que hacen difícil la recuperación de la memoria y la aceptación de una realidad, sin que se sientan aplastados y desesperanzados. Los acompañamientos que brindan la Comisión Íntereclesial de Justicia y Paz y las Hermanas de la Inmaculada favorecen el clima para que pueda darse lentamente la recuperación. No lo facilita el largo papeleo y la frialdad que conlleva lo que les exige la Fiscalía para denunciar su condición de víctimas, además de la desconfianza que les inspiran las instituciones que ven sometidas al aparato militar que les está oprimiendo. Es difícil una total recuperación mientras continúen las condiciones descritas anteriormente en las que no está asegurada ni la vida, ni su tierra , ni su casa.
1er video.Comision Etica condena al estado Colombiano por Ejecuciones Extra - Judiciales
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3er video.Ivan cepeda dia 1 encuentro nacional de victimas de ejecuciones extrajudiciales

4To video.Pablo Cala de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz dia 1 encuentro nacional de victimas de ejecuciones extrajudiciales.
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