miércoles, 3 de diciembre de 2008

Emplazan a Piñera y Espina por vuelco en caso correos FARC - 03-12-08




Miércoles 3 de diciembre de 2008 16:30

/ Lanacion.cl

Emplazan a Piñera y Espina por vuelco en caso correos FARC


Tras declaración de policía a cargo del peritaje de correos del computador de Raúl Reyes, que descartó existencia de correos, el PC exigió “excusas” a los personeros RN y La Moneda recordó que hay que actuar con “responsabilidad”.

El capitán colombiano Ronald Hayden Coy Ortiz, a cargo del peritaje de las computadoras del abatido jefe FARC Raúl Reyes, reveló que no se encontraron correos electrónicos en las máquinas, con lo que se produjo un giro en el caso.

La declaración judicial del funcionario de la Policía científica colombiana sepulta la denuncia de los dirigentes RN, el presidenciable Sebastián Piñera y el senador Alberto Espina, quienes a partir de una filtración desde el círculo del Presidente Alvaro Uribe, acusaron una presunta conexión del líder guerrillero con chilenos.

Por ello, este vuelco no pasó inadvertido en el Palacio de La Moneda, donde en su momento el escándalo gatilló la renuncia del periodista Hugo Guzmán, supuestamente mencionado en un mail de Raúl Reyes. También hubo reacción en el Partido Comunista, colectividad que se vio “criminalizada” -según sus dirigentes- por la aparición de algunos de sus militantes en fotografías en un campamento FARC.

Desde el PC se emplazó directamente a los dirigentes RN: “¿Qué dicen hoy el señor Piñera y el señor Espina respecto a haber sido instrumentalizados por este montaje burdo que hoy día se cae por su propio peso?”, espetó Jorge Insunza, integrante de la Comisión Política del PC.

De ahí que llamara a los personeros de oposición a “presentar al país sus excusas y dar pasos que permitan paliar los daños que provocaron”.



Valeska López, militante de las JJCC que aparece en una fotografía con el líder de las FARC, también cuestionó la actuación de Piñera y Espina: “Yo creo que son personas adultas y, lo que hacen, lo hacen con conocimiento de causa y con algún objetivo en particular, y que en este caso considero que tiene que ver con criminalizar a nivel latinoamericano y chileno los movimientos sociales”, dijo.

HARBOE

En Palacio, el subsecretario Felipe Harboe si bien dijo no conocer los detalles los últimos avances del caso, reiteró la política de la “responsabilidad” con que deben operar los actores en estas situaciones.

"En materias de seguridad no sólo hay que creer que hay alguien que sepa, hay que saber de verdad, y las operaciones que montan desde otros lugares hay que estar atentos, y en este país somos personas responsables, que actuamos de conformidad a los hechos y no a lo que creemos”, dijo en alusión al comportamiento de la dupla RN.

Recordó asimismo que el origen de la filtración, el general Mario Montoya, "habría sido destituido de su cargo por imputaciones muy complejas en materia de derechos humanos, y eso es una situación muy compleja y esperamos que no traiga repercusiones mayores".

Respecto al caso de Guzmán, precisó que “se cometió una injusticia, poner el nombre de un profesional de las comunicaciones en tela de juicio por un supuesto correo electrónico en donde una tercera persona hablaba que lo conocía, me parece extremadamente grave. Lo dije públicamente y lo sigo sosteniendo, los enjuiciamientos públicos en este país no pueden tener lugar”.


LA VERSIÓN DE BOGOTÁ

Pese a que la versión del capitán encargado del informe de los computadores es de carácter judicial, en el gobierno colombiano llamaron a esperar el fin de las pesquisas.

Es más, el ministro de Defensa Juan Manuel Santos aseguró que esta versión que desvirtúa los correos FARC es parte de una “guerra política”: “Los amigos de las Farc sienten que la justicia está a punto de alcanzarlos y por eso tratan de quitarle méritos a la información encontrada en los computadores”, dijo la autoridad del gobierno de Uribe.

http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20081203/pags/20081203164910.html
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El mundo minero la considera innecesaria Ley de protección de los glaciares en el freezer 03-12-08



El calor provoca que la Antártida pueda partirse en dos


Lunes, 01 diciembre a las 15:59:25


InSurGente.- Nuevas fisuras se han registrado en la placa de hielo Wilkins. Este hecho puede conducir a la apertura del istmo de hielo que hasta ahora ha evitado que la placa se desgaje de la península antártica. Ese puente de hielo conecta la placa Wilkins con dos islas, Charcot y Latady. Una imagen obtenida por el satélite Envisat el 26 de noviembre, nuevas fisuras (en diferentes colores, en la imagen), se han formado al este de la isla Latady y parecen estar moviéndose en dirección norte, informa la Agencia Europea del Espacio (ESA, en sus siglas inglesas). Agencias/ insurgente.-Angelika Humbert, del Instituto de Geofísica de la Universidad de Münster y Matthias Braun del Centro de Sensores Remotos de la Universidad de Bonn, ambas en Alemania, han localizado durante sus actividades diarias de seguimiento, nuevas fisuras en la capa de hielo."Estas fisuras, que se suman a las que ya existían previamente (en azul en la imagen), amenazan con romper un trozo de hielo que podría causar que el puente pierda su estabilidad y se quiebre", explica Humbert. "Estos cambios recientes están pasando más despacio y más constantemente que los eventos vistos a principios de este año"En febrero de 2008 un área de unos 400 kilómetros cuadrados se desgajó de la placa de hielo, estrechando el puente de hielo hasta una banda de seis kilómetros. A finales de mayo de 2008, un área de unos 160 kilómetros cuadrados se reompió, y dejó el puente en 2,7 kilómetros. Entre mayo y el 9 de julio de 2008, la placa de hielo sufrió más pérdidas: unos 1.350 kilómetros cuadrados.La placa Wilkins, una amplia meseta de hielo flotante al sur de Latinoamérica, en la Península Antártica, ha sido estable durante la mayor parte del último siglo antes de que empezar a retirarse en los años noventa. La península ha experimentado un calentamiento extraordinario en los últimos 50 años: 2,5 grados centígrados.





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03 de Diciembre de 2008

El mundo minero la considera innecesaria




Ley de protección de los glaciares en el freezer






En las próximas semanas el Consejo de Ministros de la Conama votará la Política Nacional de Glaciares impulsada por el Ejecutivo y que cuenta con la venia de la minería. Opción que según la Conama se habría tomado por ser más "expedita y sencilla". Punto de vista que no comparte el director de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Luis Schmidt, que junto a otros actores, quedó con la sensación de que el lobby minero tuvo más peso.

Por Claudia Urquieta

A mediados de agosto se cerró el plazo para que la ciudadanía emitiera sus observaciones a la propuesta liderada por la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama) que crea la Política Nacional de Glaciares. Ese mismo mes, estuvo lista la versión final, que será votada antes de fin de año por el Consejo de Ministros de la institución.

Esta fue la vía por la que apostó el Gobierno. Y la prefirió a regular el tema a través de una ley, porque, según fuentes de la Conama, "instaurar una política es una fórmula más fácil de ejecutar, más expedita y administrativamente más sencilla". Principalmente porque este es un "Parlamento difícil" y el tema requería una pronta solución.

No es raro entonces que la opción legal esté congelada: los dos proyectos de ley que pretenden proteger los 1.900 glaciares que hasta el momento se han inventariado en Chile duermen en el Parlamento. Uno de ellos, el "proyecto de ley sobre protección de glaciares" impulsado por Antonio Horvath (RN), fue aprobado en general por el Senado en diciembre de 2006. Pero en enero de 2007 quedó en stand by, ya que el Ejecutivo no lo ha patrocinado.

La iniciativa fue complementada con otra propuesta liderada por la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), el Instituto Geográfico Militar y la ONG Chile Sustentable, a través de Sara Larraín. En 2006 lo presentaron a la Secretaría General de la Presidencia, "pero como pasaba el tiempo y el Gobierno no lo enviaba al Parlamento, decidimos trabajar con Horvath y fundirlo en una sola propuesta", explica Larraín.

La mano minera

El proyecto de ley recorrió un largo camino para sortear enfrentamientos con las mineras. Para ello, hubo diversas reuniones con la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) y con los entonces ministros de Minería, Karen Poniachik, de Agricultura, Álvaro Rojas y de la Secretaría General de la Presidencia, Paulina Veloso.

"Partimos por darle institucionalidad y poder buscar una salida junto con las mineras. Y si bien la Sonami estaba de acuerdo, el Consejo Minero se opuso porque las grandes empresas, como Codelco, se ven afectados, ya que ellos utilizan mucha agua de los glaciares", asegura el director de la SNA, Luis Schmidt, que participó de esos encuentros.

El jefe de la repartición relata que la preocupación por los glaciares nació a raíz del proyecto Pascua Lama, de la canadiense Barrick Gold, que para poder intervenirlos inició una serie de presiones. "Las mineras nos decían que estábamos llevando a que no hubiera desarrollo en el país", declaró a la prensa en mayo de este año.

También se reunió con la Sonami y el Consejo Minero el senador Horvath, que asegura que "llegamos a acuerdos que después desconocieron". De hecho, en mayo el parlamentario envió una carta a la ministra de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, informándole sobre "ciertos acuerdos alcanzados". Inmediatamente, las asociaciones mineras rebatieron la versión, enviando una nueva misiva a la Secretaria de Estado desmintiendo haber alcanzado acuerdos específicos.
En la misiva, señalaban que no consideraban necesario una legislación especial, "por cuanto la actual institucionalidad ambiental establece procedimientos y resguardos suficientes para la protección de los glaciares".

Según el senador, Uriarte "optó por la vía administrativa obedeciendo a prensiones del sector minero. Es muy sensible con el asunto porque Codelco tiene más de 100 hectáreas de glaciares que interviene y porque el trabajo minero futuro está muy relacionado con ello. Por eso el Gobierno no apoya la legislación".
Pero mantiene su postura sobre la necesidad de regular el tema por la vía legal, ya que "la Conama no puede llegar más allá de las medidas administrativas". Schmidt coincide con Horvath, y asegura que "es mejor tener una legislación moderna y adecuada: por eso nos jugamos por ello. Pero no fuimos capaces de convencer al Ejecutivo. Nos faltó más fuerza para poder convencerlos o los mineros lo hicieron mejor".

Los peros a la política de glaciares

Entre las observaciones a la política de glaciares, elaborada por diferentes actores del ámbito público, privado y académico, se encontraban las del geógrafo canadiense de la Universidad de Waterloo, Alexander Brenning. El científico ha realizado varios estudios en Chile sobre los glaciares rocosos (GR)- cuya estructura interna está constituida por una mezcla de hielo roca y sedimentos finos- , entre los que se cuentan dos sobre su destrucción a manos del mundo minero.

El más reciente explica cómo Minera Los Pelambres, del holding Antofagasta Minerals, ha afectado reservorios permanentes de agua fosilizada entre 1,89 y 2,84 millones de metros cúbicos entre 2000 y 2006. Y el anterior, se centra en la destrucción entre 1990 y 2005 de más de 21 millones de metros cúbicos de agua en la cordillera central, debido a trabajos de la División Andina de Codelco y la mina Los Bronces de Angloamerican.

El académico, que está en Chile presentando estos estudios y preparándose para nuevas investigaciones, considera que la política nacional de glaciares "es un paso adelante, pero no soluciona los problemas".

Principalmente porque según Brenning, el documento tiene definiciones imprecisas y es bastante amplio a la hora de interpretarlo.

"En la sustancia el problema es que se parte con definiciones de los glaciares que no son actuales. Es importante no sólo con fines científicos, sino también para definir dónde se aplica la política y dónde no, porque según lo que se define acá, se puede entender por glaciar hasta un cubito de hielo en el freezer".

Además, el texto se refiere a los glaciares como recursos naturales renovables, a pesar de que son formaciones que necesitan miles e incluso millones de años para formarse. Y casi 82 por ciento están en retroceso. Tampoco se hace referencia a su dinámica-constante movimiento- y aunque incluye los glaciares rocosos, no los define.

Por otro lado, al enmarcar las condiciones para poder intervenir un glaciar, el texto indica que "se debe contemplar su manejo adecuado cuando la necesidad específica de la cuenca así lo requiera, como también se contemplarán eventuales intervenciones, si los intereses superiores de la Nación así lo exijan".

Lo que a ojos del geógrafo deja una vara muy amplia a la hora de entender cuáles son los "intereses superiores de la nación", ya que "no veo criterios que los definan". También echa de menos medidas de mitigación.

En todo caso, un avance es que los glaciares serán incluidos como criterio para proyectos o actividades que los involucren, ya que deberán ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Y la modificación al Reglamento del SEIA necesaria para esto fue incluida este lunes en el diario oficial.

La iniciativa también impulsa el trabajo de la Dirección General de Agua (DGA) iniciado este año sobre la implementación de un Registro de Glaciares, lo que será muy útil para clarificar el número y la superficie nacional de glaciares que existen, que se estima llega a 20.188 kilómetros cuadrados.


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DDHH: fisco pagará millonaria indemnización a familiares de víctimas 03-12-08



Miércoles 3 de diciembre de 2008

Por L. Ayala / La Nación

DDHH: fisco pagará millonaria indemnización a familiares de víctimas


La conciliación efectuada en presencia del ministro Nibaldo Segura cierra la causa civil por estos crímenes cometidos durante el régimen militar.

La Corte Suprema aprobó el acuerdo reparatorio al que llegó el Consejo de Defensa del Estado (CDE) -que representa los intereses fiscales- y los familiares de los cuatro profesionales asesinados en septiembre de 1986, en venganza por la muerte de cinco escoltas en el frustrado atentado contra el dictador Augusto Pinochet.
Ayer el máximo tribunal dio a conocer la resolución en la cual el fisco se comprometió a pagar $780 millones por concepto de compensaciones económicas a los parientes del periodista José Carrasco Tapia, el electricista Felipe Rivera Gajardo, el profesor Gastón Vidaurrázaga Manríquez y el publicista Abraham Muskablit Eidelstein, todos ejecutados entre el 8 y 9 de septiembre por la cúpula de la CNI.

La conciliación efectuada en presencia del ministro Nibaldo Segura cierra la causa civil por estos crímenes cometidos durante el régimen militar.

Ahora sólo basta el visto bueno del Ministerio de Hacienda para que los dineros sean entregados a los demandantes, lo que se concretaría en un mes más.

No obstante, aún están pendientes las sentencias definitivas para los responsables de los crímenes, ya que la causa está en la Suprema para fallo.
Por estos hechos, están condenados, Álvaro Corbalán a 18 años de cárcel, Jorge Vargas e Iván Quiroz a 13 años; Pedro Guzmán, Gonzalo Maas, Kranz Bauer, Jorge Jofré y Juan Jonquera a ocho años; Víctor Lara, René Valdovinos, Víctor Muñoz, Eduardo Chávez, Carlos Fachinetti y José Meneses a cinco años de cárcel.


VENGANZA


Esta causa se conoce como el caso Carrasco por el crimen del editor internacional de la revista Análisis: José "Pepe" Carrasco Tapia, quien además en esa época era consejero metropolitano del Colegio de Periodistas.

Por venganza -de la cual fueron víctimas también Muskablit, Vidaurrázaga y Rivera- José Carrasco fue arrastrado desde su casa hasta el muro perimetral del Parque del Recuerdo donde fue acribillado por una ráfaga.
Sólo se salvó el abogado Luis Toro de la Vicaría de la Solidaridad, quien alcanzó a pedir auxilio a sus vecinos cuando la CNI lo quiso secuestrar.



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La historia del torturador que fue incluido como víctima en el Informe Valech 03-12-08


03 de Diciembre de 2008

Pese a testimonios judiciales que lo inculpan

La historia del torturador que fue incluido como víctima en el Informe Valech

El ex detective Arturo Eugenio Garay González fue sindicado por testigos como uno de los torturadores de un grupo similar al Comando Conjunto, que operó en la Base Naval de Talcahuano en 1974. Hoy aparece registrado como víctima de torturas en el Informe sobre Prisión Política y Tortura, y recibe los beneficios correspondientes, entre ellos una pensión mensual.
!LAGOS PROTECTOR DE CRIMINALES DE LESA HUMANIDAD¡


Por Miguel Paz

Arturo Eugenio Garay González, subcomisario retirado de Investigaciones, figura inscrito en el Informe Valech con el número 9.481. Se trata de uno de los 27.255 casos acogidos por la Comisión creada por Ricardo Lagos para determinar quiénes sufrieron privación de libertad y torturas por razones políticas durante la dictadura.

Su caso, sin embargo, tiene una peculiaridad: entre 1974 y 1975 integró un grupo similar al Comando Conjunto, que operó en la Base Naval de Talcahuano y -según consta en diversos testimonios judiciales- participó en la desaparición del ex GAP Rudy Cárcamo, presenció el asesinato del alcalde de Cañete, Elías Jana, y fue reconocido por ex prisioneros de la base naval como uno de sus torturadores.

La historia parte en los primeros meses de 1974, el día en que Garay flanqueó la entrada de la Base Naval de Talcahuano e ingresó a un sector convertido en campo de prisioneros y centro de tortura. Ese día, el joven detective se convirtió en agente del Centro de Inteligencia Regional (CIRE), una especie de Comando Conjunto creado en enero de ese año por el jefe de la Tercera División del Ejército, Nilo Floody Buxton, y el comandante de la Base Naval, Antonio Costa Bobadilla, para actividades represivas en la Octava Región. Garay se dedicó un año a detener gente y aplicarle tormentos, según ex presos que lo recuerdan.

"Él fue uno de mis torturadores"

El siquiatra Luis Peebles es uno de ellos. Peebles era secretario general del MIR en Concepción y fue detenido y llevado a la Base Naval en diciembre de 1974. "Él fue uno de mis torturadores directos", dice Peebles, sobre Garay y recuerda que al principio de su detención "no sabía quién era".

"Pero después de una hora escuchas las voces, te das cuenta de a quién pertenece la voz de mando. Y este tipo era el jefe de grupo de los cinco o seis que torturaban y salían a detener gente. No sólo lo oí, también lo ví", agrega el psiquiatra, aludiendo a que Garay era uno más de los integrantes del grupo de interrogadores del CIRE (compuesto por el jefe de Inteligencia Naval de la zona, Hugo González D'Arcangelis; los oficiales navales José Cáceres González y Víctor Donoso Barrera; el funcionario de Investigaciones Osvaldo Harnisch Salazar y el oficial de Carabineros Conrado Sesnic).

Luego de su período de detención en la Base Naval, Peebles fue enviado a Colonia Dignidad, Villa Grimaldi y Tres y Cuatro Álamos. Fue expulsado del país en julio de 1975 y se exilió en Bélgica. Tres décadas después, el 21 de febrero de 2006, Peebles volvió a ver a Garay. Dice que no lo reconoció hasta que empezó a hablar.

El encuentro ocurrió en las propias dependencias de la Base Naval de Talcahuano, en la reconstitución de escena del asesinato y desaparición del mirista y ex GAP Rudy Cárcamo Ruiz, ordenada por el juez Carlos Aldana. Junto a Peebles, otro ex prisionero, Jaime Oehninger, también reconoció a Garay como uno de sus celadores, e identificó también a los procesados por la desaparición de Cárcamo: Hugo González, José Cáceres, Víctor Donoso, Osvaldo Harnisch y Conrado Sesnic.

En la reconstitución salieron a la luz otros homicidios cometidos por efectivos de la Armada en ese recinto. Entre ellos, el asesinato, en febrero de 1975, de Elías Jana Santibáñez, alcalde socialista de Cañete en la época del Golpe de Estado, relatado al juez por Peebles y confirmado por Garay, quien participó en la reconstitución de escena en calidad de testigo.

La versión que dio a la Comisión Valech

En 1975, Garay volvió a Investigaciones. Pero su pasado le había dejado secuelas. Fue sancionado varias veces por faltas consideradas graves en la institución y pasó a retiro en septiembre de 1986.

Quizá por esto, la historia que contó a los profesionales de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura no es la del agente represivo que evocan los ex presos de la Base Naval. En la ficha que llenó para el Informe Valech dice que fue prisionero político. Que en la mañana del 11 de septiembre de 1973 fue apresado por su presunta militancia comunista y que estuvo detenido durante 20 días en la Isla Quiriquina. Así lo aseguró en una declaración judicial, al menos.

Su relato fue convincente y pudo acogerse a los beneficios que se otorgan a los "Valech": una pensión mensual de 112.817 pesos, bonificación de 100 puntos en la postulación al subsidio habitacional, acceso a salud gratuita en el Programa de Reparación y Atención Integral en Salud (Prais) y una beca de estudios de educación superior, que él probablemente no usará debido a su edad. Como víctima acreditada por el Informe Valech, Garay postuló y accedió a un bono de 184 dólares otorgado por la Fundación Presidente Allende, de España, proveniente del fondo de 9 millones de dólares que ésta obtuvo del Banco Riggs de Washington, como indemnización por haber escondido los dineros negros de Pinochet.

Renato Czischke y Roberto Arriagada, dos detectives de la Prefectura de Investigaciones de Concepción, cuentan una historia distinta a la de Garay. Dicen que él no fue apresado el 11 de septiembre y que nunca estuvo detenido en isla Quiriquina. Lo dicen porque ellos estaban en la prefectura el día del Golpe de Estado, siendo apresados y llevados a la Isla.

Según el relato de Czischke, en la mañana del Golpe, funcionarios de Carabineros llegaron muy temprano y se tomaron la prefectura, con un saldo de dos muertos. A medida que los detectives iban llegando a su trabajo, los carabineros salían de su escondite y los reducían. Detuvieron a 100 policías y los trasladaron a la base naval; luego, algunos fueron enviados a la isla.

"En la época, Garay no estaba en la prefectura. Tampoco lo vi en los 18 días que estuve preso en la Quiriquina. Yo fui de los últimos en abandonar la isla. Si hubiese estado me acordaría," asegura Czischke. El relato de Arriagada, quien alcanzó a estar tres días en la Isla antes de ser liberado y devuelto a sus funciones en Investigaciones, es similar: nunca vio a Garay en el lugar.

"¿Podría haber otros más?"

La alarma sobre este caso la dio Erick Zott, otro ex prisionero del campamento de Talcahuano. Radicado en Austria, Zott vino a Chile el año 2006 para prestar declaración en el caso de Rudy Cárcamo. Cuando se enteró que Garay aparecía como víctima en el Informe Valech se escandalizó. "Por el rol que él cumplía en los interrogatorios no era un cualquiera. Era de los que llevaba la investigación sobre el MIR en la zona de Concepción", dice Zott, quien conoció a Garay en el campo de prisioneros donde estuvo detenido a fines de 1975.

"Si se coló en el Informe Valech un agente de los organismos represivos, ¿por qué no podría haber otros más?", se pregunta Zott.

Imposible saberlo, explicó la ex vicepresidenta de la comisión, María Luisa Sepúlveda, en una entrevista realizada en 2007 sobre este tema. Cuando se presentó el informe, el Gobierno decretó que los antecedentes de las víctimas acreditadas en él son secretos y sólo podrán conocerse en 50 años más. Es más, la propia Sepúlveda dijo que desconocía qué documentos presentó Garay al Informe Valech y descartó que su caso ponga en tela de juicio los mecanismos de calificación usados por la comisión presidida por monseñor Sergio Valech y establecida por mandato presidencial en agosto de 2003.

"No necesariamente abre una duda porque estás suponiendo que la persona no certificó su detención", explicó y aseguró que "los casos de los miembros de las Fuerzas Armadas fueron especialmente evaluados. Él pudo ser víctima y después victimario, y calificaba en el Informe".

Sepúlveda detalló que se usaron muchas fuentes de información para validar los casos que se presentaron ante la comisión: testimonios, entrevistas, certificados de detención y comunicados oficiales, salvoconductos, tarjetas de control, listados de detenidos, archivos y procesos judiciales, publicaciones de prensa y registros de organismos de derechos humanos, de víctimas y organismos internacionales.

De todas formas, se manifestó abierta a la posibilidad de que el trabajo haya tenido un margen de error. "El Informe Valech da cuenta de algo que le ocurrió a un sinnúmero de personas de la manera más rigurosa posible, pero no es infalible. Tomamos precauciones e hicimos todos los esfuerzos por no calificar casos de personas en los que hubiese sospechas".


http://www.elmostrador.cl/index.php?/noticias/articulo/la_historia_del_torturador_que_fue_incluido_como_victima_en_el_informe_vale

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Piden cadena perpetua para ex fiscal Alfonso Podlech 03-12-08






Abogado italiano pedirá cadena perpetua para ex fiscal Podlech

por René Melo (Italia)

martes, 02 de diciembre de 2008

Se encuentra detenido en Roma acusado del homicidio del ex sacerdote italo-chileno
Un abogado italiano anunció que pedirá cadena perpetua para el ex fiscal chileno Alfonso Podlech por el homicidio del ex sacerdote italo-chileno Omar Venturelli durante el Gobierno militar.

Giancarlo Maniga expresó que pedirá el máximo castigo que existe en Italia y que se opondrá a que le sea concedido el arresto domiciliario por temor a que escape a Chile.
Un tribunal italiano decidirá en enero si mantiene su detención o le concede el arresto domiciliario.

!CRIMINALES DE LESA HUMANIDAD¡ "CONDOR"
Trizano=Iturriaga=Podlech= Burgos San juan Genocidas conspirando OSEPAR- 200...





Podlech, de 74 años, se encuentra detenido en la cárcel romana de Rebibbia, tras ser extraditado el 13 de agosto desde España. Fue arrestado el 27 de julio en el aeropuerto de Barajas de Madrid, cuando iba a tomar un vuelo hacia Praga.

El juez Baltasar Garzón de la Audiencia Nacional española ordenó el arresto del ex fiscal, contra quien pendía un mandato de captura europeo emitido por el fiscal italiano Giancarlo Capaldo.

A Podlech, quien era fiscal en Temuco, se le acusa de haber ordenado la detención y el asesinato de Venturelli.

Miembro del Movimiento Cristiano por el Socialismo, tras colgar los hábitos Venturelli se casó con Fresia Cea, con quien tuvo una hija... Cuando fue detenido el 4 de octubre de 1973, un mes después del golpe militar, trabajaba como profesor en la Universidad Católica de Temuco.

Maniga señaló que Capaldo emitió 140 órdenes de arresto contra responsables de atropellos a los derechos humanos en el marco de la llamada Operación Cóndor. El único que ha sido arrestado, afirmó, ha sido Podlech.

Fresia Cea manifestó que esperaba que en Italia se pudiera hacer justicia, ya que en Chile no había sido posible entablar un proceso "contra el asesino de mi esposo". Dijo además que había enviado una carta a la Presidenta Michelle Bachelet, para obtener el apoyo de su gobierno, "pero no tuve ni siquiera una respuesta".

Capaldo interrogó el martes a Ruth Kries, que vive en Alemania, la cual acusó a Podlech del asesinato de su esposo, el médico Hernán Henríquez.

Kries declaró que "es importante que estos crímenes sean castigados, no por una sed de venganza, sino para que las generaciones futuras crean en las instituciones y en la democracia".

Dijo que muchas veces le había pedido informaciones sobre su marido, y que éste le decía que "seguramente habría partido hacia Argentina con otra mujer".

Asimismo, interrogó a Jeremías Levinao, quien sostuvo que el ex fiscal ordenó su arresto y que estuvo detenido un año y medio, y a Carlos López, quien también estuvo preso en Temuco por orden de Podlech. Ambos viven en Francia.,se abren las puertas para que otras personas violentadas en la dictadura pinochetista,donde Podlech fue el regalon del sur de Chile presenten acusaciones en su contra.

* Fuente: Poder Popular Comunitario

http://www.piensachile.com/content/view/4883/9/



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03 de Diciembre de 2008

Operación Cóndor

Piden cadena perpetua para ex fiscal Alfonso Podlech

Se le acusa de haber ordenado la detención y el asesinato del ex sacerdote italo-chileno Omar Venturelli, uno de los 2.000 desaparecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Un abogado italiano anunció este martes que pedirá cadena perpetua para el ex fiscal chileno Alfonso Podlech por el homicidio del ex sacerdote italo-chileno Omar Venturelli durante el gobierno militar (1973-1990), informó radio Cooperativa.

Giancarlo Maniga aseguró que pedirá el máximo castigo que existe en Italia y que se opondrá a que le sea concedido el arresto domiciliario por temor a que escape a Chile.

Un tribunal italiano decidirá en enero si mantiene su detención o le concede el arresto domiciliario.

Podlech, de 74 años, se encuentra detenido en la cárcel romana de Rebibbia, luego de ser extraditado el 13 de agosto desde España, donde fue detenido el 27 de julio pasado mientras transitaba por el aeropuerto de Barajas, en Madrid, para tomar un vuelo hacia Praga, República Checa.

Alfonso Podlech, quien fue fiscal militar en Temuco, es acusado de haber ordenado la detención y el asesinato de Venturelli, uno de los 2.000 desaparecidos durante la dictadura.

http://www.elmostrador.cl/index.php?/noticias/articulo/piden_cadena_perpetua_para_ex_fiscal_alfonso_podlech

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GULU MAPU:TEMUKO - Marcha en apoyo a los estudiantes de Antropologia. 04-12-08


TEMUCO: Marcha en apoyo a los estudiantes de Antropologia.
anonimo en solidaridad.

Jueves 4 de diciembre de 2008, hommodolars

Hermanos y Hermanas: Para este Jueves 4 de Diciembre se realizará una marcha por el centro de Concepción en apoyo a los estudiantes de Antropología de la UCT injustamente apresados en Temuko y en repudio a la ley Antiterrorista. La convocatoria es a las 12hrs en Plaza Perú, por lo que se pide difundir lo más que se pueda la actividad. Adjunto esta el afiche. Saludos.

SOLIDARIDAD CON LOS NUEVE “INCULPADOS DEL 11 DE NOVIEMBRE” EN FRANCIA. ¡ROMPAMOS EL AISLAMIENTO!

¡PROLETARIOS, RECHACEMOS SOMETERNOS A LA CAMPAÑA ANTITERRORISTA DEL ESTADO! ¡EL ANTITERRORISMO ES LA IDEOLOGÍA DEL TERRORISMO ESTATAL!

En respuesta a la cadena de sabotajes contra trenes de alta velocidad en Francia, el Estado ha lanzado sus garras contra nueve proletarios (de los cuales cinco siguen detenidos), pretendiendo de forma triunfal haber capturado a una “asociación de malhechores con objetivos terroristas”

Al mismo tiempo, el terrorismo capitalista contra la humanidad se acelera a gran velocidad por todas partes en el mundo. El aumento del precio de los productos alimentarios, los despidos masivos y la reducción de las ayudas sociales, a raíz de la crisis capitalista actual, arrojan a la calle y privan de sus medios de supervivencia más elementales a cientos de millones de proletarios. El capital, según cifras de sus propios organismos, mata de hambre al día a 25.000 proletarios en el mundo, otros 5.000 son asesinados en el trabajo, otros millares de proletarios caen bajo los tiros y las bombas en Irak, en Afganistán y a través del mundo. Y esto sin hablar del envenenamiento generalizado de la raza humana, el agotamiento y la destrucción de la tierra por el capital.

¡TERRORISTA ES LA EXPROPIACIÓN DE NUESTROS MEDIOS DE VIDA POR EL CAPITAL!

Al mismo tiempo, los Estados, sus justicias y sus policías, reprimen de forma cada vez mas dura al menor piquete, al menor bloqueo de la circulación, a la menor manifestación o acción que tiende a oponerse al empeoramiento exponencial de las condiciones de supervivencia bajo el capitalismo. A los proletarios que obstaculizan la santa sacro “libertad de circular, trabajar, vender, comprar…” se les acusa sistemáticamente de “tomar como rehén a víctimas inocentes” (refiriéndose a los ciudadanos que se someten al orden y a la legalidad burguesas) y de intimidarlos, aterrorizarlos.

Es la burguesía la que realmente se siente aterrorizada por el cuestionamiento de la propiedad y la libertad mercantil, y por ello tiende a ampliar su definición de “terrorismo” al menor acto que rompa con el orden democrático. Con ello pretende:

Ocultar la naturaleza fundamentalmente terrorista de su dominación, asimilando exclusivamente el terrorismo a las reacciones violentas del proletariado, amalgamando deliberadamente las acciones que se sitúan en un terreno de clase y las que se encuentran en terrenos aclasistas, reformistas, religiosos, de liberación nacional, etc;


Reforzar su arsenal legal, jurídico e ideológico de represión contra la menor contestación a la sociedad mercantil;


Imponer entre los explotados la división ideológica entre “inocentes” y “culpables”, entre “honestos ciudadanos” y “bárbaros terroristas”;


Aislar a los proletarios que rompen con el pacifismo socialdemócrata y arrastrar a sus hermanos de clase a la denuncia, a rechazar la solidaridad.

CONTRA ESTAS MANIOBRAS BURGUESAS, ES ESENCIAL AFIRMAR QUE:

¡Son las bases mismas del sistema democrático de propiedad y libertad, las normas legales que lo protegen, las terroristas!


¡Someterse a la campaña antiterrorista del Estado, es colaborar directamente en la represión de toda contestación al terrorismo cotidiano del capital contra la humanidad!


¡Los cinco proletarios encarcelados que están sufriendo las repugnantes presiones de los interrogatorios y del encarcelamiento para tratar de someterlos… son nuestros hermanos de clase!

¡NO SEAMOS CÓMPLICES DEL TERRORISMO DEL ESTADO! ¡SOLIDARIDAD CON TODOS NUESTROS HERMANOS DE CLASE REPRIMIDOS EN EL MUNDO!

¡Compañeros reproduzcamos y difundamos por todos los medios este volante!

http://www.hommodolars.org/web/spip.php?article1003


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Miércoles 19 de noviembre de 2008

Marcha de apoyo a estudiantes detenidos en by pass

17.10 La manifestación pacífica recorrió parte del centro de Temuco, para llegar a la Intendencia donde exigieron la libertad de los encarcelados por la Ley Antiterrorista.

Hace momentos se realizó una marcha de alummnos de la Universidad Católica de Temuco hacia el centro de la capital regional hasta las afueras de la Intendencia portando lienzos y gritando contra las detenciones de dos estudiantes de antropología de esta casa de estudios a quienes se les aplicó la Ley Antiterrorista.

Jonathan Vega y Fénix Delgado permanecen recluidos en la cárcel de Temuco desde principios de este mes luego que el Juzgado de Garantía les decretara prisión preventiva tras ser sorprendidos lanzando bombas molotov en el by pass de la capital regional.

Tras la protesta pacífica, los manifestantes se trasladaron hasta la Universidad Católica donde permanecen manifestándose, exigiendo la libertad de los estudiantes.

http://www.australtemuco.cl/prontus4_noticias/site/artic/20081119/pags/20081119165613.htm

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Hoy se debate revocar calidad de exonerados a ex agentes 03-12-08




Miércoles 3 de diciembre de 2008

Por Jorge Escalante / La Nación


En sesión de la Comisión de DDHH de la Cámara también se verá caso del “aparecido”

Marta Joignant, secretaria ejecutiva del Programa de exonerados políticos, defenderá hoy la “infalibilidad” del sistema.

Hoy se debate revocar calidad de exonerados a ex agentes

A la reunión están citados el ministro de Interior, Edmundo Pérez, y las distintas autoridades de las instituciones responsables de los servicios e instancias que tienen relación con ambos asuntos.

La posibilidad de que el Gobierno cancele la calidad de exonerados políticos a ex agentes del Estado o a militares (R) que tomaron parte en el golpe militar de 1973, será una de las materias a debatirse hoy en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

La sesión tratará los casos de Germán Cofré, supuesto detenido desaparecido que regresó desde Argentina, y las denuncias de irregularidades que se han presentado en el proceso de calificación de exonerados políticos por parte del programa del Ministerio de Interior.

A la reunión que se iniciará a las 15 horas están invitados el ministro de Interior, Edmundo Pérez, la secretaria ejecutiva del Programa de Reconocimiento del Exonerado Político de esa cartera, Marta Joignant, la delegada para materias de derechos humanos de la Presidencia de la República, María Luisa Sepúlveda; el director del Servicio Médico Legal, Patricio Bustos; el director del Registro Civil, Luis Fuentes; la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, y Raúl Cerpa, quien denunció supuestas malas calificaciones de exonerados.

Una arista del episodio exonerados es la que conforman aquellos ex agentes o militares hoy retirados que, amparados en la legislación que norma como obtener esta calidad y manifestando en algunos casos haber sido dados de baja de sus instituciones por discrepar con la dictadura y sus métodos represivos, llegaron a calificar como tal obteniendo beneficios económicos.

Sin embargo, no todos los que tienen la calidad de exonerado reciben apoyo financiero del Estado.

La presidenta de la Comisión de DDHH, Karla Rubilar, dijo a La Nación que "solicitar al Programa de Exonerados que revoque esta calidad a algunas personas que participaron en violaciones de los derechos humanos, es una cuestión que estará presente en la discusión de mañana (hoy), pero si eso se formaliza será por acuerdo de la comisión".

En tanto, el diputado integrante de esa instancia Tucapel Jiménez expresó que "yo plantearé ese punto porque nos parece que estas personas no pueden tener la calidad de exonerados ni menos seguir recibiendo beneficios económicos del Estado".

Respecto de la situación de Cofré, la secretaria ejecutiva del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Interior, Rose Marie Bornard, quien también asiste hoy al encuentro, ya entregó a esa cartera el informe que le fue pedido por la situación de este sujeto, que estuvo 34 años en calidad de detenido desaparecido o ejecutado luego que sus supuestos restos fueran erróneamente identificados en 1995.

Con la misma vara

De acuerdo a lo manifestado a La Nación en el Programa de Exonerados, la atribución para revocar tal calidad a una persona es exclusiva de la Presidencia de la República.

Fue lo que sucedió con Edwin Dimter Bianchi el supuesto “Príncipe” del Estadio Chile donde asesinaron a Víctor Jara.

Habiendo Dimter calificado como exonerado el 20 de enero de 2000 alegando su baja del Ejército por discrepancias con la institución, su reconocimiento fue revocado cuando el Programa de Exonerados se enteró “de sus antecedentes personales”.

Entre éstos se cuenta el haber sacado tanques a la calle en julio de 1973 para derrocar a Allende.

Los otros ex agentes calificados son Rafael González Berdugo, procesado por el crimen de Charles Horman, y Patricio Kellet Oyarzún, ex jefe de inteligencia del Regimiento Cazadores de Valdivia y autor de decenas de detenciones.

También tienen esa calidad el mayor (R) Enrique Cruz Laugier, que sacó la artillería del Tacna el día del golpe militar para bombardear La Moneda desde tierra y después fue jefe de seguridad del Senado, y el teniente (R) Patricio Lapostol Amo, custodio de los prisioneros asesinados por la Caravana de la Muerte en Calama.

!Agrupaciones de derechos humanos sostienen que éstos deben seguir el destino de Dimter¡.



http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20081202/pags/20081202214329.html

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