martes, 3 de noviembre de 2009

LA NUEVA GUERRRA FRÍA: LIBERALES V/S MAPUCHE/MARXISTAS/ECOLOGISTAS Y NAZIS-03 de Noviembre de 2009

03 de Noviembre de 2009

La nueva guerra fría: liberales v/s mapuche/marxistas/ecologistas y nazis

Por Augusto Samaniego*

Víctor Farías, académico y columnista de La Segunda, escribió recientemente que los marxistas reemplazaron el concepto de ‘clase' por el de ‘etnia' y ‘pueblos originarios', de clara procedencia racista y nazi "el órgano del PC [El Siglo] proclamaba...la lucha armada de los mapuche...la lucha de un Pueblo-Nación, esto es, la guerra de una ‘etnia' que solo puede entenderse a partir del mito racial". Agrega que, en Europa y América los comunistas han fraguado "el maridaje con los ecologistas radicales, los neonazis y los indigenistas..." Defiende el concepto ilustrado de sociedad contra el mito de una ‘comunidad de raza'. Sus fantasmas neoliberales lo hacen adjudicar -falsamente- a las luchas mapuches los atributos del nazismo: "...la expansión violenta para obligar a otros pueblos a aceptar la expansión".

En defensa del neo-liberalismo, Farías restablece una nueva versión de la ‘Guerra Fría': "Sepa usted que marxistas, indígenas, indigenistas, ecologistas ‘radicales' son ahora nazis". Con presupuestos falsos quiere descalificar a quienes apoyan el reconocimiento de derechos colectivos del pueblo mapuche.

Algunas de sus flagrantes falsificaciones intelectuales (y éticas) son:

En primer lugar, el mito e ideología nazi de "un pueblo sin espacio" nada tiene que ver con la historia mapuche. Esa historia no es de expansión militar y negación de otras identidades y pueblos. Ha sido de resistencia contra el Estado inka, el imperio español, la ocupación de su territorio por el Estado de la República (décadas de 1860 a 1880), el "arreducionamiento" de los lof o comunidades en pocas y malas tierras. Ha enfrentado el afán del Estado y de intelectuales (como Farías) en sus intentos por dos siglos de encontrar una "solución final": exterminar la identidad que hace realidad al Pueblo Mapuche.

Algunas de las políticas centenarias ya aplicadas son: la supresión ‘legal' de la propiedad colectiva de la tierra comunitaria y la imposición de ‘títulos de propiedad individuales', los abusos y robos de tierra y otros mecanismos para ampliar la migración a las ciudades y para entregar la mano de obra mapuche al mercado. Al contrario, la racionalidad liberal que formó y dirigió el Estado chileno -como cualquier colonialismo de raíz liberal en Europa o América- avasalló a los pueblos originarios, so pretexto de ‘falta de espacio vital' para realizar la ‘civilización' conforme a las reglas de la explotación de la masa de trabajadores directos. Queda claro que el fundamento ético político-intelectual de la ideología nazi es muy afín con el fondo de los argumentos que sostiene Farías.

En segundo lugar, muestra ignorancia su anti-marxismo. Marx jamás colocó en términos excluyentes el concepto de ‘clase' y de grupo étnico. Baste aludir a sus trabajos sobre la independencia de los irlandeses, de la comuna rural rusa, etc. ¿No ha reparado Farías que los mapuche, o aymara..., o los campesinos mestizos en nuestro sub continente se han proletarizado y desproletarizado, han transitado del trabajo asalariado a sus ‘comunidades' y viceversa...sin que los liberales logren ("solución final") que dejen de saberse cultural, identitariamente distintos? ¿No ha entendido que para lograr una convivencia humana y eficaz de chilenos-mestizos y mapuche, se debe primero reconocer su identidad y derechos colectivos inherentes? Los mapuche no necesitaron del marxismo ni de otras corrientes para resistir. Han mostrado que su identidad étnica puede, en momentos históricos relevantes, ir junto con una conciencia ‘de clase'; saben que ambas expresiones pueden retroalimentarse y dar a sus demandas un contenido tan anti-liberal, como que hoy el principal denegador de sus derechos es el gran capital (empresas hidroenergéticas, forestales, de celulosa, pesqueras, etc.,) su lógica contaminadora, destructora del medio ambiente de mapuches y chilenos. Por eso es que tantos no mapuche y mapuche coincidimos, para su pesar. No es ‘el enemigo interno' el que amenaza al señor Farías, sino la búsqueda de una convivencia humana y justa. Un futuro conjunto es lo que aúna a ecologistas, marxistas, cristianos, etc., contra la depredación y la sobre-explotación social.
En tercer lugar, es muy desinformada la ‘noticia' que da Farías: tribus en EE.UU. ‘reúnen 1.500 millones de dólares para emprender negocios...'Agrega que aquellas etnias nunca ‘tuvieron trato especial' del Estado. No obstante, los liberales de EE.UU. (orgullosos o no de las masacres de indios como recurso para construir ‘La Unión') han reconocido derechos de las ‘naciones indias'. Los liberales han preferido, eso sí, otorgar concesiones a las ‘reducciones' para que instalen casinos, vendan alcohol o gasolina sin impuestos: un camino que intentan para corromper o simplemente ‘integrar' a esas etnias. Farías pensará que es un buen precio a pagar a favor de ‘integrar indios' al liberalismo...

En cuarto lugar, es irracional y falso decir que ‘el mito racial' sustenta al concepto de etnia. Tal afirmación es un recurso seudo intelectual para insistir en la eliminación de las culturas e identidades de pueblos indígenas; o sea, es un subproducto de ideologías del avasallamiento, ¡como la nazi! Para abreviar, dejemos que sea Alejandro Lipschutz F -nacido en familia judía en Riga, chileno por su propia opción, marxista y Primer Premio Nacional de Ciencias en este país (en 1969)-, quien responda escuetamente (mediante su escrito de hace seis décadas) el falso concepto de etnia de Farías. Dice Lipschutz: "La palabra griega étnos es una noción de orden social, mientras que genos es una de orden biológica". En tal sentido develó el reduccionismo biológico que sustentó la ideología de la expansión colonial y otros procesos similares, señalando analíticamente el significado de étnos se opone al de genos o raza:"...un mismo grupo étnico se puede conformar, y en la mayoría de los casos se conforma, de diversos grupos raciales".

Así, son posibles las ‘mutaciones étnicas': el paso de indígenas o mestizos a blancos y de blancos a indígenas (o lo que él denomina ‘mutación étnica invertida o excepcional'). Agrega que el rechazo al cambio étnico obedece exclusivamente a condiciones de orden social. Lejos de la ‘guerra contra el enemigo interno' que anima a Farías, los derechos mapuche tienen que ser reconocidos y realizados para construir una convivencia más justa entre todos los que compartimos esta tierra. Tal vez, el académico Farías considera que el Estado chileno es nazi al ratificar, y luego aplicar el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.

Somos cada vez más los que creemos que es posible y deseable compatibilizar la diversidad cultural, en tanto valor universal que se plasma en los derechos que hacen posible que se reproduzca la propia identidad étnica, con la acción histórica para hacer avanzar en valores culturales objetivos de la humanidad entera.

*Augusto Samaniego es académico del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades de la USACH.

Ejército sancionó a oficial que denunció irregularidades en compra de helicópteros-02-11-09

02 de Noviembre de 2009

Comandante Carlos Díaz ad portas de ser pasado a retiro

Ejército sancionó a oficial que denunció irregularidades en compra de helicópteros

Al oficial se le aplicaron cuatro días de arresto y dos puntos menos en "criterio y discreción", por no haber informado a la institución que un artículo referido a las anomalías en el proceso de modernización de las aeronaves, sería publicado en este medio. El abogado patrocinante, Alfredo Morgado, aseguró que la determinación adoptada por la institución no privilegia a quienes deciden denunciar "hechos que pueden afectar al patrimonio fiscal". El uniformado, además, ha prestado declaración en varias oportunidades con el ministro Manuel Valderrama, en la investigación por un posible fraude en el Comando de Aviación castrense.
Por Jorge Molina Sanhueza
Luego de una investigación que duró sólo ocho días, el Ejército resolvió sancionar al teniente coronel Carlos Díaz Kastowsky, quien denunció ante el Comandante en Jefe, general Óscar Izurieta, anomalías en un proceso de compra de helicópteros en el período 2005-2006.
A este oficial se le aplicaron cuatro días de arresto y dos puntos menos en el ítem "criterio y discreción", debido a la aparición de
un artículo publicado en este diario, referido a la adquisición de las aeronaves Cougar, a sólo días que el ministro Manuel Valderrama recibiera el testimonio del coronel (R) Alejo Mecklenburg, respecto a un supuesto fraude al fisco en el Comando de Aviación del Ejército (CAE).
En términos reales, el dictamen institucional -fechado el 25 de septiembre último- es la antesala al retiro definitivo de Díaz Kastwosky del Ejército a fines de este año o bien el próximo.
La información fue confirmada en exclusiva a El Mostrador por el abogado Alfredo Morgado, quien patrocina a Díaz Kastwosky en la indagatoria interna que sustanció el general y jefe de la División de Logística, Jorge Salas Kurte.
Si bien existe un recurso de reconsideración pendiente que debe resolver este último, Morgado manifestó que "la decisión que afectó a mi cliente es claramente arbitraria".
"A mi representado se le aplica una sanción a partir de un artículo que aparece en la prensa, pero queda claro que el problema de fondo y la elevada pena, es porque en su oportunidad denunció hechos que permitieron que el Ejército no adquiriera helicópteros que no servían. Él actuó con lealtad a su institución, pero la institución no ha actuado a la altura de las circunstancias, debiendo valorar y privilegiar la actuación de quienes, formando parte de sus filas, asumen protagonismo en defensa del patrimonio fiscal y transparencia que deben existir en nuestras instituciones públicas", dijo el profesional.
De acuerdo a la resolución emitida por el general Salas Kurte, Díaz Kastwosky fue castigado por no informar a la superioridad que la mentada crónica aparecería publicada en este medio, calificando esa conducta como una "grave falta" a la disciplina, ya que dañaba al Ejército "y su imagen institucional", la que debe estar por sobre cualquier "otra consideración de carácter personal, por legítima que esta última parezca".
Al respecto, Morgado opinó que "hechos de este tipo ponen una sombra de duda respecto del actuar de las instituciones, sobre todo cuando hay sanciones desmedidas que desincentivan las denuncias fundadas y oportunas, sobre todo si tomamos en cuenta que mi representado es hoy un testigo fundamental en la investigación que lleva el ministro Manuel Valderrama por estos mismos hechos acaecidos en el Comando de Aviación del Ejército".
"El Ejército debe cuidar a sus mejores hombres que tienen el valor de recurrir al propio comandante en jefe para denunciar hechos de este tipo", insistió.
La denuncia
El contexto que pesó en la sanción contra Díaz Kastowsky comienza en 2005, en el marco del proceso de modernización de los helicópteros llamado "proyecto Centauro". Allí este oficial desarrolló el análisis para las opciones de compra en torno a los criterios determinados para estos casos, que van desde el precio, servicio post venta, carga útil, velocidad y requerimientos operativos, entre otros.
Dentro de las propuestas evaluadas estuvieron las naves usadas Súper Puma AS 332 y Puma SA 330, los modelos nuevos AS 532 Cougar, ofrecido por Eurocopter a US$16 millones la unidad, y el MI-17, de la rusa Kazan Helicopters, a US$ 7 millones.
A poco andar, Díaz Kastowsky descartó a los primeros, acompañando un documento de evaluación hecho en 2002 por el coronel Hugo Barría Rogers, donde se aseguraba que la aeronave rusa superaba "en el doble las capacidades del helicóptero SA-330 Puma". Barría Rogers se encuentra actualmente en retiro, pero en 2007, cuando finalmente se decidió comprar los Cougar, trabajaba en la firma CYM,
cuyo dueño es Virgilio Cartoni, intermediario de Eurocopter, como también primo de dos generales (R) de Ejército.
Los informes de Díaz no hicieron mella en sus superiores. Es más, el entonces mayor Carlos Ricotti, le ordenó escribir un documento que beneficiara a la empresa Eurocopter. Con esa presión encima y observando las anomalías que se producían en la compra, Díaz decide pedir una audiencia con el comandante en jefe del Ejército, Óscar Izurieta, a quien
le entrega una carta denunciando los hechos.
De allí en adelante, las cosas cambiaron. El general Jorge Gualda, jefe del CAE es pasado a retiro en 2007 en medio de acusaciones
a través de Youtube cuestionando su idoneidad y Díaz Kastowsky es ascendido a comandante y se lo envía al extranjero, pero se lo aparta de sus labores. Y ahora, con esta sanción, salvo que fuera modificada en 180 grados, su futuro en el Ejército tiene los días contados.
Este medio intentó obtener una versión de parte de la institución, pero se indicó que
ello no sería posible, atendido que el caso sigue abierto y hay una reconsideración pendiente.
Artí­culos Relacionados :
Juez investiga irregularidades en compra de helicópteros (10-09-2009)
General del Ejército en la mira del ministro Valderrama por anomalías en aviones y helicópteros (11-09-2009)
Volando bajo: Las preguntas sin respuesta en el Comando de Aviación del Ejército (17-09-2009)
Volando bajo II: El mercader de armas favorito del Ejército (22-09-2009)
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Niños mapuche: ¿Quién escuda qué?- 03-11-09

03 de Noviembre de 2009

Opinión

Niños mapuche: ¿Quién escuda qué?

La denuncia que realizan las autoridades, a las que se suma El Mercurio, no corresponden a la realidad. En el trabajo de documentación que desde el Observatorio hemos desarrollado en los últimos años de las situaciones de conflicto interétnico que se viven en la Araucanía no hemos constatado un solo caso de niños mapuche que hayan sido utilizados por las comunidades a las que pertenecen como escudos humanos.

Por José Aylwin*

El subsecretario del Interior, Patricio Rosende, afirmó en días pasados en relación a los hechos de violencia policial que han afectado a niños mapuche en el sur que "... algunos dirigentes mapuches utilizan a niños y a mujeres como escudos". Rosende, en el estilo autoritario que ya es característico en quienes ocupan su función, agregó que los "niños deben estar al margen, los conflictos de esta naturaleza se resuelven entre adultos, a través del diálogo y la conversación, no con niños de por medio", llamando a denunciar estas situaciones para que sean investigadas.
El general Hero Negrón, jefe de zona de carabineros en la Araucanía, a su vez, aún cuando reconoció que existen situaciones especiales, como denuncias de niños heridos durante disturbios, sostuvo que éstos "han sido producto de menores que atacan a carabineros o, en caso contrario, han sido puestos por delante durante los cumplimientos policiales generados por órdenes judiciales".
El Mercurio en su edición del lunes 2 de noviembre se suma a la denuncia de Rosende con un extenso artículo sobre la supuesta utilización de niños mapuche como escudos frente a situaciones de protesta. Manipulando la información de manera burda, como suele hacerlo este medio, ilustró la noticia con una foto de niños mapuche que participaron, junto a más de mil personas provenientes de comunidades de la Araucanía, en una marcha por la paz en Temuco el 23 de octubre pasado.
Al respecto cabe señalar, en primer término, que la denuncia que realizan las autoridades antes referidas, a las que se suma El Mercurio, no corresponden a la realidad. En efecto, en el trabajo de documentación que desde el Observatorio hemos desarrollado en los últimos años de las situaciones de conflicto interétnico que se viven en la Araucanía -que involucran a comunidades mapuche y efectivos policiales-, no hemos constatado un solo caso de niños mapuche que hayan sido utilizados por las comunidades a las que pertenecen como escudos humanos.
En efecto, de los 12 casos de violencia que han afectado a un número bastante mayor de niños y niñas mapuche verificados en la Araucanía entre octubre de 2007 y octubre de 2009, en ninguno de ellos se puede constatar situaciones de utilización de los menores por parte de los adultos como escudo humano. Por el contrario, en todos los casos se constata que ellos han sido objeto de tratos crueles y degradantes, incluyendo golpizas, insultos y amenazas, proferidas por efectivos policiales de carabineros, o han sido heridos como consecuencia del disparo por éstos de perdigones, balines de goma, o bombas lacrimógenas. En todos estos casos, además, los niños y niñas mapuche se encontraban en sus hogares, o en el desarrollo de actividades cotidianas de las comunidades, acompañando a sus padres o por si solos en el cuidado de animales o faenas agrícolas.
En cinco casos de violencia imputable a carabineros que afectaran a niños y niñas mapuche en esta región en octubre pasado, tampoco constatamos el fenómeno que se denuncia. En contraste con lo señalado por Rosende, el común denominador en ellos ha sido la actuación desproporcionada, abusiva y discriminatoria de los efectivos policiales involucrados, quienes, en abierta violación de la ley y de los reglamentos que rigen su actuación, así como de tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile, entre ellos la Convención de Derechos del Niño y la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, han puesto en peligro la vida e integridad física y síquica de niños inocentes. En uno de estos casos, ocurrido el 5 de octubre pasado en la comunidad de Rofue en Padre las Casas, el niño F.P.M. de 14, luego de ser golpeado y recibir impactos de perdigones de carabineros en momentos en que se encontraba en actividades no relacionadas con conflictos de tierras, fue subido a un helicóptero del GOPE y amenazado con ser lanzado al vacío si no denunciaba nombre de integrantes de la comunidad.
Tanto el Subsecretario Rosende, como el general Negrón, no pueden alegar desconocimiento de esta realidad, puesto a que diversas entidades nacionales e internacionales, incluyendo el Observatorio Ciudadano, les hemos proporcionado información, ya sea verbal o escrita, sobre estos casos de violencia policial, instándolos a su investigación y sanción.
¿Qué hay detrás de estas denuncias entonces?
Lo que está detrás de ellas, lo que se quiere esconder con ellas, es la responsabilidad de los agentes policiales del Estado en la violación de Derechos Humanos, en este caso de niños y niñas mapuche. Lo que se pretende escudar con ellas -utilizando la terminología de las autoridades- es la impunidad administrativa en que el alto mando de Carabineros, así como las autoridades gubernamentales de quienes dependen, han dejado los delitos cometidos por los funcionarios policiales en estos casos, a pesar de existir procedimientos administrativos para su investigación y sanción. Lo que se escuda, además, es la impunidad en que los tribunales militares han dejado los mismos hechos, dada su absoluta falta de imparcialidad para juzgar delitos que involucran a integrantes de las filas de las instituciones armadas, como lo son carabineros.
La preocupación de la comunidad internacional frente a la situación de los niños indígenas afectados por el actuar policial no es nueva. Ya el 2007 el Comité de Derechos del Niño de la ONU constataba la existencia de situaciones de brutalidad policial de la que eran víctimas niños indígenas, instando al Estado chileno a poner término a esta situación a través de acciones tanto preventivas como correctivas. Aunque en años posteriores dicha preocupación fue reiterada por el Comité Contra la Tortura y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, el actuar policial abusivo en contra de los mapuche, incluyendo niños, se repite, sin que se desarrollen las investigaciones y adopten sanciones frente a ellos.
Sin negar las complejidades que tiene un conflicto como el que hoy se vive entre el pueblo mapuche y el Estado chileno en la Araucanía, en donde existen situaciones de violencia imputables a los distintos sectores en pugna, el Estado no puede excusar su rol de garante del bien común y de los derechos humanos so pretexto de la acusación infundada sobre supuesta utilización de los niños mapuche por los adultos que están a su cuidado. Menos aún puede esconder o escudar su responsabilidad en las violaciones a derechos de los niños mapuche, que son imputables a sus agentes policiales, con acusaciones infundadas. Hacerlo no solo es impropio de una democracia, sino que además, es inmoral.Para generar el diálogo y la conversación entre adultos al que sub secretario Rosende llama, lo primero que cabría hacer es hablar con la verdad. Lamentablemente en este caso, no lo hace.

*José Aylwin es abogado, co director Observatorio Ciudadano.
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Mapuches denuncian montaje para seguir agrediéndolos- 03-11-09


Mapuches denuncian montaje para seguir agrediéndolos

Juan Catrillanca, líder político mapuche, aseguró que el Gobierno chileno oculta sus reales intenciones de hacer daño a niños y adolescentes de esa comunidad indígena, escondiéndose con denuncias frente a la prensa en una zona que durante años ha sido escenario de numerosos enfrentamientos armados, poniendo en riesgo la integridad física y psíquica de los menores.
TeleSUR _ Hace: 19 horas

El jefe político de la Comunidad Tradicional de Temucuicui, Juan Catrillanca, acusó este lunes al subsecretario del Interior de Chile, Patricio Rosende, de realizar un montaje contra el pueblo mapuche para excusarse y seguir agrediendo y violentando a las comunidades que luchan por la reivindicación de sus derechos.La semana pasada Rosende denunció el supuesto uso de niños mapuches como escudos en enfrentamientos armados en la región de La Araucanía (sur del país), acusación desmentida por Castrillanca quien afirmó que "esa persona si dice así, es porque quiere salvarse y quiere seguir matando".
"En el mundo nadie puede pensar eso, de que uno va a echar al niño (para) que lo maten, que lo hieran. ¡Pucha!, ¡qué cobardía sería eso!" aseveró el dirigente.
Agregó que las fuerzas de seguridad chilenas producen daño y maldad "a puro atacar con su violencia" en las comunidades mapuches, cuando no están en presencia de la prensa.
El senador del MAS, Alejandro Navarro, manifestó estar "estupefacto" por las declaraciones de Rosende al " mentir descaradamente respecto de la presencia de niños en el denominado conflicto mapuche".
"Mientras por un lado niega las heridas con perdigones y balines que muchos menores recibieron a manos de las fuerzas policiales, ahora inventa la tesis de los niños usados como escudos humanos, pretendiendo crear la sensación de una guerra convencional" agregó Navarro.
El ex candidato presidencial afirmó "lamentablemente parece que Rosende sólo entiende por Estado de Derecho la protección de la propiedad privada, las tierras y camiones de particulares y de grandes consorcios forestales, así como la mantención del 'orden público' que regido aún por el criterio de la dictadura abomina de las reuniones y manifestaciones públicas y que pese al recurrente discurso pro-libertad de expresión busca limitar o inhibir cualquier crítica, por legítima que esta sea, en contra de las políticas implementadas por el Gobierno o el Parlamento".
Navarro ha denunciado en reiteradas oportunidades "el uso excesivo de la fuerza y el atropello de que son víctimas los mapuche en aras de hacer respetar el Estado de Derecho".
Por su parte, el vocero de la Confederación Mapuche, Jorge Nahuel, advirtió el pasado fin de semana sobre una campaña mediática contra el pueblo mapuche, según afirmó, busca anular sus postergadas reclamaciones territoriales.
Nahuel, explicó que la razón fundamental de esta persecución mediática se debe a que el pueblo mapuche quiere sacar a la luz la manera fraudulenta e ilegal en que se han apropiado de la tierra indígena, mal llamada 'tierra pública', donde privados especuladores han contado con complicidad de organismo públicos.
"Es urgente un pacto con el Estado para generar la restitución territorial", afirmó.
Recalcó además que la avanzada contra el pueblo mapuche aparece en un contexto de creciente reivindicación de sus derechos (con el correlativo aumento de la conflictividad), el pedido de judicialización de los movimientos sociales y el reciente asesinato de un miembro del pueblo diaguita en Tucumán.
El encendido escenario en la región de la Araucanía a 600 kilómetros al sur, desde hace años contempla el conflicto con comunidades mapuches que reclaman tierras consideradas ancestrales, cuyos actuales propietarios han instalado empresas agrícolas y forestales.
La Policía y grupos mapuches armados, han sostenido varios enfrentamientos en esa zona, situación que ha preocupado a la Unicef (Fondo Internacional de las Naciones Unidas para Emergencias de la Infancia), en torno al peligro que corre la integridad física y psíquica de niños y adolescentes mapuches.

teleSUR - Efe - chile.com - lostiempos.com/ dg - FC
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La pesada herencia que deja Bachelet- 01-11-09

Conflictos sociales sin solución



La pesada herencia que deja Bachelet

Editorial de Punto Final

Punto Final

A menos de cincuenta días de las elecciones presidenciales y parlamentarias, arrecian los conflictos sociales que desnudan la realidad del país al finalizar el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Decenas de miles de profesores de escuelas municipalizadas iniciaron un paro indefinido reclamando el pago de la deuda histórica que mantiene con ellos el Estado desde que la dictadura terminó con la educación fiscal y la entregó a los municipios. Por su parte, los empleados públicos afiliados a la ANEF paralizaron en defensa de sus reivindicaciones económicas y exigen la contratación de miles de funcionarios sujetos a contratos temporales y que no tienen acceso a las plantas regidas por el estatuto administrativo. Asimismo, se reactivan las movilizaciones de los deudores habitacionales y los pobladores sin casa que reclaman el fin del pago de dividendos usurarios y el derecho a una vivienda digna de la que carece un millón de familias. Los trabajadores de los consultorios de atención primaria organizan nuevas protestas. Un millón de cesantes padecen las consecuencias de la crisis, a pesar del exultante ministro de Hacienda que destaca los éxitos macroeconómicos y afirma que para Chile la crisis ha terminado. Finalmente, se agrava la situación en el territorio mapuche, donde la represión policial alcanza a niños, mujeres y ancianos.
Nada parece afectar, sin embargo, la popularidad de la presidenta Michelle Bachelet, que en una encuesta alcanzó 83% de apoyo. Tampoco el gobierno ha caído en el respaldo que indican esas encuestas. Esta popularidad sustentada sobre el fracaso y la decepción, parece ser producto de una extraña forma de masoquismo colectivo debido a la ausencia de una masa crítica y movilizada tras objetivos de cambio social. Su resultado más paradojal es que sigue punteando el candidato presidencial de la derecha, Sebastián Piñera, aunque ahora en declive. Es una situación que llama la atención y anticipa eventuales sorpresas electorales. No bastan para explicarla la manipulación de los medios de comunicación, la simpatía de la presidenta Bachelet ni los bonos que regularmente han venido a paliar la situación de los sectores más desprotegidos.

Existe sin duda una crisis de gobernabilidad de la que son responsables las clases dominantes, y por lo mismo tanto el gobierno como la oposición derechista. Es evidente, por ejemplo, que en el caso de la efervescencia en el territorio mapuche, la derecha está por incrementar la represión y apoya a los terratenientes. Insinúa, incluso, la posibilidad de militarizar la región con intervención de las Fuerzas Armadas. El gobierno, por su parte, carga con la ineficiencia y la corrupción de la institucionalidad creada para atender las demandas de tierras, y echa mano a una desmedida y cruel represión. Carabineros, dependientes del Ministerio del Interior, actúa en La Araucanía como una fuerza de ocupación y reprime indistintamente a hombres, mujeres y niños. Se invaden violentamente las comunidades, persiguiendo a supuestos terroristas y se crea una situación imposible de manejar dada la rebeldía que provocan los abusos y la impunidad con que actúan sus hechores.

El gobierno de la presidenta Bachelet ha sido denunciado por la Unicef (Fondo de Naciones Unidas para la Infancia) por los atropellos policiales a niños mapuches. Su representante en Chile, Gary Stahl, se entrevistó con tres ministros para darles a conocer la preocupación del organismo internacional por la brutalidad policial con los niños de las comunidades mapuches. El abogado José Aylwin Oyarzún, del Observatorio Ciudadano, ha expresado igualmente su repudio a prácticas “impropias de un Estado democrático de derecho”, y no descarta los “montajes policiales” en La Araucanía.

El problema mapuche evidencia, por lo tanto, el fracaso de las clases dominantes en el tema indígena.

En la educación la situación no es muy diferente en términos de responsabilidades compartidas. La mayor visibilidad está dada por el tema de la deuda histórica, que el gobierno se niega a reconocer, y por tanto, a pagar. Desmiente con su accionar el reconocimiento que de la misma hicieron anteriores gobiernos de la Concertación; la existencia de sentencias favorables en los tribunales, que se ha negado a cumplir; las conclusiones alcanzadas por una comisión especial de la Cámara de Diputados y hasta recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que en su conferencia trató este año el problema e instó al gobierno chileno a reparar la deuda con el magisterio, puesto que la misma viola tratados suscritos por el Estado. Repentinamente, el gobierno ha negado la existencia de la deuda, que se arrastra desde 1981 cuando la dictadura transfirió los establecimientos fiscales a los municipios. Al profesorado no se le reconoció entonces el reajuste especial de entre 50 y 90 por ciento del sueldo base que se les había entregado pocos meses antes, junto a los demás empleados públicos. Se trata, por lo tanto, de una obligación jurídica y ética que no debe ser desconocida, y que justifica la enérgica reacción de los profesores. Pero el tema de la deuda histórica es parte de un problema más general que afecta al conjunto de la educación y en consecuencia, debilita el sistema democrático y la existencia misma de valores republicanos. Se encuentra en peligro la educación estatal -entregada por Pinochet a los municipios- cuya desaparición no rechaza la derecha. Esta quisiera la total privatización de la educación, dejando parte de ella en manos de la Iglesia Católica y otras instituciones confesionales, y el resto en poder de empresarios que actúen conforme al mercado, ligando la calidad de la educación a las ganancias que produce.

El gobierno percibe el peligro y como no hace nada para evitarlo, se justifica la sospecha de que tampoco está comprometido a fondo con la educación pública. Lo demuestra la sorprendente ineptitud que en esta materia han demostrado las sucesivas autoridades de la Concertación. Desde la fracasada reforma educacional que, con todo, significó la construcción de importante infraestructura, hasta la ceguera que llevó a la rebelión de los “pingüinos”, que conmocionó al entonces recién instalado gobierno de la presidenta Bachelet. Hubo compromisos, propósitos de enmienda y tramitaciones que desembocaron en el reemplazo de la Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE) por la LGE, que sigue manteniendo el lucro como motivación del sistema y elude una reforma a fondo de la educación.

Los funcionarios fiscales tienen también motivos para protestar. Han obtenido mejoramientos importantes pero no han logrado que se termine con la aberración de los empleos a contrata de miles de trabajadores. Se ha creado al interior de la Administración Pública una especie de apartheid entre los funcionarios que están incorporados a las respectivas plantas -sometidos al estatuto administrativo-, y los trabajadores que tienen un empleo precario, sin previsión social, sujeto a plazos que muchas veces se prolongan por años, pero que pueden ser despedidos por simple voluntad del jefe. A la derecha no le interesa que exista una eficiente Administración Pública. Una de sus consignas favoritas es “menos Estado”; prefiere los empleos precarios en que es fácil el despido. Con mayor razón ahora, cuando a corto plazo aspira a hacerse cargo del gobierno.

Ni la Concertación ni la derecha parecen comprender la profundidad de los problemas que se acumulan en el país. Su solución es ineludible y demandará un verdadero proyecto nacional que junto con la excelencia técnica y el sentido democrático que lo inspire, exija recursos que deberán provenir de impuestos a las grandes fortunas y a las empresas mineras transnacionales que obtienen utilidades escandalosas que deberían estar al servicio de los chilenos.

En resumen, estos problemas -que no son los únicos- dejará pendientes la administración de la presidenta Bachelet. La raíz común de ellos se encuentra en la desigualdad social que se ha acentuado durante los gobiernos de la Concertación. Cifras de la Cepal indican que este año el ingreso per cápita del 20% más rico supera más de trece veces el ingreso del 20% más pobre.

El 20% más rico se lleva el 58% del ingreso, mientras el 20% más pobre sólo alcanza al 5%. En palabras del obispo Alejandro Goic, presidente de la Conferencia Episcopal, “más de tres millones de chilenos viven con 100 mil pesos al mes, y a veces con menos”.

Esta es la pesada herencia que dejará al próximo gobernante la presidenta Bachelet. Pero ninguno de los tres candidatos con posibilidades de llegar a La Moneda, plantea soluciones de fondo. Por el contrario, cada uno a su modo promete ser continuador del actual gobierno.

Es claro que mientras no se levante una alternativa democrática y popular, orientada hacia el socialismo, Chile vegetará en la injusticia social en que lo sumieron el capitalismo neoliberal y las bayonetas, situación que los gobiernos de la Concertación no se han atrevido o no han querido modificar.

(Editorial de Punto Final, edición Nº 697, 30 de octubre, 2009)

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Ciudadanía rechaza ilegítima tramitación de Ministerio de Medio Ambiente 01-11-09

Ciudadanía rechaza ilegítima tramitación de Ministerio de Medio Ambiente

por Diversas Organizaciones (Chile)

domingo, 01 de noviembre de 2009

DECLARACIÓN PÚBLICA

Como una traición a las demandas históricas de la ciudadanía en materias de institucionalidad ambiental calificaron organizaciones ambientales, sociales y sindicatos al acuerdo político alcanzado entre el gobierno y senadores para la aprobación inminente del proyecto que crea el Ministerio de Medio Ambiente.

Reunidos de urgencia en Santiago para acordar acciones en respuesta a dicho acuerdo, las organizaciones rechazaron su ilegítima aprobación, ya que representa un grave retroceso en materias fundamentales como la participación ciudadana, la conformación de las COREMAS y la creación de un servicio de áreas protegidas. En su lugar, se aceptó la creación de los tribunales ambientales exigidos por la derecha, que debilitarán seriamente las atribuciones sancionatorias de la Superintendencia Ambiental.

La reforma ambiental es resultado fundamental de las movilizaciones y luchas ambientales de comunidades y organizaciones, que durante más de 15 años, desde la aprobación de la Ley ambiental, han hecho visibles los vacíos de la actual institucionalidad y legislación ambiental.

Cabe señalar que, en una situación inédita en tramitación parlamentaria, este proyecto de ley recibió cerca de 1350 indicaciones por parte de los senadores, la mayoría de ellas, generadas desde la propia ciudadanía y suscritas por los parlamentarios. Este cúmulo de observaciones es reflejo del alto interés que la reforma ambiental en curso despierta entre los distintos actores y sectores del país.

Estas organizaciones demandan que la nueva institucionalidad y legislación ambiental no se limite a la mera creación del Ministerio y demás entidades, como ha señalado la Ministra de Medioambiente, sino que aborde seriamente materias fundamentales propuestas por la ciudadanía que fueron excluidas del acuerdo, y les otorgue el mismo trato y prioridad que han recibido las demandas de la Alianza.

Las organizaciones rechazan el procedimiento utilizado por el gobierno, avalado por los senadores Pablo Longueira (UDI), Andrés Allamand (RN), Antonio Horvath (RN), Juan Pablo Letelier (PS) y Soledad Alvear (DC), que forzó la discusión y aprobación de una ley truncada, en menos de 48 horas, impidiendo discusiones de fondo y retrocediendo en los avances logrados en la Cámara de Diputados en materia de participación ciudadana. De esta forma el llamado Gobierno ciudadano transó sin condiciones las exigencias de la Alianza, desechando sin consulta alguna las demandas y propuestas emanadas de la ciudadanía.

Las instituciones firmantes se declaran en estado de alerta y mantendrán informada a la ciudadanía, para que pueda tomar una decisión fundada de cara a las próximas elecciones. Esperamos que el gobierno reabra los espacios de discusión para que la reforma ambiental signifique una real protección del patrimonio natural, el bien común y la calidad de vida de los chilenos y chilenas.

Adhieren a esta declaración:

Acción por los Cisnes, Claudia Sepúlveda 08- 6568438
Asociación Chilena de ONGs, Acción, Álvaro Ramis 9-3004912
Acción por la Tierra/EarthAction Santiago, Viviane Castro 9-8261727
Oceana, Alex Muñoz 08-4791013
Fundación Terram, Flavia Liberona 08-8286118
Ética de los Bosques, Bernardo Reyes 08-2491039
Defendamos la Ciudad, Patricio Herman 09- 2585459
Ecosistemas, Juan Pablo Orrego 09- 3499236
Chile Ambiente, Patricio Rodrigo 09-4424820
Conapach, Zoila Bustamante, 06-8363961
Observatorio Ciudadano, José Alwín 09-4440502
Sindicato de Profesionales de CONAF (Sinaprof), Jorge Martínez 09-6471433
MODEMA, Rosa Rojas 8-5993304
Jóvenes Tehuelches Valdivia, Manuel Ruiz 09-1951357
Grupo Ecológico Línea Verde (La Higuera), Clara Pérez 08- 8637639
Coordinadora Defensa Río San Pedro, Juan Moreira, 09-9429197

Santiago 30 de octubre de 2009

- Enviado a piensaChile por Pamela Suárez H., Directora Comunicaciones, Fundación Terram(2) 2694499 (9) 9229693www.terram.cl
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Sobre el proyecto para la obtención de ADN---03-11-09

Sobre el proyecto para la obtención de ADN

Por de nietos restituidos y hermanos que buscan a sus hermanos nacidos en cautiverio *

Visto que no ha cesado el espíritu de presentar como una “mano salvadora y llena de amor” el plan sistemático de robo de bebés, es decir, el robo de nuestra verdadera identidad durante la última dictadura militar, nosotros, “los nietos”, queremos decir claramente que:

- No corresponde que esté en tela de juicio el derecho a recuperar nuestra verdadera identidad, que muchas veces es puesto en discusión a través de cómplices, o simplemente necios, que llevaron adelante, aprobaron o aprueban, tal aberración.

- El Estado debe usar todas las herramientas para devolverles la identidad a los más de 400 jóvenes apropiados que aún desconocen su verdadera historia, para cerrar así esta herida que marca a nuestro país desde hace más de 30 años. Lamentamos que muchas veces se quiera presentar como incorrecta la búsqueda de la verdad y se siga poniendo en discusión si se debe o no exigir un análisis de ADN. Ese examen, en el caso de ser positivo, no sólo permite saber quiénes somos, sino que pone fin a la búsqueda de toda una familia después de más de tres décadas.

- A los legisladores en particular y a la sociedad en general les pedimos que nos ayuden a encontrarlos y que piensen que los silencios permitieron que la dictadura nos secuestrara. Hoy no debemos permitir que esos silencios mantengan vigentes esos secuestros, ya que son delitos permanentes que no prescriben, de lesa humanidad y que sólo dejan de estar vigentes cuando se descubre la verdad.

- Cada día que pasa es uno más en el que la mentira se mantiene viva, apropiándose de la verdad en la vida de más de 400 jóvenes y en ellos a sus hijos, las nuevas generaciones de argentinos.

- Esos jóvenes son nuestros hermanos y nosotros sí les podemos decir que recuperar nuestra verdadera identidad nos permitió ser nosotros mismos y no lo que otros quisieron que fuéramos, primero asesinando a nuestros padres y luego cambiando nuestra identidad.

- Los que hoy podemos saber quiénes somos y quiénes fueron nuestros padres también sabemos que ellos nos dieron la vida y que jamás y bajo ninguna circunstancia nos abandonaron.

- Sólo sobre la base del conocimiento de la verdad de los acontecimientos ocurridos a nuestros padres sabremos y podremos construir una sociedad más sólida, sin mentiras y con la verdad a la luz.

- Nosotros hoy somos libres porque podemos elegir qué hacer con esta historia, ya que haber recuperado nuestra identidad no nos convirtió nuevamente en cautivos de alguien, sino todo lo contrario: nuestras familias respetan nuestros derechos y cada uno genera el vínculo que quiere con ellas.

- Somos libres porque recuperamos lo que nos robaron, porque pusimos las cosas en su lugar y así pudimos entender nuestro ADN, ese que nadie pudo cambiar... Si en algún momento de nuestras vidas nos ocultaron cuál era nuestro origen, hoy lo sabemos y podemos hablar en primera persona de eso; hoy somos capaces de construir con esa historia un futuro.

- El derecho a la identidad es un derecho humano y como tal irrenunciable. Es tan importante como el derecho a la vida, a la libertad y a la integridad física. Nadie debe decidir si quiere o no ejercer ese derecho, porque es el Estado el responsable de garantizarlo y preservarlo.
- Hoy este Congreso tiene la responsabilidad y la obligación de reparar el daño que nos causó el terrorismo de Estado.

* Firman: Ramón Aiub, Matías Reggiardo Tolosa, José Sabino Abdala, Paula Alessandrini, Lorena Battistiol, Tatiana Sfiligoy (Ruarte-Britos), Horacio Pietragalla, Belén Gentile, Ramiro Nicolás Menna, Eduardo de Pedro, Gustavo Godoy Weil, Felipe Gatica, Cristina Bettanin, M. Victoria Torres Ruiz, Laura F. Acosta, Jorgelina Paula Molina Planas, Verónica Castelli, Virginia Ogando, Victoria Donda, Marcos Solsona, Claudia V. Poblete Hlaczik, Manuel Gonçalves Granada, Iván Fina (y siguen las firmas).
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Álvaro Uribe Vélez (breve prontuario del rufián que gobierna Colombia) 31-11-09

Álvaro Uribe Vélez (breve prontuario del rufián que gobierna Colombia)

Pedro Zamora Fonseca

Sábado, 31 de Oct de 2009. 10:24 am

Aunque bien es cierto y conocido por quienes saben a fondo la verdadera historia de Colombia y no la que nos han vendido, los historiadores “tarifados” por las oligarquías mantuanas y/o “Los amos del Valle”, bien definidos en su obra por Francisco Herrera Luque. “Colombia jamás ha tenido democracia” (ver artículo Vox populi vox dei en Marea Roja del 15 de septiembre 2004). Todos los presidentes de ese país, desde Francisco de Paula Santander, el primer forajido apatrida, que en unión con su compinche José Antonio Páez, dividieron a la “Gran Colombia”, para repartirse “la cochina”, todos los mandatarios, sin excepción se han arrodillado ante el imperio “gringo”, a quien han entregado, su riqueza natural, cometiendo para ello, toda clase de crímenes y atropellos, entregando su soberanía y territorio, como sucedió en Panamá.
No obstante, la larga sucesión de traidores, genocidas, ladrones y narcotraficantes, que pomposamente han liderizado, la supuesta “democracia” colombiana. Jamás la Casa de Nariño, fue ocupada por un sinvergüenza, narcotraficante por dinastía, asesino, estafador, hipócrita solapado, con menuda e inocente figura de “cura jesuítico”, lacayo y testaferro del imperio, tal como lo es el actual mandatario Álvaro Uribe Vélez. (alias El Paisa).
Sería mi deseo y propósito, referirme aquí, a todos los delitos y violaciones constitucionales, cometidos por este rufián de apariencia y hablar “inocente”, pero para ello, debería escribir su bibiografía, lo cual me llevaría demasiado tiempo (que ya no poseo) y muchos abultados volúmenes, por cuanto él está inmerso en toda fechoría imaginable y suponiendo que lanzáramos al aire los libros que contiene el Código Penal y su constitución, por las páginas donde ellos cayeron, se podría enjuiciar por los respectivos delitos, sin temor a ser injustos.
Me refiero aquí, muy resumidamente, anotando un breve “dossier,” de su tenebrosa y sangrienta vida política:
Hijo de Alberto Uribe Sierra, hombre opaco, perteneciente a la clase media, vecino del barrio “Laureles” de Medellín, quien hasta el año de 1970 fungía como intermediario de bienes y raíces, económicamente endeudado, cambia su situación financiera, catapultándose hacia la riqueza e influencia política, por alianza turbia con Fidel Castaño y Carlos Castaño, capos fundadores del llamado poderoso “Cartel de Medellín”, siendo a la vez socio de la familia “Ochoa” y de Pablo Escobar Gaviria, el cual, dicho sea de paso, le facilitó al entonces joven Álvaro, un helicóptero de su propiedad, para que trasladara el cadáver de su padre que fuera ajusticiado en una de sus haciendas; por las FARC en 1983, por diferencias de control de territorio narco-paramilitar, hecho este que no ha desmentido ni explicado el Dr. “Varito”.
La influencia de su padre, además de que éste, por matrimonio estaba vinculado con la familia Ochoa, de la clase dominante, en el Departamento de Antioquia creadores del famoso “cartel de Medellín” y del MAS, fueron factores decisivos en la metórica carrera política de Álvaro; fue así como en 1992, Pablo Escobar, lanza su campaña “Medellín sin barrios marginales” y organiza una gran carrera de caballos, destinada a recoger fondos, para la campaña de Uribe a la Alcaldía de Medellín, posición que ganó y que ocupó durante dos años, lapso en el cual continuó apoyando los sucios movimientos de sus promotores, los “narcoparamilitares” del cartel de Medellín, del cual formaba parte su padre, quien costeaba las campañas políticas que lo colocaron como Alcalde, Gobernador de Antioquia, Senador de la República y por último Presidente de Colombia, cargos todos, costeados con dinero ensangrentado por los crímenes del narco-paramilitarismo. Ya desde sus comienzos, a raíz de haber egresado de la Pontificia Universidad Javeriana, donde se título abogado y donde adquirió, la hipocresía solapada del Opus Dei y de la Compañía de Jesús, de las cuales asimiló, todos sus trucos y patrañas, incluyendo su apariencia personal de “cura inofensivo,” a la cual bien se refirieron Pablo Escolar Gaviria y Carlos Castaño, en ocasión de visitarlo en la Dirección de Aeronáutica Civil, de la cual, por entonces Álvaro era su Director, con la siguiente observación: “ este curita inofensivo, nos va a ser de mucha utilidad en el futuro; debemos apoyarlo…” Desde ese momento, se convirtieron en sus narco-protectores y le financian su brillante carrera política y es por esa misma época, cuando el gobierno del imperio le abre el expediente No.82 que obra en el folio 10 de la lista de los 100 narcotraficantes más peligrosos del mundo, que reposa en la C.I.A. y que se encuentra VIGENTE, listo para ser activado, a la menor desobediencia a las órdenes de los Estados Unidos, con lo cual, el Dr. “Varito”, se encuentra chantajeado y “obediente” a las órdenes de sus amos, so pena de terminar en presidio vitalicio, como fue el caso de Noriega de Panamá. Director de Aeronáutica Civil, Alcalde de Medellín, Gobernador de Antioquia, Senador de la República y Presidente de Colombia (por 3 períodos consecutivos como tal parece); tal es la brillante carrera política de este bellaco. Todas las posiciones , fueron obtenidas sacrificando la ley, la justicia, matando inocentes (campesinos, líderes opositores, falsos-supuestos, etc.), envenenando al mundo con drogas, en complicidad con su socio, el Pentágono, los cuales sostienen su economía con las utilidades del comercio de la misma y por ende su hegemonía bélica. (Ver artículo en Vox populi Vox Dei “Terrorismo y Narcotráfico”, en edición de Marea Roja, del 20 de julio 2009.) La impopularidad del presidente Pastrana ante su fracaso contra la violencia, montó el escenario para la subida de Uribe, con la promesa de un gobernante de “mano dura” que acabaría con los secuestros y muerte de las guerrillas y con la oferta electoral de un “proceso de paz”, mediante un programa bien definido, fue electo Presidente en las elecciones amañadas del 2002, manipuladas por la narco-burguesía. Sus primeros pasos como Presidente, fue declarar un “Estado de Emergencia”, el 11 de agosto, debido a que tan solo a 4 días posteriores a la ceremonia de su posesión, recibiera la explosión de un mortero de las FARC, dirigido al mismo Palacio de Nariño; Revocó la Ley 418 de 1997, la cual impedía al gobierno firmar acuerdos, con agrupaciones sin status político, siendo reemplazada por la Ley 782 que sí le otorgaba poderes supra-constitucionales; puso en vigencia, un impuesto especial, para “Esfuerzo de Guerra”, suplementando aun más los ingresos provenientes del Departamento de Estado, para el “Plan Colombia”, mediante el cual se autorizaba a las tropas yanquis, operar libremente para el supuesto exterminio de terroristas, el cual contenía la cláusula de “inmunidad territorial” que permitía la comisión de todo tipo de delitos y garantizaba su impunidad en territorio colombiano. Todo esto, autorizado a espaldas del pueblo y del Congreso, en violación constitucional, traicionando los intereses de soberanía y los derechos humanos; dividió además el Partido Liberal en el que milita, creando un segundo grupo que lo respalda incondicionalmente, fracción que mediante elecciones fraudulentas, impuso una mayoría en el Congreso y del cual, en la actualidad se encuentran más de 30 de ellos, presos, por la comisión de varios delitos, pero que mediante el voto de sus respectivos suplentes, dan status legal a todas las fechorías y crímenes que las mafias que lo sostienen le imponen constantemente, incluyendo las órdenes del imperio que como ya se dijo, lo presione con la amenaza de presidio en caso de desobediencia; creó las “Autodefensas y Convivir”, amén de los paramilitares, para que masacraran a los campesinos, legítimos propietarios de la tierra, la cual usurpan y reemplazan el cultivo alimenticio por el de coca y marihuana; Entre los jefes paramilitares, figuran antiguos narcotraficantes muy famosos, como Francisco Javier Zuluaga, José Vicente Castaño, Hernán y Jesús Giraldo, Rodrigo Tovar Puro (alias Jorge 40) Diego Fernando Murillo (alias Don Berne) y otros mas estrechamente vinculados con Uribe, cuyos antecedentes judiciales fueron borrados, de los registros del D.A.S., por instrucciones del narco-presidente Uribe el cual, mediante la “Ley de Justicia y Paz”, les concedió amnistía, garantizando así, la impunidad a todos los líderes del crimen organizado. En el año 2006, instruyo a su protegido, Jorge Noguera Cote, quien debido a su entrañable amistad, había nombrado como jefe supremo del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), para invadir el territorio venezolano, en complicidad con ex-militares venezolanos, traidores a la patria y de esta manera el narco-gobierno colombiano, colocó en la finca Daktari ubicada en el Hatillo de la capital, propiedad de un gusano mayamero de nombre Rober Alonso (hermano de la gusana-malinche, María Conchita Alonso, traidora con los dos países que la protegieron, Cuba y Venezuela, quien para congraciarse con los yanquis se prostituyó en Hollywood, ubicó, repito, a un grupo de casi 200 asesinos mercenarios colombianos, a los que vistieron y armaron como soldados venezolanos, para que intentaran tomar a la fuerza, el Palacio de Miraflores y asesinaran a Chávez, José Vicente Rángel e Isaías Rodríguez, creando el caos y tumbando al legítimo gobierno. El golpe fracasó, gracias a la eficacia de nuestra inteligencia militar, los golpistas detenidos y amnistiados por nuestro magnánimo caudillo, obedeciendo el llamado de su gran corazón y a quien los bellacos opositores, tildan de tirano. Esta conspiración contra nuestro país, fue develada y detallada ampliamente a nivel internacional por todos los medios, nada más que por un alto funcionario que participó directamente en ella, el colombiano Rafael García, Jefe de Informática del DAS, quien obedecía órdenes directas de Álvaro Uribe Vélez, quien comisionó al Jefe de la Institución, Jorge Noguera Cote para que en unión de los traidores venezolanos, tumbaran a Chávez e instituyeran un gobierno de facto, como el que pretendió instaurar Pedro Carmona, a quien protegen y estimulan, asilado en ese país. Jorge Noguera y más de 30 congresistas uribistas hoy están presos, e indiciados por diferentes crímenes, ¿Qué clase de gobernantes tiene Colombia…? Muchos han sido los crímenes cometidos y que sigue cometiendo, el Dr. “Varito”, como cariñosamente lo llamaba, su antiguo protector, el capo Pablo Escobar Gaviria, mentiroso compulsivo, que “miente como respira”, (tal y como lo afirma Antonio Caballero, insigne periodista colombiano); Fue el creador de las Autodefensa CONVIVIR, tenebroso grupo genocida, obediente de las órdenes Uribista. Y tal como dije al comienzo, son imposibles de enumerar en este artículo por razones obvias, por lo cual y para terminar, solamente me referiré, al último crimen, de lesa-patria, que el enano-presidente, está cometiendo y que es de proporciones gigantescas. Está entregado a los gringos, el territorio colombiano en bandeja de plata, para que sus tropas (ejército, aviación y marina, amén de mercenarios contratistas), ocupen 7 bases militares, con el absurdo pretexto de luchar contra el terrorismo y narcotráfico, instituciones que ellos mismos crearon y que administran, para beneficio y engorde de su economía. Está entregando así la soberanía del país, en un acto flagrante de traición a la patria, sin consultar con su pueblo, ni con su Congreso y en violación a su Constitución que prohíbe expresamente tal acto. Nuestro gobierno, sabiamente dirigido por el Comandante Chávez, está elevando protesta internacional “con todos los hierros”, por tan abominable hecho que pone en peligro también, nuestra soberanía y la de todo el territorio hemisférico y como consecuencia se está levantando un movimiento mundial de repudio, habiendo sido “desenmascarados,” en la reunión cumbre de Bariloche, tanto el complot del imperio como el del traidor “Judas Uribe Vélez”. Son incontables las mentiras, patrañas y crímenes de toda especie, cometidos por el Dr. Varito. Lo increíble e inaudito, es que el pueblo colombiano y el mundo entero, lo sigan permitiendo.
¿Qué sucede con los otrora valientes hermanos, saga de libertadores neogranadinos? ¿Ya no corre sangre patriota por sus venas…?
¿Por qué no se alzan contra la ignominia, tal como lo hizo nuestro pueblo, sacudiéndose del yugo imperial burgués-capitalistas…?
!!!Chávez sigue dispuesto a ayudarlos!!!

¿Qué tal? Patria, Socialismo o Muerte ¡Venceremos!
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Rafael Avilés involucrado en el asesinato del Gral Schneider vuelve a las andadas en Paraguay -28-11-09

Rafael Avilés involucrado en el asesinato del Gral Schneider vuelve a las andadas en Paraguay

por Ultima Hora (Paraguay)

miércoles, 28 de octubre de 2009

Un correo electrónico de "alto voltaje" lo sacó del semianonimato en el que se desarrollaron sus casi 40 años en el Paraguay. Sin embargo, Rafael Eduardo Avilés Lambie tiene un pasado vinculado a la violencia en Chile, su país de origen.

Según el expediente de la investigación del asesinato del ex comandante del Ejército de Chile, general René Schneider, Avilés estuvo involucrado en dicho acto ocurrido el 23 de octubre de 1970, en Santiago de Chile.

El asesinato del general Schneider fue realizado como un intento para evitar que Salvador Allende sea proclamado presidente de Chile, luego de ganar estrechamente las elecciones de 1970.

El atentado fue perpetrado por el grupo Patria y Libertad, del cual supuestamente era parte Avilés.

El Parlamento debía confirmar a Allende en la presidencia, lo cual ocurrió, a pesar del atentado que pretendía crear el caos y evitar así la subida de un comunista al poder.

Schneider era considerado un militar institucionalista, al igual que el general Carlos Prats, asesinado hace 35 años en Argentina.

En los reportes del caso, específicamente en la Revista de Derecho y Jurisprudencia y Gaceta de Tribunales, se vincula a Avilés con el asesinato de Schneider.

Luego del atentado, Avilés se trasladó el 12 de noviembre de 1970 a Argentina, y de allí pasó al Paraguay en enero de 1971, obteniendo documento paraguayo en marzo de ese mismo año. Su número de cédula paraguaya es 585.753.

También un ex diplomático chileno, Eduardo Rodríguez Guarachi, lo cita como vinculado a la muerte del general Schneider, en su libro Chile - Argentina. Más Allá de sus Fronteras: Crónicas de un Diplomático.

APUESTA. En dicha publicación, Rodríguez Guarachi relata que se había encontrado con Avilés y Diego Izquierdo en Buenos Aires, Argentina, y que estos le habían apostado 5 mil dólares que la Democracia Cristiana chilena no iba a dar su apoyo para que Allende asuma la presidencia.

Según Rodríguez, nunca cobró la apuesta y más tarde se enteró de que los tres citados estuvieron involucrados en el atentado y asesinato del general Schneider.
Según fuentes periodísticas de Chile, Avilés es un prófugo de la Justicia en Chile, y se pidió su extradición, en un fallo judicial de 1978, repitiéndose el pedido en el año 1983. Sin embargo, según fuentes de la Interpol paraguaya, no existe tal pedido de extradición.

EL PEDIDO. El pedido de extradición de Avilés fue aprobado por la Corte Suprema de Chile, según un escrito publicado en la Revista de Derecho y Jurisprudencia y Gaceta de los Tribunales, Tomo LXXX, Nº2 Mayo - Agosto de 1983, Volumen 90, Números 1-2, Página 50 - 51.

El escrito ordena que se remitan los datos a la Cancillería, para su tramitación, vía diplomacia.

REPERCUSIÓN INTERNACIONAL

Varios medios internacionales de prensa se hicieron eco de la propuesta hecha por Avilés, de armar grupos anticomunistas en Paraguay.

Las Últimas Noticias (Chile) y El Nuevo Herald (EEUU) en su versión español se refirieron a la publicación lanzada por Última Hora.

También Latercera.com, de Chile, reproduce las declaraciones publicadas por ÚH el domingo pasado, así como parte del email que Avilés reconoció haber enviado a los socios de la ARP, filial San Pedro, en el que insta a la formación de grupos civiles y la compra de armas pesadas para combatir a "comunistas".

La investigadora Pascale Bonnefoy titula un artículo en su blog de globalpost "Chileno fugitivo propone la creación de grupos armados en Paraguay". En dicho sitio asegura que Eduardo Avilés es un prófugo de la Justicia chilena por el caso del asesinato del general René Schneider, donde también está involucrada la agencia CIA de los EEUU.

Fuente: Ultima Hora
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Para los militantes del MIR Nelson Herrera Riveros, Mario Lagos Rodríguez y Luciano Aedo Arias, asesinados en 1984--03-11-2009

03-11-2009

Para los militantes del MIR Nelson Herrera Riveros, Mario Lagos Rodríguez y Luciano Aedo

Arias, asesinados en 1984

La verdad tardó 25 años

Lucía Sepúlveda Ruiz

Punto Final

La verdad judicial sobre los asesinatos de los dirigentes miristas Nelson Herrera Riveros, Mario Lagos Rodríguez y Luciano Aedo Arias se impuso tras la completa reconstrucción de escena encabezada por el ministro en visita de la causa, Carlos Aldana, el pasado 23 de septiembre. En la compleja diligencia que revivió el caso Vega Monumental de Concepción (23 de agosto de 1984) participaron un centenar de ex agentes de Santiago, Concepción y Chillán; testigos, peritos y expertos de la policía. Tras contrainterrogatorios, careos, filmaciones y pericias practicadas en el lugar de los hechos, el ministro -que recibió la causa en febrero de 2009, desde la justicia militar - procesó al brigadier ®de ejército Marcos Spiros Derpich Miranda (“Gitano”), segundo al mando de la CNI, como autor intelectual del homicidio de Nelson Herrera en el marco del operativo “Alfa Carbón” contra el trabajo político, social y militar del MIR del BioBio a Valdivia.

Los asesinatos en Valdivia de Juan José Boncompte, Rogelio Tapia y Raúl Barrientos permanecen aún en la impunidad total. Derpich –que en democracia se desempeñó en la DINE, Dirección Nacional de Inteligencia del Ejército hasta ser encausado y luego absuelto en el caso Silbermann -. es el único alto oficial procesado en el caso Vega Monumental, junto a los seis autores materiales de los crímenes.

En abril de este año, el ministro Aldana había realizado la reconstitución de escena de la fase Los Angeles del operativo donde fue asesinado Mario Mujica Barros , procesando a José Antonio Zapata Zapata (“Ramos Sanhueza) y Bruno Antonio Soto Aravena (“Melero”) de la CNI Concepción, por homicidio calificado. En ambos casos, todos los procesados están libres bajo fianza. Derpich pasó sólo 17 días preso en el Regimiento Chacabuco.

Cautivo de Santa Juana

La diligencia permitió aclarar las circunstancias en que fue ultimado Nelson Herrera, de quien sólo se sabía que llegó muerto al hospital regional de Concepción. El auto de procesamiento de Derpich establece: “En circunstancias que Nelson Herrera Riveros descendía del bus se sintieron disparos en el lugar, resultando herido a bala en su región frontal, siendo detenido por agentes de la ex CNI y esposado de sus manos, ingresado a un automóvil al cual subieron 3 a 4 agentes de Santiago que formaban un equipo y se dirigieron al Hospital Regional de Concepción….Pero una vez iniciado su trayecto el jefe del equipo recibió un comunicado radial por la frecuencia o canal 1, del jefe de la división Regionales de la CNI que estaba en el cuartel Regional Concepción de la CNI en Pedro de Valdivia, el cual le ordenó cambiar a la frecuencia 2….recibiendo una orden del señalado jefe, el cual le señaló que el detenido no podía llegar vivo al hospital y que debía ser eliminado o “despachado” …por lo que desviaron su ruta al camino a Santa Juana …bajando al detenido… uno de los agentes colocó su revólver a unos dos centímetros de distancia de la frente de la víctima, disparando sobre la misma un tiro, impactando en la parte frontal de la cabeza de Herrera Riveros”.

Los autores materiales

La confesión provino, entre otros, de José Abel Aravena Ruiz, (“Muñeca”/”Cucharita”, de Santiago, jefe de la Brigada Azul de persecución al MIR, ex miembro de la Brigada Caupolicán y torturador en José Domingo Cañas y Londres 38) y de Sergio Agustín Mateluna Pino (“Guatón Ordenes”, de Concepción). Ellos integraban el equipo asesino a bordo del vehículo, junto a Luis Enrique Andaur Leiva (“Cavieres”, suboficial de Carabineros, Brigada Azul), este último verdugo ejecutor de Herrera. El trío fue procesado por la justicia militar por “violencia innecesaria”. También están procesados los miembros de la Brigada Azul Luis Hernán Gálvez Navarro (“Vitoco”) y Roberto Farías Santelices (“Petete”) (por el asesinato de Luciano Aedo en Hualpencillo); y Manuel Angel Morales Acevedo (“Baretta”), por ultimar a Mario Lagos frente a la Vega Monumental, que bajaba de un taxibus, disparándole cuando estaba con sus brazos en alto.

En el asesinato de Lagos también participaron Hugo Hechenleitner (coronel ® de carabineros, entonces teniente, alias “Comandante Martínez”) cuyo procesamiento inicial fue anulado por el fiscal militar, y Egon Barra ( cabo de ejército,“Siete Fachas”), que no ha sido procesado. Las identidades reales de los agentes se lograron en la justicia militar el 2003, porque en 1984 los agentes declararon con nombres falsos y testimonios armados por el abogado Miguel Parra y consensuados con el fiscal militr de la época, Pedro Marisio.

Como encargado de regiones de la CNI, el entonces coronel Derpich había integrado el mando que junto a Jorge Mandiola, jefe de la CNI de Concepción y Alvaro Corbalán, jefe operativo de la Central Nacional de Informaciones, ejecutó la masacre, planificada con un año de anticipación. Según declaraciones de Mandiola, Derpich viajó en agosto a Concepción con 60 funcionarios al mando de Alvaro Corbalán, alojados en el Regimiento Chacabuco, en tanto que los oficiales lo hicieron en el Hotel Araucano. Diez equipos actuaron en Concepción, Talcahuano, Los Angeles, Valdivia, Coronel y Lota, asesinando a siete dirigentes miristas y deteniendo a 16 militantes del MIR de esa zona, torturados y vejados. Una niña de tres años fue retenida por la CNI y entregada a sus familiares luego de tres días. Alfa Carbón dejó a 13 niños sin padre. Cuatro de ellos son hijos póstumos.

La causa de Valdivia

La Corte de Apelaciones deberá fallar próximamente sobre la petición de la destacada abogada Magdalena Garcés, defensora privada que solicita acumular al caso Vega Monumental/Los Angeles, la querella interpuesta a comienzos de octubre de este año por los familiares de Juan José Boncompte, Rogelio Tapia y Raúl Barrientos asesinados el 24 y 23 de agosto de 1984 en Valdivia,. La profesional, que se hizo cargo de la defensa dos años atrás, fue quien logró el traspaso de la causa de la Vega a la justicia ordinaria, para acumularla con la causa de Los Angeles. Su objetivo final es condenar la triada Mandiola/Corbalán/Derpich que planificó y ordenó el operativo de aniquilamiento del MIR de la zona sur.

La reconstitución, presenciada por Javiera Herrera, Patricia Flores, compañera de Luciano Aedo, Luciano Aedo (hijo), y Rodrigo Muñoz –que militaba con los caídos – fue valorada por los familiares y la defensa. Patricia Zalaquett, viuda de Nelson Herrera comenta: “Los asesinos, que se cubrían con anteojos, gorros y parkas, recibieron un fuerte escarnio público. En la Vega Monumental, la gente bajaba de los edificios de Lorenzo Arenas y les gritaba ‘¡asesinos’! Había lienzos del MIR. En la memoria eso quedó como algo horroroso porque los vecinos vieron como los mataban. En Hualpencillo, donde cayó Luciano, se inició la diligencia, para luego seguir a la Vega y a Santa Juana. Había un bus con 30 agentes, los hacían bajar de a poco. Pero Corbalán se negó a asistir.”

Abogada Garcés, ¿cómo evalúa la diligencia?

“Fue muy bien conducida y realizada. Respecto de Luciano Aedo quedó claro que fue rematado en el suelo y que nunca disparó. Jorge Vargas Bories reconoció que él y Jorge Mandiola estaban presentes. En la Vega donde fue asesinado Mario Lagos. Fue evidente que Hugo Hechenleitner, jefe de uno de los equipos, y Egon Barra, mienten al decir que estaban mirando esos hechos a media cuadra. Barra dijo que desde Santiago les advirtieron que podían morir unos dos agentes en la operación. Ellos siempre hablaron de un herido a manos de los miristas, para mostrarlo como enfrentamiento. En El confesó Hualpencillo, Carlos Palma Löpez, de la Brigada Azul, resultó herido. que quien le disparó no fue Aedo sino el agente Galvez Navarro, por eso lo apodaron “el Bala Loca”. En el caso de Los Angeles, también fue fundamental la reconstrucción de escena del asesinato de Mario Mujica. Se examinó la entrada y salida de las balas, y por orden del juez Aldana sacaron la puerta de la casa, porque ahí estaban las marcas de los disparos. Se estableció que fue un homicidio calificado y hubo fuego cruzado con balas trazadoras de los agentes afuera de la casa.”

Abogada, ¿habrá justicia finalmente?

Hemos avanzado bastante, es un proceso. Sin embargo no está garantizado que podamos procesar a los mandos, y hay que considerar lo que puede pasar en la Corte Suprema y su postura de aplicar la media prescripción y la amnistía en ocasiones. Lo que ocurra está inmerso en esa lógica. Espero que cuando llegue ese momento, la Corte haya cambiado sus criterios actuales.

Patricia ¿qué esperan ahora los familiares?

“A nosotros nos ha hecho muy bien lo que sucedió ahora, porque es difícil vivir con sentimientos de impotencia y rabia frente al Estado chileno, y a su nula falta de apoyo institucional para que haya justicia en el caso de los ejecutados. En dictadura, el fiscal militar Pedro Marisio hizo una reconstrucción de escena con la versión oficial, y nuestros compañeros disparando… Por mucho tiempo esperamos que se reformara la justicia militar y no pasó nada. El programa de DDHH del Ministerio del Interior no toma causas de ejecutados, sólo apoya legalmente los casos de detenidos desaparecidos. Hemos esperado 25 años para ver estos avances y me da temor llegar al punto en que tengamos toda la verdad y el máximo de involucrados y ellos sean absueltos o les apliquen la media prescripción para dejarlos en libertad..La Corte Suprema encontró el resquicio legal para que prevalezca la falta de justicia. Porque la justicia no es sólo la verdad, es el castigo proporcional al daño cometido. Y al final, todo será una lotería, dependerá de la sala penal que nos toque cuando finalmente llegue el caso a la Suprema.”

¿Cómo se han mantenido como colectivo de familiares?

“Por puro cariño no más, entre todas nosotras. Ha sido fundamental, el compromiso, el ejemplo de los que murieron. Eran todos hombres excepcionales, nuestra vida militante con ellos fue muy fructífera, en el plano de los valores. Hay un sello muy importante que dejaron en nosotras como sus compañeras, sus esposas y sus jefes políticos. En esta labor Rodrigo Muñoz, ha sido crucial, ha tenido la objetividad para colaborar muy certeramente en la investigación. Por su parte, Javiera, Germán (hijo de Cristina y Mario Mujica), Luciano (hijo de Luciano Aedo) y Tamara Lagos (de Mario Lagos), junto al estudiante de periodismo Esteban Gómez, hicieron el video “20 años” para dejar un testimonio vivo de lo que fueron sus padres. Se estrenó en Concepción y en Santiago lo mostramos este año en el acto del aniversario número 25. Ha sido muy difícil sensibilizar a la sociedad chilena sobre estos hechos que provocaron horror en Concepción pero que en el resto del país se desconocen.”

- Fuente: www.puntofinal.cl
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¡Ex soldados chilenos están listos para contar sus secretos! -02-11-09


¡Ex soldados chilenos están listos para contar sus secretos!


por Eva Vergara y Michael Warren (Common Dreams.org)

lunes, 02 de noviembre de 2009

ANTIGUOS SOLDADOS LISTOS PARA CONTAR SECRETOS DEL GOLPE




SANTIAGO, Chile.

Cientos de ex conscriptos militares le han hecho una provocativa oferta al gobierno chileno: ellos revelarían detalles de los crímenes cometidos por la dictadura del general Pinochet, pero sólo si se les garantiza su seguridad.



Los conscriptos temen que si revelan dónde se encuentran enterrados los cuerpos, enfrentarán procesos por parte de las cortes, o represalias de parte de los superiores quienes les ordenaron, hace décadas, torturar y matar prisioneros políticos.

La información que una vez ellos prometieron llevarse a la tumba, se ha transformado, tanto en en una pesada carga psicológica, como en una "ficha de negociación". Al ofrecer sus confesiones, los ex conscriptos esperan mejorar sus posibilidades de asegurarse beneficios, que irían desde pensiones hasta tratamientos psicológicos.

"Fuimos ejecutores y testigos de muchas brutalidades y ahora estamos dispuestos a hablar de ellas para nuestra propia redención personal", dijo el ex soldado Fernando Mellado, quien está organizando una reunión dominical de ex conscriptos frente al palacio presidencial.

"De manera que si hay alguna oportunidad en la que podamos testificar, quizás si anónimamente, entonces estaremos felices de hacerlo".

Mellado lidera el capítulo santiaguino de la organización "Ex Soldados de 1973", y ha estado trabajando con grupos similares a lo largo de Chile, para llegar a una fórmula de cómo y dónde entregar la información. El está llamando a los conscriptos a contar lo que saben.

Cree Mellado que de los 8.000 adolescentes reclutados sólo en Santiago, en el tumultuoso año en que Pinochet derrocó el gobierno de Salvador Allende y aseguró su control del poder, entre el 20 y el 30% estarían dispuestos a hablar.

De acuerdo con un contéo oficial, durante la dictadura las fuerzas chilenas de seguridad mataron 3.186 personas, incluyendo 1.197 que fueron hechas desaparecer.

En cerca de las dos décadas de democracia transcurridas desde entonces, menos del 8% de los desaparecidos han sido encontrados, dijo Viviana Díaz, de la Organización de Familiares de Detenidos-Desaparecidos.

Cientos de restos encontrados, algunos de ellos sólo fragmentos óseos, aún no han sido identificados. Sólo aquellos que enterraron los cuerpos saben dónde se encuentran otras fosas comunes.

Por su parte, Viviana Díaz espera que los ex conscriptos comiencen a hablar, incluso si lo hacen fuera de las cortes. "Hay gente que se nos ha acercado y todo lo que les decimos es 'no importa que no revelen su identidad, sólo cuéntennos la ubicación de los cuerpos, y los detalles' ".

La ley chilena permite la defensa de "sólo cumplia órdenes" a los ex soldados que se someten a la clemencia de las cortes, que dan nombres y suministran información que pudiera ayudar a resolver algúnos de los miles de crímenes cometidos entre 1973 y 1990, bajo el poder de Pinochet.

Esta defensa, "existe teóricamente y se aplica en Chile, y los jueces puden incluso hacer testificar a personas en secreto", dijo el abogado Hiram Villagra, quien representa a las familias de los muertos y desaparecidos.

Pero la mayoría de los ex soldados le temen a las consecuencias, para ellos y sus familias. Algunos temen que los jueces que hicieron sus carreras bajo Pinochet, pudieran protejer a sus ex oficiales superiores.

En una extensa entrevista a la Associatesd Press, Fernando Mellado dijo que los ex conscriptos también son víctimas, obligados a hacer su servicio militar siendo menores de edad y forzados a comenter actos inombrables, o ser asesinados ellos mismos. Declaró que muchos de ellos le han contado de horribles crímenes que quisieran descargar de sus conciencias.

Un ex soldado confesó haberle disparado a una familia completa. Otro, que ahora es un alcohólico que duerme en las calles de Santiago, contó que fue obligado a ahogar a un niño de siete años en un barril con cemento líquido. Otros describen horribles escenas de toruras, y el lanzamiento de cuerpos desde helicópteros.

"Nuestra misión era hacer guardia afuera, y escuchar los gritos" dijo el ex conscripto José Paredes, quien, en una entrevista con la A.P. describió su servicio militar en el centro de torturas de Tejas Verdes. "Ellos terminaron destrozando sus caras y quebrandoles sus dientes".

"Hay cosas que siempre dije que me llevaría a la tumba", cuenta Paredes, con su rostro bañado en lágrimas, mientras nombra a una media docena de oficiales, quienes, dice, le dieron las órdenes.

"Nunca le conté esto a nadie".

El gobierno chileno ha hecho varios esfuerzos de alto perfíl para resolver los crímenes de esta guerra sucia, pero Mellado replica que los ex conscriptos que han querido testificar no han sido aceptados: el Ministerio de Defensa los envió a las cortes civíles, mientras que las autoridades civíles los consideran como militares.

Hiram Villagra concuerda con que ya ha pasado tiempo suficiente para que los soldado que quieren redimirse lo hagan, y envía un mensaje de apoyo a Mellado por sus esfuerzos para reunir testimonios.

"Claramente no hay deseo de nuestra parte de que estos soldado carguen el peso de las culpas de los oficiales, que fueron los que tomaron las decisiones", dijo Villagra. Una revisión de la A.P. encontró 769 oficiales de seguridad, tanto en servicio activo como retirados, en su mayoría del Ejército, que han sido juzgado por asesinatos y otras violaciones de los derechos humanos. Casi todos ellos niegan haber cometido crímenes. Sólo 276 han sido sentenciados.

Gran parte de la evidencia provino de prisioneros. El testimonio de ex soldados podría hacer mucho por resolver estos casos.

2009 Associated Press.Traducción para piensaChile de H.H.B.

Versión original en inglés:

Published on Sunday, November 1, 2009 by the Associated PressChile: Old Soldiers Ready to

Tell Secrets of Coup

by Eva Vergara and Michael Warren

SANTIAGO, Chile


— Hundreds of former military draftees are making a provocative offer to Chile's government: They will reveal details of crimes committed by Gen. Augusto Pinochet's dictatorship — but only if their safety is guaranteed.

[In this Sept. 11, 2008 file photo, relatives of dissidents who disappeared under the dictatorship of Gen. Augusto Pinochet hold their pictures during the 35th anniversary of the military coup led by Pinochet in Santiago. (AP Photo/Roberto Candia, File)]In this Sept. 11, 2008 file photo, relatives of dissidents who disappeared under the dictatorship of Gen. Augusto Pinochet hold their pictures during the 35th anniversary of the military coup led by Pinochet in Santiago. (AP Photo/Roberto Candia, File)The draftees fear that if they reveal where the bodies are buried, they will face prosecution by the courts or retaliation by the superiors who ordered them decades ago to torture and kill political prisoners.
The information they once promised to carry to their graves has become both a heavy psychological burden and a bargaining chip. By offering confessions, the former draftees hope to improve their chances of securing benefits from pensions to psychological treatment.
"We were executors and witnesses of many brutalities and now we're willing to talk about them for our own personal redemption," said former soldier Fernando Mellado, who is organizing a Sunday gathering of draftees outside Chile's presidential palace.
"So if there is any opportunity in which we can testify, maybe anonymously, then we'd be happy to oblige."
Mellado leads the Santiago chapter of the Former Soldiers of 1973 and has been working with similar groups across Chile to figure out whether and how to turn over the information. He is calling on draftees to tell what they know.
Of the 8,000 people drafted as teenagers from Santiago alone in the tumultuous year when Pinochet overthrew Salvador Allende's government and cemented his hold on power, Mellado believes "between 20 and 30 percent are willing to talk."
Chilean security forces killed 3,186 people during the dictatorship, including 1,197 who were made to disappear, according to an official count.
In nearly two decades of democracy since then, less than 8 percent of the disappeared have been found, said Viviana Diaz of the Assembly of Family Members of the Disappeared Detainees.
Hundreds of recovered remains, some just bone fragments, have yet to be identified. Only those who buried the bodies know where other common graves lie.
Diaz, for one, hopes the former draftees start talking, even if they do so outside the courts. "People have come to us and all we tell them is, 'It doesn't matter that you don't reveal your identity, just tell us the location, details.'"
Chilean law allows for a "just following orders" defense for former soldiers who submit to the mercy of the courts, naming names and providing information that could help resolve some of the thousands of crimes committed under Pinochet's 1973-1990 rule.
The defense "theoretically applies and exists" in Chile, and judges can even have people testify in secret, said attorney Hiram Villagra, who represents families of the dead and disappeared.
But most former soldiers fear the consequences for themselves and their families. Some worry that judges who rose through the ranks under Pinochet might protect their former superior officers instead.
In a lengthy interview with The Associated Press, Mellado said the former draftees also are victims — forced into service as minors and made to do unspeakable things or be killed themselves. He said many have told him of horrifying crimes they want to get off their chests.
One confessed to shooting an entire family. Another — now an alcoholic who sleeps in the street in Santiago — said he was forced to drown a 7-year-old boy in a barrel of hardening plaster. Others describe harrowing torture sessions, and loading bodies onto helicopters to be dumped at sea.
"Our mission was to stand guard outside, and listen to their screams," said former draftee Jose Paredes, who described his service at the Tejas Verdes torture center in an AP interview. "They would end up destroyed, torn apart, their teeth and faces broken."
"There are things that I've always said I will take to the grave," Paredes said, his grizzled face running with tears as he named a half-dozen officers who he said gave the orders. "I've never told this to anyone."
The Chilean government has made several high-profile efforts to resolve dirty war crimes, but Mellado said former draftees who wanted to testify were turned away: the Defense Ministry sent them to civilian courts, while civil authorities considered them to be military.
Villagra agrees the time is overdue for the soldiers to seek redemption — and sent a message of support for Mellado's efforts to gather their testimony.
"Clearly there is no desire from our part for these soldiers to carry the burden of guilt of the officers, who were the ones who made the decisions," Villagra said.
An AP review found 769 current and former security officers, most of them military, have been prosecuted for murders and other human rights violations. Almost all deny committing crimes. Only 276 have been sentenced.
Much of the evidence came from former prisoners. Testimony from former soldiers could do much to resolve these cases.© 2009 Associated Press

- Agradecemos al señor Jorge Silva por el envío de este artículo

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Abuelas recuperó al nieto número 98-----------03-11-09

NACIO EN EL HOSPITAL DE CAMPO DE MAYO EN 1979 Y HOY LO ANUNCIARAN EN RUEDA DE PRENSA

La última nieta recuperada fue anunciada en la sede de Abuelas en febrero de este año.
Imagen: Gustavo Mujica

Abuelas recuperó al nieto número 98

Su historia es la de un doble desaparecido. Su madre era una militante peronista, secuestrada durante la dictadura en octubre de 1979 y desaparecida. Hasta hace muy pocos meses, ninguno de sus familiares supo que estaba embarazada al momento de la detención. El hijo nació en cautiverio, en el Hospital Militar de Campo de Mayo, pero encaró solo su propia búsqueda por la identidad a partir de una sospecha. Las Abuelas de Plaza de Mayo hoy hablarán de esa búsqueda y lo presentarán como el nieto restituido número noventa y ocho.

Con extremo sigilo, las Abuelas preservan los secretos de la causa judicial como lo hacen ante cada expediente. Cuando terminan las pruebas de sangre o las comparaciones genéticas que permiten confirmar la identidad biológica deciden finalmente hacer público todo el relato de la historia, para que otros puedan seguir o empezar ese mismo camino.

La nueva búsqueda terminó de cerrar hace apenas unos días. El viernes pasado, los familiares biológicos del niño secuestrado obtuvieron la confirmación de las pruebas de ADN. Y recién ayer lograron conocerlo.

El niño nació en el Hospital Militar de Campo de Mayo un edificio parecido a un cuartel, con explanada en la entrada, descripto en el Nunca Más con camas como en los hospitales y cubiertos con la inscripción “Ejército Argentino”. El lugar era uno de los centros clandestinos de Campo de Mayo y funcionaba como maternidad clandestina de las parturientas secuestradas. De dos a cinco días después de haber parido, todas volvían a los centros clandestinos, pero ninguna lograba sobrevivir. “Es necesario destacar –dice la página de Abuelas– que las detenidas ilegales que dieron a luz en el hospital permanecen desaparecidas”.

Hasta el momento de la detención, sus padres tenían tres hijos. Cuando los secuestraron en octubre de 1979, ninguno de los familiares sabía que ella estaba nuevamente embarazada. Y a lo mejor ni siquiera ella lo sabía, suponen algunos allegados.

Martín empezó a buscar a su familia a los quince años, cuando empezó a sospechar sobre su identidad. El hombre que aparecía como padre supuesto era un agente de inteligencia, que ahora está muerto. Dicen que el chico se acercó a Abuelas porque existía la duda, porque en su partida de nacimiento aparentemente dice que había nacido en esa unidad militar.

Cuando empezó la búsqueda, Abuelas encontró una clave para localizar a la familia. En la mayor parte de los casos, los datos de los que buscan a sus padres o a sus familias se cruzan con las muestras del banco de sangre de Abuelas con los registros de todos los familiares de desaparecidos que empezaron a buscar a sus familiares. Pero en este caso, la base de datos no servía. Las Abuelas encontraron un camino alternativo a través del testimonio de un arrepentido del Ejército, un militar que, quebrado, habría explicado que la mujer había tenido un hijo en Campo de Mayo mientras estaba detenida.
La identidad de la nieta 97 se conoció en febrero de este año cuando Estela de Carlotto contó la historia de una joven de 32 años, hija de Beatriz Recchia y Domingo García, ex militantes de Montoneros, desaparecidos en 1977 y con un embarazo de cinco meses.
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