domingo, 23 de noviembre de 2008

Putos y malevos "pobre infeliz sobreadaptado" 23-11-08


Putos y malevos

Por Sandra Russo


El Malevo Ferreyra terminó siendo un pobre infeliz sobreadaptado. Un falso titán que jugó sucio porque sus superiores se lo mandaban. Un esforzado cadete que hizo los trámites que le pedían. Matar a éste, matar a aquél. “La policía tiene que adaptarse a cualquier tipo de gobierno y somos nosotros los que tenemos que pagar las consecuencias”, dijo mientras su sobreadaptación se dirigía a Crónica TV, y estaba a punto de ofrecerse en un sacrificio sádico de dimensiones notables, toda vez que ahora hay que cuidarse de la espantosa visión del “documento histórico”, esto es: su éxtasis, agonía y muerte.
Tienen eso los malevos, y no lo tienen los putos, que son los antagonistas que les tocan. Tan infeliz fue Ferreyra, que no murió como un valiente, sino como un cholulo. La lectura de la realidad que hacía el ex policía quedó marcada por las palabras ya transcriptas. El se adaptó a lo que había que adaptarse, en la provincia que gobernaba Bussi. Y se adaptó mejor que nadie. Su fama de malevo llegó acompañada de sus primeros crímenes flagrantes. No hacía lo que había que hacer. Era un malevo. Iba más allá. No buscaba detener. Buscaba exterminar. Y a su alrededor, en esa provincia que después lo votó a Bussi, la gente hablaba del Malevo Ferreyra con admiración, como si ir más allá de un límite cualquiera fuera una virtud muy masculina. Lo estoy viendo en una foto: mira a cámara recio, como un galán de Pasión de Gavilanes. Cruza los brazos con la camisa negra arremangada en los codos. Un solo botón desabrochado. Las patillas canosas le envuelven la cara como un collar surrealista, los bigotes tupidos sugieren testosterona, las bolsas en los ojos le dan experiencia, y el sombrero Panamá lo caracteriza. Es un disfraz del malevo rural que acecha en un Lejano Oeste autóctono, en un más allá o un antes de la ley, salpicado con una pizca de falangista.
Tienen eso los malevos y no lo tienen los putos, decía al comienzo del párrafo anterior, porque los putos, en ese imaginario tosco del que nacen nuestros estereotipos, son gallinas. Mariquitas. Me acuerdo del estereotipo de puto que hacía Fabián Gianola: “Ay, salí”, podría haber sido su frase de cabecera, espantado por una avispa, una cucaracha o una mujer. Un puto es un hombre al que le falta algo. Lo que al malevo le sobra: falo. Estas interpretaciones ridículas a todas luces y evidentemente caprichosas son las que laten y concretamente latieron en las últimas décadas bajo infinidad de crímenes aberrantes. Quiero decir: una noción de hombría.
Me acuerdo de Billy Elliot, la película británica basada en la novela de J. A. Cronin, en la que en una familia de mineros en huelga en la que acaba de morir la madre, un chico de diez años debe cultivar en secreto su pasión por la danza, porque su padre y sus hermanos querían que fuera boxeador. Otro caso de putos y malevos. Malevos eran los boxeadores que además soportaban la mina y que iban a la huelga, mientras un bailarín no podía ser otra cosa que un puto. Ni boxeador ni minero ni huelguista. Nada honorable, nada de hombre. Hay una larga tradición de atributos masculinos repartidos así, con una cáscara de hipocresía naturalizada, según la cual un hombre debe sobrellevar cierta cuota de violencia para autoafirmarse. De esta fuente de agua podrida salen matones a sueldo, maridos golpeadores, patovicas, sádicos, explotadores, violadores, en fin, toda la gama de hombres violentos ha saltado la cerca, ¿pero qué cerca? ¿Quién pone límite a aquél cuya fascinación proviene de traspasar los límites?
Estas reflexiones vienen a cuento de las palabras de Ferreyra antes de matarse ante Crónica TV. En esa adaptación denunciada sin conciencia. Precisamente, la denuncia consistió en sacarse el disfraz de esa manera: Ferreyra fue un hombre sin conciencia, un cuerpo y una mente tomados por un rol. Pero no fueron sólo “los gobiernos” a los que se adaptó el ex comisario, sino también a ese borde en el que la palabra “malevo” resuena con eco de macho en los confines del pensamiento colectivo. A esa mirada social aprobatoria de la mano dura, del disparo a quemarropa, de la emboscada fuera de la ley. Lo mismo encarnaron Patti, Rico, Seineldín. Malevos que una parte de esta sociedad admira, reclama, libidiniza. Fue tan sobreadaptado el hombre, que hasta se privó de ser dueño de su muerte. La entregó, como entregó su honor, al representante de algún poder, de un superior. Quizá porque era tucumano, y en Tucumán esa dosis de mirada aprobatoria sobre la ilegalidad parece resistirse más a cambiar de eje. Lo vimos en el juicio contra Bussi, quizás el malevo más arrobador que tuvo esa sociedad.
“‘El fin justifica los medios’ es una frase que representa al maquiavelismo y quiere significar que gobernantes y otros poderes han de estar por encima de la Etica y la Moral dominantes para conseguir sus objetivos o lograr llevar a cabo sus planes.” Textual de Wikipedia. Y bastante sencillo de enlazar con el pobre Malevo Ferreyra, y que por nuestra historia estamos obligados a rechazar siempre, en cualquier circunstancia, ante cualquier dilema. Sin ir más lejos, el de la seguridad.


Permalink:http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-115478-2008-11-23.html
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La Universidad: otro eslabón del Plan Cóndor 29/02/08

La Universidad: otro eslabón del Plan Cóndor

Por: Cecilia Rovito – Red Eco Alternativo Fecha de publicación: 29/02/08

En la de la Universidad Nacional de la Plata (UNLP) fueron halladas cerca de 500 fichas y expedientes que dan cuenta de la coordinación y organización que militares y civiles durante la dictadura militar tuvieron en las universidades públicas nacionales. El objetivo: la persecución ideológica de los estudiantes y profesores.Docentes, investigadores y estudiantes del Centro de Investigación y Capacitación en Estudios de Opinión Pública (CICEOP) de la UNLP realizan un trabajo de investigación para poner al descubierto el plan sistemático para hacer desaparecer a alumnos y docentes "subversivos" .Este trabajo se propone también demostrar que este accionar trascendió las fronteras de Argentinas como un eslabón más del Plan Cóndor.La siguiente entrevista es producto del relato colectivo de profesores e investigadores de la Universidad Nacional de La Plata.

Cecilia Rovito – ¿Cómo se inicia la investigación?

Profesores – Hace alrededor de ocho años se encuentran en forma casi azarosa en el departamento de alumnos de la Facultad de Periodismo, 495 fichas de alumnos en su mayoría de otras facultades del país y extranjeros suspendidos, expulsados y a "disposición del PEN (Poder Ejecutivo Nacional)".Cada uno de estas fichas tienen un número de resolución y lo que nos llamó la atención y origina esta investigación es que las fechas van desde el 76 al 79.Es decir, había casi 500 alumnos sancionados, expulsados o con la leyenda a "disposición del PEN" del sistema universitario nacional y cotejando esta información con el Nunca Más y con los archivos de la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas), había varios de estos alumnos mencionados en las fichas que hoy están desaparecidos.En su momento entregamos las fichas a la Comisión por la Memoria, la cual integra la UNLP y nosotros empezamos a trabajar sobre los expedientes, porque cada una de estas fichas estaba originada en un expediente.Encontramos que si un alumno de cualquier universidad pública del país ( y figuraba también la universidad privada de Morón) era suspendido por actividades contrarias a las leyes dictadas durante el proceso militar, la facultad informaba a la universidad de la cual pertenecía y esta lo informaba al sistema nacional. Es decir, si un alumno era expulsado de una facultad era conocido por todo el sistema universitario.Por ejemplo en uno de los archivos se puede leer: "Concepción del Uruguay, 8 de abril de 1976. Señor delegado militar de la UNLP (...) cumplo en informar a usted (...) la suspensión aplicada a alumnos de esta Universidad Nacional de Entre Ríos" y a continuación el detalle de los estudiantes sancionados.En este sentido, había una coordinación y una organización sistemática de persecución ideológica y desaparición de personas.También encontramos informes a la Escuela Superior de Periodismo de La Plata (ESP), hoy Facultad, pedidos por el rector a cargo - ya sea interventores civiles o militares- acerca de qué personal militar se hallaba trabajando en esa dependencia hasta qué libros adeudaban los estudiantes en la biblioteca de la escuela. En este segundo caso tenemos también la respuesta: la información que se remitía era acerca de la lectura de ciertos materiales y por lo tanto, quienes los leían.

CR – Los archivos en su mayoría ¿qué información poseen?

P – El archivo más importante que tenemos habla del sistema universitario nacional y algunas cosas de la entonces ESP.Lo que no tenemos es la información acerca de los alumnos expulsados de aquí. Esa información tiene que estar en archivos en otras facultades, en otras universidades. Los datos que nosotros mayormente poseemos es sobre los expulsados de la Universidad de Córdoba y de Cuyo.Una sanción implicaba que quien fuese sancionado o expulsado estaba dentro de los cánones que el proceso militar consideraba como "subversivo". Incluso tenemos casos de alumnos expulsados, quines previo a la expulsión ya se encontraban desaparecidos o bajo "disposición del PEN". Es decir, la universidad como institución tomaba la medida acorde a la detención. En estos casos, lo perverso es que la expulsión era un complemento.Por ejemplo en uno de los expedientes dice: "Universidad Nacional de La Pampa, Facultad de Ciencias Económicas (...) el señor rector pone en conocimiento de este decanato de que obra en su poder información emanada de los organismos de seguridad en virtud de lo cual estudiantes que se citan pertenecientes a esta facultad se encuentran detenidos a disposición del PEN, por haber participado en acciones prohibidas por la legislación en vigor (...) Por ello, el decano de la facultad de Ciencias Económicas (...) sanciona (...) con suspensión por el término de dos año contados desde la fecha en que fueron detenidos".CR –¿Quiénes aparecen firmando estos expedientes?P – Muchos de los expedientes están firmados por el profesor Daniel Alfredo Pavón, director de la ESP durante el proceso militar. Cuando se difundió esta información Pavón inicia una causa judicial al entonces decano de la facultad.

CR – Según los archivos ¿la persecución incluía también a los profesores?
P- Si, encontramos pedidos de informes sobre profesores que no se presentaban a trabajar. Y esto claramente es una persecución ideológica porque se entiende que aquellos que se ausentaban eran los docentes perseguidos.La persecución incluía todo el arco universitario: docentes, alumnos y no docentes. Encontramos, además, caso de docentes cesanteados de esta facultad. Pero la mayoría de los expedientes y pedidos de informes es sobre estudiantes.

CR – La documentación que ustedes están revisando ¿sólo comprenden a estudiantes de nuestro país?P- Encontramos pedidos de informes de la comisaría novena de La Plata a la ESP sobre la cantidad y la nómina de alumnos extranjeros inscriptos. Es decir, la policía de la provincia de Buenos Aires solicitaba información a esta escuela. La importancia de este dato es que la comisaría novena durante la dictadura militar funcionó como centro clandestino de detención. En este sentido, nos conectamos con Martín Almada y estamos trabajando con él la idea del Plan Cóndor universitario. Estamos tratando de hacer un giro en la investigación que no solo abarque el sistema universitario nacional sino, al menos, las universidades del conosur. Pero es un desafío porque implica otras cosas: acuerdo entre países y universidades. Desde este marco, creemos que Martín es la persona más capacitada para esto. El es el primer desaparecido del Plan Cóndor. Cuando lo detienen en Paraguay es hasta casi normal, si se me permite el término, que lo torturaran militares paraguayos, pero lo que no era normal es que lo torturaran militares argentinos y chilenos. Y esos militares le pedían otro tipo de información, le pedían información de La Plata.Y en los archivos encontramos que piden datos a la ESP de alumnos paraguayos, bolivianos, chilenos, uruguayos, colombianos y ecuatorianos. Y eso tiene que ver con el Plan Cóndor que es algo mucho más amplio, mucho más denso, mucho más perverso. Y estamos abocados a intentar desentrañar esa trama.En uno de los expedientes se solicita "información sobre la situación de alumnos que se detallan a continuación especificando si tienen o no medidas disciplinarias y razones por las cuales no puedan ingresar a esta facultad". Y los nombres que se mencionan corresponden a aspirantes peruanos y colombianos.Un pedido de informe del rector dirigido a Pavón solicita que "tenga a bien el envío a la mayor brevedad posible la nómina de alumnos extranjeros es esa unidad académica designados por carrera"

CR – ¿Se han propuesto algún análisis del lenguaje utilizado en los expedientes?
P – Hay muy pocos trabajos hechos en base a archivos. Y se han encontrados pocos archivos de la dictadura y este es el primero hallado en una universidad.Entonces, lo que nosotros queremos hacer es un trabajo de investigación que establezca las pautas, los patrones para el análisis de otros archivos que se encuentren.El análisis del discurso creemos puede ser un camino para establecer responsabilidades en el ámbito de la justicia, de los que firmaron esos expedientes y para poder avanzar en que el sistema universitario y científico cuente con una forma de analizar archivos desclasificados, encontrados o recuperados.Qué otra lectura a los términos, calificativos se le puede dar a estos documentos oficiales dentro de un sistema epistémico o universitario.En estos archivos se mezcla lo burocrático con la persecución ideológica más siniestra. Estos papeles no dejan de ser expedientes como cualquiera, lo terrible es lo que dicen. Y creemos que todo este lenguaje no está desconectado de toda la idea de persecución al pensamiento, pensamiento que la dictadura militar venía a "aniquilar".

http://www.aporrea.org/ddhh/a51992.html

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Garzón deja en la cuneta a las victimas del franquismo 21-11-2008


Garzón deja en la cuneta a las victimas del franquismo

Garzón se luce de nuevo. El juez divide el caso en pequeñas causas que irán a jueces diferentes y aleja la posibilidad de un proceso judicial único para revisar los crímenes de la dictadura de Franco

Kaos. Memoria histórica y Derechos Humanos Para Kaos en la Red 21-11-2008

www.kaosenlared.net/noticia/garzon-deja-cuneta-victimas-franquismo


Garzón se luce de nuevo

x Javier Ortiz


Hay veces que uno lamenta acertar. Me habría gustado haber errado cuando predije hace dos meses en esta misma página que el sumario de la causa abierta por el juez Garzón sobre los crímenes del franquismo se quedaría en nada. Pero así ha sido.

No soy jurista, pero desde el principio hubo bastantes aspectos de la iniciativa procesal del magistrado de la Audiencia Nacional que me escamaron. Para empezar, no entendí que encausara sólo a 45 destacados integrantes del golpe militar de Franco contra la República. Si se trataba de enjuiciar los crímenes del franquismo, debería haber considerado toda la época abarcada por la dictadura, desde 1936 a 1976. El 18 de julio de 1936, muchos ejecutores de la barbarie franquista, que o bien torturaron y mataron o bien ordenaron matar y torturar durante los años cincuenta, sesenta y hasta entrados los setenta, estaban en pañales o aún no habían nacido. ¿Qué quería Garzón? ¿Que le informaran de que los 45 elegidos por su dedo instructor no pueden ser juzgados, básicamente porque sus restos yacen bajo tierra?

Eso sin contar con que, si bien casi todos los golpistas del 36 han muerto, el fruto de sus crímenes sigue en vigor. Los franquistas se repartieron entre ellos a escote las propiedades de sus enemigos políticos. Se adueñaron a mano armada de empresas, de fincas y de casas que ahora ocupan sus descendientes. ¿Ahí no hay ninguna justicia que restablecer? ¿Nada que devolver? La situación es tan grotesca que hasta el propio Gobierno de Zapatero ocupa ahora los mismos edificios que la dictadura franquista arrebató a sus legítimos dueños.

Por resumir: que el juez Garzón se ha vuelto a lucir.

Nada sorprendente. Lucirse es lo que más le priva.

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Garzón abandona casos de la Guerra Civil

Agencias (AP)

El juez Baltasar Garzón anunció el martes su renuncia a seguir investigando los crímenes cometidos en la guerra civil española y dejó en manos de los juzgados locales el caso, con el objetivo, dijo, de acelerar la apertura de fosas en las que permanecen enterradas las víctimas del conflicto.

En un auto de 152 páginas, el magistrado lamentó la disputa judicial sobre su competencia en la causa, cuestionada en un recurso de la fiscalía de la Audiencia Nacional, que finalmente le ha obligado retirarse del caso apenas un mes después de abrirlo.

Garzón traspasó la investigación a los juzgados de 25 provincias en las que existen tumbas con personas asesinadas durante la guerra (1936-1939) y los primeros años de la dictadura del general Francisco Franco.

En la práctica, la decisión del juez divide el caso en pequeñas causas que irán a jueces diferentes y, además, aleja la posibilidad real de que se pueda abrir un proceso judicial único para revisar lo ocurrido durante aquel período de la historia española.

No obstante, Garzón defendió con vehemencia en el escrito sus argumentos originales y aseguró que las atrocidades cometidas durante la guerra y la dictadura de Franco constituyen un delito de crímenes contra la humanidad por la desaparición sistemática de centenares de miles de opositores al régimen de Franco.

"Ante unos hechos como los aquí valorados y, a todos estos efectos, no es lo mismo declarar extinguida la responsabilidad de los principales cabecillas por fallecimiento, que otorgarles la impunidad, el perdón y el olvido judicial, tildando sus acciones como mera represión política", dijo.

De hecho, en el auto, Garzón eximió por causa de muerte a Franco y a otros 44 altos cargos de la Falange Española, el partido político en el que se apoyó el dictador.
Pero, al mismo tiempo, el magistrado recordó que el hecho de que todavía existan víctimas vivas de aquellos años implica que también podría haber culpables con vida.

"La investigación es muy compleja, de acuerdo; presenta muchas dificultades de prueba por el tiempo transcurrido, de acuerdo; es difícil que existan autores vivos. Pero no es válido para impedir que se investigue", aseguró Garzón para defender la necesidad de que el caso no muera en este punto.

http://www.kaosenlared.net/noticia/garzon-deja-cuneta-victimas-franquismo

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Los niños perdidos del franquismo


El régimen de Franco aplicó sobre los hijos de los vencidos su mano más dura y cruel. Muchos niños murieron de inanición y algunos desaparecieron


Montse Armengou y Ricard Bellis en Pueblos Para Kaos en la Red 21-11-2008



El 23 de agosto de 1938, el comandante y psiquiatra Antonio Vallejo Nágera recibía un telegrama firmado por el mismísimo Franco. Desde ese día, tenía luz verde para llevar a cabo sus experimentos psiquiátricos con los miles de prisioneros que empezaban a llenar campos de concentración y cárceles españolas. Con la creación del Gabinete de Investigaciones Psicológicas, Vallejo tendría una ocasión única para confirmar su tesis: el marxismo era una enfermedad. Y el régimen, a su vez, dispondría de una excusa científica para aplastar sin misericordia a los vencidos.


En su obra La locura y la guerra. Características biopsíquicas de los marxistas internacionales, Vallejo Nágera expone con claridad el objeto de la investigación: “tenemos ahora una ocasión única de comprobar experimentalmente que el simplismo del ideario marxista y la igualdad social que propugna favorece su asimilación por los deficientes mentales”. El psiquiatra Carlos Castilla del Pino, que le tuvo de profesor, tiene muy claro cuál era la finalidad de esos experimentos: “la única manera de poder justificar -sin sentimientos de culpa y en aras a un ideal superior- todas las tropelerías que se cometieron es montar un edificio ideológico que lo explique. Para Vallejo Nágera, el ‘rojo’ es un degenerado y un hombre que, si se multiplica, está degenerando la raza hispánica. Por tanto, hay que exterminarle”.


Después de la victoria de Franco, ideas como las de Vallejo Nágera encuentran un campo de cultivo excelente en un régimen que no se conforma con vencer, sino que quiere aplastar al enemigo. España se llena de campos de concentración que sólo se cierran después de transportar a los prisioneros en trenes de ganado hasta nuevos centros de detención. En las cárceles se fusila a diario. Una represión que no sólo afecta a personas que cometieron el “error” de defender el Gobierno legítimo de la República. Entre rejas hay también miles de mujeres, solas, embarazadas o con niños pequeños. Centenares de niños murieron en las cárceles de Franco de hambre o de enfermedad. Víctimas inocentes cuyo único delito es ser hijos de rojos. Ellos pasarán a ser uno de los objetivos del régimen, material a moldear para la construcción de la “nueva España”. Y para ello contaban con aportaciones como estos personajes del entramado del régimen.


Hijos de “rojos”: objetivo del régimen


María Topete Fernández era la directora de la Prisión de Madres Lactantes de Madrid. Su objetivo allí es reducir al máximo el contacto entre madres e hijos, “impedir que los niños mamaran la leche comunista”, como dice Victoria Carrasco. “Tenía a los niños todo el día en el patio, tanto si hacía frío como si hacía calor, y a las madres no nos dejaban coger a los niños aunque tuvieran hambre, estuvieran sucios o lloraran. Era horrible, tú veías a tu hijo llorando y no podías hacer nada”, nos cuenta Petra Cuevas, cuya hija murió de una bronquitis después de que La Topete -como la llamaba las presas- le impidiera que la visitara el médico.


Muchas de las mujeres presas con hijos en las cárceles estaban condenadas a muerte. Temían por su vida, pero aún les acongojaba más lo que pasaría con sus niños. ¿Qué sería de ellos si no tenían familia fuera de la cárcel? A Julia Manzanal la condenaron a muerte por ser militante del Partido Comunista y esperaba la ejecución de la pena capital con su hija de meses en la cárcel de Ventas de Madrid: “Imaginaos lo que eso supone, pensar que te van a quitar a la niña. ¿Qué van a hacer con esa niña? ¿Qué van a hacer con nuestros hijos? Cuando hablábamos de esto, decíamos que preferíamos que matasen a la niña con nosotras antes que entregársela a ellos”.


Gumersindo de Estella, un fraile capuchino destinado a la prisión de Torrero, en Zaragoza, se encargaba de dar asistencia espiritual a los presos condenados a muerte. Fue testimonio de muchas ejecuciones, algunas de mujeres con niños. Su diario es hoy un documento excepcional: “‘¿Qué van a hacer con las dos criaturas?’, pregunté. Alguien me contestó que ya habían sido llamadas dos religiosas para que se las llevaran a la casa de maternidad. Pero arrebatarles las hijas a las condenadas a muerte no eran tan fácil como suponían. Gritos de ‘¡Hija mía! ¡Por compasión, no me la roben! ¡Que la maten conmigo!’. Los guardias intentaban arrancar a la fuerza las criaturas del pecho y brazos de las madres y las pobres madres defendían sus tesoros a brazo partido”.


Pan a cambio de adoctrinamiento


El reglamento penitenciario de la época decía que los niños tenían que abandonar la cárcel antes de que cumplieran los tres años. Esto creaba una situación muy angustiosa para muchas madres, ya que no tenían a nadie fuera con quien dejar a los hijos. Esto significaba que el niño iría a parar a un asilo y entre las presas corría el rumor de que, si el niño iba a un asilo, lo perderían para siempre y, si no, tenían la certeza que los niños serían educados en contra de las ideas de sus padres. Teresa Morán recuerda nítidamente, como si acabara de ocurrir, lo que le pasó a una compañera suya de cárcel. Cuando la detuvieron, llevaron a sus hijos a un asilo y ella pasó muchos años sin saber nada de ellos. Un día le dicen que tiene visita:


“Baja y ve al hijo mayor vestido de cura. La mujer se volvió loca y empezó a gritar: ‘¿Pero cómo puede ser, hijo? ¡Un traidor de tu padre! ¿No ves que esos son los que mataron a tu padre?’. Los asilos eran como las cárceles de los pequeñitos porque les enseñaban a odiar a sus padres, les decían que eran rojos, que eran malos y que habían hecho muchos crímenes”.


Los asilos donde van a parar los hijos de los presos pertenecen, en muchos casos, a la red de beneficencia de Auxilio Social. Esta institución benéfica fue creada por Mercedes Sanz Bachiller, viuda del líder falangista o­nésimo Redondo, poco después de empezar la guerra. Está inspirada en la Winter-Hilfe de la Alemania nazi y su objetivo es atender a los más desamparados. Y los que más ayuda necesitan son los vencidos. Pero la caridad no es gratuita. Los hijos de los vencidos reciben pan a cambio de adoctrinamiento. Se les educa en contra de las ideas de sus padres y en el espíritu del “Glorioso Alzamiento”. Todos los que han apoyado la República son “rojos”, es decir, portadores del mal. El Patronato de Nuestra Señora de la Merced era el organismo encargado de los hijos de reclusos. En 1942, este organismo tenía bajo su tutela unos nueve mil niños. Al año siguiente esta cifra ya llegaba a los doce mil. Eran doce mil niños con los padres en la cárcel o fusilados.


El Patronato los tenía distribuidos entre centros de Auxilio Social y colegios u hospicios religiosos. Los niños recibían un trato y una educación similar en las dos instituciones. A Francisca Aguirre le fusilaron al padre y desde muy pequeña estuvo ingresada con sus hermanas en un hospicio religioso:


“las monjas nos juntaron a todas las niñas y nos explicaron claramente que éramos escoria, que éramos hijas de horribles rojos, asesinos, ateos, criminales, que no merecíamos nada y que estábamos ahí por pura caridad pública. No entendíamos bien de qué éramos culpables”.


Robos y secuestros de niños


Pero el régimen no se conformó con reeducar a los hijos de los presos y de los fusilados. Tenían que asegurarse de que la “plaga roja” nunca más mancharía la nueva España. Y aprovechando la impunidad que tenían sobre los vencidos, se dieron casos de robos y secuestros de niños, sobre todo en la España rural. La combinación de miedo, antiguos odios y delaciones hacían la vida imposible a personas que tenían alguien señalado como rojo. Ése fue el caso de Emilia Girón, hermana del famoso guerrillero Manuel Girón, conocido popularmente como El león del Bierzo. Desde que su hermano se enroló en la guerrilla, la Guardia Civil les hacía la vida imposible a ella y a su familia. Casi cada día los llevaban a comisaría, muchas veces eran torturados. En una ocasión, Emilia fue llevada al calabozo media hora después de haber parido su primer hijo, con la sangre bajándole por las piernas. Le dieron una paliza de la que todavía tiene secuelas en la columna vertebral.


Después de eso, fue desterrada a Salamanca, donde tuvo que vivir de la caridad con su hijo recién nacido. Allí, vuelve a quedar embarazada y el bebé nace en el hospital provincial: “el parto lo tuve feliz. Era un niño. Yo quería que se llamase Jesús. Me lo quitaron para llevarlo a bautizar y ya no lo volví a ver más. Yo preguntaba y me decían que estaba malo. Supongo que un matrimonio que no tuviera hijos se lo quedó. Y con esa angustia estoy toda mi vida, porque sé que lo parí y que lo traje nueve meses encima de mí y no lo conocí siquiera. La angustia me durará hasta que esté en el otro mundo”. Del hijo de Emilia no quedó ningún rastro. No fue inscrito, por lo menos con los apellidos de sus padres, y en aquella época poco podía ir a reclamar una gente que estaba marcada como “roja”.


El caso de Emilia no era único. Hemos localizado un documento de la Casa Cuna de Sevilla. Es una carta del párroco a unos futuros padres adoptivos. El cura reconoce que la madre biológica está buscando a su hija y les recomienda paciencia: “al ver que les podían hacer pasar a ustedes un mal rato, decidí no tocar el asunto en la Diputación y que cuando ustedes fueran ni se acordaran que tal mujer había ido a reclamar nada”. El cura acaba la carta recomendando que se inutilice la partida de nacimiento original de la niña y se sustituya por otra. Todo con la máxima discreción.


También hubo secuestros de niños. José Murillo, conocido como Comandante Ríos, era uno de los guerrilleros andaluces más buscados por la Guardia Civil. Su hermana de dieciséis años fue secuestrada con doce niñas más del pueblo por unas monjas. Se las llevaron con un coche a un convento de clausura a Barcelona. No pidieron permiso a los padres y la niña no volvió al pueblo. Aún hoy vive en el convento.


Menores repatriados


Pero el régimen de Franco no se conformó solo con los hijos de los “rojos” en territorio español. Durante la guerra civil, muchos padres tuvieron que tomar la difícil decisión de confiar sus hijos a la República para que los evacuara al extranjero. Confiaban en que sus hijos, terminada la guerra, podrían regresar a una España liberada del fascismo. Pero la guerra la gana Franco y decide que todos estos niños tienen que regresar a España, con o sin la autorización de sus padres. El régimen convierte la repatriación de los menores en una gran operación propagandística. “Franco devuelve a las madres de España la alegría y el cariño de los que un día, por orden del Gobierno marxista, fueron arrancados de su patria y entregados a la tutela de las más antiespañolas instituciones internacionales”, decía el narrador de una película propagandística de la época. En muchos casos, sin embargo, el menor no era entregado a sus familias e iba a parar directamente a un asilo. Una ley de 1940 establecía que la patria potestad de los niños que estaban en centros de Auxilio Social pasaba automáticamente a la institución. Esto creaba un gran riesgo de que los padres perdieran la pista del niño para siempre.


De entre todos los niños españoles en el extranjero, el régimen franquista tenía especial interés en los que estaban evacuados en la Unión Soviética. Para Franco, era un triunfo sacarlos del país donde había triunfado la revolución comunista. Pero, al mismo tiempo, el Caudillo veía a estos niños como elementos peligrosos. Habían estado en contacto con el comunismo, estaban contaminados y hacía falta ingresarlos en un centro que garantizara su reeducación. Néstor Rapp, evacuado a la Unión Soviética antes de que terminara la guerra, fue repatriado a España en 1943. Su familia no había pedido su repatriación y se entera del regreso de su hijo por el periódico. Cuando solicitan que se les entregue el menor, el delegado de la Junta de Protección de Menores les dice que tiene orden de Madrid de no entregarlo y Néstor ingresa en un centro de Auxilio Social. Muchos años después, con la llegada de la democracia, la familia Rapp tiene conocimiento de un informe donde se dice textualmente que el menor no se entregó a la familia porque ésta “no ofrecía ninguna garantía sobre su educación”.


En 1941 Franco firma una nueva ley que aumenta el riesgo de la desaparición de hijos de republicanos al permitir cambiar los apellidos a los menores repatriados. La excusa era dar una identidad a los niños perdidos durante la guerra. Pero, en realidad, dificultaba todavía más que las familias legítimas pudieran encontrar a sus hijos y dejaba la puerta abierta a adopciones irregulares. María Calvo García, refugiada en Francia, fue repatriada en 1940. Cuando regresa a España, tiene ocho años, pero es incapaz de recordar sus apellidos. En 1941 se le aplica la nueva ley, se le ponen dos apellidos al azar: Pérez Gómez, y se la entrega en adopción. Desde ese momento, María deja de tener pasado y está lista para empezar una nueva vida, sin que quede rastro de su anterior familia. María no ha sabido hasta hace muy pocos años que tenía hermanos y que su padre fue fusilado por pertenecer al Ejército republicano. Y lo ha sabido gracias a años de investigaciones y a que su hermana salió en un programa de televisión buscándola.


Ninguna institución la ha ayudado a reconstruir su pasado y durante años se ha topado con un muro de silencio cómplice. Un silencio que se pactó en la transición y que ha cubierto con un espeso velo nuestro pasado más reciente. El régimen de Franco aplicó sobre los hijos de los vencidos su mano más dura y cruel. Muchos niños murieron de inanición, otros fueron convertidos en enemigos de sus propios padres y algunos desaparecieron. Han tenido que pasar cuarenta años de dictadura y veintisiete de democracia para que estos terribles crímenes empiecen a salir a la luz




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CAUSA LOPEZ ESTA DE NUEVO EN LA CORTE SUPREMA 23-11-08



LA CAUSA LOPEZ ESTA DE NUEVO EN LA CORTE SUPREMA

Espera de una definición


El máximo tribunal debe pronunciarse sobre la recusación de los camaristas Durán y Di Donato por Justicia Ya! por sus vínculos con la Policía Jorge
Bonaerense, sospechada en el caso.
Jorge Julio López desapareció en 2006.

Por Adriana Meyer

La causa por la desaparición de Jorge Julio López volvió a la Corte Suprema. Hace dos años, el máximo tribunal decidió que la investigación sobre el testigo desaparecido debía estar en el fuero federal porque se trataba de una desaparición forzada y no de una búsqueda de paradero. Ahora tiene que resolver sobre la recusación que plantearon los querellantes de Justicia Ya! contra los camaristas Alberto Durán y Alicia Di Donato, por sus vínculos con la Policía Bonaerense, sospechada en el caso. “La mayoría de las líneas apuntan a personal de la Bonaerense, por lo tanto estos jueces no ofrecen garantía de imparcialidad para intervenir en el caso”, explicó la abogada Guadalupe Godoy.

Durán fue profesor en la Escuela Superior de Policía, mientras que Di Donato perteneció a las filas de esa fuerza entre 1978 y 1990. Los querellantes de Justicia Ya! recorrieron un largo camino para llegar a la Corte, con el objetivo de apartarlos de la causa. Los jueces Julio Reboredo y Carlos Compaired, colegas de los camaristas platenses recusados, habían votado a su favor, con la disidencia de Carlos Vallefin. Los querellantes fueron entonces a la Cámara de Casación y como tampoco tuvieron éxito, por cuestiones formales, plantearon la recusación “en queja” ante la Corte. El expediente ya está circulando por los despachos, pasó por el de Raúl Zaffaroni y ahora estaría en el de la jueza Carmen Argibay.

En una solicitada publicada meses atrás, organismos sociales, gremiales y de derechos humanos expresaron que la causa López no puede servir “ni para lavar imágenes personales ni para dirimir internas”. Precisamente, en la caliente interna de la Justicia platense la causa es “ambicionada por muchos”. Si bien Durán y Di Donato accedieron al reiterado pedido de Justicia Ya! para que la Bonaerense fuera separada de la investigación, la abogada Godoy recordó que lo hicieron argumentando la “torpeza” de los uniformados y no por haber “obstruido intencionalmente la investigación”, como planteaba esa querella. De hecho, en aquella resolución los camaristas dedicaron varios párrafos a cuestionar la ineficacia profesional del perro adiestrado Kintín, que participó del irregular procedimiento en la localidad de Atalaya, a pocos días de la desaparición de López.

Por otra parte, el juez federal Arnaldo Corazza decidió que la investigación ya no sea coordinada por el secretario Edgardo Duró, sino por la secretaría especial para casos vinculados con delitos de lesa humanidad, a cargo de Martín Nogueira. Justicia Ya! había solicitado en forma insistente el apartamiento de Duró y ahora tiene una “buena expectativa” de que se profundice la búsqueda de los responsables de la desaparición de López entre los miembros de la policía, en actividad y retirados. Además, Nogueira está consustanciado con las causas por los delitos cometidos en los centros clandestinos que funcionaron en Arana y en la Comisaría 5ª de La Plata, por los que pasó el testigo desaparecido. En tanto, la denuncia del abogado Alfredo Gascón contra las abogadas de López y los funcionarios que participaron del juicio al represor Miguel Etchecolatz “por no haber protegido al testigo” sigue buscando un fiscal que la impulse. Tanto el juez Corazza como el fiscal Marcelo Molina la desestimaron, por lo cual el letrado de la familia López apeló ante la Cámara Federal platense. Los cuestionados camaristas Durán y Di Donato solicitaron a la fiscalía que se expida, pero hasta ahora no hubo quién avalara la denuncia porque, uno tras otro, varios fiscales se excusaron o se declararon incompetentes. Pero tampoco hubo ninguno que pidiera su archivo por inexistencia de delito, como hizo Molina, de modo que sigue abierta la posibilidad de que los protagonistas del juicio en el que Etchecolatz terminó condenado a prisión perpetua por delitos cometidos en el marco de un genocidio sean llevados al banquillo de los acusados.

Jorge Julio López, un albañil jubilado de 77 años sobreviviente de la dictadura, tenía que presentarse en la audiencia de alegatos del juicio contra Etchecolatz. Era el 18 de septiembre de 2006, pero nunca llegó.

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TENSION EN TUCUMAN DURANTE EL VELATORIO DEL EX REPRESOR Y EX POLICIA SUICIDADO 23-11-08

TENSION EN TUCUMAN DURANTE EL VELATORIO DEL EX REPRESOR Y EX POLICIA SUICIDADO

La última amenaza del Malevo

Su viuda juró “matar” por venganza, mientras ex policías decían que fue un buen hombre. Intimidaciones.

Por Carlos Rodríguez

”Lo hizo para perpetuarse, para quedar en la historia. En Tucumán, a partir de la figura de (Antonio Domingo) Bussi y de la dictadura, mucha gente tiene incorporado el discurso de la mano dura, de la ley y el orden. Y en ese marco, para muchos, el Malevo Ferreyra no era un asesino, era un justiciero.” El periodista, de un diario alternativo de Tucumán, definió el perfil del policía tucumano Mario “El Malevo” Ferreyra y analizó el porqué de su cinematográfico suicidio, el viernes, frente a las cámaras de Crónica TV, imágenes cuya difusión fue prohibida por una jueza porteña, por pedido del presidente del Comité Federal de Radiodifusión (Comfer), Juan Gabriel Mariotto (ver nota aparte). “Fue fanfarrón y prepotente hasta el último minuto de su vida. Se mató para no sufrir la humillación de una nueva condena por asesino.” Otro periodista, de un medio importante de la provincia, coincidió en la visión de un “suicidio premeditado, para convertirse en un mito para sus seguidores”. Los dos periodistas pidieron reserva del nombre, por razones de seguridad, mientras que los abogados de Derechos Humanos de Tucumán también se llamaron a silencio, por ahora. “El clima en la ciudad está muy denso, es mejor esperar”, comentó una dirigente local ante la consulta de PáginaI12. La decisión fue tomada luego de una reunión que se hizo ayer por la tarde.
Para alimentar el mito, anoche los familiares del Malevo Ferreyra seguían velando sus restos a cajón abierto, preservando los elementos que lo hicieron famoso. Su imagen era la misma que levantaba desprecio en muchos y que, al parecer, genera devoción en otros tantos: lucía su típico sombrero de paja y su camisa negra de siempre, lo que disimulaba la mortaja que cubría parte del cuerpo.
El sepelio fue demorado para hoy a las 11, en el cementerio de la localidad de Los Pereyra, Cruz Alta, al este de San Miguel de Tucumán, donde había nacido hace 63 años. Los allegados confirmaron que Ferreyra será enterrado con su sombrero característico. El velatorio comenzó ayer, antes del mediodía, y ayer por la tarde se esperaba la llegada de otros familiares, su madre y un hermano, que viven en Buenos Aires, y un hijo que reside en los Estados Unidos.
La vigilia, que anoche se hacía a la luz de las velas, era amenizada por sus ex compañeros de armas llevar, policías y algunos ex militares o paramilitares. “Era un tipo que siempre iba de frente, que se jugaba por la sociedad. No era un asesino como dicen los de los derechos humanos”, expresó en voz alta un ex policía, como para que lo escucharan los periodistas y fotógrafos de los medios locales que fueron hasta la finca de San Andrés, donde vive la familia Ferreyra, a cubrir el velatorio. “Cuando entrábamos con él en algunos barrios peligrosos, los delincuentes nos respetaban, porque él se sabía hacer respetar”. Para imponer tanto “respeto” cometía atropellos, torturas y asesinatos, de los que fue acusado a lo largo de toda su vida.
Por un triple crimen, cometido en 1991, cuando se desempeñaba como jefe de la Brigada de Investigaciones, fue condenado en 1993 a la pena de prisión perpetua, pero en septiembre de 1996, por un decreto del entonces gobernador Antonio Domingo Bussi, le redujeron la condena a 20 años y un año después a 18. Desde septiembre de 1998 comenzó a gozar de salidas transitorias para ir a trabajar y en 2002 obtuvo la libertad condicional. A pesar de tantos beneficios, ayer, sus ex compañeros, seguían expresando sus críticas “a la persecución del gobierno nacional y provincial, que llevó a la muerte al mejor policía que tenía la provincia”. Comentarios de este tipo se repetían a cada minuto.
María, la esposa de Ferreyra, estaba ayer acompañada por cuatro de sus hijos. En medio del llanto, juró venganza: “Me voy a encargar de hacer justicia. Si tengo que matar al hijo o al nieto lo voy a hacer”, aseguró la viuda ante un grupo de allegados y ante los medios de prensa locales.
No precisó a quien se dirigía, aunque muchos pensaron en el juez federal subrogante Daniel Bejas, que investiga los crímenes cometidos durante la dictadura militar en el ex arsenal Miguel de Azcuénaga, y que fue quien pidió, el 11 de noviembre, la detención del Malevo.
La abogada María Arraigada, que representa a los familiares de Ferreyra, culpó a la Gendarmería por el suicidio de su cliente. “No me dejaron trabajar. Nos dieron diez minutos para que entráramos a disuadirlo, pero cuando caminábamos hacia la tranquera para hablar con él, irrumpieron los gendarmes y entre gritos, escuchamos el disparo”.
Los familiares tuvieron ayer un entredicho con los policías, en actividad, que habían hecho un cerco en torno de la casa donde se hace el velatorio. “Déjennos elaborar el duelo, pongan una guardia mínima”, le manifestó uno de los hijos del Malevo al jefe del operativo. Una bandera roja había sido colgada en lo alto del tanque de agua al que se subió Ferreyra para resistir la detención. En ese lugar se suicidó ante las cámaras de Crónica Televisión. Todavía se observaban los restos de sangre que había dejado el policía, en su gesto final.
Ayer, durante todo el día, fue incesante el paso de amigos, vecinos y parientes que le dieron el último adiós, en la vivienda que está en la calle Del Cielo, en el barrio San Andrés. “No tengo nada que ver. Que investiguen, que vayan a los lugares, que busquen. Si miento, que me fusilen”, había dicho Ferreyra negando su participación en los crímenes ocurridos durante la dictadura militar.
Laura Figueroa es la abogada que lleva la causa en representación de la parte querellante. Ayer, por la tarde, participó de una reunión con dirigentes de varios organismos de derechos humanos. Resolvieron llamarse a silencio, por ahora, dado que existe en la provincia “una gran tensión y no queremos alimentar reacciones de ningún tipo”, le dijo a este diario una dirigente provincial. “El clima está muy tenso y todos saben que la gente que rodea al Malevo es gente de acción. La situación es complicada porque incluso, antes de morir, Ferreyra había amenazado a quienes lo estaban acusando.”


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Propias palabras


Las frases del Malevo Ferreyra lo pintan de cuerpo entero:

- “Yo pensaba en ser del Ejército, por eso a los 11 o 12 años ya sabía mucho de la historia de los próceres de la Argentina, de los caudillos. Era como leer novelas”.
- “En un tiroteo nadie puede medir ni sincronizar nada; todo es instinto, como si desapareciera la persona”.
- “Yo digo que las luchas no se ganan con flores. Siempre tienen que costar algo”.
- “Mi ídolo en Argentina fue Perón; en la parte democrática, Kennedy, y como militar, Franco”.
- “Yo no me arrepiento de nada de todo lo que hice”


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Prohibido por el Comfer


El titular del Comfer, Gabriel Mariotto, aseguró ayer que está “muy contento” por la decisión que tomó la jueza en lo civil 84, Martha de Gómez Alsina, quien dispuso la medida cautelar de prohibir a Crónica TV la emisión de imágenes relacionadas con el suicidio del comisario Mario “Malevo” Ferreyra. “Se trata de una medida muy interesante para analizar y que sentará jurisprudencia para la defensa de la infancia y la sociedad”, dijo Mariotto en declaraciones periodísticas. Mariotto dijo que la medida “se ajustó a derecho, reconociendo poderes constitucionales como el derecho a la niñez. Estoy satisfecho con la labor de la justicia y de los medios que no se colgaron a emitir esas imágenes”. La medida cautelar había sido solicitada a la jueza por el propio titular del Comfer. De todos modos, Mariotto adelantó que el ente oficial “va a proseguir con el trámite administrativo (para impedir la difusión de las imágenes), pero debíamos proteger los derechos de los niños y por eso hicimos la presentación ante la justicia”. Sobre las imágenes difundidas en vivo, anticipó que “si se infringieron artículos de la ley, la falta grave tiene distintas sanciones, desde la suspensión de publicidad a la quita de la señal”.


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Bussi, Tuerto y un Malevo

Mario Ferreyra fue, junto con el general Antonio Bussi y el comisario Roberto Heriberto Albornoz, alias “El Tuerto”, miembro de una trilogía que impuso el terror en Tucumán. Aunque su actividad, en la dictadura, fue siempre entre los grupos “operativos” y menos expuesta que en los últimos veinte años, se sabe que trabajó a las órdenes de Albornoz, quien fue subjefe de la Policía de Tucumán. Por su actuación, Albornoz fue acusado, en su momento, en 44 casos de tortura y privación ilegal de la libertad. Cuando supo de las acusaciones en su contra, Ferreyra negó los cargos. “Me acusan porque ellos necesitan presos, y a mí saben dónde encontrarme.” Hizo responsables de su situación a la camarista federal Alicia Noli y a la abogada de Derechos Humanos Laura Figueroa. “Cobran 250 mil pesos por cada preso por los desaparecidos”, le aseguró al diario La Gaceta.


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TRES OBISPOS EN UNA TRUCULENTA CAUSA JUDICIAL miembros del Episcopado católico, Ponce de León, Maulión y Laguna. El primero fue asesinado en 1977

TRES OBISPOS EN UNA TRUCULENTA CAUSA JUDICIAL
23 de Noviembre de 2008
Novela gótica

Una novela gótica involucra a tres miembros del Episcopado católico, Ponce de León, Maulión y Laguna. El primero fue asesinado en 1977 simulando un accidente. El segundo no responde desde mayo las preguntas judiciales sobre la exhumación irregular de los restos de su predecesor, que pudieron ser cambiados para frustrar la investigación. El tercero está al borde del procesamiento por falso testimonio y encubrimiento.

Por Horacio Verbitsky

Una novela gótica que involucra a tres miembros del Episcopado católico se desarrolla en una de las diócesis industriales más castigadas por la represión dictatorial. El primer obispo, que acompañaba a los trabajadores perseguidos, fue asesinado en 1977 simulando un accidente de ruta. El segundo no responde las preguntas judiciales sobre la exhumación irregular de los restos del anterior, lo cual alimenta la sospecha de que pudo producirse un reemplazo para frustrar la investigación. El tercero fue indagado y se ha pedido su procesamiento por falso testimonio, que podría extenderse a encubrimiento del crimen. También había desaparecido el expediente judicial por la muerte del primer obispo. Tremendas presiones se ejercen sobre el fiscal subrogante que pidió la reapertura de la causa, descubrió la exhumación irregular del cuerpo, redactó las preguntas que el segundo obispo no contesta, encontró el expediente en el escritorio de un enemigo manifiesto del obispo muerto y pidió el procesamiento del tercer eclesiástico, quien durante la dictadura fue uno de los enlaces oficiales de la Conferencia Episcopal con la Junta Militar. El comportamiento de la jerarquía católica y las complicidades judiciales ante la persecución a quienes desde sus filas denunciaban los crímenes de la dictadura y seguían los lineamientos de la encíclica Populorum Progressio y de los documentos episcopales de Medellín y de San Miguel son el telón de fondo de esta historia truculenta.

El cadáver desaparece

El obispo de San Nicolás, Carlos Horacio Ponce de León, murió el 11 de julio de 1977 en una colisión carretera. Veinte años después se inauguró una ermita en el lugar de su muerte, con asistencia de una delegación de las Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora) y una misa en la catedral que tuvo gran repercusión. Al mes siguiente, el cadáver desapareció de la Catedral. El fiscal federal Juan Patricio Murray impulsa la reapertura de la causa desde hace cuatro años. Una de las diligencias que solicitó fue la exhumación de los restos y la realización de un peritaje antropológico forense para determinar si las lesiones en su esqueleto resultaban compatibles con traumas producidos por un choque en la ruta y cuáles fueron las causas de su muerte. Pero antes de que el juez Carlos Villafuerte Ruzo respondiera, por diversos testimonios e informes Murray supo que los restos de Ponce de León habían sido extraídos de su tumba de la Catedral “de donde estuvo fuera una cantidad de días no determinados”, se supone que en el cementerio local y en una funeraria. El cadáver fue manipulado “con el justificativo de la necesidad del cambio de la caja metálica y de su ataúd” pero ni en la Municipalidad, ni en el Obispado ni en la cochería se encontró documentación alguna. Por eso, antes de cualquier peritaje es preciso certificar mediante un análisis de ADN que los restos de Ponce no fueron sustituidos.

Educando a Franca

Al mismo tiempo desapareció del archivo de los tribunales locales el expediente por el homicidio de Ponce de León. Un día de 2004, Murray tocó la puerta del despacho del defensor oficial Héctor H. Hernández, e ingresó sin esperar respuesta.

–Acá estamos matando un obispo –bromeó el prosecretario administrativo de la Defensoría, Luis Ré (un viejo funcionario judicial, hijo de un militar).

Murray se acercó y vio sobre el escritorio de Hernández un viejo expediente, abierto en una página con fotos de dos vehículos después de un choque. De pie junto a Hernández, la empleada Franca Padullo observaba las fotos. Muy molesto con la situación, Hernández explicó:

–Franquita tenía la versión transmitida por sus padres de que al obispo Ponce de León lo habían asesinado en la época del Proceso, y yo le estaba mostrando el expediente para que verificara que había sido un accidente, que no era posible que personas honorables como un juez, su secretario, un fiscal, un abogado defensor, tres jueces de Cámara, un secretario y un fiscal de Cámara se hayan puesto de acuerdo para hacer aparecer como accidente un atentado.

El ADN

Murray se retiró sin hacer comentarios. Pocos días después el expediente volvió al archivo. Hernández es hermano de un sacerdote y autor de una interminable biografía del asesinado ex presidente de la organización integrista Ciudad Católica, Carlos Sacheri. En vida de Ponce de León fue uno de los organizadores de las legiones que lo denunciaron como subversivo y comunista y llegó a provocar un escándalo en la Catedral, leyendo en forma ostensible un libro durante la homilía. Es habitual colaborador del diario Norte en el que sin mencionar su involucramiento niega que el obispo haya sido asesinado.

Ante las “dudas razonables acerca de la identidad” de los restos, el fiscal pidió que se consultara al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y al Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia qué análisis de ADN se deberían realizar para establecer en forma fehaciente si pertenecen o no a Ponce de León. El Cuerpo Médico Forense no respondió a la solicitud y en el oficio al EAAF el juez omitió consignar qué era lo que le solicitaba. Como la prueba solicitada es de vital importancia el fiscal pidió la suspensión del peritaje de autopsia hasta que no se estableciera la identidad de los restos. Pero el juez Villafuerte suspendió la exhumación de los restos.

También dispuso tomar declaración testimonial al actual Arzobispo de Paraná, Mario L. B. Maulión, quien era obispo de San Nicolás cuando se retiraron de la catedral los restos de Ponce de León. Las preguntas fueron enviadas en mayo y seis meses después Maulión no las contestó. Murray pidió que el Correo Argentino respondiera si la carta certificada fue recibida en el Arzobispado de Paraná y, en caso afirmativo se intimara a Maulión a responder en el término perentorio de cinco días hábiles. Pero el juez se limitó a inquirir al secretario del Arzobispado de Paraná si había recibido el oficio por pieza certificada. Como era de esperar, la respuesta fue negativa. Villafuerte envió un nuevo oficio con las preguntas y no fijó plazo alguno para la respuesta. Murray también pidió que se citara a declarar como testigo al autor de esta nota, cosa que el juez rechazó, aduciendo que con la documentación incorporada a la causa basta para acreditar “la inteligencia ilegal” que los servicios hacían sobre Ponce de León y su diócesis.

Falso testimonio

A la muerte de Ponce de León el Vaticano designó como administrador apostólico de San Nicolás al entonces obispo de San Isidro Oscar Justo Laguna. Villafuerte Ruzo lo llamó primero como testigo. El popular obispo de la televisión invocó su condición de “alto dignatario de la Iglesia” para acogerse al privilegio de contestar por escrito, pese a la oposición del fiscal Juan Patricio Murray. Laguna envió sus respuestas tres semanas después de recibir las preguntas. Dijo haber sido administrador apostólico de San Nicolás entre julio y diciembre del año posterior a la muerte de Ponce de León, 1978. Murray lo denunció por falso testimonio, porque su desempeño fue entre esos meses pero de 1977. El juez entendió que se trató de un inocente error material, que no afectaba la investigación y lo sobreseyó. Pero Murray apeló y la Cámara Federal de Rosario, por voto unánime de sus miembros, le dio la razón y sugirió al juez que recibiera más testimonios y realizara careos. Para el camarista Fernando Barbará la muerte del obispo conmocionó a la zona, por su similitud con la del obispo de La Rioja, Enrique Angelelli, un año antes, de manera que “cuesta pensar” que sea posible la confusión... (la biografía oficial del ex nuncio Pío Laghi, en cuya redacción Laguna se atribuye una parte decisiva, acusa de “extremismos” a Ponce de León y Angelelli). Laguna declaró que recuerda ese año porque estaba en San Nicolás cuando murió Pablo VI. Barbará señala que si las fechas mencionadas hubieran sido las reales, Laguna también habría estado en San Nicolás en ocasión de la muerte de Juan Pablo I y la elección de Juan Pablo II y que la muerte y elección de dos papas son difíciles de olvidar o confundir por un obispo. El “hipotético falseamiento deliberado” de las fechas “podría no haber constituido un fin en sí mismo sino la excusa para callar una verdad conocida”, sobre otros aspectos de la investigación. El juez José Guillermo Toledo adhirió a este voto pero agregó que como Laguna pudo haber tenido alguna responsabilidad por hechos posteriores vinculados al homicidio, debían excluirse aquellas declaraciones sobre hechos propios que pudieran resultar en una responsabilidad penal porque “la falta es cometida por la necesidad de salvarse o protegerse a sí mismo”. Ahora el fiscal insistió en que Laguna fuera procesado por falso testimonio. Según el artículo 275 del Código Penal, la pena por ese delito es de hasta cuatro años de prisión e inhabilitación absoluta por hasta ocho años.

No sabe, no contesta

En su pedido de procesamiento Murray dice que Laguna incurrió en una serie de falsedades e intentó justificarlas con la transposición en el tiempo. No sólo invocó su presunto arribo a la diócesis un año después de los hechos. También dijo que le había llamado la atención que el Vaticano tardara tanto en cubrir el cargo, cuando en realidad su designación se produjo en tiempo record. Los sacerdotes nicoleños que declararon en la causa atribuyeron esa premura a una decisión del nuncio Pío Laghi para adelantarse al propio presbiterio antes de que designara a un administrador diocesano, como había dispuesto Ponce de León. La modificación de la fecha de su desempeño le permitió alegar que nunca nadie le habló de otra cosa que de un accidente debido a la niebla ni de las amenazas que recibía Ponce de León, tal como está acreditado en la causa. Con el mismo pretexto dijo que no le mencionaron los portafolios que llevaba el obispo en el auto chocado, ni supo nada de su correspondencia epistolar que desapareció del Obispado, ni de su testamento, abierto según Laguna un año antes de su llegada. Sin explicar la razón, no contestó si había dado instrucciones y a quién para que el Obispado reclamara por daños y perjuicios a los propietarios, el conductor o la aseguradora de la Camioneta Ford F-100 que se le cruzara en la marcha a la Renoleta del Obispado que manejaba Ponce de León y que quedó destruida. Tampoco dio mayores referencias sobre Víctor Oscar Martínez, quien acompañaba al obispo en el momento de la colisión y luego estuvo secuestrado en la Prefectura local.

Una persona lúcida

“Quienes profesamos la fe en la Santa Iglesia Católica Apostólica de Roma, y somos televidentes de sus micros emitidos todos los martes por Crónica TV, apreciamos sus conocimientos sobre temas espirituales y temporales, y la lucidez mental con que se expresa y manifiesta”, dice el fiscal. Por eso no es posible suponer que la transposición de fechas fuera accidental. Por el contrario “tuvo la intencionalidad de omitir o callar la verdad sobre otros puntos sobre los cuales se lo estaba interrogando”. Tanto “el hecho falso afirmado como aquellos callados que indudablemente tuvo que conocer Laguna, guardan relación con los hechos de la causa en que se investiga la muerte del Obispo Ponce de León”.

También desaparecieron las Cartas Pastorales emitidas por Ponce de León después de febrero de 1975, fecha que para el fiscal “no carece de importancia”. En esos días, dice, comenzó la experiencia piloto de terrorismo de Estado en toda la zona norte de la provincia de Buenos Aires y sur de la provincia de Santa Fe “para reprimir las huelgas de los obreros metalúrgicos de la vecina ciudad de Villa Constitución”. Citando distintos testimonios de la causa el fiscal recuerda que muchos de los obreros de las plantas de Acindar y Metcon vivían en San Nicolás y eran feligreses de Ponce de León, quien “tuvo un protagonismo destacado en defensa de los detenidos, de los desaparecidos y de los perseguidos en general por parte de las fuerzas represivas”. En su portafolio llevaba documentación sobre “desapariciones y asesinatos durante el terrorismo de Estado”.

La comisión de enlace

En un tramo central de su dictamen, Murray sostiene que Laguna “no era una persona ajena a la temática. Integraba –por designación del Episcopado y según sus propios dichos– la comisión de enlace con las autoridades militares, la que tenía como función (según lo por él declarado) hacer reclamos por los desaparecidos y por los derechos humanos violados... Cuando llegó a San Nicolás, el jefe del Area Militar le reclamó por actitudes “que seguían teniendo sacerdotes que habían actuado codo a codo con Monseñor Ponce de León”. La correspondencia incorporada a la causa da cuenta del trato constante entre Laguna y el jefe de la represión en la zona, el hoy procesado coronel Manuel Fernando Saint Amant. En una carta a Laguna, Saint Amant se refiere a “la tirantez de relaciones que existe entre este batallón y la anterior conducción diocesana”, habla en forma despectiva de “los curas progresistas que usted conoce” y los tilda de “escollos” que se hace necesario remover “como ya se lo señalara en su oportunidad”. Uno de los presbíteros de entonces, José Káraman, declaró que ante el pedido de los sacerdotes Laguna se negó a salir en defensa de unos muchachos que habían sido detenidos, salvándose de “que un cura lo cagara a trompadas. Yo fui testigo. Y lamento haber intervenido para sacar al cura”. Según el procurador fiscal, la desaparición de las cartas pastorales, la correspondencia epistolar y la documentación sobre personas desaparecidas y asesinadas por el terrorismo de Estado “tiene un vínculo estrecho posible con las causas de la muerte del obispo y puede hacer a hechos ocurridos con posterioridad a la misma para encubrir un presunto homicidio producto de un atentado”. Murray sólo acusó a Laguna por falso testimonio (artículo 275 del Código Procesal), pero esta referencia a un posible encubrimiento extiende el campo de sospecha al delito que el artículo 277 del mismo código castiga con prisión de hasta tres años, a quien después de la ejecución del delito ayudare a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad o a procurar la desaparición, ocultamiento o alteración de los rastros, pruebas o instrumentos del delito.

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El procesamiento de Laguna

Por Horacio Verbitsky


Según el fiscal Murray la decisión de la más alta jerarquía eclesiástica de designar a Oscar Justo Laguna en la diócesis nicoleña “tuvo un claro sentido político, en función de los intereses de la dictadura cívico militar” y “estuvo orientada a desarticular toda la actividad pastoral construida por Ponce de León y a eliminar todo rastro de las denuncias del obispo sobre las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas por el Estado”. Dado el compromiso de Ponce de León con los familiares de desaparecidos, detenidos y perseguidos, “esa actividad de denuncia se corresponde con la posterior desaparición de toda la correspondencia epistolar y el archivo” que guardaba.

El sacerdote Nicolás Alberto Gómez declaró que la designación de Laguna como administrador apostólico constituyó una “intervención a la diócesis”, ya que ese obispo “tenía un grave prejuicio sobre nosotros”, que se correspondía con la “oposición interna eclesial” a Ponce de León, quien fue amenazado por su estrecha relación “con el pueblo –sobre todo con los pobres y las villas, los que sufren– a través de su compromiso cristiano y pastoral”. Tanto Gómez como la religiosa y docente Yolanda Filomena Berardi señalaron que el obispo recibió una nota que decía “preparate porque en julio se te acaba” y que contenía el dibujo de un ataúd. Káraman declaró que su convicción sobre el asesinato del obispo se fue afirmando por una serie de episodios posteriores: que el Obispado no hiciera ningún juicio por la muerte de su titular, que a la compañía aseguradora no se le permitiera revisar el auto pese a lo cual la policía dijo que el Obispado cobraría el seguro, que mientras Ponce de León agonizaba “la Clínica San Nicolás fue rodeada en forma permanente de milicos” y su velorio en la Catedral fue como un campo de concentración. “Hasta se palpaba de armas a los que entraban y yo mismo mandé a la puta madre que lo parió a un cana que intentó hacerlo”. Sobre el paso de Laguna por la diócesis declaró que fue “nefasta”. Les decía a los presbíteros conmovidos por la muerte de su obispo “que parecíamos viudas y que estaba harto de oír hablar de Ponce de León”. También les cuestionó la teología “epidérmica” que seguían. “Su misión fue desarmar lo que Ponce había armado.” Esa actitud fue tan evidente que cuando lo designaron obispo de Morón ni un solo sacerdote de San Nicolás asistió a su investidura.

El sacerdote Marcelo Domenech declaró que Ponce de León, formaba parte de un grupo con los obispos Antonio Brasca, Alberto Devoto, Vicente Zaspe y Enrique Angelelli, con quienes coincidía respecto de los desaparecidos y las opciones pastorales. Más que un administrador apostólico, Laguna “fue una especie de inspector”. Según Domenech su nombramiento por el nuncio Laghi constituyó una “intervención de la diócesis”. Ponce de León había conformado un cuerpo de consultores “con expresas indicaciones de que ante un acontecimiento que lo apartara del Obispado se nombrase rápidamente a un sacerdote de la diócesis como Administrador Diocesano”. Pero Laghi demoró la decisión de ese cuerpo “hasta que venciera el plazo de los ocho días para su pronunciamiento, de manera que perdiera la potestad de intervenir”. Esto permitió el nombramiento como administrador apostólico de Laguna. También Domenech dijo que durante el velorio la catedral estaba tomada “por gente de los servicios de distintas fuerzas de seguridad, casi todos de civil, lo mismo que el día del entierro, donde esta presencia de los servicios se identificó. Esta actitud de las fuerzas de seguridad formó parte de controlar quiénes vienen o si hay algún tipo de manifestación, para saber quiénes eran”. El sacerdote Marcelo Lisandro Sbaffo recordó que “se dudaba del accidente sobre todo por el contexto que se vivía y por lo que había pasado Angelelli” y que “hubo indignación” porque “la cosa no se manejó como correspondía, quedó la sensación de que los movimientos de la misma Curia eran de no ‘levantar mucha polvareda’, de conformarse con las versiones que traían oficialmente, primero por la intervención de Laguna, donde se perdieron cuatro o cinco meses fundamentales”. Agregó que “a todos nos quedó un gustito amargo el hecho de no investigar ni insistir en lo que había pasado, ya que era un obispo que estaba amenazado y que fue uno de los pocos que defendió a muerte a sus sacerdotes frente al poder militar”. La monja Berardi relató que Ponce de León la convocó para trabajar en orientación para jóvenes pero que Laguna separó a todas las religiosas de la pastoral diocesana.

“Entiendo que de dichos testimonios palmariamente surge la voluntad política de la jerarquía de la Iglesia Católica Apostólica de Roma, en coincidencia con las autoridades de la dictadura cívico-militar, de desarticular la prolífica y comprometida labor pastoral desarrollada por Ponce de León en esta diócesis, situación que se agudizó tras su muerte”, concluye Murray. No le parece casual que en ese contexto haya sido designado como administrador apostólico –directamente desde el Vaticano– el imputado Laguna que integraba la Comisión de Enlace entre el Episcopado argentino y el gobierno usJustificar a ambos ladosurpador del poder constitucional, con reuniones periódicas con los Secretarios de las tres Fuerzas Armadas... Esto hace que de las sospechas iniciales que dieron lugar a la indagatoria de Laguna se haya “avanzado hacia un grado de probabilidad suficiente, respecto de la voluntad del imputado no sólo de falsear la verdad de los hechos históricos de manera intencional, sino también la de callarlos, alegando desconocimiento de situaciones, omitiendo contestar preguntas en parte, escudándose en que su llegada a San Nicolás había sido un año después de la muerte del obispo”. Por todo ello, solicitó su procesamiento, que ahora debe decidir Villafuerte Ruzo.


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Las secretas gestiones por encontrar y repatriar a dos cubanos asesinados en Argentina 23-11-08







Domingo 23 de noviembre de 2008

Por Luis Narváez / La Nación



Las secretas gestiones por encontrar y repatriar a dos cubanos asesinados en Argentina

La batalla de Cuba contra el Plan Cóndor

Dos diplomáticos cubanos fueron secuestrados y hechos desaparecer por un organismo represivo argentino, en Buenos Aires. Pero hoy se sabe que organizaciones anticastristas acudieron a las policías políticas de Chile y Argentina para cometer crímenes. Y son las mismas organizaciones que colaboraron en el atentado contra Orlando Letelier.

El 20 de septiembre de 1976 culminó una de las operaciones terroristas más insolentes que recuerde la historia de EEUU, sólo superada por el atentado a las Torres Gemelas de 2001. Ese día, una bomba activada por control remoto hizo estallar el vehículo que trasladaba al ex canciller Orlando Letelier y su secretaria Ronney Moffit. Ambos murieron despedazados y envueltos en llamas.



El atentado, en el corazón de un barrio que alberga varias embajadas en Washington D.C., fue planificado por la DINA. Pero los hombres de los servicios de seguridad de Pinochet no estuvieron solos. Desde la dirección del organismo represivo, Manuel Contreras transmitió a su segundo hombre, Pedro Espinoza, el encargo para que el agente estadounidense, Michael Townley, organizara y ejecutara el ataque. El agente encontró el apoyo decidido del Movimiento Nacionalista Cubano, un grupo de anticastristas radicados en Miami y dispuestos a todo. Fue así como se orquestó y terminó la sangrienta misión.


Pero hoy se sabe que la colaboración de la DINA con la organización terrorista cubana fue mucho más íntima y también comprometió a todos los organismos de seguridad de las dictaduras sudamericanas (Chile, Bolivia, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil) que conformaron el Plan Cóndor, una concertación para eliminar a todos los grupos opositores a los regímenes que en ese entonces asolaban el cono sur.




Y estos organismos también estuvieron encima de quienes eran sospechosos de colaborar desde otros países. Fue así como la vida de los funcionarios de la Embajada de Cuba en Argentina, Crescencio Nicomedes Galañena Hernández y Jesús Cejas Arias, fue también tomada por el Plan Cóndor y -recién hoy se está conociendo- sirvió como prueba de confianza para que los nacionalistas cubanos colaboraran decididamente con la DINA, al punto de que fueron ellos quienes apretaron el botón del dispositivo electrónico que hizo estallar el auto del ex canciller Letelier, en las cercanías del Sheridan Circle, la plaza del barrio diplomático de la capital de EEUU.


Fuentes allegadas al gobierno cubano, consultadas por LND, reconocen que la situación de Galañena y Cejas se mantuvo en silencio durante 30 años, pese a existir testimonio sobre la suerte que corrieron y, además, por estar reconocidos como víctima de la represión. No fue fácil para Cuba reconocer que estos funcionarios eran agentes de inteligencia y el canal de mayor confianza de Fidel Castro con la Junta Coordinadora Revolucionaria.







El SIDE y la CORU




Eran años en que todo tenía siglas. También una época en que o eras amigo de Estados Unidos o enemigo. En un contexto de represión máxima contra partidos y movimientos políticos de izquierda, las organizaciones de resistencia armada sudamericanas intentaban conectarse para colaborar mutuamente en la lucha por la recuperación de la democracia.


Fue así como la Junta Coordinadora Revolucionaria se levantó como el único ente que aparecía como alternativa para oponerse a las dictaduras. La organización estaba compuesta por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en Chile (había otro grupo del mismo nombre en Uruguay); el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), en Argentina; el Movimiento de Liberación Nacional o Tupamaros, en Uruguay, y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), de Bolivia.

























Amparados en la clandestinidad, cada uno de estos movimientos tuvo sus representantes, que se reunían principalmente en Argentina. La DINA, manejada sin frenos ni controles por Manuel Contreras, y con íntimos lazos con los nacionalistas cubanos Orlando

Bosch y Luis Posadas Carriles (ver recuadro), había detectado que la organización era apoyada soterradamente por el gobierno cubano de Fidel Castro. Pero tan bien estaba organizado el organismo que hasta principios de 1976 era imposible saber cómo o quienes eran la conexión de La Habana con la mencionada junta.

En Buenos Aires, los movimientos militaristas que se levantaron contra la viuda de Perón, Isabelita, se tomaron el poder tras la renuncia de la mujer. Fue la llegada de Rafael Videla y el inicio de la llamada "guerra sucia". Las detenciones ilegales, secuestros violaciones de mujeres y salvajes torturas permitieron obtener los primeros datos de la entidad izquierdista. Pero hubo otro actor que sería decisivo: la Coordinación de Organizaciones Revolucionarias Unidas (CORU). Según un informe desclasificado del FBI de 1978, la CORU era "una organización terrorista anticastrista que aglutina a cinco grupos anticastristas, que se unieron en la República Dominicana el 11 de junio de 1976, bajo la dirección del doctor Orlando Bosch" (ver recuadro).


Las oleadas de detenciones no demoraron y fue así como, en julio de 1976, por ejemplo, fue detenido (posteriormente enviado a Chile y hecho desaparecer) en Buenos Aires Patricio Biedma Schadewaldt, de nacionalidad argentina, un reconocido líder del MIR y el último nexo que tuvo este movimiento con la Junta Coordinadora Revolucionaria.














Un mes después, un comando del Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE) argentino, con apoyo de la CORU, implementa un dispositivo para cazar a quienes actuaban como nexo entre los movimientos izquierdistas sudamericanos y Cuba.

Los seguimientos y escuchas telefónicas apuntaban a un joven funcionario consular y su chofer. El 9 de agosto de 1976, a las 17 horas, en una calle que bordeaba el parque de Barrancas de Belgrano y cuando se desplazaban a pie para tomar un colectivo, Crescencio Nicomedes Galañena Hernández (26 años) y Jesús Cejas Arias (22) fueron interceptados por hombres de civil fuertemente armados, que se desplazaban en vehículos Ford Falcon y una ambulancia, tras lo cual fueron llevados a un centro de detención de la Superintendencia de Seguridad Federal.

Orden de Santiago




El 22 de diciembre de 1999, la jueza argentina María Servini de Cubría llegó hasta el penal de Punta Peuco, al norte de Santiago, en compañía del juez chileno Joaquín Billard. La magistrada había sido quien investigó y condenó en ese país a los responsables del doble asesinato del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cutberth, y una de sus misiones en nuestro país era interrogar a Manuel Contreras, entonces preso en dicha cárcel.

Dentro de su largo testimonio, el "Mamo" declaró que Michael Townley había viajado a Argentina, junto al terrorista cubano Guillermo Novo Sampoll, para interrogar a dos diplomáticos de esa misma nacionalidad que habían sido detenidos en ese país. ¿Cuál era el objetivo de esa misión? ¿Cuál era el interés para la DINA?

Textualmente, el ahora condenado Contreras declar: "Quiero dejar constancia de una actuación realizada en el mes de agosto de 1976 por Michael Townley en conjunto con el jefe del Movimiento Nacionalista Cubano, Guillermo Novo, que llegó a Chile y junto a Townley viajaron a la Argentina el 11 de agosto de 1976, y en dicho país cooperaron a la tortura y asesinato de dos diplomáticos cubanos (...). Townley volvió el día 12 de agosto de 1976 junto a Guillermo Novo y los dos cubanos fueron encontrados con los pies encementados en la desembocadura del río Luján en Buenos Aires".

La abogada Fabiola Letelier, hermana del asesinado ex canciller, dijo a este medio que "la colaboración entre los cubanos nacionalistas y la dictadura se produce desde el momento mismo del golpe, porque los cubanos, que eran anticastristas, lo que querían era tener un acuerdo con la junta militar para tener refugio en Chile. Paz, Suárez, Bosch y los hermanos Novo Sampoll vinieron a Chile invitados por la DINA. La relación de estos cubanos con la DINA era estrecha y eso está probado en el juicio".

Los periodistas Saul Landau y John Dinges, en su libro "Asesinato en Washington", publicado en 1981, dan cuenta de la detención de los cubanos en Argentina y sostienen que Townley, especialista de la DINA en asuntos cubanos, habría llegado a Buenos Aires en el momento culminante de los interrogatorios del SIDE y torturó a los cubanos utilizando sus conocimientos comunes con los argentinos, ganando para la DINA nuevas informaciones acerca de las operaciones de los cubanos

Los investigadores apuntaron el especial interés en la misión, tanto para la DINA como para el mismo agente estadounidense, debido a que en esos días su pareja, la escritora chilena Mariana Callejas, había sido sometida a una cirugía y era sabido el apego que Townley tenía hacia ella. Pese a todo, coinciden en que el 11 de agosto voló a Buenas Aires, regresando 24 horas más tarde.

Un mes y medio después, con la ayuda de cubanos miembros de la CORU, Townley concretaba el crimen de Orlando Letelier en la capital de Estados Unidos.
Desde ese momento, e incluso hasta hoy, los anticastristas han reivindicado para sí el secuestro de Galañena y Cejas, llegando incluso a confirmar que tuvieron participación directa en el hecho y que contaron con la colaboración de los agentes del SIDE argentino.


Orlando Bosch, líder de la CORU, declaró posteriormente que "nuestros aliados se hubieron de comprometer y así lo realizaron, el secuestro de dos miembros de la embajada cubana en Buenos Aires y que no han aparecido más".

En el libro "Cuba en guerra", del periodista (anticastrista) Enrique Encinosa, se destaca que "la operación más audaz fue el secuestro y la ejecución, el 9 de agosto de 1976, de Jesús Arias Cejas y Crescencio Galamena, dos diplomáticos castristas radicados en Buenos Aires" (sic).

La evidencia sobre el conocimiento y colaboración de cubanos anticastristas con organismos que integraban el Plan Cóndor parece ser evidente y es lo que hoy concita el interés del gobierno cubano, empeñado en que las autoridades argentinas logren determinar el paradero de los agentes diplomáticos cubanos. Sin embargo, los contactos con el ejecutivo trasandino han sido más bien informales, ya que en rigor los encargados de buscar los antecedentes actúan bajo la denominación de "investigación humanitaria privada", la que cuenta con el apoyo del gobierno de Cuba.

Sobre la actual condición de los cubanos involucrados en el secuestro, Mario Galañena, hermano mayor de Crescencio, dijo al periódico digital cubano "Escambray": "Eso es un dolor que no se quita, que no puede quitarse, es una cosa grabada en el corazón de uno. Cada vez que tú despiertas, lo que haces es acordarte del peligro que esa gente representa para la humanidad. Los terroristas no pueden estar sueltos".

Fabiola Letelier insiste en que "había un acuerdo, un contacto permanente de los anticastristas y la junta militar chilena. Todo eso y que fue la Operación Cóndor se descubrió por documentos que aparecieron, en este caso, acerca de una reunión coordinadora del crimen en Chile".

Mientras, en las profundidades de la desembocadura del Tigre, uno de los afluentes del río de la Plata, siguen sumergidos cientos de bloques de cemento con restos de osamentas humanas, así como tambores metálicos con cuerpos en su interior y que fueron rellenados con concreto para que se mantuvieran bajo las aguas. Los organismos forenses vinculados al trabajo de exhumación e identificación de víctimas de la "guerra sucia" trabajan lentamente.

En Pinar del Río, provincia de donde provienen los cubanos, las familias de Galañena y Cejas aún esperan, como muchas en los países donde existe esta realidad, poder saber con certeza lo ocurrido. Lo mismo que espera Fidel Castro.//LND

El terrorismo anticastrista

Orlando Bosch y Luis Posada Carriles son los principales líderes de la Coordinación de Organizaciones Revolucionarias Unidas (CORU), fundada en 1976, en Santo Domingo, República Dominicana.

Su acto más sangriento fue el del 6 de octubre de 1976. Ese día una bomba hizo estallar un vuelo de Cubana de Aviación que transportaba a la selección nacional juvenil de esgrima de Cuba, que regresaba desde Venezuela.

Tras las investigaciones realizadas se estableció que los autores materiales del atentado fueron Posada Carriles y Bosch. Ambos fueron encarcelados en Venezuela. Pero el primero logró fugarse, en 1985, y el segundo obtuvo su libertad en 1988.

Ambos se refugiaron en Miami, EEUU, y pese a que desde la década de 1976 se sumaron los hechos de violencia en los que estaban involucrados, entre éstos el crimen de Letelier y Moffitt, en 1990 obtuvieron el indulto por parte de George Bush padre, quien en 1976 era director de la CIA.

Actualmente Posada Carriles está sometido a un juicio, pero no por estos hechos sino por delitos de inmigración.


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