lunes, 26 de enero de 2009

Corte de Apelaciones de Santiago Mario Carroza tiene prácticamente solucionado el caso por la desaparición militantes del Frente Patriótico 25-01-09

Domingo 25 de enero de 2009

Por Javier Rebolledo / La Nación Domingo

Los últimos antecedentes en el caso de los cinco frentistas desaparecidos en 1987

Generales en pugna

Que cuatro agentes de la CNI llevaron los cuerpos sin vida hasta la Base Aérea de Peldehue es algo probado en la causa. También la participación de la inteligencia del Ejército en el secuestro. Pero la posibilidad de que el caso toque a altos oficiales en retiro, y a otros en servicio activo, es lo que ha llevado a que hoy varios militares se desentiendan de su responsabilidad y se echen la culpa entre ellos. La investigación estaría por llegar a su fin.



El ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Mario Carroza tiene prácticamente solucionado el caso por la desaparición de cinco militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) ocurrida en 1987. Gonzalo Fuenzalida Navarrete, Manuel Sepúlveda Sánchez, Julio Muñoz Otárola, Julián Peña Maltés y Alejandro Pinochet Arenas fueron detenidos entre el 9 y 11 de septiembre de ese año. Tras meses de cautiverio fueron asesinados y sus cuerpos lanzados al mar.
El crimen fue una acción brutal que el Ejército ideó como respuesta al secuestro del coronel y gerente comercial de Famae Carlos Carreño, ocurrido el 1 de septiembre de 1987. El uniformado que fue plagiado por el FPMR fue liberado en Sao Paulo el 3 de diciembre.
Luego de años de investigación, el juez ha logrado determinar con exactitud la identidad de los agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) que practicaron las detenciones. También dio con el lugar donde los frentistas permanecieron encerrados durante tres meses. Se trata de los calabozos del subterráneo del cuartel Borgoño de la CNI, ubicado a pocos metros de la "clínica" donde trabajaba un doctor de apellido "Fantini", que revisaba el estado de salud de los detenidos.
En el mismo nivel se encontraba la Unidad Antiterrorista (UAT), comandada por el capitán Rodrigo Pérez, quien organizaba labores de choque, a través de un cuerpo de comandos puestos a su disposición.
El magistrado conoce incluso las identidades de los agentes que trasladaron los cuerpos de los jóvenes frentistas inyectados con un líquido desconocido hasta la base militar de Peldehue, donde fueron subidos a un helicóptero y lanzados al mar. Se trata del encargado de análisis del cuartel, Gonzalo Asenjo Zegers, Francisco Zúñiga ("El Gurka"), el enfermero del Borgoño, Mateo Tapia ("El Quincy") y Rodrigo Pérez. Sólo éste último pudo confirmar el hecho, ya que los otros tres se suicidaron en extrañas circunstancias: mientras "El Gurka" y "El Quincy" murieron por asfixia, Asenjo se dio un balazo en el pecho justo cuando la investigación determinó que él fue uno de los agentes que trasladó los cuerpos a Peldehue.
La investigación arrojó que cerca de las cinco de la madrugada del día fatal, los cuatro miembros de la CNI cargaron los cuerpos envueltos en bolsas y los subieron al furgón de la UAT, que normalmente utilizaba Pérez para trasladar a sus subalternos. Zúñiga abrió el portón de Borgoño, luego lo cerró y partieron a dejar los "bultos".
Hasta ahí el magistrado tiene claro el curso de los hechos. Sin embargo, aún existe una serie de hechos sin resolver que, durante los últimos meses, han tensado la investigación hasta lograr quebrar lealtades extendidas durante largos años. Uno de los puntos que más división ha causado entre los sospechosos es sobre quién dio la orden de la eliminación. Actualmente la responsabilidad del hecho es pateada mutuamente entre la dirección del Ejército, la CNI y la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), organismo que, en ésta y contadas ocasiones, tuvo un rol activo en labores operativas.
Cuando se encuentra a punto de cerrar el sumario, Carroza tampoco ha logrado determinar quién asesinó a los militantes del FPMR ni tampoco los soldados quienes habrían utilizado pasamontañas que recibieron los bultos, los subieron al helicóptero y luego los lanzaron al mar.
DINE contra Ejército
Durante los últimos meses, han declarado desde agentes operativos hasta del cuerpo de generales que conformaban el alto mando castrense. La manzana de la discordia apareció luego de que en 2008 se comprobara la existencia de una o varias reuniones del cuerpo de generales, en las que se decidió el destino de los frentistas.
En el marco de esta línea investigativa es que el 17 de julio pasado fueron procesados el ex vicecomandante en jefe del Ejército, general (R) Santiago Sinclair; el ex jefe de la DINE Hugo Prado y el ex integrante del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), coronel Marcos Bustos, único militar actualmente en servicio activo. Ellos se suman a los procesamientos que ya recaían sobre el jefe del BIE de la época, Julio Cerda; el jefe de la CNI, Hugo Salas y otros oficiales y suboficiales que participaron en alguna fase de la operación. En total, la causa suma 27 reos.
En un intento por desmarcarse del crimen, la defensa de Sinclair entregó recientemente al magistrado un decreto firmado por Augusto Pinochet que le delega todas las labores de mando en el Ejército, "salvo aquellas materias de la inteligencia". Veladamente, esto significa que, o bien la decisión de la muerte de los cinco frentistas corrió por cuenta de inteligencia o fue decretada directamente por Pinochet.
Pero otra trama se estaría tejiendo entre los oficiales de la DINE que en ese período cumplieron labores operativas y que en la actualidad se encuentran en altos cargos dentro del Ejército. Es el caso del general Ricardo Ortega Prado, actual jefe de Inteligencia, quien pasa a retiro el 30 de enero próximo, y su subalterno directo en la época de los crímenes, el coronel Marcos Bustos. Este último ha estado a punto de sellar la suerte de Ortega.
DINE contra DINE
El miércoles pasado fue citado a declarar, por tercera vez en la causa, Ricardo Ortega. La diligencia fue solicitada, esta vez, por el abogado del coronel Marcos Bustos, procesado en el caso luego de mentir en reiteradas ocasiones sobre su asistencia al cuartel Borgoño, durante el período que los militantes del Frente permanecieron secuestrados.
Bustos también ha cambiado su versión respecto de la función que le cupo a Ortega en el caso. En una primera declaración señaló que, recién detenidos los cinco frentistas, éste le notificó "que debía desempeñarme por orden del mando como oficial de enlace en la CNI, conjuntamente con el capitán Rojas, quedando a cargo de éste". En sus dichos posteriores, sin embargo, Bustos comienza a olvidar cosas. "No me recuerdo quién me dio la orden. Hice de enlace con la CNI. Sin perjuicio de ello, si la orden verbal me la dio el señor Ortega, fue por orden de Cerda", dice.
La diferencia entre una versión y otra resulta fundamental, ya que en la segunda declaración libera de responsabilidad a Ricardo Ortega, quien en su actual cargo ha visto cómo su jefe y un subalterno directo de la época Julio Cerda y Marcos Bustos se encuentran procesados sin que, hasta ahora, la mano de la justicia lo haya procesado.
Altas fuentes judiciales dicen que la citación de Ortega tiene por objeto que confirme que Bustos sólo cumplió labores de inteligencia, ahora que ya está probada la presencia de éste en el lugar donde estuvieron detenidos los frentistas.
Esta nueva estrategia responde a que el resto de los integrantes de la DINE, destinados en Borgoño, no sólo reconocieron que estuvieron ahí, prácticamente todos los días obteniendo información. El jefe de ellos, el capitán Rafael Rojas ("El Piscola"), ha sido mencionado como activo miembro en las detenciones. Rojas también fue citado a declarar el miércoles pasado por orden del ministro Carroza.
De probarse esta tesis, la actual versión de los miembros del DINE que indica que ellos cumplieron sólo labores de apoyo en el caso, se iría al suelo.
Juntos y revueltos
El general Ricardo Ortega reconoció en el proceso que durante el cautiverio de los frentistas, concurrió en una oportunidad al cuartel Borgoño, luego de la detención de Karin Eitel, la mujer que hacía de nexo entre los secuestradores y la familia de Carlos Carreño.
Según su versión, "la única vez que se coordinaron (con la CNI) fue para el secuestro de Karin Eitel", Ortega agregó que tras el plagio del militar de Famae "se concluyó que las llamadas provenían de un teléfono público y que era una mujer la que hacía el contacto verbal. Se redujo el número de teléfonos públicos, dejándolos fuera de servicio y se apostó personal del BIE frente a las casetas, los que estuvieron en comunicación con la central de BIE, para hacer saber el teléfono del que se hacía la llamada, estaba siendo ocupado por una mujer".
Ortega niega haber participado directamente en la detención de Eitel. Sin embargo, algunos de los últimos testimonios de agentes presentes en el lugar, señalan que estuvo ahí durante la detención y que lo hizo con un pasamontañas calzado en su cabeza.
La bolsa de gatos
Uno de los agentes de la CNI que reconoce a Ortega en labores operativas, declaró que su unidad nunca entendió por qué se eligió detener a los frentistas. Esto, debido a que los jóvenes detenidos pertenecían al FPMR vinculado al PC, y en ese momento era de público conocimiento que los autores del plagio de Carreño eran miembros del FPMR Autónomo. Esta línea pone en duda la tesis de que el secuestro habría respondido a la posibilidad de un eventual canje por Carreño, transformándola en una acción de poder similar a la Operación Albania, que se llevó a cabo luego del intento de asesinar a Augusto Pinochet.
Actualmente las relaciones entre los integrantes de las unidades del Ejército que tuvieron algún rol en la desaparición de los militantes del Frente se encuentran tan deterioradas que los abogados, que históricamente han representado a unos y otros al mismo tiempo, hoy han debido elegir algún bando y dejar a sus representados de menor rango sin defensa. El motivo sería el temor de que su labor pueda perjudicar a los altos mandos de la institución.
En medio de la bolsa de gatos, hace unas semanas el coronel Carlos Carreño fue hasta la oficina del ministro Carroza para entregarle más antecedentes. No lo encontró y tampoco volvió nuevamente. Además, un militar en retiro estaría dispuesto a entregar información relevante para el caso. El destino de todos está por verse.
http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20090124/pags/20090124173914.html
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Tucapel Jiménez, a 27 años de la muerte del dirigente sindical “Los asesinos de mi padre y de Frei Montalva son los mismos” Domingo 25 de enero de 200

Domingo 25 de enero de 2009

Por Libio Pérez / La Nación Domingo

Tucapel Jiménez, a 27 años de la muerte del dirigente sindical

“Los asesinos de mi padre y de Frei Montalva son los mismos”

El diputado PPD lanza su tesis más arriesgada: el nexo entre el asesinato del líder sindical y la extraña muerte del ex Presidente DC. También denuncia una red que protege desde el Congreso a los represores de la dictadura.

El dirigente sindical Tucapel Jiménez fue asesinado el 25 de febrero de 1982; menos de un mes antes, el 22 de enero, murió el ex Presidente Eduardo Frei Montalva, cuyo caso está a punto de ser caratulado como homicidio. El diputado Tucapel Jiménez, hijo del sindicalista, está convencido de que en ambas muertes hay un nexo. Ese verano de 1982, desaparecían dos de los más importantes líderes opositores, en el momento en que se desataba una de las mayores crisis económicas y en que comenzaban a asomar las primeras manifestaciones de protesta popular.
El caso del crimen de Tucapel Jiménez está resuelto judicialmente y hace una semana, uno de los autores materiales del asesinato, el ex oficial de Ejército, Carlos Herrera Jiménez, dijo a LND, que en 1982 había una lista de dirigentes sindicales que estaban señalados para ser "eliminados". "Bocaccio", como también era conocido el ex agente de la represión, dijo que en la nómina estaban Rodolfo Seguel, Manuel Bustos y "Don Tuca", como los trabajadores llamaban al asesinado sindicalista. Nunca antes había hablado de eso. El diputado Tucapel Jiménez sostiene que el ex represor "de seguro dispone de más información, así como ha entregado en el pasado lo hará con alguna no declarada intención en el futuro".
El parlamentario también cree que en el Congreso hay una red de protección a los ex represores. Así como también acusa que el Parlamento ha sido territorio para la realización de operaciones de inteligencia. Mientras el camino de la justicia sigue su curso, el parlamentario PPD se apresta a trabajar en la campaña de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, a quien apoya "incondicionalmente", tanto que fue el primer parlamentario PPD en proclamarlo.
-¿Cómo recibió las declaraciones de Herrera Jiménez?-Hubo en el pasado otros episodios más sensibles, como cuando nos pidió perdón; eso fue emocionalmente complicado para nosotros. Creo que mantiene una intención de arrepentimiento. Pero la mejor señal de que su arrepentimiento es verdadero es -más que pedirnos perdón, con lo que no vamos a recuperar a nuestro padre- que entregue la información que tiene y que podría ayudar a otras familias a conocer la verdad y a hacer justicia, de manera especial a la familia Frei, con lo que daría tranquilidad espiritual a esa familia y al país. A la familia Frei y a la mía nos une el tremendo dolor por la pérdida de nuestros padres en circunstancias tan dolorosas y deplorables.
-¿Información sobre qué casos?-Soy un convencido de que él maneja información sobre la muerte del ex Presidente Frei Montalva. No deja de asombrar que después de tantos años Herrera salga con nueva información. En la última entrevista habló de una lista de dirigentes sindicales señalados para morir, entre los que estaba mi padre. Si fue así, también pudo existir una lista de dirigentes políticos. El Ejército, desde el alto mando hacia abajo, a través del DINE, estaba involucrado en el asesinato de mi padre, son los mismos que están detrás de la muerte de Frei Montalva. Los asesinos de mi padre y de Frei Montalva son los mismos. Los dos enemigos principales de Pinochet en 1982 eran, en lo político, Frei Montalva y, en lo social, mi papá. En un mes, los dos fueron asesinados por las mismas manos. Eso no fue coincidencia. Herrera en un momento quiso cooperar con la justicia, pero el Ejército se lo impedía. Ya en los ‘90 lo enviaron a Uruguay a custodiar a Eugenio Berríos (químico de la DINA), que también mostraba señales de arrepentimiento y de querer cooperar con la justicia. Creo que el Ejército quiso asesinar a los dos, pero por algún motivo Herrera huyó a Argentina, donde después cayó preso y desde ahí fue extraditado a Chile. Acá llegó con intenciones de cooperar, pero el Ejército volvió a darlo vuelta y a impedirlo. Todos sabemos que Berríos terminó asesinado en Uruguay, por la información que tenía sobre algunos crímenes, entre ellos el de Frei Montalva. Herrera y Berríos estuvieron juntos. Aunque Herrera no haya participado en el crimen de Frei Montalva, seguramente debe tener antecedentes.
-¿En las investigaciones judiciales hay indicios que crucen los casos de su padre y el de Frei Montalva?-Sí, aunque no conozco el proceso. Muchas veces lo hemos conversado con el ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, y los nexos son clarísimos. El juez Madrid sabe que la DINE estuvo involucrada en la muerte de Frei Montalva y la DINE asesinó a mi padre. Tengo la convicción absoluta, como seguramente la tiene la familia Frei, que el Ejército está detrás de estos crímenes; judicialmente está comprobado que a mi padre lo asesinó la DINE y seguro que la justicia se encaminará en ese sentido.
-¿Hay alguna forma de conseguir que Herrera entregue esa información?-Creo que es difícil, ya no lo hizo. Hace un año, para el aniversario de la muerte de mi papá, hice una propuesta que suponía entregar beneficios penitenciarios a cómplices y encubridores de estos crímenes para que entreguen información, para que otras familias tengan tranquilidad al conocer la verdad sobre qué pasó con sus seres queridos. Nosotros, como familia, estábamos dispuestos a que se le entregaran beneficios a Herrera como salidas dominicales a cambio de información fidedigna sobre otros procesos, sobre todo para el caso del Presidente Frei Montalva. Conozco a la familia Frei y sé, que aunque las heridas no se cierran, que tendrá tranquilidad cuando conozca la verdad y haya justicia; eso es lo que nos pasó a nosotros. Pero, además, como Frei Montalva fue Presidente de Chile, el país merece conocer la verdad.
-¿Qué pasó con esa propuesta?-Es muy complejo, la conversé con mucha gente, con las agrupaciones y con parlamentarios, y no ha sido posible avanzar. Esto requiere tiempo y que la justicia siga avanzando. En el Congreso también es difícil encontrar apoyo para estas iniciativas de derechos humanos, porque la derecha siempre las bloquea.
-El episodio creado por la diputada RN Karla Rubilar muestra lo complejo que es para la derecha tratar los problemas de derechos humanos.-Tengo una buena opinión de ella, pero cometió errores imperdonables. Esto partió con las denuncias de falsos exonerados y como esto da frutos mediáticamente la derecha quiso hacer lo mismo con los detenidos desaparecidos. Cuando alguien entra en ese terreno es muy delicado, porque toca una fibra muy sensible. Es distinto denunciar casos de falsos exonerados a casos de supuestos falsos detenidos desaparecidos. Ella sufrió de ansiedad mediática y actuó con irresponsabilidad; causó mucho dolor.
-Ella hizo esto con información del general Manuel Contreras, que siempre ha sostenido que los detenidos desaparecidos no existen.-Ella dice que no sabía que Javier Gómez era abogado de Contreras. Manifesté que nos asistía la duda de que todo esto fuera parte de una operación de inteligencia, porque Gómez es asesor del ex jefe de la DINA. Ella dice desconocer ese vínculo. Yo escuché en una entrevista a Gómez decir que no consideró relevante decirle a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados que él es asesor del mayor criminal de Chile.
-Pero no sólo es el abogado de Contreras, sino que le entrega información a la diputada que proviene del ex jefe de la DINA.-Lo que no me cuadra es por qué Karla Rubilar no lo denunció; no basta con decir "Javier Gómez no es mi asesor"; ella debió hacer una denuncia pública, reconociendo que detrás de esto había una operación de inteligencia, porque estaban las huellas del general Contreras, quien utilizaba a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos para insistir en su tesis de que en Chile no hay detenidos desaparecidos. Si ella no se prestó para esto, cosa que yo creo, al menos entonces fue utilizada, pero tampoco lo denuncia. Tampoco reconoce que ella y su cargo fueron utilizados para una operación de inteligencia. Lo que me parece inaceptable es que Contreras, desde su cárcel de cinco estrellas, siga manejando sus redes de inteligencia.
-Y tiene terreno fértil donde sembrar sus informaciones y articular sus operaciones.-Claro, en la derecha hay personajes que aún están ligados a la dictadura. Por eso las agrupaciones de derechos humanos presentaron una querella para investigar si Manuel Contreras tiene redes en el Congreso. Hay operaciones de inteligencia. Una de ellas fue la declaración pública que firmaron doce parlamentarios de derecha cuestionando la labor que realiza la jueza del caso del sacerdote Miguel Woodward, asesinado en la Esmeralda. No sólo cuestionaba la labor de la jueza, sino también entrometiéndose en las resoluciones del Poder Judicial. Ese hecho fue gravísimo, porque un poder del Estado no puede entrometerse en otro Poder del Estado. La jueza terminó con protección policial. En un año han sucedido estos dos episodios, por eso hay que investigar qué nexos tienen los aparatos de inteligencia de la dictadura en el Congreso.
-Hay una red de protección a los represores -Cuando la derecha mutila proyectos como el del instituto de derechos humanos o rechaza los pactos internacionales, como el Tribunal Penal Internacional o la Convención contra la Desaparición Forzosa de Personas, uno podría pensar que están protegiendo a los represores y se está favoreciendo a la impunidad.
“ES MÁS FÁCIL APROBAR UN TLC QUE UNA LEY DE DDHH”
-¿Por qué ha sido tan complejo concretar el proyecto de un instituto de derechos humanos?
-Una parte de la derecha sigue pegada en el pasado. Cuando se trata de aprobar leyes o ratificar convenios internacionales de derechos humanos, la derecha vota en contra. Cuando llegan al Congreso tratados de libre comercio son aprobados de forma expedita, pero si se trata del Tribunal Penal Internacional o la Convención contra la Desaparición Forzosa de Personas no hay caso, todo se dilata, y la derecha se opone. Es más fácil sacar un TLC que una ley de derechos humanos. Entiendo la importancia de los TLC, porque los países deben desarrollarse en lo económico, pero también en lo humano.
-Pero el instituto chocó también con la oposición de las agrupaciones de derechos humanos y con parlamentarios de la Concertación.
-Es que el instituto tiene su historia. Este proyecto viene de 2005 y yo lo conocí cuando presidí la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Entonces planteé que había que reactivar el proyecto y a abrirlo a la participación de las organizaciones de derechos humanos. Así se hizo y presentaron indicaciones que fueron en su mayoría acogidas. De ahí salió un proyecto que contaba con el consenso y apoyo de todas las organizaciones de derechos humanos y de los parlamentarios de la Concertación. Así fue aprobado en la sala de diputados y pasó al Senado. Pero ahí se produjo el gran error del ministro José Antonio Viera-Gallo que, por tratar de asegurar su aprobación, se sentó a negociar con los senadores Espina y Chadwick, hicieron cambios en la ley que la entramparon. El proyecto volvió a la Cámara de Diputados y lo rechazamos, por lo que partió a comisión mixta, pero ya estaba totalmente desnaturalizado. En las organizaciones de derechos humanos la negociación con la derecha de un proyecto como éste causó un dolor profundo.
-¿Qué tanto cambió el proyecto?
-Le quitaron la facultad de querellarse por crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, por ejemplo. Eso se cambió por facultades para “iniciar acciones legales ante la justicia”. También se le sacó todo aquello que tenía que ver con organismos internacionales. El instituto debía hacer un informe anual de los derechos humanos que tenía que presentar a todas las autoridades, como también a los organismos internacionales. Todo eso fue sacado. También es impresentable que la actual ley iguale a las víctimas de violencia política con las de particulares. Están mezclando el terrorismo de Estado con los delitos comunes, siendo ambas cosas graves. No es lo mismo que entre a tu casa un hombre civil con un cuchillo y amenace tu vida, a que entre uno que haga lo mismo y luego te enteras que es policía, que además obedecía órdenes de una cadena de mando y que el Gobierno estaba enterado que lo hacía. El civil que hace eso comete un delito común, pero el carabinero que lo hace por órdenes del alto mando, con el conocimiento del Gobierno, está cometiendo terrorismo de Estado. Por eso, y otros puntos, se desnaturalizó el proyecto y por eso lo rechazamos. Esto no se puede transar con la derecha, por la historia que vivimos y porque en estos proyectos siempre estaremos detrás de lo que digan las agrupaciones de las víctimas de las violaciones de los derechos humanos.

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El vínculo del albacea de Pinochet con el lobbista de los Mirage Domingo 25 de enero de 2009

Domingo 25 de enero de 2009

Por Luis Narváez / La Nación Domingo

Las pistas sobre millonarios depósitos transferidos en diciembre de 1998

El vínculo del albacea de Pinochet con el lobbista de los Mirage

Antecedentes indican que los dineros de las comisiones pagadas por la venta de los aviones pasaron por cuentas de sociedades vinculadas al ex dictador, que fueron creadas por Óscar Aitken en paraísos fiscales. Las sospechas apuntan a que el gestor del negocio, Carlos Honzik, pudo transferir una suma millonaria, después de su arresto en Londres en 1998. No se descarta que el ministro Omar Astudillo indague esta arista.

Mucha documentación, llamados telefónicos y reuniones debieron sortear los investigadores de Bélgica para levantar el secreto bancario de todas las personas y empresas sospechosas de recibir comisiones ilegales por la venta de 25 aviones Mirage a Chile en 1994. Al igual como sucedió cuando se descubrió la fortuna oculta en bancos de Estados Unidos, fue la flexibilización de las medidas que resguardan esta información, provocada por la promulgación del Patriot Act (Ley Patriota), la que facilitó que el Departamento de Justicia ordenara a los bancos revisar sus bases de datos a partir de los dramáticos acontecimientos del 11-S en 2001.

Para las autoridades norteamericanas, la conjunción de lavado de dinero y tráfico de armas pasó a ser suficiente argumento para colaborar con investigaciones criminales, donde instituciones financieras instaladas en Estados Unidos aparecen guardando en sus bóvedas dineros provenientes de esos negocios.

Sin saberlo, a partir de 2004, la justicia de Bélgica y de Chile estaban analizando dos tramas financieras, con objetivos distintos, que pretendían borrar el rastro de dineros obtenidos de actividades ilícitas: la de los Mirage y la de Pinochet.

Del análisis de los documentos bancarios se estableció que en ambos casos se creó lo que el Consejo de Defensa del Estado llamó "una ingeniería financiera de alto nivel", para distribuir y ocultar los dineros.

Pero entre ambos casos hay denominadores comunes. Uno de ellos es el abogado Óscar Aitken Lavanchy, conocido como "el albacea de Pinochet". Según la investigación que tenía a su cargo el ministro Carlos Cerda (hoy en manos del juez Manuel Valderrama) para determinar el origen de la fortuna de Pinochet, también llamado caso Riggs, el profesional fue el artífice de una compleja red de más de 15 sociedades al portador (off shore) creadas en paraísos fiscales. Por cada una de estas sociedades se abrieron cuentas en bancos extranjeros (EEUU, Suiza, España, Gibraltar, Chile y Bahamas), por donde circularon durante más de 20 años los dineros que conformaron una fortuna del ex dictador Augusto Pinochet, que fue calculada en más de 25 millones de dólares.

Pero Aitken era un hombre vinculado a los círculos de los negocios de armas que se realizaban en Chile. Y es así como a finales de la década de 1980, también era un conocido de Carlos Honzik Hubka, probablemente el más destacado representante de empresas fabricantes de armamento (SIG y Mowag, entre otros) con que las Fuerzas Armadas de Chile negociaron en las últimas tres décadas.

Los nexos

Honzik se había transformado en el primer nombre en las agendas de los jefes castrenses chilenos a la hora de comprar material de guerra nuevo o usado.
Según ha podido establecer la investigación belga, Honzik se hizo asesorar por Óscar Aitken. Juntos se encargaron de idear dispositivos financieros para burlar los controles y mover grandes sumas de dinero, haciendo casi imposible seguir su rastro.

Tanto en el expediente del caso Riggs como en el proceso belga, Aitken aparece junto a Honzik creando y participando en la propiedad de Berthier Investment Inc., la firma que recibió, a través de sus cuentas bancarias, unos US$14,4 millones de las comisiones pagadas por la venta de los Mirage para que las distribuyera por el mundo.

Aitken y Honzik nuevamente aparecen como socios de otra sociedad de papel: Eastview Finance. Esta empresa fue creada en Islas Vírgenes, por donde pasaron dineros que terminaron en manos de Pinochet y su esposa, Lucía Hiriart.
Cada vez que se menciona a empresas que aparecen vinculadas a las comisiones de los Mirage y al dictador, los belgas se detuvieron para realizar un exhaustivo análisis con el objetivo único de determinar si Pinochet también fue un beneficiado por las comisiones de los Mirage.
Berthier y Eastview
Sobre la principal sociedad usada para distribuir los más de 14 millones de dólares de comisiones por el negocio de los Mirage, el dossier belga destaca que se descubrió que mediante Chemical Bank y el Citibank de Nueva York, Berthier Investment Inc., junto con Lehman Brothers Inc., Cornwall Overseas Corporation y Marchill Investment Ltd., "establecen la existencia de relaciones estrechas entre el supuesto dispositivo del señor (Carlos) Honzik y el que podría pertenecer al señor Pinochet".
Los antecedentes reunidos en el expediente del caso Riggs señalan que Cornwall y Marchill fueron empresas creadas por Aitken para hacer perder los rastros de la fortuna del clan Pinochet.
Dentro de esta misma línea se descubrió una transferencia de US$51.693, realizada por Óscar Aitken Lavanchy en favor de Berthier Investment Inc., el 8 de junio de 1995. La transferencia se efectuó desde una cuenta que Eastview Finance tenía en el Coutts And Co. de Miami, de la cual Aitken era fundador y controlador.
Después que Estados Unidos permitió levantar el secreto bancario respecto de las cuentas de Berthier y Eastview, guardados celosamente en dicho banco, éstas aparecen como empresas que tienen la denominación "related accounts", que quiere decir que son cuentas relacionadas. Se determinó que tanto Berthier Investment Inc., cuyo titular era Honzik, como Eastview, de Aitken, utilizaron al mismo ejecutivo del banco: Ricardo Dougherthy.
Este ejecutivo era el encargado de efectuar las transferencias ordenadas por teléfono, cartas o fax, tanto por Honzik como por Aitken.
Por otra parte, la similitud de ambos dispositivos queda más de manifiesto, porque Berthier Investment fue creada por el mismo bufete de abogados que utilizó Óscar Aitken para abrir las sociedades de papel de Pinochet: "Alemán, Cordero, Galindo and Lee", con sede en Panamá. Con mayor precisión, Aitken llegó a ser uno de los socios de este estudio jurídico.
Levant
Siguiendo dólar por dólar el pago por la venta de los Mirage, los investigadores belgas descubrieron que una entidad llamada Levant Management Corp. recibió una transferencia de US$35 mil, el 19 de mayo de 1998 en su cuenta Nº 116155995, del Banco Espirito Santo, de Miami. Dicho movimiento se originó desde una cuenta de I. Systems, entidad del mismo tipo (off shore), perteneciente al empresario Conrado Ariztía O Brien.
Según los informes belgas, Ariztía fue uno de los distribuidores de las comisiones de los Mirage, que utilizó las cuentas de cinco de sus sociedades y tres cuentas personales para transferir dineros, entre otros, a los generales en retiro de la FACh Jaime Estay, Florencio Dublé y el coronel (R) Luis Bolton, hoy sometidos a proceso y en prisión, junto al ex comandante en jefe Ramón Vega.
Uno de los informes enviados desde el Primer Tribunal de Instrucción de Bruselas, sostiene que "Levant Management Corp. podría estar vinculada a un dispositivo de recolección de fondos vinculados al antiguo Jefe de Estado chileno Augusto Pinochet, según algunos elementos contenidos en el mandato judicial de arresto pronunciado por un juez de instrucción chileno en contra de María Lucía Hiriart Rodríguez y de Marco Antonio Pinochet".
Nemesis
Del análisis de los documentos bancarios que las autoridades de Suiza permitieron conocer, en el marco de la investigación por el pago de comisiones ilegales por la venta de los aviones Mirage, se estableció que Carlos Honzik abrió la cuenta Nº 9741 en el Clariden Bank de Zurich. Estaba a nombre de Berthier Investment Inc. Como es usual en este tipo de bancos, esa cuenta recibió una denominación: "Solane Main2 y, además, de ella se derivaron dos subcuentas: "La Rosa" y "Taxes". Desde allí salió todo el dinero de los Mirage.
Al cerrarse la cuenta "Solane Main", el 3 de diciembre de 1998, lo que quedaba (más de seis millones de dólares) fue transferido internamente, pero en efectivo, a una cuenta en el mismo banco, perteneciente a una entidad llamada Limelight Holdings Ltd., sobre la que las autoridades del Clariden Bank "no dieron ninguna información" a los belgas.
Pese a que habían logrado levantar el secreto bancario, el dictamen con que la justicia helvética obligó a la poderosa institución bancaria, nunca mencionó esta última.
Durante 1998 se registró una de las ofensivas judiciales más fuertes para intentar descubrir la ruta de los dineros pagados por los Mirage. Por ello, la policía belga sostiene que el traspaso registrado entre Solane Main y Limelight Holdings Ltd. fue una operación de pantalla para ocultar el rastro de las comisiones.
Esta conclusión fue tomada, porque en menos de 24 horas (el 4 de diciembre) se realizó otra transferencia para mover los fondos de Honzik a una tercera sociedad, Nemesis Holdings Ltd. Una operación sospechosa que, según los belgas, "parece haber sido preparada por el Clariden Bank para el señor Honzik".
Lo anterior, sostienen los investigadores europeos, hace concluir que el banco suizo "habría tenido un papel activo de consejo con miras a la creación de un sistema destinado a hacer desaparecer todo indicio de Berthier Investment Inc. y de los fondos que fueron girados en esta cuenta". Y advierten que este dispositivo se puso en marcha justo cuando Bélgica comenzó a investigar a Honzik y solicitó información oficial a Suiza.
"El dispositivo elaborado había utilizado puntualmente Limelight para una transferencia de fondos vía cash payment (en efectivo) hacia otra entidad llamada Nemesis Holdings Ltd.", dice la investigación. Nemesis fue una sociedad off shore creada bajo las instrucciones del Clariden Bank en la Isla Gran Caimán, el 5 de noviembre de 1998. Lo sospechoso es que esta estrategia se pone en movimiento un mes después del arresto de Augusto Pinochet en Londres, el 16 de octubre de 1998, por orden del juez español Baltasar Garzón. El número de la nueva cuenta que disponía en el Clariden era 73928 y sus beneficiarios o "derechohabientes" eran Carlos Honzik y su esposa, Bahna Hamwi.
Los belgas se preguntan qué sucedió con esos seis millones de dólares.
El amigo y el inglés
Las piezas del expediente belga, que hoy forman parte del proceso que instruye el ministro en visita Omar Astudillo, abren serias sospechas de que vinculada a estas operaciones de la misteriosa sociedad Nemesis estaba la intención de Honzik de permitir la transferencia hacia otras dos personas que aún no han sido del todo identificadas, pero "designadas por el gestor de la cuenta del Clariden Bank, respectivamente, como ‘El Amigo’ y ‘El Inglés’, quienes habrían sido destinatarios de una parte de las comisiones abonadas en las cuentas del señor Honzik. Parece que ‘El Inglés’ debía también a ‘El Amigo" una parte de dichas comisiones".
En este punto nuevamente hay que recordar que toda esta operación se constata en diciembre de 1998, a menos de dos meses de que fuera detenido Pinochet en Londres
El juez Daniel Franzen, titular del Primer Juzgado de Instrucción de Bruselas, tomó conocimiento de que en el marco de la investigación por las cuentas secretas de Pinochet, el ministro instructor de la época, Sergio Muñoz, había ordenado el embargo de bienes del clan Pinochet en Estados Unidos y Chile.
Dentro de las sociedades que aparecen en la fortuna del dictador está Nemesis Holding Ltd. Los belgas sostienen que "en la hipótesis que se tratase de la misma sociedad que la descrita en la presente exposición de los hechos, los haberes embargados podrían estar constituidos en parte por comisiones vinculadas al contrato de los Mirage belgas".
Algunas semanas después de llegado el expediente belga a Chile, a fines de 2007, el tribunal que investigaba el caso Riggs, solicitó copia de las piezas donde los belgas realizan este análisis, hecho que aún se investiga.
¿Quiénes son "El Inglés" y "El Amigo"? Hasta ahora sólo hay sospechas de que "El Inglés" pudo ser Bernardo van Meer, el yerno de Ramón Vega, el principal lobbista del negocio entre la empresa Sabca (Sociedad Anónima Belga de Aeronáutica) y Chile, quien recibió más de 2,7 millones de dólares en comisiones. ¿Y "El Amigo"? ¿Quién es "El Amigo"? ¿Será Ramón Vega, quien efectivamente mantuvo una estrecha amistad con Honzik y fue clave para que el Gobierno chileno se decidiera por los Mirage en 1994? ¿O será Augusto Pinochet Ugarte, también antiguo amigo de Honzik, quien por esos días comenzaba un largo y costoso período privado de libertad en Londres?.

http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20090125/pags/20090125005527.html
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Suiza: Solicitud de refugio Socio Político a Mapuches- Calfunao Flor Rayen y la menor Relmutray Cadin de 10 años de edad 23 January, 2009


23 January, 2009


Suiza: Solicitud de refugio Político a Mapuches


El pasado miércoles 21 de enero fueron citadas por la Oficina de Refugiados de Vallorbe Suiza, Flor Rayen Calfunao y la menor Relmutray Cadin de 10 años de edad, para constatar sus datos personales y dar inicio a los trámites necesarios relacionados con la obtención de refugio político en ese país. La solicitud fue iniciada el 10 de Septiembre de 2008, después que Flor (tía de Relmutray) viajara desde Ginebra a Chile para sacarla del país, tras la detención de sus padres y hermanos por los servicios de seguridad chileno.
Flor Rayen Calfunao residía de carácter ilegal en Suiza desde 1996, sin embargo, a pesar de su estadía irregular, jamás le fue un obstáculo mantener una activa campaña de denuncia sobre la violación de los derechos humanos de su comunidad y de su pueblo Mapuche. Su actividad es transparente, eficaz y su labor reconocida; en efecto, en marzo de 2008 fue laureada con el premio “ Femme exilee, femme engagee” (mujer exiliada, mujer comprometida) , el premio le fue entregado en un acto publico por manos del Alcalde de Ginebra Sr. Patrice Mugny.
El problema que afecta a su comunidad, en particular a su familia, tiene su origen a los atropellos a los derechos humanos individuales y colectivos por parte de las autoridades chilenas. Frente a las injusticia los comuneros han utilizando como instrumento legítimo de presión, la protesta pacifica que le es reconocida en la Constitución Política del Estado de Chile. A través de estas protestas, los comuneros tratan de hacer oír sus voces a los que las autoridades chilenas han respondido con la criminalizació n de sus demandas.
La solicitud de refugio político se fundamenta en evidencias irrefutables de violación de los derechos humanos sufrida por miembros de su familia, que incluye amedrentamientos, amenazas, represión física y sicológica por latifundistas y la propia policía militarizada chilena. La acción de la policía se ve apoyada por las autoridades judiciales que utilizan legislaciones represivas introducidas durante el Régimen dictatorial del General Pinochet, tales como la Ley de Seguridad Interior del Estado, la Ley Antiterrorista y los tribunales militares y que hoy son aplicada exclusivamente en contra los mapuches.
La petición de refugio político ha sido apoyada por un importante número de organizaciones de derechos humanos, basadas por las expresiones de repudio emitidas (en los últimos años) por las más importantes organizaciones de derechos humanos del mundo. Organizaciones como la Cruz Roja Internacional, la Organización Mundial contra la Tortura, la Federación Internacional de Derechos Humanos, Human Rights Watch, Amnistía Internacional y el propio Relator Especial de la ONU sobre asuntos indígenas han emitidos informes, hecho recomendaciones o expresando al Gobierno Chileno su preocupación por la represión injustificada contra el pueblo Mapuche.
Suiza tiene una larga tradición histórica en la promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales a nivel internacional y ya existe precedente de conceder asilo político a ciudadanos chileno durante el actual sistema democrático chileno. Suiza concedió asilo político a Patricio Ortiz Montenegro porque se concluyo que en Chile se utiliza la tortura y que por lo tanto no existía garantía de un juicio justo ni condiciones de seguridad para el afectado. La tortura es una práctica ampliamente utilizada en Chile, en particular contra los mapuches, Johnny Cariqueo murió de un infarto cardiaco el 31 de marzo de 2008, tras una brutal golpiza propinada por carabineros de fuerzas especiales, de la 26º Comisaría de Pudahuel, Santiago. Cariqueo había sido detenido durante una manifestación el 29 de marzo, según lo denuncio en su oportunidad la Comisión Ética contra la Tortura.
Persecución Política contra Comuneros Mapuches
La comunidad Juan Paillalef esta ubicada en la IX Región de la Araucanía (territorio ancestral del pueblo Mapuche). Esta encabeza por la Lonko (Jefe) Juana Calfunao Paillalef, sin embargo las autoridades chilenas no reconocen en la practica la diversidad cultural existente en el país, negándoles a los mapuches el derecho “a ser diferentes, a considerarse y ser considerados como tales”. Esto significa que su cultura, organización social y el estatus de autoridad mapuche de los lonko, no le son reconocidos. La Comunidad Juan Paillalef se rige bajo valores culturales propios, incluyendo el sistema de organización social inherente de la cultura Mapuche.
La Lonko Juana Calfunao y su hermana Luisa, fueron detenidas en noviembre de 2006 en la Cárcel de Mujeres de Temuco, la Lonko Calfunao sigue en prisión mientras Luisa fue liberada con medidas cautelares debiendo firmar en la comisaría más cercana una vez por semana (día domingo). En la actualidad Luisa recibe tratamiento sicológico, como consecuencia de la represión policial presenciada o sufrida desde su niñez, empeorada por el trato carcelario y el trauma familiar que hoy sufre toda su familia.
En la Cárcel de Temuco se encuentran detenidos el esposo de la Lonko Calfunao, Antonio Cadin y su hijo Jorge. Jorge recobró temporalmente su libertad, pero el 24 de junio de 2008 fue nuevamente detenido, producto de un montaje policial. Por su parte Waikilaf, (otro de los hijos de la Lonko Calfunao) quien durante su detención en Temuco fue torturado por personal de gendarmería y, remitido a la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago recobro su libertad el 29 de diciembre de 2007. Sin embargo desde entonces ha sido detenido en dos ocasiones, su última detención (por unos días) ocurrió el 2º de enero, 2009. La madre de la Lonko Calfunao, Mercedes Paillalef y su hija Carolina se encuentran bajo medidas cautelares, impedidas de visitar a sus familiares detenidos o viajar a otros lugares del país.
Mercedes Paillalef, teme que en cualquier momento el resto de la familia pueda ser detenida, acusada de infringir la ley, sirviéndose de testigos falsos y luego ser sometidos a montajes judiciales. Esta practica abusiva ya ha sido utilizada contra ellos y en contra otras comunidades que reclaman sus derechos.
Hay que hacer notar que la casa de la Lonko Juana Calfunao le ha sido quemada tres veces. En uno de tales atentados le causo la muerte a Basilio Coñoenao (tío de la Lonko Calfunao) y en otro incidente similar, Relmutray fue salvada de las llamas gracias a la intervención oportuna de un vecino.
Cabe destacar que la comunidad Juan Paillalef ha sido allanada por la policía en reiteradas ocasiones, casi siempre sin la autorización judicial correspondiente. La Lonko Juana Calfunao y su familia han sufrido la brutalidad policial en su comunidad, de manera reiterada y en presencia de los niños de la comunidad. La Lonko Calfunao ha sido detenida arbitrariamente y torturada por la policía, en una ocasión particular las propias autoridades judiciales chilenas han debido asignar a un abogado para que investigue el origen de hematomas y cortes punzantes en su cuerpo y rostro, después que estas fueran filmadas por periodistas, durante la salida de un recinto carcelario.
Otros de los casos aun sin resolver es el aborto que la Lonko Calfunao sufriera durante su detención (en junio del 2000) en la 2ª Comisaría de Temuco, como resultado de las torturas a que fuera sometida por Carabineros (la policía militarizada) que luego la acusaron de “maltrato a carabineros en servicio” . Todos estos antecedentes han sido divulgados ampliamente por organizaciones de derechos humanos nacionales e internacional y por los medios de comunicación.
Dentro de este contexto familiar, en un ambiente de incertidumbre, represión e indefensión se encontraba la niña Relmutray, quien era cuidada por su hermana Carolina que también puede ser detenida en cualquier momento.
Si Flor Rayen Calfunao hubiese retornado se habría integrado a la lucha en defensa de los derechos de su comunidad y por tanto sumado (junto a sus hermanas Juana y Luisa) la larga lista de presos políticos mapuche. Nunca regularizo su estadía en Suiza porque esperaba ansiosa el día de su retorno a su tierra natal, pero la paz en su comunidad nunca llego.
Los mapuches y las organizaciones de derechos humanos esperan que Suiza comprenda su situación, permitiéndoles vivir en un entorno de paz, seguridad y estabilidad; donde Relmutray pueda crecer acorde a los estándares enunciados en la Convención de los Derechos del Niño y otros instrumentos internacionales de carácter humanitario.
Pensamos que la represión que enfrentan los miembros de la Comunidad Juan Paillalef, que obligo a Flor Rayen Calfunao y Relmutray a solicitar refugio político en Suiza cumple con los requisitos previstos en la Convención de Ginebra del 28 de julio de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y la “Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes” de 9 de diciembre de 1975. (Resolución 345/xxx/ Asamblea General).
Finalmente hay que hacer notar que el Gobierno Chileno no admite que la lucha por justicia, cultura, territorio y libre determinación de los mapuches sea una lucha política por el reconocimiento de sus derechos humanos y libertades fundamentales. Esto implica que tampoco reconozca la condición de presos políticos de los activistas mapuche. Sin embargo, Mercedes Paillalef le fue reconocida su calidad de exonerada política por su lucha en favor de su pueblo que librara durante el régimen de Pinochet, hoy curiosamente, en “democracia”, por esa misma lucha, es catalogada como una delincuente común.


(*) Reynaldo Mariqueo


Werken Mapuche (Enviado Especial)


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60 POR CIENTO VOTO A FAVOR DE LA NUEVA CARTA MAGNA “Con la nueva Constitución se refunda Bolivia” Lunes, 26 de Enero de 2009




UN 60 POR CIENTO VOTO A FAVOR DE LA NUEVA CARTA MAGNA, SEGUN DATOS DE BOCA DE URNA

“Con la nueva Constitución se refunda Bolivia”

Una mayoría de bolivianos aprobó el texto constitucional de Evo Morales. Pero en la Media Luna –Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija– el voto por el No superó el 60 por ciento, con lo que los prefectos avisaron que se opondrán a su implementación.

Por Sebastián Ochoa

Desde La Paz

Según los datos de boca de urna, la nueva Constitución fue aprobada por el 60 por ciento del electorado. Pero en los departamentos de la Media Luna (Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija) el No superó el 60 por ciento, lo que anoche motivó grandes concentraciones en estas regiones para gritar “No” y “Autonomía”, un tipo de administración que incluye el nuevo texto pero que no conforma a la oposición al gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS). El presidente Evo Morales anoche celebró los resultados. “Hoy se refunda Bolivia. Es por el esfuerzo de los movimientos sociales, la lucha del movimiento campesino indígena, el más marginado, el más humillado durante la república, ahora son reconocidos como personas que tienen el mismo derecho que todos los bolivianos. Vamos bien, sólo nos falta mayor coordinación con nuestros prefectos y alcaldes. Ahora tenemos la obligación de implementar la nueva Constitución.”

La votación puso otra vez de manifiesto las diferencias entre el campo y la ciudad. En áreas urbanas, el Sí llegó al 52 por ciento; el No al 48 por ciento. En las zonas rurales, el Sí a la nueva Constitución tocó el 82 por ciento, mientras el No tuvo el 18 por ciento. Según la red ATB, el 58,7 por ciento votó Sí; el 41, 3 por ciento eligió No; el 9,7 prefirió no ir a la cita democrática; el 2,6 por ciento fueron votos nulos y 1,7 blancos. La Corte Nacional Electoral (CNE) había habilitado 3.800.000 personas para que marcaran la papeleta.

En Oruro, el Sí a la nueva Constitución consiguió el 68,2 por ciento; mientras votó No el 32,8 por ciento. En La Paz, el Sí fue del 74 por ciento; el No del 26 por ciento. Potosí cosechó el 76,3 por ciento de Sí; el 23,7 por ciento de No. En Cochabamba, el Sí alcanzó el 61,1 por ciento; el No el 38,9 por ciento. La negativa a la nueva Carta Magna se impuso en Chuquisaca (50,6 por ciento de No; 49,4 por ciento de Sí), Pando (60,7 por ciento de No; 39,3 por ciento de Sí), Santa Cruz (63,8 por ciento de No; 36,2 por ciento de Sí); Beni (65,1 por ciento de No; 34,9 por ciento de Sí) y Tarija (65,2 por ciento de No; 34,8 por ciento de Sí).

En el referéndum también se consultó a la población sobre el límite de la propiedad agraria: cinco mil o 10 mil hectáreas. El Sí a las cinco mil hectáreas obtuvo el 78,4 por ciento de los votos. La opción por los 10 mil llegó al 21 por ciento. Morales tuvo unas palabras al respecto.
“Se acabó el latifundismo, se acabaron los terratenientes. Aquí terminó el Estado colonialista, el colonialismo interno y el externo. Aquí ha terminado el neoliberalismo, la subasta de nuestros recursos naturales. Gracias a la conciencia del pueblo lo recuperamos para toda la vida.”

A las ocho de la mañana, el presidente de la CNE, José Luis Exeni, inauguró el día de elecciones con la lectura de “Democracia de alta intensidad”, según el título del texto. Indicó que el proceso constituyente se inició en 1990, cuando “los indígenas de tierras bajas izaron la bandera de la Asamblea Constituyente en la denominada ‘Marcha por el territorio y la dignidad’”. En los últimos días, la oposición denunció que en el padrón figuraban electores habilitados para votar más de una vez. Exeni destacó que “sin ser perfecto, es el padrón más auditado, más saneado y más confiable de nuestra historia democrática”.

El referéndum de ayer tuvo 350 observadores internacionales. Jeniffer Mc Coy, coordinadora de la misión del Centro Carter, se refirió a las amenazas de la oposición, que se resistiría a la implementación del nuevo texto constitucional. “Todos han decidido participar de estas elecciones, tanto los que van por el Sí como los que van por el No. Tienen que respetar la voluntad del pueblo”, dijo Mc Coy a Página/12.

En el acto de apertura estaba Samuel Doria Medina, ex constituyente y jefe de Unidad Nacional (UN). Los legisladores de este partido opositor habían acordado con el gobierno nacional las reformas al proyecto de Constitución aprobado ayer. Pero Doria Medina, propietario de la cementera Fancesa, es militante del No. “Creo que hoy puede haber grandes sorpresas, porque el pueblo no quiere experimentar con su futuro, con su propiedad, con la justicia y la democracia”, anheló. El fantasma de que el gobierno empezará a expropiar fue uno de los ejes de campaña de los grupos opositores. También repudiaron la entrada en vigencia de la Justicia comunitaria, que se podría activar en simultáneo o en diferido con la Justicia ordinaria. Mediante campañas televisivas donde predominaba el rojo de personas linchadas, se anunciaba que “la Justicia comunitaria legaliza los asesinatos”, cuando la nueva Constitución www.nuevaconstitucion.bo) garantiza el respeto a la vida.

La resistencia a la aplicación de la nueva Constitución fue avisada por cívicos, prefectos, políticos opositores y votantes del No. El ministro de Defensa, Walker San Miguel, dijo a este diario que “llegar aquí le ha costado mucho al pueblo, que aspira a cambiar el país. El gobierno no tiene que preocuparse por la oposición, porque no tiene oposición. Sólo algunos grupos opositores errantes, fragmentados. Quizás después de este referéndum encuentren la manera de rearticularse”.

Varios voceros de la Media Luna (Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija) adelantaron que si en “sus” departamentos triunfaba el No, la nueva Constitución tendría la puerta cerrada. “Las bolivianas y bolivianos acataremos lo que el pueblo decida a nivel nacional, porque la convocatoria del referéndum es a nivel nacional. Cuando en algún momento a algún líder cívico se le ocurra hacer una convocatoria, por parte del Congreso, en circunscripción familiar o circunscripción de barrio o de comparsa, en ese momento podemos considerarlo. Pero este referéndum es de circunscripción nacional, resultado nacional y acatamiento nacional”, dijo el vicepresidente, Alvaro García Linera, en un desayuno con periodistas. Anoche Morales remató: “No hay ningún empate felizmente, hay un solo ganador, el pueblo boliviano. No hay ninguna Media Luna, sólo hay luna llena, de la unidad de los bolivianos”.

Los rumores de fraude habían empezado días antes del referéndum. La oposición denunciaba irregularidades en el padrón y aseguraba que se quitaba con agua la tinta indeleble que la CNE pone a los votantes en el meñique así no votan otra vez. “Quienes se sienten derrotados hablan de fraude. Saludo a los derrotados, tienen derecho a hablar. Pero felizmente hay observadores internacionales que garantizan la transparencia de esta votación”, dijo Morales desde Villa Tunari, el pueblo cochabambino donde queda su urna.

En el barrio La Florida, en el sur de la ciudad de La Paz, habita gente de muchos recursos económicos. Varios votan en el colegio General René Barrientos, bautizado en honor al dictador que ordenó ejecutar a Ernesto “Che” Guevara. “Ojalá que no se apruebe esa Constitución. Es una basura, está plagada de sangre. Si se aprueba, Bolivia será un país comunista. Este referéndum fue hecho a base de fraude para que el gobierno quede permanentemente en el poder. Esa actitud de tiranos han demostrado cuando con gentes encapuchadas apresaron a líderes cívicos. Soy abogado, y me parecería una basura que empiecen a funcionar dos poderes judiciales. Si uno está en el campo y se produce algún lío, lo van a colgar. Si está en la ciudad, van a tratarlo acorde a la Justicia ordinaria. La justicia debería ser igual para todos”, dijo un anciano leguleyo. Se fue y volvió a los segundos. “Periodista, por favor no va a nombrar mi nombre. Ya estamos en esa época”, pidió.

Luego de votar, el aymara Máximo Cari sostuvo que “algunos no aceptan nuestra cultura de la hermandad. Es gente racista que no acepta que podemos ser iguales. Pero el pueblo boliviano quiere cambiar. Hasta 1952 los indígenas ni siquiera podíamos entrar a la plaza Murillo. Nuestros abuelos han sufrido que los trataran como a animales”.

Cari vivió en Córdoba en 1972, “durante la democracia de Perón. Aprendí mucho en esa época. Todos hablaban de política, de lucha, era una fuerza grande el peronismo, como es ahora el MAS. Los radicales de derecha eran poquitos, pero al tiempo vino el golpe militar en Argentina y Chile. Por eso el gobierno debería aplicar mano dura a los radicales conservadores”.

Orlando Guzmán Sandoval depositó un No desilusionado. “Nadie leyó esta nueva Constitución, como tampoco nadie leyó la actual. No estoy conforme con el tema tierra –opinó–. Bolivia necesita ya una reforma agraria. La que hizo en 1952 el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) sólo llegó al altiplano y a los valles. Pero no llegó al oriente, donde hay personas que tienen hasta un millón de hectáreas. Hoy querían hacernos votar por un límite de tierra. Pero no sirve de nada porque la nueva Constitución respeta a los latifundistas que ya están.”

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