lunes, 26 de enero de 2009

Corte de Apelaciones de Santiago Mario Carroza tiene prácticamente solucionado el caso por la desaparición militantes del Frente Patriótico 25-01-09

Domingo 25 de enero de 2009

Por Javier Rebolledo / La Nación Domingo

Los últimos antecedentes en el caso de los cinco frentistas desaparecidos en 1987

Generales en pugna

Que cuatro agentes de la CNI llevaron los cuerpos sin vida hasta la Base Aérea de Peldehue es algo probado en la causa. También la participación de la inteligencia del Ejército en el secuestro. Pero la posibilidad de que el caso toque a altos oficiales en retiro, y a otros en servicio activo, es lo que ha llevado a que hoy varios militares se desentiendan de su responsabilidad y se echen la culpa entre ellos. La investigación estaría por llegar a su fin.



El ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Mario Carroza tiene prácticamente solucionado el caso por la desaparición de cinco militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) ocurrida en 1987. Gonzalo Fuenzalida Navarrete, Manuel Sepúlveda Sánchez, Julio Muñoz Otárola, Julián Peña Maltés y Alejandro Pinochet Arenas fueron detenidos entre el 9 y 11 de septiembre de ese año. Tras meses de cautiverio fueron asesinados y sus cuerpos lanzados al mar.
El crimen fue una acción brutal que el Ejército ideó como respuesta al secuestro del coronel y gerente comercial de Famae Carlos Carreño, ocurrido el 1 de septiembre de 1987. El uniformado que fue plagiado por el FPMR fue liberado en Sao Paulo el 3 de diciembre.
Luego de años de investigación, el juez ha logrado determinar con exactitud la identidad de los agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) que practicaron las detenciones. También dio con el lugar donde los frentistas permanecieron encerrados durante tres meses. Se trata de los calabozos del subterráneo del cuartel Borgoño de la CNI, ubicado a pocos metros de la "clínica" donde trabajaba un doctor de apellido "Fantini", que revisaba el estado de salud de los detenidos.
En el mismo nivel se encontraba la Unidad Antiterrorista (UAT), comandada por el capitán Rodrigo Pérez, quien organizaba labores de choque, a través de un cuerpo de comandos puestos a su disposición.
El magistrado conoce incluso las identidades de los agentes que trasladaron los cuerpos de los jóvenes frentistas inyectados con un líquido desconocido hasta la base militar de Peldehue, donde fueron subidos a un helicóptero y lanzados al mar. Se trata del encargado de análisis del cuartel, Gonzalo Asenjo Zegers, Francisco Zúñiga ("El Gurka"), el enfermero del Borgoño, Mateo Tapia ("El Quincy") y Rodrigo Pérez. Sólo éste último pudo confirmar el hecho, ya que los otros tres se suicidaron en extrañas circunstancias: mientras "El Gurka" y "El Quincy" murieron por asfixia, Asenjo se dio un balazo en el pecho justo cuando la investigación determinó que él fue uno de los agentes que trasladó los cuerpos a Peldehue.
La investigación arrojó que cerca de las cinco de la madrugada del día fatal, los cuatro miembros de la CNI cargaron los cuerpos envueltos en bolsas y los subieron al furgón de la UAT, que normalmente utilizaba Pérez para trasladar a sus subalternos. Zúñiga abrió el portón de Borgoño, luego lo cerró y partieron a dejar los "bultos".
Hasta ahí el magistrado tiene claro el curso de los hechos. Sin embargo, aún existe una serie de hechos sin resolver que, durante los últimos meses, han tensado la investigación hasta lograr quebrar lealtades extendidas durante largos años. Uno de los puntos que más división ha causado entre los sospechosos es sobre quién dio la orden de la eliminación. Actualmente la responsabilidad del hecho es pateada mutuamente entre la dirección del Ejército, la CNI y la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), organismo que, en ésta y contadas ocasiones, tuvo un rol activo en labores operativas.
Cuando se encuentra a punto de cerrar el sumario, Carroza tampoco ha logrado determinar quién asesinó a los militantes del FPMR ni tampoco los soldados quienes habrían utilizado pasamontañas que recibieron los bultos, los subieron al helicóptero y luego los lanzaron al mar.
DINE contra Ejército
Durante los últimos meses, han declarado desde agentes operativos hasta del cuerpo de generales que conformaban el alto mando castrense. La manzana de la discordia apareció luego de que en 2008 se comprobara la existencia de una o varias reuniones del cuerpo de generales, en las que se decidió el destino de los frentistas.
En el marco de esta línea investigativa es que el 17 de julio pasado fueron procesados el ex vicecomandante en jefe del Ejército, general (R) Santiago Sinclair; el ex jefe de la DINE Hugo Prado y el ex integrante del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), coronel Marcos Bustos, único militar actualmente en servicio activo. Ellos se suman a los procesamientos que ya recaían sobre el jefe del BIE de la época, Julio Cerda; el jefe de la CNI, Hugo Salas y otros oficiales y suboficiales que participaron en alguna fase de la operación. En total, la causa suma 27 reos.
En un intento por desmarcarse del crimen, la defensa de Sinclair entregó recientemente al magistrado un decreto firmado por Augusto Pinochet que le delega todas las labores de mando en el Ejército, "salvo aquellas materias de la inteligencia". Veladamente, esto significa que, o bien la decisión de la muerte de los cinco frentistas corrió por cuenta de inteligencia o fue decretada directamente por Pinochet.
Pero otra trama se estaría tejiendo entre los oficiales de la DINE que en ese período cumplieron labores operativas y que en la actualidad se encuentran en altos cargos dentro del Ejército. Es el caso del general Ricardo Ortega Prado, actual jefe de Inteligencia, quien pasa a retiro el 30 de enero próximo, y su subalterno directo en la época de los crímenes, el coronel Marcos Bustos. Este último ha estado a punto de sellar la suerte de Ortega.
DINE contra DINE
El miércoles pasado fue citado a declarar, por tercera vez en la causa, Ricardo Ortega. La diligencia fue solicitada, esta vez, por el abogado del coronel Marcos Bustos, procesado en el caso luego de mentir en reiteradas ocasiones sobre su asistencia al cuartel Borgoño, durante el período que los militantes del Frente permanecieron secuestrados.
Bustos también ha cambiado su versión respecto de la función que le cupo a Ortega en el caso. En una primera declaración señaló que, recién detenidos los cinco frentistas, éste le notificó "que debía desempeñarme por orden del mando como oficial de enlace en la CNI, conjuntamente con el capitán Rojas, quedando a cargo de éste". En sus dichos posteriores, sin embargo, Bustos comienza a olvidar cosas. "No me recuerdo quién me dio la orden. Hice de enlace con la CNI. Sin perjuicio de ello, si la orden verbal me la dio el señor Ortega, fue por orden de Cerda", dice.
La diferencia entre una versión y otra resulta fundamental, ya que en la segunda declaración libera de responsabilidad a Ricardo Ortega, quien en su actual cargo ha visto cómo su jefe y un subalterno directo de la época Julio Cerda y Marcos Bustos se encuentran procesados sin que, hasta ahora, la mano de la justicia lo haya procesado.
Altas fuentes judiciales dicen que la citación de Ortega tiene por objeto que confirme que Bustos sólo cumplió labores de inteligencia, ahora que ya está probada la presencia de éste en el lugar donde estuvieron detenidos los frentistas.
Esta nueva estrategia responde a que el resto de los integrantes de la DINE, destinados en Borgoño, no sólo reconocieron que estuvieron ahí, prácticamente todos los días obteniendo información. El jefe de ellos, el capitán Rafael Rojas ("El Piscola"), ha sido mencionado como activo miembro en las detenciones. Rojas también fue citado a declarar el miércoles pasado por orden del ministro Carroza.
De probarse esta tesis, la actual versión de los miembros del DINE que indica que ellos cumplieron sólo labores de apoyo en el caso, se iría al suelo.
Juntos y revueltos
El general Ricardo Ortega reconoció en el proceso que durante el cautiverio de los frentistas, concurrió en una oportunidad al cuartel Borgoño, luego de la detención de Karin Eitel, la mujer que hacía de nexo entre los secuestradores y la familia de Carlos Carreño.
Según su versión, "la única vez que se coordinaron (con la CNI) fue para el secuestro de Karin Eitel", Ortega agregó que tras el plagio del militar de Famae "se concluyó que las llamadas provenían de un teléfono público y que era una mujer la que hacía el contacto verbal. Se redujo el número de teléfonos públicos, dejándolos fuera de servicio y se apostó personal del BIE frente a las casetas, los que estuvieron en comunicación con la central de BIE, para hacer saber el teléfono del que se hacía la llamada, estaba siendo ocupado por una mujer".
Ortega niega haber participado directamente en la detención de Eitel. Sin embargo, algunos de los últimos testimonios de agentes presentes en el lugar, señalan que estuvo ahí durante la detención y que lo hizo con un pasamontañas calzado en su cabeza.
La bolsa de gatos
Uno de los agentes de la CNI que reconoce a Ortega en labores operativas, declaró que su unidad nunca entendió por qué se eligió detener a los frentistas. Esto, debido a que los jóvenes detenidos pertenecían al FPMR vinculado al PC, y en ese momento era de público conocimiento que los autores del plagio de Carreño eran miembros del FPMR Autónomo. Esta línea pone en duda la tesis de que el secuestro habría respondido a la posibilidad de un eventual canje por Carreño, transformándola en una acción de poder similar a la Operación Albania, que se llevó a cabo luego del intento de asesinar a Augusto Pinochet.
Actualmente las relaciones entre los integrantes de las unidades del Ejército que tuvieron algún rol en la desaparición de los militantes del Frente se encuentran tan deterioradas que los abogados, que históricamente han representado a unos y otros al mismo tiempo, hoy han debido elegir algún bando y dejar a sus representados de menor rango sin defensa. El motivo sería el temor de que su labor pueda perjudicar a los altos mandos de la institución.
En medio de la bolsa de gatos, hace unas semanas el coronel Carlos Carreño fue hasta la oficina del ministro Carroza para entregarle más antecedentes. No lo encontró y tampoco volvió nuevamente. Además, un militar en retiro estaría dispuesto a entregar información relevante para el caso. El destino de todos está por verse.
http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20090124/pags/20090124173914.html
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