miércoles, 18 de marzo de 2009

La "novela" de Elena Varela - Agencia Nacional de Inteligencia (ANI)


AGENCIA NACIONAL DE INTELIGENCIA

La "novela" de Elena Varela

Elena se convirtió de cineasta en protagonista de esta novela por obra y gracia de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), que preside el abogado socialista Gustavo Villalobos. Para esta prolongada pesquisa, la ANI, contó con el diligente apoyo de los los inspectores Luis Albornoz Urra y Juan Reyes Gutiérrez, de la Policía de Investigaciones (PDI) de Rancagua.

LUCIA SEPÚLVEDA - TEMUKO - 11 / 03 / 09

En estos días la cineasta Elena Varela (chilena, 43 años, una hija de 16, licenciada en música por la Universidad de Chile , intérprete en clarinete y saxofón, compositora y directora de orquesta, Magíster en Artes mención Musicología.) filma en el sur para su documental “Newen Mapu Che” (La Fuerza de la Gente de la Tierra, FONDART 2007). Pero el 17 de marzo, en Rancagua, defendida por el ex juez Juan Guzmán y rodeada de una red de comunicadores, artistas y luchadores por los derechos humanos, Varela enfrentará en un juicio oral los cargos de asociación ilícita, robo con homicidio y robo con violencia. La fiscalía pide quince años de prisión para la realizadora detenida el 7 de mayo de 2008, por “planear estos delitos, reclutar gente y refugiar a los delincuentes después de acaecidos los hechos”. La acusación se basa en la breve vinculación sentimental que la realizadora tuvo en 2004 con “Leonardo Civitarese” a quien el fiscal Servando Pérez Jordán identifica como Juan Moreno Venegas, jefe del autodenominado MIR/Ejército Guerrillero del Pueblo, una división del MIR formada en los 90. Moreno no ha sido habido. Para otros dos chilenos detenidos en la misma fecha que la documentalista, el fiscal pide veinte años de prisión. Elena Varela está con libertad diurna desde agosto del año pasado, luego de tres meses de rigurosa prisión en la Cárcel de Alta Seguridad de Rancagua. Horas antes de viajar a tierra mapuche, la documentalista me decía: “Ahora veo muy claramente de qué manera ellos fueron dibujando esta historia, y armando esta persecución de cuatro años. No hallaron nada en mi casa de Licanray, en Los Laureles 31. Sólo cuentan con la grabación de una conversación telefónica mía con una amiga, de un tema sentimental. Lo único que pueden decir de mí es que el año 2004 yo fui pareja de una persona a quien conocí con el nombre de Leonardo Civitarese, y como periodista argentino y que ellos me dijeron era Juan Moreno, de nacionalidad chilena. Todo lo demás es un montaje empresarios-gobierno, una masacre anti-izquierda. La Agencia Nacional de Inteligencia, la ANI está detrás de todo, ellos construyen la historia y buscan los acomodos.

Newen Mapu Che es a favor del pueblo mapuche, contra las forestales, y los poderosos. Ser documentalista significa registrar los dolores de la sociedad, contarle al mundo las injusticias que se cometen contra el pueblo mapuche con el apoyo silencioso de un estado supuestamente democrático, eso es lo que yo hago Pero el fiscal y la policía creen que nos hacíamos pasar por cineastas y éramos una célula guerrillera. Suponían que los íbamos a recibir con balazos. Fue impresionante, centenares de policías desplegados, algunos camuflados como obreros aparentaban trabajar en en las zanjas de la entrada de mi casa. Habían tendido un cerco durante años, para conseguir la información que ahora tienen de mis entrevistados.

En la película “Sueños del Comandante” están los sobrevivientes de los años 80 que siguen luchando, ellos hacen cada año una expedición a la zona donde fue la guerrilla de Neltume. T odo esto le sirve a la policía para hacer un montaje que parezca real, como en los tiempos de Pinochet. Hay una novela creada que es como una película de ficción, para capturar el material audiovisual y evitar que se difunda públicamente.” Autores y editor de la novela Elena se convirtió de cineasta en protagonista de esta novela por obra y gracia de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), que preside el abogado socialista Gustavo Villalobos. Para esta prolongada pesquisa, la ANI, contó con el diligente apoyo de los los inspectores Luis Albornoz Urra y Juan Reyes Gutiérrez, de la Policía de Investigaciones (PDI) de Rancagua. La ANI es sucesora de la Dirección de Seguridad Pública y de la “Oficina” (1991), que dirigía entonces el hoy parlamentario Marcelo Schilling. Al inicio de la transición democrática chilena, la Oficina reclutó como colaboradores a algunos prisioneros políticos y ex militantes de grupos de la izquierda revolucionaria, para desmantelar e infiltrar a esas organizaciones. En esa época se creó la primera Cárcel de Alta Seguridad y se aprobó la Ley de Delación Compensada. El uso de la tortura y de la presión a familiares de perseguidos – métodos heredados de la CNI- fueron parte del accionar de la Oficina y parecen continuar hoy. La producción literaria de la PDI/ANI , fruto de cuatro años de trabajo en que se invirtieron cuantiosos recursos fiscales, se entregó al “editor”, Servando Pérez Ojeda, Fiscal adjunto de esa ciudad. El debió entonces acusar a Elena Varela de los delitos ya mencionados, con pruebas que el equipo jurídico desestima por completo. La policía insiste que en los años 2004-2008, Elena Varela integró junto a su pareja y otros, la organización Ejército Guerrillero del Pueblo Patria Libre (una facción del antiguo MIR). Con ellos planificó el robo a la Sucursal del Banco de Estado en Loncoche (20 de diciembre de 2004) y un robo con homicidio en las oficinas del INP de Machalí (10 de junio de 2005), proporcionando refugio a quienes participaron en los hechos e incurriendo en asociación ilícita. La obra documental ¿Cuándo hizo eso? Está comprobado que en 2004 y 2008, la realizadora trabajó sin parar con su productora Ojo Films, en documentales financiados con fondos públicos concursables. El proyecto con el que ganó el 2006 el Fondo Audiovisual CORFO desentierra la historia de la localidad de Neltume (comuna de Panguipulli), algo que según Elena “sólo está en la conciencia colectiva y la expresión oral del pueblo y es lo que me hizo ir a buscar con la cámara. El síndrome colectivo de no poder recordar es lo que yo más destaco. El nombre “Sueños del Comandante” se debe a que esos sueños retornan el año 81 cuando un grupo de sobrevivientes vuelve, a armar la guerrilla.” Elena agrega que en “Newen Mapu Che” (2007, FONDART) su objetivo era que la gente despertara y comprendiera -desde el corazón -la represión que viven los mapuche de Arauco y Malleco, calificados como terroristas por recuperar sus tierras. Varela retomó ahora “Newen Mapu Che” con los fondos correspondientes a la segunda parte del proyecto, tras el visto bueno del FONDART .Su guión surge de la experiencia ganada por la cineasta con el fondo audiovisual de CORFO (2005) otorgado a “Tres Mujeres” (mapuche), juzgadas por la ley antiterrorista. En 2004 la cineasta había trabajado en “Miradas del Sur”, su primera experiencia con FONDART, formando jóvenes documentalistas,. Ese año era directora de Cultura en Pucón, creando la Casa de la Cultura de esa comuna y promoviendo intercambios con Directores de Cultura de todo Chile. Siguió un postítulo en Gestión Cultural (U de Chile/U Iberoamericana de España) generando un diagnóstico cultural local. Su guión para el largo metraje “Pueblo de los Niños” fue premiado en el Festival de La Habana. En 2006 creó la Orquesta Infantil Intercultural de Panguipulli, que dirigió por tres años. Los personajes restantes El operativo simultáneo de detención de seis de los personajes de esta “novela de Elena” tuvo lugar simultáneamente en Licanray y otras localidades de la Región de la Araucanía. Entre los restantes chilenos involucrados en esta creación ANI-PDI está Juan Moreno Venegas, 43 años (nombre político "Gabriel" o "el Vieja"), conocido como “Leonardo Civitarese” por Elena Varela. La policía supone que está actualmente en Colombia con las FARC y espera su extradición. Se le sindica como jefe del Ejército Guerrillero del Pueblo (MIR-EGP) , organización que parece tener escasos miembros en Chile. Pieza clave de la acusación es doña Andrea Faustina Muñoz Gaete (39 años) testigo protegida del Ministerio Público desde 2005 y viuda de Alfredo Hermosilla, un miembro del grupo muerto en esa fecha, al ser repelido el asalto en que participaba en Machalí.. La mujer posibilitó el operativo de seguimiento, control y detención de los acusados. Su declaración da cuenta que el grupo incluye además a varios argentinos. La policía obtuvo su colaboración después de la muerte de su marido, ex auxiliar del Hospital de Temuco. Ella nunca fue formalizada. Moreno Venegas solía alojar en casa de los Hermosilla-Muñoz, manteniendo una relación íntima con esta mujer. Ella -de oficio paramédica, al igual que Hermosilla- proveía de medicamentos a Moreno. Andrea Muñoz declaró que su marido le informaba de todo su quehacer político y le dio a conocer los otros integrantes. El grado de detalle de su confesión acerca del nacimiento, accionar y objetivos del MIR/EGP y su relación con la policía, permiten encuadrarla como colaboradora eficaz y/o infiltrada de la ANI en el citado grupo, entre 2005 y 2008. Otro personaje de la obra es Cristián San Martín Morales (“Flaco”) quien se fugó el 2006 de la Cárcel de Temuco, después de dos años de detención por el robo con violencia en Loncoche, Región de la Araucanía. Reivindicó su fuga desde Argentina. Según Andrea Muñoz Gaete, San Martín participó en 2002 en Sao Paulo en el secuestro del publicista brasileño Olivetto, junto al ex frentista Mauricio Hernández Norambuena y otros chilenos actualmente presos en Brasil. El empleado de Mininco Sergio Reyes Matus, “Forestín”(36 años) ex chofer de Forestal Mininco, es la segunda pieza clave de la acusación. Declara provenir del MIR, describe en detalle las tareas para las que se movilizaba en camionetas de la empresa, confiesa participación en acciones armadas y en una escuela de guerrillas, y ayuda a Cristián San Martín a cruzar a Argentina cuando éste se fuga. Rechaza el ofrecimiento de organismos de ddhh de tener un defensor privado y expresa temor por posibles represalias en su contra.
No obstante su delación eficaz, la fiscalia pide 20 años de prisión para él. Su libertad de movimiento en Forestal Mininco hasta la detención, los frecuentes préstamos solicitados a bancos y y a Mininco – para “Gabriel” - el arriendo de vehículos y el manejo de variados recursos, sumados al grado de detalle de su confesión, son elementos para considerar la posibilidad de un trabajo de Sergio Reyes como infiltrado de la ANI en el grupo, desde la confesión de Andrea Muñoz, en 2005. El retornado de Suecia Kenny Sánchez Contreras (49 años) es el tercer coimputado. Para él la fiscalía pide 20 años de cárcel. Es comerciante, ex preso político mirista en dictadura, retornado desde Suecia en 1988, padre de cinco hijos y hoy militante socialista. Niega participación en el grupo y hechos señalados y declara que puede comprobar que en esas fechas estuvo respectivamente en un bautizo y una ceremonia junto a su madre próxima a fallecer. En octubre de 2008, en carta dirigida a los organismos de derechos humanos denunció que su pareja, Flor Domínguez, permaneció detenida dos meses, en represalia por haberse acogido inicialmente él a su derecho a guardar silencio. Sostuvo que el Inspector Juan Reyes Gutiérrez lo conminó a asumir responsabilidad por esa detención "por tener una actitud rebelde", agregando, "tenemos todos los medios y la tecnología para poner y sacar pruebas, según sea el caso".

Sánchez también denunció que el fiscal Servando Pérez estaba en el cuartel de investigaciones de Rancagua cuando se torturaba física y psicológicamente a los seis detenidos para que firmaran declaraciones inculpatorias. El observó que fueron dos miembros de la ANI quienes dirigieron el interrogatorio a Sergio Reyes Matus ese 7 de mayo. Los abogados de la defensoría pública no llegaron. Sostiene Sánchez en su carta pública: “Me siento orgulloso de haber luchado en las filas del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) contra la dictadura más sangrienta de nuestra historia. Mi pasado no es terrorista. El MIR fue reconocido por muchos gobiernos como una organización de liberación nacional que hizo una valiente resistencia contra la dictadura. El fiscal Pérez se refiere a mi pasado político como un hecho vergonzoso, con el propósito de establecer mi culpabilidad a priori. Sin embargo, él no dice que mi condena de relegación interna fue conmutada por la pena de extrañamiento después que la CNI asesinó al pintor mirista Hugo Riveros Gómez (8 de julio de 1981), cuando estaba libre bajo fianza, procesado en la misma causa que yo. Los asesinos de Hugo Riveros caminan hoy libres por las calles de Chile”. Demanda finalmente que no se le juzgue “ en base a sesgos o prejuicios determinados por la orientación política de quienes tienen el deber de impartir justicia.” Kenny Sánchez pertenece a una familia histórica de la combativa población La Victoria de Santiago, comuna de Pedro Aguirre Cerda. Aunque inicialmente había otros tres personajes incluidos en lo que hemos dado en llamar La Novela de Elena, el editor/fiscal Servando Pérez no perseveró con ellos. Flor Dominguez, pareja de Kenny Sánchez, actriz, ex Directora de Cultura de la Municipalidad de Ercilla; Jorge Pineda, chofer de colectivo en Villarrica, formalizado en distintos momentos por los dos robos, y Leticia Cárdenas, detenida por ser propietaria del celular de Alfredo Hermosilla, estuvieron presos varios meses. Elena y Leonardo Sobre su comparecencia ante el fiscal Pérez de noviembre de 2008, Elena aclara que su primera declaración -en mayo de 2008 - la hizo en estado de shock por los abusos sufridos durante la detención y desconociendo los cargos que se le hacían. Por ello no reconoció la foto de “Leonardo Civitarese” ni su relación con él, sintiéndose además confundida de que en el interrogatorio se refirieran a “Leonardo” como “Gabriel”, coincidiendo ese nombre de pila con el de su pareja Gabriel Rosales Barriga, fallecido el año 2006. Elena habló sobre “Leonardo” en su segunda declaración, ya acompañada por su actual abogado Juan Guzmán. Expone que “Leonardo” se le presentó en un viaje en bus, como corresponsal de una agencia internacional de reportajes, con sede en Francia, y se mostró muy conocedor del tema mapuche.

De ese acercamiento surgió al poco tiempo una relación sentimental. Elena. estuvo internada por la pérdida de un bebé de “Leonardo” en 2004. El la cuidó aclarando que todo había sido “un error”. En noviembre de ese año la relación entre ambos ha concluido. Sólo se ven una vez más, en agosto de 2005, en el entorno familiar de Elena cuando “Leonardo” va a despedirse anunciando que se va a Francia. Elena declara que a esa fecha ya conocía a Gabriel Rosales Barriga. . Me explica Elena: “Cuando conocí a Leonardo yo venía llegando de Santiago, aún no tenía contacto con mapuches ni con gente que supiera del tema. Me ofreció asesoría para los documentales. El se quedaba una tarde y luego partía. Nunca vivimos juntos. No supe su militancia ni su actividad política. Mi relación con él fue corta y sufrí mucho. Leonardo rechazó mi oferta de trabajar para mi documental y en cambio me presentó a Renato Reyes Matus, entonces periodista de la revista mapuche Azkintuwe.” Para los acusadores, Elena Varela era perfectamente consciente de lo que hacía “Leonardo” (Juan Moreno)y se esconde detrás de sus películas. Creen que su trabajo le proporcionaba a él un manto perfecto para sus actividades. Para probar la complicidad de la realizadora, citan la grabación de una conversación telefónica entre ella y Flor Domínguez, en la cual la cineasta se queja de que Leonardo “no sienta cabeza”. Refuta Elena: “Con Flor hicimos juntas un postítulo, y nos hicimos amigas, hablábamos por teléfono. La conversación que cita el Ministerio Público era un reclamo mío, de tipo sentimental, yo no entendía porqué la relación con Leonardo no tenía continuidad ni estabilidad, yo no tenía cómo ubicarlo, me refería a eso, no a lo que él hacía, que yo desconocía por completo.” La viuda y Elena Implacable, acusa el Fiscal adjunto de Rancagua: “Andrea Muñoz Gaete declara que Elena pertenecía a la misma organización que Hermosilla, su marido, y que en la casa de Pucón donde vivía "Gabriel" con Elena, a quien le decían "la negra", había un mueble de madera (un barretín) en que se ocultaban armas de fuego, que después fue trasladado a otro lugar.” Cuando fue detenida, Elena ignoraba el origen de la persecución. “El fiscal me habló en mayo de un testigo, pero yo sólo accedí a su nombre y su foto de carnet meses después. Antes era testigo protegido.” La viuda de Hermosilla y la realizadora se conocieron en 2004, cuando “Leonardo” (Juan Moreno) llevó a Elena a casa de ésta. Recuerda la documentalista: “ Leonardo me dijo que tenía una gran amiga, auxiliar médico, que siempre lo atendía cuando se emfermaba. Fuimos a su casa para que él se hiciera unos exámenes médicos, relacionados con la pérdida que yo tuve. Pero ella no me recibió bien, por celos según Leonardo, porque habían tenido una relación amorosa. Sólo la vi por los exámenes. Ella nunca estuvo en mi casa, y lo que encontraron en mi estudio sólo eran cosas de utilería para los documentales.Esa mujer inventa cosas: pidió a sus cuñadas Odette y Lorena Hermosilla que mintieran a la policía sobre la presencia de Alfredo Hermosilla, su marido, en Santiago.” En el juicio oral el tercer co-imputado es Sergio Reyes Matus, cuya esposa padece epilepsia y serios problemas siquiátricos. Se confesó cu lpable de integrar una organización cuyo jefe era Juan Moreno ("Gabriel"), y de participación en un robo y asalto investigado. Involucró en estos hechos a Elena Varela. Dijo que “Gabriel” habló delante de ella sobre el asalto a realizarse en el norte y su necesidad de un vehículo. Declaró que después del asalto en Machalí se refugió siete días en casa de “Gabriel” y Elena que estaban deprimidos por la muerte de Hermosilla. Ella lo desmiente: “No conozco a Sergio Reyes Matus, nunca lo vi antes de ser detenida. Yo sé que a él lo amenazaron con tomar presa a su señora y que su hijo quedaría desamparado. Sólo conozco al periodista Renato Reyes , que vive en Nueva Imperial y se desempeñó en la Municipalidad hasta el 2008. Con él trabajé un tiempo en mi documental. No sabía que eran hermanos, según Renato él no tenía familia. Sólo él pudo haber citado a su hermano Sergio a mi casa. Yo nunca lo vi, y tampoco quienes vivían y compartían conmigo. Mi casa de Pucón era mi estudio, y además de mi hija América, vivía con nosotras mi tía Gloria Jerez.

El padre de mi hija viajaba los fines de semana a verla. También iban a trabajar allí días enteros integrantes del equipo técnico como el mismo Renato Reyes, Joel Zuñiga, Paola Vásquez, Carolina Campos, Benito Rivas, Frank Mardones, y Carmen Berríos. Posteriormente, Carlos Pino, Rodrigo Aliaga, ambos de Valparaíso; José Luis Sepúlveda, Mauricio Durán, Pablo Stephens, Fredie Hayes, Alejandro Contreras. Igualmente estaban siempre el lonko Necul Cariqueo (de la comunidad cacique José Guiñón), Cristina Painemal, profesora básica intercultural, y Marcelo Quintrileo, mi director de arte. Por tres años fueron mi vínculo con las comunidades en conflicto que me interesaban para la película.” Una de las “pruebas” del fiscal contra la cineasta son llamadas por celular entre Elena y Sergio Reyes el día del asalto, en que ella “le dio instrucciones”. Elena hace su descargo: “Ahora sabemos que Sergio Reyes tenía varios celulares, pasados por Forestal Mininco. El probablemente le pasó un celular a su hermano Renato. Por supuesto yo hablaba por celular con Renato, ya que trabajábamos entonces en el documental "Miradas del Sur" sobre la orquesta sinfónica de Lautaro, dirigida por Deisi Viveros , y en otro proyecto. En el curriculum que Sergio presentó al postular nosotros al al fondo CORFO con “Tres Mujeres”, figura justamente este número de celular.” Solo de Trombón También pretendió la policía inculpar a Jorge Alberto Cerda Contreras, un renombrado músico santiaguino, solista de trombón de la Orquesta Sinfónica Nacional. Cada año participa con la Sinfónica en la Semana Musical de Frutillar. El fiscal Servando Pérez sostiene que después del asalto en Machalí (2005) Elena Varela habló 20 minutos por celular con él para que ocultara a los delincuentes. No hay audio. Elena replica: “Jorge Cerda y yo somos amigos y durante doce años, fuimos socios de la Escuela de Todas las Artes, y también, por un tiempo socios en la productora Ojo Films. Trabajamos juntos en las orquestas, él es solista en trombón. Siempre hablábamos por teléfono. La policía allanó con violencia su departamento en calle Bulnes. El y su señora declararon que en junio de 2005, no hubo ningún grupo de personas que llegara a alojarse a su domicilio, y explicaron que me conocen desde la universidad.” La Fiscalía pretende presentar como pruebas, llamadas a celulares que eran contactos habituales de trabajo de la documentalista. Uno era de Rebeca León Cisterna, directora de un magister virtual que la realizadora cursó en la Facultad de Artes de la U de Chile. Otro número pertenecía a Hernán Torres Cerna, marido de Deysi Viveros, directora de la orquesta infantil de Lautaro, con quien Elena Varela trabajó en varias oportunidades en 2004 y 2005. El tercer número cuestionado corresponde a un prepago utilizado por América, la hija de Elena. La organización criminal, según la Fiscalía, dio dinero a Elena para adquirir un vehículo que no pudo ser ubicado. Refuta Elena Varela: “La dirección de la camioneta que compré para el proyecto en Inalco estaba mala y cambié esa Chevrolet por un Corsa. La empresa dejó la camioneta en reparaciones y después la mantuvo en exhibición en su local, la policía la buscaba en la calle y por eso no la encontraban”.Objetivos y medios de la organización Andrea Muñoz Gaete declara en el proceso que la organización buscaba generar vínculos con comunidades mapuche y que los asaltos eran para conseguir fondos, reagrupar al MIR y financiar la defensa de los chilenos presos en Brasil, especialmente de Mauricio Hernández Norambuena. Por ende, la Policía de Investigaciones – aparentemente desconociendo cómo se opera en cuanto a la gestión y rendición de fondos de proyectos - supuso que la condición de Elena como ganadora de varios concursos nacionales de cine, dotados de importantes sumas de dinero, le permitía cumplir con ese objetivo de pagar la defensa de Hernández Norambuena y financiar al grupo subversivo. Relata Elena Varela: “Para “Sueños del Comandante”, leí mucho sobre el MIR y entrevisté a miristas de esos años. Me mostraron lugares donde estuvo el destacamento guerrilero el año 81.Yo vi el miedo de la gente del lugar, que aún existe, eso es fuerte, pero rescaté esa historia. Para la Fiscalía todo eso me convierte en un peligro. La ANI y la policía se creyeron su propio cuento de terror: iban armados hasta los dientes cuando me detuvieron”. Recapitula Elena: “El día de la detención íbamos a subir a filmar a la montaña donde se había instalado la guerrilla para “Sueños del Comandante” . Se incautaron maletas con uniformes militares... Pero los veinte informes periciales de Criminalística de Investigaciones coinciden: no se encontraron en mi casa materiales ni documentación subversiva ni elementos para fabricar bombas o armas . “ El embajador chileno Juan Anibal Barría, Director de DDHH de la Cancillería, dirigió una carta el 7 de noviembre de 2008 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en respuesta a la denuncia a favor de la cineasta por violaciones a la libertad de expresión, presentada por el Centro de DDHH de la Universidad Diego Portales junto a documentalistas y personalidades de la cultura. En la misiva, Barría niega los cargos y hace presente “la naturaleza de algunos objetos encontrados, que no son de uso común en una documentalista como por ejemplo, chalecos tácticos, pasamontañas y cascos”. Barría adjunta a la carta un parte de Investigaciones que en la extensa lista de objetos requisados incluye, entre otros, (sic) “2 metralletas de juguete, siete pistolas de juguete, afiches alusivos a movimientos subversivos, dos gorras color verde, dos pares de botas militares negras, un dvd titulado nehuen mapuche, un dvd titulado sueños del comandante”.Por otra parte, dado el alto impacto que produjo el caso Elena Varela en el medio artístico, en octubre de 2008, la Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría, en primer trámite, un proyecto de ley enviado por el gobierno, que resguarda el secreto de la fuente para los comunicadores audiovisuales. La Presidenta Bachelet recogió de esta manera la iniciativa parlamentaria surgida de los diputados Marco Enríquez-Ominami y Alvaro Escobar, ambos del medio audiovisual y artístico. Las filmaciones requisadas En su carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el embajador Barría sostiene que el Ministerio Público respaldó todo el material filmado “para evitar su pérdida, deterioro o destrucción”, rechazando la denuncia ciudadana. Sostiene Elena Varela:

“Eso es falso. Aunque la Ministra de Cultura, Paulina Urrutia solicitó que se clonara todo el material audiovisual incautado, en resguardo del patrimonio cultural y la propiedad intelectual, Investigaciones sólo le proporcionó un listado parcial de cintas. La productora Ojo Film aún espera la devolución formal, por parte de la Fiscalía de Rancagua, de nuestro catastro de 300 cintas y discos de material fílmico. Se nos dijo que las cintas fueron solicitadas por Fiscales de la Araucanía y que sólo tenían en su poder alrededor de 100 cintas. Mis entrevistados cuentan en esas cintas, por ejemplo, cómo se planificó la represión contra la Coordinadora Arauco Malleco. La Novena Región es un escenario de experimentación de cómo hacer la contrainsurgencia en democracia. Se ve en mi película lo que hizo el General José Bernales cuando estaba al mando en la zona. Eso es lo que quieren ocultar”. Esta novela continuará / AZ

* Periodista, colaboradora de Azkintuwe.
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Chiloé, 10 de febrero de 1712, la rebelión williche silenciada 4 March, 2009

Queremos conmemorar el histórico levantamiento de los williche de Chiloé en el año 1712, originado ante los abusos a que eran sometidos los habitantes originarios de la isla por parte de encomenderos españoles: este acontecimiento fue calificado por las autoridades de la época como “el más grave suceso ocurrido en Chile desde la rebelión araucana de 1655″. Se trata de un acontecimiento de gran relevancia histórica, pero que ha sido silenciado durante siglos.


“No deja de sorprender que siga siendo la más ignorada de las grandes rebeliones ‘indias’, mucho más cuanto los que se rebelaron fueron encomenderos, conocidos en todo el reino como ‘pacíficos, cristianos y fieles vasallos”, consigna Urbina, uno de los historiadores que considera la rebelión de los williche como uno de los episodios más importantes y trascendentales de la historia de Chile en tiempos de la Colonia.Para nosotros los williche de Chiloé, este día constituye el inicio de la lucha por la devolución de nuestros territorios.
La sangre derramada por nuestros hermanos en aquel 10 de Febrero no será nunca olvidada, significa el inicio de la recuperación de nuestra dignidad y cosmovisión propia cada día más vigente.
Así se levantaron nuestros hermanos:
La mecha que encendió el conflicto fue el inhumano castigo dado a un indio wiliche que después de ser azotado por su encomendero fue incendiado envuelto en paja seca. Las comunidades cercanas a Castro convocaron a todos los hermanos de la isla (encomendados y no encomendados) a un Gran Palin en Kilkico en Enero de ese 1712.
A dicho encuentro acudieron comunidades de toda la isla grande y de otras islas como Quinchao, Alao Apiao y Lemuy. En ese Palin acordaron levantarse el 1º de Febrero de 1712 para reivindicar el término del régimen de encomiendas y exigir la devolución de las tierras usurpadas por los españoles.
Y de esa manera ocurrió.
El asedio comenzó en la madrugada del día 10 de febrero de 1712 y Castro entero ardió en llamas como también todas las haciendas invasoras del sur de la isla.Como una forma de organizar sus fuerzas los williche establecieron dos campamentos desde los cuales comandaban los ataques y enviaban guerreros a controlar los caminos.
Los españoles intentaron retomar el control de la isla desde el norte, por el canal de Chacao, allí encontraron una fuerte resistencia que terminó frustrando sus intenciones. Por ello decidieron enviar tropas desde la zona de Osorno que fueron abriendo paso para la entrada de los españoles, de este modo lograron vencer las líneas williche.
Los enfrentamientos posteriores causaron la muerte e comunidades enteras. Desde esa época se pierde registro de lo ocurrido con las comunidades alzadas (Ten Ten entre ellas).
Los williche intentaron reorganizarse en la isla de Quinchao donde finalmente fueron derrotados por los españoles. Algunos de los líderes de la rebelión lograron escapar a las islas cercanas. Se estima en unos mil los williche que murieron luchando contra la esclavitud y por la recuperación de su territorio ancestral, más de la mitad de la población indígena de aquel entonces.
La protesta continuó con una resistencia pacífica consistente en crear una crisis en la economía colonial: abandonando el trabajo agrícola trabajando lentamente y negándose a transportar alimentos hacia las haciendas y las islas. Estas acciones se mantuvieron hasta el 26 de Marzo de 1783, fecha en que la encomienda es abolida en Chiloé. Uno de los logros obtenido por la sangre de nuestros hermanos.
Entre las demandas de los williche estaban la abolición de la esclavitud y el reconocimiento como Nación. Para los williche el levantamiento continúa vigente y las demandas de devolución de los territorios invadidos continuarán hasta que el mundo sea.
La propiedad de los territorios williche se remontan al origen del mundo, pero actualmente tenemos en nuestro poder los Títulos Realengos que son el reconocimiento jurídico de propiedad, de parte de nuestros territorios, otorgado por los españoles en época de la Colonia y reconocidos por la República de Chile en el Tratado de Tantauko firmado el 15 de Enero de 1826.
No queremos dejar de recordar en este día tan significativo para nuestro pueblo que muchos han sido los winkas que con artimañas legales se han ido apropiando de nuestros territorios, unos amparados por el estado y otros por el poder del dinero.
De estos últimos destaca el candidato a Presidente de Chile, Sebastián Piñera, que compró territorios williche, en pleno conocimiento que lo eran, que le habían sido usurpados a nuestro pueblo y que legítimamente le pertenecen. El Magnate Sebastián Piñera, ante esta situación, responde que los terrenos adquiridos son plenamente legales, pero él, un insigne doctorado en Harvard conoce perfectamente la diferencia entre legalidad y legitimidad.
Le recordamos al Sr. Piñera que la esclavitud era legal, pero bien sabemos que nunca ha sido legítima.Ud. sabe Sr. Piñera, aspirante a presidente de Chile, que adquirió terrenos usurpados a los williche, amparado en la legalidad, olvidando deliberadamente que no era legítimo, para convertirse en Latifundista amparado en la ley que ustedes mismos crean y manipulan a conveniencia de sus intereses.

En este 10 de Febrero de 1712, en recuerdo de la sangre derramada por nuestros hermanos para recuperar la dignidad, honramos su memoria y con en Newen de Chaw Nguechen seguiremos el camino emprendido por nuestros hermanos hace 297 años para recuperar nuestros territorios y el derecho a vivir con dignidad en nuestra Mapu Ñuke.


http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=3813
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Esquel: Abogado Ricardo Gerosa Lewis amenaza e intimida a Mapuche -Miércoles-18/03/2009


Esquel: Abogado Ricardo Gerosa Lewis amenaza e intimida a Mapuche

El lunes prendieron fuego un edificio donde se encontraban mujeres y niños Mapuche-Tehuelche. Ese día habían resuelto ocuparlo porque hace tiempo que estaba abandonado para que funcione una cooperativa de trabajo de mujeres. Se acercó violentamente al lugar, con insultos y amenazas el reconocido y poderoso abogado de la ciudad Ricardo Gerosa Lewis. Por El Patagonico.net El lunes prendieron fuego un edificio donde se encontraban mujeres y niños mapuches-tehuelches. Ese día habían resuelto ocuparlo porque hace tiempo que estaba abandonado para que funcione una cooperativa de trabajo de mujeres. “Estando en el lugar, se convocó a los distintos medios de comunicación local para explicar nuestras intenciones y hacerlo público, desconociendo quién era propietario de dicho inmueble. Inmediatamente después de realizada la conferencia de prensa, se acercó violentamente al lugar, con insultos y amenazas el reconocido y poderoso abogado de la ciudad Ricardo Gerosa Lewis. Quien nunca mostró título de propiedad ni ningún tipo de documentación que lo acreditara”, indicó Moira Millán, vocero de la organización que denunció los hechos. Además, quienes realizaron la ocupación emitieron un comunicado informando los pormenores de lo sucedido el lunes. Explicaron que ese día en horas de la mañana, después de realizar el guellipun (ceremonia) “ingresamos a una vivienda abandonada ubicada en la calle AP Justo y avenida Alvear de la ciudad de Esquel. La intención era usar el inmueble como vivienda familiar y también como uso de la Cooperativa de Trabajo de Mujeres Mapuche Malen Weichafe, para hacer visible nuestros productos”. Luego de hacer pública la ocupación, a través de una conferencia de prensa, “se acercó violentamente al lugar, con insultos y amenazas el reconocido y poderoso abogado de la ciudad Ricardo Gerosa Lewis. Quién nunca mostró título de propiedad ni ningún tipo de documentación que lo acreditara. Sin previo aviso, envía a sus matones no sólo a amenazarnos sino que también a prender fuego dentro de la casa, sin ningún tipo de resguardo hacia las niñas que se encontraban en el lugar, y con la clara intencionalidad de quemarnos vivos con total impunidad”, explicó Moira Millán. DENUNCIA Al continuar con el relato explicó que “la policía, siendo testigo de lo acontecido, no tuvo en ningún momento la voluntad de intervenir ante las amenazas ni ante el hecho concreto de prender fuego el lugar”. En ese momento llegaron representantes del Servicio de Asistencia a la Víctima, Servicio de Protección de Derecho y Defensoría del Menor y la Familia. “Todos estos funcionarios atacaron a la lamien (hemana) Vanesa Moreno, descalificándola como mujer y como madre, amenazándola con que le iban a quitar a las niñas para llevarlas a mini hogares. En todo momento quedó reflejado el poder que ejerce el abogado Ricardo Gerosa Lewis y la influencia que tiene hacia los funcionarios que se hicieron presentes, incluyendo a la fiscal, quien debe ahora investigar la causa”, sostuvo la vocero. Millán indicó además que el martes un auto negro la siguió durante el desarrollo de sus tareas, por este motivo presentó ayer una denuncia ante la Fiscalía de Esquel. “Hoy nos encontramos con mucha angustia ya que está amenazada nuestra seguridad física y en algunos de los casos hasta jurídica”, afirmó. Por ello indicaron en el comunicado que desde ayer recorre el país que “ante cualquier hecho que ponga en riesgo nuestra integridad física y la de nuestro entorno, hacemos responsable al abogado Ricardo Gerosa Lewis y a sus matones, como así también al Estado provincial, a la justicia y a los organismos de seguridad”, indicaron Gastón Angladette, Damián Portela, Millán Moira y Vanesa Moreno. NOTAS RELACIONADAS: COMUNICADO Ante los hechos ocurridos el 2 de marzo. A los tres días del mes de Marzo del 2009, queremos informar a las organizaciones de Derechos Humanos, organizaciones indígenas y a la opinión pública en general, los acontecimientos violentos que nos han tenido como protagonista. El día 2 de Marzo en horas de la mañana, después de realizado nuestro guellipun (ceremonia) ingresamos a una vivienda abandonada ubicada en la calle A.P. Justo y Av. Alvear de la ciudad de Esquel. La intención era usar el inmueble como vivienda familiar y también como uso de la Cooperativa de Trabajo de Mujeres Mapuche “Malen Weichafe”, para hacer visible nuestros productos. Estando en el lugar, se convocó a los distintos medios de comunicación local para explicar nuestras intenciones y hacerlo público, desconociendo quien era propietario de dicho inmueble. Inmediatamente después de realizado la conferencia de prensa, se acerca violentamente al lugar, con insultos y amenazas el reconocido y poderoso abogado de la ciudad Ricardo Gerosa Lewis. Quién nunca mostró título de propiedad ni ningún tipo de documentación que lo acreditara. Sin previo aviso, envía a sus matones no sólo a amenazarnos sino que también a prender fuego dentro de la casa, sin ningún tipo de resguardo hacia las niñas que se encontraban en el lugar, y con la clara intencionalidad de quemarnos vivos con total impunidad. La policía, siendo testigo de lo acontecido no tuvieron en ningún momento la voluntad de intervenir ante las amenazas ni ante el hecho concreto de prender fuego el lugar. También se hicieron presente diversas instituciones como: Servicio de Asistencia a la víctima, Servicio de protección de Derecho y Defensoría del menor y la familia. Todos estos funcionarios atacaron a la lamien (hemana) Vanesa Moreno, descalificándola como mujer y como madre, amenazándola con que le iban a quitar a las niñas para llevarlas a mini hogares. En todo momento quedo reflejado el poder que ejerce el abogado Ricardo Gerosa Lewis y la influencia que tiene hacia los funcionarios que se hicieron presentes, incluyendo a la fiscal (quien debe ahora investigar la causa). En la provincia del Chubut existe complicidad entre el gobierno y los poderosos que acrecientan la injusticia para resguardar sus intereses. Muchos funcionarios de “justicia” y altos funcionarios del ejecutivo pertenecen a la “Sociedad Rural”, como el vicegobernador Mario Vargas. Hoy nos encontramos con mucha angustia ya que esta amenazada nuestra seguridad física y en algunos de los casos hasta jurídica. Lo abajo firmantes, ante cualquier hecho que ponga en riesgo nuestra integridad física y la de nuestro entorno, hacemos responsable al abogado Ricardo Gerosa Lewis y a sus matones, como así también al Estado provincial, a la justicia y a los organismos de seguridad.


Angladette Gastón - DNI. 34.381.295


Portela Damian - DNI 33.779.126


Millan Moira - DNI 21.572.492


Moreno Vanesa - DNI 30.479.743




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Realizaran una prueba histocompatibilidad en el caso de la directora del diario Clarín




OPERATIVO "CONDOR" KUPAL LONCON MELLADO "DIARIO EL CLARIN" BUENOS AIRES 1987 - TERRORISMO MEDIATICO-

PETU MONGUELEYIN

¡¡MARICHI WEU!! ¡¡MARICHI WEU!!

http://memoriaoralancestralautobiog.blogspot.com/

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Cuatro versiones de lo mismo



Por Hernán Invernizzi

Desde hace algunas semanas se debate intensamente acerca de la libertad de prensa, la ley de radiodifusión y el conflicto entre el gobierno y el multimedios Clarín. En lugar de sumar a estas polémicas con un texto general, a continuación se propone un análisis puntual.



El 4 de junio algunos medios gráficos – y muchos medios digitales – informaron, cada cual a su modo, que la Corte Suprema dictó una sentencia en el caso de los dos hijos de la empresaria Ernestina Herrera de Noble, Directora del diario Clarín.



La dictadura militar dejó a su paso diversas tragedias que todavía pesan sobre el conjunto de la sociedad argentina. El caso de los niños nacidos en cautiverio y apropiados a veces por cómplices de los represores es, quizás, la más abrumadora de estas tragedias. Alrededor de 400 jóvenes de entre 28 y 32 años todavía no saben que sus padres son desaparecidos, todavía ignoran que tal vez fueron adoptados por los torturadores o por los asesinos de sus propios padres y desconocen su verdadera identidad. Gracias a la tarea inteligente y heroica de las Abuelas de Plaza de Mayo, 90 jóvenes ya recuperaron su verdadera historia.
En este caso, como la madre adoptante es una de las mujeres más influyentes de nuestro país, el asunto tiene una enorme e inevitable exposición mediática. Se suma a ello que el proceso judicial es muy complejo, incluyó desde el encarcelamiento de Herrera de Noble hasta el enjuiciamiento y destitución del primer juez de la causa, y sufre toda clase de apelaciones y debates.



La causa se inició hace ya 8 años en el Juzgado Federal de San Isidro, a partir de un planteo de las Abuelas de Plaza de Mayo. Varios problemas están en debate, por ejemplo, saber si los dos jóvenes adoptados nacieron en cautiverio durante la dictadura y si son hijos de desaparecidos; saber de quiénes son hijos, si se trata de un caso de menores apropiados, si se cometieron delitos o infracciones durante el proceso de adopción, etc.



Dos familias de desaparecidos (Gualdero-García y Miranda-Lanuscou ) sospechan que estos dos jóvenes son familiares suyos. Uno de los debates consiste en cómo determinar la filiación. En principio esto suele resolverse a través del procedimiento habitual, establecido en la ley 23.511 (Banco Nacional de Datos Genéticos, con sede en el Hospital Durán). Cuando es necesario, se comparan muestras del ADN de los jóvenes con esta base de datos, que incluye información de casi todas las familias con niños desaparecidos o presuntamente nacidos en cautiverio. El resultado del análisis tiene un 99% de exactitud.



Es un procedimiento práctico, preciso y probado. No obstante, detrás de esta practicidad pueden aparecer serias discusiones acerca de derechos y principios. (Y a veces, también, debates aparentemente principistas que esconden intereses de otro orden). Por ejemplo, algún joven podría negarse al análisis porque eso violaría su derecho a la intimidad e integridad, o porque el resultado del análisis podría ser utilizado como prueba contra la familia que lo adoptó, etc. Y a partir de acá comenzó a desarrollarse la discusión en torno a si los análisis pueden ser compulsivos por orden de la justicia, etc.



De acuerdo con el trámite habitual para estos casos, tanto Abuelas como los familiares de los desaparecidos, reclamaron que se confronten muestras de ADN de ambos jóvenes con la Base de Datos del Durán. Los dos jóvenes, por el contrario, plantearon que el análisis a) se haga sólo con referencia a las dos familias mencionadas y b) que no se haga en el Banco de Datos sino a través del Cuerpo Médico Forense.



El pedido de Abuelas/familias permitiría saber si estos dos jóvenes son o no hijos de desaparecidos - y no sólo de esas dos familias. El planteo de los dos jóvenes, en cambio, sólo permitiría saber si son familiares de estas dos familias. De este modo admiten el derecho de las mismas a saber la verdad, pero impiden o dificultan el derecho general a que se sepa si son o no hijos de otros desaparecidos.



El nuevo juez de la causa (Bergesio) admitió el pedido de los jóvenes. La Cámara Federal de San Martín revocó esa decisión. Apelaron al Tribunal de Casación y allí también fue rechazado su pedido. Acudieron entonces a la Corte Suprema, en donde el Procurador (Righi) entendió que la causa debía regresar a Casación, el cual le devolvió el expediente al juez Bergesio pero con una modificación: pasaron a admitir el planteo de los dos jóvenes. Entonces Abuelas / familias de desaparecidos acudieron en queja a la Corte, que a principios de junio dictaminó a favor del pedido de los dos jóvenes, sin emitir opinión acerca de otros asuntos que se ventilan en esta complicada causa.



Pues bien, revisamos los diarios en papel de alcance nacional y con versión digital del 4 de junio de 2008: la noticia fue informada por La Nación, Clarín, Página 12 y Crítica de la Argentina.



Ahora bien, no se debería analizar la forma en que estos medios difundieron la noticia sin tener en cuenta que se trata de un asunto que compromete a los medios mismos. En efecto - y por dar sólo un ejemplo - una de las protagonistas es la Directora y principal accionista del llamado “Grupo Clarín”, el más poderoso del país. Este diario es a la vez socio (en la empresa Papel Prensa) y competidor de La Nación (son los dos diarios de mayor tirada del país). Clarín y Crítica de la Argentina mantienen una fuerte polémica en torno a la actividad de Papel Prensa e inclusive Crítica denunció que uno de sus fotógrafos fue agredido por un ejecutivo de Clarín. Y podrían enumerarse otras diferencias y coincidencias entre los cuatro.
En resumen, es inocultable que esta noticia de alguna manera se inserta en la interna de los medios gráficos del país. De ahí que el tratamiento del asunto posiblemente sufra influencias que van más allá del habitual sesgo que cada medio imprime a su forma de proponer información.



LOS CUATRO ARTICULOS



Para facilitar la lectura, en primer lugar reproducimos los cuatro artículos completos tal como fueron publicados por cada diario.



La Nación.



“ Estudios de ADNFallo judicial por el caso Noble
La Corte Suprema dejó firme un fallo de la Cámara de Casación Penal y aceptó la solicitud de Marcela Noble Herrera y Felipe Noble Herrera, hijos de la señora Ernestina Herrera de Noble, para someterse voluntariamente a un estudio de ADN en el Cuerpo Médico Forense.
Los dos jóvenes ofrecieron comparar los resultados del mapeo genético con los resultados de los integrantes de dos familias. En la causa se discute si los hijos de la directora de Clarín nacieron en el seno de las familias García-Gualdero y Miranda-Lanuscou, que se presentaron como parte querellante.
Ambas familias sostienen que el joven podría ser hijo de María del Carmen Gualdero, desaparecida en 1976, mientras que en el caso de Marcela Noble podría tratarse de Matilde Lanuscou, que fue vista por última vez ese mismo año.
En 2004, los jóvenes habían manifestado a la Justicia su voluntad de realizar un examen de ADN y, de esa forma, contribuir al esclarecimiento definitivo y total de la causa. En un primer momento, un juez de primera instancia había accedido al pedido de Marcela Noble Herrera y Felipe Noble Herrera.
La Cámara Federal de San Martín, en cambio, propuso realizar un entrecruzamiento de datos más amplio. Pero la Sala II de la Cámara de Casación revocó este fallo y circunscribió la prueba genética a la comparación con el ADN de los querellantes”.



Clarín



“ Desestiman en la Corte un recurso extraordinario. Admitieron un planteo judicial de los hijos de la directora de Clarín
La Corte Suprema de Justicia rechazó ayer por inadmisible un recurso extraordinario y de este modo dejó firme la sentencia de la Cámara de Casación que había habilitado la realización voluntaria de un estudio de ADN, ofrecido por Marcela y Felipe Noble Herrera, hijos de la directora de Clarín, Ernestina Herrera de Noble.
Los jóvenes habían manifestado a la Justicia, en el año 2004, su voluntad de realizarse un examen de histocompatibilidad en el cuerpo médico forense, para confrontarlo con el de las dos familias querellantes y "contribuir a la rápida conclusión" de una causa iniciada contra su madre.
El ofrecimiento de Marcela y Felipe Noble Herrera fue aceptado por el juez de primera instancia Conrado Bergesio, pero se fue demorando por sucesivas apelaciones. Bergesio había reemplazado a Roberto Marquevich que fue destituido a raíz de este caso.
Cuando llegó a la Cámara de Casación, la misma no manifestó objeciones y sostuvo que "no se colige agravio alguno a los querellantes, pues el examen fue ordenado en relación a los grupos familiares de éstos".
También dijo que "llevar a cabo el peritaje dispuesto en la forma en que los recurrentes aceptaron hacerlo es el modo más eficaz de conciliar todos los derechos aludidos".
La Corte, al rechazar el recurso extraordinario, ratificó la validez del ofrecimiento de los hijos de la directora de Clarín. El fallo fue suscripto por los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay”.



Página 12



“ La Corte Suprema dejó firme un fallo de Casación. Un sí a los análisis condicionados
La Corte Suprema de Justicia dejó firme un fallo de Casación que aceptó las condiciones puestas por los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble para hacerse los análisis de ADN. De esta manera, las muestras de sangre que permitirían saber si son hijos de desaparecidos no van a ser cruzadas con todos los registros del Banco de Datos Genéticos, sino sólo con dos familias. Por otra parte los análisis no se realizarán en el hospital Durán, sino que los hará el Cuerpo Médico Forense.
“La Corte falló a favor de Noble, ya que avaló el deseo de que los análisis se hicieran como ellos querían. Pero no resolvió sobre la cuestión de fondo, sino que por un tema de forma no hizo lugar al pedido de los querellantes. En él se planteaba que los estudios debían realizarse como lo dicta la ley, y ése es el verdadero problema del fallo. Aunque la Corte no dijo que los análisis deban hacerse siempre de este modo, avaló una metodología contraria a la Ley Nacional del Banco de Datos Genéticos”, que establece que las muestras deben cruzarse con todas las del banco, dijo el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo Luciano Hazán.
El fallo de la Corte fue suscripto por los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay, quienes declararon “mal concedido” el recurso extraordinario.
El recurso había sido presentado por la abogada Alcira Ríos, patrocinante de las familias Gualdero García y Miranda Lanuscou, quienes sostienen que Felipe Noble Herrera podría ser el hijo de María del Carmen Gualdero (desaparecida el 8 de junio de 1976, cuando estaba embarazada de nueve meses) y que Marcela Noble Herrera podría ser Matilde Lanuscou (vista por última vez el 3 de septiembre de 1976). El juez federal de San Martín se había inclinado en favor del criterio de los dos jóvenes, pero los querellantes apelaron y reclamaron que el examen de ADN se realizara como en cualquier otro caso. La Cámara les dio la razón y dejó el fallo de primera instancia sin efecto. Sin embargo, los hijos de Herrera de Noble insistieron con su pedido ante la Cámara de Casación Penal, que los respaldó. En su fallo, Casación dispuso que las muestras de sangre sólo se cotejaran con la de las familias querellantes y accedió a que el Cuerpo Médico Forense actuara en lugar del Banco de Datos Genéticos del Durán. Los camaristas sostuvieron que esta metodología no implicaba “agravio alguno a los querellantes, pues el examen fue ordenado en relación con los grupos familiares de éstos”. Y concluyeron que hacer el peritaje “en la forma en que los recurrentes aceptaron hacerlo” era “el modo más eficaz de conciliar todos los derechos aludidos”.
El fallo de la Corte no impide que en el futuro se realice el entrecruzamiento a través del Banco Nacional de Datos Genéticos.
Abuelas acaba de obtener reconocimiento como querellante en la causa judicial (hasta ahora sólo tenían ese carácter las familias Gualdero-García y Miranda-Lanuscou), por lo que podrán presentarse en el expediente para pedir medidas de prueba. En el caso de que los análisis descarten la filiación de los dos jóvenes con las familias con que serán cotejados, reclamarían la ampliación de los estudios”.



Crítica de la Argentina



“ Los hijos de la dueña de Clarín cruzarán su ADN sólo con dos familias La Corte, a favor de la causa Noble
Después de años de idas y vueltas judiciales, la Corte Suprema falló a favor de la dueña del multimedio Clarín en la causa que investiga si se apropió de dos hijos de desaparecidos. Aunque no analizó el fondo de la cuestión, el máximo tribunal admitió el planteo de los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble de no cruzar sus muestras de ADN con todas las que forman parte del Banco Nacional de Datos Genéticos. “No me sorprendió la decisión porque la Corte ya había fallado a favor de los apropiadores y del Grupo Clarín”, denunció Alcira Ríos, abogada de las familias querellantes.
La Ley Nacional del Banco de Datos Genéticos (23.511) se dictó con el objetivo de priorizar la recuperación de la identidad de los bebés apropiados en la dictadura y establece que los análisis deben realizarse en el hospital Durán. Sin embargo, Marcela y Felipe Noble Herrera sólo aceptan que se les realicen estudios genéticos a través del Cuerpo Médico Forense y que sus muestran se crucen únicamente con las familias Gualdero-García y Miranda-Lanuscou, quienes sospechan que los jóvenes pueden ser las personas que buscan desde hace más de 30 años.
El fallo de la Corte no analiza el fondo de la cuestión, sino que rechaza un recurso extraordinario presentado por la abogada de los familiares. “No tiene fundamento ¿Cómo no van a dar lugar al recurso si se está violando una ley nacional?”, se preguntó Ríos tras la noticia. En el mismo sentido opinó Alan Iud, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, organismo que desde el lunes es también parte querellante de la causa. “El fallo no se pronuncia sobre la cuestión principal. Considera que no es importante abrir la jurisdicción de la Corte para debatir sobre esto. Es una pena, porque confirma un fallo que claramente viola la ley”.
En su resolución, la Corte Suprema declara inadmisible el recurso presentado por las familias de los desaparecidos y deja firme el pronunciamiento de la Cámara Nacional de Casación Penal que había aceptado el planteo de los abogados de Ernestina Herrera de Noble.
Ante el fallo, el abogado de Abuelas adelantó que pedirá la ampliación de la denuncia. “Más de 30 chicos nacidos en cautiverio en 1976 aún no recuperaron su identidad. Hay que dejar en claro de qué otros nietos podría tratarse”, dijo Iud.
Desde 2004, la causa está radicada en el juzgado de San Isidro que encabeza Conrado Bergesio. En ese año, el juez Roberto Marquevich fue destituido por el Tribunal de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura. En una decisión que le costó el cargo, el 17 de diciembre de 2002 Marquevich detuvo a la empresaria acusándola de “falsedad de documento público y falsedad ideológica en dos oportunidades, uso de documento público falso e inserción de datos falsos en un expediente civil”.
La investigación del juez fue luego anulada por la Cámara de Apelaciones de San Martín. Los jueces liberaron a Noble y el 26 de marzo de 2003 aceptaron la recusación contra Marquevich. Desde que la causa pasó al juzgado de Bergesio, el expediente está casi paralizado.
Según aquella investigación judicial, los expedientes de guarda de los dos chicos reúnen decenas de irregularidades. En el caso de Marcela, consta que el 13 de mayo de 1976, Herrera de Noble se presentó ante el juzgado de menores Nº 1 de San Isidro para solicitar la guarda de una beba que había encontrado en una caja en la puerta de su casa. Como testigos, nombró a una vecina y a un jardinero que, años después, se determinó que eran testigos falsos. El jardinero era, en realidad, el chofer de la dueña de Clarín.
En el expediente de Felipe se relata que dos meses después, el 7 de julio de 1976, una mujer llamada Carmen Luisa Delta entregó al mismo juzgado a su hijo nacido el 17 de abril de ese año para que lo dieran en adopción. Herrera de Noble se encontraba en la oficina realizando trámites por Marcela y le informaron de la llegada del niño, que aceptó adoptar. Entre otras anomalías, la investigación concluyó que el DNI de aquella mamá correspondía, en realidad, a un hombre ya fallecido”.



UN ANÁLISIS DE LOS TEXTOS



Hay muchas maneras de abordar el análisis individual o comparativo de un grupo de noticias. En este caso nos vamos a limitar a una lectura analítica de los textos. Dejaremos de lado cuestiones como el tratamiento anterior y posterior de la misma (en éstos u otros medios) y asuntos como la ubicación de la noticia en el medio en general y la página en particular, tipografía, criterios de diagramación, ilustraciones, análisis lingüístico/semiológico, etc.



Veamos en primer lugar un dato objetivo: la cantidad de palabras dedicadas a la noticia. El que menos palabras le dedicó fue La Nación: 235. Y el que más texto utilizó fue Crítica, con 717. Clarín utilizó algunas palabras más que La Nación: 264. Mientras que Página 12 le dedicó 559 palabras.



En todos los casos se utilizó el sistema de título y subtítulo.



“Estudios de ADN. Fallo judicial por el caso Noble” (La Nación);
“Desestiman en la Corte un recurso extraordinario. Admitieron un planteo judicial de los hijos de la directora de Clarín” (Clarín);
“La Corte Suprema dejó firme un fallo de Casación. Un sí a los análisis condicionados” (Página 12) y
“Los hijos de la dueña de Clarín cruzarán su ADN sólo con dos familias. La Corte, a favor de la causa Noble” (Crítica de la Argentina).
Como es bien sabido, ya desde los textos elegidos para los títulos aparecen los diferentes enfoques de la misma noticia. Y en este caso, las diferencias para hablar de lo mismo son notorias.
En términos generales la noticia se refiere a uno de los (posibles) casos de hijos de desaparecidos. No obstante, en ninguno de estos títulos aparecen los sustantivos “desaparecido”, “adopción”, “Abuelas” (de Plaza de Mayo), “apropiación”, “derechos humanos”, etc. En cambio, la marca “Clarín” y el apellido “Noble” aparecen 2 veces cada uno en los 4 titulares.



El título de La Nación no menciona a Clarín pero sí el apellido de su Directora. A la inversa, Clarín se nombra a sí mismo pero no a su Directora. Página 12 no menciona a ninguno de ellos. Crítica, por su parte, menciona a los dos.



En tres titulares se hace mención al problema (central en el caso) del análisis de ADN. Sólo Clarín no hace referencia al ADN o a los análisis del mismo.



En este aspecto hay una clara coincidencia entre Página 12 y Crítica. El primero se refiere a “los análisis condicionados” mientras que el segundo señala que “los hijos de la dueña de Clarín cruzarán su ADN sólo con dos familias” – que es más o menos lo mismo pero más desarrollado. Para los titulares de Clarín y La Nación, por el contrario, el método o el criterio del análisis de ADN no es parte del título.



En cambio, todos los títulos coincidieron en enfatizar o poner de relieve el perfil institucional y judicial de la noticia. En efecto, en todos los casos aparecen expresiones como “fallo judicial”, “planteo judicial”, “firme un fallo” o bien menciones a “la Corte Suprema”, “Casación”, etc.
Como estos títulos se proponen anunciar la novedad de que la Corte dictó cierta sentencia en una causa resonante, el énfasis puesto en el perfil judicial/institucional aparece como relativamente razonable. De igual manera, sería razonable enfatizar de algún modo que se trata de una causa resonante en materia derechos humanos, niños apropiados o algo parecido.
Se puede observar, además, que Crítica – siguiendo el estilo característico de su Director – redactó su título con un juego de palabras que habilita diversas lecturas más o menos irónicas. Dice “ La Corte, a favor de la causa Noble”. Lo cual podría ser leído como “la corte a favor de una causa noble” (con minúsculas) o bien “ La Corte, a favor de Noble”.



En periodismo gráfico existen ciertas convenciones que se cumplen en casi todo el mundo. Según estos códigos, el qué, el quién, el cómo, el dónde... de una noticia deben presentarse en un cierto orden. Este orden debería aparecer siempre en el primer párrafo, lo cual facilita la comparación del cuerpo de estas cuatro versiones de la misma noticia. Por una cuestión de espacio vamos a comparar en particular sólo el primer párrafo – estadísticamente el que más se lee - y en general el resto de los cuatro artículos.



La Nación“ La Corte Suprema dejó firme un fallo de la Cámara de Casación Penal y aceptó la solicitud de Marcela Noble Herrera y Felipe Noble Herrera, hijos de la señora Ernestina Herrera de Noble, para someterse voluntariamente a un estudio de ADN en el Cuerpo Médico Forense”.



Según La Nación, todo se reduciría a que la Corte admitió un pedido de los hijos de Noble para someterse voluntariamente a un estudio de ADN en el Cuerpo Médico Forense.



La noticia está presentada con la aparente neutralidad periodística reivindicada en los manuales de estilo y ética. Pero esta “neutralidad” no puede ser analizada sólo por la presunta asepsia del texto, construida con una cuidadosa redacción que prescinde de los adjetivos - como si eludirlos fuera garantía algún valor ético o ideológico general... También se puede analizar aquello que la redacción optó por omitir en el primer párrafo. Por ejemplo, descartó que se trataría de hijos de desaparecidos, o que proponen un análisis “voluntario” de ADN con los forenses pero que rechazan el procedimiento habitual (Hospital Durán), etc.



No obstante, nadie podría decir que el primer párrafo de su artículo es “falso”. Sólo podría decirse que es discutible presentar la noticia como si se tratara, apenas, de dos personas que pidieron hacerse un análisis y que la Corte les dio la razón...
Clarín“ La Corte Suprema de Justicia rechazó ayer por inadmisible un recurso extraordinario y de este modo dejó firme la sentencia de la Cámara de Casación que había habilitado la realización voluntaria de un estudio de ADN, ofrecido por Marcela y Felipe Noble Herrera, hijos de la directora de Clarín, Ernestina Herrera de Noble”.



Para Clarín, en cambio, la Corte “rechazó por inadmisible” cierto recurso extraordinario, cosa que ya había hecho Casación, lo cual habilita a que los hijos de la directora del diario se hagan un estudio de ADN de manera voluntaria.
En este caso no hay tanta preocupación estilística por la adjetivación. En cambio, hay un evidente acento en la razón que asistiría a los protagonistas del caso. En efecto, por un lado, hay un rechazo “inadmisible” de un recurso. Y por el otro, complementariamente, ya la Cámara de Casación había estado de acuerdo con este asunto. De donde los dos muchachos tendrían algo así como razón dos veces: porque Corte y Casación comparten el criterio y porque el rechazo es “inadmisible”.
Una vez más estamos frente a cosas que son ciertas, pero de determinada manera. Como en el caso anterior, no se menciona a los desaparecidos ni al procedimiento habitual (Hospital Durán), etc pero a diferencia de La Nación, acá se pone el énfasis en que tendrían mucha razón.
Ambos coinciden en lo de “voluntario”: “someterse voluntariamente” dice La Nación; “la realización voluntaria de un estudio”dice Clarín.
Si estos dos jóvenes quieren hacerse los análisis - si proponen hacerlo voluntariamente - entonces no serían ellos quienes se oponen a conocer la verdad... De donde resultaría que el problema no lo generan ellos.



Es paradojal: habrían tenido que acudir a la justicia para hacerse voluntariamente un análisis de ADN; pero deja pendiente porqué deberían pedirle a la justicia que los dejen hacerse un análisis que todos los organismos de Derechos Humanos también querrían que se hagan. Entonces: quién no quiere que se lo hagan? Quién les impide hacerlo?



Sólo quien conoce el caso podría entender que estos dos jóvenes proponen hacerse voluntariamente un análisis de ADN con relación sólo a dos familias, y que otros reclaman un análisis con relación al banco de datos genéticos. Y esto es así porque Clarín – en todo el texto del artículo – no hace mención a esta contradicción. La Nación, por su parte, lo menciona en el último párrafo de la siguiente forma: “La Cámara Federal de San Martín, en cambio, propuso realizar un entrecruzamiento de datos más amplio”, contribuyendo así a la confusión general.



Página 12“ La Corte Suprema de Justicia dejó firme un fallo de Casación que aceptó las condiciones puestas por los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble para hacerse los análisis de ADN. De esta manera, las muestras de sangre que permitirían saber si son hijos de desaparecidos no van a ser cruzadas con todos los registros del Banco de Datos Genéticos, sino sólo con dos familias. Por otra parte los análisis no se realizarán en el hospital Durán, sino que los hará el Cuerpo Médico Forense”.



Para este periódico, en cambio, se trata de una noticia protagonizada por las contradicciones. En efecto, el primer párrafo formula una aseveración simple (la Corte admitió las condiciones de los dos jóvenes, en síntesis) pero a continuación propone dos contradicciones, que ocupan la mayor parte del texto.



Por un lado, que los datos genéticos de los dos jóvenes no serán comparados con todo el Banco de Datos sino sólo con dos familias; por el otro, que el análisis no se harán en el Hospital Durán sino en el Cuerpo Médico Forense.



La primera contradicción enfatiza el problema de si son o no hijos de desaparecidos. Si los análisis dijeran que no son hijos de los cuatro desaparecidos en cuestión, quedaría pendiente saber de quién son hijos – y podrían serlo de otros desaparecidos.
La segunda contradicción trataría de señalar el “privilegio” de poder elegir dónde se hará el análisis, Cuerpo Médico Forense en lugar del Hospital Durán – donde se hace habitualmente.
La suma de la primera afirmación más las dos contradicciones siguientes daría como resultado que estamos frente a quienes tratan de imponer condiciones personales y privilegios especiales en un caso de derechos humanos.



Crítica de la Argentina“ Después de años de idas y vueltas judiciales, la Corte Suprema falló a favor de la dueña del multimedio Clarín en la causa que investiga si se apropió de dos hijos de desaparecidos. Aunque no analizó el fondo de la cuestión, el máximo tribunal admitió el planteo de los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble de no cruzar sus muestras de ADN con todas las que forman parte del Banco Nacional de Datos Genéticos. “No me sorprendió la decisión porque la Corte ya había fallado a favor de los apropiadores y del Grupo Clarín”, denunció Alcira Ríos, abogada de las familias querellantes”.



La primera oración pretende contextualizar el caso e instala la noticia en el marco de la causa donde se investiga si Herrera de Noble “se apropió de dos hijos de desaparecidos”. En ese marco, en un proceso “de idas y vueltas”, la Corte aparece con un fallo a favor de la “dueña del multimedio Clarín”, con lo cual dicho tribunal quedaría por lo menos descolocado frente al lector, pues le estaría dando la razón a una poderosa empresaria. Y queda subrayado que se trata de una de esas causas que involucra a los poderosos del país.



Pero se aclara inmediatamente después que no hubo opinión sobre del fondo de la cuestión. En realidad, aclara, la Corte dictaminó a favor del pedido de no comparar el ADN de los dos jóvenes dentro del Banco Nacional de Datos Genéticos.
Al igual que en casos anteriores, no se entiende del todo bien qué es lo que admitió o lo que no admitió la Corte. La Corte admite que eso no se haga, pero no se entiende qué se debería o se podría hacer, ni se puede saber qué quieren o proponen los dos jóvenes en cuestión. Se omitió que el fallo judicial dispone que la comparación se haga sólo con el ADN de dos grupos familiares.
De este modo – pero desde otra perspectiva – se reitera el planteo anterior según el cual desaparece la contradicción entre el pedido de los dos adoptados y el pedido de las familias de los desaparecidos.



A continuación – contra lo habitual en los primeros párrafos de una noticia – este diario introduce una cita, de una abogada según la cual “la Corte ya había fallado a favor de los apropiadores y del grupo Clarín”. De este modo el párrafo cierra de manera circular, afirmando en la última oración lo mismo que decía en la primera, pero esta vez con el aval de una abogada. Es decir que la profesional aparece legitimando la afirmación inicial del redactor.



UN REPASO GENERAL



Un repaso general del resto de las cuatro notas nos ofrece más o menos los mismos resultados: cada medio propone la noticia a su manera, cada cual con sus omisiones, sus énfasis y peculiaridades.
La Nación y Clarín, por ejemplo, tienen en común que en ningún momento mencionan a las Abuelas de Plaza de Mayo ni la expresión “derechos humanos”. Parecería entonces que esta causa no está relacionada directamente con unas y otros, no obstante que se trata de algo evidente. Quizás se podría contra argumentar que es precisamente porque se trata de algo “evidente” – y por lo tanto en beneficio de la síntesis – que ambos medios omitieron estas dos menciones. En tal caso, sería llamativo que ambos medios hayan coincidido en esta evaluación cuando que, la lectura cotidiana de Clarín y La Nación demuestra que no coinciden en tantas otras cosas.
Estos dos medios también coinciden, y de manera muy explícita, en que centran el desarrollo de la noticia en un aspecto de tipo técnico-jurídico. Tal como lo expresa La Nación sería así: “En la causa se discute si los hijos de la Directora de Clarín nacieron en el seno de las familias García.-Gualdero y Miranda-Lanoscou, que se presentaron como parte querellante”. Es decir, en la causa se discute “eso” pero no el derecho general de saber si son hijos de desaparecidos, por ejemplo, lo cual daría como resultado que otras dos familias (o sólo una) descubran que uno u otro de estos jóvenes nación en su seno.
Aún sin haber tenido acceso al expediente, parece ser cierto que uno de los asuntos en debate es saber si los dos jóvenes nacieron en el seno de esas dos familias. De donde, si la Corte admite que los datos se crucen sólo con esas dos familias, los derechos de las mismas no serían violentados. No obstante quedan asuntos pendientes acerca de los cuales estos dos medios no hacen mención, pero sí lo hacen Crítica y Página 12. Para estos dos últimos los asuntos pendientes y las contradicciones que de allí se derivan, son aspectos cruciales de la noticia. Para dos medios hay elementos irrelevantes, omitibles. Para los otros dos medios esos mismos elementos son sustanciales.
Página 12 y Crítica de la Argentina incluyen citas de abogados de Abuelas y de las dos familias que buscan a los niños nacidos entre ellos. Estas citas son sumamente críticas con el fallo de la Corte, que “avaló una metodología contraria a la Ley Nacional del Banco de Datos Genéticos” (Página) o “más de 30 chicos nacidos en cautiverio en 1976 aún no recuperaron su identidad. Hay que dejar en claro de qué otros nietos podría tratarse” (Crítica).
Por el contrario, La Nación y Clarín no incluyen en sus notas ninguna cita crítica. La Nación no incluye ninguna cita. Clarín, en cambio, cita tres veces la sentencia de la Corte. Estas tres citas del fallo giran en torno a lo mismo: que la sentencia permite una rápida conclusión del problema sin afectar los derechos de las familias que buscan a sus descendientes.
Página 12, Clarín y La Nación coinciden en mencionar a los integrantes de la Corte que firmaron la sentencia. Sólo Crítica no incorpora en su artículo los nombres y apellidos de los jueces firmantes.
Clarín y La Nación también coinciden en excluir del tratamiento de la noticia un dato que, por el contrario, es mencionado por los otros dos medios. Según las palabras de Página: “Abuelas acaba de obtener reconocimiento como querrelante en la causa judicial (hasta ahora sólo tenían ese carácter las familias Gualdero-García y Miranda-Lanoscou)”.
Y es Crítica de la Argentina – el medio que dedica mayor espacio a la noticia – el único de los cuatro que recuerda algunos de los antecedentes más remotos de la causa, como que la señora Herrera de Noble fue detenida y liberada, que el juez Marquevich fue destituido o que se detectaron diversas irregularidades en el proceso de adopción de ambos jóvenes. Crítica lleva su repaso histórico al punto de afirmar que el juez mencionado fue destituido porque “detuvo a la empresaria”.
Ahora bien, a los procedimientos textuales usados por los medios para informar aquello a lo cual definen como una noticia, se lo puede llamar “relato”, “construcción de la realidad”, “libertad de expresión”, “casualidad textual”, “apuro ante el cierre”, etc. Pero vistos los ejemplos anteriores queda claro que cada medio ofrece su propia versión del mismo objeto llamado “noticia”.
Estas diferencias pueden obedecer a razones diversas y seguramente complejas que no son asunto de estas notas. Pero sería muy interesante, además de debatir en general acerca de la libertad de prensa, organizar foros en los cuales se puedan debatir casos puntuales como el anterior, en donde los protagonistas – los que ejercen el oficio día a día - intercambien opiniones con intelectuales y analistas que, en general, no tienen la oportunidad de confrontar su lectura con quienes propusieron alguna escritura. El pensamiento crítico y la libertad de opinión lo agradecerían.


http://www.grupomayo.com.ar/





http://www.pjgrupomayo.com.ar/revista/16_revista_4.php


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Campesinos recibirán certificados de exonerados políticos por Reforma Agraria - Martes 17 marzo de 2009-16:44

Martes 17 de marzo de 2009 16:44
/ Lanacion.cl

Campesinos recibirán certificados de exonerados políticos por Reforma Agraria

El ministro de Agricultura (s), Reinaldo Ruiz, informó este martes que un total de cinco mil campesinos del país están en proceso de recibir un certificado que acredite su calidad de exonerados políticos, como ex asentados del proceso de Reforma Agraria, lo que les permitirá recibir beneficios del Estado. Según explicó la autoridad, con esta medida se concluye el proceso de reparación para los campesinos que fueron expulsados de sus tierras luego de la publicación del DL 208, generada tras el golpe de estado de 1973 y que resultó de las políticas agrarias que el régimen militar llevó a cabo. En una ceremonia presidida por el intendente de la Región del Bío-Bío, Jaime Tohá, fueron entregados 400 certificados a campesinos de la Provincia de Ñuble. El seremi de agricultura de la zona, Andrés Castillo, señaló que con la emisión del certificado que acredita la calidad de exonerado político, se posibilita a los beneficiarios alcanzar la calificación exigida por el Ministerio del Interior para acceder al pago de beneficios por parte del INP, entre los cuales se cuentan, una renta vitalicia (extensible a la viuda y a los hijos estudiantes hasta los 24 años), y beneficios de salud, entre otros.

http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20090317/pags/20090317164447.html

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CASO JÓSE HUENANTE - DESAPARICIÓN FORZADA= CRIMEN LESA HUMANIDAD 03-09-2005

Carabineros dados de baja aseguran que no tuvieron contacto con menor desaparecido


Dos funcionarios de Carabineros dados de baja y formalizados por el secuestro de un menor de edad desaparecido el año 2005 en Puerto Montt, enfatizaron en su inocencia asegurando que no tuvieron contacto con el joven el día del suceso.En conversación con radio Bío Bío, los ex cabos Patricio Mena y César Vidal aclararon que “en ningún momento nosotros tuvimos contacto, ni subimos a alguien, a algún civil al interior del radiopatrulla”.Los otrora carabineros agregaron que “al contrario de como se ha mencionado en la formalización, en ningún momento tuvimos contacto con ningún detenido”.Los funcionarios desligados de la institución entregaron los antecedentes al fiscal, alegando que se les imputa el delito sólo por conjeturas y aclararon que nunca estuvieron en el lugar donde los testigos indican que fueron divisados. Los expulsados cabos son sospechosos en la desaparición de José Huenantes, un menor de 16 años de quien se perdió la pista tras un control de una patrulla policial la madrugada del 3 de septiembre del año 2005.



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17 de Marzo de 2009

Carabineros da de baja a funcionarios imputados por desaparición de menor

El prefecto de la provincia de Llanquihue, coronel Pedro Messen, sostuvo que los ex carabineros habrían adulterado registros oficiales como la bitácora del radiopatrullas en que iban los imputados la noche en que desapareció el menor y el número de detenidos.Por las "gravísimas faltas administrativas" en que incurrieron, Carabineros expulsó este martes a los tres funcionarios que habían sido formalizados por la sustracción del menor José Huenante Huenante, de 16 años, registrada en la madrugada del 3 de septiembre de 2005 en la población Mirasol de Puerto Montt.

Los tres funcionarios dados son el sargento segundo Juan Ricardo Altamirano Figueroa y los cabos Patricio Alejandro Mera Hernández y César Antonio Vidal Cárdenas.

La institución señaló que los tres efectivos fueron dados de baja por adulterar los libros de registro de la institución y según detalló el prefecto de la provincia de Llanquihue, coronel Pedro Messen, la desvinculación se produjo "en virtud de los nuevos antecedentes que se han incorporado y los adelantos en el sumario que se está realizando".

El jefe policial precisó que los ex carabineros habrían adulterado registros oficiales como la bitácora del radiopatrullas en que iban los imputados la noche en que desapareció el menor y el número de detenidos.

Por su parte en declaraciones a radio Cooperativa el abogado defensor de los tres ex carabineros, Rafael Gallardo, explicó que a sus representados se les mantendría el sueldo mientras se espera la resolución judicial, ya que de ser encontrados inocentes, serían reintegrados a la institución.

Asimismo reiteró nuevamente la inocencia de sus clientes, precisando que están muy afectados por el cambio en su situación administrativa.

"Esta situación para un carabinero de 20 años de servicio e intachable conducta es violenta para él y su familia, personas que han estado dedicadas al servicio público, pero están tranquilos, confiados en que esto se esclarezca", manifestó el profesional.



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Valparaíso 26/03/2009 Departamento de Prensa

Senador Escalona presentó querella por caso de desaparición de adolescente en Puerto Montt

El parlamentario se hizo parte en la investigación que se sigue por la desaparición de José Huenante Huenante, tras ser detenido por la policía, el pasado 3 de septiembre de 2005.

"Queremos respaldar la acción que realiza el Ministerio Público en el caso de la desaparición del adolescente José Huenante Huenante por el cual están formalizados tres carabineros por secuestro". Así justificó el senador Camilo Escalona, la querella criminal que presentó junto a su abogado Luis Correa Bluas, en el Juzgado de Garantía de Puerto Montt.

Precisó que "en esta acción legal no se presume nada ni se ataca a Carabineros de Chile como institución, sin embargo, consideramos esencial que esta situación se lleve adelante con la rigurosidad, acuciosidad y con los medios judiciales indispensables".

Explicó que "hemos constatado que este joven de 16 años desapareció una vez detenido, por lo que resolvimos presentar esta querella, pues nos parece esencial establecer que en democracia no puede haber detenidos desaparecidos".

Respecto a la posibilidad de que el juez instructor se declare incompetente en el caso, el parlamentario dijo que "se cometería un gravísimo error, en cuanto involucrar a la Justicia Militar en el caso porque significaría que el delito se cometió como un acto de servicio. En consecuencia, se afectaría a la institución de Carabineros de Chile".

Puntualizó que "a nosotros nos parece que lo que corresponde es establecer la responsabilidad de los que cometieron el delito y que ellos deben responder, y por lo tanto tiene que proseguir el caso en la Justicia Civil".

El senador Escalona destacó el trabajo del Ministerio Público, ya que a su juicio ha sido "acucioso y ha establecido situaciones que hacían insoslayables las decisiones que tomó".

Reiteró además que "nos parece que la investigación tiene que seguir de acuerdo con el nuevo Código Procesal Penal hasta sus últimas consecuencias y en el ámbito judicial que hoy se encuentra".

En cuanto a las diligencias solicitadas, su abogado Luis Correa dijo que "tienen que ver con ampliar la orden de investigar a la Brigada de Delitos sobre Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones. Hemos pedido el mayor a cargo de la Quinta Comisaría, para establecer algunas dudas que aparecen en el curso de la investigación, y un informe a la Dirección General de Carabineros respecto al informe administrativo respecto a los tres carabineros dados de baja hace pocos días atrás".

Cabe señalar que según testigos, José Huenante junto a otros jóvenes tomaban alcohol en una de las calles de la población Mirasol de Puerto Montt, cuando apedrearon a un vehículo de Carabineros y en esa circunstancia se produjo la detención de varios adolescentes, todos los cuales regresaron a sus casas excepto él.


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Caso José Huenante: Desaparición forzada

El joven Mapuche habría desaparecido con posterioridad a un operativo policial en Puerto Montt. Funcionarios de Carabineros chilenos modificaron la bitácora del radiopatrullas en que se desplazaban la noche que desapareció José Huenante y el registro con el número de detenidos. José tenía 16 años al momento de desaparecer la madrugada del 3 de septiembre de 2005.

INFORME SOBRE CASO “JOSÉ HUENANTE”

Material Preparado por:

Juan Carlos Chávez Pilquil

Estudiante de Derecho de la Universidad Central de Chile.
Director del “Colectivo 119 de Familiares y Compañeros”.
Miembro del “Grupo de Trabajo por los Derechos Colectivos”.
Voluntario del Equipo de Pueblos Originarios de
Amnistía Internacional (Sección Chilena).
Caso “José Huenante” (Desaparición Forzada)


Identificación del Caso:

Nombre de la Víctima : José Gerardo Huenante Huenante.
Sexo : Masculino.
RUT : 19.437.429-1
Estado Civil : Soltero.
Edad : 16 años (al momento de su detención).
Fecha de nacimiento : 01 de noviembre de 1988.
Nivel de Estudios : hasta 5º año de Enseñanza Básica.
Ocupación : Trabajaba desde los 13 años de edad.
Pueblo Originario : Nación Mapuche.
Lugar de Origen : Los Muermos, X Región, Chile.
Fecha de Detención : 03 de Septiembre de 2005.
Hora de Detención : 02:30 AM aproximadamente.
Lugar de Detención : Sector de Avenida Vicuña Mackenna,
Población Mirasol, Ciudad de Puerto
Montt, X Región, Chile.
Organismo responsable : Carabineros de Chile
(Policía Uniformada)

HECHOS:

Según la versión de su madre “Cecilia Huenante”, su hijo “José” habría salido de su casa a ver a un amigo a eso de las 20:00 hrs. del día 03 de septiembre de 2005. Más tarde (según la versión de dos testigos protegidos) pasado la media noche, se presume cerca de las 02:30 AM de la madrugada, “José” se ve envuelto en un incidente con una patrulla policial de “Carabineros de Chile”. Este incidente en plena Avenida Vicuña Mackenna, Población Mirasol de la Ciudad de Puerto Montt, es protagonizado por un grupo de jóvenes que lanzaba piedras hacia una radio patrulla policial. Más tarde se introducen más efectivos policiales en la zona (según los testigos serían aproximadamente 12 miembros de la policía uniformada) los cuales habrían comenzado hacer una redada (operación policial de carácter represivo) y apresan a varios jóvenes. De acuerdo a los testigos, “José Huenante” es subido a una Radio Patrulla (RP) de Nº 1375(una Nissan V16), perteneciente a la 5ª Comisaría (de la cual ya se pudo identificar la identidad de los efectivos policiales). También de acuerdo a los últimos antecedentes de testigos, estaría involucrada otra Radio Patrulla Policial de Nº 1372, la cual se habría comunicado por radio con la RP 1375, desconociéndose la identidad de los policías de la RP 1372 y el motivo de su comunicación con sus colegas policiales. Desde la fecha de su detención hasta el presente, el afectado continúa desaparecido.

GESTIONES DE LA FAMILIA:

Su tía “María Huenante”, con quien vivía desde los 13 años en la Ciudad de Puerto Montt, infructuosamente lo ha venido buscando(al igual que su madre “Cecilia Huenante”) desde hace 3 años sin obtener resultado sobre su paradero. Incluso su propia madre recurrió a “Carabineros” y ellos le negaron cualquier ayuda para buscar a su hijo. También la policía obligó a “Cecilia Huenante” a firmar un documento, sin que ella supiera de qué se trataba, ya que le cuesta leer y escribir(al igual que la tía de José, “María”), y en el caso que no firmara ellos la iban a dejar detenida. Aprovechándose de su condición de madre soltera, y tratándose de una familia de bajos recursos (condición que sufren la gran mayoría de las familias mapuche en Chile), Carabineros se burló literalmente de esta familia mapuche en condiciones de pobreza, en la cual un niño tiene que salir a trabajar para ayudar a solventar los gastos de su casa.
Este abuso por parte de la autoridad y la negación permanente del paradero de su hijo “José” comenzó a generar desconfianza y sospecha hacia la policía uniformada por parte de la familia, ya que lo único que hicieron fue dilatar el tiempo de espera, el tiempo de sufrimiento permanente de esta humilde familia mapuche de la zona de Puerto Montt. Los familiares de “José Huenante” estuvieron recorriendo distintos lugares por su cuenta, tratando que se les escuchara. Otro antecedente importante es que “José Huenante” le temía a Carabineros, ya que no era primera vez que le tocaba lidiar con ellos, ya que en una ocasión estaba con sus amigos en la población y los policías les hicieron un “Control de Identidad” (solicitando sus cedulas de identidad) y ninguno las andaba trayendo. En esa oportunidad según cuenta su tía “María”, los policías procedieron a golpearlo, excediendo todas sus atribuciones que les otorga la Ley. La Familia no entiende porque Carabineros niega que tuvo detenido a “José” y ni siquiera muestran el más mínimo interés en aclarar el hecho.

ACCIONES LEGALES:

Cecilia Huenante, cuando fue a presentar una denuncia por “Presunta Desgracia” por su hijo “José”, la policía no aceptó ayudarla con ese trámite.
Fue a raíz del impacto mediático que tuvo este caso durante este año (2009), que “Carabineros” decide tomar ciertas “medidas”. Es el Ministerio Público con el fiscal Sergio Coronado a la cabeza quien investiga el delito de “Sustracción de menores” y quien logra por medio de dos testigos obtener una orden del Juzgado de Garantía de Puerto Montt para detener a 3 carabineros sospechosos y a los cuales se les imputa el haber sido parte en el secuestro y desaparición de “José Huenante Huenante”; Esta diligencia lo realiza la “Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos” de la PDI(Policía de Investigaciones de chile o Policía Civil) el día sábado 14 de marzo de 2009. Tres días después, el martes 17 de marzo de 2009, “Carabineros” decide “desvincular” a los 3 sospechosos de la institución y según palabras del “Coronel Pedro Messen Castro”, Jefe de la Prefectura de Carabineros Nº25 de Llanquihue, el “Caso José Huenante” corresponde a un “hecho aislado”.
Es así que “Carabineros de Chile” decide iniciar un sumario interno (investigación interna) para dilucidar el delito que se le imputa a 3 de sus funcionarios. Las identidades de estos funcionarios son las siguientes:

• Sargento 2º Juan Ricardo Altamirano Figueroa.
• Cabo 1º Patricio Alejandro Mena Hernández
• Cabo 2º Cesar Antonio Vidal Cárdenas

El abogado “Luis Correa Bluas” interpone una Querella Criminal, ante el Juzgado de Garantía de Puerto Montt, con fecha 25 de marzo de 2009, en contra de todos quienes resulten responsables por el secuestro y desaparición de “José Huenante Huenante”. También la Parte Querellante cuestiona la medida cautelar ordenada por el Juez, ya que los funcionarios implicados sólo se les aplicó la prisión preventiva con permiso de salida durante el día, tratándose de una reclusión nocturna al interior de sus propias unidades policiales. Además considera que la “investigación interna” de Carabineros es dudosa y califica de inaceptable la medida tomada por la policía uniformada de “desvincular de la institución” a los imputados, ya que en la práctica eso implica que siguen siendo miembros de carabineros, sólo que no realizarían labores administrativas ni policiales, pero sí seguirían percibiendo su sueldo de funcionarios. Agrega el abogado querellante que es inconcebible que por tratarse de Oficiales de carabineros tengan un trato preferencial, ya que cuando se trata de policías de menor rango el criterio aplicado es absolutamente diferente.

De acuerdo a declaraciones en una entrevista realizada a la “Radio Bío Bío”, Cada uno de los cuales negó su responsabilidad en el hecho, incluso aseveran ni siquiera haber trabajado durante ese horario en esa fecha y que solamente realizaron un “servicio de tránsito” cursando la ultima infracción a las 02:30 AM. Ellos dicen que el caso sólo se sustenta en suposiciones y contradicciones, por lo que se niegan rotundamente a aceptar la imputación del delito.
Existe una serie de contradicciones acumuladas en 16 declaraciones de los mismos policías. Entre las cuales están:

• La adulteración del “Libro de Registro de Detenidos”. Esa noche marcaron 2 y luego enmendaron el nº y escribieron 1.
• No cuadra la justificación de kilometrajes recorridos esa noche.
• Existe un vacío entre las 02:00 y las 06:00 AM del día 03 de septiembre de 2005.

DERECHOS VULNERADOS:

Antes que todo tenemos que considerar al “Convenio 169”, ratificado por Chile:
• Art.2 letra a), En este caso no hubo un respeto a la igualdad de los derechos y oportunidades que los miembros de los pueblos originarios se merecen.

• Art.3, En este caso se incurrió a discriminación y al uso de la violencia por parte de agentes del Estado.

También invocamos la “Declaración General de las naciones unidas sobre los derechos de los Pueblos indígenas”:

• Art.1
• Art. 2
• Art. 7, Nº 1 (en especial), por violarse el derecho a la integridad física y mental, la libertad y la seguridad de la persona.

• Art. 22, Nº 2 (en especial), porque en este caso el Estado no está protegiendo ni garantizando los derechos y garantías reconocidos en este artículo. Porque se trata de Agentes del Estado quienes cometen un grave delito en contra de la seguridad e integridad física de una persona indígena.

Además podríamos también invocar la “Convención de los derechos del niño”, ratificado por Chile, y la “Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada”, igualmente ratificado por Chile, ya que en este caso se establece claramente la figura de la “Desaparición Forzada” (Crimen de Lesa humanidad).

ANEXOS (NOTICIAS RELACIONADAS)

Domingo 22 de marzo de 2009

Por Alejandra Carmona / La Nación Domingo

La vida que dejó el joven de Puerto Montt

La sombra de José Huenante

Hace más de tres años que nadie sabe de él. La última vez que lo vieron fue dentro de una patrulla de Carabineros. Tres policías están formalizados por su secuestro y su familia cree que si aún no hay responsables claros es porque son pobres. Esta es la historia de un adolescente de 16 años que un día salió de su casa y nunca más volvió.
Su dormitorio está como lo dejó. Ni un lujo: sólo una cama y el televisor IRT de 21 pulgadas que compró con el primer sueldo que ganó ordeñando vacas.
En la pieza no hay nada que revele qué música le gustaba, si era fanático del fútbol o los planes que tenía después de la noche que desapareció.
El recuerdo de José Huenante Huenante es una sombra.

"¿Está segura que estudió acá? Es que todos siempre recordamos a los buenos y a los malos alumnos, pero no a los del medio", dice Rudy Karachón, director de la Escuela Los Ulmos, en localidad de Los Muermos, a 110 kilómetros de Puerto Montt.
En una de esas salas que no sobrepasan los 35 alumnos estudió José de primero a quinto básico los únicos cursos que hizo , pero el director sólo se acordó de él cuando releyó los libros de clases.

"Su promedio era un 5,0. Como le digo, no tengo nada más que agregar porque no lo recuerdo y el profesor que alguna vez estuvo a cargo de él ahora es alcohólico". En la pequeña escuela de 350 alumnos, nadie nunca vio a José.
No recuerdan su pelo negro, ni sus ojos oscuros, ni la ropa negra que no cambiaba por nada del mundo. No era escandaloso. No vagaba por las calles.
No pertenecía a ningún grupo de moda. No quería estudiar nada especial cuando fuera adulto. Su padre, José Plácido, no esperaba nada de él porque nunca lo conoció.
Su satisfacción mayor siempre fue el trabajo, aunque sólo el escogido por él. Sus peores pataletas fueron a los ocho años, cuando su tía Norma lo mandaba a buscar leña y él se negaba mañoso porque de todas las labores en el campo, ésta le parecía la peor.
Antes de su desaparición, había trabajado durante siete meses envolviendo erizos en envases plásticos de 100 gramos en la empresa Roxana, de Puerto Montt.
"¿Está segura que trabajó acá?", pregunta la secretaria de la planta. Después de dos minutos aparece alguien al teléfono.

Llevo siete años acá y conocía bien a José dice Marcelo Cárcamo, un operario que compartió con el joven. Era simpático, tranquilo y trabajador.

-¿Qué más recuerda de él?

-Nada más.

La mamá de José, Cecilia Huenante, dice que la culpa la tiene el tiempo, por eso la gente no recuerda. Hay varias cosas que incluso ella ha olvidado de su hijo: su comida favorita o la música que escuchaba.
María Huenante, la tía de José, es una mujer de campo. Guarda cada uno de los diarios regionales en los que aparece la historia de su sobrino y, aunque a veces no entiende todo lo que dicen porque lee con dificultad, no se ha cansado de golpear puertas. Lleva más de tres años en lo mismo.
Medio analfabeta, sin plata y operaria de una fábrica de productos del mar. Sollozando, tan claro como puede, con su acento sureño, lanza su tesis y su súplica por teléfono: "Que los carabineros se pongan la mano en el corazón, que digan dónde lo dejaron. Que hablen porque ellos también tienen hijos".

La última pista

José Huenante Huenante tenía 16 años cuando se lo tragó la tierra. Era la madrugada del 3 de septiembre de 2005. Según testigos, él junto a otros jóvenes tomaban alcohol en una de las calles de la población Mirasol de Puerto Montt, cuando apedrearon a un vehículo de Carabineros y éstos les devolvieron la mano.
Según los mismos testigos, el radiopatrullas 1375 de la Quinta Comisaría, un Nissan V16 con los colores institucionales de Carabineros, detuvo al menor. Pablo es uno de los adolescentes que estaba con José. En sus declaraciones ha dicho que esa noche los carabineros realizaron una redada. Pablo corrió hacia un lado, junto a un amigo; y para el otro siguió José con dos jóvenes más.
Todos volvieron a sus casas, pero de José nunca más se supo. Dos testigos dijeron que en el auto policial se habían llevado a Huenante.

"Yo desconfío de los carabineros porque cuando fui a presentar la denuncia por presunta desgracia no la aceptaron. Me dijeron que lo buscara sola. Y mis otros hijos me acompañaron al hospital para ver si lo encontraba. Nunca nos dijeron nada porque somos de bajos recursos y ellos siempre quieren salir ganando", dice María.
Después de años buscando responsables, la semana pasada tres carabineros fueron formalizados por el secuestro y sustracción de José: el sargento segundo Juan Ricardo Altamirano Figueroa, de la Quinta Comisaría de Puerto Montt, y los cabos Patricio Alejandro Mera Hernández y César Antonio Vidal Cárdenas.
Ellos han negado hasta el cansancio haber detenido a Huenante, pero, según antecedentes de la Fiscalía, sus versiones han sido contradictorias y se acumulan 16 declaraciones que no calzan.

Las más graves: adulteración del libro de detenidos esa noche marcaron dos, pero luego enmendaron el número y escribieron uno . Tampoco cuadra la justificación de kilometrajes recorridos esa noche. Hay un vacío entre las dos y las seis de la mañana.

Los carabineros fueron dados de baja aunque siguen recibiendo sueldo por estas mismas faltas, que también fueron determinadas en un sumario interno de la institución.
A pesar que la familia de José estaba satisfecha por la labor del fiscal Sergio Coronado, el martes, el Ministerio Público presentó un escrito al Juzgado de Garantía de Puerto Montt para evaluar el tema de la competencia. Quieren que el caso pase a manos de la justicia militar.

El caso es investigado por la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones, la misma que indaga sobre el paradero de cientos de detenidos desaparecidos en dictadura.

La espera

José había abandonado Los Muermos cuando tenía 13 años, para vivir con su tía María en Puerto Montt. La misma edad a la que comenzó a trabajar. En su casa quedaron su carnet y las dudas. Antes de su desaparición, José había asistido a un partido de fútbol en el estadio Chinquihue, se había duchado y había salido a la calle.

"Él le tenía miedo a los carabineros porque ya le habían pegado otra vez, en la población Vicuña Mackenna, también estaba en la calle con sus amigos. Esa vez les pidieron los documentos y ninguno los andaba trayendo", cuenta su tía María.
Por eso la desconfianza. También por la demora del proceso y una serie de hechos que no fueron investigados a tiempo. Por ejemplo, nunca fue periciado el automóvil policial en que supuestamente trasladaron a José; cuando el fiscal Coronado dio esa orden, el automóvil ya había sido rematado, en noviembre del año pasado.

La mamá de José y sus tres hermanos esperan noticias en Quenuir, el poblado en que eligió vivir hace un tiempo para acompañar a su última pareja y padre de su hijo menor, que sólo tiene cinco meses.

En el hogar que José ocupaba con su tía, en uno de los cuatro dormitorios de la casa, todo sigue intacto. "Lo estamos esperando. Que alguien nos diga algo. Él era un chico tranquilo, bueno. Su único sueño era trabajar y trabajar y alguna vez terminar sus estudios en la nocturna".



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Martes 31 de marzo de 2009 12:03

Por Carlos Salazar / Lanacion.cl

El caso de José Huenante no pasará a la Fiscalía Militar

Caso del menor desaparecido en Puerto Montt tras ser detenido por Carabineros seguirá en la competencia de la justicia civil. En la audiencia de hoy además se dieron a conocer además nuevos antecedentes sobre la participación de un segundo radiopatrullas la noche del secuestro del joven.
Luis Correa Bluas, abogado de la familia de José Huenante, informó que el caso del joven desaparecido en Puerto Montt el 2005 no pasará a la justicia militar tras acreditarse la competencia de la justicia civil en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos y el escaso avance desde su investigación.
"Hace unos minutos terminó la audiencia donde el Ministerio Público estaba pidiendo la incompetencia del juez de garantía y enviar todos los antecedentes a la Fiscalía Militar. El recurso fue rechazado y se acogieron nuestros argumentos como querellantes", explica Correa, camino a casa de la familia de Huenante para informar del avance del caso.
El jurista detalla que su acción se basa en el supuesto de que el Ministerio Publico dio por muerto al joven desaparecido hace 4 años tras perderse su rastro al ser detenido por un radiopatrulla y que aunque es lo único que explicaba la petición de competencia, no se han obtenido resultados en la investigación.
"No se ha hecho nada desde la desaparición de José ni se ha hallado su cuerpo, entonces a la inversa, nosotros no tenemos ninguna certeza de que el niño esté muerto y si no lo está, que es lo que esperamos, debe aplicarse la Convención de los Derechos del Niño y ahí el Ministerio Público tiene la obligación de realizar todas las diligencias para encontrarlo", explica.
El abogado recuerda que no puede ser considerado un acto con ocasión de servicio la detención, secuestro, tortura y la desaparición forzada. "Por eso no entendemos que ese tipo de delitos sean amparados por el Código de Justicia Militar", señala. Recuerda también que Chile firmó un tratado de Naciones Unidas que recomienda restringir los ámbitos de competencia de la justicia militar. "Así se vuelven las cosas a su estado normal: uno donde prima el derecho natural sobre el interno o militar", indica.

Una nueva pista

José Huenante Huenante tenía 16 años cuando desapareció la madrugada del 3 de septiembre de 2005. Según testigos, él junto a otros jóvenes tomaban alcohol en una de las calles de la población Mirasol de Puerto Montt, cuando apedrearon a un vehículo de Carabineros y fueron detenidos.
Según los mismos testigos, el radiopatrulla 1375 detuvo al menor. Tras las últimas indagatorias que reconstruyen esa noche, se dio de baja al sargento segundo Juan Ricardo Altamirano Figueroa, el cabo primero Patricio Alejandro Mena Hernández y el cabo segundo César Antonio Vidal Cárdenas quienes fueron formalizados por sustracción de menores, el secuestro y desaparición del adolescente.
La fiscalía acusó a los funcionarios de haber alterado la documentación en torno al kilometraje recorrido la noche del incidente y el número de detenidos. Pero un nuevo antecedente sale a la luz: la participación de otro radiopatrulla en la escena.

"Apareció un dato no acreditado aun sobre el radiopatrulla en que se detuvo a José y que habría recibido un llamado de otro radiopatrulla, el número 1372. Pediremos que se investigue quiénes iban ahí y porqué llamaron. No existe hoy una constancia de que eso haya sido investigado", adelanta el abogado de la familia Huenante.

El jurista continúa: "No es razonable, es moralmente repudiable que haya un detenido desparecido en pleno gobierno democrático. El caso de José Huenante es el clásico acto de desaparición forzada que recordamos desde tiempos de la dictadura".

NACIONAL

Carabineros de Puerto Montt fueron dados de baja por adulterar libros oficiales
Los efectivos modificaron la bitácora del radiopatrullas en que se desplazaban la noche que desapareció José Huenante y el registro con el número de detenidos.

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ESCALONA PRESENTÓ QUERELLA CRIMINAL CONTRA SECUESTRADORES DE JOSÉ HUENANTE

Cronica Digital

Fecha miércoles, 25 de marzo a las 18:21:35
Tema Poltica

Una querella criminal por el delito de secuestro contra quienes resulten responsables en el caso del adolescente José Huenante Huenante, ocurrido el año 2005, presentó este miércoles en el Juzgado de Garantía de Puerto Montt el senador por la Región de Los Lagos Camilo Escalona y su abogado, Luis Correa Bluas.

“Esto dice relación con la investigación que lleva adelante el Ministerio Público, que ha formalizado a funcionarios que eran de Carabineros por la detención de esta persona”, dijo.
“Una vez que hemos constatado que una persona que ha desaparecido una vez detenido – dijo Escalona-, hemos resuelto presentar esta querella porque nos parece esencial establecer que en democracia no puede haber detenidos desaparecidos”.
El senador dijo que la querella busca “respaldar la acción que venía haciendo el Ministerio Público. No presume ni ataca a Carabineros de Chile como institución, sin embargo consideramos esencial que esta situación se lleve adelante con la rigurosidad, acuciosidad y con los medios judiciales indispensables”.
Agregó sobre la noticia aparecida en los medios de comunicación “sobre la incompetencia del juez instructor, que se cometería un gravísimo error, en cuanto involucrar a la Justicia Militar en el caso significaría que el delito se comtió como un acto de servicio, y en consecuencia afectaría a la institución de Carabineros de Chile. A nosotros nos parece que lo que corresponde establecer es la responsabilidad de los que cometieron el delito y que ellos deben responder, y por lo tanto tiene que proseguir el caso en la Justicia Civil”.
Escalona destacó el trabajo del Ministerio Público, diciendo que ha sido “acucioso y ha establecido situaciones que hacían insoslayables las decisiones que tomó”.
El senador Camilo Escalona Reiteró que la presentación busca respaldar la acción del Ministerio Público “y por eso nos parece que tiene que seguir la investigación de acuerdo con el nuevo Código Procesal Penal hasta sus últimas consecuencias en el ámbito judicial que hoy se encuentra, no trasladándola a la Justicia Militar, porque ahí sí se presumiría que fue un delito cometido en acto de servicio, y eso, nosotros consideramos que está fuera del ámbito de lo que el propio Ministerio público ha investigado hasta la fecha”.
En cuanto a las diligencias solicitadas, el abogado Luis Correa dijo que “se han solicitado algunas diligencias, fundamentalmente ampliar la orden de investigar a una orden amplia de investigar a la Brigada de Delitos sobre Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones; hemos pedido el mayor a cargo de la Quinta Comisaría, para establecer algunas dudas que aparecen en el curso de la investigación, y un informe a la Dirección General de Carabineros respecto al informe administrativo respecto a los tres carabineros dados de baja hace pocos días atrás”.

Consultado por las supuestas presiones a testigos, Correa sostuvo que “precisamente la querella criminal y una vez que estemos ingresados como intervinientes en el sistema procesal, pediremos las protecciones necesarias que establece el Código Procesal Penal para los testigos”.

Santiago de Chile, 25 de marzo 2009

Crónica Digital



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