lunes, 29 de septiembre de 2008

EL PRESIDENTE RAFAEL CORREA PROCLAMO LA VICTORIA DEL “SI”

EL PRESIDENTE RAFAEL CORREA PROCLAMO LA VICTORIA DEL “SI”



Ganó con su Carta Magna

Según resultados extraoficiales, el apoyo al proyecto constituyente fue contundente, entre el 63 y el 70 por ciento de los votos.


Rafael Correa logró su promesa. La Constitución promovida por el presidente ecuatoriano desde su campaña electoral se impuso en el referéndum de ayer con un margen ampliamente superior al que predecían las encuestas previas, según sondeos de boca de urna. “Hoy Ecuador ha decidido un nuevo país, las viejas estructuras fueron derrotadas. Esta es la confirmación de esa Revolución Ciudadana que ofrecimos al pueblo en el año 2006”, sostuvo el mandatario. En tanto, el líder de la campaña por el No y alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, reconoció el triunfo del oficialismo y dijo estar abierto al diálogo.

“Ha triunfado aplastantemente la nueva Constitución. Es un momento histórico que trasciende por mucho a las personas que hemos estado más visibles en este proceso que es de todo un pueblo”, dijo Correa desde Guayaquil, visiblemente emocionado, tras hacer un llamado a la unidad del país. Con la votación de ayer, el mandatario se anotó la tercera victoria electoral desde que asumió la presidencia en enero de 2007.

Para ser aprobada, la nueva Constitución requería de la mitad más uno de los votos de los 9,7 millones de ecuatorianos que estaban habilitados para votar. Y la traspasó con resto. Según un sondeo realizado por la empresa Cedatos, el Sí alcanzó el 66,4 por ciento a nivel nacional, mientras que para la consultora SP la aprobación fue del 70 por ciento y del 63 por ciento para Participación Ciudadana. Las tres encuestadoras atribuyeron al No entre el 25 y el 29 por ciento de los sufragios, mientras que los votos nulos y blancos rondaron entre el 1 y el 7 por ciento. Desde el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tenían previsto difundir los datos oficiales de al menos el 50 por ciento de los votos a última hora de ayer. El resto de los resultados se conocerá hoy.

La votación marcó la sanción de la vigésima Carta Magna en la historia de Ecuador. El nuevo texto refuerza el papel del Estado en la economía, desarrolla mecanismos de participación directa y reserva al sector estatal el manejo de los recursos naturales. Además, se concibe como instrumento político para la instalación de un nuevo modelo económico y de de-

sarrollo, bajo las pautas del llamado “socialismo del siglo XXI” (ver aparte). El próximo paso previsto en la Constitución será convocar elecciones legislativas y presidenciales. Correa podrá volver a ser candidato y hasta aspirar a la reelección cuatro años después, sin que se le computen el año y 10 meses que lleva en el gobierno.

Pese a haber logrado más votos, los números no le alcanzaron al oficialismo para llegar a más del 50 por ciento en Guayaquil, bastión de la oposición. Si bien por la mañana se había mostrado seguro sobre el triunfo del No en su ciudad, Nebot reconoció el triunfo del presidente. “El (Correa) ha hecho una propuesta, su partido ha hecho una propuesta, que es la que acaba de triunfar, y yo respeto ese triunfo”, declaró a la televisión local Teleamazonas. El alcalde opositor hizo esas declaraciones después de que Correa, tras conocer los resultados de boca de urna, abriese la posibilidad de dialogar con él. “Soy un hombre civilizado”, aclaró Nebot, y dijo que si lo invitan está abierto al diálogo.

Durante la campaña el alcalde había criticado con dureza el texto constitucional, argumentando que su aprobación debilitaría las autonomías de las ciudades y la descentralización. Por su parte, Correa venía sosteniendo que un revés en Guayaquil convertiría a la ciudad en un “foco de permanente desestabilización”, al que había comparado con la boliviana Santa Cruz.

Apenas unos minutos después de las 17 hora local, el TSE dio por clausurados los comicios y difundió una breve evaluación en la que afirmó que la consulta se desarrolló sin que se registraran disturbios. Durante el día varias misiones extranjeras de observadores habían hecho comentarios similares. “Es una votación normal, como ha ocurrido en los anteriores procesos electorales en Ecuador. Es muy buena la organización con que nos hemos encontrado. Hay mayores desarrollos tecnológicos para certificar la autenticidad del voto y asegurar el escrutinio”, aseguró el jefe de la delegación de la OEA, el chileno Enrique Correa.

Temprano por la mañana, en medio de un importante operativo de seguridad y de los vítores de sus seguidores, Correa votó en un colegio en Quito. Vestido con su ya clásica camisa de cuello alto con motivos indígenas, el mandatario aseguró que la eventual victoria del Sí implicaría un triunfo de todo el país antes que de su gobierno. “Lo más importante es que se vive una democracia plena, que el pueblo toma en sus manos su propio destino, su futuro”, sostuvo.

Tras abrir la jornada electoral, el presidente se comprometió a respetar y hacer respetar los resultados de la consulta. “Serán una orden que cumpliremos con responsabilidad histórica”, dijo. Y subrayó que en estos comicios no se vota a favor o en contra de un gobierno o de un alcalde.


“La decisión de hoy definirá el modelo de sociedad en que viviremos los ecuatorianos”, sentenció.

Notoriamente contento y relajado, con la seguridad de que las encuestas previas le auguraban una victoria cercana al 60 por ciento, el mandatario llamó a la población a tener una jornada en paz y en orden. Luego, flanqueado por el vicepresidente, Lenin Moreno, y varios ministros, se fue a esperar los resultados a Guayaquil, su ciudad natal.

Durante la jornada electoral la Policía movilizó alrededor de 30 mil efectivos por todo el territorio nacional, para resguardar los exteriores de los colegios electorales. Para vigilar el interior y custodiar las urnas, las Fuerzas Armadas asignaron a 28 mil soldados. Pero no fueron los únicos que vigilaron. Más de dos mil personas controlaron el desarrollo del referéndum como integrantes de la docena de misiones de observación electoral de organismos nacionales o extranjeros.



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CONADI: Existe un “Kuel” en Los Notros - oficio (Nº 578) 31 julio al Senado Chile…


29 September, 2008

CONADI: Existe un “Kuel” en Los Notros

El monte sagrado mapuche pewenche fue identificado por el estudio realizado por el antropólogo Fernando Sagredo de Conadi, en el marco de las implicancias que tendría el proyecto hidroeléctrico “Angostura (COLBUN)” en el territorio de confluencia de los ríos Huequecura y Bío Bío, lo que fue comunicado por Conadi a través de un oficio (Nº 578) el 31 de julio al Senado de Chile…


FUENTE: Diario El Sur de Concepción

Santa Bárbara, Territorio Pewenche - Finalmente, la Corporación Nacional de Desarrollo Indigena (Conadi) determinó que en el sector Los Notros existe un primer sitio identificado como “Kuel”, reconocido además como “Cerro Puntiagudo”.

Según la investigación, encabezada por el antropólogo Fernando Sagredo Cacéres de la Unidad Cultura y Educación de Conadi Región del Bío Bío, los antecedentes consignados en terreno y proporcionados por integrantes de la familia Curriao, vinculados al sector, “sostienen que en el sitio, especialmente en la planicie, donde se erige el monte, se celebraron rogativas pehuenches asociadas a la cosmovisión”.

El antropólogo de Conadi, estuvo el viernes con representantes del pueblo mapuche y organizaciones relacionadas, y reiteró que el sitio tiene el carácter de significación cultural, además de estar inscrito en un contexto de ocupación.

Agregó que cuando “Angostura” se concrete, se deberá respetar lo establecido por la Ley Indígena. “El Kuel es un sitio de significación cultural, la gente lo reconoce y ha desarrollado actividades allí”.

Llamado a proteger el patrimonio cultural

Freddy Pérez, secretario del movimiento ciudadano “Aguas Libres” de Quilaco y Santa Bárbara, indicó que han hecho llamados, entre otros, al Consejo de Monumentos Nacionales, para que este patrimonio cultural sea protegido. Agregó que con esta investigación se queda en un buen pie para la protección del patrimonio. “Ahí hubo civilización; ya se ha comprobado”.

Este antecedente ha sido definido de suma importancia por el antropólogo de Conadi, ya que el “Kuel se inscribe en un contexto sociocultural y geográfico amplio, donde tanto la población indígena, como la no indígena, lo consideran un patrimonio, lo que por definición obliga la responsabilidad de asumir su protección como un bien heredado por la historia”, puntualizó.


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http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=3304

¿CELEBRAR LOS 15 AÑOS DE LA LEY INDIGENA CHILENA? Carta de Bartolomé Clavero, miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas

29 September, 2008

¿CELEBRAR LOS 15 AÑOS DE LA LEY INDIGENA CHILENA? Carta de Bartolomé Clavero, miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas

En carta dirigida al Director de CONADI en respuesta a invitación a celebrar los 15 años de la Ley Indígena, el destacado jurista internacional traza un resumen de las deudas de la transición chilena con los derechos de los pueblos indigenas, el origen de la Ley Indígena como negación de derechos y la actual pretensión de colocar cortapisas al Convenio 169, como salvaguarda chilena ante la Declaración de Naciones Unidas Sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.

Afirma Clavero: "Todas las seguridades frente a los derechos indígenas parecen pocas para una República que no acaba de romper con su trayectoria de acoso y agresión. El Convenio se ha pretendido ratificar por Chile con una llamada declaración interpretativa que lo desvirtúa."

Reproducimos texto integro de la carta.



Sr. Álvaro Marifil Hernández

Director Nacional

Corporación Nacional de Desarrollo Indígena

República de Chile


Muy estimado Sr. Marifil,


Por conducto de la Jefa de Comunicaciones de la Corporación que preside, señora Silvia Sánchez Roa, he recibido la noticia de que proyectan una publicación conmemorativa del decimoquinto aniversario de la Ley número 19.253, “Ley Indígena”, así como la invitación a que me sume mediante un saludo en mi calidad de miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas. Permítanme ante todo que les exprese mi agradecimiento tanto por tenerme informado como, sobre todo, por brindarme la oportunidad de sumarme a la efemérides.


Dicha ley representa desde luego un hito importante en la historia chilena por cuanto que acudiera a la rectificación de una trayectoria más que secular de acoso y agresión a los derechos indígenas en Chile retomando a su modo la esperanza que ya supuso la política agraria del Presidente Allende, una política que, como en un anticipo de la Concertación, supo aprovechar y profundizar una legislación de procedencia demócrata-cristiana. Sólo por eso, una conmemoración que debiera llevarnos más allá de una década y media es desde luego debida y debe ser bienvenida. La Ley Indígena la reclama y se lo merece por las esperanzas que pudo concitar en su día.


¿Se han colmado? Sería mucho exigir, pero una recapitulación se impone. Ya incluso la propia gestación de la Ley pudo presentar sus claroscuros por sí misma y por el contexto. Estábamos en 1993, cuando el derecho internacional acababa de dar un importante paso. En 1989, la Organización Internacional del Trabajo había adoptado el Convenio número 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. Algunos Estados latinoamericanos se animaban a su ratificación iniciando un movimiento hacia su práctica conversión en derecho interamericano. Chile eligió otra vía, la de dotarse de su propia ley en exclusiva. Fue como una alternativa no sólo formal.


Conviene recordarse que, en lo que interesa a la garantía de derechos indígenas, la Ley Indígena vino a situarse a un nivel inferior del marcado por el Convenio 169. Y la formalidad también es importante. Con dicha decisión, Chile no contribuyó a un movimiento interamericano de promoción de derechos indígenas mediante la asunción de los estándares establecidos por el derecho internacional. Conmemorar significa rememorar en compañía. Conviene no olvidar.


Conviene mirar alrededor tanto así al exterior como también hacia dentro del propio Chile. 1993 se sitúa todavía entre los años de una larga y penosa transición entre la dictadura y la democracia. La primera había puesto en vigor una legislación antiterrorista sin garantías ni siquiera respecto a la propia definición del terrorismo, ya no digamos en relación con las formas del proceso que han de garantizar la presunción de inocencia mediante la debida defensa. Es una legislación mantenida en vigor no para seguir siendo aplicada de forma indiscriminada, sino para activarse de forma selectiva respecto a indígenas que legítimamente defienden sus derechos frente a políticas depredadoras de su hábitat como las que vienen impulsando los gobiernos de la Concertación.


El terror que así se genera por la propia legislación pretendidamente antiterrorista sólo afecta a un sector, el indígena. El resto puede tener la sensación de que la dictadura es agua completamente pasada. Esto ocurre bajo la cobertura de la Ley Indígena que se muestra de este modo impotente para garantizar aquello que debiera, los derechos indígenas. Y no estamos hablando de cualesquier derechos, sino de los más elementales que interesan al sustento de la propia vida.


A lo largo de la dilatada transición se ha tenido la feliz iniciativa de constituir no sólo una comisión para investigar los crímenes de la dictadura, sino luego también otra para averiguarse los desafueros cometidos con los indígenas desde que Chile existe y para obrarse en consecuencia, la bien llamada Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato. Hizo un trabajo estimable y realizó algunas propuestas moderadas. Presenta lo uno y las otras en 2003. Hasta hoy.


Mientras que los resultados de la otra comisión, la Comisión de Verdad y Reconciliación, fueron acogidos de modo favorable y sus propuestas han venido poniéndose en práctica desde que su informe se rindiera en 1991, tanto el Gobierno como el Congreso han dado la callada por respuesta a la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato. A la Justicia no se le reconoce capacidad de decir nada relevante ni decisorio al respecto. La Ley Indígena también viene ofreciendo para todo esto su cobertura.


Me he referido al Convenio 169 y a lo que la Ley Indígena representase a su respecto. Chile viene finalmente a ratificarlo en este año 2008, cuando se cumple el decimoquinto aniversario de la Ley.


Para seguir evaluando su papel, conviene reparar en cuándo y en cómo Chile procede a tal ratificación. En septiembre de 2007 Naciones Unidas han adoptado la Declaración Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, un instrumento que sitúa el estándar internacional por encima, muy por encima, del nivel que se estableciera con el Convenio 169. Algún Estado latinoamericano ya ha procedido a incorporar la Declaración a su derecho interno.


Chile en cambio es ahora cuando se propone ratificar el Convenio, tal y como si pudiera servirle de salvaguarda como antes lo hiciera, frente al mismo, la Ley Indígena misma. Y todas las seguridades frente a los derechos indígenas parecen pocas para una República que no acaba de romper con su trayectoria de acoso y agresión. El Convenio se ha pretendido ratificar por Chile con una llamada declaración interpretativa que lo desvirtúa.


Y es ahora precisamente cuando se plantea la celebración de la Ley Indígena con el motivo de un aniversario que no es para nada redondo, el de quince modestos y problemáticos años.


Permítanme una última apostilla. La Ley Indígena entiendo que no merece su nombre no sólo por lo dicho, sino también y ante todo por no ser “indígena”, esto es, por no responder al ejercicio de la autonomía de los pueblos indígenas como expresión de su derecho a la libre determinación política, económica, social y cultural que hoy constituye el estándar sentado por la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Chile la ha apoyado en los foros internacionales. Confiemos en que algún día se haga honor a este respaldo.


Mientras tanto, difícil es no pensar que no se trate de otro alarde de blindaje frente a cualquier posibilidad seria de reconocimiento, respeto y garantía de derechos de las personas, las comunidades y los pueblos indígenas.


Concluyo reiterándoles mi agradecimiento por invitarme a participar en la conmemoración. Esta carta es la salutación que me piden. Espero que la incluyan en el volumen conmemorativo. Y que la reflexión colectiva rinda sus frutos, unos frutos sobre los que construir y desarrollar un diálogo constructivo entre la Corporación que preside y el Foro Permanente del que formo parte. Hago mis votos porque es mi deseo. No tengo dudas de que lo compartimos.


Con mis más cordiales saludos,


Bartolomé Clavero


Miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas




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NOTA EDITORIALBartolomé Clavero, jurista español, catedrático de la Universidad Sevilla y reconocida autoridad en derecho constitucional e internacional. Miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas Sobre Asuntos Indígenas en representación de los estados de la Unión Europea.


En junio de 2006 encabezó una Misión Internacional de la FIDH, que visitó Chile para examinar la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas.


La Misión sostuvo reuniones en La Moneda con el Ministro del Interior Andrés Zaldivar, el Subsecretario Edgardo Riveros. También se reunió con parlamentarios y líderes políticos; fiscales, defensores públicos, obispos de la iglesia católica, dirigentes indígenas, presos políticos, académicos, buscando aportar al diálogo y búsqueda de soluciones constructivas. Su presencia fue saludada por juristas chilenos que recibieron con asombro la presencia en Chile de una personalidad de la estatura intelectual de Clavero.


Como resultado de la Misión Internacional, en el mes de Agosto 2006 presentó el Informe "CHILE. Posibilidades de cambio en la Política hacia los Pueblos Indígenas".

http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=3303

Aymaras denuncian componenda política del Gobierno de Bachelet para cercenar Convenio 169 --- 28- 09- 008

28 September, 2008

Aymaras denuncian componenda política del Gobierno de Bachelet para cercenar Convenio 169

En un comunicado organización aymara de Arica, saluda la ratificación del Convenio 169, y al mismo tiempo advierte: "queremos manifestar nuestra preocupación sobre las posibles componendas políticas que pretenden de quebrar la voluntad de nuestros pueblos y torcer el verdadero espíritu de Convenio por medio de un decreto promulgatorio que se publicará en el Diario Oficial. De ser así, lo único que podría conseguir el Gobierno es desactivar la aplicación de éste. "
La Comisión por la Ratificación e Implementación del Convenio Internacional 169 OIT Arica Parinacota, integrada por dirigentes de organizaciones indígenas de las Comunas de General Lagos, Arica, Putre y Camarones, desean manifestar a la comunidad de Arica y Parinacota lo siguiente:
Con mucho beneplácito, esperanza y conformidad celebramos la oficialización del Convenio 169 de la OIT, entendiendo que gracias a una lucha permanente de los pueblos indígenas y de aquéllos que siempre han respetado nuestra cultura y derechos ancestrales, el Convenio 169 ha sido ratificado oficialmente el 15 de septiembre del año en curso por la OIT sin la “declaración interpretativa”.


En este camino, no podemos dejar de mencionar a los hermanos y hermanas que lucharon por este importante objetivo, que muchas veces se transformó en un sueño inalcanzable, pero la convicción y lucha permanente lograron hacer realidad este sueño tras 17 años de movilizaciones, gestiones, conversaciones, reuniones con los más diversos poderes de Estado. Por lo mismo, queremos dejar en claro que este logro no es un regalo del gobierno de turno, tampoco es una gestión de unos cuantos. La ratificación del Convenio 169 de la OIT es una realidad gracias, única y exclusivamente, a la lucha de los pueblos indígenas y de quienes creen en su dignidad de pueblo y en su libre determinación.
Muchos hermanos indígenas y no indígenas se preguntarán: ¿Qué puede significar la oficialización del Convenio 169 para nuestros pueblos? Sin duda, que es una pregunta muy compleja, a no ser que el conjunto de la dirigencia indígena logre entender que estamos ante una nueva situación histórica. Donde las condiciones políticas son muy diferentes, precisamente porque ahora tenemos un instrumento internacional que nos pone a prueba y mide nuestras capacidades para ser verdaderos interlocutores de nuestros pueblos con el Estado de Chile.
A partir del 15 de septiembre, fecha de oficialización del Convenio, los indígenas en Chile dejamos de ser etnia, ahora somos pueblo. En un segundo plano, pensamos que el Estado debe entender que en este nuevo proceso las instituciones del Estado, (servicios públicos, Conadi y municipios) deberán readecuar su trato con los pueblos indígenas, dando término a las políticas clientelistas y asistencialistas.
En este marco, queremos manifestar a la Presidenta de la República, doctora Michelle Bachelet, la importancia y necesidad de trabajar con una Agenda Política de implementación del Convenio 169. Para ello es importante contar con las garantías del Estado de Chile, especialmente cuando se trata de la representación de los pueblos indígenas, el reconocimiento de nuestros derechos ancestrales (tierra, agua y territorio) y los procesos de ínter culturalidad.


Durante el encuentro de dirigentes indígenas realizado el pasado 17 de junio en la ciudad de Arica, Seminario “Por la implementación del Convenio 169 OIT y los Derechos Ancestrales de nuestros Pueblos”, organizado por el Programa Orígenes y la Comisión Convenio 169 OIT - Arica y Parinacota, los dirigentes de las diversas comunidades indígenas de la región manifestamos el profundo interés de iniciar un proceso de participación, socialización y análisis de los principales contenidos del Convenio 169. El propósito era avanzar en la implementación y su vinculación con el quehacer nacional, específicamente sobre aquellas leyes e instituciones que no generan mejores ámbitos para una verdadera defensa de nuestros derechos ancestrales.

Por lo mismo, queremos presentar una propuesta con los principales contenidos, con la finalidad de que éstos sean puestos en la Mesa Regional Indígena, considerando sus planteamientos políticos y técnicos.


1. Participación y Representación Política, en todos los niveles, para los pueblos indígenas.

2. Presencia y participación social de acuerdo a la reconstitución de las organizaciones ancestrales y la actual institucionalidad social.

Desarrollo Local Económico Comunitario, basado en la Libre Determinación de nuestras comunidades indígenas.

3. Nuevo sistema especial de Justicia para los pueblos indígenas

4. Territorio de los Pueblos indígenas; Tierras, Aguas y Biodiversidad, como principales derechos ancestrales de los Pueblos indígenas.

5. Educación Intercultural Bilingüe y Lengua Materna obligatoria en las escuelas, liceos y Universidades donde exista alta presencia de población indígena.

6. Apoyo del Gobierno para generar contactos y cooperación a través de la Frontera: Artículo 32 OIT.

7. Medios de Comunicación, Patrimonios Culturales, Derechos intelectuales y artísticos.

En este marco, debemos hacer llegar a la Presidenta de la República los temas particulares de cada comuna, regional y posteriormente nacional. Del mismo modo, solicitamos a la presidenta Bachelet, para que direccione al gobierno Regional, creación de un ministerio indígena.

Por último, queremos manifestar nuestra preocupación sobre las posibles componendas políticas que pretenden de quebrar la voluntad de nuestros pueblos y torcer el verdadero espíritu de Convenio por medio de un decreto promulgatorio que se publicará en el Diario Oficial. De ser así, lo único que podría conseguir el Gobierno es desactivar la aplicación de éste.

Frente a esto estaremos atentos y de ninguna manera aceptaremos que se cambie la figura original por otra que no tiene nada que ver con los intereses de nuestras comunidades pertenecientes al Pueblo Aymara.


MARCELA GOMEZ MAMANI
Coordinadota General
ORLANDO GOMEZ POLANCO
Coordinador Derechos Ancestrales
FRANCISCO RIVERA BUSTOS
Relaciones Internacionales
CARLOS LIRA ROMERO
Finanzas
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Gentileza:
http://www.elmorrocotudo.cl/admin/render/noticia/17369
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28/09/2008
Protesta Aymara. Exhortan al Gobierno de Bachelet a no mutilar Convenio 169 en el Decreto Promulgatorio
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25/09/2008
Bachelet va a firmar el 6 de Octubre el Decreto donde pretende mutilar el Convenio 169
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25/09/2008
Consejo de Todas Las Tierras Manifiesta preocupación por mutilación del Convenio 169
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25/09/2008
Senador Navarro denuncia maniobra del Ministro Viera Gallo: Decreto Promulgatorio pretende mutilar el Convenio 169
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Gobierno chileno ratifica Convenio 169 pero insiste con "letra chica"
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29 September, 2008

Protesta Aymara. Exhortan al Gobierno de Bachelet a no mutilar Convenio 169 en el Decreto Promulgatorio

"Hacemos un llamado al Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet a no incluir ninguna mención que restringa, limite y mutile el Convenio 169 de la OIT en el decreto supremo"

LLAMADO A TODOS LOS PUEBLOS:

"Hacemos un llamado a las organizaciones aymaras y de los Pueblos Originarios a manifestarse y reaccionar en contra de toda acción que mutile el Convenio".
Reproducimos comunicado.


DECLARACION PÚBLICA

La Comisión de Derecho Indígena de Arica y Parinacota quiere manifestar ante la opinión Publica Nacional e Internacional, lo siguiente:

1.- Después de 17 años de tramitación en el Parlamento el 06 de Octubre del 2008 se realizaría la promulgación a través de un Decreto Supremo la Ratificación del Convenio 169 de la OIT, por parte de la presidenta Michelle Bachelet Jeria, lo grave de este importante acontecimiento es que se incluirá en sus considerando y preceptos las restricciones, y limitaciones en contra del Convenio 169 de la OIT, estos considerando y preceptos se refieren a la ya conocida “Declaración Interpretativa”. Estas disposiciones afectan sustantivamente al Convenio en su proceso de aplicación y caería en un acto de mala fe por parte del gobierno hacia los pueblos indígenas.

2.- Según el comunicado oficial del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet (comunicado oficial Ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo Ministra de Planificación, Paula Quintana, 15 Septiembre 2008) que señala lo siguiente:

“Finalmente, cabe mencionar que el decreto de ratificación tiene en sus considerandos, el intercambio de cartas que hubo entre el Ministerio Secretaria de la Presidencia y la OIT respecto del alcance de algunas de sus disposiciones en relación al ordenamiento jurídico interno de Chile”.

Este párrafo manifiesta claramente la intención de mutilar y restringir el Convenio 169 de la OIT en su sentido esencial y supeditaba la vigencia de las normas del Convenio a su legislación interna, lo que podría trabar su implementación y aplicación por varios años. Además deja en evidencia la rechazada “Declaración Interpretativa”.

3.- Esta “Declaración Interpretativa”, significa lo siguiente "El Gobierno de la República de Chile, al ratificar el Convenio 169 de la OIT, formula una declaración interpretativa al artículo 35, del referido instrumento internacional, en el sentido que este sólo es aplicable en relación a los tratados internacionales ratificados por Chile, y que se encuentren vigentes."

Al pretender reducir el derecho internacional de los derechos humanos a los tratados ratificados por un estado, Chile pretende introducir un cambio radical en el corpus juris gentium.

En otras palabras, esta "interpretación a la chilena" pretende reformar el artículo 35 del Convenio 169 de la OIT, que establece que:

ARTICULO 35.

"La aplicación de las disposiciones del presente Convenio no deberá menoscabar los derechos y las ventajas garantizados a los pueblos interesados en virtud de otros convenios y recomendaciones, instrumentos internacionales, tratados, o leyes, laudos, costumbres o acuerdos nacionales."

Tal como está formulada la "declaración interpretativa" implica un desconocimiento y menoscabo del derecho internacional de los derechos humanos. De acuerdo a la “interpretación a la chilena” la aplicación del Convenio excluiría a la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, ratificada por Chile el año 2007 y otros instrumentos, y todo el derecho internacional consuetudinario.

4.- Esta inclusión de los preceptos y considerando del decreto presidencial, otorga la libertad a los jueces y tribunales de justicia si deben recurrir a la oficina en Ginebra de la OIT para consultar sobre ciertos hechos al momento de tomar las decisiones y resoluciones en las controversias de derechos que se originen o simplemente resolverán en base a los considerandos y preceptos que ha establecido la presidenta en el decreto supremo para la ratificación. En término jurídico, práctico y procedimental, esto constituye la “Declaración Interpretativa”.

5.- Hacemos un llamado al Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet a no incluir ninguna mención que restringa, limite y mutile el Convenio 169 de la OIT en el decreto supremo, y ha ratificarlo en forma plena e integra, de no ser así se estaría desvirtuando el derecho internacional, y limitando los derechos de los Pueblos Indígenas y en particular los derechos del Pueblo Aymara. Además seria un acto inconstitucional y se estaría amparando los intereses de los sectores económicos del país en desmedro de los pueblos indígenas.

6.- Nos desconcierta y preocupa que el Director General de la Organización Internacional de la Organización Internacional OIT, el Chileno Carlos Somavia haya aceptado las inclusiones interpretativas contenidas en el decreto presidencial que tuercen el espíritu del Convenio y deforman su aplicación llevando a la ineficacia práctica del instrumento.

7.- Adherimos al llamado de los pueblos indígenas de enviar una interpelación a través de una nota dirigida a la dirección internacional en Ginebra, al director General de la OIT a explicar su posición y rectifique la aceptación por el carácter grave y lesivo que introduce el decreto presidencial.

8.- Además hacemos un llamado a las organizaciones aymaras y de los Pueblos Originarios a manifestarse y reaccionar en contra de toda acción que mutile el Convenio y se transforme en un instrumento ineficaz antes de entrar en vigencia, teniendo presente que este instrumento internacional establece derechos fundamentales para la existencia de los pueblos indígenas
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JUAN MEDINA CUBA
Coordinador General
RICHARD FERNANDEZ CHAVEZ
Secretario Ejecutivo

http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=3300

Piden ADN para identificar a hijo de chilena Desaparecida en Argentina- 29- 09- 008

29 de Septiembre de 2008

En el marco de la Operación Cóndor

Piden ADN para identificar a hijo de chilena Desaparecida en Argentina

El exhorto enviado por la jueza María Servini de Cubría revela que el menor, nacido de la pareja de los militantes del MIR, Frida Laschan y el trasandino Miguel Athanasiu, está inscrito en Uruguay con otro nombre. El ahora hombre de 33 años ha mantenido contacto con autoridades vecinas y reconoció que sus padres actuales no son los biológicos.
Jorge Molina Sanhueza

La jueza argentina María Servini de Cubría envió un exhorto a Chile para obtener una muestra de ADN que permita identificar al hijo de una pareja de ex militantes del MIR: la chilena Frida Laschan y el trasandino Miguel Athanasiu, quienes figuran como detenidos desaparecidos en el marco de la Operación Cóndor. El menor nació con la identidad de Pablo Athanasiu Laschan, pero actualmente vive en la localidad de Piedras en Uruguay, donde ya fue ubicado Claudia Petrakos, hija de una pareja detenida desaparecida argentina, que también tiene una hermana nacida en cautiverio y que desconoce su destino. A través del correo electrónico y llamadas telefónicas, el joven de 33 años reconoció que sabía que sus padres actuales no eran los biológicos, lo que aumentó las sospechas. Se trata del primer caso del hijo de una chilena nacido mientras estaba detenida por los organismos represivos transandinos que se conoce en Chile y del cual hay algunas pistas concretas. La información aparece en el informe de tres páginas que preparó la fiscal de la Corte Suprema chilena, Mónica Maldonado -que publica íntegramente El Mostrador.cl, el cual fue aprobado el 22 de septiembre por la Segunda Sala (Penal) del máximo tribunal, por la unanimidad de sus cinco miembros. La tramitación de este exhorto fue tratada con discreción tanto por la Cancillería -que envió los antecedentes el pasado 13 de agosto- como por los tribunales. De hecho en el listado de fallos en el que diariamente se conocen las resoluciones, sólo podía leerse N.N. al referirse a las partes, respecto al delito de sustracción de menores. En Chile la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) señala que existen al menos nueve casos similares, pero nunca se ha podido probar que los hijos de las mujeres embarazadas hubieran sido regalados a los militares que las mantuvieron detenidas. La diferencia con Argentina es significativa, ya que en el país trasandino existen al menos 500 casos acreditados, lo que ha dado pie a películas y libros, como también a la creación de la organización H.I.J.O.S. (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio), con sedes en todo el país. La pareja Athanasiu-Laschman fue detenida por Carabineros el 13 de Septiembre de 1973 -a dos días del Golpe- en la ciudad de Lautaro, Novena Región, donde esta última trabajaba en la Corporación de la Reforma Agraria (CORA). Aunque se le tramitó un proceso en su contra, es sobreseída, cruzando con Athanasiu a San Martín de los Andes en la provincia de Neuquén, Argentina. Allí se enteran que son vigilados desde Chile y se trasladan a Buenos Aires. A través de una carta a la familia, se informa que el matrimonio y el niño han sido detenidos en Buenos Aires el 15 de abril de 1976. Desde esa fecha se les perdió el rastro a todos.
La magistrada, la misma que llevó el proceso por el atentado de la DINA, al general Carlos Prats, solicitó a las autoridades chilenas que se realice la exhumación de Laura Mellado Garrido, madre de la mujer, quien fue sepultada hace algunos años en el cementerio general, para tener una muestra de ADN, con el fin de cruzarla con la del joven que vive en Uruguay. Respecto a la pareja desaparecida la Comisión Rettig, en Chile, reconoció que fueron víctimas de desaparición forzada en el país vecino, pero no pudo sostener “sin margen de error, la responsabilidad de agentes del Estado chileno en estos hechos”.
http://www.elmostrador.cl/modulos/noticias/constructor/noticia_nueva.asp?id_noticia=259268

CUMBRE DEL MERCOSUR - TUCUMAN-- 7-07-008

LUNES 7 de julio de 2008


Cumbre del MERCOSUR


Los Pueblos Originarios exigieron ser escuchados


En el marco de la Cumbre Social, realizada de modo paralelo a la cumbre de presidentes del Mercosur -Tucumán-, se conformó una Comisión de Pueblos Originarios de la que surgieron una serie de reclamos. La participación de organizaciones de base permitió trascender la agenda oficial. Por Fogón Andino


Por ANRed - M
Por Fogón Andino


Días antes de realizarse la cumbre de presidentes del Mercosur en Tucumán, se realizaron dos actividades que reunieron delegaciones de distintos países: la Cumbre de Organizaciones Populares por la Integración Soberana (por fuera de la agenda oficial) y la Cumbre Social, que fue planteada como un "diálogo" con la sociedad civil por parte de los gobiernos que integran el Mercosur.

Ambos encuentros fueron de marcado tinte oficialista. Sin embargo dentro de la Cumbre Social se conformó una Comisión de Pueblos Originarios en la que participaron miembros de la Unión Diaguita del NOA, quienes a pesar de las limitaciones planteadas por el marco en el que se desarrolló el encuentro, concretaron importantes propuestas y exigieron una real participación de los pueblos originarios en el marco del Mercosur.

En la sede del Centro de Altos Estudios (Casa Nougués) frente a plaza Independencia, el debate fue abierto con la bienvenida por parte de representantes de la Unión Diaguita, quienes remarcaron que "estamos en territorio Diaguita Calchaquí, por lo que más allá de la bienvenida oficial, les damos la bienvenida de los Pueblos Indígenas".

En muchas de las intervenciones se denunció la constante violación de los derechos de los pueblos. En este sentido, se uso como ejemplo el caso de la Ciudad Sagrada de los Quilmes, en donde la justicia tucumana ordenó que sea entregada a un empresario, hecho que fue impedido por la resistencia de la Unión Diaguita en su conjunto.

La comisión de Pueblos contó con la participación de miembros y referentes de las Comunidades Indígenas de El Mollar, Pueblo Lule, Quilmes, Potrero Rodeo Grande, Tafí del Valle, El Nogalito, La Angostura, Colalao del Valle, Amaicha del Valle, (todos de la provincia de Tucumán) y miembros de las Comunidades de Inkanama y Belén, de Catamarca. Además participaron ANDHES (Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales), el grupo Fogón Andino, miembros de Contrapunto - prensa alternativa, y distintos profesionales interesados en la temática.

Se remarcó la importancia del territorio, que no es solamente la tenencia de la tierra, sino es todo lo que hace a un pueblo y su Pachamama. "Queremos que se respeten los derechos territoriales de los Pueblos Originarios. Sin ellos no somos nada", afirmaron.

En un momento del debate (fue la única comisión que trabajó hasta última hora) se exigió que "si no aparecen en las conclusiones de los presidentes esto no sirve, entre nosotros vamos a estar de acuerdo". Se denunció también la hipocresía del Estado, ya que mientras se armaba a último momento esta comisión, en la Ciudad Sagrada se estaba resistiendo el desalojo del control de la misma por parte de la Comunidad India Quilmes.

Algunas de las conclusiones y petitorios que surgieron de la comisión fueron: La representación concreta de los Pueblos Originarios en el marco del MERCOSUR Repatriación de las riquezas arqueológicas y patrimoniales Se reafirmó el derecho a consulta y participación de las comunidades en temas que los afecten directa o indirectamente Rechazo de la ley de inmigración de la Unión Europea Respeto y valorización de las medicinales tradicionales Libre tránsito y legalización de la coca de uso personal y medicinal Cumplimiento de las normas internacionales sobre Pueblos Originarios

Otro punto central fue que se buscará realizar un encuentro entre los Pueblos Originarios de los distintos países integrantes del MERCOSUR y los países invitados, antes de la próxima cubre (a realizarse dentro de 6 meses) para debatir y poner en funcionamiento esta comisión que fue abierta a partir de esta cumbre, pero no contó con hermanos de otros países. Las conclusiones serán elevadas a miembros de los gobiernos a partir del inicio de la cumbre oficial del MERCOSUR

PERIÓDICO EL EQUECO - Grupo Fogón Andino

Conclusiones. Comisión de Pueblos Originarios de la Cumbre Social del MERCOSUR


Tucumán - JUNIO 2008


Teniendo en cuenta la representación de los pueblos indígenas en esta Cumbre y rescatando la cosmovisión, los recursos naturales y el derecho a la propiedad comunitaria, instamos a los estados miembros:


Asumir el compromiso por parte de los estados de lograr la participación de de todos los pueblos indígenas de todos los países miembros del MERCOSUR
Asumir el respeto a las autonomías territoriales de los pueblos indígenas.
Asumir el compromiso de superar las barreras geo-políticas territoriales y religiosos de los estados nación que dividen a los pueblos indígenas.
Asumir el compromiso de los estados de respetar íntegramente los derechos de los pueblos indígenas, en especial en los ejes que se exponen a continuación:
Ejes:

TERRITORIO:

Reconocimiento al territorio ya que es el punto de partida para el ejercicio de los demás derechos y eje central del desarrollo productivo de los pueblos indígenas (económico, social y cultural), respetando la cosmovisión de cada pueblo y en particular con referencia a la protección de sus centros o templos religiosos. Reconocimiento efectivo del título comunitario indígena. Garantizando el derecho de consulta previa e informada en todo lo referente a su territorio y recursos naturales, requiriendo su consentimiento para la realización y ejecución de los mega emprendimientos productivos en sus territorios. Teniendo en cuenta los principales problemas analizados: Minería, Deforestación y Agua.

MULTICULTURALIDAD:

Lograr un sistema educativo integral en el cual se contemple la educación bilingüe, los valores, cosmovisiones e historia de cada pueblo, el diseño de currículas que contemplen docentes y contenidos indígenas según la diversidad cultural, y de esta manera reconstruir la ciencia en base al conocimiento ancestral de cada pueblo.

Reconocimiento de la Medicina tradicional en los ámbitos académicos y de salud pública Reconocimiento y conmemoración de los calendarios culturales propios de los P.I. Respeto y cuidado de los recursos arqueológicos sagrados de los Pueblos indígenas y restitución y repatriación de piezas arqueológicas logrando consulta gestión desarrollo social en torno a los mismos. Protección de los conocimientos ancestrales, respeto a las expresiones artísticas de los pueblos indígenas y garantizar la adecuación de las leyes de patentes y marcas vigentes, de modo tal que se reconozcan los derechos intelectuales de los P.I. Reconocimiento y protección de las formas tradiciones de producción, comercialización y distribución de las producciones de los PI. Exención impositivas a circuito comercial

LEGISLACIÓN:

Exigir como condición previa para ser país miembro del MERCOSUR el reconocimiento de la siguiente legislación básica: - Convenio 169 OIT - Convenio Internacional sobre BIODIVERSIDAD - Convenio Internacional sobre Cambio Climático - Declaración Universal del ONU Instar a los Estado partes a la adecuación de las legislaciones nacionales a los instrumentos legales mencionados precedentemente. Instar a los Gobiernos nacionales a la definición y aplicación fáctica de las leyes que reconocen los derechos de los P.I. Legalización del uso y libre transito de la coca y medicinas ancestrales de cada P.I. No criminalización de la lucha indígena

PROPUESTAS:
Verdadera representación de los P.I. en el MERCOSUR, representación elegida por los mismos P.I. Incluir la historia de los P.I., lenguaje y cosmovisión cultural en los sistemas educativos de los Estados Miembros. Rechazo a la reciente ley europea de inmigración. Legalización del uso de la Coca, y la medicina ancestral. Diseñar y desarrollar programa de: recopilación, formalización, difusión y promoción y protección de saberes ancestrales, salud tradicional, soberanía alimentaria, vivienda adecuada respetando la cosmovisión y recursos de la zona, cuidados arqueológicos y economías locales ancestrales. Garantizar y financiar encuentros regionales del P.I. previo a la próxima reunión cumbre, como así también un encuentro previo de los P.I. para solidarizar el presente documento. Recopilar las leyes que están en los congresos desde los Gobiernos, reveer y actualizar sus reglamentaciones, coordinando con todos los parlamentos Rechazo a la reciente ley europea de inmigración

"El Gobierno sabe desde hace mucho que la policía secuestró a Julio López" 18-09-008



JUEVES 18 de septiembre de 2008

A dos años de la desaparición forzada de Julio López

"El Gobierno sabe desde hace mucho que la policía secuestró a Julio López"


Cinco meses atrás se produjeron cambios en la causa judicial que investiga la desaparición de Jorge Julio López, secuestrado el 18 de septiembre de 2006 cuando debía concurrir a los tribunales platenses donde se estaba juzgando al ex comisario Miguel Etchecolatz. Finalmente, la Justicia accedió a separar a la policía bonaerense y a caratular el expediente como una desaparición forzada. Sin embargo, no hubo ningún avance. En los últimos días el ex ministro León Arslanián y el juez que entiende en la causa, Arnaldo Corazza, dijeron que por el tiempo transcurrido, López podría estar muerto.

Por ANRed - Sur

Desde que López desapareció cuando debía presenciar los alegatos contra su torturador, las organizaciones que componen el espacio Justicia YA! denunciaron que su caso era una desaparición forzada. Un año y medio después, la Justicia lo entendió así y la Cámara Federal decidió el cambio de carátula. "Peleábamos por esa modificación porque es justa, porque así se define jurídicamente el secuestro de Julio. Una desaparición forzada es cuando interviene el Estado", explica Adriana Calvo, integrante de la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos (AEDD).

Además, mantenían esa exigencia para que el juez adquiriera mayores atribuciones, como realizar allanamientos y escuchas a cualquier organismo del Estado sin procedimientos previos. "Por supuesto, Corazza no hizo nada: ni lo que le permite la carátula ni lo que ya tenía permitido. O sea, paralizó la causa".

Con o sin la Bonaerense, sigue la impunidad

El Juzgado de Corazza había denegado el 16 de enero pasado el recurso que presentaron los organismos de Derechos Humanos nucleados en Justicia YA! para exigir que se apartase de la causa a la Policía Bonaerense. Por sorteo, la apelación fue remitida a la sala I de la Cámara Federal de La Plata, donde se desempeñan los jueces Julio Reboredo, Alberto Ramón Durán y Alicia María Di Donato. Estos dos últimos, viejos conocidos de la policía bonaerense, fueron recusados por Justicia YA! por no contar con la imparcialidad necesaria para investigar estos delitos.

Di Donato perteneció a la fuerza desde 1978 a 1990, aunque ha omitido agregar esos datos al currículum con el que cuenta el Consejo de la Magistratura. Por su parte, Durán acredita un largo de historial con la Bonaerense. Y si de algo no se lo puede imputar es de ser defensor de los Derechos Humanos. Años atrás, fue acusado por boicotear los Juicios por la Verdad. Se negó a secuestrar el archivo del cura castrense Emilio Graselli e intentó devolverle a Aldo Rico la información de inteligencia policial que estaba en poder de la Justicia. También, fue dada a conocer su amistad con el represor fallecido Darío Delfín Rojas, colaborador de Ramón Camps. El círculo parece cerrarse si se tiene en cuenta que Miguel Osvaldo Etchecolatz, el genocida contra el que declaró López y fue secuestrado, era la mano derecha de Camps. Asimismo, Durán se ha desempeñado desde 1985 como docente de la Escuela de Policía Juan Vucetich, centro de estudios que fue denunciado por el funcionamiento de un centro clandestino de detención durante la última dictadura militar. A pesar de estos antecedentes, la Cámara de Casación aún no resolvió el pedido de los organismos de alejar a estos magistrados de la investigación.

Gracias a la presión ejercida por los organismos, la Cámara Federal decidió en abril pasado cambiar la carátula de la causa a desaparición forzada y alejar a la policía bonaerense de la investigación. Los jueces fundamentaron su decisión en el supuesto de que la Bonaerense "no consiguió nada por inoperante, por inútil y no por complicidad", tal como reconstruye Calvo. Por su parte, la abogada Guadalupe Godoy afirma que estos cambios en la causa fueron pensados para que nada variara: "Más allá del triunfo político que significa el reconocimiento a las denuncias que hicimos desde el primer día, éstas están planteadas como medidas para contentar a quienes seguimos reclamando justicia pero no están dispuestas para enfrentar a un aparato represivo que sigue presionando para lograr más impunidad".

Sobre el estado en que se encuentra la causa con el alejamiento de la Bonaerense y la entrada en escena de la Federal y la policía Aeronáutica, la abogada Myriam Bregman sostiene: "La suma de la Federal, la Bonaerense, la SIDE, la Policía Aeronáutica dio cero. Es decir, de ello no dio como resultado una mejor investigación sino que todo ese "esfuerzo" sumado tuvo como resultado objetivo la impunidad más absoluta".

En tanto, el juez Corazza dijo días atrás al diario Página/12 que por el tiempo transcurrido y por la inexistencia de pistas firmes se podía presuponer que López estaría muerto. Aún así se mostró optimista frente a la resolución del caso, manifestó que alguien se quebraría. Comentario más que inocente para un juez que instruye las causas contra los genocidas, quienes han logrado mantener un muro infranqueable de silencio durante 32 años. Para ejemplo basta el envenenamiento del torturador Héctor Febres, ocurrido en diciembre último antes de que pudiera hablar en los tribunales, donde se lo estaba juzgando.

Además, el magistrado reconoció ante la prensa que nunca se procedió a identificar el cadáver incinerado aparecido a días de la desaparición de López. "El cadáver de Punta Lara fue la primera señal que tuvimos de la impunidad que iba a haber en esta causa. No aparece con mucha frecuencia un cuerpo en ese lugar maniatado, quemado, fusilado y exactamente en ese momento en que fue encontrado. Estaba claro que era un mensaje, diciendo 'esto es lo que le va a pasar a López'. Sin embargo, el juez Corazza no hizo nada hasta el día de hoy", manifiesta la integrante de la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos (AEDD).

"Las declaraciones de Corazza son deplorables. Él sabe que la causa es un fracaso total y lo ha aceptado ante nosotros así como ha admitido haber sido presionado" denuncia Calvo. Por su parte, Myriam Bregman agrega: "La causa es un fracaso porque él actuó para que así sea".

A los dichos de las últimas semanas se suma el pedido del abogado de la familia López, Alfredo Gascón, de indagar al "entorno", focalizando en los compañeros de militancia del testigo desaparecido. Consultada sobre la posibilidad de que la Justicia proceda con este requerimiento, Calvo afirmó: "El juez ha demostrado que es capaz de todo, mientras así se lo ordenen. Personalmente, pienso que la actitud de Gascón no está alejada de lo que quiere el poder". La demonización de las víctimas está en marcha y, mientras tanto, la desaparición de López sigue impune.

"Los funcionarios judiciales y políticos que deberían dar las respuestas salen a publicar suposiciones nefastas, para ir sembrando la idea de que nada sucederá en la causa y que López será un desparecido sin rastros, otro más", manifiesta Bregman. "Pero semejante reconocimiento- agrega la integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH)- no podían hacerlo sin buscar un chivo expiatorio y lo encontraron: es la víctima y sus compañeros de militancia. "Algo habrán hecho". La responsabilidad no es del genocida, mucho menos de aquellos que le otorgan impunidad. Se va corriendo la responsabilidad y los que terminan dando explicaciones son aquellos que luchan por terminar con esa impunidad".


"Aparición con vida. El gobierno es responsable"

Desde el primer día de la desaparición de Julio López, los organismos de Derechos Humanos nucleados en Justicia YA! denunciaron que la policía bonaerense había estado involucrada en el secuestro, la misma fuerza que durante la dictadura había comandado el ex comisario Miguel Etchecolatz. Más de un año de pruebas montadas y pistas frustradas, terminaron alejando a la Bonaerense de la investigación.

En diciembre de 2006, un corresponsal de la agencia alemana DPA relató que una funcionaria de mediana jerarquía del Ministerio de Justicia habría confirmado que López había sido asesinado e incinerado. Con esos dichos quedaría en evidencia que tanto el gobierno nacional como el provincial manejaban certezas acerca del destino de López.

En los últimos días, León Arslanián declaró ante la prensa que probablemente López esté muerto. "Es increíble que base esa aseveración en el hecho de que la investigación ha sido muy minuciosa y que no ha arrojado ningún resultado. Sabe que esa causa es el monumento a la impunidad y es el único fundamento que da para decir que Julio fue asesinado", afirma Adriana Calvo, integrante de la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos (AEDD).

El ex ministro de Seguridad bonaerense había reconocido pocos días después del secuestro del testigo clave contra Etchecolatz que había sectores enteros de la policía bonaerense que no podían ser controlados por el gobierno de Felipe Solá y que más de 9000 efectivos que revistaron durante la dictadura seguían en actividad. La policía bonaerense contó con el aval de los jueces que delegaban operativos completos, cuando esa institución era la denunciada.

El mismo juez de la causa, Arnaldo Corazza, reconoció que el ex ministro Alberto Iribarne fue responsable del primer operativo frustrado en Marcos Paz, penal donde están alojados Etchecolatz y otros genocidas. El magistrado declaró que no había tomado cartas contra el ex titular de la cartera de Justicia nacional porque su "función no era voltear ministros". Tampoco, las tomó con los agentes penitenciarios acusados de haber obstaculizado la investigación, a quienes les dictó el mes pasado la falta de mérito .En relación a estos dichos, Calvo sostuvo: "No era su misión hacer justicia; tampoco lo era denunciar al ministro responsable de que los presos se hayan enterado tres días antes de que iba a haber una requisa". Todo parecería indicar que ni el poder judicial ni el ejecutivo están consustanciados en resolver la investigación.

"Está más claro que nunca que el Gobierno sabe desde hace mucho que la policía secuestró a López y me atrevo a decir más, que deben saber qué sector y con el apoyo de quién secuestró a López", hace público Calvo. Además insiste en que pactaron que los responsables no aparecieran a cambio de la gobernabilidad de las fuerzas. "Eso fue lo que nos dijo Solá en los primeros días de la desaparición", reconstruye.

Por su parte, la abogada de Justicia YA! Myriam Bregman también afirmó que existe un muro incólume de impunidad. "La desaparición de Julio- sostiene Bregman-vino a poner en la superficie algo esencial del sistema político argentino y del modo en que se desarrollan los juicios actuales por crímenes de lesa humanidad: que no se va a avanzar contra los miembros de las fuerzas represivas que están en funciones. Hay un pacto implícito que indica que no se avanza contra aquellos, más allá de algún caso marginal".


El mismo horror, el mismo grito

"Aparición con vida y castigo a los culpables", se escuchaba cuando las columnas avanzaban desde el Congreso a Plaza de Mayo en esa primera marcha de septiembre de 2006, a días de la desaparición de López. Pasaron dos años y el reclamo sigue siendo el mismo. "Hace dos años estábamos golpeando la puerta del juzgado provincial, pidiendo que nos tomaran declaración. Por favor, pedíamos porque nosotros sabíamos por qué Julio había sido secuestrado y quién tenía interés y capacidad para secuestrarlo. Nadie nos escuchó. A partir de ahí comenzamos a gritarlo públicamente en todos los micrófonos que pudimos, que nos pusieron delante y cuando no nos pusieron micrófonos, lo escribimos, lo volanteamos o pintamos en las paredes, en las banderas de nuestras marchas, lo dijimos en los actos", relata Adriana Calvo.

Fueron dos años de marchas, de denuncias, de discursos. Dos años con el mismo horror, acusando a la impunidad de los secuestradores de López y al encubrimiento gubernamental. Como todos los 18, las mismas voces volverán a hacer oír su reclamo, ese grito que desgarra como hace más de treinta años atrás: "Ahora, ahora resulta indispensable aparición con vida y castigo a los culpables".


http://www.anred.org/article.php3?id_article=2700