domingo, 21 de diciembre de 2008

Cuánto dura la mano dura 21-12-08

Cuánto dura la mano dura

Por Rodolfo Urribarri *

Otra vez nos vemos asolados desde los medios por la delictividad “incrementada” y con violencia homicida, que nos acosa a toda hora y desolados por la falta de protección que debería cumplir la sociedad a través de diversos estamentos.

La gente está intoxicada por la reiteración abusiva de las noticias cada vez más destacadas y truculentas realizadas por los medios (en una carrera de competencia amarillista), que exacerba la sensación de riesgo y temor, consecuentemente los reclamos en demanda de protección y seguridad.

Los diversos poderes ante esto juegan “al gran bonete”, tratan de exculparse pasando la responsabilidad a otro. El Ejecutivo, hasta ayer garantista e innovador que se jactó de logros como la nueva composición de la Corte Suprema con reconocidos juristas independientes y también por la política de derechos humanos y sus juicios a los genocidas de la última dictadura militar, hoy acusa a los jueces por excarcelar y no penar. La Justicia alega que cumplen con la ley y es la policía quien realiza procedimientos que no se ajustan a la ley y se prolongan detenciones en hacinadas comisarías, lo que redunda en excarcelaciones, que los medios trastruecan y transforman en absoluciones. Por otra parte, los legisladores, escuchando el “clamor popular”, ceden a sus presiones y la de los medios, legislando a las apuradas para aplacar el reclamo; creyendo que con mano dura, incremento de penas, etc., todo se va a arreglar, como fogonea la más rancia derecha vernácula.

Ya tuvimos hace poco la experiencia con el falso ingeniero, que del dolor de una terrible pérdida se recibió de especialista en derecho penal y de experto en medidas de seguridad, movilizó una multitud de gente atemorizada y conmovida por su dolor, que logró una serie de leyes que no contribuyeron a disminuir los delitos como él pregonaba. Luego de caer en descrédito y eclipsarse, sus argumentaciones se reciclan.

Tras el reclamo de mano dura, se agazapa la mano militar, que se sostiene en la falaz afirmación de que durante los “gobiernos militares” decrece la delincuencia; esto oculta que durante las dictaduras solo decrece la información de los hechos, en general por la connivencia de los dueños de los medios con la jerarquía gobernante, por miedo o por efecto de la censura.

Otra reaparición es la de estigmatizar a la juventud como responsable. Hace más de treinta años, uno de los slogans de los militares para justificar su abuso de poder era combatir a una juventud extraviada que ejercía violencia armada, el ser un joven pelilargo, con ropas no convencionales, en grupo y contestatario, eran suficiente motivo para la persecución y/o detención. Así se encubrió la violencia criminal organizada desde el Estado, el robo, las apropiaciones y negociados.

Hoy el mismo argumento de responsabilización de los jóvenes se aggiorna a la delincuencia y se promueven castigos mayores para los “villeros” criminales. Se sabe desde hace mucho que las dificultades económico–sociales incrementan la delincuencia, entonces lo razonable no es más persecución policial, más severidad judicial, mayores penalidades, del código, más cárceles, sino una política que se preocupe por revertir la profunda desigualdad social que las últimas décadas han impuesto en nuestro país, que posibiliten a lo largo de una acción convergente y sostenida que los niños y jóvenes vuelvan a creer en un futuro posible y que se les ofrezca inserción laboral y de progreso, renovando la esperanza perdida, y se vaya progresivamente diluyendo la violencia reactiva que albergan. Que puedan concurrir a la escuela, a centros deportivos, donde sean respetados, comprendidos, ayudados y no recluidos, estigmatizados, en centros de detención donde son degradados, vejados, violados, dominados y que en pocos años se transforman en psicópatas irrecuperables.

A la mano dura se agrega nuevamente la “necesidad” de bajar la edad de imputabilidad dado que, según afirman, hay más delitos cometidos por jóvenes. No sabemos si es o no verdad dicha afirmación, dado que en nuestro país no hay en general buenas investigaciones y estadísticas.

Ocurre algo similar al prejuicio sobre las adicciones y los jóvenes. No solo hay adultos que consumen drogas con habitualidad, sino que cuando los dealers apuntan a los jóvenes es porque saben que son los más proclives por el momento vital que transitan y porque los que persisten les aseguran un mercado duradero a futuro. Además, estigmatizando a los jóvenes se niega que los productores, contrabandistas, comercializadores, distribuidores, así como los funcionarios venales, dueños de boliches, policías corruptos y otros involucrados son adultos. También detrás de los actuales “pibes chorros” hay adultos que incitan, administran, especulan, explotan con ellos.

En cuanto a la edad de imputabilidad, en mi condición de psicólogo especializado en adolescencia, quisiera expresar mi opinión a tal propuesta: es más un “manotazo de ahogado” y que distrae el verdadero eje de lo delincuencial.

Los adolescentes adquieren en relativamente poco tiempo muchas habilidades y capacidades que en ciertos aspectos los homologan y a veces superan a los adultos (tamaño corporal, fortaleza, potencia, vigor, pujanza, pensamiento lógico, genitalidad, posibilidad gestante), pero que requieren de un tiempo de procesamiento para la incorporación y acomodación de lo nuevo. Por otra parte son característicos de esta situación los altibajos anímicos, la tendencia al apresuramiento y la desmesura, así como los conflictos y enfrentamientos con los padres y la autoridad, en su lucha de separación y anhelo de autonomía, también condicionados por los grupos de pares, de pertenencia y la exaltación de personajes que se toman como modelos.

Sienten que pueden hacer y acceder a lo que en años de infancia no podían, los acosan sensaciones y afectos intensos, avanzan con ímpetu, con dificultad de advertir los riesgos y en el apremio quieren que el futuro sea ya. Al decir de un viejo maestro, parecen tener todo, pero les falta encauzar los afectos, lograr un control racional y prospectivo, con plena responsabilidad y conciencia sobre sus actos. Esto que parece sencillo, lleva tiempo, sinsabores, riesgos, y difícilmente se logra antes de los 18 a 20 años, en el mejor de los casos.

Por tales motivos la baja en la edad de imputabilidad es un absurdo que nada va a resolver y en cambio va a propender a encaminar al joven a la escuela avanzada de criminalidad, que se dicta en el ámbito de los institutos de reclusión de menores.

Por otra parte, el contexto familiar y social de los jóvenes que delinquen viene en general precedido de una infancia carenciada, de un medio violento con primacía de la acción y no de la reflexión, con la imperiosa perentoriedad en vez de la perspectiva futura (en presente continuo), con grandes déficit educacionales y otros factores negativos que dificultan la estructuración psíquica infantil y consecuentemente no están bien asentados los basamentos que les posibiliten enfrentar con ciertas posibilidades de éxito los embates puberales y los desafíos de la adolescencia. Por ello este sector juvenil marginalizado y desposeído es aún menos capaz que el resto para responsabilizarse plenamente de sus actos en edades más tempranas de las que hoy marca la ley. En caso de bajarse la edad de imputabilidad contribuiría a empujarlos a una caída sin retorno, que solo beneficiaría a los constructores de cárceles, a los traficantes de armas y a los funcionarios corruptos.

* Profesor consulto titular (UBA). Asociación Psicoanalítica Argentina.


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LOS JOVENES, LA SEGURIDAD Y LA MANO DURA CONTRA LA VIOLENCIA, SEGUN DOS EXPERTOS INTERNACIONALES

“Lo que crece es el eco social”

Carles Freixa es español, Héctor Ospina es colombiano. Ambos analizan las realidades de sus países y las de otras sociedades. Y coinciden en que “no hay un aumento real de la delincuencia juvenil en ningún lugar del mundo”. El papel de los medios, las responsabilidades del Estado, la falsa solución de la mano dura.

Por Carlos Rodríguez

Dos especialistas que realizaron estudios sobre juventud y violencia, uno en España, el otro en Colombia, coincidieron en que “no hay un aumento real de la delincuencia juvenil en ningún lugar del mundo”. De todos modos, reconocieron que “cuando se produce un hecho puntual, hay un mayor eco social porque los medios de prensa, que no son los culpables de crear el hecho, sí son responsables de amplificar lo ocurrido y producir el escándalo”. El español Carles Freixa, doctor en antropología y profesor de la Universidad de Lleida, advirtió que ese exhibicionismo de los hechos violentos hace que se esté hablando “de la evolución del erotismo de la violencia a la pornografía de la violencia”. Esto es grave, en su opinión, porque hasta los propios jóvenes violentos “utilizan los medios libres, como YouTube, por ejemplo, para subir sus propios actos de violencia. Es como decir ‘si me dicen que soy malo, pues lo voy a ser’. Es autorretratarse a partir de esa imagen. Es la profecía que se cumple”.
El colombiano Héctor Ospina, licenciado en filosofía y letras y master en educación y desarrollo social, sostuvo que en su país “la violencia se asocia bastante con los jóvenes, en la violencia de las pandillas, de las guerrillas, de los parapoliciales o en la violencia cotidiana”. El también coincidió en que sus trabajos le permitieron comprobar que la violencia en los jóvenes “es menos de lo que dicen los medios y de lo que dice el Estado”. Por el contrario, Ospina piensa que en Colombia “la violencia es un negocio del Estado, del ejército, de todas las instituciones, y hasta probablemente también de los grupos implicados, como la guerrilla o los paramilitares”. El experto opinó que al Estado “no le interesa que la violencia disminuya”.
Ospina y Freixa estuvieron en la Argentina participando del Primer Foro Iberoamericano de Revistas de Juventud organizado por la Fundación Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso). En diálogo con Página/12, Carles Feixa dijo que en España se produjo “uno o dos años atrás” un debate “bastante parecido” al que se da ahora en la Argentina sobre la baja en la edad de imputabilidad de los menores. “Si bien no se llegó a pedir la baja en la edad, sí se solicitó el endurecimiento de la ley penal del menor”. Feixa recordó que en los noventa, en su país hubo “una medida progresista que es la responsabilidad penal del menor, que antes se aplicaba a los chicos de 16, en el franquismo, y que ahora se aplazó hasta los 18, aunque se creó entre los 14 y los 18 una legislación intermedia que es, en cierto modo, un castigo, pero que no llega a la internación en una cárcel sino en centros de menores que son establecimientos educativos, aunque obviamente no hay libertad para entrar y salir”. En estos casos, “son penas muy cortas que a los 18 años se eliminan”.
Según Freixa, en España “el nivel de delincuencia se ha mantenido estable e incluso ha bajado algo. Por lo pronto, no hay una discusión sobre el aumento de la delincuencia en España y en ninguna otra parte del mundo porque no lo ha habido. Lo que hay es un mayor eco social cuando se producen hechos puntuales y se produce un escándalo en torno de ello. En este sentido los medios no son los culpables de crear ese hecho, pero sí de amplificarlo. No sólo los medios tradicionales sino los medios digitales. En el caso concreto de España, eso pasó con las llamadas Bandas Latinas, que es el tema al que yo me dedico”.
Esos chicos son “lo que en Argentina se llama los pibes chorros”. En España son jóvenes “de Ecuador, Colombia y otros países latinoamericanos”. Sólo “una minoría de ellos llegan al delito, pero los medios tomaron como emblema a todos los que se agruparon en pandillas”. Explicó que a partir de “un único caso de violación de un niño pandillero a una mujer en Madrid, se levantó toda una campaña de intereses. El debate sobre la ley implicaba introducir la ley norteamericana que considera que el ser miembro de una pandilla es un agravante para cualquier delito que se haya cometido”. Aunque no se llegó a ese extremo, durante la presidencia de José María Aznar “se endurecieron algo las normas, pero después se volvió al estado anterior”.
Feixa consideró peligrosa la permanente exhibición de la violencia a través de los medios audiovisuales. “En Estados Unidos, Philippe Bourgeois habla de la evolución del erotismo de la violencia a la pornografía de la violencia. La violencia, aunque siempre ha sido condenada, es atractiva, especialmente para los adolescentes que están en una fase de formación.” La violencia, a veces, “refuerza la propia identidad del joven, pero sobre todo refuerza la identidad de quien la promueve, que son las instituciones adultas. Hay una separación radical entre nosotros, los adultos, que somos los civilizados, y los jóvenes. El viejo debate entre la civilización y la barbarie, que en este caso es generacional. Ya no somos los blancos contra los indios. Somos los adultos contra los menores”.
El colombiano Héctor Ospina dijo que en su país “se relaciona bastante la violencia con los jóvenes, sobre todo si eres de un sector social, si eres pobre. Si eres campesino, si eres habitante de los sectores populares y eres joven, eres socialmente peligroso”. Ospina aseveró que la colombiana es “una sociedad que en los últimos años es cada vez más autoritaria. El autoritarismo estatal se ha impuesto en todos los aspectos. Las medidas que se proponen son más punitivas y sí se habla de bajar la edad para sancionar a los jóvenes. Yo diría que hoy, en general, la sociedad colombiana está de acuerdo. Los mismos jóvenes, también, muchos de ellos, están de acuerdo”.
Ospina comentó que “el único espacio que tienen los jóvenes para poder reunirse es la esquina, pero inmediatamente se les mira como peligrosos, asociados con la droga, con la violencia. Yo trabajo en barrios populares y la misma comunidad, el mismo barrio, tiene la misma mirada que tienen los medios de comunicación y que tiene el Estado”. El especialista cuestionó que se comparta esa visión de los jóvenes sin tomar en cuenta “que esos muchachos no tienen espacio, no tienen trabajo ni educación, no tienen oportunidades. Pero a veces, además, tampoco tienen que ver con la violencia de que se los acusa”.
Al igual que su colega español, Ospina está convencido de que “no es punitivamente como se resuelve el asunto de la violencia de los jóvenes en Colombia. El problema tiene su origen en un país antidemocrático como es la vida civil y pública colombiana. La alternativa de muchos años, también para muchos jóvenes, es la violencia porque si tú no tienes ninguna posibilidad de expresar tu inconformidad frente a los problemas de salud, de educación, porque siempre se ilegaliza cualquier protesta, porque se considera que se pone en peligro la seguridad del Estado, la violencia pasa a ser el único camino de expresarse”.
Ospina precisó que las estadísticas oficiales, en su país, dicen que “hay más jóvenes en la violencia, mientras que otros estudios afirman que no es así. Yo creo que el problema de la violencia en Colombia es un negocio del Estado, del ejército, de todas las instituciones. Al Estado no le interesa que esto disminuya”. Recordó que desde el gobierno se habla de “tantas bajas en la guerrilla, de tantas personas que están encarceladas. ¿Cómo es posible entonces que luego digan que (la guerrilla) se multiplica con la velocidad con la que se multiplica? No es posible si no es parte de un negocio. La guerra es un negocio y Estados Unidos tiene interés en mantener la guerra de Colombia”.
Freixa insistió en que “las medidas preventivas son más eficaces que las punitivas. Pero si se aplican leyes punitivas, que también apliquen los derechos. Si se pide una baja de la imputabilidad a los 16 años, que les den el derecho al voto, a la libertad sexual, a cualquier derecho cívico. Los expertos entienden que la supuesta madurez o inmadurez de los jóvenes tiene que ver con el contexto social. No hay nada en lo biológico ni en lo psicológico que impida que un adolescente de 16 años sea maduro y tome decisiones responsables. Deben respetarse los derechos y los deberes. Si rebajamos solo una parte a los 16, estamos en una desigualdad”.
Freixa trabajó con chicos mexicanos de la clase trabajadora “que se agrupaban en pandillas porque las pandillas eran como su segunda familia. Era una manera de acceder a otra cultura. La cultura no es sólo la cultura académica, la cultura profesional, sino que es también una cultura cotidiana, de los propios jóvenes. Las pandillas tienen una dimensión violenta que no se puede negar, pero sobre todo tienen une capacidad de creación cultural importantísima. Todos los investigadores que nos dedicamos al tema sabemos perfectamente que cuando se invierte en el potencial cultural de las pandillas la violencia se reduce mucho. No desaparece, porque la violencia está presente no sólo en los jóvenes sino en toda la sociedad, pero la violencia se reduce mucho cuando hay una inversión social en las actividades creativas de los jóvenes, que son la música, el baile, la pintura, el graffiti. Los chicos inmigrantes en España viven la doble discriminación de ser pobres e inmigrantes. Los medios de comunicación les etiquetan. Son carne de cañón ideal para cualquier problema que haya”.
El experto español dijo que luego de trabajar tres años con esos grupos, en Barcelona se llegó “a pasar de una fase de un peligroso camino hacia la norteamericanización de las pandillas, el modelo de las pandillas como problema endémico, irresoluble, que debía tratarse únicamente por la vía penal, a la experiencia de convertir a esas pandillas en asociaciones juveniles. El primer caso fue la Fedelatina, que agrupa a entidades emigrantes de Cataluña, una antigua pandilla, los Latin Kids, que ahora se convirtió en asociación. Esto no eliminó los delitos ni la violencia de golpe, pero hubo una reducción importante”.
Ospina trabaja con sectores populares en un proyecto que se llama Niñas, Niños y Jóvenes Constructores y Constructoras de Paz. “Son sectores donde supuestamente hay una violencia grande. Violencias organizadas, violencias no organizadas. Lo primero que encuentro es que es menos de lo que dicen los medios o de lo que dice el Estado. Lo segundo es que los mismos compañeros del barrio de esos chicos los señalan como muchachos asociados con la drogadicción. Esos mismos chicos, una vez que encuentran una posibilidad de expresión, a través de la educación, encuentran canales de organización para poder trabajar por su barrio, por su escuela, por condiciones diferentes de vida. Por eso creo que se trata de un problema de oportunidades. Cuando se genera un espacio, una condición, cualquier relación humana genera condiciones distintas. Esto también lo he visto en hogares de paso donde llevan a muchachos que se supone delincuentes. Con una perspectiva clara de oportunidades las condiciones cambian.”
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Raúl Espejo y la crisis global que se asoma 21-12-08

Domingo 21 de diciembre de 2008

Por Luis Narváez / La Nación Domingo

Raúl Espejo y la crisis global que se asoma

“Hay gente que sabe y que no está siendo utilizada”

Este ingeniero chileno, que en 1973 integró el ambicioso proyecto Cybersyn, es ahora uno de los teóricos organizacionales más importantes del mundo. De paso por Chile, habló de la “cibernética organizacional” y cómo utilizar de mejor manera los recursos de un país para enfrentar la crisis y fortalecer la gobernabilidad.


Parece un ejecutivo sacado de una escuela de negocios. Usa lenguaje científico y técnico, viste informal pero elegantemente. Cada cierto rato intercala entre sus palabras uno que otro anglicismo, pronunciado con perfecto acento británico. Podría ser un nostálgico más de todo lo que se pudo hacer y no se hizo durante la Unidad Popular. Pero no lo es. Cuando recién había egresado de la Universidad de Chile, Raúl Espejo formó parte del revolucionario proyecto Cybersyn, que en 1973 y si no hubiese sido por el golpe estuvo a punto de poner en marcha una red nacional de comunicaciones en tiempo real, un embrión de internet que tenía por objeto mejorar la organización del gobierno y de la economía. Y no se volvió un nostálgico porque fue el único de los integrantes del proyecto que, tras el golpe militar, continuó desarrollando esta teoría y trabajando codo a codo con el mentor de dicho modelo, Stafford Beer, en Inglaterra.
Hoy, este ex MAPU tiene una empresa dedicada a la "cibernética organizacional", cuya labor es reconocida mundialmente, y acaba de venir a Chile como invitado estrella de la Universidad de Santiago, donde estuvo esta semana para dictar una clase magistral sobre "manejo de la complejidad en tiempos de crisis".
¿Dónde siente que está: en la USACH o en la antigua Universidad Técnica del Estado (UTE)?
En realidad, en la USACH. Entiendo la diferencia. La UTE me parece la base de toda su historia, hasta que en los ochenta toma el cambio de nombre. Al mismo tiempo hay un cambio, y eso es lo que veo, en el que se generan otro tipo de escuelas, con lo que amplía su quehacer. Eso hace que yo nunca mencione la UTE y siempre sea la USACH.
¿Y qué diferencias hay entre el actual Raúl Espejo y aquel joven idealista del MAPU que pretendían crear un proyecto tan importante para el gobierno de la UP?
Fui parte de algo que se dio en ese momento y que tal vez no pude reconocer con toda la dimensión que tenía. Stafford Beer tenía una visión que realmente se ha ido validando, a través de los años, y a nosotros lo que nos interesaba era generar algunas formas de gestión y gobernabilidad que permitieran implementar las políticas del gobierno de Allende. Y eso significaba, por ejemplo, que las empresas produjeran productos de consumo masivo en vez de tener consumo exclusivo.
¿Fue usted el único de los chileno que trabajaron en Cybersyn que siguió con Stafford Beer?
Sí. Hubo algunas personas que trabajaron en forma marginal con él. Pero, en términos de continuidad, efectivamente después del golpe fui el único que trabajó con él en forma continua. Él fue presidente de la empresa que formé en 1985, durante 15 años.
¿Cuál es el gran desafío de Chile para enfrentar una crisis mundial como la actual?
Nuestros países tienen un problema para ajustarse a un mundo interconectado, que sufre cambios radicales, y no se puede pensar en países que se salgan de todos estos efectos que generan crisis como la financiera o la climática. Todos los países sufren un desbalance entre la complejidad de los procesos económicos, financieros, etcétera, y sus formas de gobernabilidad. Cada país debiera tener formas distintas de enfrentar los problemas y las más ingeniosas son las que deben tener mejores resultados. No hay respuestas uniformes.
¿Y como debería responder Chile?
Esperaría que Chile no se quede con la idea de una respuesta burocrática, lenta, sino que haya bastante creatividad de responder a los efectos globales. Si se espera que la crisis llegue para empezar a responder va a ser mucho más duro el ajuste.
¿El Estado es el principal responsable?
El Estado es una parte de lo público. Hay una cantidad de recursos que pueden ser parte del Estado o de privados, y ahí es donde hablo de las formas organizacionales ingeniosas. Generar conexiones entre el Estado y lo privado que eviten poner bordes claros con la ciudadanía.
¿No hay allí un riesgo de que el Estado sea capturado por intereses privados?
Me refiero a que nuestra sociedad debe relacionar todos los recursos que tenga y no dejar a algunos al margen. Lo importante es hacerlos responsables, de tal manera que ahí donde hay elementos privados que utilizan recursos del Estado, es fundamental que ellos sean responsables del buen uso de eso. Lo que hay que lograr son formas organizacionales que hagan visible todo lo que pasa con estos acuerdos.
¿Cuál es el mejor consejo para gobernar en estos tiempos de crisis?
El área de mi experiencia es la cibernética organizacional, que es una de las tantas contribuciones para la teoría organizacional. Lo interesante es que está enfocada a problemas de gobernabilidad, de comunicaciones, de cómo reconocer la tecnología para hacer la organización más dinámica y más moderna, y cómo responder con esto a los cambios que se dan a nivel global. Lo que estoy estudiando es cómo crear condiciones de gobernabilidad que permitan que los que saben puedan contribuir con lo mejor de sus capacidades a la resolución de los problemas que enfrentemos. Pueden ser problemas financieros, de alimentación, energéticos. Pero lo que sé es que hay gente que sabe y que no está siendo utilizada en la discusión de estos problemas. Y lo que me interesa es hacer mas concientes a los políticos y organizaciones en general de que hagan uso de esos recursos en la forma más adecuada. Con eso van a tener una mayor capacidad para responder a crisis como las que se están viviendo hoy día. El llamado es a fortalecer la gobernabilidad, fortalecer las estructuras de adaptación y cambio; de implementación de políticas de tal manera que aquellos que tienen algo que decir, y que aquellos recursos que se puedan utilizar para mejorar las respuestas, estén presentes en la discusión y que sean utilizados para dar esas respuestas. //LND

http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20081220/pags/20081220184913.html

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Cómo y de dónde vienen las cartas que llegan a La Moneda 21-12-08

Domingo 21 de diciembre de 2008

Por Carolina Castro / La Nación Domingo


Cómo y de dónde vienen las cartas que llegan a La Moneda

Presidenta, por favor...

Ayudas médicas, solicitudes laborales, dibujos, sugerencias e invitaciones son parte de los 50 e-mails que La Moneda recepciona diariamente. El team a cargo de la correspondencia está formado por 16 personas y, aunque usted le pase su carta a la Presidenta en una servilleta roñosa, recibirá respuesta.


No importa el medio ni el formato, nada queda afuera: desde servilletas escritas en actos en los que participa la Presidenta Michelle Bachelet, donde se le pide resolver falta de financiamiento para atender a algún enfermo, hasta elaboradas propuestas de proyectos expresando complejas ideas con un vasto conocimiento en el tema.

En los años que lleva funcionando el sistema de recepción de misivas, éste se ha ido perfeccionando cada vez más para acercar la realidad del país a la Presidencia, ya que mediante estos mensajes el gobernante se entera de los problemas, preocupaciones y sueños de la gente, más aún en este gobierno ciudadano que ha querido marcar la administración Bachelet.

Pero no todo ha sido color rosa. En noviembre de 2001, Eduardo Miño, ante la vista atónita de los camarógrafos y fotógrafos que cubrían las actividades presidenciales, se quemó a lo bonzo frente a La Moneda, luego de acuchillarse en el estómago y gritar que su acto se debía a que el Gobierno no le había dado respuestas a sus peticiones. El incidente movilizó de inmediato al Departamento de Gestión y Correspondencia Presidencial, que verificó los dichos de este hombre de 70 años. Rápidamente se revisó el sistema de correos y se comprobó que ninguna carta había llegado a su nombre.

Así como este hombre, son cientos de miles los ciudadanos que se han dirigido a los presidentes para solicitar su ayuda, aunque en la mayoría han tenido una respuesta oportuna.

Asistentes sociales y abogados

Existe un equipo de 16 personas, entre ellos asistentes sociales, liderados por Ana María Molina; abogados y asesores informáticos, que se dedican a leer los hasta 7 mil 500 correos mensuales que llegan desde todas las comunas del país. Ellos acusan recibo y comunican la derivación de su problema al ministerio u organismo correspondiente, quedando registrado todo el proceso en una base de datos que supera las 600 mil personas.

La falta de asesoría jurídica es el problema más recurrente que tienen las personas. Por esto mismo, por ejemplo, quien tiene un conflicto con su pensión, es remitida al INP y se solicita un informe del caso, el cual se obtiene en 15 días. Con el informe en mano, se le comunica a la persona la causa legal de su problema, y se le aconseja los pasos a seguir si existe alguna solución. Independientemente que haya solución, la carta es respondida "por especial encargo de la Presidencia".

En Navidad, las cifras aumentan considerablemente, pues al flujo normal se suman peticiones de los niños o juntas de vecinos que desean agasajar a sus hijos con dulces o cenas, para lo cual se derivan a las autoridades regionales, gobernaciones u otras.

La cantidad de cartas que se reciben anualmente ha aumentado en un 140% durante el Gobierno de Bachelet, lo que está estrechamente vinculado con su gobierno ciudadano.

Las cifras aumentaron considerablemente cuando se incluyó el correo electrónico como mecanismo para recepcionar los requerimientos de la población, correspondiendo a un 60% del total que se reciben a diario. Hasta 2004, el sistema sólo incluía cartas y en muchos casos lo que más tenía efecto eran los mensajes escritos en hojas arrancadas, que actuaban como verdaderos "fast track". Claro que eso implica que los guardias, a veces, deben perseguir a las personas que en muchas ocasiones olvidan poner su dirección o teléfono para recibir una respuesta.

El primer aumento importante se experimentó en la administración Lagos cuando en 2003, el equipo de trabajo renovó el estilo de respuesta, el que consistía en aprobar o rechazar el caso según una lista de artículos legales, que hacía prácticamente inentendible la respuesta. Entonces, se adoptó el modelo epistolar, estableciendo un trato más personalizado con la ciudadanía, intentando corresponder de alguna forma la ayuda que las personas esperan.

Made in Colombia

El actual sistema de corresponsalía presidencial es originario de Colombia, donde se creó y se puso en marcha la versión beta. Los positivos resultados de esta experiencia incentivaron al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a adoptarlo, mejorarlo e impulsarlo en toda América Latina.

Aunque el sistema de correspondencia presidencial existe desde el gobierno de Aylwin, con Eduardo Frei se creó una base de datos informática para almacenar la información de contacto del remitente y el día de recepción de la carta. Durante el gobierno de Lagos el modelo del PNUD fue adquirido en $15 millones. Con esto, la información reunida permitió manejar todo el historial de un correo, desde el nombre de su autor hasta la hora en que la respuesta fue entregada y por quién. Además, se adquirió el código del programa con el cual se pudo alterar y mejorar los sistemas de búsqueda.

Chile resultó ser el país que salió mejor evaluado en la implementación del sistema debido a su seguridad. No sólo salvó a Lagos de aparecer como responsable de la muerte del hombre que se quemó a lo bonzo, sino también lo protegió de una amenaza de muerte que recibió en febrero de 2006, cuando llegó un correo electrónico intimidando al ex Mandatario y a toda su familia.

Inmediatamente la brigada especial de investigación entró a la base de datos, observó el día y la fecha de emisión del correo para dar con la dirección IP del computador desde el cual fue enviado.

En 72 horas ubicaron el cibercafé desde el cual se había enviado el mail y allí identificaron al autor del hecho, quien era un cliente frecuente del local. El hombre de 40 años tenía antecedentes médicos de esquizofrenia, por lo que no fue formalizado, sin embargo, se comprobó la seguridad y fiabilidad del sistema.
Por el volumen de las misivas y el escaso tiempo de la Presidenta, es imposible que dé respuesta a cada una de ellas de puño y letra, de modo que cada semana se le hace llegar una carpeta con una selección de 30 a 70 cartas, que ella misma firma luego de un arduo proceso de respuesta. //LND

Peticiones regionales

Aproximadamente un 60% de los correos que llegan a la Presidenta, se refieren a temas sociales: becas, subsidios de salud y deudas habitacionales. También existen muchos casos de violencia intrafamiliar, los que son derivados inmediatamente al Sernam o Sename. También arriban correos sobre temas medioambientales, los que aumentan en tiempos de construcción de obras públicas, como caminos o puentes.

El 40% de la correspondencia proviene de la Región Metropolitana, seguido de un 15% de la Región de Valparaíso, y un 10% de la Araucanía y el Biobío. En estas últimas se concentran los temas en torno a los derechos de los indígenas y la protección de los bosques nativos, entre otros temas.

Descuido en Salud
El mayor desaguisado que debió enfrentar el Gobierno fue la carta de la ex ministra de Salud Soledad Barría en respuesta a la ex alcaldesa de Lo Barnechea Marta Ehlers, quien solicitó una audiencia con la Presidenta para debatir sobre la distribución de la píldora del día después.

La respuesta llevaba adjunto el borrador de la carta, con anotaciones al margen que ofuscaron a la ex edil. Una de ellas indicaba que “cuando ella (Ehlers) sea Presidenta puede dictar políticas”; o un “¡plop!” en respuesta a la solicitud de una entrevista personal. El manuscrito venía con el sello de la Presidencia, por lo que inicialmente se adjudicó las notas a la propia Bachelet, cuestión que luego fue aclarada.

Una vez más, se realizó el respectivo seguimiento y se comprobó que el borrador había sido intervenido por el o la asesora del Minsal que debía recabar información para dar respuesta a la carta de Ehlers. La responsable final fue Barría, quien firmó la misiva sin revisarla.

datos
250 mil correos en los 6 años de Lagos
300 mil correos (se proyectan) en los 4 años de Bachelet


REPUBLICA DE CHILE
PRESIDENCIA


Santiago, 31 de Diciembre de 2008
INPR2008- 97460



Señor
Lorenzo Loncon Mellado
Temuco


Estimado señor Loncon:

Me dirijo a usted para acusar recibo de su correo electrónico y agradecer su interés por comunicarse con la Presidenta de la República, Michelle Bachelet Jeria.

Hemos leído con mucha atención su e-mail, en este sentido debemos sugerirle ingresar a la página web de CONADI en www.conadi.cl, y orientarse con respecto a su planteamiento.

Aprovechamos esta oportunidad para expresarle, en nombre de la Señora Presidenta, nuestros más cordiales saludos con motivo de las festividades de Navidad y Año Nuevo, asimismo, los deseos de un mejor año 2009, en compañía de los suyos.

Cordialmente,



NADYA ROJO BARRERA
Asesora de Gestión
Gabinete Presidencial
Presidencia de la República


NRB/mgd/cmm

Zaffaroni sobre la orden de liberar a Astiz y Acosta:“TENEMOS UN PROCEDIMIENTO PENAL HORRIBLE” 21-12-08

REPORTAJE A RAUL ZAFFARONI, MINISTRO DE LA CORTE SUPREMA



“No soy partidario de ninguna medida excepcional en estos juicios”

Entre los ecos del fallo de Casación sobre Astiz y Acosta, explica qué pasó y reparte responsabilidades. También habla, con pasión, de los menores encarcelados. Y cuenta por qué se iría de la Corte y después de lograr qué fallos clave.

Por Irina Hauser

Raúl Zaffaroni controla la exactitud de sus palabras a medida que habla. Pero trata de no privarse de decir nada. Fuma de a ratos. Se mueve poco.
Con el clima que dejó el fallo de la Cámara de Casación que ordenó liberar a los represores Alfredo Astiz y Jorge “Tigre” Acosta entre otros tantos, se le hace inevitable un comentario: “Las garantías en materia penal siempre avanzan respecto de algún vip, pero no para los pobres tipos”. Por las dilaciones en los juicios que han prolongado la prisión preventiva de los genocidas, responsabiliza al sistema judicial en sí, al propio Tribunal de Casación, a los fiscales y hasta a los querellantes. No descarta, pero tampoco promete, alguna intervención de la Corte que aporte soluciones.

En diálogo con Página/12, además defiende el fallo que impidió la liberación de menores internados en institutos al tiempo que reclamó una reforma del sistema de minoridad. “Si lo declarábamos inconstitucional y liberábamos a los pibes, alimentábamos una brutal campaña de estigmatización de los chicos pobres” que podría, vaticina, terminar en una “masacre”. Dice que hablar de bajar la edad de imputabilidad pretende confundir y aplicar a los menores, bajo un criterio “tutelar”, los mismos castigos que a los adultos pero no las mismas garantías. Existe, señala, una situación inconstitucional que “hay que desmontar”. A su entender, los niños deben ser juzgados en procesos penales que respeten sus derechos.

El juez supremo anuncia que se va a ir de la Corte para volver a la vida académica, “no a la política”, pero no sabe cuándo. Antes quiere firmar el fallo de despenalización de la tenencia de droga para consumo personal y otro sobre matrimonio homosexual.

–¿Acuerda con la excarcelación concedida por la Cámara de Casación a los represores más emblemáticos de la dictadura?

–Voy a tener que opinar seguramente en un fallo, así que por ahora no puedo adelantar mi criterio.

–Pero sí puede opinar sobre las demoras en los juicios por violaciones a los derechos humanos, que terminaron convirtiéndose en la justificación de esa liberación por el largo tiempo que los acusados llevan presos sin sentencia. ¿Quién es responsable?

–Tenemos un procedimiento penal horrible, con defectos estructurales, y una tradición burocrática en la Justicia, independientemente de lo cual ha habido demoras conocidas en estas causas, como las de la propia Cámara de Casación. A veces también las querellas interfieren con sus apelaciones.

–Dadas las circunstancias, que podrían anunciar una liberación masiva de genocidas, ¿qué propone hacer? ¿Quién debería actuar?

–En general, no soy partidario de ninguna medida excepcional respecto de estos juicios, en especial de ninguna medida que pueda entenderse o arrojar sombras sobre el respeto al principio del juez natural y del derecho de defensa. Creo que se puede articular una estrategia que depende en buena medida del Ministerio Público (los fiscales) y de que las querellas no formulen pedidos que terminen obstaculizando. Una posibilidad, dado que siempre hay un número grande de hechos y que son concursos reales, sería la de elevar a juicio algunos hechos, juzgarlos y, si corresponde, condenar, sin perjuicio de que la investigación continúe. No es lo mejor, pero puede ser una solución ante el problema de las prisiones preventivas prolongadas. Esto requiere que el Ministerio Público vaya pidiendo elevar a juicio.

–Las dos megacausas sobre crímenes dictatoriales (Primer Cuerpo y ESMA) y sus derivaciones están concentradas en el Tribunal Oral Federal 5 (TOF5) y esto fue factor de retardo desde el inicio. Hay cola de juicios esperando. ¿Por qué nunca se hizo nada al respecto? ¿La Corte no va a intervenir?

–Nuestra posibilidad de hacer algo es una cuestión a pensar. La redistribución de causas entre los TOF hay que pensarla también. No tengo un criterio formado al respecto. Lo fundamental, ante hechos suficientemente investigados, es cerrar la instrucción y elevar la causa a juicio. Son procesos complejos, no se puede esperar.

–¿Cristina Kirchner está presionando al Poder Judicial con sus críticas a la sentencia de Casación?

–La Presidenta es una ciudadana y tiene derecho a criticar los actos de otro poder del Estado, de la misma manera que yo sigo siendo un ciudadano y tengo el mismo derecho a criticar los actos o manifestaciones del Poder Ejecutivo o del Legislativo. Por lo menos ésa ha sido siempre mi posición. Es parte del juego democrático y no me considero presionado por ninguna crítica. Nunca inhibiré el poder que me da mi ciudadanía negándole a otro el derecho que me reservo. Las críticas hay que escucharlas y resolver en conciencia lo que se considera que es lo mejor para todos los habitantes.

–¿Los tribunales aplican los mismos criterios de excarcelación para los ladrones de gallinas que para los represores?

–Las garantías en materia penal siempre avanzan respecto de algún vip. Siempre ha sido así, avanzan para los vip y no para los pobres tipos.

Menores presos
–A simple vista, el reciente fallo con que ustedes impidieron la liberación de los menores presos en institutos coincidió con una nueva andanada de reclamos de mano dura y cárcel para los delincuentes comunes, y más aún si son niños. ¿Fue casual? Lo festejaron los medios más reaccionarios.

–Fue totalmente casual. Se demoró un poco y salió cuando salió porque queríamos sacar un solo voto. Tampoco creo que sea para festejar por parte de los que quieren la baja de la edad de imputabilidad.

–¿Por qué?

–Se está diciendo algo inexacto, a veces por ignorancia, otras por mentira. Hablar de baja en la edad de imputabilidad es un error técnico: nadie se vuelve imputable porque pasó la medianoche. Nuestra legislación excluye a los menores del sistema penal ordinario hasta los 16 años, pero no los vuelve inimputables. Hasta esa edad, el criterio que predomina y que está contra la Constitución es el criterio tutelar. La imputabilidad es una cuestión de capacidad de culpabilidad, que se mide en cada individuo. Alguien puede ser inimputable porque es enfermo mental.

–¿Qué es exactamente el criterio tutelar?

–Se basa en sacar al niño del sistema penal y dejarlo bajo la tutela del Estado, que lo considera incapaz. Como se supone que todo lo que haga el Estado con él será para bien, se deduce que no hará falta un proceso penal acusatorio y que no necesitará las mismas garantías que un adulto en un proceso penal. En la historia, ¿a quiénes se tuteló? A las mujeres, a los niños, a los indios. Mirá cómo les fue. La ideología tutelar es inquisitorial. A mí que no me tutelen, ¡que me juzguen! Esa ideología entró en crisis en los años sesenta en Estados Unidos, donde comenzó. A un pibe de quince años que llamaba por teléfono a la vecina y le decía palabras soeces le aplicaron una medida tutelar hasta los 21 años, mientras que a un adulto le hubieran puesto una multa de algunos dólares. Esto derivó en la declaración de inconstitucionalidad del sistema tutelar y generó un movimiento de rejuridización de los derechos de niños y adolescentes. La Convención Internacional de los Derechos del Niño, incluida en nuestra Constitución, estableció que los niños deben tener los mismos derechos y garantías que un adulto. Alguien menor a 16 años es un ciudadano: hay que probar que hizo lo que dicen que hizo. Someterlo a un proceso penal como Dios manda, con derecho de defensa, juez, fiscal y defensor.

–¿Y después, vale cualquier castigo para un menor?

–Por mí que se lo someta a proceso desde el momento de la concepción. Otra cosa son las consecuencias penales. A un niño no se le puede aplicar la misma pena que al adulto. Quienes mienten o hablan por ignorancia citan el ejemplo de Brasil diciendo que allí los niños son imputables desde los 12 años. No, son procesables desde esa edad. Se debe probar qué hicieron. Luego la pena no puede superar los cinco años. El discurso represor dice: “aplíqueles la misma pena que a los adultos”. ¿Qué dice el progresismo, por así llamarlo? “Aplíquele las mismas garantías.” Para compatibilizar la Constitución nacional con la Legislación Positiva (como indica el reciente fallo de la Corte) hay que reformar toda la legislación de niños y adolescentes. Tenemos un régimen tutelar y debemos pasar a un régimen jurídico de garantías. No lo puede hacer la Corte, lo tiene que hacer el Congreso. Tampoco debemos permitir que no haya régimen alguno.

–¿Qué medidas implementaría si se prueba que el menor cometió un delito?

–La institucionalización tiene que ser la última opción, excepcionalísima, y siempre que hayan fracasado otras previas. Antes puede haber medidas de asistencia, supervisión de conducta, familia sustituta o tratamiento si es –-por ejemplo– psicópata. No dejan de ser medidas limitativas de la libertad. Pero no me vengan con que eso es tutelar y se puede hacer sin garantías. Eso es lo inconstitucional que tiene nuestra ley: a los pibes los dejan hasta los 21 años sometidos a medidas, los pueden institucionalizar, y se fue al diablo el derecho a la familia. Porque “tiene errores de conducta”, dice la ley. Mil trescientos chicos institucionalizados en la provincia de Buenos Aires es mucho. Me pregunto si es necesario.

–¿El Estado está en condiciones de ofrecer esas medidas que usted propone?

–Por lo pronto son mucho más baratas que la institucionalización.

–Si la Corte considera que el sistema vigente es inconstitucional, ¿por qué no declaró, precisamente, su inconstitucionalidad?

–Si declaramos la inconstitucionalidad ahora, alimentamos una campaña efebofóbica. Las sentencias de la Corte tienen una repercusión mediática inmediata y nadie puede ignorar que estamos sometidos a una brutal campaña de estigmatización de chicos pobres. Para quienes no se permiten tomar en cuenta datos de realidad, el derecho es pura lógica normativa.

–Pero no eran tantos los menores que hubieran liberado.

–Es cierto que en Capital implicaba liberar a algunos pibes, no muchos. El problema es que lo que digamos sobre la ley federal tendrá valor para las leyes provinciales. Una declaración de inconstitucionalidad hubiera sido seguida por otras válidas para todo el país, donde son más los menores presos. Me preocupan esas leyes provinciales y en especial la situación en la provincia de Buenos Aires, donde hubo declaraciones de funcionarios desconcertados frente a ciertos problemas de inseguridad o cierta publicidad de los problemas de inseguridad, que están buscando como chivos expiatorios a los niños y adolescentes. Cuando la prensa te dice que la mayoría de los homicidios son cometidos por menores de 16 años, miente. En la ciudad de Buenos Aires hay un solo chico procesado por homicidio y la mayoría de los homicidios siguen siendo intrafamiliares y machistas, para no contar los de tránsito.

–¿A qué atribuye esa campaña?

–René Girard dice que cuando en una sociedad se produce una violencia difusa, se la canaliza sobre un chivo expiatorio y se lo aniquila, se comete una masacre y después las víctimas se vuelven sagradas. La campaña contra los pibes es el primer paso para matarlos, el primer escalón del genocidio. No es una opinión, son cosas que la criminología latinoamericana conoce perfectamente. Una declaración de inconstitucionalidad nuestra en este marco inmediatamente iba a servir para que con cualquier pretexto se tendiese alguna trampa a un pibe: le hacen un entre, le ponen un arma nueve milímetros y lo determinan a alguna barbaridad para luego “sorprenderlo” y matarlo en el hecho. A partir de ahí, con amplia cobertura de medios, empieza la masacre bajo la consigna de que la Corte soltó a todos los pibes asesinos y ahora hay que matarlos. Yo en esa no me prendo.
–Usted habla sobre una hipótesis.

–¡Para nada! Es una verificación científica, criminológica. Hace veinte años en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos se publicó, en el libro Muertes anunciadas, una investigación que hicimos sobre las ejecuciones policiales en América latina. Allí se describen las reglas del fenómeno, la efebofobia carenciada entre otros. La sociedad se ha olvidado de que aquí, en la ciudad y en el conurbano, las policías post dictadura ejecutaron a más de mil jóvenes en pleno gobierno constitucional, en supuestos “enfrentamientos” ampliamente cubiertos por el “noticiero del 9”, que llegaba antes del hecho, con gran beneplácito disfrazado de alarma por algún famoso comunicador ya fallecido. En 2001 la Suprema Corte bonaerense, con motivo de las denuncias por ejecuciones sin proceso, tuvo que hacer un registro de menores muertos por la policía, después de que el gobernador había lanzado la criminal consigna de “meter bala”.

–¿Es la misma idea que planteó Carmen Argibay al decir que es mejor mantener a los menores institucionalizados porque en la calle los matan?

–A ella la interpretaron mal, como si hubiera que tener a los pibes encerrados para tutelarlos. No, si hay que proteger a alguien no es a los pibes que están encerrados sino a todos los pibes pobres y villeros, que es el estereotipo sobre el cual se está fabricando el chivo expiatorio.

–Muy bien, y cuando están internados, ¿qué garantías hay de que así estarán bien, de que no los maltraten ni maten?

–Ninguna, lo que pasa es que hay un régimen inconstitucional que debe reemplazarse por otro, y nosotros no podemos dejar un vacío.

–Insisto: ustedes dicen que hay un régimen inconstitucional, pero no lo declaran como tal, ni siquiera dan un ultimátum. ¿No es contradictorio?

–Las normas inconstitucionales existen en el mundo y cuando se prolongan en el tiempo, como en este caso, se crean situaciones inconstitucionales. Vivimos en un país donde abundan normas inconstitucionales que crearon múltiples situaciones de inconstitucionalidad. Estamos tratando de desarmarlas, pero eso requiere cuidado. Si se construyó un dique que afecta al medioambiente, la solución no es volarlo e inundar todo. Sin ir más lejos, es fácil verificar que todos los procesos penales en la Argentina son inconstitucionales, porque desde hace 155 años se condena sin participación popular, cuando la Constitución manda que sea con participación. ¿Cuál sería la solución? ¿Declarar la inconstitucionalidad del Código Procesal y liberar a todos los condenados?

Debe y haber

–¿Qué solución propone al problema de los menores en conflicto con la ley?

–Hay que reemplazar el sistema penal de menores por uno que sea constitucional. La acción que terminó en la Corte ha sido muy positiva porque puso la cuestión sobre el tapete y dio la oportunidad de indicarles a los otros poderes la necesidad de pensar un nuevo sistema. Cada poder del Estado debe asumir su responsabilidad. Pero los jueces no podemos sancionar un nuevo código de procedimientos ni un estatuto de niños y adolescentes.

–Si pusieron plazos para limpiar el Riachuelo, ¿por qué no lo hicieron en este tema?

–Por algo simple: si no cumplen, ¿qué hacemos? El ridículo, no.

–El gobierno bonaerense habla de limitar excarcelaciones y apresar a los niños.

–La no excarcelación termina con una sobrepoblación de todos los establecimientos penales, con motines y con muertos. Termina con las comisarías llenas de presos y, por ende, con un debilitamiento notorio del sistema de seguridad, porque la policía tiene que dedicarse a cuidar presos en lugar de salir a la calle a prevenir delitos.

–¿Hacen falta reformas policiales, purgas?

–Con las purgas hay que tener cuidado. Tenés que partir de la policía que hay. No podés dejar al país sin policía mientras hacés otra. Yo creo que hay que separar la función de policía de seguridad de la de investigación criminal, que debería depender de las procuraciones o la Corte o superiores tribunales. Desmilitarizar la organización policial y permitir la sindicalización, dando al policía derechos laborales y dignidad como persona. A través de la sindicalización se crea la conciencia policial. Pagarle mejor y mejorar las condiciones de trabajo. Irnos, además, al modelo de policía comunitaria, con mucho control comunitario, aunque no digo que tengamos el sheriff electo. No hacer lo que los norteamericanos nos dicen que hagamos, pero sí hacer lo que ellos hacen. Tienen 2300 policías: de condado, del estado, federales. Pero mientras se siga jugando a buscar el efecto inmediato, propagandístico y junta votos...

–Es más fácil eso que desmontar todos los negocios del poder y la policía.

–El negocio se empieza desmontando con la sindicalización, y por eso no se la quiere. Desdramaticemos. Hay cosas intolerables, pero hay otras que son fuentes de recaudación. Si la fuente de recaudación se repartiera en forma de pirámide, por lo menos cumpliría una función social. Algo daría a los que están en la base, que corren los peores riesgos. Pero como no se reparte, tampoco cumple esa función. Con la sindicalización lo primero que se exigiría es el reparto piramidal. Eso permitiría ir pasando en blanco las recaudaciones, que vayan dejando el ámbito de lo ilícito.
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LOS PLANES A FUTURO DEL MINISTRO ZAFFARONI

“No tengo intención de hacer carrera política”

–¿Se va de la Corte? –Hay una campaña que crece, crece y crece, diciendo que yo me voy de la Corte y que me paso a la política. No sé de dónde sale, pero no es cierto. Sólo me pasaría a la política si hubiese una decisión muy importante de cambio institucional, como una reforma constitucional. Sería coyuntural, por otra parte, porque no tengo intención de hacer carrera política ni está en mis planes.
–¿Irse de la Corte no está en sus planes?
–Sí, pero no ahora ni para pasarme a la política. Siempre dije que a estos cargos no los considero vitalicios. Toda función republicana tiene que terminar y si mañana se hiciera una reforma constitucional, propondría un buen tribunal constitucional con mandatos de ocho a diez años. La vitalicidad es una característica monárquica, no republicana. Tal vez yo mismo, involuntariamente, alimenté esa idea de que me voy a la política, porque me preguntan cualquier cosa y contesto. Uno se sale de rol y parece que quiere ser candidato a algo. Es mi forma de ser. Siempre pensé que la función de juez no me impide dar opiniones de carácter general.
–¿Y cuándo se iría, entonces?
–Quiero que salgan algunos fallos importantes y poner en funcionamiento la biblioteca de la Corte reestructurada. Pero no tengo fecha. Mi proyecto para el día que me vaya es volver a la vida académica.
–¿Qué fallos quiere firmar sí o sí?
–Hay varios, y otros que van surgiendo. Está el de tenencia de droga para consumo personal. Está el problema del matrimonio homosexual. Varios.
–¿Cuándo salen?
–No lo sé.
–Pero el de drogas ya tiene mayoría para despenalizar. ¿Qué falta?
–Lo tiene el presidente (Ricardo Lorenzetti). No creo que se demore tanto.
–¿A qué apuntará ese fallo? Argibay habló de no tratar al adicto como delincuente.
–Desde el punto de vista de tóxicos prohibidos, rige el mismo principio que respecto de tóxicos no prohibidos. Usuarios de tóxicos somos muchísimos, casi toda la población. Los que abusan son algunos, como el que se emborracha el sábado a la noche. El dependiente es minoría. No puedo estar penando a un usuario porque sí. A menos que tenga un kiosco de distribución o el garaje de la casa lleno de marihuana. Si no pasa nada de eso y sólo tiene una cantidad para consumo como usuario, directamente no tengo que hacer nada. A lo sumo afecta su salud. Pero no se me oculta que hay un problema grave actualmente que es el del paco. Debe ser encarado pero con legislación penal hacia quien trafica. Pero para los chicos que lo consumen habría que prever otro tipo de medidas. El paco produce una dependencia muy rápida y una destrucción neuronal irreversible. Es mucho más grave que la cocaína.
–¿La Corte puede hacer algo?
–Un fallo que apunte a los traficantes y no a los consumidores podría ayudar. Es una forma de decirles “basta” a los organismos de seguridad: si quieren hacer algo positivo, busquen a los traficantes. No me traigan a los consumidores, que me va a traer a toda la población. Sabemos, además, que no hay criminalidad organizada sin corrupción. No digo que eso abarque a la cúspide del Gobierno, pero siempre algún nivel hay. De todos modos, si yo ahora tuviese que manejar toda la política criminal del país, apuntaría todos los cañones al traficante de paco.
–¿Argentina va camino a ser un productor de drogas, como dijo el ministro bonaerense Carlos Stornelli?
–No somos ni podemos ser un país de producción de cocaína, por ejemplo, porque no tenemos la materia prima, que es muy voluminosa. Marihuana se puede plantar en cualquier lado, eso se sabe, pero es un negocio relativamente menor. En cuanto a los sintéticos, tampoco creo que seamos el país ideal: hay muchos otros en los que sería más fácil producirlos con menos problemas y controles. Lo de la efedrina fue un lamentable descuido aprovechado desde afuera, pero se trata de un precursor y sólo de uno de ellos. No veo ningún riesgo inmediato.
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Reacciones ante el fallo

Mientras la Corte Suprema de Justicia aguarda la llegada de las apelaciones al fallo de la Cámara de Casación Penal que ordenó el cese de las prisiones preventivas de Astiz, Acosta & Cía., distintos funcionarios repudiaron la resolución de los jueces Guillermo Yacobucci y Luis García. El jefe de Gabinete, Sergio Massa, la consideró “un retroceso” y destacó la necesidad de lograr “celeridad en la Justicia”. El diputado kirchnerista Carlos Kunkel se mostró “preocupado” por la falta de resolución de las causas contra represores y pidió “que los jueces trabajen”.

La Corte creó en julio de 2007 una Unidad de Asistencia y Seguimiento de Causas por Desapariciones Forzadas, con facultades para organizar el complejo entramado de expedientes reabiertos en los últimos años y evitar polvaredas como la que desató el fallo de Casación, pero nunca la puso en funcionamiento. Las apelaciones de los fiscales Raúl Pleé y Ricardo Weschler a los fallos que ordenaron interrumpir las prolongadas prisiones preventivas de represores de la ESMA, Rosario y Santa Fe le otorga al máximo tribunal la posibilidad de pronunciarse sobre el tema de fondo, que no son los veinte represores en cuestión sino el medio millar que al ritmo actual del proceso morirá de viejo antes de rendir cuentas en tribunales.

“No sé si fue una operación, sí fue un retroceso”, declaró Massa en referencia a la resolución de Casación. “A veces la chicana de los letrados tiene más éxito que en definitiva la cuestión de fondo a resolver”, que es “la falta de celeridad en la Justicia”, sostuvo. “Lo más grave es que hace tres años que no se pone fecha al juicio. Es evidente que la demora termina impactando de manera negativa”, insistió.

Kunkel se mostró sorprendido por las declaraciones que responsabilizaron al Congreso por el vencimiento de los plazos de prisión preventiva y dijo no concebir cómo la Justicia “no tiene tiempo” para expedirse sobre delitos cometidos hace “más de 30 años”. “La corporación judicial tiene una forma de pretender (sic) que está por encima del reglamento jurídico de las instituciones de la República”, se despachó el diputado.
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Delitos de Lesa Humanidad no podrán prescribir ni ser amnistiados 17-12-08


Valparaíso 17/12/2008 Departamento de Prensa


Delitos de Lesa Humanidad no podrán prescribir ni ser amnistiados la Concertación, una moción que interpreta el Código 93 del Código Penal.


Con los votos a favor de los tres senadores de la Concertación que integran la Comisión de Constitución, dicha instancia aprobó y despachó a la Sala una moción que interpreta el artículo 93 del Código Penal, excluyendo de la extinción de la responsabilidad penal, por amnistía, indulto o prescripción, a los crímenes y simples delitos que constituyen genocidio, crímenes de lesa humanidad y de guerra.

La iniciativa, que cumple su primer trámite, contó con el voto favorable de los senadores José Antonio Gómez (presidente), Soledad Alvear y Pedro Muñoz, pues los senadores Alberto Espina y Andrés Chadwick no estaban presentes al momento de la votación.

En lo fundamental, el proyecto que fue presentado por los senadores Soledad Alvear, José Antonio Gómez, Camilo Escalona y Guido Girardi, establece que "la amnistía, el indulto y la prescripción de la acción penal y de la pena no serán aplicables a los crímenes y simples delitos que constituyen genocidio, crímenes de lesa humanidad y de guerra, contemplados en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes".

Al término de la sesión, la senadora Alvear explicó que la iniciativa "busca que se modifique el artículo 93 del Código Penal para que los delitos de crimen de Lesa Humanidad sean imprescriptibles e inamnistíables".

La legisladora precisó que esto regiría para todos los crímenes que correspondan a esa categoría y que se cometan en nuestro país a futuro.

Consultada por la ausencia de los senadores de la Alianza a la Comisión, la parlamentaria manifestó que "me parece increíble que a estas alturas del siglo XXI una alianza de gobierno que aspira llegar a la Presidencia no sea capaz de aprobar una iniciativa legal que diga el nunca más a las violaciones a los Derechos Humanos. Creo que esto es muy serio, muy grave y espero que la no asistencia no obedezca a que quisieran escapar de la votación y que en la Sala podamos lograr el apoyo a esta iniciativa tan sentida".

APOYA PROPUESTA

Por su parte, el senador Chadwick explicó que la inasistencia de los senadores de la Alianza al sesión de hoy no tiene que ver con un tema en particular, pues en su caso no pudo asistir por encontrarse a esa misma hora en la Comisión de Educación analizando el proyecto que sanciona el grooming o acoso sexual a menores vía Internet.


El legislador explicó que si el proyecto señala que se derogará la amnistía, sería ineficaz, pues las amnistías no son derogables porque producen el efecto del beneficio proreo que está en la Constitución.

"Cosa totalmente distinta es señalar que determinados delitos de lesa humanidad tendrán el carácter de imprescriptibles. Eso dice relación con una adecuación de nuestra legislación interna al Tratado Penal Internacional de Roma, que se hace necesario hacer dentro de nuestra legislación interna para efectos de poder otorgar la ratificación", señaló.

Agregó que "yo sí soy partidario que los delitos de Lesa Humanidad tengan el carácter de imprescriptibles en la perspectiva que esta es una adecuación al Tratado de Roma y evidentemente que no va a producir efectos hacia atrás, porque la ley penal solo rige hacia delante".

Consultado como votaría el proyecto en Sala, el senador Chadwick señaló que "en este entendido (votaría) favorablemente, porque considero que los delitos de Lesa Humanidad deben ser susceptibles de ser perseguidos, cualquiera sea su circunstancia y tiempo en que éstos hayan ocurridos".

Agregó que "no me imagino alguien que piense que un delito de Lesa Humanidad, genocidio, delitos de tortura y de sufrimientos atroces, puedan quedar de alguna manera amparaos por una situación de prescripción, porque son delitos que la conciencia humanitaria del mundo considera como gravísimos y cuya posibilidad de poder ser fiscalizados y sancionados no dependen de la circunstancia de una investigación sino que dependen de circunstancias políticas o de poder y por tanto, tienen que tener un tratamiento especial".


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Brasil-operacion condor - Prisión domiciliaria para un uruguayo preso en Brasil por la Operación Cóndor 19-12-2008

brasil-operacion condor 19-12-2008

Prisión domiciliaria para un uruguayo preso en Brasil por la Operación Cóndor

La máxima corte de Justicia de Brasil concedió hoy prisión domiciliaria al mayor retirado uruguayo Manuel Juan Cordero Piacentini, acusado de participar en la 'Operación Cóndor', la coordinación de la represión por parte de las dictaduras suramericanas en los años 70.El Supremo Tribunal Federal, que estudia una petición de extradición del uruguayo presentada por Argentina, decidió que Cordero Piacentini podrá permanecer en su casa después de que sea sometido a una delicada cirugía cardiovascular.Este beneficio le fue concedido por decisión unánime de los magistrados del Tribunal, informó dicha corte en su página en internet.El coronel retirado, acusado de violaciones de derechos humanos tanto en Uruguay como en Argentina, está preso en Brasil desde febrero de 2007, cuando las autoridades uruguayas comunicaron a las brasileñas que estaba escondido en Santana do Livramento, ciudad brasileña separada de la uruguaya de Rivera por sólo una avenida.Según el magistrado Marco Aurelio Mello, relator del proceso, por la edad avanzada del militar retirado, 70 años, es 'razonable' que se recupere de la cirugía en su casa.El tribunal, sin embargo, determinó que Cordero Piacentini entregue su pasaporte a la Policía Federal brasileña y se comprometa a permanecer en Brasil y a 'confiar en la jurisdicción brasileña hasta el final' del procedimiento sobre la extradición.El militar, casado hace 32 años con una brasileña, está acusado de la desaparición de 10 personas y del secuestro del bebé después conocido como Aníbal Armando Parodi durante la Operación Cóndor, así como de 32 casos de torturas contra detenidos en 1976 en un centro clandestino en Argentina, según el Supremo Tribunal brasileño.Tanto Argentina como Uruguay pidieron la extradición de Cordero Piacentini, pero la máxima corte brasileña rechazó la petición uruguaya porque los crímenes eran los mismos y ocurrieron en territorio argentino.Entre los magistrados que ya presentaron su voto, la mayoría se opone a la extradición por considerar que los crímenes ya prescribieron.
RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOS
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"En el caso del Plan Cóndor lo que se necesita, son condenas", dijo el juez Montenegro

La Justicia Federal argentina reiteró a Brasil pedido de extradición del torturador Cordero

El magistrado argentino aguarda la decisión del Supremo Tribunal Federal de Brasil. Durante la represión de las dictaduras, Cordero aparece como oficial jerárquico encargado de interrogatorios bajo tortura y coordinador de la información con otras agencias de inteligencia, que operaban en distintos países de la región.

ROGER RODRIGUEZ, rogerrodriguez@adinet.com.uy / ENVIADO A BUENOS AIRES
El coronel Cordero vuelve a eludir a la Justicia, oculto en alguna parte de Brasil.
El juez federal argentino Guillermo Montenegro reiteró ante las autoridades de Brasil un pedido de extradición contra el prófugo coronel uruguayo Manuel Cordero, quien huyó a Porto Alegre a fines de 2004, para juzgarlo por su participación en la coordinación represiva conocida como el Plan Cóndor.
Montenegro había realizado un primer pedido de extradición a mediados de 2005, semanas después de que se confirmara que el militar uruguayo se había refugiado en Santana de Livramento, para evitar comparecer ante un juez uruguayo que le juzgaba por un caso de "desacato".
Cordero había cometido un delito de "desacato con ofensa" contra el juez José Balcaldi quien le había abierto una causa por apología de la tortura ante declaraciones al semanario Búsqueda en las que el ex represor había reivindicado los malos tratos en los años de la dictadura militar.
El magistrado argentino está a cargo de la indagatoria sobre la coordinación represiva que los regímenes militares de Argentina, Chile, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay realizaron en los años setenta, provocando la tortura, la muerte o la desaparición de miles de civiles considerados "subversivos".
La extradición de Cordero viene siendo estudiada por el Supremo Tribunal Federal de Brasil, donde ya se le ha negado al militar uruguayo tres pedidos de "hábeas corpus", una solicitud de "refugio" y un trámite de protección conocido como "mandato de segurança", entre otras medidas dilatorias.

"Se necesitan condenas"
En su despacho del Juzgado Federal de 6º Turno, ubicado en el cuarto piso de la sede de justicia de la avenida Comodoro Py, cercana a la Estación Retiro, el juez Guillermo Montenegro se encontraba preparando un interrogatorio sobre el ex presidente argentino Carlos Menem.
Pese a mantener un bajo perfil mediático -"no me gusta andar haciendo declaraciones", explica- aceptó recibir a LA REPUBLICA para dialogar brevemente sobre la situación del prófugo coronel Cordero y las instancias que restan para pasar a una etapa de definiciones sobre el Caso Cóndor.
"El juzgado ha estado atento al proceso sobre la extradición del señor Cordero, que se realiza en el Supremo Tribunal Federal de Brasil. Hemos aportado todo lo requerido y hasta reiteramos nuestra solicitud de extradición, por lo cual solo podemos esperar la definición judicial", expresó.
Montenegro considera que todo lo que se podía indagar sobre la coordinación represiva de las dictaduras militares se ha hecho. Miles de fojas se amontonan desde que el caso se inició durante el gobierno de Raúl Alfonsín y pasó por varios juzgados federales antes de llegar a sus manos.
"En el caso del Plan Cóndor lo que se necesita, son condenas. Sabemos lo que pasó y quiénes fueron muchos de los responsables, pero se debe comenzar por casos específicos y puntuales que configuren delitos sobre los que se puede actuar a treinta años de los hechos", agregó.

Las plumas uruguayas
En la estrategia de Montenegro, la indagatoria sobre militares uruguayos que actuaron en Buenos Aires a mediados de los setenta cobra particular importancia, ya que existe el testimonio de una veintena de sobrevivientes de aquellos secuestros, traslados ilegales y desaparición temporal.
Durante el Plan Cóndor, el coronel retirado Manuel Cordero, era uno de los oficiales jerárquicos del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA), e integraba el Servicio de Información y Defensa (SID), además de actuar en el centro de torturas "300 Carlos" .
Los testimonios en el voluminoso expediente a estudio de Montenegro colocan a Cordero como oficial encargado de los interrogatorios bajo tortura, particularmente en las acciones represivas contra uruguayos secuestrados en el centro clandestino Automotores Orletti en Buenos Aires.
Diversos documentos desclasificados evidencia que las informaciones extraídas en la tortura a los detenidos luego era compartida con oficiales de otros países a través de las respectivas agencias de inteligencia, que realizaban operaciones conjuntas dentro y fuera de sus países.
Fuentes allegadas, indicaron que Montenegro -quien ahora se centra en el caso de soborno de la empresa francesa Thales Spectrum, donde aparece implicado Menem- pretende abrir este año los juicios públicos contra los represores de la región, al cumplirse 30 años del golpe de Estado argentino. *
http://www.larepublica.com.uy/politica/208671-la-justicia-federal-argentina-reitero-a-brasil-pedido-de-extradicion-del-torturadorcordero


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Caso Berríos: adelantaron extradición por amenazas a jerarcas

El Poder Ejecutivo decidió adelantar la extradición a Chile de los tres militares implicados enel caso del asesinato del químico chileno Eugenio Berríos motivado por la preocupación que generó el atentado que sufrió el juez que llevó la causa y en amenazas recibidas por miembros del gobierno.

El domingo, el juez Gustavo Mirabal, encargado de la causa en Uruguay, caminaba por la rambla cuando, a la altura del Buceo, le dispararon. Mirabal dictó una

sentencia en 2004, en primera instancia, que permitió la extradición de los tres militares.
La bala pasó a 50 centímetros de su cabeza, informó Subrayado y confirmó Índice 810 a través de la Suprema Corte de Justicia. Mirabal ahora tiene custodia policial.

Inmediatamente, el magistrado radicó la denuncia policial y judicial. Ahora, el caso está a cargo del juez Rolando Vomero.También fueron amenazados el secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, y la vicecanciller Belela Herrera.Las repercusiones a nivel político no demoraron.

El ex presidente Luis Alberto Lacalle condenó el hecho y dijo que "por mal camino" va el país "si se comienza a discrepar de esta forma". Además, afirmó que ese tipo de amenazas "ya las vio".

Comenzaron los interrogatorios a los militares extraditados a Chile

El juez chileno Alejandro Madrid, que investiga el secuestro y asesinato en Uruguay del químico de la DINA Eugenio Berríos, inició hoy los interrogatorios a los tres militares uruguayos extraditados por su vinculación con el caso.

El magistrado comenzó las diligencias en la Escuela de Oficiales de Gendarmería, donde está recluido el coronel Tomás Casella, el mismo centro de detención donde permanece desde hace cinco meses el ex presidente peruano Alberto Fujimori.

En el transcurso de la jornada, el magistrado planea interrogar al capitán Eduardo Radaelli en el Batallón de Policía Militar de Peñalolén, al sureste de Santiago, y al coronel Wellington Sarli en el Regimiento Granaderos de San Bernardo, 20 kilómetros al sur de la capital chilena.
Los tres oficiales uruguayos que fueron trasladados ayer en Santiago, ya fueron procesados en Chile, en rebeldía, por su presunta colaboración con militares chilenos en el secuestro de Berríos, quien desapareció en Uruguay en noviembre de 1992 y cuyo cadáver fue hallado en abril de 1995 en la playa de El Pinar.

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"No hay ningún tipo de recurso que pueda presentar la defensa que permita dilatar ese procesamiento" Para Martínez Burlé, es inminente el procesamiento de Bordaberry

El procesamiento del dictador Bordaberry parece ser inminente.
El ex presidente Juan María Bordaberry deberá comparecer ante la Justicia, probablemente en esta semana, por dos expedientes judiciales: uno por el golpe de Estado de 1973, y otro por las violaciones a los derechos humanos durante el transcurso de su gobierno, lo que motivaría la citación. La abogada Hebe Martínez Burlé supone que la fiscal Ana Telechea va a solicitar el procesamiento de inmediato, porque el golpe de Estado no necesita prueba, es un hecho notorio, dijo ayer a LA REPUBLICA.

La jueza Graciela Gatti, que está a cargo de la causa, deberá citar a Bordaberry, ante las denuncias efectuadas contra el golpista, luego que el Tribunal de Apelaciones y la Suprema Corte de Justicia rechazara la resolución de la jueza Fanny Canessa (que estuviera anteriormente en el caso), de que "era cosa juzgada y que había prescripción."

También se solicitó la investigación de todas las desapariciones, muertes, torturas y secuestros e ilícitos económicos cometidos en su período. La abogada dijo que "para demostrar que hubo golpe de Estado no se necesitan pruebas, si se precisan testigos iremos tres millones a declarar."

Dijo que en este caso no hay ningún tipo de recurso que pueda presentar la defensa de Bordaberry que permita dilatar ese procesamiento, "pues ya fueron presentados, a mi gusto, a destiempo, pero ya hay posición, no sólo en el Tribunal de Apelaciones, sino también en la Suprema Corte de Justicia." Con respecto a la denuncia por el golpe de Estado, Bordaberry debe ser preguntado si firmó el decreto de disolución de las cámaras, si llamó a elecciones.

En la otra acusación, va a requerir investigación y trabajo profundo, "porque es mucho lo que se denuncia".

Martínez Burlé señaló que Bordaberry jamás compareció ante la causa ni fue citado a declarar. Sostuvo que su defensa no tiene ningún recurso que presentar hasta tanto la Justicia no resuelva su procesamiento. *

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Se cumplen 32 años de la masacre de Brazo Oriental

Hoy 21 de abril, se cumplen 32 años de los violentos hechos que se produjeron en el barrio Brazo Oriental, y que derivaron en los asesinatos de Silvia Reyes, Laura Raggio y Diana Maidanick por parte de las Fuerzas Conjuntas.

Esta causa, cuyo expediente se presentó ante el Juez en lo Penal de 8º Turno, Pablo Eguren, continuará con la presentación de más testigos. La causa fue abierta por los hermanos de Raggio, y las madres de Reyes y Maidanick. Hasta el momento han atestiguado Estela Reyes, hermana de Silvia; Jaqueline Barrios, cuñada de Silvia y hermana del tupamaro desaparecido Washington Barrios (cuyo expediente, aunque comparte testigos e indagados, corresponde a una causa distinta); e Hilda Fernández de Barrios, madre de Washington.

Además atestiguaron aproximadamente 6 vecinos, que presenciaron los hechos, cuyos nombres se mantienen en reserva.

En calidad de indagados fueron citados José "Nino" Gavazzo, Jorge "Pajarito" Silveira, Armando Méndez, Juan Modesto Rebollo y Manuel Cordero. Este último jamás se presentó; como es de público conocimiento continúa prófugo de la Justicia, presuntamente en Brasil. Los denunciantes pretenden echar luz sobre la brutalidad de los asesinatos. Según los certificados oficiales de los médicos forenses de la época, firmados por el Dr. José Mautone, la causa de la muerte es "herida de bala". La totalidad de los testigos sin embargo sostienen que las jóvenes fueron ametralladas, siendo impactadas por decenas de balas.

Hilda Fernández describió los hechos: "Las asesinaron detrás de la puerta del comedor, en un rincón, y hubieron 140 tiros, que luego fueron contabilizados por mi otro hijo y mi esposo" Habría además, más presunciones, ya que según Estela Reyes, víctima de brutales agresiones aquella noche, y posterior detención, identifica claramente a los responsables, así como otros testigos, aseguran, que además de la responsabilidad en los asesinatos y en la posterior desaparición de Washington Barrios, los ex militares "robaron todo en el apartamento". Claro está, se refiere al domicilio de Silvia Reyes, asesinada junto a Laura Raggio y Diana Maidanick, hace 32 años. *

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"En el caso del Plan Cóndor lo que se necesita, son condenas", dijo el juez Montenegro La Justicia Federal argentina reiteró a Brasil pedido de extradición del torturador Cordero

El magistrado argentino aguarda la decisión del Supremo Tribunal Federal de Brasil. Durante la represión de las dictaduras, Cordero aparece como oficial jerárquico encargado de interrogatorios bajo tortura y coordinador de la información con otras agencias de inteligencia, que operaban en distintos países de la región.

ROGER RODRIGUEZ, rogerrodriguez

El coronel Cordero vuelve a eludir a la Justicia, oculto en alguna parte de Brasil.
El juez federal argentino Guillermo Montenegro reiteró ante las autoridades de Brasil un pedido de extradición contra el prófugo coronel uruguayo Manuel Cordero, quien huyó a Porto Alegre a fines de 2004, para juzgarlo por su participación en la coordinación represiva conocida como el Plan Cóndor.

Montenegro había realizado un primer pedido de extradición a mediados de 2005, semanas después de que se confirmara que el militar uruguayo se había refugiado en Santana de Livramento, para evitar comparecer ante un juez uruguayo que le juzgaba por un caso de "desacato".

Cordero había cometido un delito de "desacato con ofensa" contra el juez José Balcaldi quien le había abierto una causa por apología de la tortura ante declaraciones al semanario Búsqueda en las que el ex represor había reivindicado los malos tratos en los años de la dictadura militar.

El magistrado argentino está a cargo de la indagatoria sobre la coordinación represiva que los regímenes militares de Argentina, Chile, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay realizaron en los años setenta, provocando la tortura, la muerte o la desaparición de miles de civiles considerados "subversivos".

La extradición de Cordero viene siendo estudiada por el Supremo Tribunal Federal de Brasil, donde ya se le ha negado al militar uruguayo tres pedidos de "hábeas corpus", una solicitud de "refugio" y un trámite de protección conocido como "mandato de segurança", entre otras medidas dilatorias.

"Se necesitan condenas"

En su despacho del Juzgado Federal de 6º Turno, ubicado en el cuarto piso de la sede de justicia de la avenida Comodoro Py, cercana a la Estación Retiro, el juez Guillermo Montenegro se encontraba preparando un interrogatorio sobre el ex presidente argentino Carlos Menem.
Pese a mantener un bajo perfil mediático -"no me gusta andar haciendo declaraciones", explica- aceptó recibir a LA REPUBLICA para dialogar brevemente sobre la situación del prófugo coronel Cordero y las instancias que restan para pasar a una etapa de definiciones sobre el Caso Cóndor. "El juzgado ha estado atento al proceso sobre la extradición del señor Cordero, que se realiza en el Supremo Tribunal Federal de Brasil. Hemos aportado todo lo requerido y hasta reiteramos nuestra solicitud de extradición, por lo cual solo podemos esperar la definición judicial", expresó.
Montenegro considera que todo lo que se podía indagar sobre la coordinación represiva de las dictaduras militares se ha hecho. Miles de fojas se amontonan desde que el caso se inició durante el gobierno de Raúl Alfonsín y pasó por varios juzgados federales antes de llegar a sus manos. "En el caso del Plan Cóndor lo que se necesita, son condenas. Sabemos lo que pasó y quiénes fueron muchos de los responsables, pero se debe comenzar por casos específicos y puntuales que configuren delitos sobre los que se puede actuar a treinta años de los hechos", agregó.

Las plumas uruguayas

En la estrategia de Montenegro, la indagatoria sobre militares uruguayos que actuaron en Buenos Aires a mediados de los setenta cobra particular importancia, ya que existe el testimonio de una veintena de sobrevivientes de aquellos secuestros, traslados ilegales y desaparición temporal.
Durante el Plan Cóndor, el coronel retirado Manuel Cordero, era uno de los oficiales jerárquicos del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA), e integraba el Servicio de Información y Defensa (SID), además de actuar en el centro de torturas "300 Carlos" .

Los testimonios en el voluminoso expediente a estudio de Montenegro colocan a Cordero como oficial encargado de los interrogatorios bajo tortura, particularmente en las acciones represivas contra uruguayos secuestrados en el centro clandestino Automotores Orletti en Buenos Aires. Diversos documentos desclasificados evidencia que las informaciones extraídas en la tortura a los detenidos luego era compartida con oficiales de otros países a través de las respectivas agencias de inteligencia, que realizaban operaciones conjuntas dentro y fuera de sus países.

Fuentes allegadas, indicaron que Montenegro -quien ahora se centra en el caso de soborno de la empresa francesa Thales Spectrum, donde aparece implicado Menem- pretende abrir este año los juicios públicos contra los represores de la región, al cumplirse 30 años del golpe de Estado argentino


http://www.uruguayosencatalunya.com/modules.php?name=News&file=article&sid=626

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Comando Unitario de ex Prisioneros Políticos propuso a la Comisión de Derechos Humanos una nueva ley de reparación 18-12-08




Valparaíso 18/12/2008 Departamento de Prensa

Comando Unitario de ex Prisioneros Políticos propuso a la Comisión de Derechos Humanos una nueva ley de reparación

http://www.senado.cl/prontus_galeria_noticias/site/artic/20081218/pags/20081218115649.html

La entidad expuso ante los senadores y les entregó un documento de 12 puntos en los que solicitan la reapertura de la calificación para las personas que sufrieron prisión política y tortura.

Una propuesta para una nueva ley de reparación de carácter general, que aborde los temas que no se consideraron en las legislaciones anteriores, entregó el Comando Unitario de ex Prisioneros Políticos y Familiares de Chile, a la Comisión de Derechos Humanos del Senado.

Así lo informó el integrante de esa instancia legislativa, senador Nelson Ávila, tras señalar que dicha agrupación "está impulsando el envío por parte del Ejecutivo de un nuevo proyecto que aborde todos los temas que la ley anterior dejó por fuera y que les creó diversas dificultades".

Tras recibir en audiencia a Nelson Aramburu, de la Coordinadora Nacional de ex Presos Políticos; a Víctor Cuevas, de la Agrupación Nacional de ex Presos Políticos de Chile; a Manuel Jiménez, de la Brigada Nacional de ex Prisioneros Políticos; a Haydee Oberreuter, de Familiares de ex Prisioneros Políticos Fallecidos y a Mario Artigas de la Coordinadora de ex Presos Políticos, la Comisión acordó oficiar al Ejecutivo para conocer mayores antecedentes sobre la materia.

"El acuerdo que adoptamos en la Comisión de Derechos Humanos es oficiar al Ministro Secretario General de Gobierno, Francisco Vidal, que es quien fue encargado por la Presidenta para ocuparse de estos temas, a los efectos de que informe en qué estado se encuentra el proyecto que prometió el gobierno", explicó el senador Ávila.

DOCE MEDIDAS

La propuesta que entregó esta agrupación a la Comisión apunta a la dictación de una nueva ley de reparación de carácter general "que se funde en criterios de inclusividad, de no discriminación y dé garantías de no repetición de las graves violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en el país".

Agregan que el entorno familiar de una víctima de delitos de lesa humanidad, fallecida o sobreviviente, es considerado afectado directo por el derecho internacional.

En lo fundamental, solicitan la reapertura de la calificación para las personas que sufrieron prisión política y tortura; y eliminar la incompatibilidad de la pensión por prisión política y tortura con la pensión de exonerados y cualquier otra pensión.

Asimismo, plantean una pensión reparatoria de un monto en concordancia con las recomendaciones hechas por la Comisión de Prisión Política y Tortura; la heredabilidad de la pensión, vitalicia y de un 100%; la extensión del beneficio educacional a los hijos y que estas becas puedan ser transmisibles a sus hijos.

El Comando Unitario de ex Prisioneros Políticos y Familiares de Chile también solicita la reparación por prisión política; la calificación de todos los menores privados de libertad con o sin sus padres; establecer por ley la facultad del Programa de derechos Humanos del Ministerio del Interior, para apoyar jurídicamente la presentación de querellas por prisión política y tortura.

La instancia solicita además incorporar las normas técnicas del Programa Prais a la ley de reparación; otorgar el subsidio máximo de la ley a las y los calificados que no hayan accedido a vivienda a través del subsidio estatal; derogar el artículo que impone 50 años de silencio a los testimonios de los ex prisioneros políticos y declarar el 26 de junio como el Día Nacional contra la Prisión Política y la Tortura.

http://www.senado.cl/prontus_galeria_noticias/site/artic/20081218/pags/20081218115649.html

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SIETE AÑOS DEL ESTALLIDO SOCIAL DEL 19 Y 20 DE DICIEMBRE, UN TESTIGO CUENTA COMO LO HIRIERON Y LOS CRIMENES QUE VIO 21-12-08

A SIETE AÑOS DEL ESTALLIDO SOCIAL DEL 19 Y 20 DE DICIEMBRE, UN TESTIGO CUENTA COMO LO HIRIERON Y LOS CRIMENES QUE VIO
“Mataron gente a mi lado y no hay culpables”


Damián Aquino sufrió la represión en los alrededores de Plaza de Mayo. A su lado fue asesinado Gustavo Benedetto y lo hirieron “con la misma ráfaga que mató a Diego Lamagna”. Hoy reclama que se condene a los responsables y dice que está dispuesto a declarar.

Por Adriana Meyer

El 20 de diciembre de 2001 lo balearon dos veces y presenció tres de los cinco asesinatos de la feroz represión policial con que el gobierno de la Alianza en retirada intentó apagar la rebelión popular. “Desde el que dio la orden hasta el que pensó que ese día tenía plomo libre, todos tienen que ir presos”, dice Damián Aquino. Su trabajo era disfrazarse de Papá Noel en una campaña de recolección de juguetes para chicos pobres, pero ese día la actividad había sido suspendida y, cuando volvía a su casa, quedó en medio de los gases y las corridas, hasta que lo hirieron en la pierna “con la misma ráfaga que mató a Diego Lamagna”. Sobrevivió para contarlo y confiesa que se fortaleció para las nuevas pruebas que tuvo que afrontar.

Aquino es alto y corpulento, tiene 33 años y vive en Lanús desde siempre. Jugó al basquet y al rugby, y aunque dice que no es futbolero se define hincha del equipo granate, “a muerte”. Tiene dos hermanos varones, es profesor de inglés y organiza eventos en un salón de fiestas. En abril del año pasado, mientras trabajaba en un boliche, le pegaron cinco tiros durante una discusión con un cliente. “Estos no eran de la cana, además ya me agarraron más fuerte, sólo me preocupaba quedar con algún daño físico, pero mentalmente estaba preparado para tomarlo como algo más de la vida”, dice, y muestra las cicatrices en distintas partes de su cuerpo. Mientras se estaba reponiendo, lo invitaron a participar de un reality show de supervivencia. “Después de siete tiros y de sobrevivir, ¿cómo no voy a ir? Me anoté, era el programa El Conquistador del Fin del Mundo, y quedé cuarto”, cuenta. No fue su única participación televisiva. “Una cosa lleva a la otra, así que me ofrecieron entrar al programa Cuestión de peso. Me ayudaron a bajar 30 kilos, pero ahora ya está, basta de medios, quiero seguir con mi vida”, dice a Página/12.
Esa fortaleza vino después del tratamiento psicológico que debió hacer porque el trauma de la masacre que vivió en 2001 lo llevó a encerrarse tres meses, con fobias, ataques de pánico y depresión. “Nadie jamás de ningún organismo oficial se acercó a ofrecerme ayuda. Son muchas las broncas que tengo guardadas y no me quiero callar más”, escribió en una carta que envió a este diario. “Ustedes siguieron la causa, los demás escriben una columnita para el aniversario”, explica.

–¿Por qué el 20 de diciembre terminaste en medio de los tiros?

–Estaba trabajando en una campaña de Coca-Cola para una empresa que me había contratado. Tenía que hacer de Papá Noel, doy el tipo porque soy blanco y gordito, en un puesto frente a ATC y las promotoras pedían un alimento o un juguete a cambio de una foto conmigo disfrazado. Me encantan los chicos, tengo una ahijada, es algo que disfruto. Mientras iba hacia allá, vi que por la 9 de Julio había disturbios, gases lacrimógenos. Cuando llegué, me dijeron que se suspendía todo por el clima de saqueos. Cuando volvía a mi casa pasé de nuevo por la 9 de Julio y ahí empezó todo.

–¿Tenías claro que había una protesta?

–No tenía pensado ir a protestar. Cuando llego a 9 de Julio y Avenida de Mayo era tanto el lío que varios policías motorizados y a caballo me tiraron de la moto al pasar. Era una moto grande, chopera y el calor del caño de escape me quemó la pierna. Era un ida y vuelta de gente que corría, un caos, un avanzar con piedras y retroceder por las balas. Venían oleadas de policías en moto, en patrulleros y de a pie. La policía tiraba y los manifestantes trataban de avanzar o de volver. Ahí era tanta la bronca que me quedé. Había gente de camisa y corbata, chicas, señoras, y me indignó mucho ver cómo la policía le pegaba a la gente que pasaba caminando.

–¿Cómo fue que te hirieron?

–Cuando volví a casa no sabía que tenía un perdigón, después me enteré de que estaba a dos centímetros de la arteria. Ninguno de los dos tiros me sangró. Después el médico me dijo que, como jugué al rugby, tengo mucha masa muscular que ayudó a absorber el impacto. Me acuerdo que cuando me pegaron el perdigón de plomo en la cara interna del muslo izquierdo, que pensé que era de goma, cae al lado mío un muchacho flaquito en cueros, con un disparo en el cuello. En la tapa de Clarín del 21 de diciembre estoy al lado de Diego Lamagna, porque la misma ráfaga que me pega a mí a él le da en el cuello, cae y muere. Vino la ambulancia, lo intentan reanimar, y la policía seguía pegando. Un muchacho venía en una moto y lo veo que cae porque uno de los policías venía corriendo y tirando para atrás. Se estaba ahogando tirado en el piso. Las ambulancias no entraban a Avenida de Mayo, lo llevaron entre varios. Nunca me voy a olvidar que a un manifestante se le tiró un policía en moto y, mientras otro le pegaba, el de la moto lo aplastaba intentando quemarlo con el motor, al lado de la boca del subte.

–¿Qué pasó después?

–Había ratos de tranquilidad, mientras la policía daba la vuelta y recargaba. Ya en ese momento tenía una bronca terrible, quería comerme un policía crudo, no sabía ni dónde había dejado la moto, y pensé “me voy a Plaza de Mayo, algo hay que hacer”. Lo que vi ese día no me lo voy a olvidar jamás. Cuando la gente logró avanzar llegamos hasta la esquina del (banco) HSBC. Estoy en las filmaciones, mi anatomía es muy visible. Un grupo de manifestantes le estaba pegando al vidrio y, después de unos segundos, entraron a salir balas, era increíble cómo se agujereó ese vidrio. Empezamos a correr hacia la Plaza y en eso escucho un muchacho que grita “ay”. Cuando miro, tenía la cabeza reventada, después me entero de que era (Gustavo) Benedetto. A esa altura todo era surrealista, yo decía “esto es una guerra, se fue todo a la mierda”. En mi vida pensé que iba a ver eso, no sabía en qué terminaba, “nos van a matar a todos”, pensé. Ese día aprendí que no hay que mojarse la cara con los gases porque es peor. Y, cuando me estaba yendo, siento el segundo impacto, que me entra por afuera de la pierna. Me tira y ahí sí supe que era un balazo porque me tocaba y sentía el agujero en la carne. En la ecografía salió que tengo dos centímetros de plomo adentro, el otro es más chico. Entre los manifestantes nos ayudábamos a levantarnos y seguir, la policía seguía pegando y tirando gases, te pasaban con las motos por encima. Encontré mi moto, arrancó y me fui a atender en el Hospital Vecinal de Lanús, acá están los certificados (los muestra).

–¿Cómo siguió su vida?

–Pasaron las Fiestas, ese año sin fiesta. Al principio no me caía la ficha. Luego me empecé a plantear por qué pasan estas cosas... A esta gente no le importó la vida de nadie y no había nadie preso. Fue decir “salgan y maten”, como cuando alguien suelta a un rottweiller y le dice “atacá”. Después me enteré que en el país había habido más muertos. Me preguntaba quién dio la orden, porque fue como una zona liberada. Con el tiempo dijeron que pasaba un auto blanco, en ningún momento vi eso. Fue la policía la que tiraba, yo lo vi, a mí no me lo cuenta nadie. No sé si de tanto ver las imágenes o por lo cerca que estuve de que a mí me peguen un tiro y quedarme seco empecé a tener ataques de pánico. Me creía que era fuerte porque había jugado al rugby, hasta que me vi el agujero en la pierna. Cerré toda mi casa, empecé a pensar en que había algo detrás de todo esto, que la policía me iba a venir a buscar porque aparecí en las filmaciones. Me acosté y me temblaba el cuerpo, sentía golpes como de electricidad, como un ataque cardíaco. Tuve varios ataques, dejé de salir a la calle, suspendí las clases con alumnos de inglés, no veía a mis amigos, ni a mi familia. Fueron tres meses encerrado. Cuando me di cuenta de que estaba afectando a mis padres, intenté reponerme y pedí ayuda psicológica. En el Vecinal de Lanús empecé un tratamiento. Tenía trastorno de ansiedad y pánico, estrés postraumático y depresión. La doctora María Bruno me ayudó muchísimo. La primera consulta llegué llorando, tenía miedo a la gente, mi mamá también lloraba y ella nos calmó.

–¿Cómo fue que decidió ir a declarar?

–En forma voluntaria cuando vi a la hermana de Lamagna por televisión pidiendo testigos de lo que había pasado, en el noticiero de Canal 9. En ese momento no tenía un mango, tuve que vender la moto, me acuerdo que (el ex presidente Néstor) Kirchner mandó al Congreso un proyecto de ley de indemnizaciones pero los diputados no la aprobaron, querían incluir, y bien está, a Kosteki y Santillán. Pero no me interesa la plata, quiero ver a estos tipos presos, a (el oficial Víctor) Belloni preso, al que le dio la orden, que no sé si fue (Enrique) Mathov o (Rubén) Santos, porque (Fernando) De la Rúa a esa altura no podía decidir ni lo que comía al mediodía. Quiero ver preso al tipo que me pegó los tiros, al que mató a Lamagna, a los 37 muertos. La indemnización no me importa.

–¿En ese momento necesitó la ayuda?

–Claro, una asistente social o una psicóloga en mi casa. Recibí ayuda del Estado, pero porque fui al Vecinal de Lanús no porque me la hayan ofrecido. Nunca le vi la cara ni a (la jueza María) Servini de Cubría, ni a Comparatore (Luis, fiscal). Al único que vi fue a Evers (Patricio, también fiscal) y al abogado de la policía que me basureó y menospreció cuando declaré.

–Ahora que Santos y Mathov van a juicio, ¿va a declarar de nuevo?

–No tengo problema. Me gustaría preguntarles por qué se tiran la pelota uno a otro. Había un estado de sitio, ok. Pero hubo una orden de que nadie pise la Plaza de Mayo, ¿quién dio esa orden? ¿Tenían miedo que copen la Casa Rosada? Los gases que tiraron estaban vencidos desde hacía diez años, pero lo grave es que nos tiraron con plomo. Entonces, desde el que dio la orden para abajo que vayan todos presos. Si es para hacer justicia, estoy dispuesto a volver a declarar. Los que tomaron la causa dijeron que iban a reconstruir todo, pero nunca me llamaron.

–¿Pudo rearmar su vida?

–A pesar de todo el trauma, la vida sigue. Quizá lo del 20 de diciembre sirvió para que luego, con lo de Kosteki y Santillán, haya alguien preso. Yo no estoy ni del lado de la protesta sin sentido ni del lado de las fuerzas policiales que tiran con balas de plomo cuando no deberían. No quiero la anarquía ni el régimen militar. Yo iba a trabajar, me pegaron dos tiros, mataron gente a mi lado y no hay ningún culpable.

–¿Hay algo que no le haya preguntado?

–No, tan sólo quiero decir que me hubiera gustado conocer a la familia de Lamagna, y de quienes fueron asesinados cerca mío. Eso me quedó pendiente.
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Los que (no) se fueron y lo que quedó

Por Eduardo Grüner *




¿Un “balance”, a siete años, del significado del 19/20 de diciembre? La empresa es enormemente compleja, no sólo porque ese acontecimiento, en sí mismo, lo es –no basta celebrar esas celebrables jornadas de lucha para realmente “comprenderlas”–, sino porque, desde luego, su carácter de condensación sintomática de la historia de los 20 años anteriores compromete muchísimo más que esa “coyuntura”. En estos días en que se recuerda casi simultáneamente el colapso del 2001 y el cumplimiento de un cuarto de siglo desde el “retorno” de la democracia, no ha habido muchos análisis sobre la relación entre ambos sucesos. Quiero decir: ¿qué tipo de “retorno democrático”, en 1983, se vincula –con todas las mediaciones del caso– con el (necesariamente) frustrado “que se vayan todos” de 2001? El incondicional festejo por aquel “retorno” (vacilo, ya se verá por qué, en llamarlo “recuperación”) democrático no debería, sin embargo, impedirnos el examen crítico de las condiciones objetivas de esa bienvenida “primavera”. No tenemos espacio aquí más que para una esquemática taquigrafía, pero no estaría mal ensayarla. En primer lugar –esto se ha dicho una y mil veces– las profundas transformaciones “neoliberales” de la economía y la sociedad argentinas –para garantizar las cuales se instaló la sangrienta dictadura militar– permanecieron intocadas, e incluso, en cierto sentido, se profundizaron en la década del menemato. Ese “proceso” (que en este sentido va de 1976 a 2001, y en lo esencial continúa) alteró sustantivamente la cultura política (y aun la “psicología social”) argentina. Contrariamente a lo que tanto se ha repetido, no es exacto que se hayan destruido los “lazos sociales”. Mucho peor (porque, como diría Foucault, el poder no sólo impide, sino que, sobre todo, produce), se re-inventaron esos lazos: la competencia salvaje, la guerra de todos contra todos, el individualismo posesivo, todo eso son “lazos sociales”.

Por otra parte –también se ha dicho hasta el hartazgo– la causa eficiente y más o menos inmediata de la caída del régimen militar fue su derrota en la guerra de Malvinas. Derrota militar (y sin duda también política, pero en un nivel meramente “superestructural”) y no derrota social. Más allá de la lucha por los derechos humanos y las múltiples y frecuentemente heroicas formas de resistencia, no fue la sociedad argentina la que volteó a la dictadura. La democracia, pues, no fue recuperada, mucho menos conquistada: cayó en las faldas de la sociedad, por así decir, y fuertemente condicionada, en situación de rehén de la ofensiva de derechización mundial que marcó sobre todo a las sociedades “periféricas” en las décadas del ’80 y ’90. Con ese tipo de democracia –-lo sabemos bien ahora– los sectores populares no comieron, no se educaron, no se curaron. Esta consigna en su momento célebre, sin embargo, fue una excelente metáfora de la ilusión que se había generado: que bastaba la reconstrucción de una “clase política” jurídicamente “democrática” para superar la catástrofe que también nos había “caído encima” con la dictadura. Una cosa era la economía, otra la sociedad, otra la cultura; pero lo que realmente importaba era la “política” (entendida como el mero juego formal, “procedimental”, de las instituciones): o sea, la famosa “fragmentación de las esferas de la experiencia” que Max Weber ya teorizaba a principios del siglo XX. Las aporías, las complejidades, el carácter enrevesadamente contradictorio de diciembre de 2001 son, en buena medida, el resultado de ese “mito” liberal. Con las honrosas excepciones de siempre, lo que se demandaba era “que se fueran” los políticos, pero no los empresarios, los terratenientes, los consejeros de la city, los grandes banqueros, los propietarios de los grandes medios, todos los que habían fogoneado de todas las maneras posibles esa situación que nos acercó al borde apocalíptico. Cuando se hablaba de la “crisis de representación” se quería decir la crisis de los representantes; mucho menos –nada, en verdad– se decía sobre la crisis de los (presuntos) representados: la crisis de toda una sociedad en la que ya se había hecho carne que la política es mero juego “representacional” (de otra manera, ¿para qué poner tanto el acento exclusivo en la “maldad” de los representantes?) y no activa participación popular en los asuntos de la polis. No es que, fragmentariamente, no haya habido también eso: ahí estuvieron las asambleas barriales, los piqueteros, las fábricas recuperadas. Y los muertos, claro. Pero el discurso dominante fue el que empezaba por aceptar como orden “natural” la brecha entre el espacio de lo económico-social y el estrictamente (es decir, estrechamente) “político”. Sobre el piso de esa aceptación, necesariamente el “que se vayan todos” tenía que fracasar (lo sabemos ahora, “con el diario del lunes”, como dicen los futboleros). Si no estaba radicalmente cuestionada esa lógica, lo máximo que podía pasar era que vinieran otros o que se quedaran los mismos con mayor o menor maquillaje. Lo que pasó fue una combinación de las dos cosas, y no es fácil –ni es el motivo de este artículo– evaluar cuánto hemos ganado en el cambio (cambio que sí existió, sería necio negarlo). Pero aun si muchos se fueron –en helicóptero o por cualquier otra puerta trasera– la lógica de la “base material” impuesta a sangre y fuego desde 1976 se quedó. Y es porque se quedó, tal vez, que puede explicarse la aparente paradoja de que –en las jornadas de “lucha campestre” que tuvimos que sufrir este año– fue la derecha (estoy abreviando, se entiende) la que supo “reciclar” para sus propios objetivos los métodos, vaciados del contenido originario, de aquellos movimientos del 2001 que sí habían entendido que la cuestión de fondo no era la “representación” sino la recreación de otras formas de pensar y actuar lo político, en las cuales la acción colectiva reintegre la “representación” a la disputa por la calle y los símbolos. Ojalá, a siete años, hayamos aprendido la lección.

* Sociólogo, profesor de Teoría Política (UBA).
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