brasil-operacion condor 19-12-2008
Prisión domiciliaria para un uruguayo preso en Brasil por la Operación Cóndor
La máxima corte de Justicia de Brasil concedió hoy prisión domiciliaria al mayor retirado uruguayo Manuel Juan Cordero Piacentini, acusado de participar en la 'Operación Cóndor', la coordinación de la represión por parte de las dictaduras suramericanas en los años 70.El Supremo Tribunal Federal, que estudia una petición de extradición del uruguayo presentada por Argentina, decidió que Cordero Piacentini podrá permanecer en su casa después de que sea sometido a una delicada cirugía cardiovascular.Este beneficio le fue concedido por decisión unánime de los magistrados del Tribunal, informó dicha corte en su página en internet.El coronel retirado, acusado de violaciones de derechos humanos tanto en Uruguay como en Argentina, está preso en Brasil desde febrero de 2007, cuando las autoridades uruguayas comunicaron a las brasileñas que estaba escondido en Santana do Livramento, ciudad brasileña separada de la uruguaya de Rivera por sólo una avenida.Según el magistrado Marco Aurelio Mello, relator del proceso, por la edad avanzada del militar retirado, 70 años, es 'razonable' que se recupere de la cirugía en su casa.El tribunal, sin embargo, determinó que Cordero Piacentini entregue su pasaporte a la Policía Federal brasileña y se comprometa a permanecer en Brasil y a 'confiar en la jurisdicción brasileña hasta el final' del procedimiento sobre la extradición.El militar, casado hace 32 años con una brasileña, está acusado de la desaparición de 10 personas y del secuestro del bebé después conocido como Aníbal Armando Parodi durante la Operación Cóndor, así como de 32 casos de torturas contra detenidos en 1976 en un centro clandestino en Argentina, según el Supremo Tribunal brasileño.Tanto Argentina como Uruguay pidieron la extradición de Cordero Piacentini, pero la máxima corte brasileña rechazó la petición uruguaya porque los crímenes eran los mismos y ocurrieron en territorio argentino.Entre los magistrados que ya presentaron su voto, la mayoría se opone a la extradición por considerar que los crímenes ya prescribieron.
RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOS
********
"En el caso del Plan Cóndor lo que se necesita, son condenas", dijo el juez Montenegro
La Justicia Federal argentina reiteró a Brasil pedido de extradición del torturador Cordero
El magistrado argentino aguarda la decisión del Supremo Tribunal Federal de Brasil. Durante la represión de las dictaduras, Cordero aparece como oficial jerárquico encargado de interrogatorios bajo tortura y coordinador de la información con otras agencias de inteligencia, que operaban en distintos países de la región.
ROGER RODRIGUEZ, rogerrodriguez@adinet.com.uy / ENVIADO A BUENOS AIRES
El coronel Cordero vuelve a eludir a la Justicia, oculto en alguna parte de Brasil.
El juez federal argentino Guillermo Montenegro reiteró ante las autoridades de Brasil un pedido de extradición contra el prófugo coronel uruguayo Manuel Cordero, quien huyó a Porto Alegre a fines de 2004, para juzgarlo por su participación en la coordinación represiva conocida como el Plan Cóndor.
Montenegro había realizado un primer pedido de extradición a mediados de 2005, semanas después de que se confirmara que el militar uruguayo se había refugiado en Santana de Livramento, para evitar comparecer ante un juez uruguayo que le juzgaba por un caso de "desacato".
Cordero había cometido un delito de "desacato con ofensa" contra el juez José Balcaldi quien le había abierto una causa por apología de la tortura ante declaraciones al semanario Búsqueda en las que el ex represor había reivindicado los malos tratos en los años de la dictadura militar.
El magistrado argentino está a cargo de la indagatoria sobre la coordinación represiva que los regímenes militares de Argentina, Chile, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay realizaron en los años setenta, provocando la tortura, la muerte o la desaparición de miles de civiles considerados "subversivos".
La extradición de Cordero viene siendo estudiada por el Supremo Tribunal Federal de Brasil, donde ya se le ha negado al militar uruguayo tres pedidos de "hábeas corpus", una solicitud de "refugio" y un trámite de protección conocido como "mandato de segurança", entre otras medidas dilatorias.
"Se necesitan condenas"
En su despacho del Juzgado Federal de 6º Turno, ubicado en el cuarto piso de la sede de justicia de la avenida Comodoro Py, cercana a la Estación Retiro, el juez Guillermo Montenegro se encontraba preparando un interrogatorio sobre el ex presidente argentino Carlos Menem.
Pese a mantener un bajo perfil mediático -"no me gusta andar haciendo declaraciones", explica- aceptó recibir a LA REPUBLICA para dialogar brevemente sobre la situación del prófugo coronel Cordero y las instancias que restan para pasar a una etapa de definiciones sobre el Caso Cóndor.
"El juzgado ha estado atento al proceso sobre la extradición del señor Cordero, que se realiza en el Supremo Tribunal Federal de Brasil. Hemos aportado todo lo requerido y hasta reiteramos nuestra solicitud de extradición, por lo cual solo podemos esperar la definición judicial", expresó.
Montenegro considera que todo lo que se podía indagar sobre la coordinación represiva de las dictaduras militares se ha hecho. Miles de fojas se amontonan desde que el caso se inició durante el gobierno de Raúl Alfonsín y pasó por varios juzgados federales antes de llegar a sus manos.
"En el caso del Plan Cóndor lo que se necesita, son condenas. Sabemos lo que pasó y quiénes fueron muchos de los responsables, pero se debe comenzar por casos específicos y puntuales que configuren delitos sobre los que se puede actuar a treinta años de los hechos", agregó.
Las plumas uruguayas
En la estrategia de Montenegro, la indagatoria sobre militares uruguayos que actuaron en Buenos Aires a mediados de los setenta cobra particular importancia, ya que existe el testimonio de una veintena de sobrevivientes de aquellos secuestros, traslados ilegales y desaparición temporal.
Durante el Plan Cóndor, el coronel retirado Manuel Cordero, era uno de los oficiales jerárquicos del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA), e integraba el Servicio de Información y Defensa (SID), además de actuar en el centro de torturas "300 Carlos" .
Los testimonios en el voluminoso expediente a estudio de Montenegro colocan a Cordero como oficial encargado de los interrogatorios bajo tortura, particularmente en las acciones represivas contra uruguayos secuestrados en el centro clandestino Automotores Orletti en Buenos Aires.
Diversos documentos desclasificados evidencia que las informaciones extraídas en la tortura a los detenidos luego era compartida con oficiales de otros países a través de las respectivas agencias de inteligencia, que realizaban operaciones conjuntas dentro y fuera de sus países.
Fuentes allegadas, indicaron que Montenegro -quien ahora se centra en el caso de soborno de la empresa francesa Thales Spectrum, donde aparece implicado Menem- pretende abrir este año los juicios públicos contra los represores de la región, al cumplirse 30 años del golpe de Estado argentino. *
********
Caso Berríos: adelantaron extradición por amenazas a jerarcas
El Poder Ejecutivo decidió adelantar la extradición a Chile de los tres militares implicados enel caso del asesinato del químico chileno Eugenio Berríos motivado por la preocupación que generó el atentado que sufrió el juez que llevó la causa y en amenazas recibidas por miembros del gobierno.
El domingo, el juez Gustavo Mirabal, encargado de la causa en Uruguay, caminaba por la rambla cuando, a la altura del Buceo, le dispararon. Mirabal dictó una
sentencia en 2004, en primera instancia, que permitió la extradición de los tres militares.
La bala pasó a 50 centímetros de su cabeza, informó Subrayado y confirmó Índice 810 a través de la Suprema Corte de Justicia. Mirabal ahora tiene custodia policial.
Inmediatamente, el magistrado radicó la denuncia policial y judicial. Ahora, el caso está a cargo del juez Rolando Vomero.También fueron amenazados el secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, y la vicecanciller Belela Herrera.Las repercusiones a nivel político no demoraron.
El ex presidente Luis Alberto Lacalle condenó el hecho y dijo que "por mal camino" va el país "si se comienza a discrepar de esta forma". Además, afirmó que ese tipo de amenazas "ya las vio".
Comenzaron los interrogatorios a los militares extraditados a Chile
El juez chileno Alejandro Madrid, que investiga el secuestro y asesinato en Uruguay del químico de la DINA Eugenio Berríos, inició hoy los interrogatorios a los tres militares uruguayos extraditados por su vinculación con el caso.
El magistrado comenzó las diligencias en la Escuela de Oficiales de Gendarmería, donde está recluido el coronel Tomás Casella, el mismo centro de detención donde permanece desde hace cinco meses el ex presidente peruano Alberto Fujimori.
En el transcurso de la jornada, el magistrado planea interrogar al capitán Eduardo Radaelli en el Batallón de Policía Militar de Peñalolén, al sureste de Santiago, y al coronel Wellington Sarli en el Regimiento Granaderos de San Bernardo, 20 kilómetros al sur de la capital chilena.
Los tres oficiales uruguayos que fueron trasladados ayer en Santiago, ya fueron procesados en Chile, en rebeldía, por su presunta colaboración con militares chilenos en el secuestro de Berríos, quien desapareció en Uruguay en noviembre de 1992 y cuyo cadáver fue hallado en abril de 1995 en la playa de El Pinar.
________________________________________
"No hay ningún tipo de recurso que pueda presentar la defensa que permita dilatar ese procesamiento" Para Martínez Burlé, es inminente el procesamiento de Bordaberry
El procesamiento del dictador Bordaberry parece ser inminente.
El ex presidente Juan María Bordaberry deberá comparecer ante la Justicia, probablemente en esta semana, por dos expedientes judiciales: uno por el golpe de Estado de 1973, y otro por las violaciones a los derechos humanos durante el transcurso de su gobierno, lo que motivaría la citación. La abogada Hebe Martínez Burlé supone que la fiscal Ana Telechea va a solicitar el procesamiento de inmediato, porque el golpe de Estado no necesita prueba, es un hecho notorio, dijo ayer a LA REPUBLICA.
La jueza Graciela Gatti, que está a cargo de la causa, deberá citar a Bordaberry, ante las denuncias efectuadas contra el golpista, luego que el Tribunal de Apelaciones y la Suprema Corte de Justicia rechazara la resolución de la jueza Fanny Canessa (que estuviera anteriormente en el caso), de que "era cosa juzgada y que había prescripción."
También se solicitó la investigación de todas las desapariciones, muertes, torturas y secuestros e ilícitos económicos cometidos en su período. La abogada dijo que "para demostrar que hubo golpe de Estado no se necesitan pruebas, si se precisan testigos iremos tres millones a declarar."
Dijo que en este caso no hay ningún tipo de recurso que pueda presentar la defensa de Bordaberry que permita dilatar ese procesamiento, "pues ya fueron presentados, a mi gusto, a destiempo, pero ya hay posición, no sólo en el Tribunal de Apelaciones, sino también en la Suprema Corte de Justicia." Con respecto a la denuncia por el golpe de Estado, Bordaberry debe ser preguntado si firmó el decreto de disolución de las cámaras, si llamó a elecciones.
En la otra acusación, va a requerir investigación y trabajo profundo, "porque es mucho lo que se denuncia".
Martínez Burlé señaló que Bordaberry jamás compareció ante la causa ni fue citado a declarar. Sostuvo que su defensa no tiene ningún recurso que presentar hasta tanto la Justicia no resuelva su procesamiento. *
________________________________________
Se cumplen 32 años de la masacre de Brazo Oriental
Hoy 21 de abril, se cumplen 32 años de los violentos hechos que se produjeron en el barrio Brazo Oriental, y que derivaron en los asesinatos de Silvia Reyes, Laura Raggio y Diana Maidanick por parte de las Fuerzas Conjuntas.
Esta causa, cuyo expediente se presentó ante el Juez en lo Penal de 8º Turno, Pablo Eguren, continuará con la presentación de más testigos. La causa fue abierta por los hermanos de Raggio, y las madres de Reyes y Maidanick. Hasta el momento han atestiguado Estela Reyes, hermana de Silvia; Jaqueline Barrios, cuñada de Silvia y hermana del tupamaro desaparecido Washington Barrios (cuyo expediente, aunque comparte testigos e indagados, corresponde a una causa distinta); e Hilda Fernández de Barrios, madre de Washington.
Además atestiguaron aproximadamente 6 vecinos, que presenciaron los hechos, cuyos nombres se mantienen en reserva.
En calidad de indagados fueron citados José "Nino" Gavazzo, Jorge "Pajarito" Silveira, Armando Méndez, Juan Modesto Rebollo y Manuel Cordero. Este último jamás se presentó; como es de público conocimiento continúa prófugo de la Justicia, presuntamente en Brasil. Los denunciantes pretenden echar luz sobre la brutalidad de los asesinatos. Según los certificados oficiales de los médicos forenses de la época, firmados por el Dr. José Mautone, la causa de la muerte es "herida de bala". La totalidad de los testigos sin embargo sostienen que las jóvenes fueron ametralladas, siendo impactadas por decenas de balas.
Hilda Fernández describió los hechos: "Las asesinaron detrás de la puerta del comedor, en un rincón, y hubieron 140 tiros, que luego fueron contabilizados por mi otro hijo y mi esposo" Habría además, más presunciones, ya que según Estela Reyes, víctima de brutales agresiones aquella noche, y posterior detención, identifica claramente a los responsables, así como otros testigos, aseguran, que además de la responsabilidad en los asesinatos y en la posterior desaparición de Washington Barrios, los ex militares "robaron todo en el apartamento". Claro está, se refiere al domicilio de Silvia Reyes, asesinada junto a Laura Raggio y Diana Maidanick, hace 32 años. *
________________________________________
"En el caso del Plan Cóndor lo que se necesita, son condenas", dijo el juez Montenegro La Justicia Federal argentina reiteró a Brasil pedido de extradición del torturador Cordero
El magistrado argentino aguarda la decisión del Supremo Tribunal Federal de Brasil. Durante la represión de las dictaduras, Cordero aparece como oficial jerárquico encargado de interrogatorios bajo tortura y coordinador de la información con otras agencias de inteligencia, que operaban en distintos países de la región.
ROGER RODRIGUEZ, rogerrodriguez
El coronel Cordero vuelve a eludir a la Justicia, oculto en alguna parte de Brasil.
El juez federal argentino Guillermo Montenegro reiteró ante las autoridades de Brasil un pedido de extradición contra el prófugo coronel uruguayo Manuel Cordero, quien huyó a Porto Alegre a fines de 2004, para juzgarlo por su participación en la coordinación represiva conocida como el Plan Cóndor.
Montenegro había realizado un primer pedido de extradición a mediados de 2005, semanas después de que se confirmara que el militar uruguayo se había refugiado en Santana de Livramento, para evitar comparecer ante un juez uruguayo que le juzgaba por un caso de "desacato".
Cordero había cometido un delito de "desacato con ofensa" contra el juez José Balcaldi quien le había abierto una causa por apología de la tortura ante declaraciones al semanario Búsqueda en las que el ex represor había reivindicado los malos tratos en los años de la dictadura militar.
El magistrado argentino está a cargo de la indagatoria sobre la coordinación represiva que los regímenes militares de Argentina, Chile, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay realizaron en los años setenta, provocando la tortura, la muerte o la desaparición de miles de civiles considerados "subversivos".
La extradición de Cordero viene siendo estudiada por el Supremo Tribunal Federal de Brasil, donde ya se le ha negado al militar uruguayo tres pedidos de "hábeas corpus", una solicitud de "refugio" y un trámite de protección conocido como "mandato de segurança", entre otras medidas dilatorias.
"Se necesitan condenas"
En su despacho del Juzgado Federal de 6º Turno, ubicado en el cuarto piso de la sede de justicia de la avenida Comodoro Py, cercana a la Estación Retiro, el juez Guillermo Montenegro se encontraba preparando un interrogatorio sobre el ex presidente argentino Carlos Menem.
Pese a mantener un bajo perfil mediático -"no me gusta andar haciendo declaraciones", explica- aceptó recibir a LA REPUBLICA para dialogar brevemente sobre la situación del prófugo coronel Cordero y las instancias que restan para pasar a una etapa de definiciones sobre el Caso Cóndor. "El juzgado ha estado atento al proceso sobre la extradición del señor Cordero, que se realiza en el Supremo Tribunal Federal de Brasil. Hemos aportado todo lo requerido y hasta reiteramos nuestra solicitud de extradición, por lo cual solo podemos esperar la definición judicial", expresó.
Montenegro considera que todo lo que se podía indagar sobre la coordinación represiva de las dictaduras militares se ha hecho. Miles de fojas se amontonan desde que el caso se inició durante el gobierno de Raúl Alfonsín y pasó por varios juzgados federales antes de llegar a sus manos. "En el caso del Plan Cóndor lo que se necesita, son condenas. Sabemos lo que pasó y quiénes fueron muchos de los responsables, pero se debe comenzar por casos específicos y puntuales que configuren delitos sobre los que se puede actuar a treinta años de los hechos", agregó.
Las plumas uruguayas
En la estrategia de Montenegro, la indagatoria sobre militares uruguayos que actuaron en Buenos Aires a mediados de los setenta cobra particular importancia, ya que existe el testimonio de una veintena de sobrevivientes de aquellos secuestros, traslados ilegales y desaparición temporal.
Durante el Plan Cóndor, el coronel retirado Manuel Cordero, era uno de los oficiales jerárquicos del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA), e integraba el Servicio de Información y Defensa (SID), además de actuar en el centro de torturas "300 Carlos" .
Los testimonios en el voluminoso expediente a estudio de Montenegro colocan a Cordero como oficial encargado de los interrogatorios bajo tortura, particularmente en las acciones represivas contra uruguayos secuestrados en el centro clandestino Automotores Orletti en Buenos Aires. Diversos documentos desclasificados evidencia que las informaciones extraídas en la tortura a los detenidos luego era compartida con oficiales de otros países a través de las respectivas agencias de inteligencia, que realizaban operaciones conjuntas dentro y fuera de sus países.
Fuentes allegadas, indicaron que Montenegro -quien ahora se centra en el caso de soborno de la empresa francesa Thales Spectrum, donde aparece implicado Menem- pretende abrir este año los juicios públicos contra los represores de la región, al cumplirse 30 años del golpe de Estado argentino
http://www.uruguayosencatalunya.com/modules.php?name=News&file=article&sid=626
*
*
*
.jpg)
.jpg)
No hay comentarios:
Publicar un comentario