El triunfo de los pueblos indígenas del Amazonas peruano
Con 82 votos a favor, 12 en contra y ninguna abstención, el Congreso peruano derogó los decretos 1090 y 1064, aprobados el año pasado para aumentar la inversión en la selva. Desde el pasado mes de abril, las comunidades indígenas de la región organizaron una serie de bloqueos para exigir la supresión de dos de esos decretos. Sobre 50 muertos fue el precio que debieron pagar para proteger sus territorios.
RAÚL ZIBECHI - PERÚ - 22 / 06 / 09
Tras dos meses de intensa movilización, los pueblos de la Amazonia peruana lograron enfrentar exitosamente la represión de uno de los gobiernos más derechistas de América Latina, cosecharon amplia simpatía nacional e internacional y están haciendo retroceder los proyectos de privatización del pulmón del planeta. Habrá un antes y un después del 9 de abril de 2009, día en que comenzaron los cortes de carreteras y las tomas de ductos que transportan gas y petróleo al exterior. Y habrá un antes y un después del 5 de junio, cuando la firmeza de miles afrontó la militarización y la masacre en la población de Bagua, cerca de la frontera con Ecuador.Luego de la matanza, el gobierno de Alan García comenzó a dar marcha atrás con algunos de los decretos legislativos (DL) más polémicos. Primero se suspendió la aplicación de los DL 1090 y 1064 durante 90 días por parte del Congreso dominado por el oficialista APRA y los seguidores del procesado ex dictador Alberto Fujimori. El 1090, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, deja fuera del régimen forestal 45 millones de hectáreas, o sea, 64 por ciento de los bosques del Perú, con lo que podrían ser vendidos a trasnacionales. Tampoco contempla que la mayor parte de las comunidades no han titulado sus tierras. El DL 1064, Régimen Jurídico para el Aprovechamiento de las Tierras de Uso Agrario, deja sin efecto el requisito de acuerdo previo de las comunidades para emprender proyectos en la Amazonia.Días después, ante la férrea decisión de los pueblos amazónicos de seguir adelante con sus movilizaciones e intensificar las acciones, el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, se comprometió a derogar los dos decretos y anunció el levantamiento del estado de sitio en Bagua. Fue más lejos: el lunes 15 durante un encuentro con repesentantes indígenas en la provincia de Chanchamayo dio disculpas a los pueblos amazónicos y aseguró que el gobierno no vetará a la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP).Pese a formar parte de un gobierno derechista, Simon es el paradigma del guerrillero convertido en hombre de Estado. En los 80 fue activo simpatizante del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), por lo que fue preso durante el régimen de Fujimori. Ahora decidió poner sus conocimientos sobre los movimientos sociales al servicio de las trasnacionales que buscan apropiarse de los bienes comunes: agua, biodiversidad, riquezas mineras, madereras e hidrocarburíferas. Pero está chocando con los mismos actores que en la guerra interna frustraron la expansión del MRTA y Sendero Luminoso hacia la selva, los pueblos que defienden sus territorios.El segundo gran éxito de los pueblos amazónicos lo sintetiza Hugo Blanco en el editorial más reciente de Lucha Indígena: “Puede ser que el mayor logro de estas jornadas sea visibilizar esas nacionalidades, tejiendo lazos entre los diversos sectores del país, tan divididos por quienes nos dominan. Al defender la Amazonia están defendiendo la vida de toda la humanidad; y al no ceder ante los engaños del gobierno, están rescribiendo la historia, recuperando para todos el sentido de la palabra dignidad”.Las grandes marchas y los masivos paros registradas en todo el país el 11 de junio, incluyendo 30 mil manifestantes en Lima, la mayor concentración desde los últimos días del régimen de Fujimori, evidencian la solidaridad con los pueblos amazónicos y el aislamiento del gobierno de García. Los pronunciamientos de decenas de organismos internacionales, incluyendo algunos de Naciones Unidas, muestran que la simpatía traspasó fronteras.De nada valió el intento del presidente peruano por culpar a Bolivia y Venezuela de instigar la protesta. No sólo acusó a los amazónicos de “terroristas”, sino que sostuvo que esos países quieren evitar que Perú extraiga petróleo y sea competidor. Sus argumentos fueron pulverizados por la contundencia de la movilización. Los pueblos amazónicos consiguieron incluso que se instalara una mesa de diálogo sin frenar sus acciones. Cuando comenzó a sesionar el Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos, el 15 de junio con presencia de la Iglesia católica, las comunidades y la Defensoría del Pueblo, el gobierno sólo consiguió que los indígenas ampliaran de dos a cuatro la apertura al tránsito de la carretera La Merced-La Oroya-Lima.La tercera enseñanza de esta movilización es que no importa la cantidad, sino la potencia. Los pueblos amazónicos agrupados en AIDESEP, son unas 300 mil personas pertenecientes a mil 350 comunidades, en un país que sobrepasa 28 millones de habitantes. Sin embargo, la justeza de su causa y la sólida decisión comunitaria de luchar hasta el final, haciendo de sus territorios trincheras y de sus cuerpos escudos, consiguió frenar la máquina de guerra estatal y granjearles simpatías en todo el país. Han mostrado que no luchan para negociar, para obtener algún beneficio sectorial o alguna demanda disfrazada de “derechos”, sino para salvar la vida y evitar que la naturaleza sea convertida en mercancía.Mostraron que cuando se pelea por la sobrevivencia, por seguir siendo pueblos, de nada valen los cálculos de costos y beneficios que han llevado a la crisis ética y política de buena parte de las izquierdas institucionales. Camino muy similar al que meses atrás caminaron los nasas de Colombia al poner en marcha la Minga por la Vida, también para evitar que el TLC con Estados Unidos los sepulte como pueblo al convertir sus bosques en monocultivos para biocombustibles. Estas luchas colocan en lugar destacado un necesario debate sobre el desarrollo y los bienes comunes, que algunos gobiernos autoproclamados progresistas, como el de Brasil, deberían tomar en cuenta si no quieren ser los sepultureros de la Amazonia y de sus pueblos.
* Periodista, colaborador de Azkintuwe.
* Periodista, colaborador de Azkintuwe.
CRECE LA CIFRA DE VICTIMAS DE LA MASACRE EN LA AMAZONIA PERUANA
POR CRIMENES DE LESA HUMANIDAD = TERRORISMO DE ESTADO
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10 June, 2009
Pronunciamiento del Relator James Anaya ante los hechos ocurridos en Perú
“Hago un llamado urgente a todos los actores involucrados a que eviten otros acontecimientos de violencia, y exhorto a las autoridades del Estado a implementar todas las medidas ya establecidas, así como a adoptar todas las medidas adicionales necesarias, de acuerdo con los principios internacionales de derechos humanos, para proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas afectadas”,
El Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya, acaba de haber público un comunicado sobre la preocupante coyuntura peruana manifestando su disposinilidad para contribuir a su abordaje y resolucióm.
Relator Especial sobre pueblos indígenas urge al Gobierno de Perú a dialogar con los pueblos indígenas del Amazonas
Relator Especial sobre pueblos indígenas urge al Gobierno de Perú a dialogar con los pueblos indígenas del Amazonas
Ginebra, 10 de junio de 2009
El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas, Profesor James Anaya, expresa su más profunda preocupación por los enfrentamientos del viernes 5 de junio, y los eventos subsecuentes, en Bagua, Departamento de Amazonas, Perú, que han resultado en la muerte de aproximadamente 30 personas, incluidas personas indígenas y miembros de la Fuerza Pública, así como decenas de heridos y desaparecidos. El Relator Especial expresa su solidaridad con las víctimas y sus familias.
“Hago un llamado urgente a todos los actores involucrados a que eviten otros acontecimientos de violencia, y exhorto a las autoridades del Estado a implementar todas las medidas ya establecidas, así como a adoptar todas las medidas adicionales necesarias, de acuerdo con los principios internacionales de derechos humanos, para proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas afectadas”, dijo James Anaya. Además, el Relator Especial insta al Estado a investigar seriamente todos aquellos actos relacionados a esta situación que puedan indicar violaciones a los derechos humanos y llevar a la justicia a los responsables, así como a asegurar la no repetición de hechos similares. Asimismo, el Relator Especial insta a las personas y pueblos indígenas involucrados que sus reclamos y manifestaciones siempre sean de forma pacífica, respectando los derechos humanos de otros.
El Relator Especial también exhorta a todos los actores involucrados a buscar consensos y encaminarse a una vía de dialogo y de entendimiento sobre la base de la tolerancia y respeto a los derechos humanos. “Enfatizo la necesidad de que el Gobierno y los grupos indígenas interesadas hagan un nuevo esfuerzo conjunto hacia una resolución a los conflictos en la región de manera abierta y transparente que facilite el diálogo, evite la violencia y respete los derechos humanos”.
El Relator Especial también exhorta a todos los actores involucrados a buscar consensos y encaminarse a una vía de dialogo y de entendimiento sobre la base de la tolerancia y respeto a los derechos humanos. “Enfatizo la necesidad de que el Gobierno y los grupos indígenas interesadas hagan un nuevo esfuerzo conjunto hacia una resolución a los conflictos en la región de manera abierta y transparente que facilite el diálogo, evite la violencia y respete los derechos humanos”.
El Relator Especial expresa su disponibilidad de realizar una visita al país para revisar la situación y contribuir a la búsqueda de tal resolución a los conflictos, dentro del ámbito del mandato atribuido por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, para promover el respeto a los derechos humanos de los pueblos indígenas.
Finalmente, el Relator Especial desea adherirse a los comunicados previos sobre este tema emitidos por la Oficina Regional para América Latina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y por la Defensoría del Pueblo del Perú.
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El 26 de marzo de 2008, el Consejo de Derechos Humanos nombró al Profesor James Anaya como Relator Especial sobre la situación de derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas por un período inicial de tres años. El Sr. Anaya es James J. Lenoir Professor of Human Rights Law and Policy en la Facultad de Derecho de la Universidad de Arizona, en los Estados Unidos de América.
Para más información sobre el mandato del Relator Especial:
http://www2.ohchr.org/english/issues/indigenous/rapporteur
Special Rapporteur on indigenous people urges Government of Peru to dialogue with indigenous peoples of the Amazon
Geneva, 10 June 2009
The United Nations Special Rapporteur on the situation of human rights and fundamental freedoms of indigenous people, Professor James Anaya, expresses his profound concern over the confrontations that took place on Friday, June 5, in Bagua, Department of Amazonas, Peru, and subsequent occurrences, which have resulted in the deaths of an estimated 30 people, including indigenous individuals and members of the Armed Forces, and in dozens of wounded and missing. The Special Rapporteur expresses his sincere condolences for the victims and their families.
“I urgently appeal to all concerned to avoid further violence and urge State authorities to implement measures already in place, as well as adopt all additional measures necessary, in accordance with international human rights norms, to protect the human rights and fundamental freedoms of the affected indigenous peoples,” said James Anaya. In addition, the Special Rapporteur calls upon the State to seriously investigate all actions that could indicate human rights violations and bring those responsible to justice, as well as to ensure the non-repetition of similar acts. Likewise, the Special Rapporteur stresses to the indigenous individuals and peoples involved that their claims and protests should always be carried out in a peaceful manner and with respect for the human rights of others.
The Special Rapporteur also calls upon all of those involved to explore ways to reach an agreement based on dialogue, mutual understanding, tolerance and respect for human rights. “I emphasize the need for the Government and affected indigenous peoples to make renewed concerted efforts toward a resolution to the conflicts in the region in an open and transparent manner that facilitates dialogue, avoids violence, and respects human rights”.
The Special Rapporteur expresses his willingness to visit the country to review the situation and contribute to the search for such a solution to the conflicts in the region, within the terms of his mandate by the United Nations Human Rights Council, to promote respect for the human rights of indigenous peoples.
Finally, the Special Rapporteur would like to express his concurrence with the previous statements on this issue made by the Latin American Regional Office of the United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights and by the Public Defender of Peru.
On 26 March 2008, the Human Rights Council appointed Professor S. James Anaya (United States of America), for an initial period of three years. Professor Anaya is the James J. Lenoir Professor of Human Rights Law and Policy at the University of Arizona (United States).
For additional information on the mandate of the Special Rapporteur: http://www2.ohchr.org/english/issues/indigenous/rapporteur
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Más de 50 indios muertos
El gobierno confirmó el fallecimiento de 22 policías, mientras los indígenas muertos serían, según diversas versiones llegadas desde la zona de la masacre, más de treinta. Sólo se han admitido nueve víctimas civiles.
Por Carlos Noriega
Desde Lima
La cifra de muertos subió ayer a más de cincuenta luego de la violenta represión policial contra un piquete de nativos amazónicos que bloqueaban una carretera de la selva en protesta contra una serie de leyes dadas para implementar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y que afectan a sus comunidades.
El gobierno confirmó el fallecimiento de 22 policías, mientras los indígenas muertos serían, según diversas versiones llegadas desde la zona de la masacre, más de treinta, aunque el gobierno sólo ha admitido la existencia de nueve víctimas civiles. Ayer se conoció que nueve policías murieron durante la toma, el viernes, por un grupo de indígenas de una estación de la empresa petrolera estatal Petro Perú, ubicada selva adentro. Otros 22 policías secuestrados fueron liberados ayer y siete permanecían desaparecidos. Los heridos son más de 150 y los detenidos bordean el centenar. El líder de los indígenas, Alberto Pizango, pasó ayer a la clandestinidad luego que se emitiera una orden de captura en su contra. Se especuló que éste había viajado a Bolivia, pero dirigentes de la organización indígena aseguraron que Pizango, quien está acusado de rebelión y de incitar a la violencia, permanecía en Lima. En Bagua, lugar de la matanza, se impuso un toque de queda entre las tres de tarde y las seis de la mañana. Las comunidades indígenas denunciarán al gobierno de Alan García ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Los indígenas amazónicos, que suman unos 350 mil, se levantaron contra el gobierno hace dos meses exigiendo la derogación de nueve leyes dictadas por el gobierno en el marco de la implementación del TLC con Estados Unidos. Estas leyes facilitan el ingreso a la Amazonia de las transnacionales petroleras y mineras y la venta de amplias extensiones de bosques a compañías madereras y empresas dedicadas a la producción de biocombustibles. Las comunidades nativas reaccionaron en contra de este paquete legal por considerar que afectan los derechos sobre sus tierras y amenazan el ecosistema de la Amazonia, donde viven.
Los nativos acusan al gobierno de haber dictado estas leyes sin consultarles, como exige el Convenio 169 de la OIT, que obliga a que las comunidades nativas sean consultadas antes que se emita una norma legal que las afecta. Esta omisión convierte estas leyes en inconstitucionales. El gobierno ha admitido la omisión, pero insiste en mantener la vigencia de las leyes, a pesar que una comisión del Congreso y la Defensoría del Pueblo se han pronunciado por su inconstitucionalidad. El gobierno ha señalado que la derogatoria de estas normas legales pondría en riesgo el TLC con Estados Unidos y ha decidido mantenerlas a sangre y fuego. La negativa del gobierno a derogar estas leyes hizo imposible el diálogo con los indígenas, y el conflicto fue escalando hasta que el viernes se desencadenó la masacre, luego de que el gobierno ordenara a la policía reprimir a los nativos.
“Si estas leyes se mantienen, en el corto plazo las tierras amazónicas pasarán a propiedad de las corporaciones petroleras, mineras, de agua, madereras, productoras de biocombustibles, y en el mediano horizonte la Amazonía estaría destruida y los pobladores indígenas convertidos en proletarios. La lucha contra estas leyes es una lucha por la supervivencia de las comunidades amazónicas y de su cultura”, le señaló a Página/12 Róger Rumrrill, uno de los más importantes investigadores sobre la Amazonia peruana.
Página/12 conversó telefónicamente con Incam Santiac, líder indígena de la etnia Awarun, ubicada en la zona fronteriza con Ecuador, quien estuvo presente durante la violenta represión contra los indígenas en la Curva del Diablo. “Nosotros estábamos durmiendo en la pista cuando la policía nos atacó. Eran las cinco y media de la mañana. Primero lo hizo con gases lacrimógenos y cuando vieron que no nos podían sacar de ahí, comenzaron a disparar. Disparaban al cuerpo, a matar. Nos disparaban desde un helicóptero y desde los cerros. Un hermano cayó muerto a mi lado. Muchos cayeron por las balas. El ataque duró hasta las dos de la tarde, cuando logramos replegarnos a Bagua. El gobierno miente cuando nos acusa de haber disparado a la policía. Nosotros sólo teníamos lanzas y flechas. Los policías deben haber muerto por el fuego cruzado de ellos mismos. Hasta ahora no nos dejan recoger a nuestros hermanos muertos, que siguen botados en la pista. Hay más de cien desaparecidos”, relató Santiac desde Bagua. El líder indígena anuncia que se replegarán, pero que seguirán en su lucha contra el gobierno y las transnacionales que invaden sus tierras.
Permalink:http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-126230-2009-06-07.html
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09 de Junio de 2009
Líder amazónico pide asilo a Nicaragua
Rebelión indígena en Perú
Alberto Pizango es acusado por el Gobierno de Alan García de instigar los enfrentamientos que desde el pasado viernes han dejado un saldo de 24 policías y nueve nativos muertos, según cifras oficiales.
El líder indígena Alberto Pizango, contra quien se emitió una orden de detención por los delitos de rebelión y sedición a raíz de las violentas protestas de los últimos días en tres regiones amazónicas de Perú, pidió asilo en la embajada de Nicaragua, según informó este lunes el primer ministro peruano, Yehude Simon.
"Acabo de recibir un informe de la embajada de Nicaragua, que dice que en la tarde de hoy se refugió el ciudadano Alberto Pizango, y el Gobierno (de ese país) lo ha aceptado", sostuvo Simon ante la comisión de Defensa del Congreso peruano.
La vicepresidenta de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Amazonía (Aisedep), Daysi Zapata, había rechazado horas antes la hipótesis de que Pizango, quien es presidente de su organización, hubiera huido del país, y señaló que el líder indígena se encontraba escondido porque teme por su vida.
Las autoridades peruanas habían insinuado que Pizango había escapado a Bolivia.
Además, sin nombrarlos, el gobierno de Lima ha señalado a países vecinos como incitadores de los violentos disturbios que han ocasionado la muerte de más de 50 personas en varias provincias del estado de Amazonas, en el norte del país.
Dan Collyns, corresponsal de la BBC en Perú, informó que el presidente Alan García sugirió que fuerzas extranjeras podrían haber incitado el levantamiento indígena, algo que se entendió como una alusión a Bolivia y Venezuela.
Regreso
Entretanto, desde la población amazónica de Bagua, el enviado especial de la BBC Dan Collyns informó que muchos de los manifestantes que se habían escondido en las colinas por temor a represalias de las fuerzas de seguridad están ahora regresando.
Según Collyns, cuando alguien regresa es recibido con aplausos por los habitantes locales, muchos de los cuales han donado alimento y ropa a la iglesia donde centenares de personas hna buscado refugio.
El corresponsal de la BBC indicó que muchos de los indígenas que están llegando pertenecen a las tribus Awjun y Wampis, quienes viven cerca de la frontera de Perú con Ecuador y viajaron durante varios días río abajo para participar en las protestas.
Según Collyns "continúan presentándose insistentes rumores de que la policía escondió los cuerpos de manifestantes. El gobierno ha negado vehementemente estas acusaciones. Hasta el momento no hay evidencia firme para corroborar estos rumores y no se han encontrado nuevos cuerpos.
Más desmentidas
Daysi Zapata, por su parte, señaló que las movilizaciones y paros en las regiones amazónicas, que cumplen dos meses, continuarán a pesar de los episodios violentos del pasado viernes en Bagua, hasta lograr la derogación de los decretos legislativos promulgados por el mandatario en 2008, en el marco del proceso de implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y Estados Unidos. Los indígenas se oponen a los planes gubernamentales que autorizan la perforación en busca de petróleo y gas en la región. Este lunes, en Bagua Grande, a unos 1.400 kilómetros al norte de Lima, cientos de indígenas refugiados -400, según la Defensoría del Pueblo; cerca de 800, según la parroquia de la ciudad- esperaban hacinados en la casa pastoral para volver a sus aldeas. Según le dijo a BBC Mundo el sacerdote que coordina su acogida, Casinaldo Ramos, podrán salir en la mañana del martes hacia sus hogares. "Algunos sienten miedo de regresar a su propia tierra porque su gente les va a exigir ciertas cosas por el hecho de haber perdido a sus compañeros y a sus hijos. Otros saben que tienen que empezar una nueva vida, pero no podrán borrar en dos días la experiencia de esta violencia", dijo el sacerdote. Mientras, en otra región amazónica, Yurimaguas, se mantenía bloqueada una carretera con miles de campesinos movilizados.
"Una falsa alarma"
También este lunes, el viceministro peruano de Orden Interno, Wilson Hernández, desmintió la existencia de una fosa común en una zona próxima al sector El Reposo, en Amazonas, según informó el diario peruano El Comercio.
La versión de una fosa con cadáveres de indígenas había sido planteada por Casinaldo Ramos, quien dijo después que sólo se trataba de "una falsa alarma".
La Defensoría del Pueblo, que investigó in situ esta denuncia, también desmintió a BBC Mundo la existencia de las fosas.
Por su parte, algunas organizaciones no gubernamentales, como Amazon Watch o Amnistía Internacional, pidieron a la policía peruana hacer "un uso proporcional de la fuerza".
BBC Mundo.com
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