viernes, 25 de diciembre de 2009

Colombia: versión de las Farc y visión de Human Rights Watch sobre últimos hechos de violencia-2009/12/24/


Colombia: versión de las Farc y visión de Human Rights Watch sobre últimos hechos de violencia

La Agencia de Noticias Nueva Colombia (Anncol) reportó que las Farc consideran que es irresponsable culpar a alguien por la muerte del gobernador de Caquetá sin haber realizado una ”investigación seria”. Por su parte, Human Rights Watch señaló que el gobierno colombiano debe actuar inmediatamente para proteger a los testigos, en casos penales contra miembros de los grupos armados que han sucedido o reemplazado a los paramilitares desmovilizados en la ciudad de Medellín.

Según un columnista de la Agencia de Noticias Nueva Colombia (Anncol), donde usualmente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) publican sus comunicados, este grupo insurgente reaccionó ante el asesinato del gobernador del Caquetá, Luis Francisco Cuéllar, considerando que “es irresponsable para cualquier medio culpabilizar a alguien, sea grupo o persona individual, sin conocer los resultados de una investigación seria”.

Según la entrevista concedida a Anncol, las Farc afirman negarse a la “verdad”, construida por un discurso oficial al que califican como un “régimen mafioso y paramilitar, que ha hecho del crimen y de la guerra sucia una política de Estado”.
Además sostienen que el “régimen” no pasa la prueba en ninguno de los “indicadores sociales, políticos y de bienestar social”. “La únicas materias aprobadas con creces son las masacres, los asesinatos selectivos, la concentración de la riqueza y la masificación de la pobreza, ya que los pobres son ahora miserables”, señaló la entrevista publicada en el
sitio web de Anncol.

Por otra parte, las Farc precisaron a Anncol que “el gobernador no era un santo”, puesto que “participaba activamente en la guerra, financiado a los grupos paramilitares”.

“¿Quién era el gobernador del Caquetá?”, plantearon las Farc. “Casi el 90 por ciento del país ignora que el gobernador de Caquetá rindió indagatoria en el mes de marzo de este año, en la Fiscalía 11 de Bogotá por sus lazos paramilitares. Pero esto, ningún medio lo dice”.

Las Farc consideraron que Cuéllar “participaba en el conflicto armado, no era un simple civil, como no lo presentan el discurso oficial, era un instigador, financiador del paramilitarismo”.

TESTIGOS EN CASOS CONTRA PARAMILITARES NECESITAN PROTECCIÓN

El gobierno colombiano debe actuar inmediatamente para proteger a los testigos en casos penales contra miembros de los grupos armados que han sucedido o reemplazado a los paramilitares desmovilizados en la ciudad de Medellín, señaló Human Rights Watch.

Human Rights Watch exhortó al gobierno a investigar las agresiones contra testigos y a reforzar las medidas de seguridad pública para detener el rápido incremento de la violencia que sufre la ciudad y que se atribuye a los grupos sucesores de los paramilitares.

El 20 de diciembre de 2009, Alexander Pulgarín, un líder comunitario del barrio La Sierra en Medellín, falleció luego de que un grupo de hombres armados no identificados dispararan contra él varias veces. Pulgarín fue un testigo clave en el juicio contra John William López (conocido como “Memín”), un paramilitar desmovilizado que fue condenado recientemente por su continua participación en actividades delictivas. Pulgarín había recibido numerosas amenazas como resultado de su testimonio y su trabajo comunitario.

“Alexander Pulgarín asumió un riesgo enorme al declarar contra los paramilitares desmovilizados que controlaban salvajemente su barrio”, afirmó María McFarland, subdirectora de cabildeo en Washington para Human Rights Watch. “Su ejecución a plena luz del día muestra que el gobierno no está protegiendo adecuadamente a los testigos ni brindando la seguridad que Medellín requiere con urgencia”.

Autoridades locales informaron a Human Rights Watch que varios hombres armados abordaron a Pulgarín cuando se retiraba de un partido de fútbol comunitario que había ayudado a organizar en La Sierra. Los hombres dispararon varias veces contra Pulgarín, matándolo.

Human Rights Watch había entrevistado a Pulgarín en 2007 en relación con los abusos cometidos en La Sierra por “Memín” y Antonio López (conocido como “Job”), ambos miembros desmovilizados del bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Las AUC conformaban una coalición de grupos paramilitares, que operaban como mafias y participaban activamente en el narcotráfico, y que durante décadas cometieron abusos aberrantes y generalizados en Colombia, antes de iniciar un proceso de desmovilización en 2004.

Job y Memín también eran miembros de la “Corporación Democracia”, una organización que durante años trabajó en estrecha colaboración con el gobierno municipal para coordinar las actividades de los paramilitares desmovilizados en Medellín. Job cobró notoriedad a nivel nacional luego de que Semana, una de las principales revistas de noticias de Colombia, informó a mediados de 2008 que éste se había reunido con asesores del Presidente Álvaro Uribe en el Palacio Presidencial en Bogotá en abril de 2008. Job fue asesinado en Medellín pocas semanas después.

Memín fue detenido posteriormente y juzgado por varios delitos vinculados con su estrategia para mantener el control del delito en su barrio luego de la desmovilización. Los medios y las autoridades locales han informado que durante el juicio al menos cuatro testigos contra Memín fueron asesinados. Según informes de medios, Memín fue condenado en marzo de 2009 y recibió una pena de 22 años.

El Programa de Protección del Ministerio del Interior para defensores de derechos humanos y líderes comunitarios que son víctimas de amenazas había asignado a Pulgarín un escolta armado. El escolta habría resultado herido por los disparos durante el atentado contra Pulgarín; también habría sido asesinado un policía que se acercó al lugar de los hechos.

Como resultado de las graves amenazas recibidas por Pulgarín, durante los últimos cinco meses había estado viviendo en las oficinas de una organización sin fines de lucro. En una reunión celebrada el 20 de noviembre con el Ministerio del Interior auspiciada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los abogados de Pulgarín pidieron que fuera reubicado temporalmente y que se reforzaran las medidas de protección. El Ministerio habría aceptado brindar más protección, pero aún no había cumplido este compromiso cuando Pulgarín fue asesinado un mes después.

La violencia en Medellín se ha incrementado drásticamente en los últimos años. En los primeros diez meses de 2009, el índice de homicidios se ha más que duplicado, y pasó de 830 ejecuciones registradas en el mismo período de 2008 a 1,717 este año, según datos del Instituto de Medicina Legal de Medellín.

El incremento se atribuye principalmente a los grupos sucesores de las AUC, que controlan el delito en la ciudad. Los grupos pelean entre sí por el control de los territorios, y a menudo llevan a cabo ejecuciones selectivas, desplazamientos forzados, extorsión y amenazas contra residentes de Medellín.

Human Rights Watch ha documentado el desplazamiento forzado de decenas de residentes del barrio Pablo Escobar, por parte de uno de los grupos sucesores de los paramilitares. En un paso positivo, fiscales en Medellín detuvieron a 18 miembros de ese grupo. No obstante, aún no han logrado detener a tres otros que tienen orden de captura.

Varios de los residentes desplazados intentaron declarar en el caso del barrio Pablo Escobar. Sin embargo, Human Rights Watch ha recibido información que indica que ya habrían sido asesinados cinco testigos en los últimos meses.

En junio, Human Rights Watch escribió a la Fiscalía General de la Nación para solicitar que estos testigos fueran incluidos en el Programa de Protección a Testigos de ese organismo. La Fiscalía respondió que los casos estaban siendo analizados. La mayoría de los testigos aún no han sido incluidos en el programa.
Human Rights Watch instó al gobierno a tomar medidas urgentes y efectivas para impedir el asesinato de testigos en los casos existentes y futuros. Estas medidas incluyen la expansión y el financiamiento adecuado del programa de protección de testigos, garantizar que las solicitudes de protección se resuelvan de manera rápida y establecer procedimientos para proteger a las víctimas que no reúnan los requisitos del programa pero que se encuentren en riesgo.

“Es positivo que algunos fiscales estén intentando investigar a estos grupos”, afirmó McFarland. “Sin embargo, los asesinatos indiscriminados de testigos generan dudas sobre el compromiso del gobierno con la desarticulación de los grupos sucesores de los paramilitares”.

Fuente: TeleSur/Human Rights Watch

elciudadano.cl
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Sólo se han traspasado predios a 47 de 115 comunidades mapuches-24-12-09

Sólo se han traspasado predios a 47 de 115 comunidades mapuches:Conadi admite que no podrá cumplir meta de entrega de tierras
Negociaciones complejas, el precio de los terrenos e incluso las causas judiciales que enfrentan posibles beneficiarios entorpecen el avance de los trámites.

jueves 24 de diciembre de 2009

IVÁN FREDES

TEMUCO.

- Pese a los reiterados anuncios del Gobierno de agilización de la compra de predios para resolver lo antes posible las demandas de tierras de comunidades mapuches en conflicto, el director de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), Álvaro Marifil, reconoció que será difícil que se cumpla el mandato presidencial de adquirir y traspasar fundos a 115 comunidades mapuches antes del término de la actual administración.
"Tenemos un avance aproximado del 50 por ciento. Y lo que se proyecta de diciembre a marzo es garantizar que durante 2010 estén todos los procesos administrativos en curso para concretar los negocios. Obviamente, de las 115 hay un número que equivale al 5 o 6 por ciento en que no vamos a concluir con acuerdos", afirmó.
En el lento avance influyen negociaciones complejas con los dueños de tierras, problemas por los altos precios de éstas y discrepancias de las mismas comunidades, dice Marifil.
Por tratarse de negocios con privados, que revisten complejidad respecto de tasaciones, "lo más probable es que algunas de ellas queden pendientes para después de marzo", agrega.
Compromiso
La Presidenta Michelle Bachelet había anunciado en marzo de 2008, durante el lanzamiento de su política indígena denominada "Re-Conocer", que en lo que restaba de su período se materializaría la compra y traspaso de predios a 115 comunidades mapuches priorizadas por la Conadi.
A la fecha sólo se han adquirido y traspasado predios a 47 comunidades mediante la aplicación del artículo 20 (letra b) de la Ley Indígena, que permite la compra directa de tierras para entregarlos a comunidades indígenas en conflicto jurídico, y que demandan restitución de terrenos ancestrales.
En ello también han incidido las causas judiciales que enfrentan miembros de comunidades que serán beneficiadas por tierras, que han sido formalizados por hechos de violencia en La Araucanía. Cuando esto ocurre, se detiene la negociación e impide avanzar rápidamente en la compra y traspaso.
Este es el caso del proceso de compra por los fundos de René Urban, que serían traspasados a miembros de la conflictiva comunidad de Temucuicui. "Estamos evaluando y monitoreando esos casos, pero debemos esperar que la justicia resuelva antes de seguir con el proceso negociador", explica Marifil.
12hectáreas en promedio recibe cada familia mapuche.
300comunidades están en lista de espera para recibir tierras.
$2,9millones en promedio por há paga la Conadi en La Araucanía.

elmercucho.
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El rotundo fracaso del Ministerio Público en el caso EFE---24-12-09

24 de Diciembre de 2009

Justicia absolvió a plana mayor de la estatal descartando delitos

El rotundo fracaso del Ministerio Público en el caso EFE


El ex titular de la empresa de ferrocarriles, Luis Ajenjo, no podía ocultar su felicidad cuando conoció ayer el veredicto. Tampoco Patricio de Gregorio ni el ex gerente Eduardo Castillo, a quien el tribunal liberó de los cargos de fraude al fisco y malversación de caudales públicos, ya que la fiscalía no pudo probar la comisión de dichos ilícitos. En todo caso, el organismo perseguidor y el CDE, evalúan recurrir de nulidad a los tribunales para revocar la decisión. En el mundo político también hubo reacciones.
por Jorge Molina Sanhueza


No hay instante más crucial para el trabajo de un fiscal del Ministerio Público, que el momento en que el presidente del Tribunal Oral donde se ha efectuado el juicio, comienza a leer el veredicto. Es como un salto al vacío que sólo pueden describir quienes lo han vivido. Es, en ese tris, donde todos los argumentos jurídicos y la teoría del caso que ha se investigado, se pone a prueba.
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Latorre sale en defensa de militantes DC absueltos del caso EFE

Ayer a las 11:00 A.M. esta situación la vivieron en carne propia los perseguidores penales Ximena Chong, José Manuel Ramírez y la titular regional Sonia Rojas, cuando el juez Cristián Soto leyó la decisión adoptada por los tres magistrados, respecto a la investigación que llevó la Fiscalía Centro Norte por casi tres años, en contra del ex director de EFE, el DC Luis Ajenjo y otros ejecutivos por los delitos de fraude al fisco y malversación de caudales públicos. El Cuarto Tribunal Oral estimó que las pruebas aportadas no fueron suficientes para acreditar los ilícitos y absolvió no sólo a Ajenjo, sino también a Patricio de Gregorio y al ex gerente de la estatal, Eduardo Castillo. Estos últimos no pudieron esconder su cara de felicidad, mientras la contraparte no podía creer que todo aquello estuviera sucediendo frente a sus propias narices. Y además, el tribunal desechó la demanda interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) -representado por Rosa Espinoza- para que los involucrados devolvieran el dinero percibido.
“El que ríe al último…”
Básicamente, la indagatoria estuvo centrada en el pago de una asesoría que De Gregorio prestó a EFE -a través de una consultora entre 2005 y 2006- relativa a derechos de aguas en el norte de Chile pertenecientes a EFE, por lo cual recibió un sueldo por casi dos años. La fiscalía comprobó que algunos de los informes de este último fueron copiados de internet y de sus propios trabajos anteriores, pero ello no bastó para que los jueces se convencieran de la existencia de un delito, ya que todo se efectuó bajo las normas de la Ley Orgánica de la estatal, señala el veredicto:
No es que en EFE no se hayan cometido delitos. De hecho, otra arista del mismo caso logró varias condenas en contra del ex gerente de administración y un contratista por fraude al fisco, mientras el ministro de la Corte de Santiago, Omar Astudillo, también sustancia un proceso por hechos similares.
“Que, en consecuencia, estos hechos que se han tenido por establecidos, no configuran ilícitos penales en los que les corresponda participación punible a los acusados, en la medida que la carga de la prueba corresponde a los acusadores, y la rendida durante el juicio, resultó insuficiente para acreditar los presupuestos fácticos de los delitos imputados, no lográndose acreditar ni fraude al fisco ni malversación de caudales públicos, de manera que, se absolverá a los acusados”, razonaron los magistrados Soto, José Flores Ramírez y María Elisa Tapia.
Este oscuro escenario tiene hoy a la Fiscalía Centro Norte evaluando si recurre de nulidad a la Corte Suprema o al tribunal de alzada capitalino con el objeto de revertir este fallo, con el apoyo del CDE, lo que implica -si ganan en esta instancia- realizar un nuevo juicio oral, con el gasto de recursos públicos que implicaría nuevamente para las arcas fiscales.
Ajenjo, ex presidente del directorio de Radio Cooperativa y con la militancia suspendida en la DC, no podía evitar la felicidad en el rostro cuando escuchó este fallo. “Se empieza a hacer justicia”, fue su primera frase victoriosa, luego de saludar a los querellantes que estaban en la sala; acto de buena crianza que llevaba implícito simbólicamente el viejo adagio: “el que ríe al último, ríe mejor”.
“La pregunta mía es hasta cuándo vamos a seguir con esto. Hasta cuándo van a seguir afectado a mi familia, a mi, a mis amistades. Yo espero que a partir de hoy esto cambie, que la fiscalía se convenza. Cerró una investigación en que se comprobaron los ilícitos que fueron investigados y denunciados por nosotros mismos en EFE y a propósito de esto se nos intentó acusar”, sostuvo Ajenjo.
Pero no es que en EFE no se hayan cometido delitos. De hecho, otra arista del mismo caso logró varias condenas en contra del ex gerente de administración y un contratista por fraude al fisco, mientras el ministro de la Corte de Santiago, Omar Astudillo, también sustancia un proceso por hechos similares, pero que ocurrieron antes de la entrada en vigencia de la reforma en Santiago (junio de 2005). En esta última causa, Ajenjo no ha sido procesado.
Amor por la fama
Este dictamen de primera instancia generó reacciones inmediatas. El querellante por la UDI Cristián Letelier, el mismo que defiende al ex chofer de Eduardo Frei Montalva, Luis Becerra, procesado como autor del homicidio del ex Mandatario- calificó el fallo como “sorprendente. El diputado RN Christian Monckeberg, aseguró ayer a La Segunda que la resolución “es una muy mala señal para Chile… que sienta un muy mal precedente”.
La reacciones llegaron también desde la DC, donde el presidente de la colectividad, Juan Carlos Latorre, aprovechó la oportunidad de fustigar a la derecha, que “sistemáticamente utilizó la acusación, al poner en duda la honra de las personas, en la prensa, como un objetivo político, sin esperar que se pronunciara ni la Contraloría ni los poderes públicos y el Poder Judicial, en particular”.
A renglón seguido lanzó sus dardos contra los fiscales que llevaron el caso, a quienes acusó de “tener un afán de aparecer en la prensa”. Las críticas también se hicieron extensivas -aunque sin nombrarlo-, al contralor Ramiro Mendoza, cuya entidad que dirige, publicó varios informes con graves irregularidades en la estatal.

elmostrador.
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