miércoles, 9 de diciembre de 2009

Con masiva marcha finalizó en Viedma XVI Parlamento Mapuche de Río Negro -08-12-09


Con masiva marcha finalizó en Viedma XVI Parlamento Mapuche de Río Negro

Entre el 4 y el 7 de diciembre tuvo lugar en Viedma el décimo sexto Parlamento Mapuche de Río Negro. Bajo el lema “Por la defensa de nuestro territorio comunitario y la reafirmación de los derechos indígenas”, se dieron cita las comunidades y organizaciones de la provincia, que debatieron sobre la situación actual del Pueblo Mapuche, así como sobre la vigencia de la Ley Provincial Nº 2.287 en todo el territorio rionegrino. Una masiva movilización que finalizó frente a la Casa de Gobierno constituyó ayer lunes el justo cierre de la actividad.

AZKINTUWE / AGENCIAS DE NOTICIAS - VIEDMA, PUELMAPU - 08 / 12 / 09

Una masiva manifestación callejera, que incluyó danzas tradicionales, fue protagonizada ayer por las comunidades indígenas que entre el 4 y el 7 de diciembre participaron en Viedma el XVI Parlamento Mapuche de Río Negro. Bajo el lema “Por la defensa de nuestro territorio comunitario y la reafirmación de los derechos indígenas”, en dicha ciudad se dieron cita todas las comunidades y organizaciones de la provincia, que debatieron sobre la situación actual del Pueblo Mapuche, así como sobre la plena vigencia de la Ley Provincial Nº 2.287 en territorio rionegrino.

La protesta principal tuvo lugar sobre la vereda de la Casa de Gobierno a metros del despacho del gobernador Miguel Saiz. Al grito de "las tierras robadas serán recuperadas", hombres, mujeres y niños se concentraron en el centro de la ciudad exigiendo ser recibidos por representantes gubernamentales para entregarle un documento político (Ver Recuadro) redactado en el marco del Parlamento que sesionó por espacio de tres días en la delegación Atlántica de la UNCO.Los dardos más punzantes fueron disparados contra las sociedades rurales por mostrarse como víctimas del ejercicio de los derechos ancestrales, y el ministro de Gobierno, Diego Larreguy. A este lo acusaron de facilitar la estructura informativa a una "supuesta" agrupación indígena para criticar las gestiones que realizan desde el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (CODECI) en favor de la recuperación de tierras para las comunidades mapuches. Varios lonkos y la actriz Luisa Calcumil encabezaron en el caluroso mediodía viedmense una ceremonia haciendo sonar los instrumentos de viento (Ñorquin) y de percusión (Kultrum) en señal de repudio a los actos discriminatorios; forzando la salida de un funcionario para que el gobierno se entere del reclamo.

Los manifestantes debieron esperar casi dos horas a que el gobierno decidiera enviar un representante a la vereda de la Casa de Gobierno que mostró un sus ventanales planchas blindadas y una fuerte custodia policial. Los lonkos apelaron al sentido común para buscar un acercamiento, mientras el delegado territorial Víctor Capitán expresó su preocupación por las inclinaciones del gobierno a escuchar más a miembros de sociedades rurales ligados a los sectores de poder, que los reclamos de recuperación de tierras que hacen los mapuches. También señaló cierta inquietud sobre una supuesta resistencia que ejercerían los ganaderos mientras se hace el relevamiento catastral previsto en la Ley Nacional N° 26.160. "Los denunciaremos ante la Justicia", advirtió.

Frente a la Casa de Gobierno, los referentes indígenas fueron atendidos por el subsecretario de Relaciones Institucionales de Río Negro, Juan Carlos Vallés, quien recibió el documento final del Parlamento en las puertas del edificio. En el informe, las comunidades expresan entre otros aspectos, "una profunda preocupación sobre la realidad de hostigamiento, discriminación y exclusión que una vez más padecemos como pueblo". Asimismo, manifiestan la "convicción de vivir según los valores democráticos y ancestrales, así lo evidenciamos en mantener el funcionamiento del espacio de cogestión gobierno-comunidades indígenas" -mediante el CODECI- "a pesar de la falta de atención y postergación que padecemos en relación a nuestras propuestas de trabajo para nuestras comunidades".

El funcionario provincial, tras recibir el documento, se comprometió con los manifestantes a darle difusión, como así también a analizarlo en profundidad. Mientras que no quiso dar declaraciones a la prensa, "hasta tanto no lea el documento", señaló Valles. Cabe señalar que las puertas de todos los edificios públicos se encontraban valladas con efectivos policiales. "En defensa de los derechos indígenas"

El coordinador del programa Ley 26.160 en la provincia y referente de la Coordinadora del Parlamento, Víctor Capitán, se refirió a los reclamos que realizan los pueblos indígenas de todo el país y defendió la aplicación del relevamiento de comunidades que comprende la norma nacional. En este sentido, destacó que el documento que surgió del XVI Parlamento Mapuche de Río Negro, "está referido a las inacciones que tiene el Estado provincial en relación a las demandas y los derechos que tienen las comunidades indígenas, y en especial el Consejo de Desarrollo de Desarrollo de Comunidades Indígenas, que no tiene el presupuesto para funcionar".

Asimismo, Capitán se refirió a "la intromisión que ha hecho en las últimas dos semanas el Ministerio de Gobierno, distribuyendo información de una supuesta comunidad indígena que no existe como tal y que a su vez genera un cierto desprestigio a los dirigentes de la Coordinadora del Parlamento Mapuche y a los abogados mapuches que trabajan dentro de la organización". Al respecto, consideró que "este es un espacio de cogestión (Gobierno-comunidades indígenas), donde quien tendría que guardar respeto por el propio Consejo de Desarrollo debería ser el Ministerio de Gobierno".

En tanto, el referente mapuche, sostuvo que "nos preocupa que se atiendan más los reclamos de la Sociedad Rural donde están los sectores de poder, que los reclamos que tienen históricamente las comunidades indígenas, de reivindicación, de recuperación de espacios territoriales que han sido robados, que en este momento están en litigio". Con respecto al programa Ley 26.160 que se lleva adelante en la provincia, sostuvo que "es una ley de relevamiento territorial, sumamente importante para nosotros para poder investigar los casos donde hemos sido usurpados o violados, o donde no se han respetado los derechos de los pobladores indígenas".

Cabe señalar que esa ley permitió en Río Negro organizar un relevamiento jurídico-catastral para verificar la pertenencia de las propiedades en zonas fiscales de la provincia. "La ley nacional 26.160 está en marcha con la idea de abarcar 125 comunidades y luego se avanzaría en una segunda etapa que tendrá que ver con los títulos comunitarios, es decir no se habla de propiedad individual, sino de títulos para determinada comunidad que ha estado y está en este momento en posesión de la tierra". El temor expresado durante las deliberaciones del Parlamento es que se frene lo actuado ante las disputas territoriales.

Confirmó además el dirigente que "se prorroga la Ley 26.160 hasta el 2013 y esperamos que los legisladores, los nuevos legisladores, tengan en cuenta que hay mucha demanda de leyes por parte de las comunidades indígenas de todo el país, que tienen que ver con la defensa del patrimonio de la identidad cultural, como pueblo, y el resguardo de este patrimonio para poder seguir viviendo dentro de este estado plurinacional". Indicó Capitán que se enfrentará la "campaña de desprestigio" que les afecta "manteniendo en estado de alerta a las comunidades" para que no se desvirtúen los trabajos que se desarrollan dentro del relevamiento que prevé la norma nacional.


Documento político

Tras la culminación del Parlamento, se redactó un documento político que contiene las conclusiones del cónclave que se extendió durante tres jornadas en la capital provincial. El mismo fue remitido tras una movilización, a la Casa de Gobierno, para expresar y transmitirle al Gobierno Provincial la realidad que atraviesa el Pueblo Mapuche. A continuación, sus puntos principales:
"Los representantes de comunidades indígenas en la provincia de Río Negro, reunidos en el XVI Parlamento Mapuche en la ciudad de Viedma, manifestamos al Sr. gobernador Miguel Saiz, sus ministros y funcionarios de todos los poderes del estado provincial, nuestra profunda preocupación sobre la realidad de hostigamiento, discriminación y exclusión que una vez más padecemos como pueblo, por ello:
Reafirmamos nuestros derechos territoriales, como pueblo nación preexistente en ambos lados de la cordillera consagrados por los estados en las constituciones, nacional y provincial, declaraciones y convenio internacional, leyes nacionales, provinciales y municipales.
Resistimos todo accionar de atropello a nuestros derechos adquiridos ancestralmente en el marco del estado de derecho vigente. En tal sentido, repudiamos toda pretensión de imposición de la clase dominante, aquellos que se quedaran con nuestros territorios ancestrales en el marco del negociado histórico que realizara el genocida julio a. roca.
Aquellos grandes terratenientes usureros, hoy la sociedad rural son quienes se victimizan por el ejercicio de nuestros derechos ancestrales que ejercen nuestros peñis y lamien en nuestra well mapu, aduciendo ser respetuosos de la ley y pregonando una vez mas, la desaparición de nuestro modo de vida en armonía de acuerdo a nuestra cosmovisión.
Se mantiene en nuestra memoria histórica las muertes, los atropellos, despojos, corrimiento de alambrados a la fuerza y cuando no por la noche con la complicidad de la fuerza policial, la desaparición de nuestro patrimonio cultural sufridos a lo largo de la historia.
Es necesario e imprescindible que el estado provincial produzca la reparación histórica en relación a la problemática territorial, única forma de poder mirar un futuro sin exclusiones. Han pasado muchos años, y a diario seguimos exigiendo el Fondo de Desarrollo para las Comunidades Indígenas.
Reafirmamos nuestra convicción de vivir según los valores democráticos y ancestrales, así lo evidenciamos en mantener el funcionamiento del espacio de cogestión gobierno – comunidades indígenas (CODECI) a pesar de la falta de atención y postergación que padecemos en relación a nuestras propuestas de trabajo para nuestras comunidades.
Resulta una práctica antidemocrática que el ministerio de gobierno difunda desde su estructura información de una supuesta comunidad indígena que cuestiona a la institución CODECI como también que el ministro de gobierno se reúna con la jueza que tiene a cargo la causa en que se encuentra involucrada la comunidad Kospy, por ello denunciaremos estas circunstancia ante el órgano correspondiente como se ha hecho con el Juez Calcagno que viene negando la aplicación de la legislación destinada a nuestro pueblo.
Es reprochable también, que el ente de la región sur que debiera promover políticas de desarrollo para el conjunto de los productores, se involucre generando espacios de reunión a favor de la sociedad rural y en contra de nuestros pueblos. Nuestro pueblo esta de pie y a partir de la hermandad y reciprocidad con los demás pueblos indígenas en argentina mantenemos el mandato histórico de nuestros kiufikeche (ancestros), nuestros territorios no se negocian, no se venden, ni se usurpan.
Señor gobernador, Miguel Saiz, exigimos una vez mas, respeto, reconocimiento y a no faltar a la palabra y a lo acordado (decreto 310/98), cumpla con las leyes vigentes que la honorable legislatura provincial viene dictando desde el año 1988, que hoy es un catalogo de ilusiones desde su gobierno. Por ello rechazamos la pretensión de ingerencia en el programa de la ley 26160 que se promueve desde la sociedad rural".
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ARGENTINA SANTA INQUISICIÓN:INTEGRISTAS CATOLICOS QUE CONSIGUIERON EL RESPALDO DE UN SECTOR JUDICIAL -05-12-09

La inquiSSición


Por Soledad Vallejos


Los abogados que lograron frenar el matrimonio gay, avalados por un sector de la Justicia, están relacionados con grupos católicos integristas vinculados a la revista neonazi Cabildo y a las defensas de represores de la última dictadura. También fueron protagonistas de la violenta ofensiva contra la exposición del artista León Ferrari









UNA RADIOGRAFIA DE LOS ABOGADOS INTEGRISTAS CATOLICOS QUE CONSIGUIERON EL RESPALDO DE UN SECTOR JUDICIAL


Los cruzados contra el matrimonio gay


Son abogados vinculados con la revista neonazi Cabildo y con los defensores de los represores de la última dictadura. Ya habían logrado interferir en casos de abortos no punibles. Y tuvieron una actuación violenta contra una muestra de León Ferrari.


Por Soledad Vallejos

Los cruzados en contra del matrimonio para personas del mismo sexo no son unos desconocidos: además de haber procedido como por ensayo y error en distintos juzgados hasta dar con uno que los ayudara a frenar la boda entre Alex Freyre y José María Di Bello, tienen una historia que los vincula con todos los temas posibles de la agenda reaccionaria de los últimos treinta años. El cierre de exposiciones impías como la retrospectiva que León Ferrari armó en 2004, las quejas ante estrenos sacrílegos como el del film El Código Da Vinci, los disturbios en charlas sobre el aborto son algunas de las más conocidas. A ellas habría que sumar, al referirse a casi todos los involucrados, la defensa de los militares represores de la última dictadura.


Ante el riesgo de un posible matrimonio entre dos varones recurrieron a argumentos más o menos en común: un orden natural en riesgo, la amenaza total a los derechos de incidencia colectiva, la necesidad esencial que todo niño y toda niña tienen de contar con padre y madre, varón y mujer. Son pocos, poquísimos. Esa conciencia los lleva a multiplicar y distribuir esfuerzos, pero llevan el método a tal grado de sistematicidad que terminan por parecer una gran familia, aun cuando entre sí no se reconozcan como tales.


El martes, dos medidas cautelares diferentes frenaron el casamiento de Freyre y Di Bello. Una de ellas, la menos mencionada, provenía de la Sala E de la Cámara Civil de la Nación, que había acogido una denuncia que la jueza María Rosa Bosio, del Juzgado Civil 92, había rechazado, compartiendo opinión con la fiscal Raquel Mercante, por improcedente. En la presentación inicial, realizada el 17 de noviembre, Pedro Javier Andereggen pidió la nulidad de la autorización que la jueza Gabriela Seijas había dado para que dos varones se casaran; argumentó que la magistrada no tenía competencia para revisar una cuestión de fondo vinculada con el Código Civil. Tras ser desestimada su causa, Andereggen, que se presentó como un interesado particular y querelló nada menos que a un expediente (algo tan inusual que suele ser improcedente), se recuperó del revés rápidamente. La Sala E de la Cámara, integrada por Juan Carlos Dupuis, Fernando Racimo y Mario Calatayud (y que tiene por secretario a Juan Manuel Leguizamón Houssay), resolvió atender su queja el mismo 1º de diciembre, y notificó rápidamente la medida cautelar al Registro Civil de Beruti y Coronel Díaz.


“Es un fallo excelente y puso las cosas en su lugar”, declaró rápidamente Andereggen a la agencia Notivida, lo cual es coherente con su trayectoria: en 2004, fue uno de los patrocinantes de la Asociación Cristo Sacerdote, que pidió a la jueza Liberatori el cierre de Retrospectiva: Obras 1954-2004, de León Ferrari, por dañar los sentimientos religiosos “de la mayoría” del pueblo argentino, y hacerlo doblemente porque las obras contaban con el amparo de una entidad estatal, como el Centro Cultural Recoleta. Para no faltar a la verdad, preciso es recordar que también patrocinaron esa causa Pablo Falabella, Francisco Roggero y Joaquín Otaegui (cuyos fantasmas, en los últimos dos casos, sobrevolaron la medida cautelar contra Freyre y Di Bello). Andere-ggen también patrocinó a Alberto Solanet (presidente de la Corporación de Abogados Católicos) el 1º de agosto de 2006, a la hora de apelar una sentencia de la Suprema Corte bonaerense del día anterior que autorizaba (innecesariamente, dado que encuadraba en lo tipificado como no punible, según reconoció el propio fallo del tribunal) el aborto terapéutico en el sonadísimo caso de LMR, la joven discapacitada mental violada por su padrastro. Como abogado de Solanet, Andereggen explicó que la Corporación procuraba evitar un “aborto u homicidio prenatal”. Por ello se presentaba en defensa de la “persona por nacer”, al considerarla “una persona carente de recursos”, y porque el estatuto 3 de la institución puntualiza que su misión es que los valores morales de “la Doctrina” y “el Magisterio” de la Iglesia, “intentando que éstos regulen las acciones de los individuos y la sociedad”. Andereggen también forma parte de la Sociedad de Abogados Penalistas, tiene un estudio declarado en Defensa al 800 y un hermano, Ignacio, tan relacionado como él.


En el caso del matrimonio por ahora frustrado, Andereggen estuvo por demás activo. El 17 de noviembre, es decir a cinco días del fallo de Seijas que autorizó el matrimonio y precisamente cuando vencía el plazo de apelación de la medida que podía emitir Mauricio Macri, el abogado comenzó a visitar las ventanillas judiciales. Ese mismo día, en el fuero Contencioso Administrativo presentó un amparo en el cual denunciaba al jefe de Gobierno por no apelar el permiso, “lo que constituye un acto de ilegalidad manifiesta, pues ello no está sujeto a oportunidad, mérito o conveniencia sino a actividad reglada”. El mismo día hizo la presentación en el Juzgado 92 (ésa es la causa que prosperó), alegando que la boda suponía un “perjuicio para el bien común”, porque “se ha fallado contra la esencia de un instituto de derecho natural (sic) como es el matrimonio”.


Una semana y un día después, el 25 de noviembre, el mismo Andereggen se presentó como patrocinante de Alejandro Taussig, representante de Pro Familia (Asociación Civil para la Promoción y Defensa de la Familia) y vocal de Red Unifam (al parecer inactiva desde mediados del año pasado), en la que también revistaban nombres del Instituto para el Matrimonio y la Familia (una suerte de think tank de la derecha más previsible, con disculpas de la expresión) de la Universidad Católica Argentina. La presentación fue realizada ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo, según afirmaron fuentes judiciales en esos días a la agencia DyN, “con el aval del arzobispo de Buenos Aires, cardenal Jorge Bergoglio”. La demanda sostenía la incompetencia de Seijas “para entender en los casos en que personas de igual sexo pretendan unirse en matrimonio”.


La otra causa que tuvo incidencia directa en la suspensión del matrimonio entre Freyre y Di Bello fue aquella en la cual la jueza Martha Gómez Alsina dictó una medida cautelar a pedido de Sabrina Melisa Lebed y Miguel Jorge Haslop. Este diario informó hace unos días tanto sobre la escasez de antecedentes de ella como sobre la existencia de antecedentes de él (presidente de la Comisión de Jóvenes Abogados del Colegio de Abogados de Capital Federal –es decir, el que no tiene representatividad ni controla la matrícula profesional–, además de integrante de la Corporación de Abogados Católicos). En el expediente, al que Página/12 tuvo acceso, sólo esos nombres figuran como actores. Sin embargo, en distintos medios informativos ultras durante la semana se afirmó que Lebed y Haslop tenían por abogados a Francisco Ro-ggero y Joaquín Otaegui, dos abogados archiconocidos por haber patrocinado causas llenas de moralina y pasión ultrarreligiosa, como la de Ferrari. Cabe agregar que Roggero y Otaegui comparten estudio en Puerto Madero, que posiblemente sean de una generación mucho mayor a la de Haslop, cuyo nombre, o el de un homónimo, fue relevado, en 2004, durante los incidentes por la visita de la activista pro derecho al aborto Rebecca Gomperts: de acuerdo con La Nación, un “Miguel Haslop”, que brindó testimonio en calidad de “uno de los jóvenes católicos”, anduvo entreverado en los desmanes. ¿Estará teniendo lugar un cambio de guardia, un entrenamiento de las nuevas generaciones?


Mucho más modestas y hasta románticas fueron las acciones de Jorge Luis Vitale y Jorge Horacio Martínez: ambos se apersonaron en el Registro Civil de Coronel Díaz un día antes de la ceremonia para dejar asentada su oposición al enlace. Martínez se identificó como un ciudadano argentino de 58 años, viudo. Vitale, de 60, dijo ser “abogado, divorciado”, lo que decididamente no cuadra con su labor al frente del “Consultorio para abogados y legisladores católicos”, ni con su especialidad en “aplicación del derecho canónico en la legislación de un país”. Su actuación más destacada, públicamente hablando, de los últimos años, fue en mayo de 2006, a poco del estreno de El Código Da Vinci: Vitale se presentó ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal como “católico apostólico romano, afectado por la película”, que era “una agresión y un insulto a la creencia de la mayoría”. Pidió que la Justicia obligara a la distribuidora del film a aclarar que se trataba de una ficción; exactamente lo mismo reclamaba el vocero del Opus Dei local, Esteban López del Pino.


Por su parte, la Corporación de Abogados Católicos afirma haber presentado en su propio nombre (y con el patrocinio de Eduardo Sambrizzi) “recursos de nulidad y apelación” contra la sentencia de Seijas. Sustenta sus supuestos recursos en la “defensa de los ‘derechos de incidencia colectiva’ a que hace mención el segundo párrafo del art. 43” de la Constitución Nacional. Sambrizzi afirmó haber iniciado los recursos el 16 de noviembre, ante la propia Seijas, y estar dispuesto a llegar a la Corte Suprema, llegado el caso. Posiblemente el presidente de la Corporación, Eduardo A. Bieule, fundador de Abogados por la Justicia y la Concordia (agrupación habitué de las marchas de Cecilia Pando), sea insistente sobre este tema.


Otras tres causas quedaron en el camino: una, presentada el 17 de noviembre por el hiperactivo Pedro Javier Andereggen contra Mauricio Macri en el Fuero Contencioso Administrativo porteño, por haber decidido no apelar (hasta ayer no había sido resuelta); otra, iniciada ante el tribunal 9 del Contencioso porteño por un aún ignoto Ernesto Lamuedra, también “contra el Gobierno de la Ciudad sobre amparo”, que ya fue desestimada; y una última, iniciada el 19 de noviembre por la Corporación de Abogados Católicos ante la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que ya fue rechazada.



SUBNOTAS


Para bajarle el tonoPor Emilio Ruchansky


Redes y cajas chinasPor Sergio Kiernan


Contra el “gaymonio”


Un pedido a la Presidenta

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De Puerto Pirámides a Neuquén -Por Osvaldo Bayer -05-12-09

De Puerto Pirámides a Neuquén

Por Osvaldo Bayer

Desde Bonn

El mismo día que llegué a Alemania recibí un paquete de Puerto Pirámides. Sí, de la lejana y bien querida Patagonia. Me informaban del éxito tenido con la acción “Poniéndoles nombre a las calles de mi pueblo”. La más democrática de las acciones que se pueda uno imaginar. Toda una actividad comenzada hace tres años por la docente Eugenia Eraso y acompañada desde un principio por otros docentes y las autoridades municipales. Era necesario ya poner nombres a las calles porque la población había crecido.

Pero esta vez se hizo al revés. Es decir, no se esperó que los nombres fueran puestos por las llamadas autoridades nacionales o provinciales –como siempre fue costumbre en nuestro país–, sino que las votara el mismo pueblo. Para lo cual se pusieron tres categorías de nombres. En la primera, “Nombres de antiguos pobladores y pobladoras de la península Valdés”. En la segunda, “Pueblos originarios”, y la tercera categoría: “Hombres y mujeres que tuvieron un rol protagónico en la Historia de la Patagonia”. Para lograr lo primero, se movilizó a los alumnos mayores de 12 años del ciclo básico del nivel secundario de la Escuela N° 87, a fin de que ellos visitaran a todos los más antiguos pobladores y escucharan su opinión acerca de quiénes merecían que las calles de ese pueblo que ellos ayudaron a construir llevaran sus nombres. Durante dos años esos estudiantes salieron a la calle a buscar los datos, con lápiz, papel, grabador y cámara en mano. Recogieron y grabaron decenas de charlas de prolongada duración. Fueron a las raíces del origen. Es decir, se reunía a la historia con el porvenir, los viejos y los apenas salidos a la vida. ¿Por qué así? Lo dice la docente Eugenia Eraso: “La posibilidad de involucrar a los jóvenes con la población adulta ofrece una valiosa oportunidad de transformarlos a ambos en protagonistas en la reconstrucción y también en la proyección de la historia futura”, y “así se deja de lado aquella postura de siempre de nombrar calles de las ciudades con los nombres que dicta la historia oficial”.

Es decir, un principio sano, bien democrático. Más en la Patagonia, donde todo se llama Roca, Perito Moreno y el nombre de todos los oficiales de aquella expedición militar que tuvo como objeto sólo quedarse con toda la tierra. “Recordar nuestros orígenes y a los primeros que vinieron desde otras latitudes”, señala el proyecto. Y así fue. Se organizó luego una comisión de vecinos y de docentes, que actuaron junto a la presidenta del Concejo Deliberante local y el director de Cultura. Además, contaron con el asesoramiento de los historiadores de la Universidad de Trelew.

Es la primera vez que se hace algo así en nuestra república: votaron todos los habitantes mayores de 12 años, es decir que también se integró en esta historia a los que asomaban a la adolescencia. Fueron votados así diecisiete nombres de antiguos pobladores. Siete, de los pueblos originarios, entre ellos los nombres tehuelches, Cacique Inacayal, Cuadro del Indio, Aymé Payné, Cacique Sayhueque, y Nancuyeo, y una de las principales calles llevará precisamente ese nombre: Pueblos originarios. Y siete, de protagonistas de la historia patagónica. En esta categoría, el más votado fue el nombre de Peones patagónicos, en recuerdo de los trabajadores de la tierra fusilados por el 10 de Caballería en las huelgas de 1921; y en segundo lugar, nada menos que Facón Grande, el nombre que le asignaron las peonadas a ese gaucho que salió en defensa de los huelguistas y murió ejecutado por los militares. Otros de los votados fue el nombre del abogado Mario Abel Amaya, desaparecido por la última dictadura militar. También se eligió como nombre a Hermanos Cugura, dos jóvenes chubutenses, desaparecidos durante la dictadura de Videla.

Es decir, la opinión del pueblo, debido a una proposición venida desde las bases. Todo un ejemplo a seguir. Vemos así cómo se aprende de la verdadera historia. Y cómo, con el tiempo, los valores éticos van derrotando a la historia oficial: Peones patagónicos, Facón Grande, Mario Abel Amaya, Pueblos originarios, Cacique Inacayal. Justamente Ina-cayal, el tehuelche que fue exhibido en el museo de La Plata por el perito Moreno, y que al morir, pronunció estas palabras: “Yo, hijo de esta tierra... blancos ladrones, matar a mis hermanos, robar mis caballos y la tierra que me vio nacer... ahora prisionero... desdichado”. Ahora lo recordará para siempre Puerto Pirámides. Algo para aprender.

Como decimos, en la historia –a veces tarda– finalmente triunfa la Etica. Porque también en nuestra querida Patagonia, justamente el próximo martes, se llevará a cabo, como todos los años para esta fecha, el acto de recordación de los peones rurales fusilados en 1921 en la estancia La Anita, propiedad de los Braun Menéndez. Organizado por la Comisión de la Memoria de las Huelgas Patagónicas de 1921, que preside el historiador Luis Milton Ibarra Philemon, se llevará a cabo ese acto justamente en el cenotafio que recuerda a las decenas de trabajadores fusilados en dichas huelgas rurales. Concurren siempre muchos patagónicos, principalmente estudiantes universitarios y secundarios y representantes de los trabajadores rurales. Pero creemos que ha llegado el momento de solicitar que se inicie de una vez también la reivindicación de tantos seres humildes asesinados por el poder, dado que fue el presidente Yrigoyen quien dio el bando de la pena de muerte al teniente coronel Varela, jefe del 10 de Caballería para terminar con los huelguistas. No hace mucho tiempo, en una entrevista que tuve con el dueño de la estancia La Anita, Federico Braun, le sugerí que donara una cuarta parte de su extensísima estancia a los trabajadores rurales para que ellos organizaran una cooperativa de trabajo y producción. De esa manera, se indemnizaría en el recuerdo a aquellos otros humildes trabajadores que fueron fusilados por pedir tan poco, justo en esa estancia. Pero el latifundista Federico Braun se hizo el desentendido. Creemos que ya es hora de que la Legislatura santacruceña expropie una parte de esa estancia y promueva esa cooperativa. Fueron los poderes públicos los responsables. Tiene que haber una respuesta ante tanto crimen. Es hora de comenzar a discutir esto que se mantiene sólo como “un error del pasado”.

Errores que seguimos cometiendo los argentinos. Porque demos vuelta la hoja, hasta aquí, en Europa, ha llegado el eco de un nuevo hecho vergonzoso que acaba de ocurrir en suelo argentino, que lo llena a uno de dudas y de profunda indignación. El desalojo brutal a que fueron sometidos los habitantes del espacio ancestral de la comunidad Paicil-Antreao en la ladera del cerro Belvedere, en Villa La Angostura, sur de Neuquén. Aquí se ha podido ver por televisión la entrada brutal, la destrucción de las viviendas, a palazo limpio, y la humillación a que fue sometida esa población originaria por parte de la policía neuquina y parapoliciales. Todo porque el latifundista norteamericano William Fisher lo solicitó al juez Videla, quien aprobó el desalojo. Ya se ha vuelto cosa común en la Patagonia. Se vende toda la tierra –ver el caso Benetton, con casi un millón de héctareas– al mejor postor, sin tener la menor consideración con las familias autóctonas que viven desde hace siglos en esas regiones. Lo escribimos ya en estas contratapas cuando se desalojó a la familia Curiñanco-Nahuelquir, en Leleque. Ahora es el gobernador Sapag que permite la actuación de parapoliciales en el caso Paicil-Antreao. Pero, uno se pregunta, ¿no hay otros procedimientos? Por ejemplo, ante todo, respetar el derecho a las familias con sus hijos a tener un techo en tierras que siempre fueron habitados por ellos. Es que en “la práctica” la moral se mide por los millones de dólares que pone un extraño sobre la mesa y al cual nuestra Justicia le da derecho a la vida y a la muerte de los demás, más siendo éstos humildes. Porque no exagero, si esas familias se hubieran resistido con violencia, la policía neuquina y sus parapoliciales habrían dejado tendido en el suelo a más de uno, como ya lo hizo con el maestro Fuentealba. Parece ser que los gobernadores de Neuquén toman como modelo a Sobisch.

La pregunta, entonces, es: ¿cuándo se van a poner los derechos humanos –más cuando se trata de familias– por delante del dinero en nuestro país? ¿Cómo es que la provincia de Neuquén –en su Justicia y sus autoridades de gobierno– no atendió primero los intereses de las familias antes que los intereses mezquinos de un dueño de todo menos de la moral? Más teniendo en cuenta que esas poblaciones son milenarias y que debe respetarse su falta de sentido de la propiedad, que los enaltece ante nosotros.

De Puerto Pirámides a los actos reivindicativos en la estancia La Anita, sí, pero... para finalizar con la ignominia de los palos a la comunidad Paicil-Antreao. Un tiempo argentino. ¿Y el pensamiento de los héroes de aquel 25 de mayo de 1810, dónde queda? ¿Y nuestro Himno con ese verso definitivo “Ved en trono a la noble igualdad, Libertad, Libertad, Libertad”?
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Primer magnicidio claro de nuestra historia sociopolítica-"Ejército TERRORISTA FASCISTA CHILE: No hay culpas institucionales en caso Frei"-09-12-09


Ejército: No hay culpas institucionales en caso Frei


Comandante en Jefe, Oscar Izurieta, dijo esperar “plena justicia” por crimen del ex Presidente y señaló “solidaridad” con la familia.


Miércoles 9 de diciembre de 2009 Actualizada 12:52 País


El Comandante en Jefe del Ejército, Oscar Izurieta, señaló que en el caso del crimen del ex Presidente Eduardo Frei Montalva no hay responsabilidades de esa institución, luego que el juez Alejandro Madrid procesara a 2 personas ligadas a esa fuerza.

“Aquí hay una posición institucional de hace mucho tiempo que el Ejército ha hecho actos muy claros, ha reconocido reiteradas veces la participación que le cupo durante el gobierno militar y las culpabilidades específicas obedecen a personas y no a instituciones”, dijo el General Izurieta.

Agregó que “frente a los dolorosos momentos que está viviendo la familia del ex Presidente Frei Montalva, el Ejército les expresa su comprensión y solidaridad” y "espera por el bien de Chile que se llegue a toda la verdad lo antes posible y sobre esa verdad se haga plena justicia".

Entre los 6 procesados este lunes por el Ministro en Visita, figuran como autores del homicidio el médico Patricio Silva Garín, coronel de Sanidad del Ejército, y Raúl Lillo, ex agente civil de la DINA, la CNI y la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dine).

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9 de Diciembre de 2009


Los fundamentos éticos del Estado

La decisión de un juez de recaratular como homicidio el proceso correspondiente a la muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva y encausar judicialmente a seis personas por el hecho 27 años después de ocurrido, reviste, por sus circunstancias, el mayor de los significados para la historia institucional del país.

Se trataría del primer magnicidio claro de nuestra historia política, en este caso en contra de un ex Presidente, activo opositor de la dictadura militar que gobernaba el país al momento de ocurrir el hecho.

En segundo lugar habría sido cometido mediante conspiración por agentes del Estado, los que siguiendo instrucciones superiores que deben ser determinadas en el juicio, habrían actuado con premeditación y alevosía, aprovechando la circunstancia particular de una enfermedad de la víctima.

El Estado y sus instituciones no son independientes ni ajenas a lo que sus ciudadanos, en especial aquellos que ostentan responsabilidades, hacen con sus conductas, carácter, valores, razonamientos y emociones ante temas tan profundos como los derechos humanos o la democracia.

En tercer lugar, la investigación de los antecedentes que han permitido al magistrado actual construir la plausibilidad jurídica de la comisión del delito ha tomado casi veintisiete años, la mayor parte del tiempo sin contar con cooperación significativa o el interés de las instituciones del Estado.

Finalmente, la trama social y política de los hechos tiene rasgos especiales. Ligada estrechamente a las violaciones de derechos humanos del gobierno militar, vincula como autores a personas muy íntimas del círculo del mandatario asesinado, reclutadas como agentes por la dictadura. Y el hecho se proyecta al presente de manera inevitable en medio de una elección presidencial reñida en la que participa uno de sus hijos.

El caso demuestra, una vez más, que lo ocurrido en 1973 tocó de manera devastadora el conjunto del tejido social y político del Chile contemporáneo con secuelas que aún no terminan. Y que los decenios invertidos por la justicia investigando los casos de detenidos desaparecidos o crímenes como el de Eduardo Frei Montalva, Orlando Letelier o el general Carlos Prats, constituyen actos de refundación ética y valórica del Estado de cara a su Segundo Centenario como República.

Por ello es fundamental que el país entienda que está frente a un momento excepcional para hacer una inflexión política profunda frente a la tendencia a relativizar el valor de las instituciones o instrumentalizar en beneficio propio resultados como los que entrega hoy la justicia en relación a la muerte de Eduardo Frei Montalva.

La ética republicana exige una comprensión de más largo plazo y un mayor autocontrol para enfrentar hechos como el descrito, no para que el tiempo o las sentencias judiciales los extingan u olviden, sino para cultivar con prudencia la formación moral del Estado, y para que esos hechos no vuelvan a ocurrir, porque siguen siendo demasiado actuales.

El Estado y sus instituciones no son independientes ni ajenas a lo que sus ciudadanos, en especial aquellos que ostentan responsabilidades, hacen con sus conductas, carácter, valores, razonamientos y emociones ante temas tan profundos como los derechos humanos o la democracia.

Alguien que declara buenas intenciones pero nunca actúa con base en ellas no es una persona moral. Tampoco si su carácter lo lleva permanentemente a actuar en contra del derecho de otros incluida su vida. Menos aún si tal actuación excluye la convicción de bondad o maldad en sus resultados; si no efectúa el mínimo razonamiento moral de su conducta ni expresa autocrítica alguna a lo hecho que haga suponer un mínimo autocontrol.

Una persona que actúa así es totalmente amoral, y sus actos personales o de Estado en los que participa carecen de todo fundamento moral. Tal es el caso de la Dictadura Militar y de Augusto Pinochet, y parte de esa verdad es la que se establece con lo actuado por el Juez en la muerte de Frei Montalva.

No obstante lo anterior, el camino recorrido por la justicia es para determinar responsabilidades individuales y no políticas. Al respecto se debe hacer notar que entre los ripios que ha debido sortear la investigación judicial están la falta de información de instituciones públicas que debían cooperar, y la reconstitución del poder jurisdiccional como un ente autónomo, lo que ha tardado años.

De ahí la necesidad de valorar en su justa dimensión todo lo actuado y sustentar las prerrogativas del magistrado, más allá de cualquier duda que se aparte de lo judicial. No le compete a él, sino a la elite política, velar porque la justicia y la verdad primen como valores en nuestra democracia.


ELMOSTRADOR

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Parlamento del Pueblo Mapuche en repudio al desalojo del Lofche Paichil Antreao- Viedma, Río Negro. 05-12-09

Viedma, Río Negro. 5 de diciembre de 2009


Comunicado de prensa en repudio al desalojo del Lofche Paichil Antreao


Los representantes de las comunidades que conforman la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche en Río Negro, reunidos en el décimo sexto parlamento nos solidarizamos frente al brutal desalojo que han sufrido la Lofche Paichil Antreao y declaramos nuestra profunda preocupación e indignación ante la decidía con la que se maneja el gobierno de la provincia de Neuquén, desconociendo la Ley Nacional 26.160, prorrogada hasta el 23 de noviembre del 2013, que prohíbe los desalojos. Acciones como estas, perpetradas por el gobierno de la provincia de Neuquén, por su secretario de justicia Guillermo Pellini, un fiscal y para-policiales atentan contra el desarrollo pacifico y armónico del Pueblo Mapuche. Es necesario Recordar que la constitución nacional en el articulo 75 ins.17 reconoce los derechos de los pueblos Originarios preexistentes al estado. También no hay que olvidarse del marco jurídico internacional, sito convenio 169 de la O.I.T y la declaración de los derechos humanos de los pueblos Originarios de la ONU, que reconocen internacionalmente los derechos de los pueblos originarios.
Llamamos a la reflexión a los poderes municipales, provinciales y nacionales, a no prestar oídos a falsas acusaciones perpetradas por sectores reaccionarios de la sociedad que hoy dicen ser paladines de el derecho cuando ayer no tuvieron los mismos miramientos morales tanto como para fraguar títulos de propiedad y echar a hermanos de sus territorios ancestrales.
El pueblo mapuche exige que se le reconozca la posesión ancestral y se le permita a la Lofche Paichil Antreao el desarrollo con identidad en su territorio y que nunca más se utilice la fuerza y desalojos arbitrarios como método de accionar de la justicia.

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Candidato de la Concertación Eduardo Frei presentó sus 17 medidas pro Derechos Humanos.-06-12-09

Con Víctor Jara de inspiración

/ La Nación

Candidato de la Concertación Eduardo Frei presentó sus 17 medidas pro Derechos Humanos.





Domingo 6 de diciembre de 2009 LND Animus

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Vea más en sitio Elecciones 2009

Su compromiso de anular los efectos del Decreto Ley de Amnistía de 1978 y poner fin a la Ley Antiterrorista anunció ayer el candidato presidencial de la Concertación, Eduardo Frei, en momentos en que miles de personas acompañaban los restos de Víctor Jara en su recorrido hasta el Cementerio General.

“Hoy el país está por fin saldando una deuda que mantenía desde hace más de 36 años con uno de sus más grandes creadores”, dijo Frei desde su residencia y junto a destacadas personalidades como la madre de la Presidenta Bachelet, Ángela Jeria; Estela Ortiz, viuda de Manuel Parada, uno de los tres profesionales comunistas degollados en 1985; Maya Fernández, concejal y nieta de Salvador Allende; la delegada presidencial para los Derechos Humanos (DDHH), María Luisa Sepúlveda; parlamentarios y representantes de organizaciones de este ámbito.

Destacó que la mejor manera de honrar la memoria de Víctor Jara “es reforzar nuestro compromiso con el respeto a los derechos humanos, a la vida, a la libertad y a la solidaridad”. Por ello, dio a conocer 17 compromisos que asumirá en su gobierno y que conforman lo que denominó la Agenda de Derechos Humanos del Bicentenario .

Además de la Ley de Amnistía y la Ley Antiterrorista férreamente rechazadas por las organizaciones de DDHH, la propuesta contempla enviar un proyecto de ley que tipifique la desaparición forzada de personas como crimen contra la humanidad; asegurar el financiamiento y continuidad de las investigaciones judiciales por los DDHH; establecer un mecanismo legal y administrativo para fijar indemnizaciones en estos casos; lograr la ratificación por parte de Chile de las convenciones de la OEA y la ONU sobre Desaparición Forzada de Personas y de la convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad.

Frei reconoció que pese a la decidida actitud expresada por los gobiernos de la Concertación para establecer verdad, justicia y reparación, “aún falta para que en Chile se consolide una cultura total de respeto de los DDHH compartida por toda la sociedad”. En este sentido, criticó al candidato derechista. “No se puede explicar de otra forma que el candidato de la derecha asuma compromisos oscuros con algunos ex militares para prometer impunidad. O que aún existan sectores de la derecha que niegan o minimizan los horrores y abusos cometidos en dictadura”, concluyó.
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MEO critica propuesta de DDHH de Frei

"No lo hemos visto en 20 años preocupado de esto", dijo Enríquez-Ominami, quien se mostró "sorprendido" de que haya un candidato que "acaba de descubrir que tenemos una deuda en Derechos Humanos.

Domingo 6 de diciembre de 2009 Actualizada 15:36 Política
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"No lo hemos visto en 20 años preocupado de esto", dijo Enríquez-Ominami, quien se mostró "sorprendido" de que haya un candidato que "acaba de descubrir que tenemos una deuda en Derechos Humanos.


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Frei con Víctor Jara de inspiración
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El candidato presidencial independiente, Marco Enríquez-Ominami, criticó este domingo la propuesta del abanderado del oficialismo, Eduardo Frei, de anular los efectos de la Ley de Amnistía, y afirmó que en 20 años el senador democratacristiano no había mostrado preocupación respecto de esta materia.
"No lo hemos visto en 20 años preocupado de esto", dijo Enríquez-Ominami, quien se mostró "sorprendido" que haya un candidato que "acaba de descubrir que tenemos una deuda en Derechos Humanos.
El diputado ex PS se comprometió en su eventual gobierno a promover un reconocimiento constitucional del derecho al trabajo
"En Chile el derecho a la propiedad está garantizado y no el derecho al trabajo. Algunos de los absurdos de la Constitución de 1980 es ese", sostuvo.
Respecto de la contienda electoral, el presidenciable aseguró que ya se encuentra trabajando en la segunda vuelta y que en esa instancia "evidentemente" espera incorporar a mucha más gente.
Luego de una conferencia realizada en las afueras del Club Hípico, el parlamentario partió a una caravana por las comunas de Santiago Centro, Estación Central, Cerrillos, Maipú y Pudahuel. A las 13:00 horas tenía contemplado tomar un avión con destino a Chillán, donde realizará un puerta a puerta.

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6 de Diciembre de 2009

Estima un doble estándar del presidenciable

Esteban Valenzuela considera “hipócrita” la propuesta de DD.HH. de Frei

El ex militante del PPD cuestionó la postura del abanderado de la Concertación, afirmando que cuando era Mandatario “se negó sistemáticamente a recibir a familiares de detenidos desaparecidos, donó dinero a la junta y protegió a Pinochet de la justicia y ahora quiera plantear una propuesta en derechos humanos”.

El vocero de la campaña de Marco Enríquez-Ominami y candidato a diputado, Esteban Valenzuela, puso en duda la veracidad de la propuesta de derechos humanos del candidato oficialista, Eduardo Frei, afirmando que “su pasado muestra una marca muy distinta”.

El ex PPD y que aspira a ser elegido en la Cámara Baja por Rancagua agregó que “Frei no hizo nada de esto cuando tuvo su oportunidad. ¿Por qué tendríamos que creerle ahora?”

“Es una hipocresía que Frei, quien se negó sistemáticamente a recibir a los familiares de detenido desaparecidos, donó dinero a la junta y protegió a Pinochet de la justicia y ahora quiera plantear una propuesta en derechos humanos”, expresó.

Sobre la derogación de la ley antiterrorista, Valenzuela dijo que Frei tuvo la oportunidad de poner fin a esta normativa “y no lo hizo. Por eso, es que las personas no le creen lo que promete”.

Recordó que hace pocas semanas “Marco asistió a la asociación de familiares de Detenidos Desaparecidos y firmó un compromiso con los derechos humanos. Y les recuerdo que fue Frei quien se negó a firmar dicho documento ¿cambió de parecer?”.


Frei se reunió el sábado con varias personalidades ligadas a los derechos humanos como María Luisa Sepúlveda, Luciano Fouilloux, Fanny Pollarolo, Estela Ortiz y Gabriel Pozo, entre otros, a quienes detalló su carta de navegación sobre este tema.

En la oportunidad, el abanderado concertacionista dijo que entre sus medidas para un eventual gobierno suyo destaca el impulsar la anulación de los efectos del Decreto Ley de Amnistía del año 1978; trabajar por la forma actual en que se aplica la ley antiterrorista de modo que las legitimas acciones de movilización social en democracia no puedan ser sancionadas bajo este concepto; y promover una cultura de respeto a los DDHH reforzando las políticas para recuperar nuestra memoria histórica, justicia, verdad que “son fundamentales para sanar las heridas de Chile”.

ELMOSTRADOR

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La mano larga de Pinochet en Nueva Las Condes-06-12-09


La mano larga de Pinochet en Nueva Las Condes

Por Luis Narvaez / La Nación

Mediante una licitación privada, un grupo empresarial compró al Ejército más de 100 hectáreas del exclusivo barrio, donde hoy las familias Martínez, Sarquis y Cueto venden el metro cuadrado más caro del país. Conozca la negociación secreta de Marco Antonio Pinochet y las implicancias que podría tener en el caso Riggs.
Domingo 6 de diciembre de 2009 LND Reportajes

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Marco Antonio Pinochet, hijo menor del dictador, participó secretamente en la operación con que se traspasó el estratégico terreno a las familias Sarquis, Martínez y Cueto.
El brazo mecánico de la retroexcavadora azotó la pared de concreto. El golpe produjo un gran estruendo en la Villa San Luis de Las Condes. Aunque el grueso block ya había sido desguazado por cientos de obreros, la muralla no quería caer. Un tanto sonrojado, el alcalde de ese entonces de la comuna, Joaquín Lavín, debió abortar la misión y dar paso a maquinaria mayor y explosivos. Así se apuraba la ceremonia que sepultó el proyecto de integración social del gobierno de Salvador Allende. Durante la Unidad Popular, en el mismo sector que hoy cobija a las majestuosas oficinas corporativas de Lan y Corpgroup, junto a la avenida Presidente Riesco, se construyeron más de mil departamentos para gente que no tenía vivienda. El experimento unificador duró poco.

El terreno, cercano a las 100 hectáreas, perteneció por largo tiempo a la desaparecida Corporación de Mejoramiento Urbano, entidad que fue sustituida por el Serviu. En 1989, en las postrimerías de la dictadura, Augusto Pinochet firmó un decreto que traspasó el estratégico paño a Bienes Nacionales y luego a Defensa. Tiempo después, ya con Patricio Aylwin en La Moneda, Pinochet, como comandante en jefe del Ejército, rubricó otras resoluciones que dejaron esta superficie de Las Condes en manos de Bienestar Social de la institución castrense, división que le daría un uso habitacional.

El amplio terreno no tuvo ese destino. Mediante una licitación privada, fue vendido a Inmobiliaria Parque San Luis, sociedad conformada por las familias Sarquis, Martínez y Cueto, que comparten vínculos con la familia Pinochet, miembros del Alto Mando y al actual candidato de la derecha, Sebastián Piñera. El precio de US$89 millones pactado inicialmente no se completó en la forma acordada.

Según testigos de la firma de la escritura de compra-venta entre el Ejército y Parque San Luis, quienes entregaron su testimonio a LND, Marco Antonio Pinochet, hijo menor del dictador, participó en las reuniones de directorio de la inmobiliaria. No quedó registro de su presencia en las actas. Fueron sesiones secretas.

Pablo Heilenkötter, abogado experto en derecho civil y comercial, trabajó para Guadalquivir, firma que gestó el negocio. Con sus colegas del Comando de Apoyo Administrativo del Ejército (CAAE) preparó las bases de la licitación privada y la adjudicación de los terrenos. También ocupó el cargo de secretario de acta en los directorios de la inmobiliaria. Consultado por LND respecto al objetivo de las reuniones, Heilenkötter dijo que “no se discutía ningún otro proyecto que no fuera Nueva Las Condes y de cómo se desarrollaría. Por lo tanto, las reuniones tenían como único fin definir cuánto dinero iban a colocar y cómo se realizaría la inversión”. Agregó que “participaban los representantes de los socios y dentro de éstos, en algunas reuniones en las que yo tuve que salir, apareció dos veces Marco Antonio Pinochet”.
-¿Y por qué participa el hijo del entonces comandante en jefe del Ejército?

-Era evidente que ya se estaba conversando, con el terreno adjudicado por el Ejército, sobre cómo proyectar el pago de la obligación y las inversiones que había que hacer. Hablamos de cerca de 500 millones de dólares. Eran reuniones de inversionistas.

El abogado no sabe si Marco Antonio Pinochet o su familia invirtió dinero en el negocio. La posibilidad de que el clan Pinochet pueda estar relacionado a esta transacción ha tomado por sorpresa al ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Manuel Valderrama, quien investiga el origen de la fortuna del dictador, en el denominado caso Riggs.

Informado sobre la publicación de este artículo, el magistrado dijo a LND que “no existen los antecedentes que usted me menciona en el expediente que tengo a mi cargo”. Sin embargo, el juez no descartó realizar una investigación. “Si los antecedentes hablan de una eventual participación (de Marco Antonio Pinochet), efectivamente puede ser susceptible de que se investigue, habida consideración que puede caer dentro del mandato que como juez instructor tengo para desarrollar este proceso”, expuso.

Un proyecto social

En la película “Dawson, Isla 10”, dirigida por Miguel Littin, un arquitecto, que forma parte del grupo de prisioneros, dibuja con un pedazo de lápiz las situaciones cotidianas de ese centro de detención. Es un soñador que expresa con un mínimo carboncillo el dolor del cautiverio y la pérdida de los compañeros que fueron masacrados. Es Miguel Lawner, ex director ejecutivo de la Cormu y responsable del proyecto de la Villa San Luis en el gobierno de Allende. Se construyeron 1.017 departamentos, repartidos en blocks, en el terreno que anteriormente había sido el fundo San Luis (ver infografía). El proyecto urbanístico incluía además, áreas verdes, un campo deportivo que fue traspasado a la Corporación de Fútbol de la Universidad de Chile (Corfuch) y un centro comercial. Más de cinco mil personas -entre ellas, habitantes que vivían en campamentos a la orilla del río Mapocho- fueron trasladadas para que habitaran ese lugar.

Tras el golpe de Estado, explica Lawner, “las familias fueron expulsadas y trajeron a militares con sus familias para vivir ahí”. El arquitecto fue detenido y enviado a Dawson. Posteriormente fue exiliado y regresó en 1984.

“Una de las primeras actividades que hice fue ir a ver lo que había sucedido con la Villa San Luis. Me dio una gran tristeza e impotencia ver el abandono en que se encontraban todos los edificios, con los vidrios rotos y las áreas verdes descuidadas. Con el tiempo entendí lo que allí estaba ocurriendo”.

Pinochet trasladó a centenares de familias de suboficiales a ocupar los departamentos, pero poco a poco los fue desocupando. Desde el punto de vista legal, dicha propiedad continuaba siendo fiscal, debido a que el golpe de Estado interrumpió el proceso de entrega de títulos a los habitantes del sector. Tras el triunfo del No en el plebiscito de 1988, Pinochet gestó las leyes de amarre y dictó varios decretos express. Uno de ellos permitió que, en diciembre de 1989, el Serviu traspasara a Bienes Nacionales los seis lotes de terreno que componían la Villa San Luis de Las Condes, cuya escritura está en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago. Según Lawner, “este paso intermedio era indispensable para poder blanquear el despojo, dado que el Serviu carece de atribuciones para transferir la población directamente al Ejército”.

El 21 de junio de 1991, ya en democracia, la subsecretaria (S) de Bienes Nacionales, Dushanka Ropert, firmó otro decreto (Nº 38), documento que resultó clave en la suerte que corrió la propiedad y que permitió la realización del millonario negocio. Dicho acto destinó la villa completa a Defensa, la Subsecretaría de Guerra y al CAAE del Ejército “para fines habitacionales de la institución destinataria”.

Sin embargo, en el último párrafo del decreto se estableció un factor determinante: “Si el servicio beneficiario no utilizare los inmuebles en los fines señalados o si lo cediere, a cualquier título, se pondrá término de inmediato a la presente destinación, bastando para ello sólo el informe de la Seremi de Bienes Nacionales de la Región Metropolitana, que acredite cualquiera de las circunstancias antes señaladas”. En total, la transferencia implicaba una superficie total de 112 mil 155 metros cuadrados.

El decreto 38 permitió que el Ejército traspasara la propiedad completa al Patrimonio de Afectación Social (PAF), pero si los fines habitacionales no se cumplían, bastaría la firma de Pinochet para que se desafectara y, por ende, se pudiera enajenar. Dos decretos sucesivos excluyeron de este traspaso al denominado “lote 18”, que fueron dos blocks, cuyas 96 familias pudieron demostrar que tenían títulos que acreditaban el dominio sobre sus viviendas.

El 22 de diciembre de 1994, Pinochet firmó la “resolución de comando” Nº 4180/120 con que aprobó la enajenación del terreno y la apertura de una licitación privada para vender al mejor postor.

Los socios

Jaime Ruiz Acosta era dueño de Inmobiliaria Guadalquivir. Las dos esposas que había tenido hasta ese momento (1996) eran primas del general Richard Quass, jefe del Estado Mayor General del Ejército y uno de los miembros del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones de Propiedades y Predios.

Su firma aparece en el acta Nº 2 de ese año, donde se aprobó la adjudicación de la venta del terreno al Consorcio Macalto S.A., de propiedad del empresario Jorge Sarquis, socio de Pesquera Itata. La decisión se tomó, entre otros antecedentes, también por un informe favorable realizado por Ruiz Acosta a nombre de Guadalquivir.

Pablo Heilenkötter explicó a LND que, una vez adjudicada la venta, Sarquis recurrió a las familias Martínez y Cueto para completar el financiamiento de la compra, que implicaba US$89 millones. Jaime Ruiz Acosta recibió más de US$4 millones en honorarios por su gestión.

Ruiz Acosta ya tenía otros negocios con Sarquis: Constructora Vitacura Uno y Constructora Vitacura Dos. Además, figura ligado a la familia Martínez, dueña de los casinos y hoteles Enjoy, en Inmobiliaria Parque Labbé.

La vida social reunió en varias oportunidades a Marco Antonio Pinochet con Jaime Ruiz Acosta, Juan José Cueto y Antonio Martínez. Un testigo que prefiere mantener su identidad en reserva sostiene que “Marco Antonio (Pinochet) era amigo de Ruiz Acosta y que frecuentaba los círculos sociales de los Martínez”.

Tras asegurar el decreto que le otorgó los terrenos, Sarquis convocó a los demás para dar la buena nueva y concretar el ambicioso proyecto que le daría otra cara al sector de Las Condes a través de la flamante Inmobiliaria Parque San Luis. Las mismas familias asociadas con Sebastián Piñera en Valle Escondido.
//LND
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Guerra Bacteriológica del Ejército FASCISTA CH$LENO-La trama de los venenos tras la muerte de Frei Montalva 09-12-09

9 de Diciembre de 2009

El origen está en el Laboratorio de Guerra Bacteriológica del Ejército

La trama de los venenos tras la muerte de Frei Montalva

El mismo día en que el ministro Alejandro Madrid procesó a seis personas por el homicidio del ex mandatario, pero hace 28 años, cuatro miristas caían intoxicados con botulismo en la ex Cárcel Pública. Este guiño a la historia marca el inicio de la fabricación de agentes tóxicos por parte del Ejército para deshacerse de los indeseables para la dictadura.

por Jorge Molina Sanhueza

El 7 de diciembre de 1981, varios miristas presos en la Cárcel Pública, se envenenaron misteriosamente con botulismo, pero lograron salvar la vida gracias a las presiones de organismos de Derechos Humanos y la ayuda internacional que envío los antídotos. Otros reos comunes que compartían la celda, sin embargo, no tuvieron la misma suerte.

Y como si se tratara de una cábala, el ministro Alejandro Madrid, dictó en la misma fecha, pero 28 años más tarde, el auto de procesamiento en contra de seis personas como responsables, en distintas calidades, por la muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva.

El vínculo entre ambos casos es el veneno. Y el guiño de Madrid es claro en este sentido. Lo anterior, debido a que en la resolución de este lunes se estableció que si bien Frei murió por un shock séptico luego de varias operaciones al estómago en la Clínica Santa María, la debilidad que presentó ante la enfermedad se debió a que le inocularon, al menos durante tres meses antes, gas mostaza y talio.

Pero la producción de venenos tiene su origen desde mediados de la década del 70 en un laboratorio de la Dina de calle Vía Naranja en Lo Curro, donde trabajaba el químico Eugenio Berríos, quien fue asesinado en Uruguay en 1993, cuyo proceso también lo lleva Madrid y del que se espera condena prontamente.

Allí se produjo el gas sarín con el que se intentó asesinar a Orlando Letelier en Washington, aunque finalmente se prefirió una bomba que lo hizo volar por los aires en 1976.

La DINA se terminó en 1977 y su sucesora fue la CNI, pero gran parte de las toxinas y la expertiz fueron retomados por el Ejército, en algunos casos con fines estratégicos ante un eventual conflicto con los vecinos y otros con el objeto de deshacerse de los indeseables para el régimen.

El link con el caso Frei comenzó originalmente el 13 de octubre de 2000, cuando el entonces subsecretario del Interior, el DC Jorge Burgos, recibió al entonces director de Investigaciones, Nelson Mery. Días antes la senadora Carmen Frei, en el hemiciclo del Senado, había manifestado las dudas que mantenía sobre la muerte de su padre y planteó que detrás de la misma estaba la acción de terceros ligados a los organismos de seguridad de la dictadura.

De esa reunión emanó una orden para que los detectives Nelson Jofré y Rafael Castillo, concurrieran al Instituto de Salud Pública -otrora llamado Bacteriológico- para entrevistar a una serie de especialistas, algunos de ellos que fueron compañeros de universidad con Berríos.

El documento que emanó de esa diligencia -que luego fue integrada al expediente que hoy lleva Madrid-, contiene uno de los pasajes más oscuros de nuestra historia reciente.

El informe, que fue publicado en 2002 en el libro Crimen Imperfecto, escrito por el autor de esta nota, reveló la existencia de la toxina botulínica, que el propio ISP trajo a Chile por orden del doctor Eduardo Arriagada Rehren, director del Laboratorio de Guerra Bacteriológica del Ejército, recinto que funcionaba en Carmen 339, actual sede del Archivo Judicial.

Esta última fue trabajada gracias a un liofilizador que fue sacado el ISP para estos efectos, instrumento que permite transformar en polvo a través de un alto vacío, como el caso de las sopas en polvo.

Durante la investigación fueron descubriéndose varios hechos al menos misteriosos. El expediente que se había iniciado por la muerte de los reos comunes en la Cárcel Pública y miristas Ricardo y Elizardo Aguilera, Guillermo Rodríguez Morales y Adalberto Muñoz Jara, se había quemado en un incendio que afectó al entonces Tercer Juzgado del Crimen de Santiago. También que el respirador mecánico al que mantenían con vida se había incendiado en la Posta Central sin explicación aparente.

También el doctor y uno de los líderes de la Colonia Dignidad, Hartmutt Hopp, iba regularmente al ISP a buscar ratones de laboratorio para realizar sus experimentos.

Todo apuntaba a un hecho coordinado para asesinar a los miristas y, al mismo tiempo, probar los efectos de la toxina.

Este engarce es lo que viene en el caso Frei, debido a que otros militares y civiles son los nexos necesarios para la muerte del ex mandatario.

Who is who

Al analizar el auto de procesamiento que dictó el juez Madrid este lunes es posible observar las responsabilidades de cada uno de los encausados.

Raúl Lillo Gutiérrez: ex agente de la CNI, miembro de la Brigada Político Sindical que espiaba a la DC. Este militar (R) del Ejército fue quien reclutó a Luis Becerra, precisamente el chofer de Frei, también procesado en la causa, al igual que el primero en calidad de autor del homicidio.

Otro imputado como autor es el doctor Patricio Silva, ex subsecretario de Salud, quien estuvo en el grupo médico que operó a Frei. Este profesional, en sus distintas declaraciones cayó en diversas contradicciones, una de ellas haber negado la aplicación de un medicamento llamado “Transfer Factor”, que ayudó al agravamiento del ex mandatario.

En calidad de cómplice está el doctor Pedro Valdivia, quien laboró en la clínica London de la DINA y después en la CNI. Al mismo tiempo, también está encausado en el proceso, que también lleva Madrid, referido al homicidio del ex agente Manuel Leyton Robles. Básicamente, Valdivia negó haber estado a cargo del cuerpo de Frei antes de ser entregado para la autopsia, señalando que no estaba en la clínica aquel 22 de enero de 1982, sino con sus familiares fuera de Santiago.

Sin embargo, el ministro halló una testigo que aseguró que la operó y él mismo la dio de alta en la fecha señalada.

Por último, en calidad de encubridores, están los patólogos de la UC Helmar Rosenberg y Sergio González. Su participación en el caso consistió en realizar la cuestionada autopsia a Frei. La misma que estuvo escondida durante 20 años en el archivo de esa casa de estudios bajo el rotulo NN.

Cuando el ministro la encontró, incluso había sido adulterada.

Además:

Lea el documento sobre la muerte de Frei

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El círculo de la muerte alrededor de Frei Montalva

/ La Nación Por J. Escalante / J. Rebolledo

Negligencias groseras y un nido de confabulaciones en la clínica: contaminación del material esterilizado y renuencia a internarlo en la UTI rodearon los últimos momentos de Frei Montalva. A ello se suma un equipo de doctores de la inteligencia militar que estuvo siempre presente en la clínica.
Miércoles 9 de diciembre de 2009 Política

El dramático mensaje “¡Sáquenme de aquí inmediatamente!” que el ex Presidente Eduardo Frei Montalva escribió a su familia ya con pocas fuerzas, tenía explicación. Entre la somnolencia de su gravedad, cuando los tóxicos inyectados hacían efecto, Frei se daba cuenta de lo que ahora la investigación judicial del juez Alejandro Madrid estableció como verdad jurídica.

El entorno que entonces rodeó al ex Mandatario fue siniestro, plagado de médicos militares, agentes de los servicios de Inteligencia de la dictadura, y otros que gozaban de su amistad y cercanía que lo traicionaron. No todos están aún en la lista de los seis procesados el lunes por el magistrado.

El curso de la indagatoria judicial y policial da cuenta de confabulaciones en distintos ámbitos para favorecer el asesinato y limpiar las huellas. Ello condujo incluso a que el mismo juez dudara fuertemente en un comienzo de que a Frei lo habían eliminado porque constituía un peligro para el régimen dictatorial. En los inicios de la investigación, a inicio de la década del 2000, la tesis de la muerte debido a complicaciones clínicas era la que marcaba el caso, y el crimen aparecía lejano.

Sin embargo, las negligencias médicas y pérdidas de documentos que ahora se establecen dolosas y que antes se apreciaban normales producto del apuro y la urgencia ante la gravedad del enfermo, o del paso del tiempo, constituyeron elementos vitales para que la investigación se fuera enrielando por el camino del homicidio.

La enfermera María Victoria Larraechea Bolívar, profesional residente en 1981 en la Clínica Santa María y hermana de Marta, esposa del candidato presidencial de la Concertación, relata en el proceso algunos hechos que develan aquellas negligencias.

El 8 de diciembre de 1981, día en que tras la primera reoperación Frei entró en estado de shock séptico agudo, los médicos dirigidos por el procesado doctor militar Patricio Silva Garín “se resistían aún a llevarlo a la UTI porque no querían asumir la gravedad” del ex Mandatario.

Cuenta que en la habitación 401 la mandaron a buscar material esterilizado para ponerle un catéter, lo que realizaron a medias porque “uno de ellos puso su chaqueta encima del material esterilizado” contaminando la pureza de los implementos. Dice que recién entonces optaron por llevarlo por primera vez a la UTI en el segundo piso. Pero el catéter “quedó abierto y al llegar a la UTI ya había perdido gran cantidad de sangre” lo que se calculó en un litro y medio.

El entonces subdirector de la clínica, Exequiel Fernández, consideró “inexplicable” que dado el estado crítico de Frei, recién entonces su médico tratante Silva Garín decidió trasladarlo a la UTI. Algo similar declaró la enfermera jefa, Mireya Figueroa.

Entre otras confabulaciones, alguien no identificado aún en el proceso, escondió la ficha clínica del líder DC fuera del archivo de la Santa María. Ésta fue hallada a comienzos de la presente década en un altillo de la casa de Avenida Santa María 0380 “junto a documentos de contabilidad”. Según la actual jefa del Archivo General y Estadísticas de la clínica, Josefa Rial Tobio, allí funcionaba la oficina de Contabilidad y Finanzas de la Santa María.

La ficha apareció “misteriosamente”, al igual que la oscura autopsia escondida por 20 años por los médicos procesados de la Universidad Católica. Sin lo relativo a la primera operación, y faltaba la última hoja sobre el deceso de Frei Montalva.
A pesar de que el ministro Alejandro Madrid procesó sólo a los médicos Patricio Silva, Pedro Valdivia, Helmar Rosenberg y Sergio González, que tuvieron participación directa en las intervenciones quirúrgicas, visitas extrañas y la autopsia practicada a Frei Montalva, alrededor suyo existió un cerco de médicos-agentes que pasaron por la DINA, la CNI y la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE).

Este último organismo ha participado de forma selectiva en aquellos crímenes “sensibles” para la dictadura que requerían una acción coordinada más compleja.
Ejemplos son los asesinatos del presidente de la ANEF, Tucapel Jiménez, ejecutado un mes después que Frei, y el químico de la DINA, Eugenio Berríos. Uno de los acusados por Berríos es el agente civil Raúl Lillo, también procesado el lunes por Madrid.

Correligionario de Lillo y aún no procesado por el caso Frei es el doctor residente en la Clínica Santa María a la fecha de la muerte del ex Mandatario, Sergio Vélez Valenzuela.

Éste reconoció en el proceso que ingresó a la DINE en 1993 y que entre 1981 y 1982 fue destinado “como capitán de sanidad” a los organismos de inteligencia.

Otro médico de la Santa María al momento del crimen de Frei sin procesar, pero que reconoce su participación en órganos de inteligencia, es Sergio Virgilo Bocaz. Éste declaró que ejerció funciones en esa clínica hasta “aproximadamente” 1981. Virgilo Bocaz declaró en el caso del cabo Manuel Leyton, asesinado en 1977 por la DINA también por envenenamiento en la Clínica London de ese servicio represor.
El ente aglutinador de estos desconocidos médicos es Pedro Valdivia, ex DINA y CNI y otro de los procesados por el juez Madrid. En su caso, las contradicciones son groseras. LN

La verdad ayuda a sanar

Los sólidos argumentos de la resolución del juez Alejandro Madrid confirmaron una verdad que muchos sospechaban desde el día que falleció el ex Presidente Frei Montalva: la dictadura estaba detrás de su muerte.

Incluso el propio ex Mandatario lo intuyó antes y pidió que lo sacaran de allí, “inmediatamente”. Pero si era difícil creer “tanta maldad” como ha dicho su primogénito, más difícil era probarlo. Por eso debieron pasar tantos años para que gracias a la porfía de su hija Carmen, la justicia uniera las piezas del siniestro rompecabezas hasta llegar a algunos de los ejecutores del magnicidio. Alcanzar a los autores intelectuale, es la tarea que falta, aunque igual que antes todos lo sospechan, pero hay que probarlo. Por lo mismo quienes fueron aliados del régimen militar hoy se atreven a cuestionar “sibilinamente” sólo la oportunidad del fallo, pero también están claros que “la verdad ayuda a sanar” como dijo Carmen Frei.

►Los infiltrados

Según antecedentes del proceso, tanto Vélez, como Virgilo y Valdivia, trabajaban de forma “discreta” en la Clínica London al tiempo que ejercían labores en la Clínica Santa María.

Valdivia incluso reconoce que conoció a Vélez en London “y también recuerdo que hacíamos turnos en la Clínica Santa María”.

►Contacto con el paciente

Fue durante los turnos médicos efectuados en este último centro hospitalario cuando Valdivia estuvo en contacto con Frei, sin poder justificar sus visitas a su habitación ni tampoco por qué no dejó registro de ellas en la ficha médica.

►Desmentido a Valdivia

Sostiene Valdivia que en una ocasión realizó un “examen somero” al ex Presidente Frei Montalva debido a que tenía fiebre y “sus signos alterados”, pero que lo hizo por petición de la enfermera María Victoria Larraechea. Pero ella declaró que “nunca le solicité a Pedro Valdivia que viera a Frei, no tendría por qué haberlo hecho”.

Más contradictoria es la versión de Valdivia sobre la recepción del cuerpo de Frei Montalva recién ocurrida su muerte, lo que le correspondió hacer.

►Mentiras en torno al cuerpo

A pesar de que la hoja donde se certifica el deceso desapareció, tanto el doctor Hernán Ortiz como la enfermera Silvia Zúñiga, declaran haber dejado el cuerpo en sus manos. Valdivia lo niega señalando que ese día estaba de vacaciones en Chillán, pero el juez acreditó que ese día 22 de enero de 1981, Valdivia estaba en la clínica porque le dio el alta médica a su paciente Domitila Bustos.
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