Ejército: No hay culpas institucionales en caso Frei
Comandante en Jefe, Oscar Izurieta, dijo esperar “plena justicia” por crimen del ex Presidente y señaló “solidaridad” con la familia.
Miércoles 9 de diciembre de 2009 Actualizada 12:52 País
El Comandante en Jefe del Ejército, Oscar Izurieta, señaló que en el caso del crimen del ex Presidente Eduardo Frei Montalva no hay responsabilidades de esa institución, luego que el juez Alejandro Madrid procesara a 2 personas ligadas a esa fuerza.
“Aquí hay una posición institucional de hace mucho tiempo que el Ejército ha hecho actos muy claros, ha reconocido reiteradas veces la participación que le cupo durante el gobierno militar y las culpabilidades específicas obedecen a personas y no a instituciones”, dijo el General Izurieta.
Agregó que “frente a los dolorosos momentos que está viviendo la familia del ex Presidente Frei Montalva, el Ejército les expresa su comprensión y solidaridad” y "espera por el bien de Chile que se llegue a toda la verdad lo antes posible y sobre esa verdad se haga plena justicia".
Entre los 6 procesados este lunes por el Ministro en Visita, figuran como autores del homicidio el médico Patricio Silva Garín, coronel de Sanidad del Ejército, y Raúl Lillo, ex agente civil de la DINA, la CNI y la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dine).
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9 de Diciembre de 2009
Los fundamentos éticos del Estado
La decisión de un juez de recaratular como homicidio el proceso correspondiente a la muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva y encausar judicialmente a seis personas por el hecho 27 años después de ocurrido, reviste, por sus circunstancias, el mayor de los significados para la historia institucional del país.
Se trataría del primer magnicidio claro de nuestra historia política, en este caso en contra de un ex Presidente, activo opositor de la dictadura militar que gobernaba el país al momento de ocurrir el hecho.
En segundo lugar habría sido cometido mediante conspiración por agentes del Estado, los que siguiendo instrucciones superiores que deben ser determinadas en el juicio, habrían actuado con premeditación y alevosía, aprovechando la circunstancia particular de una enfermedad de la víctima.
El Estado y sus instituciones no son independientes ni ajenas a lo que sus ciudadanos, en especial aquellos que ostentan responsabilidades, hacen con sus conductas, carácter, valores, razonamientos y emociones ante temas tan profundos como los derechos humanos o la democracia.
En tercer lugar, la investigación de los antecedentes que han permitido al magistrado actual construir la plausibilidad jurídica de la comisión del delito ha tomado casi veintisiete años, la mayor parte del tiempo sin contar con cooperación significativa o el interés de las instituciones del Estado.
Finalmente, la trama social y política de los hechos tiene rasgos especiales. Ligada estrechamente a las violaciones de derechos humanos del gobierno militar, vincula como autores a personas muy íntimas del círculo del mandatario asesinado, reclutadas como agentes por la dictadura. Y el hecho se proyecta al presente de manera inevitable en medio de una elección presidencial reñida en la que participa uno de sus hijos.
El caso demuestra, una vez más, que lo ocurrido en 1973 tocó de manera devastadora el conjunto del tejido social y político del Chile contemporáneo con secuelas que aún no terminan. Y que los decenios invertidos por la justicia investigando los casos de detenidos desaparecidos o crímenes como el de Eduardo Frei Montalva, Orlando Letelier o el general Carlos Prats, constituyen actos de refundación ética y valórica del Estado de cara a su Segundo Centenario como República.
Por ello es fundamental que el país entienda que está frente a un momento excepcional para hacer una inflexión política profunda frente a la tendencia a relativizar el valor de las instituciones o instrumentalizar en beneficio propio resultados como los que entrega hoy la justicia en relación a la muerte de Eduardo Frei Montalva.
La ética republicana exige una comprensión de más largo plazo y un mayor autocontrol para enfrentar hechos como el descrito, no para que el tiempo o las sentencias judiciales los extingan u olviden, sino para cultivar con prudencia la formación moral del Estado, y para que esos hechos no vuelvan a ocurrir, porque siguen siendo demasiado actuales.
El Estado y sus instituciones no son independientes ni ajenas a lo que sus ciudadanos, en especial aquellos que ostentan responsabilidades, hacen con sus conductas, carácter, valores, razonamientos y emociones ante temas tan profundos como los derechos humanos o la democracia.
Alguien que declara buenas intenciones pero nunca actúa con base en ellas no es una persona moral. Tampoco si su carácter lo lleva permanentemente a actuar en contra del derecho de otros incluida su vida. Menos aún si tal actuación excluye la convicción de bondad o maldad en sus resultados; si no efectúa el mínimo razonamiento moral de su conducta ni expresa autocrítica alguna a lo hecho que haga suponer un mínimo autocontrol.
Una persona que actúa así es totalmente amoral, y sus actos personales o de Estado en los que participa carecen de todo fundamento moral. Tal es el caso de la Dictadura Militar y de Augusto Pinochet, y parte de esa verdad es la que se establece con lo actuado por el Juez en la muerte de Frei Montalva.
No obstante lo anterior, el camino recorrido por la justicia es para determinar responsabilidades individuales y no políticas. Al respecto se debe hacer notar que entre los ripios que ha debido sortear la investigación judicial están la falta de información de instituciones públicas que debían cooperar, y la reconstitución del poder jurisdiccional como un ente autónomo, lo que ha tardado años.
De ahí la necesidad de valorar en su justa dimensión todo lo actuado y sustentar las prerrogativas del magistrado, más allá de cualquier duda que se aparte de lo judicial. No le compete a él, sino a la elite política, velar porque la justicia y la verdad primen como valores en nuestra democracia.
ELMOSTRADOR
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