9 de Diciembre de 2009
El origen está en el Laboratorio de Guerra Bacteriológica del Ejército
La trama de los venenos tras la muerte de Frei Montalva
El origen está en el Laboratorio de Guerra Bacteriológica del Ejército
La trama de los venenos tras la muerte de Frei Montalva
El mismo día en que el ministro Alejandro Madrid procesó a seis personas por el homicidio del ex mandatario, pero hace 28 años, cuatro miristas caían intoxicados con botulismo en la ex Cárcel Pública. Este guiño a la historia marca el inicio de la fabricación de agentes tóxicos por parte del Ejército para deshacerse de los indeseables para la dictadura.
por Jorge Molina Sanhueza
El 7 de diciembre de 1981, varios miristas presos en la Cárcel Pública, se envenenaron misteriosamente con botulismo, pero lograron salvar la vida gracias a las presiones de organismos de Derechos Humanos y la ayuda internacional que envío los antídotos. Otros reos comunes que compartían la celda, sin embargo, no tuvieron la misma suerte.
Y como si se tratara de una cábala, el ministro Alejandro Madrid, dictó en la misma fecha, pero 28 años más tarde, el auto de procesamiento en contra de seis personas como responsables, en distintas calidades, por la muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva.
El vínculo entre ambos casos es el veneno. Y el guiño de Madrid es claro en este sentido. Lo anterior, debido a que en la resolución de este lunes se estableció que si bien Frei murió por un shock séptico luego de varias operaciones al estómago en la Clínica Santa María, la debilidad que presentó ante la enfermedad se debió a que le inocularon, al menos durante tres meses antes, gas mostaza y talio.
Pero la producción de venenos tiene su origen desde mediados de la década del 70 en un laboratorio de la Dina de calle Vía Naranja en Lo Curro, donde trabajaba el químico Eugenio Berríos, quien fue asesinado en Uruguay en 1993, cuyo proceso también lo lleva Madrid y del que se espera condena prontamente.
Allí se produjo el gas sarín con el que se intentó asesinar a Orlando Letelier en Washington, aunque finalmente se prefirió una bomba que lo hizo volar por los aires en 1976.
La DINA se terminó en 1977 y su sucesora fue la CNI, pero gran parte de las toxinas y la expertiz fueron retomados por el Ejército, en algunos casos con fines estratégicos ante un eventual conflicto con los vecinos y otros con el objeto de deshacerse de los indeseables para el régimen.
El link con el caso Frei comenzó originalmente el 13 de octubre de 2000, cuando el entonces subsecretario del Interior, el DC Jorge Burgos, recibió al entonces director de Investigaciones, Nelson Mery. Días antes la senadora Carmen Frei, en el hemiciclo del Senado, había manifestado las dudas que mantenía sobre la muerte de su padre y planteó que detrás de la misma estaba la acción de terceros ligados a los organismos de seguridad de la dictadura.
De esa reunión emanó una orden para que los detectives Nelson Jofré y Rafael Castillo, concurrieran al Instituto de Salud Pública -otrora llamado Bacteriológico- para entrevistar a una serie de especialistas, algunos de ellos que fueron compañeros de universidad con Berríos.
El documento que emanó de esa diligencia -que luego fue integrada al expediente que hoy lleva Madrid-, contiene uno de los pasajes más oscuros de nuestra historia reciente.
El informe, que fue publicado en 2002 en el libro Crimen Imperfecto, escrito por el autor de esta nota, reveló la existencia de la toxina botulínica, que el propio ISP trajo a Chile por orden del doctor Eduardo Arriagada Rehren, director del Laboratorio de Guerra Bacteriológica del Ejército, recinto que funcionaba en Carmen 339, actual sede del Archivo Judicial.
Esta última fue trabajada gracias a un liofilizador que fue sacado el ISP para estos efectos, instrumento que permite transformar en polvo a través de un alto vacío, como el caso de las sopas en polvo.
Durante la investigación fueron descubriéndose varios hechos al menos misteriosos. El expediente que se había iniciado por la muerte de los reos comunes en la Cárcel Pública y miristas Ricardo y Elizardo Aguilera, Guillermo Rodríguez Morales y Adalberto Muñoz Jara, se había quemado en un incendio que afectó al entonces Tercer Juzgado del Crimen de Santiago. También que el respirador mecánico al que mantenían con vida se había incendiado en la Posta Central sin explicación aparente.
También el doctor y uno de los líderes de la Colonia Dignidad, Hartmutt Hopp, iba regularmente al ISP a buscar ratones de laboratorio para realizar sus experimentos.
Todo apuntaba a un hecho coordinado para asesinar a los miristas y, al mismo tiempo, probar los efectos de la toxina.
Este engarce es lo que viene en el caso Frei, debido a que otros militares y civiles son los nexos necesarios para la muerte del ex mandatario.
Who is who
El vínculo entre ambos casos es el veneno. Y el guiño de Madrid es claro en este sentido. Lo anterior, debido a que en la resolución de este lunes se estableció que si bien Frei murió por un shock séptico luego de varias operaciones al estómago en la Clínica Santa María, la debilidad que presentó ante la enfermedad se debió a que le inocularon, al menos durante tres meses antes, gas mostaza y talio.
Pero la producción de venenos tiene su origen desde mediados de la década del 70 en un laboratorio de la Dina de calle Vía Naranja en Lo Curro, donde trabajaba el químico Eugenio Berríos, quien fue asesinado en Uruguay en 1993, cuyo proceso también lo lleva Madrid y del que se espera condena prontamente.
Allí se produjo el gas sarín con el que se intentó asesinar a Orlando Letelier en Washington, aunque finalmente se prefirió una bomba que lo hizo volar por los aires en 1976.
La DINA se terminó en 1977 y su sucesora fue la CNI, pero gran parte de las toxinas y la expertiz fueron retomados por el Ejército, en algunos casos con fines estratégicos ante un eventual conflicto con los vecinos y otros con el objeto de deshacerse de los indeseables para el régimen.
El link con el caso Frei comenzó originalmente el 13 de octubre de 2000, cuando el entonces subsecretario del Interior, el DC Jorge Burgos, recibió al entonces director de Investigaciones, Nelson Mery. Días antes la senadora Carmen Frei, en el hemiciclo del Senado, había manifestado las dudas que mantenía sobre la muerte de su padre y planteó que detrás de la misma estaba la acción de terceros ligados a los organismos de seguridad de la dictadura.
De esa reunión emanó una orden para que los detectives Nelson Jofré y Rafael Castillo, concurrieran al Instituto de Salud Pública -otrora llamado Bacteriológico- para entrevistar a una serie de especialistas, algunos de ellos que fueron compañeros de universidad con Berríos.
El documento que emanó de esa diligencia -que luego fue integrada al expediente que hoy lleva Madrid-, contiene uno de los pasajes más oscuros de nuestra historia reciente.
El informe, que fue publicado en 2002 en el libro Crimen Imperfecto, escrito por el autor de esta nota, reveló la existencia de la toxina botulínica, que el propio ISP trajo a Chile por orden del doctor Eduardo Arriagada Rehren, director del Laboratorio de Guerra Bacteriológica del Ejército, recinto que funcionaba en Carmen 339, actual sede del Archivo Judicial.
Esta última fue trabajada gracias a un liofilizador que fue sacado el ISP para estos efectos, instrumento que permite transformar en polvo a través de un alto vacío, como el caso de las sopas en polvo.
Durante la investigación fueron descubriéndose varios hechos al menos misteriosos. El expediente que se había iniciado por la muerte de los reos comunes en la Cárcel Pública y miristas Ricardo y Elizardo Aguilera, Guillermo Rodríguez Morales y Adalberto Muñoz Jara, se había quemado en un incendio que afectó al entonces Tercer Juzgado del Crimen de Santiago. También que el respirador mecánico al que mantenían con vida se había incendiado en la Posta Central sin explicación aparente.
También el doctor y uno de los líderes de la Colonia Dignidad, Hartmutt Hopp, iba regularmente al ISP a buscar ratones de laboratorio para realizar sus experimentos.
Todo apuntaba a un hecho coordinado para asesinar a los miristas y, al mismo tiempo, probar los efectos de la toxina.
Este engarce es lo que viene en el caso Frei, debido a que otros militares y civiles son los nexos necesarios para la muerte del ex mandatario.
Who is who
Al analizar el auto de procesamiento que dictó el juez Madrid este lunes es posible observar las responsabilidades de cada uno de los encausados.
Raúl Lillo Gutiérrez: ex agente de la CNI, miembro de la Brigada Político Sindical que espiaba a la DC. Este militar (R) del Ejército fue quien reclutó a Luis Becerra, precisamente el chofer de Frei, también procesado en la causa, al igual que el primero en calidad de autor del homicidio.
Otro imputado como autor es el doctor Patricio Silva, ex subsecretario de Salud, quien estuvo en el grupo médico que operó a Frei. Este profesional, en sus distintas declaraciones cayó en diversas contradicciones, una de ellas haber negado la aplicación de un medicamento llamado “Transfer Factor”, que ayudó al agravamiento del ex mandatario.
En calidad de cómplice está el doctor Pedro Valdivia, quien laboró en la clínica London de la DINA y después en la CNI. Al mismo tiempo, también está encausado en el proceso, que también lleva Madrid, referido al homicidio del ex agente Manuel Leyton Robles. Básicamente, Valdivia negó haber estado a cargo del cuerpo de Frei antes de ser entregado para la autopsia, señalando que no estaba en la clínica aquel 22 de enero de 1982, sino con sus familiares fuera de Santiago.
Sin embargo, el ministro halló una testigo que aseguró que la operó y él mismo la dio de alta en la fecha señalada.
Por último, en calidad de encubridores, están los patólogos de la UC Helmar Rosenberg y Sergio González. Su participación en el caso consistió en realizar la cuestionada autopsia a Frei. La misma que estuvo escondida durante 20 años en el archivo de esa casa de estudios bajo el rotulo NN.
Cuando el ministro la encontró, incluso había sido adulterada.
Además:
Lea el documento sobre la muerte de Frei
Documentos relacionados
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El círculo de la muerte alrededor de Frei Montalva
/ La Nación Por J. Escalante / J. Rebolledo
Negligencias groseras y un nido de confabulaciones en la clínica: contaminación del material esterilizado y renuencia a internarlo en la UTI rodearon los últimos momentos de Frei Montalva. A ello se suma un equipo de doctores de la inteligencia militar que estuvo siempre presente en la clínica.
Miércoles 9 de diciembre de 2009 Política
El dramático mensaje “¡Sáquenme de aquí inmediatamente!” que el ex Presidente Eduardo Frei Montalva escribió a su familia ya con pocas fuerzas, tenía explicación. Entre la somnolencia de su gravedad, cuando los tóxicos inyectados hacían efecto, Frei se daba cuenta de lo que ahora la investigación judicial del juez Alejandro Madrid estableció como verdad jurídica.
El entorno que entonces rodeó al ex Mandatario fue siniestro, plagado de médicos militares, agentes de los servicios de Inteligencia de la dictadura, y otros que gozaban de su amistad y cercanía que lo traicionaron. No todos están aún en la lista de los seis procesados el lunes por el magistrado.
El curso de la indagatoria judicial y policial da cuenta de confabulaciones en distintos ámbitos para favorecer el asesinato y limpiar las huellas. Ello condujo incluso a que el mismo juez dudara fuertemente en un comienzo de que a Frei lo habían eliminado porque constituía un peligro para el régimen dictatorial. En los inicios de la investigación, a inicio de la década del 2000, la tesis de la muerte debido a complicaciones clínicas era la que marcaba el caso, y el crimen aparecía lejano.
Sin embargo, las negligencias médicas y pérdidas de documentos que ahora se establecen dolosas y que antes se apreciaban normales producto del apuro y la urgencia ante la gravedad del enfermo, o del paso del tiempo, constituyeron elementos vitales para que la investigación se fuera enrielando por el camino del homicidio.
La enfermera María Victoria Larraechea Bolívar, profesional residente en 1981 en la Clínica Santa María y hermana de Marta, esposa del candidato presidencial de la Concertación, relata en el proceso algunos hechos que develan aquellas negligencias.
El 8 de diciembre de 1981, día en que tras la primera reoperación Frei entró en estado de shock séptico agudo, los médicos dirigidos por el procesado doctor militar Patricio Silva Garín “se resistían aún a llevarlo a la UTI porque no querían asumir la gravedad” del ex Mandatario.
Cuenta que en la habitación 401 la mandaron a buscar material esterilizado para ponerle un catéter, lo que realizaron a medias porque “uno de ellos puso su chaqueta encima del material esterilizado” contaminando la pureza de los implementos. Dice que recién entonces optaron por llevarlo por primera vez a la UTI en el segundo piso. Pero el catéter “quedó abierto y al llegar a la UTI ya había perdido gran cantidad de sangre” lo que se calculó en un litro y medio.
El entonces subdirector de la clínica, Exequiel Fernández, consideró “inexplicable” que dado el estado crítico de Frei, recién entonces su médico tratante Silva Garín decidió trasladarlo a la UTI. Algo similar declaró la enfermera jefa, Mireya Figueroa.
Entre otras confabulaciones, alguien no identificado aún en el proceso, escondió la ficha clínica del líder DC fuera del archivo de la Santa María. Ésta fue hallada a comienzos de la presente década en un altillo de la casa de Avenida Santa María 0380 “junto a documentos de contabilidad”. Según la actual jefa del Archivo General y Estadísticas de la clínica, Josefa Rial Tobio, allí funcionaba la oficina de Contabilidad y Finanzas de la Santa María.
La ficha apareció “misteriosamente”, al igual que la oscura autopsia escondida por 20 años por los médicos procesados de la Universidad Católica. Sin lo relativo a la primera operación, y faltaba la última hoja sobre el deceso de Frei Montalva.
A pesar de que el ministro Alejandro Madrid procesó sólo a los médicos Patricio Silva, Pedro Valdivia, Helmar Rosenberg y Sergio González, que tuvieron participación directa en las intervenciones quirúrgicas, visitas extrañas y la autopsia practicada a Frei Montalva, alrededor suyo existió un cerco de médicos-agentes que pasaron por la DINA, la CNI y la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE).
Este último organismo ha participado de forma selectiva en aquellos crímenes “sensibles” para la dictadura que requerían una acción coordinada más compleja.
Ejemplos son los asesinatos del presidente de la ANEF, Tucapel Jiménez, ejecutado un mes después que Frei, y el químico de la DINA, Eugenio Berríos. Uno de los acusados por Berríos es el agente civil Raúl Lillo, también procesado el lunes por Madrid.
Correligionario de Lillo y aún no procesado por el caso Frei es el doctor residente en la Clínica Santa María a la fecha de la muerte del ex Mandatario, Sergio Vélez Valenzuela.
Éste reconoció en el proceso que ingresó a la DINE en 1993 y que entre 1981 y 1982 fue destinado “como capitán de sanidad” a los organismos de inteligencia.
Otro médico de la Santa María al momento del crimen de Frei sin procesar, pero que reconoce su participación en órganos de inteligencia, es Sergio Virgilo Bocaz. Éste declaró que ejerció funciones en esa clínica hasta “aproximadamente” 1981. Virgilo Bocaz declaró en el caso del cabo Manuel Leyton, asesinado en 1977 por la DINA también por envenenamiento en la Clínica London de ese servicio represor.
El ente aglutinador de estos desconocidos médicos es Pedro Valdivia, ex DINA y CNI y otro de los procesados por el juez Madrid. En su caso, las contradicciones son groseras. LN
La verdad ayuda a sanar
Los sólidos argumentos de la resolución del juez Alejandro Madrid confirmaron una verdad que muchos sospechaban desde el día que falleció el ex Presidente Frei Montalva: la dictadura estaba detrás de su muerte.
Incluso el propio ex Mandatario lo intuyó antes y pidió que lo sacaran de allí, “inmediatamente”. Pero si era difícil creer “tanta maldad” como ha dicho su primogénito, más difícil era probarlo. Por eso debieron pasar tantos años para que gracias a la porfía de su hija Carmen, la justicia uniera las piezas del siniestro rompecabezas hasta llegar a algunos de los ejecutores del magnicidio. Alcanzar a los autores intelectuale, es la tarea que falta, aunque igual que antes todos lo sospechan, pero hay que probarlo. Por lo mismo quienes fueron aliados del régimen militar hoy se atreven a cuestionar “sibilinamente” sólo la oportunidad del fallo, pero también están claros que “la verdad ayuda a sanar” como dijo Carmen Frei.
►Los infiltrados
Según antecedentes del proceso, tanto Vélez, como Virgilo y Valdivia, trabajaban de forma “discreta” en la Clínica London al tiempo que ejercían labores en la Clínica Santa María.
Valdivia incluso reconoce que conoció a Vélez en London “y también recuerdo que hacíamos turnos en la Clínica Santa María”.
►Contacto con el paciente
Fue durante los turnos médicos efectuados en este último centro hospitalario cuando Valdivia estuvo en contacto con Frei, sin poder justificar sus visitas a su habitación ni tampoco por qué no dejó registro de ellas en la ficha médica.
►Desmentido a Valdivia
Sostiene Valdivia que en una ocasión realizó un “examen somero” al ex Presidente Frei Montalva debido a que tenía fiebre y “sus signos alterados”, pero que lo hizo por petición de la enfermera María Victoria Larraechea. Pero ella declaró que “nunca le solicité a Pedro Valdivia que viera a Frei, no tendría por qué haberlo hecho”.
Más contradictoria es la versión de Valdivia sobre la recepción del cuerpo de Frei Montalva recién ocurrida su muerte, lo que le correspondió hacer.
►Mentiras en torno al cuerpo
A pesar de que la hoja donde se certifica el deceso desapareció, tanto el doctor Hernán Ortiz como la enfermera Silvia Zúñiga, declaran haber dejado el cuerpo en sus manos. Valdivia lo niega señalando que ese día estaba de vacaciones en Chillán, pero el juez acreditó que ese día 22 de enero de 1981, Valdivia estaba en la clínica porque le dio el alta médica a su paciente Domitila Bustos.
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