martes, 30 de septiembre de 2008

Colombia: CRIMEN DE LESA ¡Asesinan a Líder Indígena! 30-09-008




30 September, 2008


Colombia: Asesinan a Líder Indígena


ONIC: RECHAZAMOS INDIGNADOS Y EXIGIMOS JUSTICIA!!!


/ Por el crimen atroz de que fue objeto Raúl Mendoza, Gobernador Indígena del Cabildo Peñón Municipio de Sotará, Ex Consejero Mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca- CRIC- y Ex Presidente de la Asociación de Cabildos de los Reasentamientos de Tierradentro- Nasa Uus-, quien venía liderando un proceso de liberación de la Madre Tierra en el predio los Naranjos Municipio de Sotará, Cauca. Más...


Fuente: ONIC - Comunicaciones
www.onic.org.co


LA AUTORIDAD NACIONAL DE GOBIERNO INDIGENA – ONIC


Denuncia ante la comunidad nacional e internacional. Rechazamos indignados y Exigimos justicia!

Por el crimen atroz de que fue objeto Raúl Mendoza, Gobernador Indígena del Cabildo Peñón Municipio de Sotará, Ex Consejero Mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca- CRIC- y Ex Presidente de la Asociación de Cabildos de los Reasentamientos de Tierradentro- Nasa Uus-, quien venía liderando un proceso de liberación de la Madre Tierra en el predio los Naranjos Municipio de Sotará, Cauca.

Raúl Mendoza, Autoridad Indígena ejemplar y ferviente luchador por la defensa y el restablecimiento de los derechos ancestrales y colectivos de los pueblos indígenas del Cauca, venía siendo amenazado de muerte de manera reiterada, lo mismo que su comunidad, hechos que denuncio en su oportunidad ante los organismos competentes y la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior, entidades que nunca dieron respuesta a sus oficios. Las autoridades del Consejo Regional Indígena del Cauca-CRIC-se pronunciaron el 22 de agosto de 2008, rechazando enérgicamente los atropellos de la fuerza pública- Policía Cauca- que en tres ocasiones había victimizado a la comunidad indígena organizada en el cabildo de “El Peñón”, en el predio denominado “Sección Los Robles”, ocupado de forma pacífica desde hace tres años.

Meses después del Consejo Comunal de Popayán, donde el Presidente de la República, en abierta apología del delito incita a vulnerar los derechos constitucionales de los ciudadanos colombianos a la libre asociación; donde además criminalizo nuestras organizaciones y luchas; tildando de delincuentes a nuestras autoridades indígenas, que también son autoridades públicas de carácter especial y ofreció públicamente recompensa para quienes las denunciaran y ayudaran con su captura, convirtiéndose el garante de nuestros derechos en el instigador de delitos, salen a la luz pública los autodenominados

“ Campesinos Embejucados”, paramilitares reencauchados que amenazan y asesinan a nuestros dirigentes y aterrorizan a masacran a los sectores populares caucanos.

Frente a los señalamientos del Presidente y el asesinato del compañero Raúl, nos preguntamos, ¿Este crimen es el fruto de la política de criminalización y oferta de recompensas por autoridades indígenas ofrecidas por el señor Presidente? .

Con el compañero Raúl Mendoza son cerca de 1.200 indígenas masacrados durante el gobierno de la Seguridad Democrática. Todos estos crímenes que tipifican el genocidio al que estamos sometidos los pueblos indígenas de Colombia han quedado en la más absoluta impunidad, no existe al menos un criminal judicializado por estos hechos.

Los pueblos indígenas no nos quedaremos de brazos cruzados llorando el genocidio y la complicidad o incapacidad del Estado Colombiano parar hallar a los responsables de estos crímenes, llevaremos nuestros muertos a la Corte Internacional y lucharemos por que se castigue a los criminales por acción y omisión.

Indignados por el genocidio, por el fortalecimiento de los paramilitares, por la falta de garantías constitucionales, por la violencia y la muerte, saldremos a las calles, ciudades y vías del país a denunciar y hacer visible la campaña de exterminio que enfrentamos; así como para denunciar el silencio cómplice y las omisiones del Estado.

¡Octubre será el mes de nuestras protestas sociales y movilizaciones para defender nuestras vidas, territorios y derechos!.

Los pueblos y comunidades indígenas, requerimos del acompañamiento y los pronunciamientos de los sectores sociales, populares y democráticos de la comunidad nacional e internacional, para enfrentar el genocidio de la Seguridad Democrática.

Exigimos que la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y los organismos de control y seguridad del Estado coadyuven para esclarecer y judicializar a los responsables del vil asesinato del compañero Raúl Mendoza. Demandamos de los organismos internacionales de protección y defensa de los derechos humanos su presencia efectiva para evitar el genocidio de los pueblos indígenas colombianos. Recordamos que los amenazados de muerte somos todos los pueblos indígenas del país; lo hemos dicho y denunciado una y otra vez, pero el Estado no tiene oídos para nosotros.

Alertamos sobre el alto riesgo que corren los compañeros indígenas del Cauca y de toda Colombia, y responsabilizamos al Estado colombiano y al Gobierno Nacional por cualquier forma de violencia o vulneración de sus derechos que nos pueda afectar.

AUTORIDAD NACIONAL DE GOBIERNO INDIGENA – ONIC.
Bogotá, septiembre 29 de 2008.



Frente amplio para la repatriación del agua en Chile pide reforma constitucional Martes (30- 09-2008)













Martes 30 de septiembre de 2008

Por Ricardo Ahumada / La Nación

Ayer se lanzó “Frente amplio para la repatriación del agua en Chile” que pide reforma constitucional

La batalla por nacionalizar el agua

Después de la carta que el obispo de Aysén hizo pública hace un mes, un grupo de parlamentarios y actores públicos, alzaron la voz para modificar nuestro Código de Aguas. El fin: que el 80% de nuestros recursos hídricos no sigan en manos extranjeras. Ya tienen proyecto de ley bajo la manga.


Tras largos años de debate a nivel ciudadano y en un escenario donde el 80% de los recursos hídricos del país está en manos de una transnacional -Endesa-, finalmente llegó a arenas políticas una propuesta formal para modificar uno de los puntos más controvertidos de la Constitución de 1980: la Ley de Aguas
Ayer se formó el primer Frente amplio para la nacionalización del agua en Chile", agrupación que reúne a un conjunto de actores provenientes de todas las esferas públicas y que busca -con un proyecto de ley bajo el brazo- reformar constitucionalmente el dominio público del recurso para repatriar nuestras aguas y volver a controlarlas.


"Esto es una aberración que no podemos permitir que siga pasando. Los intereses detrás del agua la convierten en un negocio sucio, con títulos indebidos para privados, adquiridos gratuitamente y que hoy se prestan para especulación financiera. Eso tiene que parar ya", dice Nelson Ávila, presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Senado y uno de los que suscribe el grupo. La iniciativa pretende modificar uno de los Códigos de Aguas reconocido como uno de los más neoliberales del mundo, ya que entrega la potestad de lucrar con el recurso a cualquier privado que se la adjudique (ver recuadro).

"Este jaque mate constitucional-legal, como nosotros lo llamamos, nos lleva, si tú lo miras de cerca, al monopolio total de los recursos hídricos y energéticos, eso queda muy claro. No sé cómo vamos a terminar con esto, pero ya es bueno que empecemos a discutir algo que venimos pidiendo hace casi 20 años", dice Juan Pablo Orrego, coordinador nacional de la ONG Ecosistemas. Según Orrego, en este momento es inconstitucional expropiar derechos de aguas, por lo que hay que "hincarle el diente" a la reforma y estar atento al debate.


Agua de utilidad pública

El proyecto de ley fue presentado ayer por el obispo de Aysén, Luis Infanti, quien hizo pública hace un mes la carta "Danos hoy el agua de cada día", donde planteó la idea base del proyecto de ley. Para el sacerdote, el anuncio debe motivar a las distintas esferas sociales a pronunciarse sobre el tema. El documento pide reestablecer la propiedad del Estado sobre las aguas, terminar con la privatización del recurso y declararla de utilidad pública a efectos de expropiación para establecer la prioridad del Estado para disponer de ellas.

Además solicita consagrar el deber prioritario de conservar, proteger y usar el recurso de modo sustentable y establecer un modo de prelación de su uso y destino.


Según Manuel José Prieto, abogado ambiental de PUC, la reforma permite evitar discusiones ante el Tribunal Constitucional de proyectos de ley que pretendan reivindicar el rol del Estado en la gestión del recurso. Pero lo más importante, dice, es que establece la facultad de fijar uso preferente mediante ley. "Ello significa que el mercado dejaría de operar como instrumento de asignación y existiría una distribución por la vía del regulador", explica.


Cabe recordar que el senador Guido Girardi, precursor de esta iniciativa, anunció esta propuesta en marzo de este año, al reunirse con el ministro de Obras Públicas, Sergio Bitar. En esa oportunidad, Bitar dijo que la forma de cambiar este escenario era permitir la caducidad de los derechos si estos no eran usados. Actualmente, quien no use una cuenca debe pagar por no explotarla.


EN QUÉ CONSISTE LA REFORMA

Hoy en día, la gran piedra en el zapato del código de aguas es el inciso 11º del numeral 24 el artículo 19 de la Constitución Política, que entre otras cosas dice que “(...) los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”. Con este párrafo, cada privado que sea acreedor de cualquier cuenca hidrográfica puede explotarla, negociar y hacer usufructo de ella, aún cuando se haya adjudicado gratuitamente.


La reforma constitucional que postula el “Frente amplio para la nacionalización del agua en Chile” pide reemplazarlo por uno que diga que “El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las aguas continentales de la nación sin perjuicio de poder, mediante los títulos que franquea la ley, reconocer o conceder su uso y aprovechamiento a particulares.

Decláranse de utilidad pública, a efectos de expropiación, todas las aguas de la nación y los derechos que sobre ellas se hayan constituido o reconocido. El Estado y los particulares a quienes se les ha concedido títulos sobre las aguas, tienen el deber preferente de velar por su protección y su uso sustentable. La ley establecerá prioridades de uso de las aguas, así como las condiciones para adquirir y ejercer los derechos sobre ellas.”


Luis Infanti, obispo de Aysén: “Aysén tiene la segunda reserva de agua más importante del mundo y el 96% está en manos de una empresa. Éste es un tema que podría cuestionar la soberanía del país. El llamado es a que la gestión pertenezca al Estado y las comunidades participen de las decisiones que se tomen. no sólo privados.”

Nelson Ávila, presidente Comisión Medio Ambiente: “Es una vergüenza. Chile es el único país del planeta donde un elemento tan sustancial y vital como el agua se encuentra en manos privadas. No sólo se conforman con especular con un bien que reciben gratuitamente, sino que se valen de resquicios legales para intentar menoscabar nuestro medioambiente.”

Juan Pablo Orrego, ONG Ecosistemas: “Los derechos de agua no consuntivos, creados en la constitución de la dictadura, te dan un poder de dominio de los ríos. En Ralco con dos de ellos destrozaron 70 kilómetros del Alto Bio-Bío. Ése es el poder que te otorgan estos derechos y hoy están en manos privadas.”

http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20080929/pags/20080929212712.html


Chávez propone fortalecer Banco del Sur en medio de crisis (30-09-008)

Martes 30 de septiembre de 2008 11:15

/ Agencias

Chávez propone fortalecer Banco del Sur en medio de crisis


El presidente venezolano Hugo Chávez afirmó hoy al llegar a Manaus, donde participa de un cumbre con sus colegas de Brasil, Bolivia y Ecuador, que se debe activar el Banco del Sur para hacer frente a la crisis financiera.

"Vamos a conversar con Lula de la crisis, la mejor estrategia es la ofensiva, mientras se hunde el neoliberalismo nosotros avanzamos en la unidad, y de manera muy concreta en el Banco del Sur", declaró Chávez.

"Debemos fortalecer nuestros bancos centrales, nuestros fondos de inversión, avanzar en convenios multilaterales" prosiguió el mandatario en el acceso al Hotel Tropical de Manaus, cerca de las 10 horas locales (14 GMT).

"No podemos perder un día más en la activación del Banco del Sur, es una propuesta que Venezuela viene haciendo desde hace una década y hace un año lo firmamos por fin en Buenos Aires, esto aún por asuntos burocráticos no se ha activado".

Afirmó que "ya vimos ayer se desplomaron todas las bolsas del mundo empezando por Nueva York, también las de América Latina, la única que creció ayer fue la Bolsa de Caracas, porque está descontectada de la de Nueva York".

Y opinó que América Latina puede ser afectada por las turbulencias del mercado internacional que "pudieran afectar el precio de las materias primas que pudieran venirse abajo, todavía es muy temprano para que alguien diga esto no me va a tocar, esto es más que un huracán".

"El financiamiento se va a poner difícil y eso pudiera afectar el crecimiento, el impulso de América Latina...todavía es muy temprano para decir esto no me va a tocar".

"Nadie sabe hasta donde va a llegar este crash, yo creo que va a ser peor que el de 1929, y cuanto menos conectados estemos con ese modelo de Bretton Woods, afortunadamente está aquí Lula, está Evo y Correa, y Néstor y Cristina (Fernández)", indicó.



http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20080930/pags/20080930111559.html

EL MOVIMIENTO DE CAMPESINOS SANTIAGUEñO (MOCASE) SE MOVILIZA POR LA REPRESION POLICIAL - Martes, 30 de Septiembre de 2008


EL MOVIMIENTO DE CAMPESINOS SANTIAGUEñO (MOCASE) SE MOVILIZA POR LA REPRESION POLICIAL

Martes, 30 de Septiembre de 2008


“Los grandes empresarios nos quieren sacar”


Campesinos del Departamento del Copo, en Santiago del Estero, denunciaron que la policía, comandada por el juez Anselmo Juárez, entró en sus casas, los golpeó y les robó todo. Hoy, unos trescientos campesinos se concentrarán en la capital provincial.


Por Alejandra Dandan

“Han venido cuarenta policías donde yo vivo, con el juez, más otros desconocidos: me agarraron a un chico, me lo pegaron, lo esposaron, le preguntaron a mi hija de nueve años adónde me encontraba yo; ahí les pegaron a ellos y luego como no declararon, se metieron en las piezas, me rompieron el ropero, me lo sacaron todo: tenía dinero en efectivo, me sacaron toda la cerveza”.

Juan Orellana integra el Movimiento de Campesinos de Santiago del Estero (Mocase). El lunes 22 de septiembre, a las cuatro de la tarde, la policía entró a su casa del paraje La Providencia en el departamento de Copo en compañía del juez del Crimen de Monte Quemado Anselmo Juárez, ex abogado del staff de policía de Musa Azar. En el lugar, Juárez buscaba a Orellana como esa misma noche se buscaban a otros “elementos del Mocase”. Como Orellana no estaba en su casa, la policía se avalanzó sobre sus hijos, uno de los cuales sufre retraso mental. Como en la época del juarismo, se llevaron 22 mil pesos de los ahorros, producto de las ventas de carbón y de postes, de ganado, de las chivas, de una rifa a beneficencia de la organización y del ahorro de los campesinos. También se llevaron tres motosierras, una vieja camioneta Ford ’65 de color rojo, una escopeta calibre 16, ropa y documentos. En el camino, el pelotón pasó por la pieza, tiró por el piso las bolsas de harina y de grasa de la reserva de la familia. Agarró cerveza y la Coca Cola de la heladera, y con unos panes armaron un picnic.

Juan Orellana no vio nada de lo que sucedió esa tarde, pero luego se lo contaron sus hijos. Ellos permanecieron esposados y encañonados por la custodia fuera de la casa; los policías decían que a su padre lo estaban buscando por un robo cuando todo parecía bastante al revés: los hijos aseguraron que “el juez con los demás se pusieron a comer y a contar el dinero afuera, en una mesa”.

“Recién es la primera vez que yo veo estos desastres”, dice Orellana desesperado a PáginaI12. “Yo viví mucho tiempo ahí, mi hijo tiene ya treinta años; siempre nos quieren sacar a todos los pobladores los grandes empresarios, por eso estamos en la lucha y pienso que es por eso que nos quieren liquidar, pero nosotros no vamos a aflojar.”

Copo está a unos 200 kilómetros de Quimilí, donde funciona la sede del Mocase. Aquel mismo día, Orellana se tomó el primer micro que encontró hacía allí para buscar un auxilio. Desde allí, la organización intenta denunciar desde hace más de una semana las características de esa incursión judicial y de las que empezaron a ocurrir a lo largo de septiembre con allanamientos y detenciones violentas. Sólo entre el Mocase Vía Campesina con sede en Quimilí, la Justicia detuvo a 50 personas con órdenes de Añatuya, Monte Quemado y Santiago del Estero. Hasta el fin de semana, quedaban 21 detenidos. Luego de las denuncias públicas dentro y fuera del país, la Justicia terminó liberando a 19. Según los últimos datos de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), también hubo detenciones entre los campesinos de otras organizaciones como el Incupo, la Unión de Productores de Salado Norte (Usan) y la Mesa de Tierras. Y en este momento, más de 150 campesinos del Mocase VC con pedidos de captura librados por los juzgados de Capital, Monte Quemado y Añatuya. Por esa situación, el Mocase ayer se autoconvocó con urgencia a la capital de la provincia. Anoche llegaron unos 30 campesinos, a los que hoy se sumarán otros 300.

“Evidentemente a partir de agosto hubo un endurecimiento hacia los campesinos”, dice Antenor Ferreira, abogado de la APDH. Los operativos que normalmente no se hacen con más de cuatro o cinco personas, se están haciendo con “procedimientos brutales con no menos de 30 efectivos, con un despliegue de ómnibus con infantería que de pronto aparecen con granadas y chalecos en medio del monte”.

A modo de ejemplo, entre el 5 y el 19 de septiembre el Mocase relevó tres procedimientos. El viernes 5, una comisión policial exigió a un grupo de campesinos de Quimilí los derechos de posesión de las tierras, un procedimiento con el que los nuevos empresarios de la zona tientan a los pobladores para que vendan y abandonen los campos. Como los campesinos no aceptaron firmar nada, la policía detuvo a cinco de ellos en la comisaría de Quimilí y luego trasladó a dos al penal de Santiago adonde aún están detenidos: ellos son Santos Ramón González y Luis Domingo González, ambos presos sin resolución judicial. El sábado 6, hubo un allanamiento en cinco viviendas de la localidad de Pinto con 33 policías que entraron por el supuesto robo de un caballo. El Mocase explicó que un día después del procedimiento, el senador santiagueño Emilio Rached, aquel que votó del lado de la soja en el Congreso, iba a ser agasajado allí por un grupo de empresarios. Y creen que se trató de una forma de amedrentamiento. El viernes 19 la policía detuvo a Sabino Chávez, cuyo campo pretenden los empresarios.

¿Por qué se disparó esta nueva ola? El primer dato importante que mencionan varias fuentes locales son las elecciones. Santiago acaba de entrar en un proceso eleccionario. Y el próximo 30 de noviembre, el radical K Gerardo Zamora buscará renovar su mandato como gobernador por otros cuatro años. Ese dato es válido, pero no alcanza a explicar el verdadero mar de fondo.

Desde la intervención federal, las políticas masivas de exterminio sobre los campesinos retrocedieron. Los escuadrones paramilitares a sueldo de los terratenientes no desaparecieron pero su poder había cedido. La intervención y Zamora cambiaron también el artículo 182 bis del Código de Procedimiento Penal que le permitía a la Justicia penal actuar libremente para expulsar a los campesinos de los campos sin juicio previo con una sola denuncia de dominio. Se abrió una mesa de diálogo y un espacio de crisis, pero no alcanza.

“Nosotros vemos con buenos ojos que el gobierno de Zamora esté llevando adelante el diálogo con la mesa de tierras, el comité de crisis y está tratando de tomar esos problemas –dice Ferreira–, pero no vemos esa misma postura en la Justicia, en el Poder Judicial ni en el Ministerio de Gobierno desde donde claramente está accionando a la policía.”


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Memoria Abierta lo invita al panel "Justicia para la Democracia. El quiebre de la impunidad en Argentina y Chile" 25-09-008

25 de septiembre de 2008

DIFUSION. http://www.memoriaabierta.org.ar/principal.php

Memoria Abierta lo invita al panel "Justicia para la Democracia. El quiebre de la impunidad en Argentina y Chile" que se desarrollará en el marco de la muestra imágenes para la memoria actualmente en exposición en la Biblioteca de Santiago. Tendrá lugar el 30 de septiembre de 2008 a las 19:00 hs. en el Auditorio de la biblioteca de Santiago. Matucana 151, Santiago de Chile.El panel se propone reflexionar sobre el avance de la justicia en el juzgamiento a los autores de violaciones a Derechos Humanos durante las dictaduras militares en ambos países, para poner en relación los trabajos por la memoria y su capacidad de promover el debate sobre la institucionalidad democrática en el presente.Participantes: Claudio Orosz, abogado; Jorge Auat, fiscal; Nelson Caucoto, abogado; Manuel Antonio Garretón, Sociólogo.(Fuente:Memoriaabierta).
Publicado por Colectivo Ex P. Pol. Sobrev. Rosario en
13:41

http://colectivoepprosario.blogspot.com/2008/09/difusion_8506.html

C$ile = fraude al Convenio 169 (30- 09 - 008)


30 de Septiembre de 2008


Chile: fraude al Convenio 169


Por Bartolomé Clavero*


Quien hizo la ley, hizo la trampa, reza un dicho tradicional. Expresado de forma más técnica, el propio poder legislativo puede cometer fraude de ley, esto es generar por sí mismo las condiciones para que la norma se burle. Las leyes a veces pueden perseguir objetivos diversos a los que declaran, así, por ejemplo, el de servir de propaganda o también el de interceptar y bloquear normas superiores, como pudiera serlo, por seguir ejemplificando, un instrumento internacional de derechos humanos. Con estos fines torcidos cabe también que se haga uso de un tratado internacional. El Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, o Convenio 169 como suele conocérsele, es un tratado internacional que los Estados pueden ratificar comprometiéndose de este modo, se supone, a poner en práctica con diligencia sus disposiciones. Si el objetivo de la ratificación fuera otro, como el de la mera propaganda o, peor todavía, el de producir el bloqueo de un instrumento de derechos humanos, se estaría cometiendo por el Estados que así actuara un verdadero Fraude de Convenio. No parece que esto resulte tan factible como el fraude oficial de ley, sobre todo en el caso de tratados multilaterales como el susodicho Convenio 169, dado que entonces median instituciones internacionales que vigilan el cumplimiento. Conviene, sin embargo, no excluir la posibilidad, pues la práctica puede poner en riesgo derechos humanos. Recientemente, el pasado 10 de septiembre, el Gobierno de Chile ha depositado ante la Organización Internacional del Trabajo la ratificación del Convenio 169 tras un dilatado y penoso proceso político de discusión y aprobación por el Congreso durante cuyo transcurso han venido generándose condiciones nada favorables a su puesta final en práctica. Repasemos los acontecimientos cruciales al propósito de este resultado. En julio del 2000, casi una década después de que el primer intento de aprobación naufragara, un grupo de diputados presentó un requerimiento al Tribunal Constitucional para que declarase la inconstitucionalidad del Convenio por entender que, al contemplar derechos de indígenas, provocaría una serie de discriminaciones contra la mayoría de los chilenos sencillamente por no serlo, por no ser indígenas. En el agosto inmediato, el Tribunal declara en cambio su constitucionalidad, pero no limitándose a ello. Aquí comienza lo que va a resultar toda una operación de neutralización de este instrumento internacional. Y algo más como veremos. En aquella sentencia del 2000, el Tribunal Constitucional sienta que no habría inconstitucionalidad porque el sistema jurídico chileno, todo él, quedaría por encima de las disposiciones del Convenio. Frente a todo principio internacional sobre el derecho de los tratados, en ello abunda el Tribunal:
“La norma en análisis va a recibir aplicación sólo en cuanto sea compatible con el sistema jurídico propio”.
Aun más, para la máxima instancia jurisprudencial chilena, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo –este auténtico tratado multilateral– constituye una norma “en su esencia programática”. No se entiende tanta y tan animada discusión en Chile y fuera de Chile respecto a un instrumento que, según el Tribunal Constitucional chileno, carece por completo de fuerza normativa. Ha habido otro pronunciamiento constitucional sobre el Convenio 169. A principios de marzo de 2008 es la Cámara de Diputados en pleno la que envía su acuerdo aprobatorio del mismo al Tribunal Constitucional para control de su constitucionalidad. La cuestión ahora se concreta en el derecho indígena a la participación en toda medida del Estado que les afecte mediante consulta conducida de buena fe para alcanzarse su consentimiento, lo cual evidentemente choca con las previsiones de la Constitución sobre los procesos legislativo y administrativo. El Tribunal Constitucional elude la constatación y vuelve a interpretar el alcance del Convenio. En vez de concluir, conforme a los principios internacionales sobre cumplimiento de los tratados, que, de ratificarse el Convenio 169, Chile se compromete a proceder a todas las reformas internas necesarias, sin excluir las constitucionales, para llevarlo a debido cumplimiento, el Tribunal Constitucional afirma que no hay problema alguno.
Según su peculiar interpretación, el derecho indígena a la consulta “no importa una negociación obligatoria, sino que constituye una forma de recabar opinión, misma que no resultará vinculante”. El requerimiento de consulta por parte del Convenio así resulta para este alto Tribunal, como el mismo no deja de insistir,
“un mecanismo de participación que no tiene carácter vinculante”.
Otra interpretación peculiar del Convenio se ha producido en sede parlamentaria, por parte de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado a principios del 2008. La misma acuerda proponer que el Ejecutivo ratifique con “una declaración interpretativa” anexa respecto a su artículo 35 para prevenir que el mismo tan sólo se aplique “en relación a los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.
El artículo de referencia hace mención más amplia en cambio de “otros convenios y recomendaciones, instrumentos internacionales, tratados, o leyes, laudos, costumbres o acuerdos nacionales”. En esta propuesta se pone verdadero empeño y el gobierno la acepta expresamente. En la discusión del pleno del Senado hubo lances de todo tipo sobre tal “declaración interpretativa”, pero sin sustanciarse acuerdo alguno a este nivel más decisivo, ni a favor ni tampoco en contra.
¿Por qué este énfasis en una cuestión que parece referirse a posibilidades no inmediatas de futuro?
Pues porque lo son de presente. Pocos meses antes, a mediados de septiembre de 2007, la Asamblea General de Naciones Unidas había adoptado la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que viene a reforzarlos de un modo muy sustancial. Según los términos genuinos del artículo 35 del Convenio 169, este mismo tratado pudiera servir ahora de puente para la recepción de la Declaración. Obsérvese que la “declaración interpretativa” chilena intenta evitar este efecto convirtiendo por su parte al Convenio en un dique de contención frente a la Declaración, esto es contra un instrumento de derechos humanos. La Organización Internacional del Trabajo no ha permitido a Chile depositar la ratificación con el acompañamiento de la “declaración interpretativa”. No es un asunto nimio para ella. El artículo 35 del Convenio responde al artículo 19, párrafo 8, de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, que no permite la utilización de un instrumento o de su respectiva ratificación para menoscabar derechos reconocidos de otro modo. Es lo que Chile intenta sin éxito internacional por lo que vemos. Lo que está por ver es lo que harán el legislativo, el ejecutivo y el judicial a efectos internos. La jurisprudencia constitucional sobre el Convenio 169 es inconsistente, pero tendrá que verse si la justicia se toma este instrumento más en serio. La “declaración interpretativa” es insostenible, pero tendrá que verse lo que hace el gobierno con el problemático compromiso de mantenerla que tan sólo contrajo ante una comisión del Senado, eludiéndolo en el pleno. En todo caso, como la intención del fraude está patente, las instituciones internacionales de derechos humanos en general y de derechos indígenas en particular no deben darse por satisfechas con la ratificación chilena del Convenio 169.
Sobre todo en estas fechas más sensibles de su promulgación. Las instituciones internacionales habrán de esmerar la diligencia y extremar la vigilancia, para el efectivo vigor y cumplimiento de un Convenio de derechos humanos.
*Bartomé Clavero es Miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas sobre Asuntos Indígenas, en representación de los estados de la Unión Europea.