domingo, 14 de febrero de 2010

Las 150 leyes secretas de la dictadura--Por John Dinges y Jorge Escalante--14-02-10

Las 150 leyes secretas de la dictadura

/ La Nación Por John Dinges y Jorge Escalante

A 20 años del régimen militar, todavía no es posible transparentar estos textos con que la junta liderada por Augusto Pinochet traspasó fondos, modificó la Ley del Cobre, pagó sobresueldos y designó a los fiscales militares que se hicieron cargo de los arbitrarios consejos de guerra en contra de prisioneros políticos. ArchivosChile y LND consiguieron revisar algunos textos.
Domingo 14 de febrero de 2010 LND Reportajes
Las leyes secretas dictadas bajo la dictadura aún siguen ocultas para la ciudadanía a 20 años del fin del régimen militar. ArchivosChile*, entidad en que participa LND, indagó en 150 de estos textos legales y constató que más del 74% de ellos tuvo relación con la modificación y el aumento de las plantas de las Fuerzas Armadas.

El primer beneficiado fue el Ejército que, a través de 13 leyes, aumentó su personal de planta en poco más de 4 mil efectivos, un 13,3% si de manera conservadora se calcula que sus efectivos eran unos 30 mil en 1980, aunque, de acuerdo al analista de Defensa Eduardo Santos, ese año esta rama castrense habría bordeado los 80 mil hombres en una cifra no oficial.

Los aumentos en las plantas de la Armada, Fuerza Aérea, Carabineros y la policía civil no resaltan de manera destacada en estas 150 leyes, que fueron publicadas en el Diario Oficial en ediciones restringidas.

Ocho de estos textos tuvieron por finalidad introducir modificaciones a la Ley 13.190 -conocida como Ley del Cobre-, que aseguró a los militares el 10% de las ventas del metal rojo. Cada uno de estos cambios “mejoró” esa condición, llegando a establecerse, a través del Decreto Ley 984 del 11 de abril de 1975, un doble seguro. En él se dispuso aquel año que “si la cantidad total del rendimiento del 10% fuera inferior a US$90 millones, la diferencia deberá ser completada por el fisco”.

Ya en 1985, la Ley 18.445 del 7 de octubre de ese año reguló que si la cantidad total de ese 10% era inferior esta vez a US$180 millones, igualmente el fisco estaba obligado a completar la diferencia.

Dos años más tarde, el 23 de junio de 1987, los jefes militares adquirieron todavía más poder respecto de las platas del cobre cuando la Ley 18.628 determinó que “para la inversión de estos fondos, el acuerdo del citado organismo (se refiere al Consejo Superior de la Defensa Nacional) deberá contar con el voto favorable de los comandantes en jefe del Ejército, Armada y Fuerza Aérea”.

Por efecto de esta legislación secreta, entre 1978 y 1981, Augusto Pinochet no sólo obtuvo US$442 millones del Banco Central y la Tesorería General de la República para fines no determinados, sino también se atribuyó poderes para obtener en Austria 1.864 millones de chelines, que entonces equivalían a unos US$250 millones.

Las leyes 3.466 y 3.467 del 12 de agosto de 1980, que lo autorizaron para “contraer obligaciones” en esa cantidad de la moneda austríaca, establecieron que, en todo caso, sería el mismo Pinochet quien fijaría “el destino de los recursos”.

Hasta ahora se desconoce el destino de esos fondos austríacos, como también adónde fueron a parar los 442 millones de dólares obtenidos para el Ministerio de Defensa y las cuentas reservadas del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Para este último monto obtenido a través de seis de estas leyes, ArchivosChile y LND, invocando la Ley sobre Acceso a la Información Pública, demandaron a las instituciones referidas la desclasificación de la documentación que exista. Lo mismo se hará ahora respecto de los fondos provenientes de Austria.

Pena de muerte
En pleno auge de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la pena de muerte obtuvo por un momento un carácter legal entre las cuatro paredes en las que se dictaron todas estas disposiciones entre 1973 y 1990. La Ley 1.629, dictada el 15 de diciembre de 1976, determinó que morirían quienes, una vez decretado el estado de “movilización nacional” de las Fuerzas Armadas, divulgaran noticias de ésta o “secretos” de ella, por cualquier medio. La misma pena capital llegaría a dictarse contra quienes “dificultasen” esa decisión militar.

La Ley 521 del 16 de junio de 1974 creó la DINA. El secretismo de sus artículos 9, 10 y 11, que trataban de cuestiones de coordinación y facultades de arresto, fue ampliamente superado con el tiempo al conocerse los horrores cometidos para exterminar a una franja de la sociedad chilena. Lo mismo sucede con la ley que después de 1977 creó a su continuadora, la Central Nacional de Informaciones (CNI). No obstante, la Ley 2.881 del 22 de octubre de 1979, que “dicta normas para el personal y fija planta funcionaria”, dictada cuando la CNI ya estaba operando, aporta el dato de que esta organización represiva fue inicialmente formada con 552 funcionarios. Esta planilla, al menos en 1987, ya se había multiplicado por cinco.

La Academia de Guerra del Ejército resultó favorecida con estas disposiciones. Mediante la Ley 1.177 del 8 de septiembre de 1975, la Junta Militar dispuso que los terrenos del entonces Instituto Forestal de Chile, correspondientes al lote 5 del Fundo La Reina en esa comuna de Santiago, fueran traspasados a este centro militar. La ley dice que el traspaso se efectuó mediante “compra”.

Otra de estas leyes, dictada el 29 de octubre de 1976, otorgó a Pinochet la facultad de vender el barco de pasajeros de propiedad de la Armada El Argonauta, que hacía viajes turísticos bordeando la costa de Valparaíso y otras ciudades de esa región.

La legislación secreta de los militares también devela que, al menos en la Armada, sus funcionarios recibían “sobresueldos” para mejorar sus ingresos fiscales, hecho que nunca fue conocido públicamente durante el período castrense, ni tampoco en los 20 años de los gobiernos de la Concertación.

Dos de estas leyes, la número 1.589 del 29 de octubre de 1976 y la 1.599 del 17 de noviembre de ese mismo año, autorizaron a la Subsecretaría de Marina para “traspasar” más de un millón de dólares desde “Servicios Generales de la Marina” y “Material Militar, Policial y Gestión de Maniobras de la Armada” al ítem “Sobresueldos”.

Los fiscales

La Ley 543 del 31 de diciembre de 1974 designó a algunos fiscales militares en tiempo de guerra, que se hicieron cargo de algunos de los arbitrarios consejos de guerra en contra de prisioneros políticos. Entre ellos, figuran los coroneles Óscar Medel Ramírez y Juan Toro Dávila, los capitanes de navío de la Armada Críspulo Escalona Fernandois, Hernán Badiola Bröberg, Lautaro Sazo Lizana y Sergio Barra von Kretschmann. Este último resultó ser un destacado agente de la DINA. También fue comandante de la Academia de Guerra Naval de Valparaíso durante el tiempo en que allí se torturó a centenares de prisioneros, entre ellos al sacerdote Miguel Woodward, asesinado posteriormente a bordo del buque escuela Esmeralda y cuyo cuerpo hasta hoy se encuentra desaparecido. Barra von Kretschmann es justamente uno de los oficiales hoy retirados de la Armada que se encuentra procesado por la jueza Eliana Quezada de Valparaíso por el secuestro y desaparición de Woodward.

De Carabineros, la ley designó como fiscales para este fin a los coroneles Rolando Carrasco de la Fuente, Jorge Vidal Moreno y Carlos Ortega Rubio. Otras de estas disposiciones secretas se refirieron a la creación de un Comité de Asuntos Espaciales, modificaciones de estatutos de las FFAA, Carabineros y la Policía de Investigaciones, establecer exenciones tributarias para los intereses de los créditos otorgados desde el exterior a las “Instituciones de la Defensa Nacional”, y disponer que el Centro de Estudios Nucleares del Ejército trabajara conjuntamente con la Comisión Chilena de Energía Nuclear, a la que la Ley 1.507 del 21 de junio de 1976 le concedió por 30 años el uso gratuito de los terrenos ubicados en el sector de Lo Aguirre, al poniente de Santiago.

Defender la herencia

El 5 de agosto de 2003, ocho diputados de la Concertación, entre ellos los DC Gabriel Ascencio y Jorge Burgos y el socialista Fidel Esponza, ingresaron un proyecto de ley para transparentar las leyes secretas. Pero luego de múltiples trámites legislativos e informes de comisiones parlamentarias, hasta ahora la iniciativa legal no ha prosperado.

El analista en Defensa Eduardo Santos dice que esta tardanza se debe a que “ni a los militares ni a los parlamentarios les interesa mucho levantar el secreto de estas leyes ni derogar algunas de ellas”. Sostiene que “a los militares, por ejemplo, la Ley del Cobre les sigue asegurando un piso de fondos importante. Y a los parlamentarios, la existencia de estas leyes, como la del cobre, les ahorra tener que explicar los gastos en Defensa a sus electores que tienen carencias, porque estos gastos están cubiertos por esa ley. De alguna manera hay una conveniencia mutua”.

Santos asegura que “la Ley del Cobre y el 10% para los militares va a permanecer por lo menos cuatro años más antes de que se apruebe el cambio que se pretende hacer ahora, sobre todo con las desavenencias existentes entre las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Hacienda, que, en el nuevo sistema propuesto, quiere controlar cada peso que se gaste en defensa”.

El analista tiene una explicación para el importante aumento de la planta del Ejército bajo el período del régimen militar que revelan estas leyes. “No es que quiera justificar nada, pero en agosto de 1975 se suponía que Perú iba a invadir Chile por Arica, y en diciembre de 1978 se iba a desatar el conflicto armado con Argentina”, explica.

En otra interpretación, Santos afirma que “el Ejército tuvo que aumentar considerablemente su personal bajo el régimen de Pinochet, por un lado porque había que cubrir los cargos del Estado, y por otro porque había que contar con un conjunto de torturadores que no cumplían precisamente altas funciones en el Estado”.

Otras fuentes militares, que desde dentro del Ejército prefieren mantener en reserva su identidad, aportan otro análisis. Al menos dos de ellas coinciden en que uno de los objetivos fundamentales de Pinochet hasta el último momento, antes del fin del régimen militar, fue fortalecer y hacer perdurar en generaciones la herencia de su gestión al mando de la institución y sobre todo a la cabeza del Estado.

“Por eso a Pinochet le importaba mucho ampliar la franja de la oficialidad joven, y ello se lograba justamente aumentando considerablemente las plazas de oficiales, como se aprecia a través de este tipo de leyes secretas”, cuentan.

Hasta ahora, más allá de gestos imposibles de no realizar por el Ejército, como rendirle honores y admitir que su comandante en jefe, el general Carlos Prats, fue asesinado por hombres de sus propias filas, estas fuentes militares que permanecen en servicio activo aprecian que la figura y el régimen de Pinochet continúan siendo “venerados” y hasta “recordados con nostalgia por no poca oficialidad que se vio beneficiada con el interesado tiraje de la chimenea que impulsó Pinochet”. Se refieren a “los hombres leales” del dictador.
Como se aprecia, la mayoría de estas leyes secretas, de las cuales existen copias controladas en varias instituciones, hoy tienen poco de tal calidad y muchas de ellas ya se encuentran superadas por el tiempo y los acontecimientos. Pero continúan con ese resguardo. “Las Fuerzas Armadas siempre han sido secretistas, pero también porque hay intereses en que ellas se mantengan con ese carácter”, dice Santos.

Sin embargo, existe un par de decenas más de este tipo de leyes que permanecen en poder de la Contraloría General de la República y del Senado, y que forman parte de aquellas que no fueron publicadas en ediciones restringidas del Diario Oficial. Ellas han sido ya debidamente solicitadas invocando la Ley sobre Acceso a la Información Pública. //LND

*ArchivosChile es una iniciativa del Centro de Investigación e Información (Ciinfo) de Washington, el Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile y La Nación Domingo.
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La Concertación y Piñera: Los matices invisibles--12-02-10


La Concertación y Piñera: Los matices invisibles


por Andrés Figueroa Cornejo (Chile)


viernes, 12 de febrero de 2010

Ahora ocurre que el gobierno concertacionista, a un mes de su partida de La Moneda, luego de que Piñera diera a conocer la composición de su primer gabinete, ha bautizado a la próxima administración, como “el gobierno de los gerentes”, comparándolo con el mandato del derechista Jorge Alessandri de 1958. El mote acuñado por la Concertación para el multimillonario no es incorrecto; lo falso es el intento de la componenda derrotada en las últimas elecciones de representarse así misma como la alternancia popular, toda vez, que las políticas anunciadas por Piñera no resultan estratégicamente antagónicas a las implementadas durante 20 años por Aylwin, Frei Ruiz-Tagle, Lagos y Bachelet. Por el contrario, son complementarias y continuistas. No por nada, el democratacristiano, ex presidente de esa tienda, y con un abundante prontuario de cargos públicos los últimos 20 años de gobiernos civiles, será el ministro de Defensa de Piñera.


Como el Imperio norteamericano (en aprietos por el acoso chino e hindú), tanto la Concertación, como la Alianza por Chile (tanto, la nueva derecha, como la antigua) forman el marco de gobernabilidad para dicha del capital y condena de los pueblos, y está garantizada por dos agrupaciones de representación política cuyos proyectos jamás resultan excluyentes, sino que siempre siameses. Como los demócratas y los republicanos en EEUU.


En el capitalismo otoñal –destructivo de fuerzas productivas, de trabajo precario, de despojo de recursos naturales; belicoso, alienante, estructuralmente desigual, regido por el capital financiero especulativo; inhumano, que concentra la riqueza y democratiza la miseria-, Chile no sólo es cobre, madera, pescado y racimos de uva para la exportación. También es el sitio donde se experimentan de manera fundamentalista y como vanguardia, las fórmulas más radicales y de última generación del capitalismo. Lo que en Chile ocurre primero, se replica en el vecindario mundial, de acuerdo a las resistencias y variantes moduladas por la lucha de clases en cada territorio o país en particular. Basta darle un vistazo a la privatización ampliada de los ahorros previsionales, la salud, la educación, el mar, los recursos naturales, la tierra, los barrios, las carreteras, el borde costero, y las obras “públicas”. Por eso el planeta capitalista y sus polos centrales, colocan a Chile como paradigma económico y político, a través de sus instituciones-industrias de la deuda mundial, como el FMI, el BM, la OMC y las calificadoras de riesgo.


En la misma línea, La Nación de Argentina bautizó como “el gobierno de los técnicos” al inminente mandato de Piñera en el país. Asimismo, El Clarín trasandino relevó el rol de consultor del Fondo Monetario Internacional del que será ministro de Hacienda, Felipe Larraín; mientras el Financial Times de Londres señaló que la designación de Larraín es un signo de “continuidad macroeconómica”. La BBC, por su parte, aseguró que la misión de la nueva cartera ministerial deberá “Centrarse en impulsar el crecimiento económico y la creación de empleos, junto con continuar con las políticas sociales de la Presidenta saliente, Michelle Bachelet.” En buenas cuentas, se impone la sugerencia de que la administración de la derecha vieja no debe dejar de implementar los procedimientos de contención y control social inaugurados por la Concertación por medio del asistencialismo a los quintiles más pobres de la población. Asimismo, el discurso piñerista de ubicar a tecnócratas en los ministerios cumple los objetivos de ofrecer la impresión de “neutralidad” y “eficiencia” por sobre la partidocracia de las carteras; y refleja el mito burgués de que un país se puede manejar “con éxito” igualmente que una empresa cualquiera. Naturalmente, y del mismo modo que la Concertación a lo largo de sus 2 décadas en el Ejecutivo, los “especialistas” son cualquier cosa menos neutrales.


Sin embargo, el economista, analista y académico de la Universidad de California, Sebastián Edwards, al conocer el gabinete y los criterios de su formación, señaló que “Me temo que muchos de estos ministros no durarán mucho tiempo en sus puestos” debido a “la ausencia de experiencia política”. La campaña del diario La Tercera (derechista como el que más) también ha “tirado las orejas” a Piñera en el mismo sentido que Edwards. Esto quiere decir simplemente, que la inteligencia de la vieja derecha, permanentemente irá supervisando los pasos de Piñera con el fin de que la alianza que representa gane también las próximas elecciones de 2013. Tomando nota, Sebastián Piñera, rápidamente, se contactó con el UDI (ultra conservador), Pablo Longueira, para reordenar el loteo partidista del nuevo gobierno. Todavía hay que repartir la piñata de las subsecretarías, intendencias y otros sabrosos bombones. Pero para ello hay tiempo suficiente.


Al ex candidato presidencial de la UDI, Joaquín Lavín (quien estuvo a unos cuantos miles de votos de ganar las elecciones contra Ricardo Lagos en 1999), le “tocó” encabezar el ministerio de Educación. Aquí no es extraño hipotetizar que procurará cambiar el pago de la deuda histórica con los profesores por la eliminación del Estatuto Docente (que es una suerte de carrera profesional que ofrece cierta seguridad laboral a los educadores). Es el mismo trato generalizado de los empresarios al enfrentar una negociación colectiva con los trabajadores: cambian los reajustes salariales y el mejoramiento de las condiciones de trabajo por un bono de fin de conflicto. Ya la educación particular y particular subvencionada en Chile raya en un 60 % respecto de la pública y gratuita. Ello es una tendencia impulsada por la Concertación que ya tiene un movimiento propio. En este ámbito, Lavín ya tiene “la pega” hecha. En el mismo sentido, las políticas del ministerio del Trabajo consagrarán la flexibilidad laboral, el casi inexistente poder negociador de los asalariados; el fin de la indemnización por años de servicio canjeado por un ridículo seguro de cesantía; y la consolidación del subcontratismo y la tercerización. Todo ello también es una tendencia pavimentada por los gobiernos concertacionistas.


El resto de los ministerios está liderado por probados empresarios, gerentes y tecnócratas del capital. Se desploman las máscaras “ciudadanistas” de los gabinetes de la Concertación (donde también había empresarios) y los trabajadores y el pueblo enfrentarán el rostro puro y duro de los intereses corporativos que rigen la estrategia burquesa para Chile. Al respecto, la Concertación –con ingentes recursos y lengua bipolar- intentará reconquistar al electorado ofreciendo mayor regulación económica, más y mejor trabajo, más democracia, y criticando las mismas políticas que ellos implementaron sin asco durante los 4 gobiernos consecutivos que capitanearon.


Mientras tanto, la izquierda anticapitalista prepara sus luchas y propuestas, cautelando su independencia política respecto de la Concertación. En este ámbito, el anticapitalismo en Chile amplía su plataforma de lucha, tonificándola con las nuevas formas de expoliación del capital contra el despojo de los recursos naturales; propiciando un nuevo sindicalismo acorde a la actual organización del trabajo; incorporando sinceramente al ambientalismo consecuente; y las luchas ancestrales de la mujer y de los pueblos originarios a su carta de navegación estratégica. Es cierto; estos días son opacos y enemigos de la emancipación. Sin embargo, la fatalidad de la coyuntura comenzará a destruirse combinadamente, con ideas y en la calle, en los lugares de trabajo, en las aulas y en las poblaciones; arruinando el sectarismo, exudando unidad popular. Las maneras del anticapitalismo sólo pueden desenvolverse en un solo movimiento que sintetice la protesta con la construcción del proyecto político de los pueblos y los trabajadores.Febrero 12 de 2010


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BERLIN NO QUIERE QUE SE MUESTRE EL ICONO NAZI QUE ESTA EN PODER DEL GOBIERNO URUGUAYO-14-02-10


BERLIN NO QUIERE QUE SE MUESTRE EL ICONO NAZI QUE ESTA EN PODER DEL GOBIERNO URUGUAYO


La pieza que podía verse en la popa del acorazado Graf Spee hundido en el Río de La Plata en 1939.
Un litigio con Alemania que hereda Mujica


Un águila con una esvástica ornamentaba la popa del acorazado Graf Spee, hundido en 1939 y rescatado en el Río de la Plata en 2006. Esa pieza se encuentra en un depósito de fusileros navales y un empresario la reclama.

Por Gustavo Veiga


Un águila de bronce de 400 kilos, 2 metros de alto por 2,80 de ancho con las alas desplegadas y una esvástica que cuelga de sus garras, puede resultar un lastre para el gobierno de José “Pepe” Mujica. Semejante pieza era el principal ornamento de popa del acorazado Graf Spee, hundido en el Río de la Plata el 17 de diciembre de 1939. Desde que la rescataron de las aguas, el 10 de febrero de 2006, se transformó en motivo de un sordo litigio entre los gobiernos de Uruguay y Alemania. Con el perjuicio adicional de que un empresario oriental, el propietario de los derechos de búsqueda de la célebre nave, analiza demandar a ambos Estados porque la pieza se encuentra retenida en un depósito de los fusileros navales (Fusna), una fuerza militar que recibió varias denuncias por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura uruguaya.

Personaje clave en esta historia es el relacionista público Alfredo Etchegaray, quien reclama lo que invirtió en tiempo y dinero para recuperar el pesado símbolo nazi. Según el diario El País de Montevideo, aquél declaró a fines de enero pasado: “Tengo un contrato y lo lógico es que se subaste la pieza o que Alemania, que no tiene derecho a opinar porque vendió el Graf Spee hace mucho tiempo, proponga una compensación, o haga un museo en el Cerro, en el Buceo o en Punta Brava”.

La historia del rastreo de distintas piezas del acorazado en las profundidades del estuario donde lo hundió su capitán, Hans Langsdorff, decoró las páginas de los medios en los últimos años. Pero la intervención en el asunto del ex embajador alemán en Uruguay, Volker Anding, reactualizó el tema. Una vez que el águila quedó liberada después de que le sacaran los 150 tornillos que la amuraban al casco del barco, el conflicto se activó. Al tiempo, el diplomático solicitó que se impidiera la venta de la mole de bronce mediante una carta que entregó en el Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo, cuando a su frente estaba el canciller Reinaldo Gargano. Su petición se basaba en que el Graf Spee era una nave de guerra y, por lo tanto, patrimonio del Estado alemán.

Etchegaray siempre dijo que tiene en su poder un documento de origen británico que permite refutar la posición de Anding. Cuenta que lo obtuvo en la Oficina del Registro Público del Reino Unido (Public Records Office) y que menciona cómo el régimen de Adolf Hitler le vendió en 1940 a un empresario uruguayo, Julio Vega Helguera, los restos del Graf Spee a cambio de 14 mil libras esterlinas. El País corrobora el hecho en un artículo propio del 2 de marzo de aquel año.

Además de aquellas pruebas a considerar, el gobierno de Mujica –quien asumirá la presidencia el 1º de marzo– puede ajustarse al decreto-ley 14.343 del 21 de marzo de 1975, más conocido como de “Barcos Hundidos”, que señala en su artículo 15: “Las embarcaciones, objetos o restos de cualquier naturaleza, tanto nacionales o extranjeras, así como las cargas y enseres pertenecientes a los mismos, que se hubieren hundido, semihundido o varado en aguas de jurisdicción nacional o en un bien público del Estado, con anterioridad al 31 de diciembre de 1973 y cuya extracción, remoción o demolición no fuera comenzada antes de los cuatro meses después de publicada esta ley, serán considerados automáticamente abandonados a favor del Estado, cesando de hecho en su bandera, si fuese extranjera, todo lo que se documentará, a medida que se formen los expedientes respectivos, de acuerdo al artículo 8”.

Como fuere, Etchegaray –citado por el periódico– afirma que le envió la información sobre el Graf Spee a Mujica. “No quiero hacerlo, pero me obligan a iniciar acciones legales por incumplimiento de contrato. Y además, a valuar si no corresponden acciones por daños y perjuicios por injerencia del gobierno alemán”. El águila que descansa en el Fusna guardada en una caja, según se le dé un valor comercial o se lo considere patrimonio histórico, podría valer entre 2 y 8 millones de dólares, de acuerdo con las cifras publicadas sobre el tema.

El gobierno de Angela Merkel, por intermedio de su ex embajador en Montevideo, había pedido que la pieza no se exhibiera por la esvástica que tiene en su parte inferior. Un hecho contradictorio con la política de divulgación que lleva la Alemania unificada sobre los crímenes del nazismo. Pero el objetivo de Anding se logró a medias. Apenas fue rescatada del Río de la Plata, hace tres años, el público la pudo ver en un hotel montevideano, aunque con la cruz gamada tapada. Por entonces, los escasos sobrevivientes del barco y hasta la comunidad judía, se expresaron sobre el polémico icono nazi. Los primeros a favor de no remover el pasado y dejar al Graf Spee bien hundido donde está y la segunda para exteriorizar su temor de que el águila no cayera en manos de grupos hitlerianos. Una exposición que se iba a realizar en la Municipalidad de Montevideo resultó cancelada, como hubo resistencia a otra en 2007 por el centenario de Punta del Este. En ella se iban a exhibir piezas del acorazado.

Fructuoso Pittaluga, un funcionario de la cancillería uruguaya, confirmó el año pasado la pretensión germana. “El gobierno alemán está preocupado con la utilización que se le va a dar al águila”. Etchegaray, quien se define a sí mismo como “un exitoso empresario”, hace memoria y afirma que 17 museos alemanes “están llenos de piezas que no quieren devolver, en especial a Egipto, como la cabeza de Nefertiti y las puertas de Babilonia”. Pero la última palabra en el litigio por el águila y la esvástica del Graf Spee la tendrá el gobierno de Mujica si su futuro no lo define antes el presidente Tabaré Vázquez.


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Ciudadanía comunicacional-sustento del estado de derecho -10-02-10

Ciudadanía comunicacional

Construir una “ciudadanía comunicacional” que a la vez sea sustento de la democracia es la demanda de los comunicadores latinoamericanos reunidos en un congreso en Porto Alegre, cuyas conclusiones son presentadas por Washington Uranga.


Por Washington Uranga

Desde Porto Alegre

Profesionales de la comunicación, académicos y estudiantes reunidos en un congreso latinoamericano y caribeño realizado en Porto Alegre entre el 3 y el 7 de febrero pasado, reclamaron la construcción de una “ciudadanía comunicacional que, en el marco de los procesos políticos y culturales, permita la participación creativa y protagónica de las personas como forma de eliminar la concentración de poder de cualquier tipo para, así, construir y consolidar nuevas democracias”. Se trata, afirmaron, “de una nueva ciudadanía comunicativa que contribuya a la plena vigencia de los derechos humanos y de las condiciones de una vida digna”. Dijeron también los comunicadores reunidos en Brasil en el llamado Mutirao de Comunicaçao que la ciudadanía no puede pensarse hoy “sólo en términos jurídicos, sino como una actitud y una condición asociada a la reivindicación de ser reconocido, de tener arte y parte en las decisiones que afectan a la vida en sus múltiples dimensiones”, para concluir que “no hay democracia política sin democracia comunicacional”.

Tales afirmaciones forman parte de la denominada Carta de Porto Alegre emitida al finalizar el congreso en un acto en el que cada uno de los participantes firmó el documento como signo de aceptación de su contenido. La delegación argentina estuvo integrada por una treintena de personas, entre ellas varios reconocidos teóricos del campo de la comunicación como la cordobesa María Cristina Mata, y los investigadores Guillermo Mastrini y Martín Becerra. Del evento participaron aproximadamente 1800 personas y la iniciativa fue promovida por la Conferencia Nacional de los Obispos Católicos de Brasil y la Organización Católica Latinoamericana y Caribeña de Comunicación, con el apoyo de la Pontificia Universidad Católica de Río Grande do Sul, en cuyo predio se concretaron los debates e intercambios. Al congreso se sumaron también exposiciones, actividades de capacitación, manifestaciones artísticas y culturales. El título general de la convocatoria fue “Procesos de comunicación y cultura solidaria”.

Sueños comunicacionales

En el documento final los participantes denunciaron una “crisis civilizatoria que nos atraviesa” y que se expresa, “entre otros factores, en la mundialización de las economías y en la libre circulación de mercaderías y de capitales especulativos”. La Carta de Porto Alegre fue construida a modo de “sueños” apoyados en el “compromiso político de concretar una utopía construida sobre el rico bagaje cultural y religioso acumulado a lo largo de los años” y que los participantes aspiran a lograr en el futuro inmediato. En ese marco recuperaron una afirmación del obispo brasileño Helder Câmara (1909-1999), conocido por sus luchas por la justicia y los derechos humanos, en el sentido de que “cuando soñamos solos es sólo un sueño; cuando soñamos juntos es el comienzo de una nueva realidad”.

En un llamado a la acción se pide también trabajar para lograr “una palabra liberada de todo tipo de opresión y discriminación” para que se apropien de “ella también los jóvenes y las jóvenes, los más pobres y pequeños, como germen de una cultura solidaria”. En ese marco se reclamaron “políticas públicas de comunicación, elaboradas a partir de la idea de que la comunicación es un derecho humano y un servicio público, y en las cuales haya espacio tanto para la iniciativa privada comercial, como para los medios estatales, los medios públicos no gubernamentales y los comunitarios”. Para lograrlo, dijeron los participantes en el congreso de Porto Alegre, se requiere “una sociedad civil movilizada para incidir políticamente en busca de una comunicación libre, socialmente responsable, justa y participativa” y “movimientos sociales, organizaciones populares, iglesias e instituciones que se apropien e incorporen en sus prácticas comunicativas los entornos y los procesos de las tecnologías de la información y los nuevos lenguajes a fin de ampliar su horizonte comunicacional y contribuir a la eliminación de la brecha informativa y digital”.

Políticas públicas
Reclamaron también a los “responsables de la gestión del Estado” para que sean “capaces de llevar adelante políticas públicas y estrategias de comunicación destinadas a asegurar el derecho a la comunicación a través de acciones pertinentes y efectivas que eliminen las diferencias y las desigualdades que hoy existen en materia de producción, acceso y circulación de todo tipo de bienes culturales”.

Mirando al propio campo profesional la Carta de Porto Alegre demanda profesionales cuya práctica “esté marcada por la vivencia de una cultura solidaria, por criterios éticos y por una vida coherente con esos principios; que se saben ante todo servidores del derecho de los ciudadanos a recibir y emitir información y opinión” y que “no se subordinan a los intereses y las presiones del poder político o económico porque están comprometidos con la ciudadanía comunicacional”. A estos mismos profesionales se les pide que estén “junto a los empobrecidos e incorporen su mirada”, que impulsen “el diálogo para enfrentar las contradicciones inevitables en cualquier sociedad, con el fin de arribar a la paz y a la justicia”, y que sepan “escuchar y estar atentos especialmente al clamor que emerge desde el murmullo de los silenciados para así contribuir a la visibilidad de los invisibles de hoy”.

Viscosidad mediática

El colombiano Carlos Eduardo Cortés, gerente de la sección latinoamericana de Radio Nederland Training Centre, afirmó en su presentación en Porto Alegre que “la dilución de las fronteras analógicas tradicionales (un medio, una industria) enfrenta hoy a una viscosidad mediática difícil de comprender y aún más complicada de enfrentar”. Porque las nuevas herramientas (teléfonos-reproductores-cámaras digitales, minicomputadoras, asistentes personales digitales, etc.) combinan movilidad con bajo precio mediante flujos de audio y video (streaming media), en tiempo real, sin depender de conexiones eléctricas ni líneas telefónicas y eso hace que prosperen “audiencias móviles”, segmentadas en unidades más pequeñas (más nichos, menos masas). La consecuencia, agregó, “es que cada vez resulta más difícil, para proveedores de contenido y anunciantes en cualquier plataforma mediática, atraer y retener usuarios”. Sin embargo, afirmó Cortés, “aunque se desdibujen las fronteras entre ellos, no desaparece ningún medio sino que se produce su reformulación digital y la necesaria distinción entre sus elementos”.

El investigador argentino Guillermo Mastrini aseguró en su exposición que “uno de los mayores desafíos de la actualidad para quienes diseñan políticas de comunicación con un sentido democrático es cómo preservar los servicios públicos en el nuevo ecosistema comunicacional que presenta una creciente tendencia mercadocéntrica”, a lo que se agrega que “los procesos de digitalización han generado un entorno de sobreabundancia de recursos de comunicación en la que los medios públicos no siempre están contemplados y para el cual no siempre tienen estrategia”. El también argentino Martín Becerra, de la Universidad de Quilmes, denunció que “la concentración de la propiedad de los medios fue facilitada por la adopción de políticas de corte neoliberal, que tendieron a eliminar las estrategias compensatorias de desigualdades mediante las cuales los Estados mantenían activa injerencia en la regulación y administración de los servicios públicos, incluidos los medios de comunicación”.

Transformación estructural

Luciano Sathler, de Brasil, aseguró que “la sociedad ha evidenciado alteraciones radicales en la manera como se organiza la producción de la información” y que el “llamado ambiente informacional en red provoca una transformación estructural que desestabiliza los fundamentos de cómo mercados y gobiernos se han desarrollado a lo largo de los últimos siglos”. Esta nueva realidad, sostuvo, “posibilita la emergencia de prácticas no comerciales, colaborativas y descentralizadas que producen información y cultura dentro de los nuevos padrones de consumo”.

María Cristina Mata dijo en el mismo espacio que una renovada concepción de la ciudadanía que rescate también la participación en el ámbito de la comunicación demanda “la irrupción en la esfera pública de lo excluido, negado o reprimido que manifiesta el derecho a tener derechos por sobre el orden estatuido, implica que aunque no es lo único que la hace posible, la comunicación es consustancial a su existencia” porque, por una parte, “la comunicación resulta imprescindible para colectivizar las necesidades, y las demandas” y, por otra, “porque ella es necesaria para hacerlas presentes en el espacio público”.

Otros aportes en el Mutirao de Comunicaçao fueron realizados por Augusto Dos Santos, ministro de Comunicación de Paraguay; por Fernando Checa Montúfar, director general del Centro de Estudios de Comunicación para América Latina (Ciespal), con sede en Quito; por el sociólogo brasileño Pedro Ribeiro, por el teólogo Paulo Suess, el presidente de la Asociación Mundial para las Comunicaciones Cristianas (WACC), Dennis Smith, de Guatemala, y por el cubano Ismael Gonzales, coordinador de ALBA Cultural y ex presidente del Instituto Cubano de Radio y Televisión.

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El hombre que descubrió los Archivos del Terror--por Martín Almada (Paraguay)-13-02-10

El hombre que descubrió los Archivos del Terror

por Martín Almada (Paraguay)

sábado, 13 de febrero de 2010


En la década de 1960 fui director del centro de enseñanza primaria y secundaria del pequeño pueblo paraguayo de San Lorenzo. Vivía con mi esposa, Celestina Pérez, en el mismo edificio del Instituto Juan Bautista Alberdi, llamado así en honor a un jurisconsulto argentino que defendió la causa paraguaya durante la terrible guerra de 1870. Nuestra pequeña nación, antaño sin analfabetos, sin mendigos en la calle y sin deudas externas, nunca se recuperó de esta guerra. A partir de 1954 se estableció en Paraguay la dictadura militar del general Alfredo Stroessner, probablemente la más feroz del Cono Sur de América Latina.
En ese contexto de libertades civiles y políticas suprimidas por un permanente estado de sitio, continuamos nuestro trabajo de educadores, inspirándonos en la pedagogía liberadora del brasileño Paulo Freire. Nuestra experiencia nos llevó a la convicción de que la escuela debe ser la antesala de la democracia.

Fui elegido presidente de la Asociación de Maestros. La necesidad más sentida por éstos era la vivienda. Razón por la cual promovimos la campaña “Un techo propio para cada educador paraguayo”. En 1965 construimos en San Lorenzo la “Villa del Maestro”, un logro que fue posible gracias a la acción cooperativa.

En la década del 1970 reanudé mis estudios en la Universidad Nacional de La Plata, en Buenos Aires, gracias a una beca del gobierno argentino. Al término del curso defendí mi tesis en Ciencias de la Educación, especialidad “Política Educativa”, sobre el tema: “Paraguay: educación y dependencia”. Sostenía que en mi país la educación sólo beneficiaba a la clase dominante y estaba al servicio del subdesarrollo y la dependencia. Fui el primer paraguayo que obtuvo el título de doctor en ciencias de la educación.

Cuando regresé a Paraguay, en noviembre de 1974, fui secuestrado por la policía política de la dictadura y llevado directamente ante un tribunal militar de la Operación Cóndor, compuesto por los agregados militares de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile y Uruguay, así como por políticos y militares del Paraguay. Durante treinta días fui sometido a bárbaras torturas, con técnicas aprendidas en los cursos “científicos” impartidos por la escuela norteamericana de la Zona del Canal de Panamá [controlada los Estados Unidos entre 1903 y 1979].
Fui acusado de “terrorismo intelectual” por mi trabajo en el campo de la educación y por haber exigido salario justo y viviendas dignas para los educadores.

Mi esposa Celestina quedó detenida en la escuela. La policía política la llamaba por teléfono para hacerla escuchar mis llantos y alaridos. Esta estrategia se prolongó por espacio de diez días. El décimo día, a media noche, la llamaron para anunciar que el “educador subversivo” había fallecido y le ordenaron que fuese a retirar el cadáver. La noticia le provocó un infarto, de resultas del cual murió en diciembre de 1974.

Después de recorrer en calidad de prisionero varios centros de detención durante más de tres años, fui trasladado al campo de concentración de Emboscada, situado a 45 km de Asunción, por “mala conducta”, es decir, por haber alfabetizado a mis compañeros de prisión. Allí resolví llevar a cabo una huelga de hambre que duró treinta días. Gracias a la enérgica acción del Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia (CIPAE) y de Amnistía Internacional, fui puesto en libertad condicional en septiembre de 1977. Libertad muy relativa, porque fui nuevamente detenido en noviembre y trasladado a la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos del Ministerio del Interior, llamada comúnmente “la Técnica”. Esta escuela de asesinos funcionó en Paraguay desde 1956 hasta 1992.



Foto 2 : © UNESCOMartín Almada y Federico Mayor, Director General de la UNESCO, en vísperas del retorno de Almada al Paraguay, en noviembre de 1992.
Un exilado en la UNESCOLa Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) tramitó y logró mi asilo político en la República de Panamá. En noviembre de 1978, el gobierno panameño apoyó mi candidatura al cargo de consultor en educación para América Latina en la sede de la UNESCO en París. Luego me integré al personal del Sector de Educación de la Organización hasta finales de 1992. Muchos desterrados latinoamericanos fuimos acogidos a la sombra protectora de la UNESCO, como Julio Cortázar y Juan Gelman de Argentina, Fernando Laredo de Bolivia, Mario Leyton y Miguel Núñez de Chile, Jorge Adoum de Ecuador y otros más.

Con la lectura de los documentos de la UNESCO tomé conciencia de la justeza de mi lucha y sigo estando convencido de que valió la pena luchar por la aplicación de esta recomendación del entonces Director General de la UNESCO, Amadu-Mahtar M'Bow: “Enseñar a cada uno a respetar y hacer respetar los propios derechos y de los demás y tener, cuando fuere necesario, el valor de afirmarlos en cualquiera circunstancia, incluso en las más difíciles: tal es el principal imperativo de nuestro tiempo”.

Mi vida en París fue la de un educador latinoamericano desterrado, al servicio de la UNESCO, que dedicó todos los fines de semana, durante casi 15 años, a investigar la existencia de la Operación Cóndor en las revistas policiales del Paraguay. Debo destacar que el sacerdote francés Charles Antoine, director de la revista “Diffusion de l'information sur l'Amérique Latine” (DIAL), me brindó apoyo metodológico y puso a mi disposición su centro de documentación fuera de los horarios normales.

La dictadura militar del Paraguay cayó en febrero de 1989, y en diciembre de 1992 regresé definitivamente a mi país con la fuerte sospecha de que, según mis investigaciones, había tres lugares posibles donde podían encontrarse los Archivos de la Operación Cóndor.

Desenlace de las investigaciones
Martin Almada ha sido galardonado con el Premio de los Derechos Humanos de la República Francesa (1997), el Right Livelihood Award(2002) y el Premio Tomás Moro de la Universidad Católica de Asunción (2007). También ha sido condecorado con la Orden de Mayo de la República Argentino, con el grado de comendador (2006).

La nueva Constitución democrática de junio de 1992 preveía el recurso de hábeas data. Pedí al juez penal José Agustín Fernández mis antecedentes. La Policía negó su existencia, lo que equivalía a decir que yo nunca estuve preso. Solicité un registro judicial del Archivo Central de Policía. La prensa se hizo eco de mi petición.

Fue por ese entonces cuando recibí una llamada telefónica de una mujer que me dijo: “Profesor, sus papeles no están en el Archivo Central, sino en una comisaría de policía de las afueras de Asunción”. Invité a la señora a que viniera a mi oficina y se presentó con un plano del lugar donde se encontraba el archivo secreto policial. Me dijo que quería colaborar con la justicia para consolidar la democracia. Sometí a la consideración del juez penal la información y pocos días después, el 22 de diciembre, descubrimos con el apoyo de la justicia y la prensa nacional e internacional tres toneladas de documentos: los llamados “Archivos del Terror” de la Operación Cóndor.

En el mismo momento de su descubrimiento, se decidió su inmediato traslado al edificio de los tribunales de justicia. Desde entonces, nos esforzamos sin descanso por salvaguardar físicamente el archivo y, al mismo tiempo, por facilitar a los historiadores el acceso a su documentación. Este fondo documental permitió la adopción de una ley por la que se creó la Comisión de Verdad y Justicia, que al cabo de cuatro años de labor (2004-2008) confirmó los crímenes de la dictadura y produjo una serie de conclusiones y recomendaciones que se van a aplicar y servirán para consolidar el sistema democrático.

Las organizaciones de defensa de los derechos humanos, junto con el gobierno de Paraguay, presentaron a la UNESCO una solicitud para que ese fondo documental fuese inscrito en el Registro “Memoria del Mundo”. Con esta inscripción se protege el derecho de los pueblos a su identidad y memoria, porque proteger esta última contribuye a comprender el presente y construir el futuro.

Martín Almada, actual director de la Fundación Celestina Pérez de Almada, dedicada a la defensa de los derechos humanos y la protección del medio ambiente. Esta fundación recibió en 2005 el Premio Europa Solar en Berlín (Alemania).



Foto 3 : © Derechos reservadosMartín Almada en el momento de descubrirse los llamados Archivos del Terror, el 22 de diciembre de 1992 en Lambaré, una localidad de las afueras de Asunción (Paraguay).

* Fuente: Unesco
Martín Almada: Los archivos del terror
piesachile

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