Construir una “ciudadanía comunicacional” que a la vez sea sustento de la democracia es la demanda de los comunicadores latinoamericanos reunidos en un congreso en Porto Alegre, cuyas conclusiones son presentadas por Washington Uranga.
Por Washington Uranga
Desde Porto Alegre
Profesionales de la comunicación, académicos y estudiantes reunidos en un congreso latinoamericano y caribeño realizado en Porto Alegre entre el 3 y el 7 de febrero pasado, reclamaron la construcción de una “ciudadanía comunicacional que, en el marco de los procesos políticos y culturales, permita la participación creativa y protagónica de las personas como forma de eliminar la concentración de poder de cualquier tipo para, así, construir y consolidar nuevas democracias”. Se trata, afirmaron, “de una nueva ciudadanía comunicativa que contribuya a la plena vigencia de los derechos humanos y de las condiciones de una vida digna”. Dijeron también los comunicadores reunidos en Brasil en el llamado Mutirao de Comunicaçao que la ciudadanía no puede pensarse hoy “sólo en términos jurídicos, sino como una actitud y una condición asociada a la reivindicación de ser reconocido, de tener arte y parte en las decisiones que afectan a la vida en sus múltiples dimensiones”, para concluir que “no hay democracia política sin democracia comunicacional”.
Tales afirmaciones forman parte de la denominada Carta de Porto Alegre emitida al finalizar el congreso en un acto en el que cada uno de los participantes firmó el documento como signo de aceptación de su contenido. La delegación argentina estuvo integrada por una treintena de personas, entre ellas varios reconocidos teóricos del campo de la comunicación como la cordobesa María Cristina Mata, y los investigadores Guillermo Mastrini y Martín Becerra. Del evento participaron aproximadamente 1800 personas y la iniciativa fue promovida por la Conferencia Nacional de los Obispos Católicos de Brasil y la Organización Católica Latinoamericana y Caribeña de Comunicación, con el apoyo de la Pontificia Universidad Católica de Río Grande do Sul, en cuyo predio se concretaron los debates e intercambios. Al congreso se sumaron también exposiciones, actividades de capacitación, manifestaciones artísticas y culturales. El título general de la convocatoria fue “Procesos de comunicación y cultura solidaria”.
Sueños comunicacionales
En el documento final los participantes denunciaron una “crisis civilizatoria que nos atraviesa” y que se expresa, “entre otros factores, en la mundialización de las economías y en la libre circulación de mercaderías y de capitales especulativos”. La Carta de Porto Alegre fue construida a modo de “sueños” apoyados en el “compromiso político de concretar una utopía construida sobre el rico bagaje cultural y religioso acumulado a lo largo de los años” y que los participantes aspiran a lograr en el futuro inmediato. En ese marco recuperaron una afirmación del obispo brasileño Helder Câmara (1909-1999), conocido por sus luchas por la justicia y los derechos humanos, en el sentido de que “cuando soñamos solos es sólo un sueño; cuando soñamos juntos es el comienzo de una nueva realidad”.
En un llamado a la acción se pide también trabajar para lograr “una palabra liberada de todo tipo de opresión y discriminación” para que se apropien de “ella también los jóvenes y las jóvenes, los más pobres y pequeños, como germen de una cultura solidaria”. En ese marco se reclamaron “políticas públicas de comunicación, elaboradas a partir de la idea de que la comunicación es un derecho humano y un servicio público, y en las cuales haya espacio tanto para la iniciativa privada comercial, como para los medios estatales, los medios públicos no gubernamentales y los comunitarios”. Para lograrlo, dijeron los participantes en el congreso de Porto Alegre, se requiere “una sociedad civil movilizada para incidir políticamente en busca de una comunicación libre, socialmente responsable, justa y participativa” y “movimientos sociales, organizaciones populares, iglesias e instituciones que se apropien e incorporen en sus prácticas comunicativas los entornos y los procesos de las tecnologías de la información y los nuevos lenguajes a fin de ampliar su horizonte comunicacional y contribuir a la eliminación de la brecha informativa y digital”.
Políticas públicas
Reclamaron también a los “responsables de la gestión del Estado” para que sean “capaces de llevar adelante políticas públicas y estrategias de comunicación destinadas a asegurar el derecho a la comunicación a través de acciones pertinentes y efectivas que eliminen las diferencias y las desigualdades que hoy existen en materia de producción, acceso y circulación de todo tipo de bienes culturales”.
Mirando al propio campo profesional la Carta de Porto Alegre demanda profesionales cuya práctica “esté marcada por la vivencia de una cultura solidaria, por criterios éticos y por una vida coherente con esos principios; que se saben ante todo servidores del derecho de los ciudadanos a recibir y emitir información y opinión” y que “no se subordinan a los intereses y las presiones del poder político o económico porque están comprometidos con la ciudadanía comunicacional”. A estos mismos profesionales se les pide que estén “junto a los empobrecidos e incorporen su mirada”, que impulsen “el diálogo para enfrentar las contradicciones inevitables en cualquier sociedad, con el fin de arribar a la paz y a la justicia”, y que sepan “escuchar y estar atentos especialmente al clamor que emerge desde el murmullo de los silenciados para así contribuir a la visibilidad de los invisibles de hoy”.
Viscosidad mediática
El colombiano Carlos Eduardo Cortés, gerente de la sección latinoamericana de Radio Nederland Training Centre, afirmó en su presentación en Porto Alegre que “la dilución de las fronteras analógicas tradicionales (un medio, una industria) enfrenta hoy a una viscosidad mediática difícil de comprender y aún más complicada de enfrentar”. Porque las nuevas herramientas (teléfonos-reproductores-cámaras digitales, minicomputadoras, asistentes personales digitales, etc.) combinan movilidad con bajo precio mediante flujos de audio y video (streaming media), en tiempo real, sin depender de conexiones eléctricas ni líneas telefónicas y eso hace que prosperen “audiencias móviles”, segmentadas en unidades más pequeñas (más nichos, menos masas). La consecuencia, agregó, “es que cada vez resulta más difícil, para proveedores de contenido y anunciantes en cualquier plataforma mediática, atraer y retener usuarios”. Sin embargo, afirmó Cortés, “aunque se desdibujen las fronteras entre ellos, no desaparece ningún medio sino que se produce su reformulación digital y la necesaria distinción entre sus elementos”.
El investigador argentino Guillermo Mastrini aseguró en su exposición que “uno de los mayores desafíos de la actualidad para quienes diseñan políticas de comunicación con un sentido democrático es cómo preservar los servicios públicos en el nuevo ecosistema comunicacional que presenta una creciente tendencia mercadocéntrica”, a lo que se agrega que “los procesos de digitalización han generado un entorno de sobreabundancia de recursos de comunicación en la que los medios públicos no siempre están contemplados y para el cual no siempre tienen estrategia”. El también argentino Martín Becerra, de la Universidad de Quilmes, denunció que “la concentración de la propiedad de los medios fue facilitada por la adopción de políticas de corte neoliberal, que tendieron a eliminar las estrategias compensatorias de desigualdades mediante las cuales los Estados mantenían activa injerencia en la regulación y administración de los servicios públicos, incluidos los medios de comunicación”.
Transformación estructural
Luciano Sathler, de Brasil, aseguró que “la sociedad ha evidenciado alteraciones radicales en la manera como se organiza la producción de la información” y que el “llamado ambiente informacional en red provoca una transformación estructural que desestabiliza los fundamentos de cómo mercados y gobiernos se han desarrollado a lo largo de los últimos siglos”. Esta nueva realidad, sostuvo, “posibilita la emergencia de prácticas no comerciales, colaborativas y descentralizadas que producen información y cultura dentro de los nuevos padrones de consumo”.
María Cristina Mata dijo en el mismo espacio que una renovada concepción de la ciudadanía que rescate también la participación en el ámbito de la comunicación demanda “la irrupción en la esfera pública de lo excluido, negado o reprimido que manifiesta el derecho a tener derechos por sobre el orden estatuido, implica que aunque no es lo único que la hace posible, la comunicación es consustancial a su existencia” porque, por una parte, “la comunicación resulta imprescindible para colectivizar las necesidades, y las demandas” y, por otra, “porque ella es necesaria para hacerlas presentes en el espacio público”.
Otros aportes en el Mutirao de Comunicaçao fueron realizados por Augusto Dos Santos, ministro de Comunicación de Paraguay; por Fernando Checa Montúfar, director general del Centro de Estudios de Comunicación para América Latina (Ciespal), con sede en Quito; por el sociólogo brasileño Pedro Ribeiro, por el teólogo Paulo Suess, el presidente de la Asociación Mundial para las Comunicaciones Cristianas (WACC), Dennis Smith, de Guatemala, y por el cubano Ismael Gonzales, coordinador de ALBA Cultural y ex presidente del Instituto Cubano de Radio y Televisión.
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